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SCP 0993/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 23 de junio de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
23 de junio de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
76546-2025-154-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; así como, a los principios de legalidad, tipicidad, taxatividad, verdad material, indubio pro disciplinado y presunción de inocencia; puesto que, las entonces Consejeras al emitir la Resolución TSI-AP 300/2024 de 19 de junio, declararon improbada la excepción de prescripción y confirmaron la Resolución Definitiva de Primera Instancia 92/23 de 28 de diciembre de 2023, incurriendo en: 1) Vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de congruencia, al omitir pronunciarse sobre todos los agravios formulados en su recurso de apelación respecto a la inexistencia de la conducta disciplinaria en su contra; 2) Incorrecta aplicación e interpretación del instituto de la prescripción al declararla improbada, omitiendo considerar el plazo de dos años que establece el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 161-2025 de 19 de agosto, cursante de fs. 662 vta. a 664 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela solicitada, con respecto al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, vinculados a los principios de legalidad, tipicidad, taxatividad, verdad material, indubio pro disciplinado y presunción de inocencia; disponiendo:

a) Dejar sin efecto la Resolución TSI-AP 300/2024 de 19 de junio y el Auto de 2 de abril de 2025, emitidos por los Consejeros del Tribunal de segunda instancia del Consejo de la Magistratura, debiendo los mismos pronunciar una nueva resolución conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación, motivación y congruencia como elementos del derecho al debido proceso
  2. III.2. El proceso disciplinario en el Órgano Judicial y la prescripción de la acción disciplinaria
  3. III.3. Sobre la valoración de la prueba en materia disciplinaria
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0993/2026-S1 Sucre, 23 de junio de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 76546-2025-154-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 161-2025 de 19 de agosto, cursante de fs. 662 vta. a 664 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Yanet Noemy Paniagua Villa contra Gabriela Paula Araoz López y Manuel Baptista Espinoza, Consejeros del Consejo de la Magistratura.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante, por memoriales presentados el 15 y 18 de julio de 2025, cursantes de fs. 554 a 567; y, 607 a 613, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 13 de septiembre de 2021, Víctor Hugo Camargo Hoyos -hoy tercero interesado-, presentó denuncia disciplinaria contra su persona y contra Freddy Coronel Alacoma -Juez ahora tercero interesado-, en su calidad de Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, refiriendo que dentro del proceso penal signado con Número de Registro Judicial (NUREJ) 20170166, seguido por los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, previstos y sancionados por los arts. 199 y 203 del Código Penal (CP), el ahora tercero interesado fue sentenciado injustamente a una pena privativa de libertad de cuatro años, siendo a lo largo de su juzgamiento, objeto de constantes abusos por parte de su persona y del citado Juez hoy tercero interesado, quienes incurrieron en dilaciones constantes e indebidas, que le ocasionaron perjuicio al encontrarse tres años recluido en el Centro Penitenciario Palmasola de ese departamento, prácticamente a punto de terminar la pena impuesta, dilaciones que fueron denunciadas en su momento a través de recursos ordinarios y constitucionales, siendo Víctor Hugo Camargo Hoyos ahora tercero interesado, merecedor de tutela en cada una de sus acciones. El 26 de septiembre de 2019, Víctor Hugo Camargo Hoyos hoy tercero interesado, nuevamente solicitó la cesación de su detención preventiva, misma que presuntamente no merecido respuesta por parte de su persona y del Juez ahora tercero interesado, hasta la interposición de su acción de libertad, tomando en cuenta que desde el 11 de octubre de 2019, corría el plazo de cinco días para emitir un fallo conforme dispone el último párrafo del art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP); es decir, hasta el 18 octubre de 2019, sin que su persona y el Juez hoy tercero interesado, emitan una resolución, motivo por el cual tuvo que acudir a la jurisdicción constitucional. Tramitado el proceso disciplinario, Benjamín Baldiviezo Cari, Juez Disciplinario Segundo de la Representación Distrital de Santa Cruz del Consejo de la Magistratura, pronunció la Resolución Definitiva de Primera Instancia 92/23 de 28 de diciembre, declarando probada en parte la denuncia disciplinaria formulada por Víctor Hugo Camargo Hoyos ahora tercero interesado contra su persona y el Juez hoy tercero interesado, por adecuar su conducta a la falta disciplinaria grave prevista por el art. 187.14 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, imponiéndoles una sanción de suspensión del ejercicio de sus funciones por un mes sin goce de haberes e improbada la falta grave prevista por el art. 187.9 de la referida Ley. Su persona fue notificada con la indicada Resolución Definitiva, planteó recurso de apelación, formulando además la excepción de prescripción de la acción disciplinaria, impugnación que dio lugar a que las entonces Decana y Consejera del Consejo de la Magistratura, pronunciaran la Resolución TSI-AP 300/2024 de 19 de junio, la cual declaró improbada la excepción de prescripción y confirmó la Resolución Definitiva de Primera Instancia 92/23; no obstante, omitieron -pronunciarse- sobre la incorrecta valoración de la prueba del Juez de Primera Instancia y resolver todos los argumentos expuestos como agravios en el recurso de apelación planteado; por lo que, se formuló solicitud de complementación, explicación y enmienda, misma que fue resuelta mediante Auto de 2 de abril de 2025, emitida por los Consejeros hoy accionados, quienes declararon no ha lugar a la referida solicitud, quedando sin respuesta los agravios formulados en su recurso de apelación. Las entonces Decana y Consejera del Consejo de la Magistratura, al emitir la Resolución TSI-AP 300/2024 incurrieron en incorrecta aplicación e interpretación del instituto de la prescripción al declararla improbada, omitiendo considerar el plazo de dos años que establece el art. 207.I y II de la LOJ y los razonamientos vinculantes y obligatorios contenidos en la SCP 0241/2021-S4 de 19 de junio, tomando en cuenta que la acción disciplinaria prescribe a los dos años contados a partir del día que se cometió la falta y que la iniciación del proceso disciplinario interrumpe la prescripción, en ese sentido, el art. 30.III inc. b) del Acuerdo 020/2018 de 27 de febrero, establece que el plazo se interrumpe con la citación a la disciplinada con el auto de admisión de la denuncia disciplinaria, lo que impide que la interpretación de esa norma sea aplicada de manera desfavorable a efectos de no dar curso a la prescripción de la acción disciplinaria. En el caso concreto, la supuesta conducta denunciada, es de 18 de febrero de 2020, como la última decisión judicial emitida sobre la cesación a la detención preventiva solicitada por Víctor Hugo Camargo Hoyos hoy tercero interesado y denunciante en el proceso disciplinario, en ese sentido, la citación con la admisión de la acción disciplinaria se practicó el 21 de septiembre de 2021, como fecha de interrupción de la prescripción y el inició nuevamente de su cómputo; en ese contexto, la emisión de la Resolución Definitiva de Primera Instancia 92/23, fue emitida a los dos años, dos meses y siete días, desde su citación con la denuncia y la Resolución TSI-AP 300/2024 después de más de cinco meses, es decir, después de más de dos años y siete meses desde la interrupción del plazo de prescripción; más aun, considerando que la presunta falta disciplinaria data desde la emisión del Auto de 18 de febrero de 2020, pronunciado en cumplimiento al Auto de 3 de igual mes y año, sin retardo indebido o injustificado alguno; cómputo de la prescripción de la acción disciplinaria acorde con la SCP 0241/2021-S4 de 10 de junio, que entre otras, determinó que el disciplinado, no puede estar indefinidamente sometido a la tramitación del proceso disciplinario, considerando su carácter sumario previsto por el art. 3 del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, aprobado mediante Acuerdo 020/2018 de 27 de febrero, correspondiendo en consecuencia declarar la prescripción de la acción disciplinaria. Las entonces Decana y Consejera del Consejo de la Magistratura, al emitir la Resolución TSI-AP 300/2024, incurrieron en vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación respecto a la valoración de la prueba; puesto que, tanto el Juez disciplinario, como el Tribunal de segunda instancia inobservaron lo establecido por los arts. 70 y 74 del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental; por cuanto, omitieron considerar que el tiempo transcurrido de más de tres años que refiere Víctor Hugo Camargo Hoyos ahora tercero interesado, de verse impedido de ejercer su derecho a la libertad, a pesar de la existencia de sus peticiones de cesación de su detención preventiva, todas ellas tuvieron pronunciamiento entre el 2019 y 2020, sobre dicha solicitud, las cuales merecieron recursos de impugnación hasta el último “…Auto de Vista de febrero de 2020…” (sic), que dispuso pronunciar un nuevo auto sobre la cesación de la detención preventiva, conforme detalló en su informe circunstanciado, esos actos judiciales no pueden ser revisados ni analizados con fines disciplinarios, por el principio de independencia judicial. Esa omisión respecto a la valoración de la prueba, no permitió la demostración de la inexistencia del hecho o de la conducta denunciada, generando inclusive inobservancia del principio de verdad material y de legalidad, al no existir coherencia entre el supuesto hecho con la conducta tipificada y por consiguiente la sanción de suspensión de funciones sin goce de haberes impuesta. Las entonces Decana y Consejera del Consejo de la Magistratura, incurrieron en la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de congruencia, al omitir pronunciarse sobre todos los agravios formulados en el recurso de apelación formulado por su persona y por el Juez hoy tercero interesado, respecto a la inexistencia de la conducta disciplinaria en su contra; así también, hicieron referencia a un decreto o providencia de 27 de septiembre de 2019, suscrito únicamente por el nombrado, entonces Presidente del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, desconociendo que la sanción disciplinaria tiene naturaleza intuito personae; ya que, el proceso debe establecer con total claridad y sin duda alguna, quién es responsable del acto u omisión que genera la falta disciplinaria; además que, omitieron explicar los motivos por los cuales no verificaron la valoración probatoria en primera instancia, lo que hace ver que la Resolución de Segunda Instancia resulta estar viciada de nulidad y convirtió al Tribunal de segunda instancia en parcializado, que se despojó de su sana crítica y prudente arbitrio para sancionarle de forma drástica con un mes de suspensión de funciones, sin goce de haberes, basado en un hecho inexistente y forzado para afirmar la existencia de retardación en la tramitación del proceso. Así también, la Resolución TSI-AP 300/2024, inobservó los principios de legalidad, verdad material, indubio pro disciplinado y presunción de inocencia, reconocidos por el art. 7.I, V y VII del Reglamento de Procesos Disciplinarios de la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, al no existir coherencia entre los antecedentes del proceso disciplinario, la decisión asumida, la conducta tipificada en la LOJ como falta disciplinaria gravísima y la sanción más gravosa de destitución del cargo, las entonces Decana y Consejera del Consejo de la Magistratura no consideraron que el tiempo transcurrido para la cesación de la detención preventiva de Víctor Hugo Camargo Hoyos hoy tercero interesado, no es atribuible a su persona y que para que se declare probada la conducta investigada debe existir prueba que genere certeza incuestionable de la comisión de la misma, aspecto que no ocurrió en el presente caso; por lo que, al concurrir duda razonable sobre la existencia de la supuesta conducta reprochable disciplinariamente, correspondía aplicar el principio de in dubio pro disciplinado y declarar improbada la denuncia disciplinaria por no existir prueba suficiente que la respalde, principio vinculado al principio constitucional de presunción de inocencia y al existir actos jurisdiccionales que no pueden ser revisados y sancionados disciplinariamente. La sanción disciplinaria impuesta, resulta desproporcional; debido a que, si bien se trata de una falta grave establecida por el art. 187.14 de la LOJ y que el art. 208 de la citada Ley, establece como sanción la suspensión de funciones sin goce de haberes, de entre uno a seis meses. Inclusive la sanción mínima de un mes, resulta desproporcional, considerando que la misma emerge de un decreto de 27 de diciembre de 2019, que no fue firmado por su persona y porque los tres años que refiere Víctor Hugo Camargo Hoyos ahora tercero interesado de encontrarse privado de libertad, emergen de las solicitudes de cesación a su detención preventiva, tramitadas inclusive con la interposición de recursos de apelación que se consolidaron el 2020.

