B.IA.LEGAL

SCP 0994/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 29 de agosto de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
29 de agosto de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
48819-2022-98-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela denuncia la vulneración de los derechos a la salud de su hijo, y a la seguridad social; toda vez que, la autoridad demandada, no obstante de hacerle conocer el estado de gestación de su esposa, no emitió respuesta a sus reiteradas solicitudes de afiliación a la CNS, y la previsión y pago de los subsidios de lactancia; siendo que contrariamente, ante sus solicitudes, dicha autoridad pretendió asignarle un cargo como Consultor. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para dicho fin, se analizarán los siguientes fundamentos: a) La excepción a los principios de subsidiariedad e inmediatez de la acción amparo constitucional tratándose del derecho a la seguridad social; b) El derecho a la seguridad social. Las asignaciones familiares: Subsidios devengados; y, c) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 52/2022 de 10 de junio, cursante de fs. 77 a 79 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por la referida Sala Constitucional y de conformidad a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, respecto a la vulneración de los derechos a la afiliación a la Caja Nacional de Salud, la salud de su hijo y a la seguridad social, debiendo, en caso de no haberse procedido anteriormente a tal afiliación, procederse a la misma en el plazo de cuarenta y ocho horas de la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La excepción a los principios de subsidiariedad e inmediatez de la acción amparo constitucional tratándose del derecho a la seguridad social
  2. III.2. El derecho a la seguridad social. Las asignaciones familiares:
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0994/2023-S1 Sucre, 29 de agosto de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 48819-2022-98-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 52/2022 de 10 de junio, cursante de fs. 77 a 79 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Harold Silvester Videz Valdez contra Ana Mendoza Aguilera, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Mairana del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 11 y 26 de mayo de 2022, cursante de fs. 19 a 23 y de 39 a 43, el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Trabajó en el GAM de Mairana del departamento de Santa Cruz, como Asesor Legal, desde el 31 de mayo de 2021 al 17 de enero de 2022; en dicha relación laboral con el citado ente municipal, su esposa entró en gestación, situación que puso en conocimiento del empleador para la respectiva filiación a la Caja Nacional de Salud (CNS) y para las asignaciones familiares (subsidio prenatal) en el siguiente orden: “a) Comunicación Interna CI-AL GAMM 36/2021 de 19 de agosto, por el que solicitó a la Alcaldesa del GAM de Mairana del departamento de Santa Cruz la afiliación a la CNS y previsión de subsidio de prenatalidad y natalidad. SOLICITUD QUE NO TUVO RESPUESTA; b) Comunicación Interna CI-AL GAMM 70/2021 de 25 de noviembre, por el que solicito a la misma autoridad el pago de subsidio de prenatalidad (quinto y sexto mes). SOLICITUD QUE NO TUVO RESPUESTA; c) Comunicación Interna CI-AL GAMM 77/2021 de 23 de diciembre, por el que solicitó a la Alcaldesa del GAM de Mairana del departamento de Santa Cruz el pago de subsidio de prenatalidad (quinto y sexto mes) y el pago del séptimo mes. SOLICITUD QUE NO TUVO RESPUESTA; d) Renuncia Voluntaria de 17 de enero de 2022. Decisión asumida por estar cansado de no tener respuesta a sus solicitudes; e) El 19 de enero de 2022, por quinta vez reitero el pago de subsidio prenatal por los meses 5to, 6to, 7mo, 8vo y 9no. QUE TAMPOCO MERECIO RESPUESTA” (sic).

A pesar que su persona era funcionario de planta del GAM de Mairana del departamento de Santa Cruz e hizo conocer el estado de gestación de su esposa, dicha entidad nunca le dio respuesta afirmativa, contrariamente se recurrían a solicitarle explicaciones que retardaban su solicitud e INTENTARON PONERLO COMO CONSULTOR.

El estado de gravidez de su esposa fue desde mayo de 2021 a febrero de 2022, y siendo que el subsidio prenatal se debe asignar desde el quinto mes, correspondería el empleador le asigne el subsidio prenatal desde octubre de 2021 hasta febrero de 2022.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela denunció la lesión de los derechos a la salud de su hijo, y a la seguridad social, citando al efecto los arts. 18.I y II, 36 y 45 de la Constitución política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y se disponga el pago retroactivo de las asignaciones familiares (prenatal).

I.2. Audiencia y Resolución de Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 28 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 74 a 76 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional, y ampliando señaló que: a) Con los proveídos que refiere la parte demandada, nunca le notificaron ni de manera verbal, ni escrita, ya que dichos proveídos son recientes; siendo que no le dijeron “estos son los requisitos que necesita pase por tal unidad”; es más no habría ni Director de Finanzas; y, b) Prácticamente realizo un trámite burocrático con la intención de afiliarse y a partir de ello le iban a pagar su beneficio; prácticamente le han obligado a renunciar; por ello solicita se respete sus derechos y los de su hijo.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Ana Mendoza Aguilera, Alcaldesa del GAM de Mairana del departamento de Santa Cruz, en audiencia, refirió que: 1) El abogado del impetrante de tutela presentó documentación de la Nota C.I.-AL.-G.A.M.M. 036/2021 de 19 de agosto, argumentando y mencionando que no se le dio la respuesta oportuna; sin embargo, cursa en los documentos la respuesta y dice claramente proveído, corresponde al accionante que para garantizar la correspondiente asignación familiar, es preciso señalar y dar a conocer mayores datos y detalles de su cónyuge, ya no simplemente hacer efectivo su solicitud de subsidio de prenatalidad; 2) Tenía la obligación él como abogado –accionante–, acreditar realmente que tenía una relación que estaba “fecundado”, es decir un reconocimiento a tiempo, situación que el mismo no presenta ningún documento de esa naturaleza; 3) Posteriormente presentó la Nota C.I.-A.L. -G.A.M.M. 070/2021 de 25 de noviembre, el 26 del mismo mes y año, adjuntando simplemente una ecografía y un certificado de matrimonio, este último demuestra la relación con la esposa, pero en ningún momento solicita la filiación de su cónyuge, que era requisito que tenía que hacer; es decir, solicitar la filiación, tampoco en esta nota presenta la acreditación de la relación que tiene con el que está fecundado -con el feto-; 4) Tendría nuevamente que presentar en ese documento el reconocimiento prenatal, luego presentó la Nota C.I.-A.L.-G.A.M.M. 077/2021 de 23 de diciembre, pero en la misma tampoco adjunta esta documentación, él como abogado y como asesor legal del ente municipal debería conocer la resolución que tiene el Ministerio de Salud, donde se requiere requisitos indispensables como los del para el trámite del subsidio familiar, personal y civil, esta resolución es obligación de todos los asesores conocer; 5) Por lo que su esposa no estaba registrada y por ende afiliada, el ser en gestación que tenía, que ahora a la “fecha” reclama su subsidio prenatal, no estaba acreditado legalmente en la institución, no tenía la relación de padre con el “señor Harold”, por lo que ese niño, según el certificado de matrimonio que data del 6 de noviembre, ya tenía una fecundación de más de cinco meses, y no presentó esa documentación, es requisito indispensable que exige también la caja, como ser el certificado del registro que él tenía que hacer reconocimiento de vientre para acreditar que ese niño era de él y por lo tanto le correspondía; 6) En ese sentido, considerando que no se le ha vulnerado ningún derecho, por haberle dado respuesta a cada una de sus notas, y que tampoco él tiene una personería jurídica sobre su hijo en el momento que es fecundado; es decir, todos podemos hacer actos solidarios de reconocer a un hijo; después de casarse nace el niño en febrero, posterior a tres meses de su matrimonio, es un acto solidario y con eso quiere acreditar que se le reconozca el subsidio prenatal; 7) Si se accede y admite esta acción tutelar, estarían obligando al GAM de Mairana del departamento de Santa Cruz a dar una responsabilidad civil, administrativa y penal también por disposición de recursos económicos a personas que no están dentro del marco legal, en ese sentido solicitan se declare improcedente la presente acción de defensa, sea con costas por estar dando gastos al ente municipal; y, 8) Para la aclaración de la situación, existe un libro en el gobierno municipal, donde se registran todas estas situaciones, y cursan por secretaría esta documentación que ha sido presentada y notificada, estando su firma de la secretaria donde indica que evidentemente ha recibido esa documentación; en el libro del control existe esta notificación al “Dr. Harold” el libro es de conocimiento del ente municipal porque él era funcionario en aquel entonces y firmaba toda esta situación, ahí existe el control donde se lo ha notificado con todos los decretos.

