Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 27 de noviembre de 2023
Concede la tutela
El accionante denuncia como vulnerado su derecho al debido proceso en su vertiente fundamentación, motivación y congruencia; alegando que los Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, ahora demandados, declararon inadmisible su recurso, bajo el argumento que no se cumplió con el art. 416 del CPP, al no invocarse los precedentes contradictorios que contendría la doctrina legal contradictoria al Auto de Vista impugnado, tampoco se habrían expuesto las razones por las que se consideraba que dicho fallo no contenía una debida motivación, ni se explicó el resultado dañoso que le provocó, o la relevancia e incidencia de los defectos absolutos del Auto de Vista impugnado, pese a que en el memorial de casación expuso el resultado dañoso que provocó la falta de valoración de la prueba consistentes en las declaraciones de Franz Waldo Ruiz Cejas, Hugo Téllez Rodríguez, Ronald Martinez Cruz, “Wladino” Hualpa Apaza, Juan Carlos Colque Garabito, Roberta Tarrazona de Silva y Roberto Carlos Quiroz Sandagorda, quiénes habrían manifestado que su persona no se encontraba en el momento ni en el lugar de los hechos, elementos que lo eximen de responsabilidad penal; no obstante, asumiendo una conducta omisiva, no se pronunciaron sobre las lesiones al debido proceso que reclamó, soslayando la obligación legal y constitucional que tienen de precautelar los derechos fundamentales de las partes inmersas dentro de un proceso penal, por cuanto correspondía se analice y compulse los antecedentes del proceso, sin exigir ninguna fundamentación adicional.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 105 de 27 de septiembre de 2022, cursante de fs. 147 a 149 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, con base en los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0994/2023-S4 Sucre, 27 de noviembre de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional Expediente: 51075-2022-103-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 105 de 27 de septiembre de 2022, cursante de fs. 147 a 149, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ernesto Levi Roca y Sebastián Paz Arnés en representación legal de Winston Aguilera Vaca Diez contra Edwin Aguayo Arando y María Cristina Díaz Sosa, Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.
Por memoriales presentados el 3 y 15 de agosto 23 de abril, cursante de fs. 68 a 78 y 81 a 83, el accionante a través de su representante legal expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Dentro del proceso penal seguido de oficio por el Ministerio Público en su contra y otros, por la presunta comisión del delito de asesinato, fue emitida la Sentencia 59/2019 de 4 de octubre, a través de la cual en su caso fue condenado a treinta años de presidio sin derecho a indulto, sin considerar ni pronunciarse sobre todos los elementos de prueba incorporados a juicio oral. Lo que motivo que, mediante memorial de 29 de noviembre de 2019, interponga apelación restringida contra la aludida sentencia, reclamando vulneraciones al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación y congruencia; toda vez, que se omitió sin explicación alguna valorar las declaraciones de Franz Waldo Ruiz Cejas, Hugo Téllez Rodríguez, Ronald Martínez Cruz, Wladino Hualpa Apaza, Juan Carlos Colque Garabito, Roberta Tarrazona de Silva y Roberto Carlos Quiroz Sandagorda, quiénes habrían manifestado que su persona no se encontraba en el momento ni en el lugar de los hechos, elementos que lo eximen de responsabilidad penal; no obstante, el Tribunal de Sentencia Décimo Segundo del departamento de Santa Cruz, declaró improcedente el citado recurso, sin considerar ni responder motivadamente el agravio expuesto, limitándose a señalar que el Tribunal a quo explicó adecuadamente cual fue la prueba que determinó que su conducta se adecuaba al tipo penal endilgado. Por lo que, a través de escrito de 16 de julio de 2021, formuló recurso de casación contra el fallo de alzada, reclamando de forma expresa la vulneración de su derecho al debido proceso al haber el Tribunal ad quem incurrido en incongruencia omisiva y motivación arbitraria, denunciando en cuanto al primero que no se habría pronunciado sobre la falta de declaración de los prenombrados, y en cuanto al segundo punto que se limitó simplemente a referir que no se señaló cual la norma violentada, ni la forma en la que cómo fue violentada, cuando en el recurso de apelación se señaló expresamente que no se realizó una fundamentación adecuada sobre las pruebas de descargo producidas, en plena vulneración al art. 173 del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo, mediante Auto Supremo 1028/2021-RA de 11 de noviembre, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia –compuesto por los Magistrados ahora demandados– sin resolver el fondo de su recurso lo declararon inadmisible, argumentando que no se invocó el “Auto de Vista o Auto Supremo” (sic), que