I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

La accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; así como, a los principios de legalidad, tipicidad, taxatividad, verdad material, indubio pro disciplinado y presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 116. I de la Constitución Política del Estado (CPE) y 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto la Resolución TSI-AP 300/2024 de 19 de junio y el Auto de 2 de abril de 2025, que declaró no ha lugar a su solicitud de complementación, aclaración y enmienda; y, b) Ordenar a los Consejeros ahora accionados, emitan una nueva resolución sin espera de turno y en el plazo de cinco días con base a los argumentos de la resolución constitucional que conceda la tutela.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 19 de agosto de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 658 a 662 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Gabriela Paula Araoz López y Manuel Baptista Espinoza, Consejeros del Consejo de la Magistratura, mediante informe presentado el 19 de agosto de 2025, cursante de fs. 651 a 656, a través de sus abogados y en audiencia manifestaron que: 1) En cuanto a la denuncia de incorrecta aplicación e interpretación del instituto de la prescripción disciplinaria, se tiene que la accionante fue notificada con el Auto de admisión de la denuncia disciplinaria el 25 de septiembre de 2021, como lo reconoce la nombrada accionante de manera concreta, actuado que refleja el inicio del proceso disciplinario y como consecuencia interrumpe la prescripción, en el entendido que la acción disciplinaria prescribe a los dos años a partir del día en que se cometió la falta disciplinaria como lo establece el art. 207 de la LOJ, disposición normativa concordante con el art. 30.III.1 del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental; por consiguiente, siendo que la falta fue cometida el 19 de noviembre de 2019, a la fecha de la citación con el señalado Auto de Admisión de 21 de septiembre de 2021, a la accionada, transcurrieron menos de dos años; por lo que, resulta evidente que la acción disciplinaria no prescribió; 2) En cuanto a la vulneración del derecho al debido proceso por falta de motivación, fundamentación, y por falta de valoración de la prueba, se debe tener presente, que no existió dicha vulneración y que el agravio planteado carece de sustento legal; puesto que, con la emisión de la Resolución TSI-AP 300/2024, no se realizó la valoración de la prueba; debido a que, no es función del Tribunal de segunda instancia, lo contrario significaría vulneración del principio de inmediación en el proceso disciplinario; ya que, es el juez disciplinario de primera instancia el encargado de valorar la prueba; siendo que, la conoció de manera directa y física durante todo el periodo de investigación; sin embargo, el Tribunal de segunda instancia debe aplicar el control de logicidad ante la imposición de un recurso de apelación; puesto que, si bien no le corresponde realizar la valoración de las pruebas desfiladas en el proceso disciplinario por carecer del principio de inmediación; sin embargo, tiene la obligación de verificar que el juez disciplinario de primera instancia realizó dicha tarea, aplicando las reglas de la sana crítica, la lógica, psicología y experiencia, materializadas en la fundamentación del fallo, al margen que, la accionante no señaló qué pruebas concretamente fueron incorrectamente valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas, tampoco indicó en qué medida, la supuesta incorrecta valoración de la prueba, tiene incidencia en la Resolución TSI-AP 300/2024; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, causa por sí misma indefensión material, correspondiendo a la accionante, demostrar materialmente la incidencia en la resolución final a emitirse, es decir, que la mencionada Resolución hoy impugnada hubiese podido ser distinta de haberse practicado la prueba descrita como incorrecta, aspecto que fue omitido en el recurso de apelación, al igual que en la presente acción de amparo constitucional; por lo que, el Juez Disciplinario de primera instancia valoró adecuadamente la pruebas pertinentes, como fue el Auto de 19 de noviembre 2019, lo que demostró que la accionante, se pronunció sobre la cesación a la detención preventiva después de un mes; ya que, la solicitud de cesación fue de 26 de septiembre de 2019, en ese entendido, el Tribunal de segunda instancia, con base al principio de logicidad, advirtió que el Juez Disciplinario de primera instancia actuó correctamente; 3) En relación a la vulneración del derecho al debido proceso por falta de congruencia al no haber emitido pronunciamiento sobre todos los agravios expuestos en el recurso de apelación, esta resulta totalmente alejada de la verdad; ya que, en la Resolución TSI-AP 300/24, se puede advertir que el planteamiento de excepción de prescripción fue debidamente resuelto con la debida fundamentación y motivación, lo mismo sucedió con los tres agravios presentados en el recurso de apelación, eso en razón a que, el proceso disciplinario se llevó adelante por vulneración del art. 239 del CPP modificado por la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-; debido a que, la accionante decretó traslado con la solicitud de cesación de la detención preventiva a las partes el 8 de octubre de 2019 y que a pesar que la denunciante en el proceso penal contestó el traslado el 11 de dicho mes y año, recién el 19 de noviembre mismo año, se emitió el Auto que resolvió la solicitud de cesación a la detención preventiva, adecuando de esa manera su conducta a la falta disciplinaria descrita por el art. 187.14 de la LOJ, por haber retrasado indebidamente la tramitación de las causas a su cargo, justificación que se encuentra expuesta en la Resolución TSI-AP 300/2024; y, 4) Respecto a la inobservancia de los principios constitucionales y reglamentarios de legalidad y taxatividad, verdad material y responsabilidad, previstos por el art. 7 del Acuerdo 020/2018, la jurisprudencia constitucional estableció que los principios constitucionales, no pueden ser tutelados por la acción de amparo constitucional; debido a que, esta tiene por finalidad proteger derechos y garantías fundamentales establecidas en la CPE. Con base a esos argumentos, pidieron se deniegue la tutela solicitada. Respondiendo a las preguntas del Presidente de la Sala Constitucional Primera del Tribunal departamental de Justicia de Santa Cruz, referente a si existe una Resolución que conceda la tutela a Freddy Coronel Alacoma Juez hoy tercero interesado, la accionante a través de su abogado señaló que: existe una Resolución constitucional que concedió la tutela al nombrado, de la cual se presentó una copia legalizada en Secretaría.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Víctor Hugo Camargo Hoyos, mediante memorial presentado el 15 de agosto de 2025, cursante de fs. 636 a 637, así como en audiencia, manifestó que: i) La Resolución TSI-AP 300/2024 fue emitida por efecto del proceso disciplinario en el que se garantizó el derecho a la defensa y al debido proceso y no existe vulneración alguna que amerite su anulación; ii) La acción de amparo constitucional no es una instancia de revisión ordinaria de resoluciones administrativas, sino un mecanismo excepcional para restituir derechos fundamentales vulnerados; iii) La accionante no demostró la vulneración real y cierta a un derecho fundamental, limitándose a cuestionar aspectos como la valoración de la prueba y la interpretación normativa, materias que competen exclusivamente a la jurisdicción ordinaria; y, iv) La accionante contaba con las vías idóneas y eficaces para impugnar las resoluciones administrativas dentro del propio procedimiento disciplinario y/o por la vía contenciosa administrativa. Con base a esos argumentos, solicitó se rechace la acción de amparo constitucional o se declare su improcedencia. Freddy Coronel Alacoma, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional ni remitió informe alguno, pese a su notificación cursante a fs. 622.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 161-2025 de 19 de agosto, cursante de fs. 662 vta. a 664 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) La sustracción de materia deriva de acontecimientos fácticos que modifican sustancialmente la pretensión inicial del accionante dando lugar a la inexistencia de los elementos esenciales que darían lugar al proceso constitucional; es decir, desaparece el objeto mismo de la tutela, extinguiéndose la posibilidad de pronunciarse sobre el análisis de fondo de la pretensión, correspondiendo en esos casos declarar la sustracción de materia y la improcedencia de la acción tutelar planteada en el marco del art. 53.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo); y, b) La accionante hizo conocer en audiencia, la existencia de la Resolución 0139/2025 de 11 de agosto, emitida por efecto de otra acción de amparo constitucional planteada por el -Juez ahora tercero interesado- en la ciudad de Sucre, cuestionando la Resolución TSI-AP 300/2024, la cual también es motivo de observación a través de la presente acción de amparo constitucional y su Auto Complementario, misma que determinó, dejar sin efecto la citada Resolución y su Auto Complementario, lo que evidencia la concurrencia de la sustracción de materia por inexistencia del objeto procesal, aspectos que impiden a esta Sala Constitucional ingresar al fondo de la cuestión planteada en la presente acción de amparo constitucional.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Por memorial presentado el 25 de febrero de 2026, cursante a fs. 669 y vta., Yanet Noemy Paniagua Villa -accionante- solicitó anticipo de sorteo por padecer una enfermedad que pone en riesgo su salud y su vida; ante lo cual, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional mediante el Auto Constitucional (AC) 105/2026-CA/S de 1 de abril, cursante de fs. 674 a 677, dispuso ha lugar a la solicitud de sorteo anticipado del expediente 76546-2025-154-AAC efectuado por la hoy accionante. Mediante decreto constitucional de 14 de mayo de 2026, cursante a fs. 682, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 19 de junio del citado año, cursante a fs. 687; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Auto 192/2021 de 15 de septiembre, emitido por Carlos Spencer Arancibia, entonces Juez Disciplinario Segundo de la Representación Distrital de Santa Cruz del Consejo de la Magistratura, a través del cual se admitió la denuncia planteada por Víctor Hugo Camargo Hoyos -hoy tercero interesado- y dispuso el inicio de investigación contra Freddy Coronel Alacoma -Juez ahora tercero interesado- y Yanet Noemí Paniagua Villa -hoy accionante-, ambos Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, por las supuestas faltas graves establecidas en el art. 187.9 y 14 de la LOJ (fs. 38 y vta.). II.2. Cursa Acta de Citación y Notificación de 21 de septiembre de 2021, efectuada por la auxiliar del Juzgado Disciplinario Tercero de la Representación Distrital de Santa Cruz del Consejo de la Magistratura en suplencia legal, mediante el cual se notificó a la accionante con la denuncia disciplinaria y el auto de admisión (fs. 40). II.3. Mediante Resolución Definitiva de Primera Instancia 92/23 de 28 de diciembre de 2023, el Juez del Juzgado Disciplinario Segundo de la Representación Distrital de Santa Cruz del Consejo de la Magistratura, resolvió declarar probada en parte la denuncia interpuesta por Víctor Hugo Camargo Hoyos ahora tercero interesado contra Yanet Noemí Paniagua Villa accionante y Freddy Coronel Alacoma Juez hoy tercero interesado, por adecuar su conducta a la falta disciplinaria grave prevista en el art. 187.14 de la LOJ, imponiéndoles una sanción de suspensión del ejercicio de sus funciones por un mes sin goce de haberes e improbada la falta grave prevista en el art. 187.9 de la referida LOJ (fs. 369 a 373 vta.). II.4. A través de memorial presentado el 21 de febrero de 2024, ante el Juzgado Disciplinario Segundo de la Representación Distrital de Santa Cruz del Consejo de la Magistratura, la accionante, formuló recurso de apelación contra la Resolución Definitiva de Primera Instancia 92/23 y su Auto Complementario, solicitando se revoque la indicada Resolución, se declare improbada la denuncia y el archivo de obrados (fs. 425 a 431). II.5. Por Resolución TSI-AP 300/2024 de 19 de junio, emitida por las entonces Decana y Consejera, ambas del Consejo de la Magistratura, que confirmó la Resolución Definitiva de Primera Instancia “92/2024” -lo correcto es 92/23- de 28 de diciembre de 2023 (fs. 457 a 466 vta.).