I.2.4.Resolución

La Sala Constitucional Primera del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 52/2022 de 10 de junio, cursante de fs. 77 a 79 vta., concedió la tutela solicitada, ordenando que la parte demandada cumpla con el pago de las asignaciones familiares de subsidios prenatales en el plazo de setenta y dos horas, desde el quinto al noveno mes del embarazo, habiendo sido demostrado que dichos pagos no fueron cumplidos; sin imposición de costas, bajo los siguientes fundamentos: i) Se demanda el derecho a la seguridad social y a la salud que está contenida en los arts. 18.I, 35.I, 36, 45.I de la CPE; ii) Según la demanda principal, el accionante manifiesta que en reiteradas oportunidades habría solicitado a su empleador la afiliación a la CNS y también le hizo conocer oportunamente que su esposa estaba en estado de gestación; iii) El GAM de Mairana del departamento de Santa Cruz no cumplió muncho menos contestó formalmente a las solicitudes realizadas, por lo que es considerado vulnerado su derecho a la salud y a la seguridad social en favor de su hijo; iv) Teniendo en cuenta que en audiencia no se ha demostrado que se haya cumplido con esa obligación hacia el menor, producto de la relación matrimonial del impetrante de tutela con su cónyuge, y de la existencia demostrada del menor; v) En ese sentido, se tiene que se habría vulnerado su derecho fundamental que la parte accionante manifiesta sobre el derecho a la salud y a la seguridad social, al no haber recibido las prestaciones oportunamente tal cual se ha expuesto en audiencia; vi) Como manifestó la parte demandada, que no se le pagó, porque el peticionante de tutela no cumplió con haber hecho conocer a la entidad el nombre correcto de su cónyuge y su relación de parentesco con el ser en gestación, entonces no se cumplió con el requisito establecido en la “Resolución Ministerial” que establece las formalidades para el pago de estas obligaciones de los empleadores hacia los trabajadores, lo que debe ser cumplido ya que la Constitución Política del Estado conforme el art. 410.I establece que es de aplicación preferente este tipo de prestaciones, pues manda expresamente que el Estado debe garantizar el acceso a las personas a estos beneficios; y, vii) Lo que se evidencia es que no se ha cumplido con esas obligaciones por parte del ente municipal hacia el hijo del accionante, vulnerándose sus derechos a la salud y a la seguridad social.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se llega a las conclusiones que se señalan seguidamente: II.1. Mediante Memorándum 012/2021 de 31 de mayo, Ana Mendoza Aguilera, Alcaldesa del GAM de Mairana del departamento de Santa Cruz –ahora demandada–, designó a Harold Silvester Videz Valdez – ahora accionante– en el cargo de Asesor Legal del Ejecutivo Municipal (fs. 15).

II.2. Por Nota C.I.-A.L.-G.A.M.M. 036/2021 presentada el 19 de

agosto, Harold Silvester Videz Valdez –ahora impetrante de tutela–, solicitó a Ana Mendoza Aguilera, Alcaldesa del GAM de Mairana del departamento de Santa Cruz –ahora demandada– “AFILIACION A CAJA DE SALUD Y PREVISION DE SUBSIDIO DE PRENATALIDAD Y NATALIDAD”, haciéndole conocer que desde el 31 de mayo de 2021 hasta la fecha, no cuenta con un seguro en la caja de salud; asimismo que su esposa se halla en estado de gestación de doce semanas; y también solicitó que se prevea los recursos económicos de subsidios de prenatalidad y natalidad (fs. 2).

II.3. Mediante Nota C.I.-A.L.-G.A.M.M. 070/2021 presentada el 26 de

noviembre, el ahora accionante, solicitó a la autoridad demandada “PAGO DE SUBSIDIO DE PRENATALIDAD (QUINTO Y SEXTO MES)”, haciéndole conocer que su esposa está en gestación por veintisiete semanas y cinco días, y que ya debería haber recibido dos meses de subsidio, pero que no recibió ni un mes de pago; adjuntando ECOGRAFIA, CERTIFICADO DE MATRIMONIO E INFORME de 18 de noviembre de 2021 (fs. 3 a 6). II.4. A través de Nota C.I.-A.L.-G.A.M.M. 077/2021 de 23 de diciembre, el ahora impetrante de tutela reiteró a la autoridad demandada, la solicitud de pago del subsidio de prenatalidad (quinto y sexto mes), además del pago del séptimo mes (fs. 7 a 10). II.5. Por oficio presentado el 17 de enero de 2022, dirigida a la Alcaldesa del GAM del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, el impetrante de tutela presentó Renuncia al cargo que venía desempeñando en el citado ente municipal, reclamando que le parece muy autoritaria la decisión de que pase a ser Consultor de un cargo inexistente, sabiendo que su persona cuenta con inamovilidad laboral; por lo que considera que dicho accionar es un despido indirecto (fs. 11). II.6. Mediante oficio presentado el 19 de enero de 2022, el ahora peticionante de tutela solicitó a la autoridad demandada POR QUINTA VEZ el pago del subsidio prenatal, señalando que habiendo solicitado por reiteradas veces, espera que se dé curso a lo peticionado; que en caso contrario se verá obligado a acudir a la AUTORIDAD DE SUPERVISION DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO, puesto que ninguno de ellos les dio una respuesta conforme a derecho (fs. 12).

II.7. Cursa Certificado de Nacimiento de NN, el cual establece como

fecha de nacimiento el 2 de febrero de 2022, teniendo como progenitores a Harold Silvester Videz Valdez –ahora accionante– y Ángela Carola Pérez Aguilera (fs. 65). II.8. Constan proveídos (sin fecha) emitidos por Freddy Cerezo, Jefe de Contabilidad y Presupuesto del GAM- Mairana del departamento de Santa Cruz, en atención a la Nota C.I.-A.L.-G.A.M.M. 036/2021, señalando que es preciso conocer mayores datos y detalles de su cónyuge, porque simplemente solicitar subsidios adjuntando copia de ecografía sin señalar las generales de ley del paciente, torna difícil que se pueda dar lugar a la afiliación a la CNS; así como en atención a la Nota C.I.-A.L.-G.A.M.M. 070/2021, asumiendo conocimiento de la solicitud de subsidio de natalidad por el quinto y sexto mes, reiteran que existen requisitos mínimos, consistentes en oficio cursado por conducto regular; fotocopias del carnet de identidad; también de la esposa o cónyuge; fotocopia de la última boleta de pago; y certificado médico de atención prenatal, siendo difícil hacer efectivo lo solicitado (fs. 68 vta. y 71 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela denuncia la vulneración de los derechos a la salud de su hijo, y a la seguridad social; toda vez que, la autoridad demandada, no obstante de hacerle conocer el estado de gestación de su esposa, no emitió respuesta a sus reiteradas solicitudes de afiliación a la CNS, y la previsión y pago de los subsidios de lactancia; siendo que contrariamente, ante sus solicitudes, dicha autoridad pretendió asignarle un cargo como Consultor. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para dicho fin, se analizarán los siguientes fundamentos: a) La excepción a los principios de subsidiariedad e inmediatez de la acción amparo constitucional tratándose del derecho a la seguridad social; b) El derecho a la seguridad social. Las asignaciones familiares: Subsidios devengados; y, c) Análisis del caso concreto.

III.1. La excepción a los principios de subsidiariedad e inmediatez de la acción amparo constitucional tratándose del derecho a la seguridad social

Sobre el particular, el art. 45 de la CPE, señala que todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social, y que ésta se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad interculturalidad y eficacia. En consonancia con ese precepto, el art. 48 de la CPE, establece que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio; y que los derechos y beneficios que nacen de ellas no pueden renunciarse, siendo nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos; es así que, los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia siendo inembargables e imprescriptibles. Por otro lado, el derecho a la seguridad social, fue reconocido por el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1952, y por el art. 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), cuando señala que:

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad (las negrillas son ilustrativas). De igual forma, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo XVI, establece que:

Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia (el resaltado es ilustrativo). En ese marco, la jurisprudencia constitucional, se ha pronunciado en sentido de que la seguridad social, encuentra su fundamento en el derecho a la vida y a la salud, expresando en la SCP 0614/2014 de 25 de marzo, que:

…se constituye en un régimen de protección general, que tiene la finalidad de cubrir los diversos riesgos de salud física, psíquica, social y económica del capital humano, a todos los habitantes de un Estado sean nacionales o extranjeros, desde que nacen hasta que mueren; es decir, la seguridad social en la concreción de su principio de universalidad fue establecida por el estado Boliviano debiendo abarcar al 100% de la población del país, sin exclusión de ninguna naturaleza, protegiendo todos los riesgos y contingencias orientadas al bienestar de la persona. Ahora bien, considerando que la acción de amparo constitucional, está revestida de los principios de subsidiariedad e inmediatez; por cuanto, el primero, implica que sólo es procedente cuando no existen o se han agotado los mecanismos o recursos que franquea la ley, apareciendo esta acción como el único medio de defensa, para la protección inmediata del derecho o garantía; es decir que, no puede reemplazar a los medios o recursos establecidos en el ordenamiento jurídico para lograr la reparación de los derechos supuestamente vulnerados; y el segundo, que conforme al art. 129 de la CPE, implica que la acción de amparo constitucional busca resguardar de manera oportuna el derecho o la garantía y por eso su configuración procesal es sencilla y expedita para la protección inmediata del derecho; es posible establecer excepciones a dichos principios cuando la remisión a los procedimientos ordinarios signifique un perjuicio irremediable o irreparable en los derechos o garantías del accionante. Así, la SC 0119/2003-R de 28 de enero, estableció que:

