Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 27 de noviembre de 2023
Deniega la tutela
La impetrante de tutela denuncia la lesión del debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, así como los principios de verdad material, legalidad, objetividad, a la defensa, al trabajo, a la presunción de inocencia e igualdad jurídica; toda vez que, dentro del proceso disciplinario incoado en su contra, el Juez Disciplinario no individualizó ni valoró los medios de prueba aportados de su parte, así como, tampoco estableció el valor probatorio que otorgó a los mismos, limitándose a señalar las fojas en las cuales se encontraban aquellas que le formaron convicción, impidiéndole conocer a cuáles de ellas se refería incumpliendo el art. 196 de la LOJ, pues la valoración de la prueba es un elemento de suma importancia para el esclarecimiento de la denuncia; asimismo, el juzgador de primera instancia no valoró adecuadamente el principio de verdad material, al no haber considerado en su resolución la prueba extraordinaria que fue presentada; asimismo, incurrió en omisión del principio de congruencia respecto a los extremos denunciados, emitiendo una decisión ultra petita, pues en ninguna parte de la denuncia y su subsanación, se determinó que existiría disconformidad con la providencia emitida el 17 de diciembre de 2020, lesionándose además el principio de legalidad, habiendo interpretado erróneamente el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 023/2022 de 14 de febrero, cursante de fs. 119 a 122, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0993/2023-S4 Sucre, 27 de noviembre de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional Expediente: 46242-2022-93-AAC Departamento La Paz En revisión la Resolución 023/2022 de 14 de febrero, cursante de fs. 119 a 122, interpuesta por Gladys Bacarreza Morales contra Mirtha Gaby Meneses Gómez y Marvin Arsenio Molina Casanova, Consejeros del Consejo de la Magistratura y Juan Carlos Pérez Ramírez, Juez Disciplinario Segundo del Distrito de La Paz.
Por memoriales presentados el 24 de enero de 2022, cursante de fs. 55 a 72, y de subsanación el 1 de febrero de igual año (fs. 84 a 86 vta.), la accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:
Dentro del proceso disciplinario instaurado en su contra a denuncia de Sonia Lima Cabezas y otros, por la presunta comisión de la falta descrita en el art. 187.14 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) –Ley 025 de 24 de junio de 2010–, por la supuesta no emisión oportuna del mandamiento de detención preventiva de Abraham Balboa Ticona, dentro del proceso penal que se le sigue por la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, fue dictada la Resolución 095/2021 de 29 de junio, por el Juez Disciplinario Segundo del Distrito de La Paz del Consejo de la Magistratura, declarando probada la denuncia e imponiéndole una sanción de suspensión de cuatro meses de funciones sin goce de haberes, considerando como agravantes la existencia de tres antecedentes y procesos disciplinarios en su contra.
La decisión asumida por el Juez Disciplinario Segundo del Distrito de La Paz (en adelante Juez Disciplinario –a quo– inferior-juez de la causa), no individualizó ni valoró los medios de prueba aportados de su parte; así como, tampoco estableció el valor probatorio que otorgó a los mismos, limitándose a señalar las fojas en las cuales se encontraban aquellas que le formaron convicción, impidiéndole conocer a cuáles de ellas se refería, además no consideró que en este caso, la denunciante no era parte del proceso, cuando era laboral del juzgador verificar los requisitos mínimos que un particular debe cumplir para formular una denuncia y en dicho efecto, rechazarlo u observarla; en suma, el Juez a quo incumplió el art. 196 de la LOJ, pues la valoración de la prueba es un elemento de suma importancia para el esclarecimiento de la denuncia en apego a la verdad material estatuida en el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); en virtud al cual, debió declarar improbada la denuncia y el archivo de obrados, a la luz del principio in dubio pro disciplinado, previsto en el art. 116.I de la Ley Fundamental. Indicó que el Juez Disciplinario, no valoró adecuadamente el principio de verdad material, al no haber considerado en su resolución la prueba extraordinaria que fue presentada, pues al margen de la incongruencia de la determinación, de forma atentatoria incluyó en su decisión la agravante de la sanción, sin sustentar su resolución en prueba objetiva, idónea y actualizada que acredita que las sanciones disciplinarias –se entiende sobre los anteriores procesos– ya fueron canceladas por el Consejo de la Magistratura, al corresponder a gestiones pasadas que ya fueron cancelada y pronunciadas por la Contraloría General del Estado (CGE). Añadió que el Juez a quo, incurrió en omisión del principio de congruencia respecto a los extremos denunciados, emitiendo una decisión ultra petita, pues en ninguna parte de la denuncia y su subsanación, se determinó que existiría disconformidad con la providencia emitida el 17 de diciembre de 2020, siendo que la causa le fue remitida de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz el 16 de diciembre de igual año, en la que constaba además la providencia de 19 de noviembre de idéntico año, que respondiendo a la solicitud de emisión del mandamiento, determinó que previamente debía notificarse a las partes con el Auto de Vista 245/2020 y Auto Interlocutorio de 13 de noviembre de 2020; extremo que no fue valorado adecuada por el Juez Disciplinario Segundo y que demostraba que, entretanto no se notificara al acusado con el citado Auto de Vista, no le competía expedir el mandamiento de detención preventiva. Adicionalmente, en la tramitación de la causa disciplinaria seguida en su contra, el Juez de la causa, vulneró el principio de legalidad, habiendo interpretado erróneamente el art. 58 de la LOJ que dispone que los Vocales de Salas, no cuentan con competencia para emitirá mandamientos, aspecto que resulta contradictorio, pues dicha autoridades, al conocer y tramitar un recurso de impugnación, dependiendo del resultado del mismo, emiten pronunciamiento mediante Auto de Vista si corresponde, libran mandamiento de Ley y cuentan con la potestad plena para hacerlo, con mayor razón cuando la señalada Sala Penal dispuso expresamente que previamente a emitir el mandamiento de detención preventiva debía notificarse el Auto de Vista al imputado; sin embargo, el Juez Disciplinario, cuestiona la providencia de 17 de marzo de 2021, sin tomar en cuenta que su despacho judicial le fue remitido el cuaderno procesal con el Auto de Vista que no fue notificado al acusado, circunstancia que impedía emitir directamente el mandamiento de detención preventiva. El Juzgador de instancia disciplinaria le impidió ejercer su derecho a la defensa, pues no permitió que prestara su declaración informativa, vulnerando su derecho a la defensa e igualdad, cuando lo que correspondía era que preste su deposición, esto al margen de fue notificado en tablero del Juzgado de un día al otro, acto que considera arbitrario, cuando por el contrario el Juez Disciplinario debió garantizar el irrestricto derecho a la defensa a la procesada. Tampoco se consideraron en su favor las atenuantes previstas en el art. 94 del Reglamento de Procesos Disciplinarios, pues no existen elementos suficientes para aplicar agravantes de procesos disciplinarios cancelados y fenecidos, haciéndolos valer a efectos de imponer la sanción gravada; tampoco se tomó en cuenta las atenuantes referidas a la carga procesal debidamente acreditada y las circunstancias y forma que originó la comisión de la falta disciplinaria, menos aún se valoró la jerarquía del juzgado que corre a su cargo y las funciones que desempeña, que no son las mismas de un juzgado del menor o de familia, siendo que al ser única Jueza Anticorrupción del departamento de La Paz, cuenta con mayor responsabilidad y la carga que invade su despacho judicial, así como la carencia de personal idóneo que no remite los memoriales en el día; dejando claro que nunca tuvo la intención de hacer daño a la parte denunciante y que tampoco obró por estímulos o motivos que perjudicaran el bien común, al haber expedido el mandamiento de detención preventiva con un lapso de once días; consecuentemente y por lo relatado, manifiesta que la suspensión de sus funciones sin haberse asumido las consideraciones previas, fue un abuso del régimen disciplinario, que sustanció a todas luces un proceso irregular y al margen de toda legalidad constitucional y de las normas disciplinarias, sin haber recabado todas las pruebas. Con base en los antecedentes previos, formuló recurso de apelación contra la Resolución 095/2021; impugnación que fue de conocimiento de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura que, a través de Resolución SP-AP 187/2021 de 9 de septiembre, confirmó parcialmente la decisión confutada, modificando la sanción dispuesta en primera instancia e imponiendo una sanción de suspensión de un mes en el ejercicio de sus funciones sin goce de haberes; instancia de revisión que nuevamente omitió pronunciarse sobre los agravios planteados y sufridos en la tramitación del proceso disciplinario, cuando su función revisora debió revocar, anular o modificar el fallo del inferior, garantizando el debido proceso. Indicó que el Tribunal de segunda instancia, no valoró el informe remitido por el Auxiliar del Juzgado de Sentencia, y tampoco consideró que la denuncia debió ser dirigida también contra el Juez Luis Gonzalo Yépez Portugal, que se encontraba en suplencia legal suya y que emitió el proveído de 14 de enero de 2021, estableciendo a lo impetrado que sería de conocimiento de la titular, incurriendo así el señalado Juzgado en el delito de incumplimiento de deberes, pues en el ejercicio de la suplencia legal, le correspondía expedir el mandamiento de aprehensión, extremo que tampoco fue tomado en cuenta por el Tribunal de apelación; consecuentemente, la Resolución SP-AP 187/2021, resulta arbitraria e insuficiente y carece de los principios que rigen a todo proceso disciplinario, entre ellos el debido proceso constitucional en sus vertientes de fundamentación y motivación.