contendría la doctrina legal contradictoria al fallo impugnado, exigencia contenida en el art. 416 de la norma adjetiva penal, tampoco expuso las razones por las que consideraba que el Auto de Vista impugnado no contenía una debida motivación, ni explicó el resultado dañoso que le provocó, o la relevancia e incidencia de los defectos absolutos del Auto de Vista impugnado, pese a que en el memorial de casación explicó el resultado dañoso que provocó la falta de valoración de la prueba de referencia y su incidencia en el proceso penal, incluso expresó en forma de interrogante “¿Cómo pueden condenar a treinta años de reclusión si ni siquiera estuve en el lugar de los hechos? Los restantes acusados declararon, en síntesis, que no estuve en el lugar de los hechos de los que acusa el Ministerio Público” (sic), además de hacer cita de las declaraciones que lo eximen de responsabilidad. Habiendo los Magistrados ahora demandados, asumido una conducta omisiva al no pronunciarse sobre las lesiones al debido proceso que reclamó, soslayando la obligación legal y constitucional que tienen de precautelar los derechos fundamentales de las partes inmersas dentro de un proceso penal y apartándose de la jurisprudencia contenida en la Sentencia Constitucional Plurinacional 1088/2016-S2 de 3 de noviembre y 1320/2015-S2 de 16 de diciembre, respecto al recurso de casación y el requisito del precedente contradictorio ante la denuncia de defectos procesales absolutos, decidió no revisar las vulneraciones reclamadas oportunamente, bajo el argumento que no se invocó precedentes contradictorios, cuando ante la denuncia de defectos absolutos el Tribunal de casación tiene la obligación de analizar y compulsar los antecedentes del proceso y resolver, sin necesidad de exigir la cita o fundamentación, lo que denota la motivación arbitraria del Auto Supremo ahora impugnado.
El accionante alegó como lesionado su derecho al debido proceso en su vertiente fundamentación, motivación y congruencia; citando al efecto los arts. 115.II, 117.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada y en consecuencia, se anule el Auto Supremo 1028/2021-RA, emitido por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, únicamente en relación a su persona –Winston Aguilera Vaca Diez– y se emita nuevo fallo, a través de la cual en resguardo al debido proceso se responda motiva y congruentemente los motivos de casación deducidos mediante memorial de 16 de julio de 2021.
Celebrada la audiencia pública el 27 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 145 a 149, presente la parte accionante y ausentes las autoridades demandadas, se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante a través de su abogado, ratificó los fundamentos de la acción de amparo constitucional, y ampliándola señaló que: a) La declaraciones que no fueron consideradas formaron base de una disidencia por el tercer Juez Técnico, en torno a las cuales éste estableció que su persona era inocente; b) La basta jurisprudencia constitucional desarrollada en torno a los criterios de flexibilización del recurso de casación, estableció en la SCP 1088/2016 de 3 de noviembre, que “la carga de presentar y argumentar precedente contradictorio no es exigible cuando se alegan defectos absolutos referidos a la vulneración de derechos y garantías” (sic); por lo que, corresponde que en estos casos el Tribunal Supremo de Justicia, ante la denuncia de defectos absolutos como la vulneración al debido proceso en su vertiente motivación de las resoluciones, la obligación de analizar y compulsar los antecedentes del proceso y resolver sin ninguna fundamentación adicional; no obstante, en el caso dejaron de lado la aplicación del principio pro actione respecto a la flexibilización, indicando que su persona provocó la inadmisibilidad al tratarse de errores de procedimiento, no existiendo relevancia constitucional; fallo que resulta ilegal, al atribuirle una falta de carga argumentativa sin considerar que fue condenado a treinta años de reclusión, porque no se consideró a sus testigos; y, c) La trascendencia constitucional radica precisamente en el hecho que no se quiera valorar la declaraciones de los sujetos procesales, las mismas que sirvieron de base para una disidencia, cuyas declaraciones inciden de manera directa en el resultado del proceso penal, pues evidencian que su persona no se encontraba en el lugar de los hechos; sin embargo, no fueron valoradas, argumentos a través de los cuales solicitaron se conceda la tutela por vulneración al debido proceso en su vertiente resolución motivada, ya que el fallo impugnado contiene una motivación arbitraria y omisiva, debiendo dejar sin efecto el mismo únicamente con relación a su persona, y aplicando los principios pro homine y pro actione, a través de los criterios de flexibilización se ingrese a resolver el fondo de las denuncias al debido proceso que no fueron resueltas por el Tribunal de apelación, y que ahora tampoco las autoridades demandadas quieren conocer.