…una de las características inherentes a la naturaleza jurídica del Amparo Constitucional es la subsidiariedad, lo que significa que esta vía tutelar sólo se activa cuando la persona no tiene o no cuenta con ningún otro recurso o vía legal para la reparación inmediata, efectiva e idónea de sus derechos fundamentales o garantías constitucionales vulnerados por actos u omisiones ilegales o indebidas, salvo que la restricción o supresión de los derechos o garantías constitucionales ocasione un perjuicio irremediable o irreparable, en cuyo caso, de manera excepcional, se activa el Amparo Constitucional para otorgar una tutela efectiva e inmediata que evite la consecuencia irremediable (el resaltado es añadido). Bajo ese entendimiento, la jurisprudencia constitucional ha determinado que dicha excepción debe ser aplicada a los supuestos en que se alegue lesión al derecho a la seguridad social debido a la vinculación que tiene con otros derechos fundamentales, como la vida, la salud física y psicológica y la dignidad. En esa línea, la SC 2695/2010-R de 6 de diciembre, estableció que el ejercicio del derecho a la seguridad social no puede estar supeditado al 1 En su F.J. III.3. señala que: …la SC 1138/2004-R de 21 de julio, sostuvo: “…el Estado Democrático de Derecho tiene como uno de sus pilares el valor de la justicia (art.1.II de la CPE), de ahí se desprende que el ciudadano tiene derecho a una justicia material, en la que la independencia del Poder Judicial y, en particular, de los jueces, tiene por única función garantizar que sus decisiones sean producto de apreciaciones jurídicas, sometidas a las formas y métodos prescritos por la ley y por la ciencia del derecho, no como entienden algunas autoridades, un mecanismo para proteger la 'institucionalidad judicial' por encima de sus deberes constitucionales y, de esta manera, aislar a la justicia del resto del Estado y colocarse a espaldas de la sociedad. El principio de seguridad jurídica refuerza esta idea, al garantizarle al ciudadano que la actividad judicial procurará, en todo caso y por encima de toda consideración, garantizar la efectiva protección de sus derechos constitucionales y legales accediendo a una justicia material o verdaderamente eficaz no una aplicación formal y mecánica de la ley, por el contrario, lograr que las consecuencias mismas de una decisión judicial debe significar una efectiva materialización de los principios, valores y derechos constitucionales”.

En similar sentido, la SC 1294/2006-R de 18 de diciembre, manifestó lo siguiente: “El principio de justicia material o verdaderamente eficaz se opone a la aplicación formal y mecánica de la ley en la definición de una determinada situación jurídica. Exige, por el contrario, una preocupación por las consecuencias mismas de la decisión y por la persona que es su destinataria, bajo el entendido de que aquella debe implicar y significar una efectiva concreción de los principios, valores y derechos constitucionales”.

La jurisprudencia glosada, guarda coherencia con el principio de prevalencia del derecho sustancial respecto al derecho formal, partiendo de la distinción que efectúa la doctrina entre el derecho material, de fondo o sustantivo y el derecho formal, ritual o adjetivo; el primero, como su nombre lo indica, es sustancial pues consagra en abstracto los derechos; el segundo, establece la forma de la actividad jurisdiccional, cuya finalidad es la realización de tales derechos, es decir se agotamiento de medios de impugnación existentes que, en la mayoría de los casos, no son resueltos con la inmediatez que los derechos fundamentales exigen, y por lo mismo, no se constituyen en medios idóneos e inmediatos para la tutela de derechos que requieren una rápida protección; agregando que, la seguridad social al ser un instrumento de justicia social, debe prevalecer a las formalidades, para hacer efectivos los valores, principios y fines del Estado, haciendo excepciones, inclusive a los principios de subsidiariedad e inmediatez; concluyendo que por el contenido del derecho de acceso a la justicia previsto en el art. 115 de la CPE, existe la necesidad de protección del derecho a la seguridad social de manera efectiva, sin que las exigencias formales impidan su protección oportuna y efectiva; pues, no debe de olvidarse que una de las finalidades de la justicia constitucional es precautelar el respeto y la vigencia de derechos y garantías constitucionales. Luego, la SC 1282/2011-R de 26 de septiembre, refiriéndose no solo a los principios de subsidiariedad sino también de inmediatez con la que debe ser interpuesta esta acción tutelar, sostuvo que:

…si bien la acción de amparo constitucional, se encuentra revestida por los principios de subsidiariedad e inmediatez cuyo cumplimiento es indispensable para su consideración, este Tribunal ha determinado que se puede abstraer su observancia, dada la naturaleza de los derechos invocados y la naturaleza de la cuestión planteada, ante la protección de la mujer gestante o hasta el año de nacido el hijo, precisando que en estos casos, no es exigible agotar los medios de defensa, por cuanto en dichas problemáticas no solamente se halla involucrado el derecho al trabajo, sino traduce en un medio que tienen los integrantes de una determinada sociedad para lograr la efectiva tutela de sus derechos. De ahí, el derecho formal tiene una naturaleza instrumental y adjetiva frente al derecho sustancial.

En ese contexto, la doctrina y la jurisprudencia comparada reconocen el denominado “principio de prevalencia del derecho sustancial”, que se ha desarrollado ante la problemática emergente de la prevalencia de lo formal o lo material que tiene particular importancia en materia constitucional. Este principio ha tenido un profuso desarrollo en Colombia, donde se encuentra inclusive consagrado en el art. 228 de su Constitución Política, que al respecto estipula que: “La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial …”; en el mismo sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana a través de la Sentencia C1512/00 de 8 de noviembre de 2000, ha precisado que: “…La prevalencia del derecho sustancial, según el mandato del artículo 228 de la Carta, constituye un imperativo dentro del ordenamiento jurídico y, muy especialmente, en lo relativo a las actuaciones destinadas a cumplir con la actividad judicial, pues permite realizar los fines estatales de protección y realización del derecho de las personas, así como de otorgar una verdadera garantía de acceso a la administración de justicia pronta y cumplida”

De acuerdo a la doctrina este principio supone que las formalidades no impidan el logro de los objetivos del derecho sustancial, por ello en virtud a él, siempre que el derecho sustancial se pueda cumplir a cabalidad, el incumplimiento u inobservancia de las formalidades no debe ser causal para que aquél no surta efecto. Siguiendo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia glosada, se debe señalar que: “Lo anterior no significa que se pueda caer en el permanente error de considerar el principio de la primacía del derecho sustancial sobre el formal como un postulado constitucional excluyente que impide la coexistencia de las normas sustantivas y formales, pues, como se ha visto, con éstas se logra dar vigencia a principios que encuentran sustento constitucional”. El principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, se desprende del valor-principio justicia, que es uno de los pilares fundamentales del Estado democrático de derecho y que se encuentra consagrado por el art. 8.II de la CPE, pues en mérito a éste los ciudadanos tienen derecho a la justicia material, así se ha plasmado en el art. 180.I de la CPE, que ha conocido como uno de los principios de la justicia ordinaria el de “verdad material”, debiendo enfatizarse que ese principio se hace extensivo a todas las jurisdicciones, y también a la justicia constitucional.

De este modo se debe entender que la garantía del debido proceso, con la que especialmente se vincula el derecho formal, no ha sido instituida para salvaguardar un ritualismo procesal estéril que no es un fin en si mismo, sino esencialmente para salvaguardar un orden justo que no es posible cuando, pese a la evidente lesión de derechos, prima la forma al fondo, pues a través del procedimiento se pretende lograr una finalidad más alta cual es la tutela efectiva de los derechos.

otros derechos primarios de la impetrante y del ser en gestación o ya nacido, que es la vida, la salud y la seguridad social, cuya tutela no puede supeditarse a otros recursos o vías administrativas (las negrillas son ilustrativas). En tal sentido, la SCP 1104/2012 de 6 de septiembre, estableció que:

Por la protección especial de la que gozan la mujer embarazada y el progenitor-trabajador, hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad, el principio de subsidiaridad de la acción de amparo constitucional no es aplicable en razón a los derechos que tutela de la mujer embarazada, lactante o hasta el año de nacimiento del nuevo ser, excepción que es también extensiva en materia de seguridad social referida a las prestaciones del Régimen de asignaciones Familiares dentro de las cuales están contemplados los subsidios prenatal, de natalidad y lactancia, que se encuentran directamente vinculados a la vida y a la salud tanto de la madre como fundamentalmente del nuevo ser futuro capital humano, cuya protección especial y constitucional es deber del Estado y no puede estar condicionada al agotamiento de recursos o vías administrativas, circunstancia que determina se abra el ámbito de protección de esta acción de defensa (el resaltado es agregado). De lo que se concluye que si bien la acción de amparo constitucional, se encuentra revestida por los principios de subsidiariedad e inmediatez cuyo cumplimiento es indispensable para su consideración, se puede abstraer su observancia, cuando se invoca el derecho a la seguridad social, puesto que al estar vinculado a los derechos fundamentales, como la vida, la salud física y psicológica, la dignidad, y a las prestaciones laborales, –sean del Régimen de Asignaciones Familiares o de jubilación– no puede estar supeditado al agotamiento de medios de impugnación existentes considerando que los derechos fundamentales primarios requieren una rápida y especial protección del Estado, circunstancia que determina se abra el ámbito de protección de esta acción de defensa evitando así su remisión a los procedimientos ordinarios que puedan significar un perjuicio irremediable o irreparable de los derechos o garantías constitucionales primordialmente protegidos.