La parte impetrante de tutela denunció la lesión del debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, al igual, los principios de verdad material, legalidad, objetividad, así como sus derechos a la defensa, al trabajo, a la presunción de inocencia e igualdad jurídica, citando al efecto, los arts. 9.4, 46.1, 115.I y II, 116.II, 119.II y 180 de la CPE.
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se declare la nulidad de la Resolución SP-AP 187/2021 de 9 de septiembre. Asimismo, al amparo de los arts. 33 del Código Procesal Constitucional (CPCo); y, 46.I de la CPE, solicitó imposición de medida cautelar de que, entretanto “la Sala Constitucional de turno” se pronuncie sobre la presente acción tutelar, seguir ejerciendo y desempeñando sus funciones jurisdiccionales como Jueza Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Primera del departamento de La Paz.
Celebrada la audiencia virtual el 14 de febrero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 113 a 118, presentes la parte solicitante de tutela, así como el representante legal de las autoridades demandadas; se produjeron los siguientes actuados:
La accionante, a través de su abogado en audiencia, reiteró los argumentos de la demanda de acción de amparo constitucional; asimismo, refirió que el régimen disciplinario del Consejo de la Magistratura consistentemente “viola” la independencia del Órgano Judicial respecto a los jueces en la administración de justicia. En respuesta a las preguntas de la Sala sobre si los reclamos postulados en la acción de defensa fueron reclamados en apelación, reiteró que el Juez de la causa no valoró correctamente las pruebas cuando era su deber averiguar la verdad de lo denunciado.
La Sala Constitucional manifestó que de la revisión del recurso de apelación no se advierte que los agravios reclamados como no atendidos por el Tribunal de segunda instancia, constaran en el recurso; por lo que, cómo podían pretender la recurrente que el Tribunal de apelación se pronuncia sobre algo que no fue reclamado; a dicha afirmación, la parte accionante indicó que se detalló todo respecto a la carga de la prueba; asimismo, se explicó en apelación que las notificaciones fueron en tablero y no publicitariamente.
Mirtha Gaby Gómez Meneses y Marvin Arsenio Molina Casanova, Consejeros del Consejo de la Magistratura, mediante informe escrito cursante de fs. 107 a 109 vta., así como a través de su representante legal en audiencia, manifestaron lo siguiente: a) Corresponde ampliar la legitimación pasiva respecto a Ómar Michel Durán y consecuentemente disponer su citación; b) Se denunció igualmente a Juan Carlos Pérez Ramirez, Juez Disciplinario Segundo del Distrito de La Paz; por lo que, la admisión de la demanda tutelar debe ordenar igualmente su citación; c) Se señaló como terceros interesados en la acción tutelar a los denunciantes Sonia Lima Cabezas, Marciano Machaca Cruz y Salomé Patón Pachajaya, en su condición de Concejales del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos, por lo que también debe citarse a los mismos en la presente acción de defensa; d) Sobre la supuesta vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, la accionante manifiesta que la Resolución de segunda instancia no se pronunció sobre todos y cada uno de los agravios denunciados; sin embargo, no identifica cuáles son los agravios sobre los cuales no se hubiera emitido pronunciamiento, limitándose a señalar que no se valoró el hecho de que por error involuntario de la Secretaria del juzgado a su cargo el cuaderno procesal no ingresó a despacho, lo que hubiera sido corroborado por el Informe del Auxiliar del Juzgado, además, añade que la denuncia debió formularse igualmente contra el Juez Luis Gonzalo Yepez Portugal como Juez suplente que incurrió en incumplimiento de deberes al no expedir el mandamiento de detención preventiva; e) La motivación implica el deber de explicar o justificar de forma lógica y con base legal las razones de la decisión, observando el principio de congruencia entre la pretensión y la decisión asumida; es decir, debe concurrir concordancia entre lo planteado y pronunciamiento judicial; ello no implica que la exposición de motivos sea ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo que sea concisa pero clara y satisfaga todos los puntos demandados, debiendo expresar las convicciones determinativas que justifiquen la decisión; bajo tal contexto, la Resolución de Segunda Instancia, en sus acápites IV y V, se pronunció de manera motivada y fundamentada sobre los seis agravios identificados en el recurso de apelación planteado por la disciplinada –hoy accionante–, respecto a la valoración de la prueba, los principios de verdad material proporcionalidad congruencia material y formal, así como el análisis de las agravantes y atenuantes a efectos de modificar la suspensión de seis meses sin goce de haberes a un mes; consecuentemente, no es evidente que la decisión emitida por la Sala Plena del Consejo de la Magistratura carezca de motivación y fundamentación o vulnere el debido proceso; f) En cuanto a la presunta incorrecta valoración de un hecho corroborado por el Informe del Auxiliar del Juzgado, corresponde manifestar que la valoración de la prueba en los procesos disciplinarios se halla sujeta a lo dispuesto por el art. 74 del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, que determina que dicha facultad es inherente al Juez Disciplinario con aplicación de la sana crítica, siendo además que, conforme determina la RS-AP 048/2017 de 15 de febrero sobre dicho extremo, cuando se acusa omisión de apreciación del as pruebas, debe explicarse de manera precisa qué es lo que acredita cada una de ellas, de qué manera incidió su falta de valoración en la decisión; elementos imprescindibles que permiten a la Sala de apelación establecerla magnitud de la omisión que debe ser ostensible y trascedente; g) El sistema de valoración de prueba en procesos disciplinarios es el de la sana crítica; por ende, de un lado es atribución de los jueces o tribunales de primera instancias; y por otro lado, la hoy impetrante de tutela debió observar la carga argumentativa sobre la supuesta incorrecta valoración probatoria para aperturar la competencia del Tribunal de Segunda Instancia para pronunciarse al respecto, desarrollando los fundamentos a partir de los cuales procede la misma; al no haberlo hecho oportunamente, perdió su oportunidad de que el Tribunal de apelación y menos la justicia constitucional emitan pronunciamiento al respecto; y, h) Finalmente, sobre el argumento de la accionante de que la decisión de Segunda Instancia omitió que la denuncia debió formularse también contra el Juez Luis Gonzalo Yépez Portugal, como juez suplente, resulta impertinente y carece de trascendencia, por cuanto el proceso disciplinario estuvo vinculado a la conducta de la jueza disciplinada que generó una demora de once días en la emisión del mandamiento de detención preventiva respectivo, no en la intervención y/o participación del suplente; por lo que dicho argumento resulta inviable de atención en la acción tutelar. Por todo lo expresado, solicitaron se deniegue la tutela impetrada y se rechace la solicitud de medida cautelar de no ejecución de la sanción. Juan Carlos Pérez Ramírez, Juez Disciplinario Segundo del Distrito de La Paz, no presentó informe escrito alguno ni asistió a la audiencia de acción de amparo constitucional.
Sonia Lima Cabezas, a través de su abogado en audiencia señaló lo siguiente: 1) La denuncia fue presentada contra la Jueza hoy accionante y la Secretaría del Juzgado que nunca respondía las llamadas ni los mensajes de WhatsApp; 2) Con la emisión del Auto de Vista, se iniciaron las solicitudes para la emisión del mandamiento de detención preventiva, lo que no ocurrió; posteriormente conoció sobre el proceso disciplinario y sus antecedentes y comprendieron que el cuaderno procesal jamás llegó al Juzgado a su cargo, siendo que fue ocultado maliciosamente por la Secretaria del despacho judicial; 3) Les es indiferente el resultado de la acción de amparo constitucional; sin embargo, expresan con preocupación que la culpable del proceso disciplinario sea la funcionaria de apoyo jurisdiccional; y, 4) Ante su insistencia de conocer sobre el desarrollo del proceso penal, lograron comunicarse con la Jueza de la causa que, les explicó y demostró que el cuaderno procesal no se encontraba en su despacho y finalmente emitió el mandamiento de detención preventiva, con lo que se dieron por satisfechos. A la consulta de la Sala Constitucional, afirmaron ser los denunciantes del proceso disciplinario contra la impetrante de tutela y que, advertidos de que la culpable de la retardación fue la Secretaria del Juzgado, cuando fueron notificados con la primera resolución del proceso disciplinario, presentaron un memorial informando que ya se había cumplido con la emisión del mandamiento de detención preventiva.