II.6. Cursa Auto de 2 de abril de 2025, a través del cual Manuel Baptista Espinoza y Gabriela Paula Araoz López, del Consejo de la Magistratura -ahora accionados-, declararon no ha lugar a las solicitudes de complementación, explicación y enmienda, interpuestas por la accionante y por Freddy Coronel Alacoma Juez ahora tercero interesado (fs. 523 a 524).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; así como, a los principios de legalidad, tipicidad, taxatividad, verdad material, indubio pro disciplinado y presunción de inocencia; puesto que, las entonces Consejeras al emitir la Resolución TSI-AP 300/2024 de 19 de junio, declararon improbada la excepción de prescripción y confirmaron la Resolución Definitiva de Primera Instancia 92/23 de 28 de diciembre de 2023, incurriendo en: 1) Vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de congruencia, al omitir pronunciarse sobre todos los agravios formulados en su recurso de apelación respecto a la inexistencia de la conducta disciplinaria en su contra; 2) Incorrecta aplicación e interpretación del instituto de la prescripción al declararla improbada, omitiendo considerar el plazo de dos años que establece el art. 207.I y II de la LOJ y los razonamientos vinculantes y obligatorios contenidos en la SCP 0241/2021-S4 de 19 de junio; y, 3) Inadecuada valoración de la prueba, lo que impidió la demostración de la inexistencia del hecho o de la conducta denunciada, en detrimento del principio de verdad material y de legalidad, generando incoherencia entre el supuesto hecho con la conducta tipificada y la sanción de suspensión de funciones sin goce de haberes impuesta. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La fundamentación, motivación y congruencia como elementos del derecho al debido proceso; ii) El proceso disciplinario en el Órgano Judicial y la prescripción de la acción disciplinaria; iii) Sobre la valoración de la prueba en materia disciplinaria; y, iv) Análisis del caso concreto.

III.1. La fundamentación, motivación y congruencia como elementos del derecho al debido proceso

La SCP 0652/2015-S1 de 22 de junio, establece que: “‘La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una Resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una Resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una Resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R de 25 de junio. Asimismo, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la Resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’ SC 2023/2010-R de 9 de noviembre reiterada por la SC 1054/2011-R de 1 de julio). De lo expuesto, inferimos que la fundamentación y la motivación de una Resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la Resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la Resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo. (…) De lo expresado concluimos que la fundamentación y la motivación en una Resolución judicial o administrativa, constituye un deber ineludible de toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una Resolución resolviendo una situación jurídica, en tal razón estos fallos a más de estar debidamente motivadas tienen que tener un sustento jurídico; es decir que, deben estar fundamentadas en elementos de hecho y de derecho” (las negrillas son nuestras). En cuanto a la congruencia, la SCP 0687/2016-S2 de 8 de agosto, citando a la SCP 0177/2013 de 22 de febrero, señala que: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda Resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la Resolución. La concordancia de contenido de la Resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. (…)

El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia, la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. El proceso disciplinario en el Órgano Judicial y la prescripción de la acción disciplinaria

El art. 193 de la CPE, atribuye la potestad punitiva del Estado, en materia disciplinaria de la jurisdicción ordinaria, agroambiental y de las jurisdicciones especializadas al Consejo de la Magistratura, señalando expresamente que será la ley la que determine su estructura y funciones.

De esa forma, la reserva de ley establecida en el precepto constitucional señalado precedentemente, involucra no solo la regulación de la organización de la potestad disciplinaria específicamente atribuida al Consejo de la Magistratura, así como las propias funciones y atribuciones de la indicada entidad, sino que considera como elemento indispensable que, el proceso disciplinario en la jurisdicción ordinaria, agroambiental y especializada, respete la independencia judicial y la específica función que cumplen jueces y vocales al ejercer un poder del Estado; por consiguiente, el único propósito de este tipo de procesos, no es solamente la verificación de los elementos de la falta y la subsunción de la conducta del procesado a la misma; sino a su vez, también debe controlarse que el mismo sea tramitado en resguardo de los principios constitucionales.

La independencia judicial es un principio inherente de la función de impartir justicia y garantiza al juez, el ejercicio de sus atribuciones con respeto irrestricto a las normas constitucionales y legales en vigencia; no obstante, tiene como límite, la responsabilidad de dicha autoridad ante un posible exceso o infracción que pudiese cometer en el ejercicio de la actividad jurisdiccional, el cual se constatará mediante un proceso disciplinario; empero, éste debe efectuarse con independencia, imparcialidad y estricto apego al orden jurídico como al constitucional y en relación estricta a las infracciones del ordenamiento jurídico, relativas al desempeño de las funciones, como todo proceso se encuentra fundado en principios y valores constitucionales que garanticen el debido proceso; es decir, la materialización de los derechos a la defensa, de contradicción y controversia de la prueba, así como los principios de legalidad de la falta y de la sanción disciplinaria, publicidad, doble instancia, presunción de inocencia, imparcialidad, non bis in ídem, cosa juzgada, prohibición de la reformatio in peius, todos consagrados por la Norma Suprema y también por los distintos instrumentos internacionales aplicables en la legislación interna a través del bloque de constitucionalidad. A ellos, se añade el principio de verdad material, cuyo contenido constitucional reconocido por el art. 180.I de la CPE, implica la superación de la dependencia de la verdad formal, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones. En cuanto a la prescripción de la acción disciplinaria, el art. 207 de la LOJ, establece que la acción disciplinaria prescribirá a los dos años contados a partir del día en que se cometió la falta, señalando también que, la iniciación del proceso disciplinario interrumpe la prescripción.