María Cristina Díaz Sosa, Magistrada de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe de 5 de septiembre de 2022, cursante de fs. 122 a 125 vta. manifestó que: i) El CPP en sus arts. 416 y 417, establece los requisitos a observarse en la interposición del recurso de casación, los cuales deben ser cumplidos cabalmente, no bastando la mención, invocación o transcripción del precedente ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación, sino indefectiblemente la adecuación del recurso a la norma, lo cual apertura su competencia, sin que pueda considerarse a dicho recurso una instancia más de revisión del fallo de mérito, acompañándose como única prueba admisible copia del recurso de apelación restringida en el que se invocó el precedente contradictorio, cuyo incumplimiento trae como consecuencia su inadmisibilidad; ii) La situación de flexibilización de los requisitos de admisibilidad contemplados por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que permiten aperturar excepcionalmente su competencia en aquellos casos donde se denuncien evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyen defectos absolutos no susceptibles de convalidación, no implica que el hoy accionante se limite en su recurso a realizar una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación, debiendo vincularlas a la existencia de defectos absolutos teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias, proveer los antecedentes del hecho generadores del recurso, precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado, detallar con precisión en que consiste la restricción o disminución del derecho o garantía y explicar el resultado dañoso emergente del defecto; iii) El accionante incumplió los requisitos de admisión, ya que omitió cumplir con las exigencias contenidas en los arts. 416 y 417 del CPP, al no invocar el precedente contradictorio, pues si bien cita el Auto Supremo 277 de 12 de mayo de 2004; no obstante, la simple referencia del mismo no responde a una aplicable contenida en el fallo que se refiere, ni precisa si se aplicaron normas distintas en otro caso similar u otra norma con diverso alcance, no resultando suficiente que se limite a transcribir un fragmento dela resolución que invoca, sino para que preceda se debe verificar que se traten de hechos similares o análogos, para a partir de ello explicar de forma razonada y fundamentada la forma en como contradice el Auto de Vista el precedente invocado, no siendo posible que de oficio se establezca la pretensión del recurrente, pues sólo a partir del acatamiento de los requisitos el Tribunal Supremo de Justicia puede cumplir con su labor; iv) Sobre la flexibilización, el recurrente hoy accionante incumplió no sólo la carga argumentativa sino su deber de precisar de qué manera se hubieran restringido o disminuido sus derechos , menos explico cual el resultado dañoso ni la relevancia del supuesto defecto del Auto de Vista confutado, los cuales deben cumplirse para efectuar la admisión vía criterios de flexibilización; v) Los argumentos que esgrime el hoy peticionante de tutela son contradictorios y ponen en simple evidencia su disconformidad con lo resuelto en todas las instancias; y, vi) Finalmente refirió que, el accionante omitió cumplir con la carga argumentativa respecto a la relevancia constitucional, ya que no expuso fundamento sólido referido al fondo de la decisión asumida en el Auto Supremo impugnado, careciendo por tanto la problemática de relevancia constitucional; por lo que, al no resultar evidente lo alegado por el ahora solicitante de tutela, quien sólo pretende dilatar la ejecución del mandamiento de condena que pesa en su contra por la comisión del delito de asesinato, por lo cual solicitó se deniegue la tutela impetrada.
Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz, no se apersono a audiencia ni presentó informe, pese a su notificación cursante a fs. 38.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 105 de 27 de septiembre, cursante de fs. 147 a 149 vta., denegó la tutela; con base en el siguiente fundamento: Revisado el contenido del Auto Supremo que se impugna, se evidenció que los Magistrados ahora demandados, resolvieron el recurso de casación interpuesto por el hoy accionante, con suficiencia, pues explicaron de manera detallada los alcances y argumentos que dieron lugar a arribar a la determinación de declarar inadmisible el citado recurso, con la debida fundamentación, estableciendo que el recurrente ahora accionante no cumplió con los requisitos y exigencia que establece el art. 416 del CPP, en cuanto a los requisitos básicos para la interposición del recurso de casación; por lo que, además al no haber expuesto con los suficientes elementos y claridad necesaria el precedente contradictorio aplicable al caso, no se pudo ingresar al fondo de la problemática planteada “y ha explicado que por esas razones no considero lo que los anteriores tribunales, como ser el tribunal de apelaciones, no tomo en cuenta respecto a las declaraciones de los sujetos procesales que en su entendimiento indicaban que el hoy accionante no estaba en el lugar cuando ocurrió el hecho que dio lugar al proceso penal, eso constituye justamente la motivación de una fundamentación que este tribunal entiende que está cumplida precisamente por el Tribunal Supremo de Justicia” (sic).