La Sala Constitucional Tercera de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante la Resolución 023/2022 de 14 de febrero, cursante de fs. 119 a 122, denegó la tutela solicitada con base en los siguientes fundamentos: i) La impetrante de tutela denuncia los actos lesivos cometidos por el Juez Disciplinario; sin embargo, en virtud al principio de subsidiariedad, la justicia constitucional se halla constreñida a la revisión exclusiva de la última resolución adoptada en sede administrativa o judicial; por ello, no existe posibilidad alguna de que pudiera someterse a revisión la Resolución 095/2021, pues contra dicha decisión la accionante formuló un recurso de apelación, donde debió cuestionar todo cuanto hubiera considerado ilegal o indebido en primera instancia; recurso que fue activado emitiéndose por la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura la Resolución de Segunda Instancia 187/2021, que sobre la cual se pronunció la Sala Constitucional; ii) La solicitante de tutela refirió que las autoridades de segunda instancia omitieron pronunciarse sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación; empero, de la lectura de la demanda tutelar y de la intervención oral en audiencia, no se ha advertido de forma concreta sobre qué argumentos la Sala Disciplinaria omitió pronunciarse, qué argumentos planteado en apelación, mereció una motivación arbitraria, insuficiente; cuáles medios probatorios no fueron compulsados correctamente con base en la decisión del inferior, pues debe comprenderse que la autoridad disciplinaria de alzada no está facultada para efectuar una valoración probatoria directa, siendo únicamente una instancia revisora de la actividad valoratoria desplegada por el a quo; tampoco se advierte la existencia de elemento probatorio que desvirtué la falta contenida en el art. 187.14 de la LOJ; iii) Si bien el tercero interesado se apersonó en audiencia manifestando que la presunta falta no debió ser endilgada a la hoy impetrante de tutela, se desconoce la presentación del memorial referido por esta parte y si fue ofrecido ante el juez y tribunal disciplinarios a efectos de su valoración; iv) La demanda constitucional presentó un solo argumento genérico traducido en que la decisión de segunda instancia carecería de fundamentación y motivación respecto a los agravios descritos en apelación; sin embargo, no se pudo escrutar qué argumento en concreto debía merecer atención por la jurisdicción disciplinaria, qué medio probatorio fue omitido en su valoración o fue valorado de forma arbitraria; por consiguiente, la postulación propuesta por la solicitante de tutela, solo se traduce en una discrepancia respecto a las decisiones asumidas por la autoridad disciplinaria administrativa; y, v) No se cumplió por la impetrante de tutela de explicar la relevancia constitucional, debido a que no precisó de manera correcta cuál el error en el que hubiera incurrido la autoridad administrativa, cuando era deber de la accionante acreditar aquella relevancia constitucional para que, una vez verificada, amerite tutela. En el caso analizado, la accionante menciona ciertos documentos y medios de prueba, pero la jurisdicción constitucional no puede modificar en audiencia los hechos inicialmente expuestos en la demanda escrita; y si bien en audiencia se trajeron a colación otros y nuevos hechos, estos por mandato jurisprudencial no pueden ser analizados, pues ello implicaría la modificación de la postulación de tutela y al no estar presentes los demandados, implicaría fracturar su derecho a la defensa; consecuentemente dichos hechos nuevos no pueden ser objeto de análisis.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Dentro de la denuncia interpuesta por Sonia Lima Cabezas, Marciano Machaca Cruz contra la accionante, el Juez Disciplinario Segundo del Distrito de La Paz, dictó la Resolución 095/2021 de 29 de junio, declarándola probada, por la comisión de la falta prevista en el art. 187.14 de la LOJ, imponiéndole la sanción suspensión de cuatro meses de funciones sin goce de haberes, considerando como agravantes la existencia de tres antecedente disciplinarios en aplicación del parágrafo II del art. 106 del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental; determinación que fue objeto de recurso de apelación formulado por la disciplinada, mediante escrito presentado el 8 de julio de 2021 (fs. 14 a 26 vta.). II.2. Mediante Resolución SP-AP 187/2021 de 9 de septiembre, el Tribunal Disciplinario de Segunda Instancia del Consejo de la Magistratura, en resolución del recurso de apelación formulado por la impetrante de tutela, confirmó parcialmente la Resolución impugnada, declarando probada la denuncia formulada contra la disciplinada por la comisión de la falta grave descrita en el art. 187.14 de la LOJ y modificó la sanción dispuesta, imponiendo a la procesada la sanción de un mes de suspensión en el ejercicio de sus funciones sin goce de haberes (fs. 2 a 12).
La impetrante de tutela denuncia la lesión del debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, así como los principios de verdad material, legalidad, objetividad, a la defensa, al trabajo, a la presunción de inocencia e igualdad jurídica; toda vez que, dentro del proceso disciplinario incoado en su contra, el Juez Disciplinario no individualizó ni valoró los medios de prueba aportados de su parte, así como, tampoco estableció el valor probatorio que otorgó a los mismos, limitándose a señalar las fojas en las cuales se encontraban aquellas que le formaron convicción, impidiéndole conocer a cuáles de ellas se refería incumpliendo el art. 196 de la LOJ, pues la valoración de la prueba es un elemento de suma importancia para el esclarecimiento de la denuncia; asimismo, el juzgador de primera instancia no valoró adecuadamente el principio de verdad material, al no haber considerado en su resolución la prueba extraordinaria que fue presentada; asimismo, incurrió en omisión del principio de congruencia respecto a los extremos denunciados, emitiendo una decisión ultra petita, pues en ninguna parte de la denuncia y su subsanación, se determinó que existiría disconformidad con la providencia emitida el 17 de diciembre de 2020, lesionándose además el principio de legalidad, habiendo interpretado erróneamente el art. 58 de la LOJ que dispone que los Vocales de Salas, no cuentan con competencia para emitirá mandamientos, aspecto que resulta contradictorio, pues dicha autoridades, al conocer y tramitar un recurso de impugnación, cuentan con la potestad plena para hacerlo; añadido a ello, el Juez Disciplinario no permitió que prestara su declaración informativa, vulnerando su derecho a la defensa e igualdad, no habiéndose considerado en su favor las atenuantes previstas en el art. 94 del Reglamento de Procesos Disciplinarios, referidas a la carga procesal debidamente acreditada y las circunstancias y forma que originó la comisión de la falta disciplinaria, menos aún se valoró la jerarquía del juzgado que corre a su cargo y las funciones que desempeña, siendo que, finalmente, las autoridades de segunda instancia en resolución de su recurso de apelación a través de Resolución SP-AP 187/2021, confirmó parcialmente la decisión confutada, modificando la sanción dispuesta en primera instancia e imponiendo una sanción de suspensión de un mes en el ejercicio de sus funciones sin goce de haberes, pronunciarse sobre los agravios planteados y sufridos en la tramitación del proceso disciplinario, no habiendo valorado el informe remitido por el Auxiliar del Juzgado de Sentencia, y tampoco consideró que la denuncia debió ser dirigida también contra el Juez Luis Gonzalo Yépez Portugal, que se encontraba en suplencia legal suya y que debió expedir el mandamiento de detención preventiva, por lo que, al no haberlo hecho incurrió en el delito de incumplimiento de deberes; consecuentemente, la decisión de alzada resulta arbitraria e insuficiente y carece de los principios que rigen a todo proceso disciplinario, entre ellos el debido proceso constitucional en sus vertientes de fundamentación y motivación. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Jurisprudencia reiterada
Al respecto la SCP 0495/2019-S4 de 12 de julio, estableció que: “Resulta relevante recordar que sobre el contenido esencial del derecho al debido proceso, en su elemento de debida fundamentación y motivación, la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, desarrolló las siguientes cuatro finalidades implícitas: i) El sometimiento manifiesto a la Constitución Política del Estado, conformada no solo por su texto escrito sino también, por los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia de los principios de constitucionalidad y de legalidad, en el que este último, se encuentra en sumisión al primero; ‘…ii) Lograr el convencimiento de las partes, que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa el valor justicia y los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; iii) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, iv) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…’ Posteriormente, a través de la SCP 0100/2013 de 17 de enero, se sumó un quinto elemento de relevancia constitucional; cual es: ‘…v) La exigencia de la observancia del principio dispositivo’, que implica la obligación que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad se expresa en una decisión: a) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; b) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; c) Con motivación insuficiente, cuando no da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, d) Por falta de coherencia del fallo, que se da: d.1) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, d.2) En su dimensión externa, pues la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen como antecedentes a las Sentencias Constitucionales 0863/2003-R de 25 de junio y 0358/2010-R de 22 de junio.
Respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.
Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada, fue ampliada mediante la SCP 0005/2019 de 19 de febrero, que complementó lo anteriormente señalado: ‘…a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones…’, lo que significa que corresponde a este Tribunal Constitucional Plurinacional, el análisis de la incidencia del acto acusado como ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional, respecto al fondo de lo resuelto, de manera que si no tiene efecto modificatorio, la tutela que podría concederse tendría como efecto que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; con dicho entendimiento, corresponderá denegar la tutela cuando la arbitraria o insuficiente motivación de las resoluciones aunque sea reconocida, no tenga efecto modificatorio respecto al fondo de lo decidido pues no existiría vulneración del derecho. La Resolución constitucional citada, aclaró que ese ‘…entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna…’” (las negrillas nos pertenecen). Respecto a la congruencia como uno de los elementos del debido proceso, la SCP 0731/2014 de 10 de abril, precisó que: “Entre los elementos integradores del debido proceso, es posible identificar el principio de congruencia. Al respecto, el Diccionario de la Real Academia Española, entiende a la congruencia como: '1. f. Conveniencia, coherencia, relación lógica. 2. f. Der. Conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones de las partes formuladas en el juicio'. En el marco de la premisa anterior y, desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta, impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, el principio de congruencia se constituye en una prohibición para que el juzgador considere aspectos ajenos a la controversia; es decir, cuestiones que no fueron identificados por las partes como puntos de discusión o consideración; y, segundo, la congruencia interna, referida a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella debe existir un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión. Con relación al punto analizado, la jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, señaló que: '…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes'" (las negrillas nos corresponden).
La SCP 275/2012 de 4 de junio, en cuanto a la motivación de las resoluciones de segunda instancia señaló que: “Según la enseñanza de Savigny: “La sentencia es un todo único e inseparable; entre los fundamentos y lo dispositivo media una relación tan estrecha que unos y otros no pueden ser nunca desmembrados si no se desea desnaturalizar la unidad lógica y jurídica de la decisión”.
“…la sentencia comprende un proceso intelectual complejo, crítico, valorativo y de voluntad, que no está exento de una operación lógica coherente. La combinación de estos elementos nos da como resultado la posibilidad de identificar dos criterios que podríamos considerarlos como los fundamentos para una debida motivación de las resoluciones judiciales. En otras palabras, en una decisión bien motivada han de concurrir necesaria y complementariamente lo que podríamos denominar un criterio de verdad y uno de validez”.
El jurista argentino, Agustín Gordillo, en su Tratado de Derecho Administrativo, al referirse a los caracteres y requisitos que deben reunir las decisiones administrativas ha expresado: “…no pueden desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos…. El acto debe resolver todas las peticiones formuladas (…) o sea, todas las cuestiones planteadas. En esto todas las legislaciones y la doctrina son uniformes”.
Los tratadistas Ossorio y Florit afirman lo siguiente: “Frente a la absoluta libertad del juzgador para apreciar y valorar las pruebas, y también frente a la restricción valorativa de la prueba legal, surge el sistema de la sana crítica que deja al juez formar libremente su convicción, pero obligándole a establecer los fundamentos de la misma”. De la misma forma Eduardo Couture, asevera que: ‘el juicio de valor en la sana crítica ha de apoyarse en proposiciones lógicas correctas y fundarse en observaciones de experiencia confirmadas por la realidad’.
‘No basta la simple cita de preceptos legales, en una resolución para considerar motivada ésta, sino que es preciso que se expongan las argumentaciones pertinentes que conduzcan a establecer la decisión correspondiente”. En este sentido, José María Asencio, refiriéndose a la motivación de la sentencia en la legislación española, manifiesta que: “en el relato fáctico no sólo debe incorporarse la narración de los hechos y la enumeración de las pruebas, sino también los motivos y razonamientos que han conducido al juez a dictar su fallo”. “La motivación de la sentencia constituye un elemento intelectual, de contenido crítico, valorativo y lógico, que consiste en el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en que el juez apoya su decisión (…) En definitiva, la motivación de la sentencia es la fuente principal del control sobre el modo de ejercer los jueces su poder jurisdiccional. Su finalidad es suministrar una garantía y evitar el exceso discrecional o la arbitrariedad, es decir, que el razonamiento carezca de todo fundamento o bien sea erróneo’.
‘Ni la sentencia puede pronunciarse sobre materia distinta, ni puede dejar de hacerlo respecto de cualesquiera de las cuestiones que lo integran (citra o mínima, extra y ultra petita), en virtud de la mutatio libelli’.
La motivación de las resoluciones administrativas, es un deber ineludible del tribunal o autoridad de segunda instancia, que por delegación se le asigna la tarea de enmendar, cuando correspondiere las vulneraciones de derechos surgidas en el tribunal o autoridad de origen. La motivación de las resoluciones debe ser comprensible, puntual, concreta y en todos los casos lógica, incluyendo el análisis de todos los aspectos relacionados al asunto principal y de aquellos otros derivados del eje central en cuestión (mínima petita), correspondiendo efectuarse una relación de causalidad estrecha entre los hechos y la normativa inherente al caso específico.
Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cual es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.
En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes.
En conclusión, corresponde afirmar rotundamente, que la ausencia de una suficiente y adecuada motivación en las resoluciones de segunda instancia, efectivamente vulnera los derechos al debido proceso y a la defensa, impidiendo que la tutela jurisdiccional administrativa sea cierta, dando lugar al extremo inaceptable de la arbitrariedad, aclarándose que la obligación de motivar las resoluciones no significa que las decisiones adoptadas necesariamente deban satisfacer al administrado, lo que sí es trascendental, es que la decisión sea justificada y versé sobre la totalidad de los aspectos contenidos en el memorial de impugnación, permitiendo que el imperio de la justicia constitucional garantice el ejercicio pleno de sus derechos constitucionales para el “Vivir Bien” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).
La impetrante de tutela denuncia la lesión del debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, al igual que los principios de verdad material, legalidad, objetividad, así como sus derechos a la defensa, al trabajo, a la presunción de inocencia e igualdad jurídica; toda vez que, dentro del proceso disciplinario incoado en su contra, el Juez Disciplinario no individualizó ni valoró los medios de prueba aportados de su parte, así como tampoco estableció el valor probatorio que otorgó a los mismos, limitándose a señalar las fojas en las cuales se encontraban aquellas que le formaron convicción, impidiéndole conocer a cuáles de ellas se refería incumpliendo el art. 196 de la LOJ, pues la valoración de la prueba es un elemento de suma importancia para el esclarecimiento de la denuncia; de igual forma, el juzgador de primera instancia no valoró adecuadamente el principio de verdad material, al no haber considerado en su resolución la prueba extraordinaria que fue presentada; asimismo, incurrió en omisión del principio de congruencia respecto a los extremos denunciados, emitiendo una decisión ultra petita, pues en ninguna parte de la denuncia y su subsanación, se determinó que existiría disconformidad con la providencia emitida el 17 de diciembre de 2020, lesionándose además el principio de legalidad, habiendo interpretado erróneamente el art. 58 de la LOJ, que dispone que los Vocales de Salas, no cuentan con competencia para emitirá mandamientos, aspecto que resulta contradictorio, pues dicha autoridades, al conocer y tramitar un recurso de impugnación, cuentan con la potestad plena para hacerlo; añadido a ello, el Juez Disciplinario no permitió que prestara su declaración informativa, vulnerando su derecho a la defensa e igualdad, no habiéndose considerado en su favor las atenuantes previstas en el art. 94 del Reglamento de Procesos Disciplinarios, referidas a la carga procesal debidamente acreditada y las circunstancias y forma que originó la comisión de la falta disciplinaria, menos aún se valoró la jerarquía del Juzgado que corre a su cargo y las funciones que desempeña, siendo que, finalmente, las autoridades de Segunda Instancia en resolución de su recurso de apelación a través de Resolución SP-AP 187/2021, confirmó parcialmente la decisión confutada, modificando la sanción dispuesta en primera instancia e imponiendo una sanción de suspensión de un mes en el ejercicio de sus funciones sin goce de haberes, pronunciarse sobre los agravios planteados y sufridos en la tramitación del proceso disciplinario, no habiendo valorado el informe remitido por el Auxiliar del Juzgado de Sentencia, y tampoco consideró que la denuncia debió ser dirigida también contra el Juez Gonzalo Yepes Portugal, que se encontraba en suplencia legal suya y que debió expedir el mandamiento de detención preventiva, por lo que, al no haberlo hecho incurrió en el delito de incumplimiento de deberes; consecuentemente, la decisión de alzada resulta arbitraria e insuficiente y carece de los principios que rigen a todo proceso disciplinario, entre ellos el debido proceso constitucional en sus vertientes de fundamentación y motivación. De los antecedentes aparejados al cuaderno constitucional, se advierte que, dentro de la denuncia interpuesta por Sonia Lima Cabezas, Marciano Machaca Cruz contra la accionante, el Juez Disciplinario Segundo del Distrito de La Paz, dictó la Resolución 095/2021, declarándola probada, por la comisión de la falta prevista en el art. 187.14 de la LOJ, imponiéndole la sanción suspensión de cuatro meses de funciones sin goce de haberes, considerando como agravantes la existencia de tres antecedente disciplinarios en aplicación del parágrafo II del art. 106 del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental; determinación que fue objeto de recurso de apelación formulado por la disciplinada, mediante escrito presentado el 8 de julio de 2021, mereciendo la Resolución SP-AP 187/2021; por la que el Tribunal Disciplinario de Segunda Instancia del Consejo de la Magistratura, confirmó parcialmente la resolución impugnada, declarando probada la denuncia formulada contra la disciplinada por la comisión de la falta grave descrita en el art. 187.14 de la LOJ y modificó la sanción dispuesta, imponiendo a la procesada la sanción de un mes de suspensión en el ejercicio de sus funciones sin goce de haberes. Con carácter previo, en atención a la jurisprudencia constitucional que refrendó la naturaleza subsidiaria de la acción de amparo constitucional, y por la cual, se exige el agotamiento de los recursos ordinarios de manera previa a la activación de esta instancia constitucional; este Tribunal no puede pronunciarse sobre las resoluciones que precedieron a aquella emitida como emergencia del último recurso activado para el reclamo de irregularidades que afectarían derechos y garantías fundamentales; en el presente caso, no es posible pronunciarse sobre los supuestos actos lesivos cometidos por el Juez Disciplinario Segundo del Distrito de La Paz y menos aún respecto a Resolución emitida por aquel, por cuanto, conforme se tiene de antecedentes, esta fue cuestionada y revisada por un recurso idóneo, como es el de apelación. En todo caso, la exigencia del agotamiento de los recursos ordinarios previstos por el ordenamiento jurídico de la materia, antes de acudir a la acción de amparo constitucional, no tendría sentido si es que este Tribunal pudiera revisar cada una de las Resoluciones emitidas como emergencia del agotamiento de dichos recursos, pues en caso de hacerlo, también podría dar lugar a pronunciamientos paralelos a los emitidos por la jurisdicción ordinaria con la consiguiente disfunción procesal, proscrita por esta jurisdicción.