III.2. El derecho a la seguridad social. Las asignaciones familiares:

Subsidios devengados En el ámbito social, el derecho a la seguridad social adquiere una importancia fundamental debido a que tiene por objeto proteger la salud del capital humano, la continuidad de sus medios de subsistencia, la aplicación de medidas adecuadas para la rehabilitación de las personas inutilizadas y la concesión de los medios necesarios para el mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar; razón que hace que el derecho a la seguridad social se constituya en un derecho humano reconocido en varios instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”. Por su parte, la Constitución Política del Estado consagra al derecho a la seguridad social dentro del bagaje de derechos sociales y económicos, estableciéndose expresamente que:

Artículo 45 I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social.

II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación

social.

III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de

empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales. IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo.

V. Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal. VI. Los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados (negrillas añadidas). Contenido normativo que en primer lugar garantiza el acceso al derecho a la seguridad social para todas las bolivianas y los 2 La Declaración Universal de Derechos Humanos establece: “Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.” (el énfasis es añadido). 3El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales determina: “Artículo 9. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social incluso al seguro social” (negrillas agregadas). 4 La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre establece: “Artículo XVI. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia.” (énfasis añadido). 5 El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” estipula: “Artículo 9. Derecho a la seguridad Social

1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes.

2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del pacto.” (negrillas añadidas).

bolivianos bajo los principios de cubrir de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia; y, en segundo lugar, bajo una cláusula abierta establece que el régimen de seguridad social cubrirá la atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, y las asignaciones familiares.

III.2.1. En cuanto al régimen de asignaciones familiares

Las asignaciones familiares –tal como se observó precedentemente– forman parte del sistema de seguridad social, ya que su objeto es proteger a la madre y al ser en gestación y/o bebé durante los periodos prenatal y posnatal en los que se presenta un alto grado de vulnerabilidad de los mismos, otorgando al efecto una asignación en dinero o en especie. Bajo esa precisión, con el objeto de establecer cuál es el marco legal que rigen el tema de las asignaciones familiares resulta imperioso hacer un recuento de su evolución y desarrollo normativo; de ahí que, se tiene que, fue en la Constitución Política de 1947 que por primera vez se incluyó el régimen de las asignaciones familiares como una contingencia debía ser cubierta por la seguridad social; siendo a partir de dicha previsión constitucional que el Código de Seguridad Social promulgado en 1956 estableció que:

Artículo 4°.- Las Asignaciones Familiares comprenden: 1. El subsidio matrimonial; 2. El subsidio de natalidad; 3. El subsidio de lactancia; 4. El subsidio familiar; y 5. El subsidio de sepelio.

Clasificación a la que mediante el DS 4677 de 29 de junio de 1957 se añadió el subsidio pre-familiar, estableciéndose que el mismo se otorgaría a los trabajadores incorporados al régimen de seguridad social que no percibían los subsidios matrimonial, de natalidad, de lactancia, familiar y de sepelio. No obstante, posteriormente, con la entrada en vigencia del DS 21637 de 25 de junio de 1987, se estableció que el régimen de asignaciones familiares estaría comprendido únicamente por los subsidios prenatal, de natalidad, de lactancia y de sepelio, de acuerdo al siguiente texto:

ARTÍCULO 25.-A partir de la vigencia del presente Decreto, se reconocerán las siguientes prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares que serán pagadas, a su cargo y costo, directamente por los empleadores de los sectores público y privado: a. Subsidio PRENATAL, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria, de un pago mensual, en dinero o especie, equivalente a un salario mínimo nacional durante los cinco últimos meses de embarazo, independientemente del subsidio de incapacidad temporal por maternidad. b. Subsidio de NATALIDAD, por nacimiento de cada hijo: un pago único a la madre, equivalente a un salario mínimo nacional. c. Subsidio de LACTANCIA, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a un salario mínimo nacional por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida. d. Subsidio de SEPELIO, por fallecimiento de cada hijo calificado como beneficiario menor de 19 años: un pago único a la madre, equivalente a un salario mínimo nacional. Las Cajas de Salud serán las encargadas de velar por el fiel cumplimiento de estas prestaciones (las negrillas son agregadas). Ahora bien, considerando que la disposición legal citada precedentemente sólo estipulaba que las asignaciones familiares serían pagadas por los empleadores de los sectores público y privado, mediante el DS 2892 de 1 de septiembre de 2016 se modificó dicho texto normativo, estableciéndose que los empleadores de las cooperativas mineras también efectuarían el pago de las asignaciones familiares.

Posteriormente, mediante el DS 3546 de 1 de mayo de 2018 se efectuó una segunda modificación del art. 25 del DS 21637, esta vez, estableciendo un monto fijo para el pago de los subsidios, señalando textualmente que:

ARTÍCULO 25.- Se reconocen las siguientes prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares que serán pagadas, a su cargo y costo, directamente por los empleadores de los sectores público y privado y de las cooperativas mineras:

a) Subsidio Prenatal, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria, de un pago mensual, en dinero o especie, equivalente a Bs2.000.- (Dos mil 00/100 bolivianos) durante los cinco (5) últimos meses de embarazo, independientemente del subsidio de incapacidad temporal por maternidad; b) Subsidio de Natalidad, por nacimiento de cada hijo: un pago único a la madre, equivalente a Bs2.000.- (Dos mil 00/100 bolivianos); c) Subsidio de Lactancia, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a Bs2.000.-(Dos mil 00/100 bolivianos) por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida; d) Subsidio de Sepelio, por fallecimiento de cada hijo calificado como beneficiario menor de 19 años: un pago único a la madre, equivalente a Bs2.000.- (Dos mil 00/100 bolivianos) El Ministerio de Salud, a través de las instancias correspondientes, será el encargado de velar por el fiel cumplimiento de estas prestaciones (el resaltado y subrayado son añadidos). En efecto, del texto normativo citado precedentemente, el equivalente del monto a pagar sería de Bs2 000.- (dos mil bolivianos) los cuales serían cubiertos en dinero o en especie; así, el subsidio prenatal podrá ser en dinero o en especie; el subsidio de natalidad y sepelio en dinero; y, el subsidio de lactancia en especie. Ahora bien, en ese marco normativo, debe señalarse que, en el transcurso del tiempo, se fueron aprobando varios reglamentos con el objeto de normar, garantizar y controlar la otorgación o entrega de las asignaciones familiares; no obstante, a fin de no ser ampulosos en cuanto a su cita y desarrollo, se considerará dos reglamentos; el primero, que en su momento perduró por un largo periodo; y, el segundo que se encuentra vigente; así tenemos: 1) El Reglamento de Asignaciones Familiares aprobado por el Ministerio de Salud y Deportes a través de la Resolución Ministerial 1676 de 22 de noviembre de 2011, se constituyó en el primer Reglamento cuya eficacia se conservó durante varios años. Este Reglamento que, de manera inicial, en su art. 3 al momento de definir las asignaciones familiares establece expresamente que cada una de las prestaciones será equivalente a un salario mínimo nacional (variable en cada gestión por el incremento) de acuerdo a las condiciones requeridas para las mismas; determinando además que, el subsidio de natalidad será otorgado en dinero; y, los subsidios prenatal y lactancia en especie, estos últimos respecto a los que se prohíbe su entrega en dinero. Ahora bien, en el Reglamento de Asignaciones Familiares en el Capítulo V determina que en el procedimiento de entrega y efectivización de los subsidios es posible que se presenten casos particulares como la cesantía, muerte o divorcio del trabajador, y la doble percepción de 8El Reglamento de Asignaciones Familiares aprobado por la Resolución Ministerial 1676 establece: “Artículo 3. (DEFINICIONES). Para efectos de la presente norma se entenderá por:

1. Asignaciones Familiares. Es un Régimen conformado por prestaciones en especie (prenatal-lactancia) y en dinero (natalidad-sepelio), que son otorgados por los empleadores a las beneficiarias (os) de acuerdo a disposiciones legales vigentes que regulan este beneficio en todo el territorio nacional.