Asimismo, conforme a la previsión contenida en el art. 30.I del Reglamento de los Procesos Disciplinarios para el personal Judicial de la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, aprobado por Acuerdo 020/2018, emitido por la Sala Plena del Consejo de la Magistratura, respecto a la prescripción, refiere: a) La acción disciplinaria prescribe a los dos años, computables a partir del día en que se cometió la falta. b) Este plazo se interrumpe con la citación a la disciplinada o disciplinado con el auto de admisión de la denuncia disciplinaria.

III.3. Sobre la valoración de la prueba en materia disciplinaria

La valoración de la prueba, en los procesos disciplinarios, está sujeto a los criterios establecidos por el art. 74 del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, que establece: “…Juez o Tribunal Disciplinario, asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentado el valor que les otorga en base a la apreciación El conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida"

Por lo que, el sistema de valoración de las pruebas adoptado para la tramitación de los procesos disciplinarios, citada, según la norma precedentemente es la sana crítica, que según la jurisprudencia desarrollada en la SC 1480/2005-R de 22 de noviembre y reiterada en la SCP 0238/2018-S2 de 11 junio, se define como el sistema que considera “…un conjunto de normas y de criterios de los jueces, basados en las reglas de la lógica, de lo que le dicta su experiencia, de principios de la psicología, y aún del sentido común, que aunadas llevan al convencimiento humano (...) la sana critica, implica que la autoridad judicial, a tiempo de dictar Sentencia debe considerar: las reglas de la experiencia, que son aquellas que conoce el hombre común; las reglas de la psicología referidas no a las normas elaboradas por ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos; además de las reglas de la lógica, vale decir la regla de la identidad, la regla de contradicción, la regla de tercero excluido o la regla de razón suficiente”.

III.4. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; así como, a los principios de legalidad, tipicidad, taxatividad, verdad material, indubio pro disciplinado y presunción de inocencia; puesto que, las entonces Consejeras al emitir la Resolución TSI-AP 300/2024 de 19 de junio, declararon improbada la excepción de prescripción y confirmaron la Resolución Definitiva de Primera Instancia 92/23 de 28 de diciembre, incurriendo en: a) Vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de congruencia, al omitir pronunciarse sobre todos los agravios formulados en su recurso de apelación respecto a la inexistencia de la conducta disciplinaria en su contra; b) Incorrecta aplicación e interpretación del instituto de la prescripción al declararla improbada, omitiendo considerar el plazo de dos años que establece el art. 207.I y II de la LOJ y los razonamientos vinculantes y obligatorios contenidos en la SCP 0241/2021-S4 de 19 de junio; y, c) Inadecuada valoración de la prueba, lo que impidió la demostración de la inexistencia del hecho o de la conducta denunciada, en detrimento del principio de verdad material y de legalidad, generando incoherencia entre el supuesto hecho con la conducta tipificada y la sanción de suspensión de funciones sin goce de haberes impuesta. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que, por efecto de la denuncia interpuesta por Víctor Hugo Camargo Hoyos ahora tercero interesado, el Juez Disciplinario Segundo del Consejo de la Magistratura, por Auto de 15 de septiembre de 2021, admitió la denuncia y dispuso el inicio de investigación contra la accionante y el Juez hoy tercero interesado, por la supuesta comisión de las faltas graves establecidas por el art. 187.9 y 14 de la LOJ (Conclusión II.1.). Decisión con la que fue citada y notificada la accionante el 21 de septiembre de 2021 (Conclusión II.2.). Tramitado el proceso Disciplinario, se emitió la Resolución Definitiva de Primera Instancia 92/23 de 28 de diciembre de 2023, mediante la cual se declaró probada en parte la denuncia interpuesta en contra de la accionante y del Juez hoy tercero interesado, por adecuar su conducta a la falta disciplinaria grave prevista por el art. 187.14 de la LOJ, imponiéndoles una sanción de suspensión del ejercicio de sus funciones por un mes sin goce de haberes e improbada la falta grave prevista en el art. 187.9 de la citada Ley (Conclusión III.3.). Posteriormente, a través de memorial presentado el 21 de febrero de 2024, ante el Juzgado Disciplinario Segundo de la Representación Distrital de Santa Cruz del Consejo de la Magistratura, la accionante, interpuso recurso de apelación contra la Resolución Definitiva de Primera Instancia 92/23 y su “Auto Complementario 1/2024”, solicitando se revoque la indicada Resolución Definitiva de Primera Instancia y se declare improbada la denuncia y el archivo de obrados (Conclusión II.4.). Por la mencionada impugnación, se emitió la Resolución TSI-AP 300/2024, mediante la cual las entonces Consejeras del Consejo de la Magistratura confirmaron totalmente la Resolución Definitiva de Primera Instancia 92/23 (Conclusión II.5.). Finalmente, por Auto de 2 de abril de 2025, los Consejeros ahora accionados declararon no ha lugar a las solicitudes de complementación, explicación y enmienda, interpuestas por la accionante y el Juez hoy tercero interesado (Conclusión II.6.). Establecidos los antecedentes procesales e identificadas las problemáticas respecto a la Resolución TSI-AP 300/2024, se advierte que la accionante señala que el Juez Disciplinario vulneró sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; y, de los principios de legalidad, tipicidad, taxatividad, verdad material, indubio pro disciplinado y presunción de inocencia, en ese sentido, con la finalidad de verificar si estas denuncias resultan evidentes, corresponde revisar el contenido del recurso de apelación interpuesta por la accionante y por el Juez ahora tercero interesado contra la Resolución Definitiva de Primera Instancia 92/23 y contrastarlo con los argumentos expuestos en la Resolución TSI-AP 300/2024. En ese contexto, la accionante en el referido recurso de apelación señaló que:

1) PRIMER AGRAVIO.- De acuerdo al art. 207.I de la LOJ “La acción disciplinaria prescribirá a los dos (2) años contados a partir del día en que se cometió la falta". Asimismo, el Acuerdo 020/2018 de 28 de febrero, en su art. 30.II.1, inc. a) establece “La acción disciplinaria prescribe a los dos años, computables a partir del día en que se cometió la falta". En ese contexto, el supuesto acto vulneratorio, según la denuncia correspondería a la solicitud de cese de la detención preventiva de 5 de agosto de 2019, mismo que fue resuelto el 29 de igual mes y año, siendo el punto de inicio y de la revisión de la carátula de la denuncia, que fue presentada el 13 de septiembre de 2021, que mereció el decreto de admisión de 15 de mismo mes y año; así también, se realizó la notificación el 21 del referido mes y año, lo que demuestra que el proceso disciplinario fue planteado después de dos años, un mes y ochos días y notificado a la accionante, dos años, un mes y dieciséis días después, este aspecto del transcurso del tiempo generó la prescripción del hecho, elemento que el Juez Disciplinario no observó a tiempo de emitir la Resolución Definitiva de Primera Instancia 92/23 y/o el Auto Complementario 1/2024. 2) SEGUNDO AGRAVIO, errónea valoración de la prueba y aplicación de la norma; debido a que, el Juez Disciplinario, no se ha munido de toda la información necesaria, para que pueda tener una clara noción de los hechos, conforme a la supuesta responsabilidad que se le pretende endilgar; ya que, supuestamente no hubiese cumplido con el procedimiento y los plazos procesales establecidos por el art. 239 del CPP; es decir, resolver la solicitud de detención preventiva dentro de los siguientes cinco días, sin tomar en cuenta la aplicación del principio de verdad material y sin considerar los siguientes hechos no investigados: i) El 20 de octubre de 2019, se llevó adelante las elecciones nacionales en nuestro país, misma que terminó en una serie de reacciones de la sociedad por efecto de los resultados emitidos por el Tribunal Supremo Electoral, que derivó en reacciones de la sociedad y por efecto de la convulsión social se tuvo una serie de destrozos y toma descontrolada de diferentes instituciones públicas de las cuales el Órgano Judicial no estuvo ajeno; ii) En el caso concreto, según antecedentes, la Auxiliar de apoyo jurisdiccional, emitió informe haciendo conocer que todas las partes fueron notificadas, pasando a despacho para Resolución de 22 de octubre de igual año, teniendo cinco días para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva; iii) Ante la existencia de caos y convulsión a nivel nacional, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, emitió Nota con “CITE PRES. N° 755/2019”, por medio del cual dispuso que a partir del 23 de mismo mes y año, se suspenden plazos procesales, así como se suspende toda atención al público en todo el Órgano Judicial; iv) La suspensión de actividades y plazos procesales se mantuvo hasta el 13 de noviembre de igual año; por tanto, no se tuvo atención al público, ni a los litigantes, tampoco se contabilizó los plazos procesales durante veinte días -de 23 de octubre al 13 de noviembre de 2019-, aspecto que también fue desarrollado en la SCP 0253/2020-S3 de 13 de julio; v) No podía bridarse atención al público porque las oficinas del “Palacio de Justicia” estaban cerradas y los plazos procesales estaban suspendidos por instrucción del Tribunal Supremo de Justicia y la misma tuvo una duración de veinte días calendario, en ese sentido, tomando en cuenta que la suspensión de plazos duro hasta el 13 de noviembre de 2019, el cuaderno de control jurisdiccional ingresó a despacho el -martes- 22 de octubre de igual año; por lo tanto, el primer día hábil fue el -miércoles- 23 del citado mes y año, día que se trabajó únicamente hasta las 11:00 horas, suspendiendo los plazos procesales y paralizando la atención al público de forma general; entonces, si la suspensión duró hasta el 13 de noviembre de igual año, el 14 del mismo mes y año se contabiliza el día dos, y el 15 corresponde al día tres; los días 16 y 17 no se contabilizan por ser fin de semana; en consecuencia, el lunes 18 de mismo mes y año, corresponde al día cuatro y el martes 19 de ese mes y año, se constituye en el día cinco, último día para emitir la respectiva resolución respecto a la cesación a la detención preventiva, lo que demuestra que de una forma totalmente errónea que el Juez Disciplinario no realizó un correcto cómputo de plazos procesales, al no haber descontado los veinte días calendario, que por la convulsión social generalizada el “Palacio de Justicia” estuvo cerrado y los plazos procesales fueron suspendidos por mandato del Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad establecida por el art. 124 de la LOJ, lo que demostraría que el nombrado Juez incurrió en error de cómputo de plazos y en base a fundamentos erróneos, pretende aplicarle una sanción totalmente ilegal, aspecto que denota el escaso trabajo de investigación que ha realizado, lo que atentó contra el derecho al debido proceso y la correcta valoración de la prueba de la accionante. 3) TERCER AGRAVIO.- Falta de congruencia, fundamentación y motivación en la Resolución Definitiva de Primera Instancia 92/23; puesto que, de una revisión minuciosa de su contenido, se puede advertir que su motivación y fundamentación son una copia fiel en un “95%” de la SCP 0253/2020-S3 de 13 de julio, lo cual evidentemente vulneró el derecho al debido proceso; puesto que, fue juzgado por el Juez Disciplinario, pero con base a una fundamentación, motivación y congruencia, de la referida Sentencia Constitucional Plurinacional, emitida dentro de una acción de libertad; este hecho es totalmente inadmisible y reprochable; ya que, se constituye en una resolución como resultado de plagio, entendida esa como la acción de “copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias”, es decir, se pretende imponer una sanción de suspensión del ejercicio de sus funciones por un mes sin goce de haberes con base a los argumentos expresados en la SCP 0253/2020-S3, lo cual es totalmente inadmisible dentro de la administración de justicia y se sale de los elementos de la lógica. 4) CUARTO AGRAVIO.- Violación al principio de seguridad jurídica; debido a que, desde la fecha del supuesto hecho vulneratorio hasta la presentación de la denuncia trascurrieron más de dos años, en ese sentido, en el marco de la Ley y la doctrina, la responsabilidad prescribe a los dos años; así mismo, la jurisprudencia constitucional que tiene el carácter vinculante, determinó que la prescripción no solo opera a petición expresa sino que el Juez está en la obligación de verificar que los hechos denunciados estén dentro del plazo y no hayan prescrito, aspecto que necesariamente debe ser tomada en cuenta a tiempo de emitir la Resolución Definitiva de Primera Instancia. Al respecto, las entonces Decana y Consejera; ambas del Consejo de la Magistratura en la Resolución TSI-AP 300/2024, señalaron lo siguiente: a) Respecto a la prescripción, considerando que el 13 de septiembre de 2021, Victor Hugo Carmargo Hoyos ahora tercero interesado, presentó denuncia disciplinaria, para su determinación, de oficio se procedió a efectuar el cómputo de plazo, si procede o no la misma, considerando que la solicitud de cesación a la detención preventiva se efectuó el 26 de mismo mes de 2019 y corrida en traslado se contestó el 11 de octubre de igual año por la “parte civil”, solicitud que debía ser resuelta en el plazo de cinco días para emitir un pronunciamiento sobre el fondo, conforme dispone el último párrafo del art. 239 del CPP, es decir, según la denuncia hasta el 18 de ese mes y año, siendo esa fecha la que se consideró a efectos del cómputo de la prescripción.

También se consideró la pandemia del COVID-19, tiempo durante el cual se emitieron una serie de disposiciones legales por parte del Gobierno Nacional, que implicaron la suspensión de actividades públicas y privadas, que conllevaron a la suspensión de plazos por la situación excepcional por la que se estaba atravesando; en ese entendido, correspondió efectuar una interpretación amplia y no restrictiva; por cuanto, al estar suspendida las actividades públicas no era posible interponer acción alguna durante el periodo de tiempo de la cuarentena rígida; por lo que, los plazos legales como el de la prescripción no podían transcurrir en perjuicio del titular de derecho mientras estuviera vigente el estado excepcional de la cuarentena rígida o total, lo que implica que esa circunstancia debe ser analizada a efectos de poder determinar si transcurrió más de dos años para que proceda la referida excepción. En ese sentido, en mérito a los Decretos Supremos 4229 de 29 de abril y 4245 de 28 de mayo, como la Resolución Ministerial 233/2020 de 29 de igual mes, se determinó la modalidad de trabajo en el servicio público, con horario continuo de seis y ocho horas de trabajo, considerando la clasificación de los niveles de riesgo de contagio medio y moderado, así como la suspensión de actividades en caso de riesgo alto; por lo que, en el caso de Santa Cruz de la Sierra, al ser un municipio catalogado con un nivel de riesgo alto, se dispuso mantener la cuarentena rígida con suspensión de actividades públicas y privadas de 1 de junio a 5 de julio de 2020, para posteriormente por Decreto Departamental 309/2020 de 3 de julio, ingresar a una cuarentena rígida flexible, con una jornada laboral de seis horas. Por consiguiente, se tiene que entre el 18 de octubre de 2019 al 22 de marzo de 2020, transcurrió cinco meses y cuatro días, volviendo a computarse desde el 6 de julio del mismo año a 21 de septiembre de 2021, fecha en que los jueces disciplinados fueron notificados con el Auto de Admisión, transcurriendo un año, dos meses y quince días; haciendo un total de un año, siete meses y diecinueve días; por lo que, no tiene lugar la excepción de prescripción. b) Sobre la denuncia de incorrecta valoración de la prueba y errónea aplicación de la norma por parte del Juez Disciplinario, respecto al incumplimiento del procedimiento y plazos procesales previstos por el art. 239 del CPP, señalaron que, revisados los antecedentes del proceso disciplinario, resulta evidente que dentro del proceso penal con NUREJ 201701266, el 26 de septiembre de 2019, el ahora tercero interesado, solicitó cesación a su detención preventiva, mereciendo el decreto de 27 del señalado mes y año, por parte del Juez hoy tercero interesado, disponiendo poner en conocimiento de las partes procesales para que contesten en el plazo de tres días a partir de su legal notificación de conformidad al art. 239.2 del CPP, disponiendo que por secretaría una vez notificadas las partes procesales con o sin contestación pase a despacho el cuaderno de control jurisdiccional para dictar resolución, procediéndose a notificar a las partes procesales el 8 octubre de igual año, no habiendo contestado el Fiscal de Materia, pero si la denunciante el 11 de ese mes y año, que dio lugar a la emisión del decreto de 15 de mismo mes y año, que estableció: “…se tiene presente y se considerará al momento de dictarse Resolución", emitiendo pronunciamiento de fondo respecto a la solicitud de cesación a la detención preventiva, recién el 19 de noviembre de ese año.

En ese contexto, se tiene que conforme señaló el Juez Disciplinario en la Resolución Disciplinaria impugnada, la accionante y Juez ahora tercero interesado no cumplieron con el plazo previsto por el art. 239.2 del CPP, que establece: “(...) En el caso de los numerales 2 y 3, la o el Juez o Tribunal dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, correrá traslado a las partes quienes deberán responder en el plazo de tres (3) días. Con contestación o sin ella, la o el Juez o Tribunal dictará Resolución sin necesidad de audiencia, dentro de los cinco (5) días siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos". En ese sentido, advirtieron que una vez contestada la solicitud de cesación de la detención preventiva por la víctima y ante la falta de contestación por parte del Fiscal de Materia, no se emitió un pronunciamiento sino hasta el 19 de noviembre de 2019, es decir, después de casi un mes de emitido el decreto de 15 de octubre de dicho año, el cual dispuso que la contestación de la víctima sería considerada al momento de dictar Resolución.

Respecto al argumento del Juez Disciplinario, no consideró que, luego de las Elecciones Nacionales de 20 de octubre de 2019, se suscitaron una serie de hechos que convulsionaron el país que dio lugar a la suspensión de actividades y plazos procesales por veinte días calendario, que se extendieron hasta el 13 de noviembre de igual año y considerando que el cuaderno de control jurisdiccional ingresó a despacho el 22 de octubre de ese año, con el informe de la Auxiliar haciendo conocer que todas las partes procesales fueron notificadas, el primer día hábil fue el miércoles 23 de ese mes y año, día que se trabajó hasta las 11:00 horas, el 14 de noviembre del citado año, se contabiliza el día dos, el viernes 15 corresponde el día tres; los días 16 y 17 no se contabilizan por ser fin de semana; el lunes 18 de dicho mes y año, corresponde al día cuatro y el martes 19 es día cinco, último día para emitir la respectiva resolución.