Bajo dicho preámbulo debe dejarse claro que esta jurisdicción no habrá de emitir pronunciamiento alguno sobre los actos del inferior, toda vez que, su actuación corresponde a actos procesales que ya merecieron un pronunciamiento, en revisión, dentro del procedimiento respectivo; correspondiendo además, recordar que la acción de amparo constitucional fue instituida por el Constituyente boliviano como mecanismo de protección de derechos fundamentales y garantías constitucionales consagrados en la Constitución Política del Estado y las leyes; en consecuencia, es menester tomar en cuenta que la actual acción tutelar, no es una instancia adicional de la jurisdicción ordinaria y administrativa De esta manera, corresponderá realizar únicamente el análisis de la última Resolución pronunciada, referente a la Resolución SP-AP 187/2021, el Tribunal Disciplinario de Segunda Instancia del Consejo de la Magistratura, en resolución del recurso de apelación formulado por la peticionante de tutela.
Ahora bien, al haberse delimitado que únicamente se podrá realizar el análisis de la última resolución emitida en la instancia ordinaria; es decir, la Resolución SP-AP 187/2021, la cual la hoy impetrante de tutela, considera vulneró el debido proceso constitucional en sus vertientes de fundamentación y motivación, pues no respondió a todos los agravios planteados en apelación así como tampoco valoró los elementos de prueba y tampoco consideró que la denuncia debió ser dirigida también contra el Juez Luis Gonzalo Yepez Portugal, que se encontraba en suplencia legal suya y que debió expedir el mandamiento de detención preventiva, corresponderá realizar el análisis y contraste de dicha determinación con el fin de verificar si evidentemente incurrió en las vulneraciones denunciadas por la parte accionante, inicialmente desde los puntos alegados en el recurso de apelación y posteriormente su contrastación con la Resolución SP-AP 187/2021, que resolvió la impugnación. A los efectos del párrafo anterior, de la revisión del recurso de apelación planteado por la hoy impetrante de tutela, se advierte que fueron expresados lo siguientes agravios: a) La resolución apelada, carece de valoración de prueba, puesto que el Juez inferior no detalla, no establece, no determina de alguna manera cuales son los elementos probatorios de cargo con base en los cuales se la impone una injusta sanción, no habiéndose realizado ningún análisis intelectivo, así como tampoco se individualizaron los elementos de prueba y cuál el valor probatorio que les fue otorgado, limitándose a referir que los elementos de convicción se encuentran de fs. 11 a 52, desconociéndose en base a que elementos de prueba fue juzgada, dejándola en un estado de completa indefensión, incluso para poder plantear el recurso de apelación, por la falta de argumentación y motivación jurídica por parte del juez disciplinario; b) El Juez disciplinario incurrió en una incorrecta valoración del expediente judicial, pues en el fundamento argüido en el CONSIDERANDO IV, en su párrafo 1 señala textualmente "... De la revisión de la fotocopia del expediente se desprende que en fecha 15 de diciembre de 2020 la Sala Penal Primera devuelve obrados del proceso seguido por el MP c/ Abraham Balboa Ticona al Juzgado Primero de Anticorrupción de la ciudad de La Paz...” (sic); extremo totalmente falso, puesto que si bien el oficio de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz fue fechado el 15 de diciembre de 2020, ello no significa que en la misma data se haya remitido el cuaderno procesal antes su despacho, aspecto que debió ser advertido por el Juez Disciplinario a partir del sello de cargo de recepción del juzgado a su cargo, aspecto equívocamente señalado en la resolución hoy apelada, además que en su fundamento no indica ante que instancia fue devuelta pues solo señala Juzgado Primero, no estableciéndose si fue devuelto ante Juzgado de Sentencia o de Instrucción, más aun cuando existía en el desarrollo de la causa discusión sobre la competencia de la misma habiendo radicado incluso ante un Tribunal de Sentencia la causa judicial, aspecto impreciso y ambiguo expresado en la resolución apelada; c) Fue incumplido e inobservado el principio de congruencia con los extremos denunciados, toda vez que no se consideró lo dispuesto por la Sala Penal Primera, habiendo actuado el juzgador disciplinario de forma ultra petita, toda vez que en ninguna parte de la fundamentación del memorial de denuncia e incluso de subsanación de denuncia, se mencionó que contra la providencia señalada existiría alguna disconformidad o que estaría mal providenciada, siendo que la causa fue remitida el 16 de diciembre de 2021 y más aun teniendo presente que al ser recién remitida incluso la misma Sala Penal emitió providencia de 19 de noviembre de 2020, ante solicitud efectuada por la parte denunciante ante el Tribunal Superior de emisión del mandamiento, instancia que dispuso que, al evidenciarse que la parte imputada no había sido notificada aun con el Auto de Visa 123/2020, ni con el auto interlocutorio de recha 13 de noviembre del referido año; por lo que, su petición será atendida una vez se cumpla con la notificación faltante; extremo que el Juez disciplinario no valoró, consideró y menos se percató, siendo que tales actuaciones evidencian que en la causa penal que le fue remitida, el acusado no había sido notificado con el Auto de vista, por lo que su autoridad se encontraba impedida de expedir el mandamiento de detención, debido a que las formalidades de ley no fueron cumplidas; d) La decisión del Juez Disciplinario adolece de falta de congruencia material y formal, habiéndose interpretado erróneamente por el juzgador el art. 58 de la LOJ; infiriendo que los Vocales no tendrían competencia para emitir mandamientos, aspecto totalmente contradictorio puesto que dichas autoridades al conocer y tramitar recursos de impugnación, dependiendo de su resultado, emiten pronunciamientos a través de autos de vista en los cuales, de corresponder, libran mandamientos de ley, teniendo plena potestad para hacerlo; consecuentemente, dicho argumento resulta totalmente equivoco, más aun cuando la referida Sala Penal Primera, dispuso que previamente a expedirse el mandamiento de detención preventiva, debía notificarse con el Auto de Vista a la parte sindicada, lo que materialmente le impedía la emisión del mandamiento de detención preventiva; además, la decisión del a quo, carece no consideró la prueba extraordinaria presentada por su parte, vulnerando los principios de verdad material y objetividad, cuando mínimamente debió basar su decisión en prueba idónea y actualizada, ya que los elementos de convicción adjuntos al recurso de apelación, se demuestra que las sanciones disciplinarias previas que pesaban en su contra, ya fueron canceladas por el Consejo de la Magistratura, por lo que no podía atribuírsele esa agravante; e) El Juez disciplinario no valoró la prueba extraordinaria presentada de su parte, vulnerándose los principios de verdad material y de objetividad, omitiendo aplicar correctamente el Reglamento de Procesos Disciplinarios del Órgano Judicial y Tribunal Agroambiental, respecto al principio de verdad material considerado como el conjunto de actos procesales disciplinarios internos, destinados a conocer la verdad material de los hechos, emergentes de la presunta comisión de una falta disciplinaria; por lo que, el juzgador se halla constreñido a verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar las medidas probatorias necesarias autorizadas por Ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los sujetos procesales; máxime cuando, de acuerdo a la prueba adjunta al recurso de apelación se tienen evidenciado que las sanciones disciplinaria impuestas previamente en otros procesos disciplinarios previos ya fueron canceladas por el Consejo de la Magistratura; y, f) La resolución apelada no establece pronunciamiento respecto a la declaración solicitada como medio de defensa; habiéndosele dejado en absoluto estado de indefensión al no haberle permitido prestar su declaración, cuando era su obligación valerse de todos los mecanismos, bajo el principio de informalismo, con la finalidad de llegar a la verdad histórica de los hechos, sin embargo, la autoridad disciplinaria no le permitió ejercer su derecho a la defensa, agravio y estado de indefensión al no haberle permitido declarar, habiendo sido notificada en tablero de Juzgado de un día para el otro, acto que constituye en una total arbitrariedad; toda vez que, la autoridad disciplinaria inferior, declaró probada la denuncia supuestamente por haber incurrido en la falta prevista en el art. 187.14 de la LOJ; empero, dicha normativa es clara, y al haber emitido providencia 2 de diciembre de 2020 y en lo que respecta