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. A través de la Sentencia 59/2019 de 1 de octubre, emitida por el Tribunal de Sentencia Penal Décimo Segundo del departamento de Santa Cruz, entre otros Winston Aguilera Vaca Diez –ahora accionante– fue condenado a treinta años de presidio sin derecho a indulto (fs. 2 a 34). II.2. Cursa Auto de Vista 17 de 5 de agosto de 2020, pronunciado por la Sala Penal Segunda del departamento de Santa Cruz; por el cual, entre otros, se declaró la improcedencia del recurso de apelación formulado por el hoy peticionante de tutela (fs. 42 a 51). II.3. Mediante memorial presentado el 16 de julio de 2021, ante la aludida Sala Penal, el hoy solicitante de tutela interpuso recurso de casación contra el Auto de Vista 17 de 5 de agosto de 2020 (fs. 52 a 56). III.4. Mediante Auto Supremo 1028/2021-RA de 11 de noviembre, los Magistrados demandados declararon inadmisible entre otros el recurso de casación planteado por el hoy accionante (fs. 57 a 61).
El accionante denuncia como vulnerado su derecho al debido proceso en su vertiente fundamentación, motivación y congruencia; alegando que los Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, ahora demandados, declararon inadmisible su recurso, bajo el argumento que no se cumplió con el art. 416 del CPP, al no invocarse los precedentes contradictorios que contendría la doctrina legal contradictoria al Auto de Vista impugnado, tampoco se habrían expuesto las razones por las que se consideraba que dicho fallo no contenía una debida motivación, ni se explicó el resultado dañoso que le provocó, o la relevancia e incidencia de los defectos absolutos del Auto de Vista impugnado, pese a que en el memorial de casación expuso el resultado dañoso que provocó la falta de valoración de la prueba consistentes en las declaraciones de Franz Waldo Ruiz Cejas, Hugo Téllez Rodríguez, Ronald Martinez Cruz, “Wladino” Hualpa Apaza, Juan Carlos Colque Garabito, Roberta Tarrazona de Silva y Roberto Carlos Quiroz Sandagorda, quiénes habrían manifestado que su persona no se encontraba en el momento ni en el lugar de los hechos, elementos que lo eximen de responsabilidad penal; no obstante, asumiendo una conducta omisiva, no se pronunciaron sobre las lesiones al debido proceso que reclamó, soslayando la obligación legal y constitucional que tienen de precautelar los derechos fundamentales de las partes inmersas dentro de un proceso penal, por cuanto correspondía se analice y compulse los antecedentes del proceso, sin exigir ninguna fundamentación adicional.
En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
La SCP 1618/2022-S4 de 6 de diciembre, al respeto precisó: “De acuerdo a la normativa procesal vigente, el art. 416 del CPP, establece que: `El recurso de casación procede para impugnar autos de vista, dictados por las Corte Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores de Justicia o por la Sala Penal de la Corte Suprema. El precedente contradictorio deberá invocarse por el recurrente a tiempo de interponer la apelación restringida. Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance’
Bajo esta premisa, los recursos de casación se rigen a los requisitos de admisibilidad previstos en los arts. 416 y 417 del citado Código, cuales son:
1) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación (esta última posibilidad desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia) ante la Sala que emitió la resolución impugnada.
2) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, (o dependiendo el caso, también es posible su invocación en el recurso de casación, es decir, cuando la contradicción se genera a partir de la emisión del Auto del que se impugna) debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado.
3) Como única prueba admisible, se acompañará copia del recurso de apelación restringida en el que se invocó el precedente contradictorio.
Ahora bien, la SCP 0064/2018-S4 de 20 de marzo, emitida por esta misma Sala, desarrolló ampliamente el marco normativo y los estándares pertinentes en materia de derechos humanos, concretando finalmente una integración jurisprudencial sobre los criterios de flexibilización para la admisión del recurso de casación, considerando que: “…a través del tiempo, el recurso de casación fue ampliando en el ámbito de admisibilidad, pues en primera instancia se encontraba limitado al cumplimiento de los requisitos previstos en los arts. 416 y 417 del CPP; sin embargo, en aplicación al acceso a la justicia preservando los derechos y garantías constitucionales de las partes procesales, se apertura la posibilidad de que ante la denuncia de defectos absolutos no susceptibles de convalidación se disponga la admisión excepcional vía flexibilización, misma que fue considerada por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de diferentes fallos que si bien no resultan contradictorios entre sí, ante la amplitud de estos y por seguridad jurídica, corresponde revisar su desarrollo jurisprudencial y realizar una integración respecto a la forma de admisibilidad del recurso de casación….
Así, el aludido fallo constitucional remitiéndose a lo desarrollado en la SCP 0128/2015-S1 de 26 de febrero, cuyo pronunciamiento constitucional a su turno, consideró lo esgrimido en los Autos Supremos 026/2012, 312/2012-RA, 062/2013-RA y 77/2013-RA, estableció que: “‘…un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) la necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenido en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ´.