2. Subsidio Prenatal. Consiste en la entrega a las beneficiarias de una asignación mensual en productos alimenticios inocuos, no transgénicos con valor nutritivo de origen nacional acorde a las necesidades de la gestante, equivalente a un salario mínimo nacional. La duración del subsidio prenatal comienza a partir del primer día del quinto mes de embarazo y fenece al nacimiento de la (s) niña (s) o niño (s).

3. Subsidio de Lactancia. Consiste en la entrega mensual de productos alimenticios de alto valor nutritivo inocuos, no transgénicos de origen nacional; equivalente a un salario mínimo por cada hijo (a) durante sus primeros doce meses de vida.

4. Subsidio de Natalidad. Consistente en la otorgación a los beneficiarios (as), de una cancelación única en dinero, equivalente a un salario mínimo nacional por el nacimiento de cada hija (o). Para recibir este beneficio el progenitor deberá presentar el Certificado de Nacimiento del recién nacido al Ente Gestor, al que se encuentra asegurado, que le dará derecho al subsidio de natalidad.

5. Subsidio de Sepelio. Consiste en el pago a los beneficiarios (as) de un desembolso único en dinero, equivalente a un salario mínimo nacional por el fallecimiento de cada hija (o) menor de 19 años. Para recibir este beneficio, la trabajadora o el trabajador debe acreditar éste derecho con la entrega de una fotocopia del Certificado de Defunción al empleador.” 9 Ibid. “Artículo 21. (PROHIBICIONES). En el marco del presente Reglamento se establecen las siguientes prohibiciones:

1. A los empleadores:

a) Otorgar el subsidio prenatal y lactancia en dinero

(…)

2. A las beneficiarias:

a) Recibir el subsidio prenatal y lactancia en dinero” (las negrillas son agregadas). 10 Ibid. “Artículo 16. (DE LA CESANTÍA DEL TRABAJADOR (A). En caso de que el trabajador, trabajadora quedare cesante por la voluntad propia, continuará recibiendo las asignaciones familiares durante los dos siguientes meses a la fecha de su renuncia. En caso de despido el trabajador (a) debe acudir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. 11 Ibid. “Artículo 17.- (MUERTE O DIVORCIO DEL TRABAJADOR (A). De comprobarse los siguientes extremos, como los casos que se señalan:

1. En caso de muerte del trabajador (a), las asignaciones familiares no se interrumpen y se otorga al progenitor o cónyuge supérstite o a la persona que acredite la tenencia de la niña (o) huérfana (o) hasta que éste cumpla un año de vida.

2. En caso de divorcio o separación de los padres o progenitores, la otorgación de las asignaciones familiares se realizará a la madre o a la persona que acredite la tutela de la niña (o) hasta que éste cumpla un año de vida.”

subsidios; asimismo, puede darse el caso particular que deba efectuarse una compensación retroactiva de las asignaciones familiares que se daría excepcionalmente, ya que los empleadores tienen la obligación de cubrir las asignaciones de manera oportuna, y el Instituto Nacional de Seguros de Salud (INASES) debe ejercer su función de fiscalización y supervisión; no obstante, es posible que deba entregarse dicha compensación y para ello el Reglamento estableció de manera explícita:

Artículo 19. (COMPENSACIÓN RETROACTIVA). Las compensaciones retroactivas de las asignaciones familiares se efectuarán en los siguientes casos:

1. La compensación del subsidio en especie y en dinero se realizará con carácter retroactivo, a los meses correspondientes, en caso que el empleador hubiese incumplido la otorgación de las asignaciones familiares de manera oportuna.

2. El retroactivo del subsidio en especie es otorgado al primer mes de cada año de acuerdo al incremento del Salario Mínimo Nacional. Ahora bien, en sintonía con dicho texto normativo, la jurisdicción constitucional fue desarrollando una línea jurisprudencial uniforme respecto a la compensación retroactiva, así, en los casos que se denunció la lesión del derecho a la seguridad social –entre otros– por una falta de entrega o pago de las asignaciones familiares, de evidenciarse dicha vulneración, se concedió la tutela disponiendo que los subsidios devengados se efectúen conforme lo establecido en el Reglamento de Asignaciones Familiares aprobado por Resolución Ministerial 1676, lo que significó que, dicha compensación se efectuaría en especie y en dinero de acuerdo a los meses adeudados que correspondieran; no obstante, a través de la 12Ibid. “Artículo 18. (DOBLE PERCEPCIÓN DE SUBSIDIOS). Cuando ambos progenitores trabajen en instituciones, públicas o privadas, las prestaciones de las asignaciones familiares serán percibidas sólo por uno de los progenitores.” 13 Ibid. “Artículo 9. (DE LOS EMPLEADORES). Las obligaciones de los empleadores son:

(…)

2. Depositar mensualmente a la distribuidora un monto equivalente a un salario mínimo nacional por cada trabajador destinado a cubrir la otorgación de asignaciones familiares (prenatal y lactancia).

3. Realizar el pago en dinero por concepto de natalidad y/o sepelio que serán otorgadas directamente por el empleador a la beneficiaria (o) equivalente a un salario mínimo nacional.” 14Ibid.“Artículo 6. (DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS DE SALUD). La Unidad de Asignaciones Familiares dependiente del Departamento Técnico de Salud del INASES conformará un equipo técnico para la administración, fiscalización y supervisión a los Entes Gestores, empleadores, beneficiarios, proveedores y distribuidores, garantizando el cumplimiento del Régimen de Asignaciones Familiares”.

15 Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0221/2017-S2 de 24 de marzo, 0416/2017-S3 de 12 de mayo, 0836/2017-S3 de 28 de agosto,

SCP 0894/2018-S3 de 31 de octubre, que resolvió una acción de amparo constitucional en la que se denunció que el empleador incumplió con la otorgación de las asignaciones familiares adeudando un subsidio prenatal y doce subsidios lactancia, esta jurisdicción constitucional sostuvo que:

…‴corresponde al empleador, del sector público o privado, cumplir con la prestación de las asignaciones familiares correspondientes; consistentes en subsidios, prenatal, de natalidad y de lactancia, relativas a la maternidad hasta que el niño cumpla un año de edad y demás derechos laborales. Esto se justifica, en la prioridad de resguardar el derecho a la salud y a la vida del recién nacido hasta que cumpla un año de edad y ante todo, precautelando por su interés superior, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados -art. 60 de la CPE-…´ (las negrillas son nuestras [SCP 0367/2015-S3 de 10 de abril]); el tal sentido, la otorgación de las asignaciones familiares son de cumplimiento obligatorio por parte del empleador, pues se trata de la seguridad social que está relacionada con el ejercicio del derecho a la salud del ser gestante y a la vida del recién nacido hasta que cumpla un año de edad, sustentado en el principio del interés superior del niño y niña, de manera que el subsidio prenatal se cumple con la entrega de una asignación mensual a los beneficiarios consistente en productos alimenticios inocuos, no transgénicos, con valor nutritivo de origen nacional acorde a las necesidades de la madre gestante, equivalente a un salario mínimo nacional, siendo la duración del mismo de carácter temporal, el cual comienza a partir del primer día del quinto mes de embarazo y fenece en la fecha de nacimiento de la niña o niño; el subsidio de natalidad que consiste en el pago de un salario mínimo nacional por nacimiento de cada hija o hijo; y, el subsidio de lactancia se materializa con la entrega mensual de productos alimenticios de alto valor nutritivo inocuos, no transgénicos de origen nacional equivalente a un salario mínimo nacional por cada hija o hijo, durante los primeros doce meses de vida. En ese sentido, el deber de acatar estrictamente la provisión de las asignaciones familiares, por el empleador, permite la materialización del derecho a la seguridad social de la madre y del recién nacido, que se concreta en los derechos a la vida y a la salud; implicando lo contrario vulneración del contenido esencial de ambos derechos, sea destruyendo o debilitándolos, por la falta de provisión oportuna de asignaciones familiares, que por ley se encuentran previstas.