a sus tres vertientes; como podría establecer que la suscrita haya generado retardación, cuando la misma Sala Penal Primera claramente estableció que previamente a emitir al mudamiento de detención, debía notificarse a la parte acusada con el auto de vista; consecuentemente, dicha falta no le puede ser atribuida a su persona, pues no fue ella quien emitió el Auto de Vista, ni ordenó la detención preventiva, tampoco se encuentra a cargo de realizar las notificaciones; atribución que le corresponde exclusivamente a la Secretaria de juzgado, en el marco de lo dispuesto por el art. 56 del CPP. Por todo lo manifestado solicitó, que el Tribunal Superior revoque la injusta determinación emitida por el inferior, dando curso a los fundamentos esgrimidos en el recurso de apelación, y por consiguiente, emitan un fallo declarando por improbada la denuncia por la supuesta comisión de la falta disciplinaria prevista en el art. 187.14 de la LOJ. En resolución del recurso de apelación glosado previamente, el Tribunal Disciplinario de Segunda Instancia del Consejo de la Magistratura –ahora demandados– dictó la Resolución SP-AP 187/2021, de cuyo contenido se advierte los siguiente: 1) En el Considerando III, se procede a la identificación de los siguientes agravios: i) Primer agravio: La recurrente alude que la Resolución apelada, carece de valoración de prueba ofertada, alegando que el juez inferior no individualizó los elementos de prueba, no establece qué tipo de valor probatorio otorga a los mismos, y que la Resolución impugnada sólo refiere como pruebas las que figuraran de fojas 11 a 52 y la disciplinada sostiene que desconoce sobre qué elementos de prueba fue juzgada, por lo que considera que se le dejó en un completo estado de indefensión; ii) Segundo agravio: Incorrecta valoración del expediente Judicial, toda vez que el Juez Disciplinario en el párrafo 1 del Considerando IV, establece que: “De la revisión de la fotocopia del expediente se desprendo que en fecha 15/12/2020, la Sala Penal Primera devuelve obrados del proceso seguido por el MP / Abraham Balboa Ticona al Jugado Primero de Anticorrupción de la ciudad de La Paz”; extremo que, según la apelante resulta totalmente falso; toda vez que, si bien el oficio de la Sala Pena! Primera data de 15 de diciembre de 2020, ello no significa que en la misma fecha se hubiera remitido el cuaderno procesal a su despacho y que la Autoridad Disciplinaria debió analizar correctamente el sello de cargo de recepción de su juzgado, lo que no ocurrió; iii) Tercer Agravio: La impugnante, denuncia el incumplimiento omisivo del principio de congruencia con los extremos denunciados, toda vez que la providencia de 17 de diciembre de 2020, no considera lo dispuesto por la Sala Penal Primera; asimismo, se denuncia que el a quo actuó de forma “ultra petita”, por cuanto en ninguna parte de la fundamentación de la denuncia y su subsanación, se estableció o reclamó que existiera alguna disconformidad o que estuviera mal providenciada, siendo que la causa fue remitida el 16 de diciembre de 2021; adjunto a la providencia 19 de noviembre del mismo año, emitida por Sala Penal, ante una solicitud efectuada por la parte ahora denunciante, referida a la emisión del mandamiento, a lo cual la Sala Penal dispuso lo siguiente: “...de la revisión de antecedentes, se evidencia que la imputada aun no fue notificada con el Auto de Vista 425/2020, ni con el Auto Interlocutorio de 13 de noviembre de 2020, por lo que su petición será atendida una vez se cumpla con la notificación faltante. En este sentido por la oficial de diligencias cúmplase con la notificación a la parte imputada...”; circunstancia que el Juez disciplinario no valoró y menos se percató; dejando clara y plenamente establecido que se le remitió una causa penal en la cual el acusado no había sido notificado con el Auto de Vista, por lo que a la apelante no le competía expedir Mandamiento de Detención Preventiva, al no haberse cumplido las formalidades de ley; iv) Cuarto Agravio: Se alega falta de congruencia material y formal, afirmando la apelante que el Juzgador Disciplinario cometió un error en la interpretación del art. 5 de la LOJ, debido a que del texto de ese articulado, los Vocales tendrían competencia para emitir mandamientos, lo que resulta totalmente contradictorio, toda vez que los Vocales, al conocer y tramitar recursos de impugnación, dependiendo del resultado lo del mismo, emiten pronunciamiento a través de Autos Vista y si corresponde, libran mandamientos de ley, teniendo plena potestad para tu ello; más aún cuando dicha Sala Penal Primera, dispuso que previamente a expedir mandamiento de detención preventiva, debía notificarse con el Auto de Vista a la parte; sin embargo, de la revisión del fallo del inferior, se advierten que los hechos a los que refiere la apelante, se tomaron en cuenta por el inferior en la emisión de su fallo; v) Quinto agravio: También señala la apelante, que el Juez disciplinario no consideró la “prueba extraordinaria” que le presentó, vulnerándose los principios de verdad material y objetividad, siendo que el juzgador de instancia, de forma incongruente y atentatoria, incluyó la agravante en la sanción impuesta, sin sustentar su Resolución en prueba objetiva, idónea y actualizada, toda vez que las pruebas que adjuntas al recurso de apelación se acredita que la Sanciones Disciplinarias correspondientes a procesos anteriores sustanciados en su contra ya fueron canceladas por el Consejo de la Magistratura; vi) Sexto agravio: La resolución apelada no contiene pronunciamiento respecto a la declaración solicitada como medio de defensa, siendo que la autoridad disciplinaria no le permitió ejercer su derecho a la defensa, al no haberle permitido declarar, vulnerándose así su derecho a la defensa e igualdad jurídica, cuando correspondía que preste su declaración; además de que jamás se enteró habiéndole notificado en Tablero del Juzgado de un día para el otro, acto que considera una total arbitrariedad; finalmente sostiene la apelante, que no se le puede atribuir la falta de retardación indebida, porque no fue ella quien emitió el Auto de Vista, no fue quien ordenó la detención preventiva y tampoco está a cargo de realizar las notificaciones, sino que dicha atribución le corresponde exclusivamente a la Secretaria del Juzgado, conforme manda el art. 56 del CPP; 2) La Resolución SP-AP 187/2021, emitida por los Consejeros ahora demandados, luego de establecer en el Considerando IV los Fundamentos Jurídicos y Jurisprudenciales sobre los agravios denunciados, procedió en el Considerando V a la resolución de los mismos, estableciendo lo siguiente: a) Al primer agravio: Según lo que manifiesta la apelante, la Resolución impugnada, carece de valoración de la prueba y el Juez Disciplinario en dicho fallo únicamente hizo referencia a las pruebas que cursan de fojas 11 a 52 y que desconoce sobre qué elementos de prueba fue juzgada; al respecto, de la revisión del expediente, se evidencia que este criterio no condice con la realidad, por cuanto la Resolución de primera instancia fue pronunciada fundamentalmente, considerando las actuaciones contenidas en las fotocopias legalizadas de piezas del expediente del proceso penal seguido por el Ministerio Publico contra Abraham Balboa Ticona por el delito de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica y que en el proceso disciplinario cursa de fojas 89 al 115; específicamente, en la nota de devolución de expediente de 15 de diciembre de 2020, que a fs. 102 el mandamiento de detención preventiva contra Abraham Balboa Ticona, que fue expedido por la autoridad disciplinada el 23 de marzo de 2021 que cursa a fojas 110; circunstancia que fue ratificada mediante el Informe del Secretario del Juzgado de 13 de abril de 2021 y que cursa a fojas 115 del expediente del proceso disciplinario; por consiguiente, la Resolución impugnada no fue emitida tan solo fundada en las pruebas de fojas 11 a 52; contrariamente a lo aludido por la apelante, los elementos de prueba sobre los cuales se sustenta el fallo de primera instancia, se encuentran plenamente identificados y con la debida valoración probatoria jurídica y de manera integral. En tal virtud, no corresponde el agravio de falta de valoración de prueba argüido por la disciplinada; b) Al segundo agravio: Sobre la incorrecta valoración de la Nota de devolución del expediente de 15 de diciembre de 2020, que cursa en el expediente a fs, 102, emitida por la Sala Penal Primera del Distrito de La Paz, Tribunal donde radicó el proceso, a causa de la apelación de la Resolución 02/2019 de 5 de enero de 2019 mediante la cual la disciplinada, adoptó la determinación de expedir mandamiento de detención preventiva en contra de Abraham Balboa Ticona, que cursa en el expediente de fs. 138 a 