Al respecto, consideraron que los argumentos esgrimidos en su memorial de apelación, no fueron expuestos en el informe circunstanciado de 27 de septiembre de 2021, ni se presentó prueba de descargo respecto a los puntos señalados que pudieran haber sido objeto de valoración por parte del Juez Disciplinario; además que, los eventos a los que hace referencia se suscitaron de manera posterior a la contestación de parte de la víctima y vencimiento del plazo de los tres días para que el Fiscal de Materia emitiera un pronunciamiento, respecto a la solicitud a la cesación de la detención preventiva del hoy tercero interesado, tomando en cuenta que el cuaderno de control jurisdiccional ingresó a despacho antes del Informe de 22 de octubre de 2019, emitido por la Auxiliar, según se advierte del decreto de 15 de igual mes y año, momento en que la accionante y el juez ahora tercero interesado, debieron revisar el cuaderno de control jurisdiccional y dar una respuesta a la solicitud efectuada por el acusado, quien ante la falta de pronunciamiento tuvo que interponer una acción de libertad. En ese entendido, concluyeron que no existió error de parte del Juez Disciplinario respecto al cómputo de los cinco días, establecido por el art. 239 del CPP, considerando que el plazo debió computarse desde el 15 de octubre de 2019, fecha en que el cuaderno de control jurisdiccional ingresó a despacho luego de vencido el plazo de los tres días para contestar el memorial por la víctima y el Fiscal de Materia y no desde el 22 de ese mes y año, como señalan la accionante y el Juez ahora tercero interesado, lo que demuestra que dicha autoridad, valoró de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor específico a cada uno de ellos de forma motivada. Por otra parte, es necesario señalar que para que la conducta de la accionante y el Juez hoy tercero interesado -Jueces disciplinados- se adecue al tipo disciplinario del art. 187.14 de la LOJ, se advirtió que no existían razones para que los nombrados no hubiesen emitido un pronunciamiento sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva cuando el cuaderno de control jurisdiccional se encontraba en despacho el 15 de octubre de 2019, habiendo transcurrido desde la indicada fecha casi un mes para emitir un pronunciamiento, lapso de tiempo que no puede considerarse como un plazo razonable. c) En cuanto al agravio respecto a que la Resolución Disciplinaria impugnada carece de fundamentación, motivación y congruencia, por cuanto la misma sería una copia de la SCP 0253/2020-S3 de 13 de julio y que se pretendería imponer una sanción con base a un plagio.

Al respecto, se tiene que el Juez Disciplinario a efecto de asumir su determinación valoró la prueba aportada por las partes y la recolectada en la investigación, entre los que se encuentran los antecedentes de la solicitud a la cesación de la detención preventiva efectuada por Victor Hugo Carmargo Hoyos ahora tercero interesado el 26 de septiembre de 2019, la que resulta coincidente con la que fue analizada en la SCP 0253/2020-S3 de fecha 13 de julio; por lo que, a efectos de determinar si existió retardación en la tramitación de la referida solicitud, es razonable que los motivos y los fundamentos sean similares. En los cuadros expuestos por la accionante y el Juez hoy tercero interesado, en su memorial de apelación, en los que a su criterio se demuestra que existiría un plagio; además que, no se observa lo denunciado; puesto que, ellos mismos tachan con rojo el texto que no es coincidente entre la Resolución Disciplinaria impugnada y la referida Sentencia Constitucional Plurinacional, siendo lo único similar la normativa a la que hacen referencia ambas Resoluciones, tomando en cuenta que plagio sería una copia textual e idéntica de la fundamentación y motivación de la SCP 0253/2020-S3; por lo que, sin ingresar en mayor análisis, se tiene que el agravio es improcedente. d) En relación al agravio sobre violación del principio de seguridad jurídica; debido a que, desde la fecha del supuesto hecho vulneratorio hasta la fecha de la presentación de la denuncia trascurrieron más de dos años, prescribiendo la responsabilidad; por lo que, debió haberse considerado que la jurisprudencia constitucional determinó que la prescripción no sólo opera a petición expresa de parte sino que el juez está en la obligación de verificar que los hechos denunciados estén dentro del plazo y no prescriba por el carácter vinculante de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales.

Al respecto, se tiene que en la Resolución TSI-AP 300/2024 se resolvió la excepción de prescripción, habiéndose establecido que el hecho por el cual se inició el presente proceso disciplinario es por la presunta dilación en emitir un pronunciamiento respecto a la solicitud de cesación a la detención preventiva de 26 de septiembre de 2019, no así en relación a la solicitud de cesación a la detención preventiva de 5 de agosto de ese año, que se resolvió con Auto de 29 de igual mes y año, razón por la cual, de oficio se procedió a analizar si la facultad de iniciar la acción disciplinaria hubiese prescrito, concluyendo que entre la presunta comisión del hecho denunciado y la citación con el Auto de Admisión a la accionante y al Juez hoy tercero interesado, transcurrió un año, siete meses y cuatro días; por lo que, la citada excepción no es procedente.

En dicho antecedente, en cuanto a la primera problemática, la cual hace referencia a la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de congruencia; debido a que, los Consejeros ahora accionados omitieron pronunciarse sobre todos los agravios formulados en su recurso de apelación respecto a la inexistencia de la conducta disciplinaria en su contra.

En ese contexto, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa que, toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o emita una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión con base a los hechos y la normativa aplicable al caso; asimismo, la decisión adoptada debe de tener coherencia o congruencia interna o externa; es decir, la necesaria adecuación entre lo resuelto por la autoridad y lo planteado por las partes dentro de la litis, de manera que la resolución no puede apartarse de lo pedido, ni otorgar más o menos de lo solicitado, ni pronunciarse sobre aspectos no introducidos al proceso.

Asimismo, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la vulneración de ese principio se traduce en una afectación directa al debido proceso en su elemento de fundamentación y motivación; puesto que, se vulnera el derecho de las partes a obtener una respuesta motivada y coherente con los términos de su pretensión. En este entendido, la congruencia externa no solo es una exigencia formal, sino una garantía sustancial de justicia, en tanto preserva la correlación necesaria entre lo demandado, lo debatido y lo resuelto, consolidando la confianza de los justiciables en la imparcialidad y legalidad de la función jurisdiccional.

En el marco de lo referido y efectuando la contrastación entre los agravios expuestos en el recurso de apelación y lo resuelto por los Consejeros ahora accionados, en la Resolución TSI-AP 300/2024, se advierte que, con relación al primer agravio expuesto en el recurso de apelación, referido a la prescripción de la acción disciplinaria al momento de su interposición, los mencionados Consejeros, señalaron que, estando establecido que el hecho por el cual se inicia el presente proceso disciplinario, es por la presunta dilación en emitir un pronunciamiento respecto a la solicitud de cesación a la detención preventiva de 26 de septiembre de 2019, no así en relación a la solicitud de cesación de detención preventiva de 5 de agosto de ese año, que se resolvió con el Auto de 29 del mismo mes y año, de oficio se procedió a analizar si la facultad de iniciar la acción disciplinaria hubiese prescrito, concluyendo que, entre la presunta comisión del hecho denunciado y la citación con el Auto de Admisión a la accionante y al Juez hoy tercero interesado, transcurrió un año, siete meses y cuatro días; por lo que, la citada excepción no es procedente. Lo que demuestra que los mismos se pronunciaron sobre este agravio.

En cuanto al segundo agravio contenido en el recurso de apelación, el cual hace mención a la denuncia de errónea valoración de la prueba y aplicación de la norma; debido a que, el Juez Disciplinario, no se ha munido de toda la información necesaria, para que pueda tener una clara noción de los hechos, conforme a la supuesta responsabilidad que se le pretende endilgar por supuestamente no cumplir con el procedimiento y los plazos procesales establecidos por el art. 239 del CPP y no consideró el principio de verdad material, respecto a las elecciones nacionales de 20 de octubre de 2019, las convulsiones sociales a nivel nacional, el ingreso del cuaderno de control jurisdiccional a despacho el 22 de dicho mes y año, la suspensión de actividades jurisdiccionales a partir del 23 de ese mes y año, hasta el 13 de noviembre de igual año, suspendiéndose los plazos procesales por veinte días; por lo que, el martes 19 de mismo mes y año, se constituye en el día quinto para emitir Resolución.