(…)
Entonces, para que opere la admisión de un recurso de casación por vía de la flexibilización `…el recurrente debe cumplir con la obligación de explicar los hechos que dieron origen al recurso con detalle preciso del agravio, la restricción o disminución del derecho o garantía, de forma tal que el resultado dañoso emergente del defecto sea identificado con claridad, así como las consecuencias procesales cuya relevancia tenga connotaciones de orden constitucional′ (Auto Supremo 010/2013 de 6 de febrero); de donde se infiere que su incumplimiento, tiene como efecto la inadmisibilidad del motivo de casación o de la totalidad del recurso”
En el referido fallo, se consideró que ante la denuncia de defectos absolutos, el Tribunal Supremo de Justicia tiene la obligación de ingresar al fondo de la problemática denunciada aun así no se tenga cumplidos los criterios de flexibilización desarrollados precedentemente, tal como se tiene establecido en la SCP 1092/2014 de 10 de junio, que señaló: “…el tribunal de casación es un órgano especializado para efectuar el control de legalidad de los actos suscitados en la justicia ordinaria; así, ante la denuncia de algún defecto absoluto, los Magistrados demandados debieron resolverla sin mayor exigencia de formalidades de orden procesal; sin embargo, el Auto Supremo 182/2013, omitió resolver la denuncia de defectos absolutos, fundando la decisión en la presunta falta de explicación de los precedentes contradictorios con los hechos denunciados. En virtud a la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico aludido precedentemente, la denuncia de defectos absolutos deben ser resueltas sin necesidad de exigir fundamentaciones ni citas de precedentes contradictorios, habida cuenta que, dicha labor debe ser cumplida inclusive de oficio, en tal sentido, exigir el cumplimiento de formalidades habilitantes para considerar las denuncias sobre defectos absolutos, ciertamente desnaturaliza la intervención de oficio de la autoridad jurisdiccional….”
En la SCP 0064/2018-S4, luego de un minucioso análisis de los fallos constitucionales relativos a la exigencia o no del estricto cumplimiento de los criterios de flexibilización desarrollados por el Tribunal Supremo de Justicia, se procedió a realizar una integración jurisprudencial sobre la temática, concretando el siguiente precedente:
“III.3.1. Integración del desarrollo jurisprudencial
(…)
En ese marco, conforme a lo manifestado precedentemente a través de la cita de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales relativas a la exigencia o no del estricto cumplimiento de los criterios de flexibilización desarrollados por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia corresponde encontrar un equilibro que permita otorgar seguridad jurídica a las partes que recurren en casación, pero también para que las autoridades de ese máximo Tribunal de justicia cuenten con una base sólida que les permita asumir las decisiones de admisibilidad o inadmisibilidad vía flexibilización. Es así que, conforme se advirtió anteriormente el Tribunal Supremo de Justicia, estableció ciertos criterios de flexibilización para la admisión de un recurso de casación como ser: a) Que la parte recurrente formule las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Se detalle con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo; y, c) Finalmente se explique el resultado dañoso emergente del defecto, así como las consecuencias procesales cuya relevancia tenga connotaciones de orden constitucional. Estos criterios resultan útiles para contar con la suficiente información, pues permite al Tribunal de casación establecer con claridad cuál el agravio puesto en su conocimiento y que será motivo de resolución, además de mantenerse una mínima técnica recursiva; sin embargo de ello, corresponde también observar que conforme a la evolución de la justicia y en particular del recurso de casación, lo que se pretende es que el Tribunal Supremo de Justicia al ser la máxima instancia de revisión ordinaria, emita sus fallos cumpliendo un verdadero control de legalidad respecto de la actuación de los jueces inferiores, observando que se haya efectuado una adecuada aplicación de las normas adjetiva y sustantiva penal y el resguardo de derechos fundamentales y garantías constitucionales conforme al valor justica, otorgando así seguridad jurídica a las partes que acuden ante ese Tribunal; en consecuencia, no resultaría válido que los criterios de flexibilización se conviertan en otro listado más de requisitos que deban ser cumplidos de manera expresa, pues de dicho modo, se estaría retrocediendo nuevamente a la formalización rigurosa del derecho e ineficacia del principio pro actione sin considerar la progresividad de los derechos, impidiendo así el acceso efectivo a la justicia y a un recurso idóneo cuando −a contrario sensu− lo que se pretende es la humanización de la justicia a través de fallos judiciales que satisfagan las necesidades de la sociedad boliviana. Con ello tampoco se pretende como el mismo Tribunal Supremo de Justica establece, que los recurrentes se limiten a formular simples denuncias de defectos absolutos o vulneración a derechos y garantías constitucionales sin otorgar la suficiente información que permita al Tribunal identificar con claridad el agravio a resolverse, pues lo que se debe considerar, es que, si la autoridad judicial de la verificación del recurso advierte la flagrante vulneración de derechos y garantías constitucionales por la concurrencia de defectos absolutos que contienen trascendencia, corresponde ingresar a resolver el fondo de la problemática planteada y en caso de percibir que no, el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria debe fundamentar su determinación de manera razonable.