142, resolución penal de primera instancia que fue confirmada por dicha Sala Penal a través del Auto de Vista de 3 de noviembre de 2020 (fs. 90 a 92). Sobre tal extremo, debe destacarse que la impugnante cuestiona la veracidad de la indicada fecha de devolución del cuaderno procesal a su despacho judicial; no obstante, el hecho de que expediente haya sido devuelto al Juzgado el 15, 16 o 17 de diciembre de 2020, no tiene relevancia jurídica a los fines de establecer la retardación indebida en la tramitación de los procesos judiciales, aun si consideramos que para el día 11 de marzo de 2021, aún no habían sido citadas las partes del proceso penal con el Auto Complementario de fecha 13 de noviembre de 2020, mediante el cual fue modificado el número del Auto de Vista de 3 de noviembre de 2020 (fs. 23 al 28) dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que confirmó la Resolución 02/2019 de 5 de enero de 2019 (fs. 29 al 37), mediante la cual la Juez disciplinada ordenó la detención preventiva de Abraham Balboa Ticona; toda vez que desde el 11 de marzo de 2021, cuando el expediente ya se encontraba en el Juzgado de la disciplinada, a la fecha de emisión por esta del mandamiento de detención preventiva contra el prenombrado, el 26 de marzo de 2021, transcurrieron al menos quince días calendario y 11 días hábiles; verificándose la veracidad de la denunciada retardación indebida en la tramitación del proceso y por ende, que la disciplinada incurrió en la falta grave prevista en el numeral art. 187.14 de la LOJ; de donde resulta evidente que no se efectuó una incorrecta valoración de la Nota de Devolución del Expediente de la Sala Penal al Juzgado del que es titular la disciplinada, pues el motivo determinante para la declaración, en la Resolución Disciplinaria de Primera Instancia, es la existencia del hecho que constituye Falta Grave prevista en el numeral 14 del art. 187 de la LOJ. Consecuentemente, el agravio de la incorrecta valoración de la prueba documental, alegada por la apelante, tampoco existe; c) Al tercer agravio: La apelante sostiene que el Juez disciplinario, al emitir la tiene la Resolución Primera Instancia, incumplió el principio de congruencia, porque los denunciantes, ni en su demanda y menos en el memorial de subsanación, objetaron o expresaron su disconformidad con la providencia de 17 de diciembre de 2020, y por ende al considerarse este proveído por el Juez Disciplinario, actuó de forma "ultra petita". Sobre dicho cuestionamiento, de la revisión del expediente, debe establecerse que evidentemente los denunciantes no señalan clara ni específicamente la providencia de 17 de diciembre 2020, como punto de reclamación; sin embargo, al no ser este un proceso de impugnación de decisiones jurisdiccionales como el decreto de referencia, la mención de dicho proveído, como parte de la argumentación jurídica de la Resolución Disciplinaria impugnada, legalmente no está prohibida, más aún, si conforme la previsión contenida en el art. 74 del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental establece que "(...) el Juez asignara el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba (...) en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida”; por consiguiente, no se advierte falta de concordancia entre la petición de los denunciantes y la decisión asumida por el Juez disciplinario, dentro el análisis integral de todos los actuados puestos a su conocimiento, por lo que, la invocación de la apelante del agravio de incongruencia de la Resolución impugnada no tiene asidero jurídico; d) Al cuarto agravio: La recurrente, denunció que la decisión objeto de impugnación carece de congruencia material y formal, porque el Juez disciplinario no consideró elementos fácticos vinculados al hecho denunciado, tales como que la Sala Penal, le remitiera el Auto de Vista (Confirmatorio de la orden de emisión de Mandamiento de Detención Preventiva, dictada de su parte), sin previamente haberse notificado al acusado y consideró el hecho de que la Sala Penal mediante Auto de fecha 13 de noviembre de 2020, corrigió el número de la Resolución Confirmatoria (Auto de Vista) de 425/2019 a 425/2020, siendo este último el correcto; al respecto, de la revisión de la Resolución de Primera Instancia, se evidencia que los dos hechos a los que hace referencia la disciplinada, fueron tomados en cuenta para la emisión de dicho fallo, cuando afirma lo siguiente: “Si bien es cierto y evidente que existían actos procesales aún pendientes, refiriéndose a la mencionada falta de notificación con el Auto de Vista de 3 de noviembre de 2020 y la corrección en cuanto al año mediante Auto de 13 de noviembre de 2020–; como se establece a fs. 109, tales extremos estos debieron ser considerados por la disciplinada al momento de emitir el decreto de 17 de diciembre de 2020, para así evitar demora en la tramitación del proceso; adicionalmente a ello, es preciso señalar que aun con los actos procesales y diligencias pendientes a los que hace referencia la disciplinada y descontando el tiempo correspondiente a estos actos, existe una demora de al menos quince días calendario y once días hábiles, entre la fecha de la diligencia de notificación con el Auto de Vista y su notificación al imputado y la emisión del mandamiento de detención preventiva expedido por la disciplinada recién el 24 de marzo de 2021; en tal sentido, tampoco existe la falta de congruencia material y formal que alega la apelante; e) Al quinto agravio: alude la recurrente que el Juez Disciplinario incluyó en su fallo de forma indebida la aplicación de una agravante, basado en tres sanciones disciplinarias que figuran en tres Resoluciones que adquirieron firmeza el 10 de agosto de 2017, 5 de marzo de 2018 y 6 de marzo de 2018, respectivamente, afirmando que en los tres casos, han transcurrido más de tres años; por lo que, estarían prescritas, además de que ya habrían sido canceladas ante el Consejo de la Magistratura, sin especificar la fecha en la que se produjeron dichas cancelaciones, respaldando dicho argumento ante el tribunal de alzada, con las Resoluciones de Cancelación de estos antecedentes disciplinarios; sin embargo y de la revisión del expediente disciplinario, se establece que el Certificado de Antecedentes Disciplinarios fue expedido el 23 de marzo de 2021, por el responsable de Apoyo al Régimen Disciplinario del Consejo de la Magistratura, dentro el periodo de prueba del proceso en primera instancia y en cumplimiento a la orden emitida por el Juez disciplinario; siendo sobre esa base que fue dictada la Resolución de Primera Instancia, constando que a esa fecha, los antecedentes disciplinarios correspondientes a los tres casos mencionados por la apelante se encontraban sin cancelación; es más, la disciplinada, fue notificada con el referido Certificado el 25 de marzo de 2021, tal como consta en las respectivas diligencias de fs. 64 y sobre las cuales no formuló ninguna observación o aclaración con referencia a los datos contenidos en el señalado certificado; razón por la cual el Juez Disciplinario, en la Resolución Disciplinaria ahora apelada, consideró los mencionados tres antecedentes disciplinarios, como agravantes, para imponerle a la apelante la sanción de cuatro meses de suspensión de funciones sin goce de haberes; es decir, en función a la información con que contaba a la fecha de emisión de la Resolución Disciplinaria (29 de junio de 2021); sin embargo, en cumplimiento del principio de verdad material aplicable a los procesos disciplinarios, como el presente, previsto en el art. 180 de la CPE y art. 7-VII del “Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental; además en el marco del art.106-111 de dicho Reglamento Disciplinario, que dispone: “En segunda instancia, el Tribunal de Segunda Instancia, si corresponde, valorara las atenuantes o agravantes a tiempo de resolver el Recurso de Apelación” corresponde a este Tribunal proceder a una nueva valoración de los agravantes atribuidas a la disciplinada y que es reclamado en apelación, es que, precisamente considerando la presentación en segunda instancia de las tres Resoluciones de Cancelación de Antecedentes Disciplinarios, expedidas a favor de la disciplinada y que al presente cursan en el expediente del proceso, es que se determinó modificar parcialmente la Resolución de Primera Instancia, con la exclusión de las agravantes; f) Al sexto agravio: Se afirma que el Juez disciplinario, no se pronunció respecto a su petición de declaración informativa en audiencia, es más, le habría negado este derecho, lo que le habría dejado en absoluta indefensión; no obstante, de la revisión de los actuados procesales de fs. 74 a 76, se verifica que lo que en realidad ocurrió es que la disciplinada no concurrió a la audiencia de declaración informativa fijada