En ese contexto, la falta oportuna de las prestaciones subsidiarias en favor del accionante que le corresponden en su condición de padre progenitor, generó vulneración de los derechos constitucionales invocados; siendo viable determinar su pago en forma monetaria, porque en especie resultaría inoportuno, desactualizado y no cumpliría su finalidad, debido a que la entrega de productos con valor nutritivo se encuentran acordes tanto para el desarrollo de la madre como del niño hasta el primer año de edad; y, siendo que al presente, la hija del accionante cuenta con un año y más de ocho meses de edad, corresponde según la previsión del Reglamento de Asignaciones Familiares, comprendido en el art. 19 de la RM 1676 de 22 de noviembre de 2011, disponer las compensaciones retroactivas de las asignaciones familiares en dinero (las negrillas pertenecen al texto original). Razonamiento que estableció que con el objeto de resguardar el derecho a la salud y a la vida del recién nacido hasta que cumpla un año de edad y ante todo, precautelando por su interés superior, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, el empleador del sector público y privado y las cooperativas mineras tiene la obligación de cumplir con las asignaciones familiares (subsidio prenatal, de natalidad y lactancia); empero, ante una falta de entrega oportuna de las asignaciones familiares es viable determinar el pago en forma monetaria, ello comprendiendo que la otorgación en especie resultaría inoportuna, desactualizada y no cumpliría su finalidad, debido a que la entrega de productos con valor nutritivo se encuentran acordes tanto para el cuidado de la madre y el desarrollo del niño hasta el primer año de edad. Así, con ese razonamiento se consideró que si las asignaciones familiares (prenatal y lactancia) no eran entregadas en especie hasta que el niño o niña cumpla el año de edad, su otorgación se efectuaría de forma monetaria. 2) El Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares aprobado por la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS) a través de la Resolución Administrativa ASUSS 0101/2021 de 31 de diciembre, se constituye en único instrumento normativo sobre el régimen de asignaciones familiares vigente, ya que conforme fue establecido en su Disposición Derogatoria Única:

De acuerdo a la disposición final segunda del Decreto Supremo N° 3561 de 16 de mayo de 2018 de creación de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo - ASUSS, el presente Reglamento con todas sus modificaciones queda establecido como el único instrumento normativo sobre el Régimen de Asignaciones Familiares vigente y de cumplimiento obligatorio, quedando derogadas todos Reglamentos anteriores y/o contrarios al presente Reglamento (las negrillas son añadidas). Ahora bien, tomando en cuenta que el presente Reglamento es el único instrumento que tiene por objeto – entre otros– el normar la fiscalización y control de la entrega de las prestaciones del régimen de asignaciones familiares por parte de los empleadores, los deberes de los entes gestores, y la distribución de los subsidios prenatal y lactancia por parte del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM), resulta necesario precisar que su estructura contempla –en sus puntos más relevantes– las disposiciones generales; el control y fiscalización; las prohibiciones y sanciones; y, la excepción y casuística. Así, refiriéndonos a la parte de Disposiciones Generales se tiene que en el art. 4 se establece las definiciones de los subsidios prenatal, de lactancia y natalidad, estableciendo:

d) Subsidio Prenatal. Prestación que consiste en la entrega a la madre gestante, de una asignación mensual de productos alimenticios inocuos, no transgénicos, con alto valor nutritivo de origen nacional acorde a las necesidades de la gestante, equivalente al pago de Bs. 2.000 (Dos Mil 00/100 Bolivianos) acorde a normativa vigente, a partir del primer día del quinto mes de gestación, feneciendo al nacimiento de la niña (o). e) Subsidio de Lactancia. Prestación en especie que consiste en la entrega a la madre, de productos alimenticios inocuos, no transgénicos, con alto valor nutritivo de origen nacional, equivalente al pago de Bs. 2.000 (Dos Mil 00/100 Bolivianos) acorde a normativa vigente, por cada hijo (a) vivo, desde la afiliación del menor al Ente Gestor y durante sus primeros doce (12) meses de vida. f) Subsidio de Natalidad. Prestación que consiste en un pago único a la madre en dinero equivalente a Bs. 2.000 (Dos Mil 00/100 Bolivianos) acorde a normativa vigente, por el nacimiento de cada hijo (a) (el resaltado es ilustrativo). Definiciones a partir de las cuales, se establece que las asignaciones familiares serán entregadas en un equivalente de Bs2 000.- conforme se estableció en el DS 3546, además que, el subsidio de natalidad será entregado en dinero y los subsidios prenatal y lactancia constituyen prestaciones en especie, otorgación de asignaciones según los requisitos previstos en el art. 14 de dicho Reglamento Ahora bien, en cuanto al procedimiento de distribución de los subsidios, el Reglamento establece la posibilidad que en dicho procedimiento se presenten distintas situaciones tales como la cesantía, muerte o divorcio del trabajador, y la interrupción de la cesantía; asimismo, se prevé el pago simultaneó de los subsidios y el pago retrasado de subsidios este último respecto al cual expresamente se establece que:

ARTÍCULO 35. (PAGO RETRASADO DE SUBSIDIOS EN ESPECIE O EN DINERO).

a) En caso de que el empleador hubiese incumplido la otorgación de las Asignaciones Familiares de manera oportuna, el pago de los subsidios adeudados en especie o en dinero según corresponda se realizará con carácter retrasado a los meses correspondientes.

b) El SEDEM independientemente de la fecha de pago de los subsidios por parte del empleador, queda facultado a realizar 17 El Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares prevé: “ARTÍCULO 14. REQUISITOS PARA ASIGNACIONES FAMILIARES.

I. SUBSIDIO PRENATAL.

a) Presentar Certificado de Control Prenatal a partir del 5to mes de gestación, visado por el médico tratante del Ente Gestor de manera mensual al empleador.

II. SUBSIDIO DE NATALIDAD.

a) Presentar al empleador fotocopia simple del Certificado de Nacimiento, Certificado de Nacido Vivo o autorización del pago del subsidio emitida por el Ente Gestor.

III. SUBSIDIO DE LACTANCIA.

a) Presentar al empleador la autorización del pago de subsidio emitida por el Ente Gestor y la afiliación del hijo (a).” 18El Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares aprobado a través de la Resolución Administrativa ASUSS 0101/2021 establece: “ARTÍCULO 30. (DE LA CESANTÍA DEL TRABAJADOR).

I. En caso de que la trabajadora o el trabajador quedaren cesantes por voluntad propia continuarán recibiendo las Asignaciones Familiares hasta los dos (2) meses a contar del primer día del mes siguiente de la fecha de la cesantía.

II. En caso de que la trabajadora o el trabajador quedaren cesantes por causa ajena a su voluntad deberán acudir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.” 19 Ibid. “ARTÍCULO 32. (MUERTE DEL TRABAJADOR (A). En caso de muerte del trabajador (a), las Asignaciones Familiares que correspondan no se interrumpen y se otorga al cónyuge supérstite o a la persona que acredite la tenencia del lactante huérfano (a) durante sus primeros doce (12) meses de vida.” 20Ibid, “ARTÍCULO 33. (DIVORCIO DEL TRABAJADOR (A). En caso de divorcio o separación de los progenitores, la otorgación de las Asignaciones Familiares que correspondan se realizará a la madre o a la persona que acredite la tutela del lactante durante sus primeros doce (12) meses de vida.” 21Ibid. “ARTÍCULO 31. (INTERRUPCIÓN DE LA CESANTÍA). En caso de que la trabajadora o el trabajador iniciaren una nueva relación de dependencia laboral, se interrumpirá la percepción de subsidios en el periodo de cesantía.” 22Ibid. “ARTÍCULO 36. (PAGO DE SUBSIDIO DE NATALIDAD Y LACTANCIA). En caso de adelantarse el parto y no haber trascurrido un mes desde el último control prenatal realizado corresponderá simultáneamente el pago de los susidios de natalidad y lactancia.”

la entrega de los paquetes de subsidios prenatal y de lactancia a la beneficiaria (las negrillas son agregadas). Previsión normativa, que establece que las asignaciones familiares que no fueron entregadas de manera oportuna serán proporcionadas de forma retrasada según corresponda; por lo que, en el caso de los subsidios prenatal y lactancia su otorgación se efectuará en especie con la entrega de productos alimenticios inocuos, no transgénicos, con alto valor nutritivo de origen nacional. Aunado a lo anterior, es preciso señalar que: i) En cuanto al subsidio prenatal, el Reglamento establece que excepcionalmente podrá ser otorgado en dinero en los casos que no se hubiese procedido con su entrega de manera oportuna, debiendo para ello requerir autorización de la ASUSS, criterio concordante con lo establecido en el DS 3546 que en esencia refiere que el pago será en dinero o especie; y, ii) En lo concerniente al subsidio de lactancia el Reglamento prohíbe que el empleador otorgue el subsidio en dinero; y, que el beneficiario lo reciba;

23 Ibid. “ARTÍCULO 28. (EXCEPCIÓN).

I. Excepcionalmente el empleador podrá entregar el subsidio prenatal en dinero, previo análisis y autorización de la ASUSS.

II. Dicho beneficio podrá ser autorizado para aquellas beneficiarias que no hayan recibido el subsidio prenatal de forma oportuna y habiendo transcurrido más de un año desde el nacimiento del hija (o).

III. Para la entrega excepcional del subsidio prenatal en dinero, el empleador deberá realizar el trámite de autorización ante la ASUSS quien emitirá una Resolución Administrativa expresa, por beneficiaria, con los siguientes requisitos:

a) Fotocopia simple de la Matricula de Comercio emitida por FUNDEMPRESA actualizado.

b) Fotocopia simple de Afiliación al Ente Gestor.

c) Certificado de atención prenatal de la beneficiaria con los respectivos visados del médico tratante del Ente Gestor.

d) Nota fundamentada sobre las razones basadas en el incumplimiento del pago de subsidios por parte del empleador para acceder al pago excepcional en dinero.

A efectos de verificación se podrá solicitar la documentación original.