Los Consejeros hoy accionados señalaron que, respecto al argumento de que el Juez Disciplinario no consideró que, luego de las elecciones nacionales de 20 de octubre de 2019, se suscitaron una serie de hechos que convulsionaron el país que dio lugar a la suspensión de actividades y plazos procesales por veinte días calendario, que se extendieron hasta el 13 de noviembre del referido año y considerando que el cuaderno de control jurisdiccional ingresó a despacho el 22 de octubre de dicho año, con el informe de la auxiliar haciendo conocer que todas las partes procesales fueron notificadas, el primer día hábil que fue el miércoles 23 de ese mes y año, día que se trabajó hasta las 11:00 horas, el 14 de noviembre del citado año, se contabiliza el día dos, el viernes 15 corresponde el día tres; los días 16 y 17 no se contabilizan por ser fin de semana; el lunes 18 de dicho mes y año, corresponde al día cuatro y el martes 19 es día cinco, último día para emitir la respectiva resolución. Al respecto, consideraron que los argumentos alegados en su memorial de apelación, no fueron expuestos en el informe circunstanciado de 27 de septiembre de 2021, ni se presentó prueba de descargo respecto a los puntos señalados que pudieran haber sido objeto de valoración por parte del Juez Disciplinario; además que, los eventos a los que hace referencia se suscitaron de manera posterior a la contestación de parte de la víctima y vencimiento del plazo de los tres días para que el Fiscal de Materia emitiera un pronunciamiento respecto a la solicitud a la cesación de la detención preventiva del ahora tercero interesado, tomando en cuenta que el cuaderno de control jurisdiccional ingresó a despacho antes del Informe de 22 de octubre de 2019, emitido por la auxiliar, según se advierte del decreto de 15 de ese mes y año, momento en que la accionante y el Juez hoy tercero interesado, debieron revisar el cuaderno de control jurisdiccional y dar una respuesta a la solicitud efectuada por el acusado, quien ante la falta de pronunciamiento tuvo que interponer una acción de libertad. De lo expuesto, es posible concluir que la Resolución TSI-AP 300/2024, se pronunció sobre este agravio.

En relación al tercer agravio, referido a la falta de congruencia, fundamentación y motivación en la Resolución Definitiva de Primera Instancia 92/23; empero, de una revisión minuciosa de su contenido, se puede advertir que su motivación y fundamentación son una copia fiel en un 95% de la SCP 0253/2020-S3 de 13 de julio, lo cual evidentemente vulneró el derecho al debido proceso; ya que, fue juzgado por el Juez Disciplinario; empero, con base a una fundamentación, motivación y congruencia, de la referida Sentencia Constitucional Plurinacional. Al respecto, los Consejeros ahora accionados respondieron, señalando que, en los cuadros expuestos por la accionante y el Juez hoy tercero interesado en su memorial de apelación, en los que a su criterio se demuestra que existiría un plagio; sin embargo, no se observa lo denunciado, por lo que deciden sin ingresar en mayor análisis, declarar al agravio improcedente. En ese sentido, se observa que los Consejeros hoy accionados eludieron responder en el marco del agravio expuesto en sentido de que el 95% del contenido de la Resolución Definitiva de Primera Instancia 92/23, es una copia fiel de la SCP 0253/2020-S3, incumpliendo lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, que establece que las autoridades administrativas y judiciales, deben de tener coherencia o congruencia interna o externa; es decir, la necesaria adecuación entre lo resuelto por la autoridad y lo planteado por las partes dentro de la litis, de manera que la resolución no puede apartarse de lo pedido, ni otorgar más o menos de lo solicitado, ni pronunciarse sobre aspectos no introducidos al proceso. En consecuencia, al evidenciarse vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de congruencia externa, corresponde otorgar la tutela solicitada.

En cuanto al cuarto agravio, referido a la vulneración del principio de seguridad jurídica; debido a que, desde la fecha del supuesto hecho vulneratorio hasta la presentación de la denuncia trascurrieron más de dos años y que por efecto de la jurisprudencia constitucional, la prescripción no solo opera a petición expresa, sino que el Juez está en la obligación de verificar que los hechos denunciados estén dentro del plazo y estos no prescriban.

En relación a esa denuncia, los Consejeros hoy accionados, indicaron que se resolvió la excepción de prescripción, estableciéndose que el hecho por el cual se inicia el presente proceso disciplinario es por la presunta dilación en emitir un pronunciamiento respecto a la solicitud de cesación de la detención preventiva de 26 de septiembre de 2019, no así en relación a la solicitud de cesación de detención preventiva de 5 de agosto de dicho año, que se resolvió con Auto de 29 de igual mes y año, razón por la cual, de oficio se procedió a analizar si la facultad de iniciar la acción disciplinaria hubiese prescrito, concluyendo que entre la presunta comisión del hecho denunciado y la citación con el Auto de Admisión a la accionante y al Juez ahora tercero interesado, transcurrió un año, siete meses y cuatro días; por lo que, la citada excepción no es procedente.

De lo expuesto, se evidencia que los Consejeros hoy accionados no cumplieron con la congruencia externa, por cuanto, la Resolución TSI-AP 300/2024, no contiene la necesaria correspondencia entre los agravios planteados por la accionante y el Juez ahora tercero interesado en su recurso de apelación y lo resuelto por los referidos Consejeros; ya que, la decisión jurisdiccional y los argumentos que la respaldan omitieron emitir un pronunciamiento coherente respecto al tercer agravio contenido en el recurso de apelación formulado por los nombrados, de manera que resulta evidente que la señalada resolución ahora cuestionada, vulneró el derecho al debido proceso en su elemento de congruencia al no pronunciarse sobre todos los argumentos de fondo planteados en dicho recurso de apelación. Por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada.

En cuanto a la segunda problemática identificada en la presente acción tutelar, referida a la incorrecta aplicación e interpretación del instituto de la prescripción al declararla improbada, omitiendo considerar el plazo de dos años que establece el art. 207.I y II de la LOJ y los razonamientos vinculantes y obligatorios contenidos en la SCP 0241/2021-S4 de 19 de junio. Al respecto, los Consejeros hoy accionados, indicaron que, el hecho por el cual se inicia el presente proceso disciplinario es por la presunta dilación en emitir un pronunciamiento respecto a la solicitud de cesación a la detención preventiva de 26 de septiembre de 2019, no así en relación a la solicitud de cesación de detención preventiva de 5 de agosto de igual año, que se resolvió con el Auto de 29 de mismo mes y año, de oficio se procedió a analizar si la facultad de iniciar la acción disciplinaria hubiese prescrito, concluyendo que entre la presunta comisión del hecho denunciado y la citación con el Auto de Admisión a la accionante y el Juez ahora tercero interesado, transcurrió un año, siete meses y cuatro días; por lo que, la citada excepción no es procedente.

En el contexto referido, los Consejeros ahora accionados de oficio ingresaron a considerar la excepción de prescripción, y de forma correcta declararon improcedente la misma, tomando en cuenta que, la solicitud de cesación a la detención preventiva se efectuó el 26 de septiembre de 2019 y corrida en traslado se contestó el 11 de octubre de igual año, por la “parte civil”, solicitud que debía ser resuelta en el plazo de cinco días para emitir un pronunciamiento de fondo, conforme dispone el último párrafo del art. 239 del CPP, es decir, hasta el 18 de octubre de ese año, siendo esta fecha el punto de partida a los efectos del cómputo de la prescripción.

En ese sentido, en el marco del Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción disciplinaria prescribe a los dos años, computables a partir del día en que se cometió la falta, siendo que este plazo se interrumpe con la citación a la disciplinada o disciplinado con el auto de admisión de la denuncia disciplinaria. En el marco de lo referido desde el 18 de octubre de 2019, día en la que se cometió la presunta falta disciplinaria por retardación en la emisión de la resolución sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva hasta el 21 de septiembre de 2021, fecha en la que se notificó a Victor Hugo Camargo Hoyos ahora tercero interesado con la admisión e inicio de la investigación contra la accionante y el Juez hoy tercero interesado (Conclusión II.1.) transcurrieron un año once meses tres días; por lo que, no transcurrieron los dos años para declararse la prescripción establecida en el art. 207.I de la LOJ y el art. 30.I.1 inc. a) del Reglamento de Procesos Disciplinarios de la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, incluso descontando los días de suspensión de actividades jurisdiccionales por la pandemia del COVID-19 lo que demuestra que los Consejeros ahora accionados no incurrieron en errónea interpretación y aplicación de la normativa que regula la prescripción de los procesos administrativos; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada.

En relación a la tercera problemática, referida a inadecuada valoración de la prueba, que impidió la demostración de la inexistencia del hecho o de la conducta denunciada, en detrimento del principio de verdad material y de legalidad, generando incoherencia entre el supuesto hecho con la conducta tipificada y la sanción de suspensión de funciones sin goce de haberes impuesta.

Los Consejeros hoy accionados, indicaron que, respecto a la denuncia de errónea valoración de la prueba y aplicación de la norma; debido a que, el Juez Disciplinario, no se ha munido de toda la información necesaria, para que pueda tener una clara noción de los hechos, conforme a la supuesta responsabilidad que se le pretende endilgar por supuestamente no cumplir con el procedimiento y los plazos procesales establecidos por el art. 239 del CPP y no consideró el principio de verdad material, respecto a las elecciones nacionales del 20 de octubre de 2019, las convulsiones sociales a nivel nacional, el ingreso del cuaderno de control jurisdiccional a despacho el 22 de igual mes y año, la suspensión de actividades jurisdiccionales a partir del 23 de mismo mes y año, hasta el 13 de noviembre de dicho año, suspendiéndose los plazos procesales por veinte días; por lo que, el 19 de ese mes y año, se constituye en el día quinto para emitir resolución.