En conclusión, como se dijo antes, los criterios de flexibilización desarrollados por la Sala Penal del Tribunal de Supremo de Justica se constituyen en una herramienta útil para mantener un nivel recursivo en el que se otorgue los elementos suficientes que permitan resolver los agravios denunciados, que sin embargo no deben ser exigidos que sean cumplidos de manera ’expresa‘ pues resulta correcto que cuando de la verificación de los argumentos expuestos en los recursos de casación se advierta que en éstos se cuenta con la suficiente información, puesto que ello permite ingresar al fondo vía flexibilización; y en contrario, también resulta plenamente válido que en caso de no contarse con la suficiente información de parte del recurrente, el Tribunal de casación fundamente de manera adecuada por qué considera que no se cuenta con la mínima carga argumentativa para ingresar a resolver el fondo aun así sea vía flexibilización” (las negrillas son nuestras).
Establecida la problemática traída a materia a través de la presente acción tutelar, corresponde conocer los antecedentes procesales generados dentro del proceso penal seguido contra el ahora accionante y otros, por la presunta comisión del delito de asesinato, constando la emisión de la Sentencia 59/2019, emitida por el Tribunal de Sentencia Penal Décimo Segundo del departamento de Santa Cruz, a través de la cual el hoy accionante, fue condenado a treinta años de presidio sin derecho a indulto (Conclusión II.1); determinación que al ser objeto de apelación mereció el Auto de Vista 17 de 5 de agosto de 2020, pronunciado por la Sala Penal Segunda del mismo departamento, mediante el cual se declaró la improcedencia del recurso de apelación formulado por el hoy peticionante de tutela (Conclusión II.2).
Así, mediante memorial presentado el 16 de julio de 2021, ante la aludida Sala Penal, el hoy solicitante de tutela interpuso recurso de casación contra el Auto de Vista 17 de 5 de agosto de 2020 (Conclusión II.3); que fue resuelto mediante Auto Supremo 1028/2021-RA, a través del cual los Magistrados ahora demandados declararon inadmisible entre otros, el recurso de casación planteado por el ahora solicitante de tutela (Conclusión II.4).
Ahora bien, a efectos de resolver el fondo de lo denunciado, resulta imprescindible conocer los fundamentos que sostuvieron el recurso de casación y el contenido del Auto Supremo confutado, con la finalidad de corroborar si el reclamo efectuado resulta ser o no evidente; bajo ese contexto, remitidos al recurso de referencia, se tiene que el hoy accionante: 1) Como primer motivo de agravio, denunció una presunta incongruencia con relación al Auto de Vista 17 de 5 de agosto de 2020, argumentando que el Tribunal de alzada, en ningún momento se pronunció con relación a su denuncia de falta de valoración de las declaraciones de los coimputados, quienes de manera uniforme afirmaron que su persona no se encontraba presente en el momento y lugar donde habrían ocurrido los hechos, incluso algunos ni lo conocen, por lo que cómo podrían condenarlo a treinta años de prisión si ni siquiera estuvo en el lugar de los hechos, por lo que el Tribunal de alzada en la emisión del citado Auto de Vista incurre en un defecto absoluto, al omitir pronunciase sobre la valoración arbitraria que realizó el Tribunal de Sentencia en torno a las declaraciones de los coimputados, por lo que al evidenciar dicho extremo, debieron anular la sentencia y ordenar la renovación del juicio o el pronunciamiento de nuevo fallo, lo cual demuestra que no es evidente lo afirmado por el Tribunal ad quem respecto a que su apelación no contendría expresión de agravios, ya que como fue referido uno de ellos versó en la falta de valoración de las aludidas declaraciones; tampoco mereció pronunciamiento el precedente contradictorio invocado contenido en el Auto Supremo 277 de 12 de mayo, pronunciado por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, pues a lo largo de su contenido no explican porque su no consideración, pese a que en su invocación explicó y fundamentó que la sentencia resultaba arbitraria al no existir relación entre la parte considerativa y resolutiva, cuyo precedente refiere justamente que las sentencias deben ser congruentes, por cuanto de haber sido considerado necesariamente debieron anular la sentencia pronunciada en su contray ordenar la emisión de otra con la debida motivación y congruencia, por cuanto la falta de consideración del mismo provoca un defecto absoluto de incongruencia omisiva que atenta contra su derecho fundamental al debido proceso en su elemento derecho a una resolución congruente. Concluyendo que no se pronunciaron en torno a ambos agravios consistentes en la omisión de valoración de las declaraciones de los coacusados y omisión en la consideración del Auto Supremo 277 de 12 de mayo de 2004, por lo que pidió que dichos defectos sean considerados por el Tribunal de casación, a los fines de que se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado y se ordene el pronunciamiento de una resolución congruente con el recurso de apelación restringida; 2) Segundo motivo de agravio del recurso de casación, consiste en motivación arbitraria, pues el Auto de Vista recurrido, consideró que en su recurso no se habría señalado cual la norma ni la forma en la que habría sido violentada, lo cual no resultaba cierto, pues en su apelación identificó el art. 173 del CPP, y cumpliendo la carga argumentativa explicó que el mismo fue vulnerado porque el Tribunal de Sentencia Décimo Segundo del departamento de Santa Cruz, no realizó la correspondiente fundamentación descriptiva ni intelectiva al no mencionar las pruebas de descargo producidas por su parte, conteniendo por tanto dicho fallo motivación arbitraria que atenta contra su derecho al debido proceso en su elemento derecho a una resolución motivada, porque se limitaron a realizar afirmaciones que no guardan relación con el recurso mismo, además porque en ningún momento respaldaron la afirmación que hacen que la sentencia contendría fundamentación descriptiva e intelectiva brindando las razones jurídicas por las que fue condenado a treinta años de reclusión por la presunta comisión del delito de asesinato, pese a que fue claro en denunciar como agravio que dicha sentencia no realizó la fundamentación descriptiva tanto de los elementos de cargo como de descargo; no obstante, en vez de ingresar a su revisión el Tribunal de alzada de forma totalmente ambigua indica que se habría cumplido con los requisitos establecidos en el Código Adjetivo Penal, acudiendo a una solución cómoda al señalar que no existirían agravios y que el Tribunal a quo fundamentó la Sentencia, encontrándose precisamente ahí la arbitrariedad en la motivación que atenta contra su derecho fundamental al debido proceso en su vertiente a una resolución motivada; y, 3) “Pido se considere que la Sala penal del Tribunal Supremo de Justicia ha elaborado Doctrina Legal Aplicable por la cual cuando en el recurso de casación se alegan defectos absolutos no es necesaria la invocación de precedente contradictorio puesto que se encuentra afectado el derecho fundamental al debido proceso en alguna de sus vertientes. En el presente caso en el recurso de casación se alega que el Auto de Vista impugnado contiene defectos absolutos puesto que padece de incongruencia omisiva y motivación arbitraria en cuanto a los agravios expresados en el recurso de apelación restringida, Por estas razones pido se me exima de la presentación de precedente contradictorio” (sic). Argumentos en torno a los cuales solicitó se deje sin efecto el Auto de Vista “de fs. 2367 -23762 (sic), debiendo ordenar el pronunciamiento de nuevo fallo debidamente motivado, fundamentado y congruente con el recurso de apelación restringida que interpuso.
Argumentación que analizada por los Magistrados demandados, decantó en la declaración de inadmisibilidad del recurso de casación, precisando en cuanto al “Único motivo de casación” (sic), que: i) El recurrente omitió cumplir con la exigencia legal del art. 416 del CPP, ya que no invocó el Auto de Vista o Auto Supremo que contendría la doctrina legal contradictoria al Auto de Vista impugnado, imposibilitando que ese Tribunal cumpla con la función de contraste que la Ley le asigna; ii) En cuanto a la denuncia de vulneración al debido proceso en sus vertientes congruencia y motivación, “cuya vulneración por inteligencia del art. 169.3 del CPP” (sic), constituye un defecto absoluto no susceptible de convalidación, siendo necesario su análisis vía flexibilización; no obstante, para tal efecto advirtieron del recurso que, si bien el recurrente identificó como vulnerados sus derecho al debido proceso en sus componentes congruencia y motivación, “provee los antecedentes que generaron el recurso, refiriendo que el Tribunal Ad quem no se pronuncia respecto a su denuncia de omisión de valoración de las declaraciones de los co-acusados ni sobre la doctrina legal del Auto Supremo Nº 277 de 12 de mayo de 2004” (sic), tampoco explicó los motivos que le permitieron determinar la existencia de fundamentación descriptiva e intelectiva en la Sentencia; sin embargo, de los argumentos del recurrente se evidenció que no precisó de qué manera se hubiese restringido o disminuido sus derechos, ya que no expuso porque considera que el Auto de Vista objeto de la casación, no contiene una debida motivación o la que contiene resulta insuficiente para comprender las razones de la decisión, tampoco explicó el resultado dañoso que le provocó el supuesto defecto, no existiendo argumento al respecto el cual tampoco se logra extraer de lo manifestado en su recurso, ya que también omitió precisar la relevancia e incidencia de ese supuesto defecto, a los fines de contar con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado, por lo que ante el incumplimiento de los presupuestos de flexibilización, los cuales fueron detallados en el parágrafo II es ese fallo, declararon inadmisible el único motivo de casación.