IV. Una vez iniciado el trámite tendrá una duración de diez (10) días hábiles, si la solicitud fuese observada el empleador podrá subsanar las observaciones en un lapso de tres (3) días hábiles posteriores al recojo de su respuesta ante oficinas de la ASUSS.

V. Si el trámite fuese denegado, el empleador podrá presentar por única y última vez el trámite de autorización excepcional de pago de subsidio prenatal en dinero, fundamentando con nuevos argumentos. Si la solicitud fuese aceptada, la ASUSS remitirá los antecedentes y la Resolución de Autorización Excepcional de Pago de Subsidio Prenatal en dinero ante el solicitante.

VI. El empleador será el encargado del pago del subsidio prenatal en dinero, debiendo remitir los descargos correspondientes ante la ASUSS. VII. El recojo del subsidio prenatal en dinero, será realizado de forma personal o apoderado legalmente acreditado por la beneficiaria

24El DS 3546 establece: “Artículo Único.- Se modifica el Artículo 25 del Decreto Supremo Nº 21637, de 25 de junio de 1987, modificado por el Parágrafo I del Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 2892, de 1 de septiembre de 2016, con el siguiente texto:

“ARTÍCULO 25.- Se reconocen las siguientes prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares que serán pagadas, a su cargo y costo, directamente por los empleadores de los sectores público y privado y de las cooperativas mineras:

a) Subsidio Prenatal, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria, de un pago mensual, en dinero o especie, equivalente a Bs2.000.- (DOS mil 00/100 BOLIVIANOS) durante los cinco (5) últimos meses de embarazo, independientemente del subsidio de incapacidad temporal por maternidad;

25 Ibid. “ARTÍCULO 20. (PROHIBICIONES A LOS EMPLEADORES).

a) Otorgar el subsidio de lactancia en dinero. (negrillas añadidas).

previsión normativa que conlleva un mandato de cumplimiento obligatorio, debido a que, este subsidio debe ser cubierto en especie. Ahora bien, no obstante lo señalado, resulta necesario remitirnos a lo sostenido en la SCP 0894/2018-S3 de 31 de octubre (emitido en vigencia del Reglamento de Asignaciones Familiares aprobado por Resolución Ministerial 1676) que respecto a los subsidios devengados estableció expresamente que en el caso que no se hubiera cubierto los subsidios prenatal y lactancia de manera oportuna es viable el pago en forma monetaria, ello comprendiendo que la otorgación en especie resultaría inoportuna, desactualizada y no cumpliría su finalidad, debido a que la entrega de productos con valor nutritivo se encuentran acordes tanto para el cuidado de la madre y el desarrollo del niño hasta el primer año de edad. En tal sentido, en caso que el beneficiario no haya recibido los subsidios prenatal y de lactancia de forma oportuna y habiendo transcurrido más de un año desde el nacimiento del hijo o hija, corresponderá que su otorgación sea monetaria. Consecuentemente, siendo que la jurisprudencia constitucional contiene entendimientos progresivos en cuanto al pago retrasado de los subsidios; en mérito al carácter vinculante de dicha jurisprudencia, debe considerarse que cuando los subsidios (prenatal, natalidad y lactancia) no sean cubiertos de manera oportuna y habiendo transcurrido más de un año desde el nacimiento del hijo o hija, será viable el pago en forma monetaria.

III.3. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela denuncia la vulneración de los derechos a la salud de su hijo, y a la seguridad social; toda vez que, la autoridad demandada, no obstante de hacerle conocer el estado de gestación de su esposa, no emitió respuesta a sus reiteradas solicitudes de afiliación a la CNS, y la previsión y pago de los subsidios de lactancia; siendo que contrariamente, ante sus solicitudes, dicha autoridad pretendió asignarle un cargo como Consultor.

Expuesta la problemática planteada, corresponde analizar los antecedentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.3.1. En relación a la excepción al principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional

De manera previa a analizar la problemática expuesta, corresponde considerar que la presente acción tutelar fue planteada invocando la aplicación de la excepción al principio de subsidiariedad en razón a la necesidad de protección inmediata que requieren algunos derechos constitucionales; en ese contexto, estando inmiscuidos derechos a la vida y a la salud corresponde superar la barrera de la subsidiariedad, a ese efecto corresponde remitirnos al sustento expresado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que de forma clara precisó, que si bien la acción de amparo constitucional, se encuentra revestida de los principios de subsidiariedad e inmediatez, cuyo cumplimiento es indispensable para su consideración, en algunos casos se puede abstraer su observancia, cuando se invoca el derecho a la seguridad social, puesto que al estar vinculado a los derechos fundamentales, como la vida, la salud física y psicológica, la dignidad, y a las prestaciones laborales -sean del Régimen de Asignaciones Familiares o de jubilación-, no puede estar supeditado al agotamiento de medios de impugnación existentes considerando que los derechos fundamentales primarios requieren una rápida y especial protección del Estado, circunstancia que permite aperturar el ámbito de protección de esta acción de defensa evitando así su remisión a los procedimientos ordinarios que puedan significar un retraso o un perjuicio irremediable o irreparable de los derechos o garantías constitucionales primordialmente protegidos. En ese panorama jurisprudencial, corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, prescindiendo de la subsidiariedad conforme a las consideraciones expuestas.

III.3.2.Respecto al análisis de fondo

De los antecedentes arrimados a la presente acción tutelar, se evidencia que, por Memorándum 012/2021 de 31 de mayo, Ana Mendoza Aguilera, Alcaldesa del GAM de Mairana del departamento de Santa Cruz, designó a Harold Silvester Videz Valdez –ahora accionante– en el cargo de Asesor Legal del Ejecutivo Municipal; posteriormente, en el lapso de sus funciones, puso a conocimiento de la autoridad demandada a través de Nota C.I.-A.L.-G.A.M.M. 036/2021 de 19 de agosto de 2021, que su esposa conllevaba un embarazo de doce semanas, solicitando a la vez, que por las instancias pertinentes se prevea los recursos económicos para los subsidios de prenatalidad y natalidad; esta solicitud fue reiterada el 26 de noviembre de 2021 por Nota C.I.-A.L.-G.A.M.M. 070/2021; adjuntando ecografía del estado de gravidez de su esposa, certificado de matrimonio e informe de 18 de noviembre de 2021. Ante la falta de respuesta a sus peticiones, presentó la Nota C.I.-A.L.-G.A.M.M. 077/2021 de 23 de diciembre, reiterando el pago del subsidio de prenatalidad (quinto y sexto mes), además del pago del séptimo mes (Conclusiones II.1, II.2, II.3 y II.4). Ante la actitud de omisión de la autoridad demandada, el 17 de enero de 2022, respecto a la intención de ofrecerle el cargo de Consultor, el impetrante de tutela presentó oficio de renuncia al cargo que venía desempeñando por considerar autoritaria y arbitraria dicha decisión, a sabiendas que su persona contaba con inamovilidad laboral; considerando dicha posibilidad, un despido indirecto. En ese antecedente nuevamente el 19 de enero de 2022, el accionante solicitó por quinta vez a la autoridad demandada el pago de subsidio prenatal, y que en caso contrario se vería obligado a acudir a la AUTORIDAD DE SUPERVISION DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO (Conclusiones II.5 y II.6). Conforme a los antecedentes, el impetrante de tutela, denuncia la vulneración de los derechos a la salud de su hijo, y a la seguridad social; toda vez que, ante las diferentes y reiteradas solicitudes de afiliación a la CNS y al pago del subsidio de lactancia presentadas ante la entidad demandada el 19 de agosto, 26 de noviembre y 23 de diciembre, todos de 2021, así como por oficio de 19 de enero de 2022; se establece que dicha autoridad hizo caso omiso a las señaladas peticiones al no emitir respuesta a las mismas; no efectuando en principio las acciones para afiliar al impetrante de tutela a la CNS, lo que lógicamente impidió la afiliación de su esposa; vulnerando de esa manera su derecho laboral a la seguridad social de conformidad a la previsión contenida en el art. 45 de la CPE; lo que derivó en que no se efectúe la cancelación de las asignaciones familiares consistentes en cuatro subsidios prenatales conforme correspondía en derecho, derivando dicho accionar omisivo de la autoridad demandada en que el accionante presente renuncia al cargo que venía ejerciendo.