Al respecto, los Consejeros ahora accionados señalaron que, el argumento de la accionante en sentido de que el Juez Disciplinario no consideró que luego de las elecciones nacionales de 20 de octubre de 2019, se suscitaron una serie de hechos que convulsionaron el país que dieron lugar a la suspensión de actividades y plazos procesales por veinte días calendario, que se extendieron hasta el 13 de noviembre de igual año, y considerando que el cuaderno de control jurisdiccional ingresó a despacho el 22 de octubre de mismo año, con el informe de la Auxiliar haciendo conocer que todas las partes fueron notificadas, el primer día hábil fue el miércoles 23 de ese mes y año, día que se trabajó hasta las 11:00 horas, el 14 de noviembre del citado año, se contabiliza el día dos, el viernes 15 corresponde el día tres; los días 16 y 17 no se contabilizan por ser fin de semana; el lunes 18 de dicho mes y año, corresponde al día cuatro y el martes 19 es día cinco, último día para emitir la respectiva resolución, no fueron expuestos en el informe circunstanciado de 27 de septiembre de 2021, ni se presentó prueba de descargo respecto a los puntos señalados que pudieran haber sido objeto de valoración por parte de la autoridad disciplinaria; además que, los eventos a los que hace referencia se suscitaron de manera posterior a la contestación por parte de la víctima y vencimiento del plazo de los tres días para que el Fiscal de Materia emitiera un pronunciamiento respecto a la solicitud a la cesación de la detención preventiva de Victor Hugo Camargo Hoyos hoy tercero interesado, tomando en cuenta que el cuaderno de control jurisdiccional ingresó a despacho antes del Informe de 22 de octubre de 2019, emitido por la Auxiliar, según se advierte de la decreto de 15 de octubre de igual año, momento en que la accionante y el Juez ahora tercero interesado -Jueces disciplinados-, debieron revisar el cuaderno de control jurisdiccional y dar una respuesta a la solicitud efectuada por el acusado, quien ante la falta de pronunciamiento tuvo que interponer una acción de libertad, concluyendo que, el Juez Disciplinario a efecto de asumir su determinación, valoró la prueba aportada por las partes y la recolectada en la investigación, entre los que se encuentran los antecedentes de la solicitud a la cesación de la detención preventiva efectuada por el ahora tercero interesado el 26 de septiembre de 2019, que resulta coincidente con la que fue analizada en la SCP 0253/2020-S3; por lo que, el Juez Disciplinario, valoró de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor específico a cada uno de ellos de forma motivada.

En ese contexto, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional, el Juez o Tribunal de segunda instancia, asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con la aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentado el valor que les otorga en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida.

Así también, de la revisión y análisis de la respuesta otorgada por los Consejeros hoy accionadas, se evidencia claramente que estas no se percataron de la inadecuada valoración de la prueba efectuada por el Juez Disciplinario, al no valorar todos los elementos probatorios en el marco de la sana crítica y del principio de verdad material; puesto que, la Resolución Definitiva de Primera Instancia 92/23, para determinar la sanción disciplinaria de la accionante, básicamente copió los argumentos contenidos en la SCP 0253/2020-S3, emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional a consecuencia de una acción de libertad interpuesta por Víctor Hugo Camargo Hoyos, lo que implicaba a la vez, una falta de fundamentación y motivación, por ausencia de razones propias que justifiquen la decisión asumida por el Juez Disciplinario y que estas emerjan del análisis de los hechos, de la aplicación normativa, de la valoración probatoria individualizada de cada uno de los elementos probatorios, tomando en cuenta que, en la fundamentación descriptiva de la Resolución Disciplinaria de Primera Instancia 92/23, el Juez Disciplinario debe hacer constar la fundamentación intelectiva, que le exige valorar los medios probatorios ya descritos para extraer de ellos los elementos probatorios que le servirán para determinar los hechos sobre los cuales emitirá el juicio, posteriormente deberá exponer la fundamentación jurídica, consistente en el análisis jurídico sobre el cual decidirá si la conducta se subsume o no a la falta disciplinaria, cuya infracción fue denunciada, advirtiendo que la normativa debe dar aplicación y explicar las razones por las que realiza la misma; por consiguiente, esta motivación debe comprender tres aspectos esenciales: fáctica, probatoria y jurídica; actos procesales que no ocurren en las acciones tutelares, de ahí que, se observa que el Juez Disciplinario segundo de la Representación Distrital de Santa Cruz del Consejo de la Magistratura, omitió la valoración probatoria de las pruebas de descargo, como son la declaración de Ramón Vaca Campos, testigo quien en su declaración señaló que entre los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2019, hubo convulsión social y se suspendieron las actividades jurisdiccionales por un periodo de veintiún días (fs. 145 a 147 vta.); la declaración de Gabriela Suárez Vaca, quien refirió que debido a la carga procesal es imposible que los Jueces se percaten de forma individualizada de los plazos para resolver cada cuaderno de control jurisdiccional si los mismos no ingresan a su despacho (fs. 197 a 199); omisión que obligaba a los Consejeros ahora accionados en el marco de la sana crítica que conlleva a aplicar criterios de experiencia, las reglas de la lógica, el sentido común y el convencimiento, además del principio de verdad material, considerar lo afirmado por la accionante en sentido de que luego de las elecciones nacionales de 20 de octubre de dicho año, se suscitaron una serie de hechos que convulsionaron el país que dio lugar a la suspensión de actividades y plazos procesales por veinte días calendario, que se extendieron hasta el 13 de noviembre de igual año, y considerando que el cuaderno de control jurisdiccional ingresó a despacho el 22 de octubre de mismo año, con el informe de la Auxiliar haciendo conocer que todas las partes procesales fueron notificadas, el primer día hábil que fue el -miércoles- 23 del citado mes y año, día que se trabajó únicamente hasta las 11:00 horas, suspendiendo los plazos procesales y paralizando la atención al público de forma general; entonces, si la suspensión duró hasta el 13 de noviembre de igual año, el 14 del mismo mes y año se contabiliza el día dos, y el 15 corresponde al día tres; los días 16 y 17 no se contabilizan por ser fin de semana; en consecuencia, el lunes 18 de mismo mes y año, corresponde al día cuatro y el martes 19 de ese mes y año, se constituye en el día cinco, último día para emitir la respectiva resolución, lo que demostraba que los plazos fueron ampliados por razones extraordinarias de fuerza mayor y que la Resolución emitida el 19 del mencionado mes y año, se encontraba dentro del plazo establecido por el art. 239 del CPP, no resultando un justificativo válido para aplicar una sanción disciplinaria con la afirmación de que el plazo corría desde el 15 de ese mes y año, cuando en dicha fecha, el cuaderno de control jurisdiccional salió del despacho con un decreto y reingreso el 22 del mismo mes y año, una vez notificadas las partes.

Por lo referido, no se advierte un claro razonamiento que evidencie una respuesta acorde al fondo de lo verdaderamente cuestionado; ya que, en su informe, los Consejeros hoy accionados, alegaron que esos cuestionamientos no fueron expresados en el informe presentado por la accionante, desconociendo que uno de los principios del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, es el principio de verdad material, mediante el cual los Consejeros disciplinarios están obligados a buscar la realidad de los hechos por encima de las formalidades procesales y que las decisiones asumidas se basen en pruebas sólidas y la realidad objetiva para establecer que los supuestos fácticos denunciados se constituyen en faltas disciplinarias que ameriten una sanción.

Por lo expuesto, resulta evidente que los miembros del Tribunal de segunda instancia -Consejeros Disciplinarios- al resolver el primer agravio a través de la Resolución TSI-AP 300/2024, se apartaron de todo marco de razonabilidad, incurriendo en la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba, siendo que en su calidad de Tribunal de segunda instancia, tienen la obligación ineludible de brindar una respuesta precisa y concreta sobre los reclamos que se expongan, esbozando sus propias argumentaciones y exponiendo sus propios criterios jurídicos sobre las problemáticas puestas en su conocimiento, efectuando una interpretación amplia y no restrictiva, respecto a suspensión de las actividades públicas cuando ocurren hechos extraordinarios de fuerza mayor, que suspenden los plazos procesales y hacen imposible la emisión de resoluciones durante ese periodo, verificando si el Juez Disciplinario de Primera Instancia efectuó una especificación de la conducta sancionada a la accionante, respecto a la falta disciplinaria grave prevista por el art. 187.14 de la LOJ, tomando en cuenta que la falta disciplinaria por la que se sanciona a la nombrada contiene tres elementos; la omisión -primer elemento- entendida como todo acto de abstención de actuar, así como también el descuido o negligencia de realizar una obligación; asimismo, negar -segundo elemento- es la denegación de lo solicitado, proposición que niega algo o se opone a ello; por otro lado la retardación -tercer elemento- de justicia es el acto por el cual los funcionarios que están a cargo de sustanciar un proceso judicial, incurren en dilaciones indebidas en cuanto sus funciones y atribuciones y con base a ello, les correspondía fundamentar y motivar su decisión, especificando tanto la conducta como el elemento por el que se subsume la conducta al tipo disciplinario previsto por el art. 187.14 de la mencionada Ley. Por lo expresado, corresponde conceder la tutela solicitada sobre el examen realizado, debiendo los Consejeros hoy accionados, corregir las anomalías advertidas en el análisis de los argumentos consignados en la Resolución TSI-AP 300/2024 hoy impugnada.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 161-2025 de 19 de agosto, cursante de fs. 662 vta. a 664 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela solicitada, con respecto al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, vinculados a los principios de legalidad, tipicidad, taxatividad, verdad material, indubio pro disciplinado y presunción de inocencia; disponiendo:

a) Dejar sin efecto la Resolución TSI-AP 300/2024 de 19 de junio y el Auto de 2 de abril de 2025, emitidos por los Consejeros del Tribunal de segunda instancia del Consejo de la Magistratura, debiendo los mismos pronunciar una nueva resolución conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0993_2026-S1.pdf · páginas 1 a 32.

Huella digital del PDF (SHA-256): f1b77070eaa72f26eb35e089a7aec3f851fc8efb83fbdba76e151a6a7ebc56ee

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