De la contrastación efectuada, se tiene en el caso concreto que, si bien es evidente que los Magistrados demandados luego de establecer la ausencia de la invocación de los precedentes contradictorios, ingresaron a verificar los presupuestos de flexibilización ante la denuncia de vulneración de derechos determinando que el recurrente hoy accionante no precisó la manera en la que el Auto de Vista recurrido, hubiera restringido o disminuido sus derechos, tampoco expuso porqué consideraba que el mismo no contenía una debida motivación o la que contenía resultaba insuficiente para comprender las razones de la determinación, menos explicó el resultado dañoso que le provocó el supuesto defecto, ya que no existía argumento alguno al respecto, el cual tampoco se lograba extraer de lo manifestado en su recurso, sumado a ello además omitió precisar la relevancia e incidencia de ese supuesto defecto, a los fines de contar con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado, concluyendo que no habría cumplido con los presupuestos de flexibilización.
No obstante, dicha determinación debió observar los márgenes de los criterios de flexibilización integrados en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, a través del cual se estableció que los criterios de flexibilización desarrollados por la Sala Penal del Tribunal de Supremo de Justicia, si bien constituyen una herramienta útil para mantener un nivel recursivo en el que se otorgue los elementos suficientes que permitan resolver los agravios denunciados; sin embargo, no resulta válido convertirlos en otro listado más de requisitos que deban ser cumplidos de manera expresa, siendo permisible el ingreso vía flexibilización cuando de la verificación de los argumentos expuestos en los recursos de casación se advierta que en éstos cuentan con la suficiente información; como ocurre en el caso presente, pues de la información extraída del recurso de casación, se colige que el recurrente ahora solicitante de tutela, denunció que el Tribunal de apelación vulneró su derecho al debido proceso al incurrir en los defectos de incongruencia omisiva y motivación arbitraria, ya que no se habría pronunciado con relación a la denuncia de omisión valorativa de la prueba, consistentes en las declaraciones de los coacusados, mismas que establecerían de manera uniforme que su persona no se encontraba en el lugar de los hechos; y, la falta de consideración del precedente contradictorio contenido en el Auto Supremo 277 de 12 de mayo de 2024 –primer motivo de casación–, en cuanto a la presunta motivación arbitraria alegó que el Auto de Vista confutado, estableció que no habría señalado cual la norma violentada, cuando de su recurso de apelación se evidencia que con la suficiente carga argumentativa explicó que el art. 173 del CPP, fue vulnerado, porque el Tribunal de alzada no realizó la fundamentación descriptiva ni intelectiva de las pruebas de descargo que produjo; limitándose a expresar que si contiene dicha fundamentación sin explicación alguna de ello, acudiendo a una solución cómoda al expresar que no existirían agravios – segundo motivo de casación–; por otro lado, solicitó de manera expresa ser eximido de la presentación del precedente contradictorio, advirtiendo que el recurso de casación planteado era sustentado únicamente en torno a la denuncia de defectos absolutos no susceptibles de convalidación por lesionar derechos y garantías constitucionales.
Lo que permite deducir la existencia de falta de fundamentación y motivación en el Auto Supremo hoy cuestionado, en cuanto a la decisión de no ingresar al fondo de la denuncia de vulneración de derechos, dado que, el razonamiento expuesto por las autoridades demandadas se fundó en la línea restrictiva de los criterios de flexibilización asumida por el Tribunal Supremo de Justicia, impidiendo con ello el acceso efectivo a la justicia y a un recurso idóneo y efectivo por tanto al haberse apartado los Magistrados demandados del precedente constitucional contenido en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde conceder la tutela impetrada, dejando sin efecto el Auto Supremo 1028/2021-RA, disponiendo que los Magistrados hoy demandados emitan nuevo fallo bajo los lineamientos establecidos en el antedicho marco jurisprudencial, habida cuenta que la argumentación contenida en el recurso de casación formulado por el hoy accionante, conforme se evidencia de la ilustración precedente contiene la argumentación necesaria y suficiente que permite que la denuncia por defectos absolutos insertas en el recurso de referencia sean admitidas vía flexibilización, debiendo en el fondo asumirse lo que en derecho corresponda.
En consecuencia, la Sala Constitucional, al haber denegado la tutela impetrada, actuó de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 105 de 27 de septiembre de 2022, cursante de fs. 147 a 149 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, con base en los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0994_2023-S4.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): 8383035a946decd3c87f8f9114356cbb069f5e70936a64912b1e603b0e56cb38
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