En ese marco, tomando en cuenta que en mérito al contexto jurisprudencial invocado, se establece que la autoridad demandada al no atender las distintas solicitudes para su afiliación al Seguro Social, lesionó los derechos de la parte accionante de cubrir los diversos riesgos de salud física, psíquica, social y económica, que se constituyen en derechos básicos que tienen los trabajadores y sus dependientes, siendo que la seguridad social en la concreción de su principio de universalidad fue establecida por el Estado Boliviano para dar cobertura al total de la población del país sin exclusión de ninguna naturaleza, protegiendo todos los riesgos y contingencias orientadas al bienestar de la persona; decantando dicho accionar omisivo, en la vulneración del derecho de acceso a la seguridad social del ahora accionante y sus dependientes, por su no afiliación a la CNS. No obstante, lo alegado por la parte demandada en sentido que se habría dado respuesta a las solicitudes de 19 de agosto de 2021 y de 25 de noviembre de igual año –esta última presentada el 26 del mismo mes y año– (Conclusión II.8); sin embargo, tal cual los referidos antecedentes, no se evidencia una fecha de emisión; así como no consta que se haya puesto en conocimiento del accionante; por lo que a efectos de su contraste con la premisa normativa corresponde remitirnos al precedente jurisprudencial contenido en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional que con referencia al derecho a la seguridad social, éste garantiza a todas las bolivianas y los bolivianos bajo los principios de cubrir de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia; y, en segundo lugar, bajo una cláusula abierta establece que el régimen de seguridad social cubrirá la atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, y las asignaciones familiares. En tal sentido, la jurisprudencia constitucional citada, en cuanto al régimen de asignaciones familiares ha señalado, que estas forman parte del sistema de seguridad social, ya que su objeto es proteger a la madre y al ser en gestación y/o bebé durante los periodos prenatal y posnatal en los que se presenta un alto grado de vulnerabilidad de los mismos, otorgando al efecto una asignación en dinero o en especie. Y siendo que, en el transcurso del tiempo, se fueron aprobando varios reglamentos con el objeto de normar, garantizar y controlar la otorgación o entrega de las asignaciones familiares; corresponde analizar el Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares (que es el que se encuentra vigente) que fue aprobado por la ASUSS a través de la Resolución Administrativa ASUSS 0101/2021, se constituye en el único instrumento normativo sobre el régimen de asignaciones familiares vigente; cuya estructura contempla –en sus puntos más relevantes– las disposiciones generales; el control y fiscalización; las prohibiciones y sanciones; y, la excepción y casuística. Y refiriéndose a la parte de Disposiciones Generales en su art. 4, se establecen las definiciones de los subsidios prenatal, de lactancia y natalidad, estableciendo, que el Subsidio Prenatal es una Prestación que consiste en la entrega a la madre gestante, de una asignación mensual de productos alimenticios inocuos, no transgénicos, con alto valor nutritivo de origen nacional acorde a las necesidades de la gestante, equivalente al pago de Bs2 000.- (dos mil bolivianos) acorde a normativa vigente, a partir del primer día del quinto mes de gestación, feneciendo al nacimiento de la niña (o); Subsidio de Lactancia es una prestación en especie que consiste en la entrega a la madre, de productos alimenticios inocuos, no transgénicos, con alto valor nutritivo de origen nacional, equivalente al pago de Bs2000.- acorde a normativa vigente, por cada hijo (a) vivo, desde la afiliación del menor al Ente Gestor y durante sus primeros doce (12) meses de vida; y, el Subsidio de Natalidad consistente en un pago único a la madre en dinero equivalente a Bs2 000.- acorde a normativa vigente, por el nacimiento de cada hijo (a). Y en cuanto al PAGO RETRASADO DE SUBSIDIOS EN ESPECIE O EN DINERO, estableció que las asignaciones familiares que no fueron entregadas de manera oportuna serán proporcionadas de forma retrasada según corresponda; por lo que, en el caso de los subsidios prenatal y lactancia su otorgación se efectuará en especie con la entrega de productos alimenticios inocuos, no transgénicos, con alto valor nutritivo de origen nacional. Aunado a ello, dispuso en cuanto al subsidio prenatal, estableció que excepcionalmente podrá ser otorgado en dinero en los casos que no se hubiese procedido con su entrega de manera oportuna, debiendo para ello requerir autorización de la ASUSS; y en cuanto al subsidio de lactancia, el Reglamento prohíbe que el empleador otorgue el subsidio en dinero; y, que el beneficiario lo reciba, que en consecuencia, en caso que el prenombrado no haya recibido el subsidio de lactancia de forma oportuna y habiendo transcurrido más de un año desde el nacimiento del hijo o hija, corresponderá que su otorgación sea monetaria. En el caso en revisión, el impetrante de tutela denunció el incumplimiento de la otorgación de asignaciones familiares por parte del GAM de Mairana del departamento de Santa Cruz; resultando evidente que, el acto lesivo deviene de una omisión ilegal que restringió los derechos del menor NN nacido el 2 de febrero de 2022 (Conclusión II.7); en ese entendido, debe ordenarse el cese de la omisión, que para el caso concreto consistirá el pago inmediato de las asignaciones familiares devengadas, no obstante, para el pago retrasado debe considerarse que: cuando el pedido de pago de los subsidios devengados se efectué antes que el hijo nacido vivo cumpla un año de vida, los subsidios prenatales y de lactancia deberán ser pagados en especie, y tratándose del subsidio de natalidad el mismo será en dinero. Bajo ese marco, siendo que en el caso concreto, el accionante acudió a la justicia constitucional el 11 de mayo de 2022, cuando su hijo contaba con cuatro (4) meses de nacido conforme se tiene del certificado de nacimiento (Conclusión II.7), y que ante las reiteradas solicitudes presentadas a la entidad empleadora (Conclusiones II.2, II.3 y II.4), sobre el pago de los subsidios devengados, lo expuesto se adecua a la circunstancia descrita en el párrafo precedente; en tal sentido, el pago del subsidio de lactancia debe ser otorgado en especie y tratándose del subsidio de natalidad el mismo será en dinero, subsidios correspondientes a los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2021, y enero y febrero de 2022; aclarándose que estas asignaciones familiares serán otorgadas en un equivalente a Bs2 000.- por mes, conforme se tiene glosado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional; consecuentemente, dicha omisión y/o incumplimiento conlleva la vulneración del derecho a la seguridad social, y esta a su vez trae consigo la conculcación del derecho a la salud como niño, ser humano y como persona para un desarrollo físico psicológicamente estable e integral, desde la solicitud reiterada y no atendida de la afiliación al Seguro Social, por el cual se da cobertura a los diversos riesgos de salud física, psíquica, social y económica, derechos básicos que tienen los trabajadores y sus dependientes, siendo que la seguridad social en la concreción de su principio de universalidad fue establecida por el Estado para dar cobertura al total de la población del país, sin exclusión de ninguna naturaleza, protegiéndolos de todos los riesgos y contingencias orientadas al bienestar de la persona, pues debe comprenderse que el derecho a la seguridad social debe ser ejercido de modo tal que se garantice las condiciones que aseguren la vida y la salud; en tal sentido, corresponde conceder la tutela. Por los fundamentos expuestos, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 52/2022 de 10 de junio, cursante de fs. 77 a 79 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por la referida Sala Constitucional y de conformidad a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, respecto a la vulneración de los derechos a la afiliación a la Caja Nacional de Salud, la salud de su hijo y a la seguridad social, debiendo, en caso de no haberse procedido anteriormente a tal afiliación, procederse a la misma en el plazo de cuarenta y ocho horas de la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, es de Voto Aclaratorio. MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA MAGISTRADA

Notas al pie

6 La Constitución Política de 1947 establece: “Artículo 175.- El Estado protegerá la salud del capital humano del país, asegurará la continuidad de sus medios de subsistencia y la rehabilitación de las personas inutilizadas; y, propenderá al mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar. Los regímenes de seguridad social se inspirarán en los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad y eficacia, cubriendo las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez, muerte, paro forzoso, asignaciones familiares y vivienda de interés social.” (las negrillas son agregadas).

7 El DS 2892 establece: Artículo 3°.- (Modificaciones) I. Se modifica el primer párrafo del Artículo 25 del Decreto Supremo Nº 21637, de 25 de junio de 1987, con el siguiente texto: “ ARTÍCULO 25.- A partir de la vigencia del presente Decreto Supremo, se reconocerán las siguientes prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares que serán pagadas, a su cargo y costo, directamente por los empleadores de los sectores público, privado y de las cooperativas mineras:” (negrillas añadidas).

16 La Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS) fue creada a través del DS 3561 de 16 de mayo de 2018, con la finalidad de regular, controlar, supervisar y fiscalizar la seguridad social de corto plazo, protegiendo los intereses de los trabajadores asegurados y beneficiarios en el marco del Código de Seguridad Social su Reglamento y normas conexas.

26 Ibid. “ARTÍCULO 22. (PROHIBICIONES DE LAS BENEFICIARIAS). Los beneficiarios están prohibidos a: a) Recibir el subsidio de lactancia en dinero.” (las negrillas nos corresponden).

27 La Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS) fue creada a través del DS 3561 de 16 de mayo de 2018, con la finalidad de regular, controlar, supervisar y fiscalizar la seguridad social de corto plazo, protegiendo los intereses de los trabajadores asegurados y beneficiarios en el marco del Código de Seguridad Social su Reglamento y normas conexas.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0994_2023-S1.pdf · páginas 1 a 29.

Huella digital del PDF (SHA-256): 33626453ef2a4de4a0528e610028cd5a378cf2d47fc1683f9cc9d5f5304197f9

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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