para el 29 de marzo de 2021 a las 09:00, pese a que fue notificada con tal señalamiento el 26 de marzo de 2021, conforme consta en la diligencia de fs. 75; ausencia que además se halla plasmada en el "Acta de Audiencia de Declaración Informativa Suspendida de fecha 29 de marzo de 2021 de fs. 76; de donde resulta que lo argumentado por la apelante no tiene base legal ni fáctica que lo sustente; y, g) Por todo lo expresado, analizado y compulsado, se establece que el Juez Disciplinario, a tiempo emitir la Resolución 095/2021 de 29 de junio, no incurrió en los agravios que acusa la apelante, excepto en la aplicación de la agravante por tres antecedentes, que fueron cancelados a la fecha y que consecuentemente constituyen hechos sobrevinientes, posteriores a la emisión de la Resolución de primera instancia. Argumentos en virtud de los cuales, los ahora demandados confirmaron parcialmente el fallo apelado, declarando probada la denuncia formulada contra Gladis Bacarreza Morales - Jueza de Sentencia Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Primera del departamento de La Paz por la comisión de la Falta Grave prevista en el art. 187.14 de la LOJ y por consiguiente, modificaron la sanción dispuesta en la referida Resolución de Primera Instancia, imponiendo a la disciplinada, la sanción de un (1) mes de suspensión en el ejercicio de sus funciones, sin goce de haberes. Ahora bien, a efectos de la resolución de la problemática traída en revisión, conviene recordar que de acuerdo a lo establecido en la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la emisión de una decisión carente de fundamentación y motivación, se configura como una omisión del juzgador de dar cuenta respecto a los argumentos que sustentan sus decisiones, ya que es precisamente en torno a sus razones, en que se sostiene la legitimidad de su ámbito decisional; en consecuencia, la carencia de estos elementos constitutivos en toda decisión, se traduce no sólo en lesión al debido proceso, sino también en una directa restricción del derecho de acceso a la justicia en su vertiente del derecho a una decisión judicial.
Bajo dicho entendimiento, la motivación de los actos jurisdiccionales o administrativos, se instituye en una barrera de la arbitrariedad y contribuye a garantizar la sujeción del juzgador al ordenamiento jurídico, posibilitando además, el posterior control sobre la razonabilidad de la decisión; por este motivo, el sustento argumentativo de todas las resoluciones, se constituye como un elemento imprescindible a la hora de administrar justicia, que a su vez, apertura el ejercicio del derecho de contradicción debido a que puede impugnarse puntualmente una decisión cuando sus fundamentos no son claros y determinantes y por ende resultan susceptibles de refutación, pues no es concebible que quienes administren justicia, se aparten de su obligación de sustentar y motivar las decisiones que asumen; máxime si, conforme hemos sostenido, todas las autoridades –judiciales o administrativas– que conocen de la sustanciación de un proceso, tienen el deber inexcusable de exponer las razones fácticas y jurídicas suficientes que expliquen, aunque sea de manera concreta, las causales que lo llevaron a adoptar una decisión; caso contrario, se desconocería el debido proceso. En este contexto, cuando, a través de una acción de amparo constitucional, se denuncia lesión al debido proceso, emergente de una carente motivación de las resoluciones judiciales, o que éstas hayan sido proferidas sin una correcta valoración de los elementos probatorios, o que se aparten ostensiblemente de la jurisprudencia vinculante sin ofrecer motivación suficiente, merecen tutela constitucional, ya que del fondo de una decisión, podrían depender no sólo el debido proceso, sino también otros derechos conexos a éste como el derecho a la defensa, a la tutela judicial efectiva, a la valoración integral de la prueba, a la presunción de inocencia, al acceso a la justicia, a la impugnación, etc., que se hallan insertos en el núcleo duro del debido proceso y que consecuentemente, se encuentran vinculados entre sí.
Sin embargo, cuando los motivos o razones que llevaron al juzgador a tomar una determinada decisión, han sido expuestos en su fallo de manera clara aunque concisa, y se ha dado respuesta a todas la interrogantes planteadas por las partes, la decisión se tendrá por suficientemente fundamentada, motiva y congruente y dotada de las características mínimas de una resolución, el debido proceso en estos elementos, habrá sido satisfecho. A ello debe añadirse que, conforme quedó sentado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, tratándose de resoluciones emitidas segunda instancia, es deber del Tribunal o autoridad superior jerárquica, enmendar los yerros en los que pudiera haber incurrido el tribunal o autoridad de origen; es así que la motivación de las resoluciones debe ser comprensible, puntual, concreta y en todos los casos lógica, incluyendo el análisis de todos los aspectos relacionados al asunto principal, correspondiendo efectuarse una relación de causalidad estrecha entre los hechos y la normativa inherente al caso específico, a dicho efecto toda autoridad que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; y, 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados; pues de actuar en contrario, una parte fundamental del fallo sería eliminado con la consiguiente lesión del debido proceso, pues se impediría a los procesados conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados. De ahí que, únicamente cuando las decisiones administrativas de segunda instancia conlleven de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción de que la decisión asumida por la autoridad jerárquica es a todas luces justa, lo que implica que a esta última autoridad que es la de cierre de la cadena de impugnación vertical, no le está permitido reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes. En el contexto de los entendimientos previamente señalados y del contraste del recurso de apelación refrendado con el contenido de la Resolución SP-AP 187/2021, emitida por los Consejeros –hoy demandados–, se advierte que la misma cumple de manera suficiente y satisfactoria los estándares mínimos de fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, en resolución del recurso de apelación interpuesto por la accionante, los hoy demandados, luego de identificar puntualmente los agravios denunciados en apelación, efectuaron un análisis adecuado de los mismos, resolviendo y respondiendo cada uno de ellos explicando de manera clara y precisa las razones en las que sustentaron su decisión respecto a los extremos reclamados en el recurso de impugnación. Es así que, con referencia a la falta de valoración de la prueba en que hubiera incurrido el Juez Disciplinario al no detallar, establecer ni determinar cuáles son los elementos probatorios de cargo con base a los cuales se la impuso una injusta sanción, limitándose el inferior a citar las fojas en las que aquellos se encontrarían consignados, lo Consejeros hoy demandados, establecieron que, de la revisión del expediente se evidenció que tal extremo no era cierto, por cuanto la decisión asumida por el a quo, consideró las actuaciones contenidas en las fotocopias legalizadas de piezas del expediente del proceso penal seguido por el Ministerio Publico contra Abraham Balboa Ticona por el delito de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica y que en el proceso disciplinario cursa de fojas 89 al 115; específicamente, en la nota de devolución de expediente de 15 de diciembre de 2020, que a fs. 102 consta el mandamiento de detención preventiva contra Abraham Balboa Ticona, que fue expedido por la autoridad disciplinada el 23 de marzo de 2021 que cursa a fs. 110; circunstancia que fue ratificada mediante el Informe del Secretario del Juzgado de 13 de abril de 2021 y que cursa a fs. 115 del expediente del proceso disciplinario; argumentos en virtud a los cuales, los ahora demandados establecieron que la Resolución impugnada, no se fundó únicamente en las pruebas de fs. 11 a 52; sino que por el contrario, los elementos de prueba en que se sustenta el fallo de primera instancia, se encuentran plenamente identificados y con la debida valoración probatoria jurídica y de manera integral. De igual manera, refiriéndose al segundo agravio invocado en apelación, referido a la supuesta valoración incorrecta del expediente judicial, con referencia a la fecha de devolución del cuaderno procesal a su despacho judicial de la Sala Penal, que si bien consigna una fecha determinada ello no implicaría que es en esa data en la que devolvió el cuaderno procesal, sin haberse considerado debidamente el sello de recepción plasmado en el juzgado a su cargo; sobre dicho extremo, los Consejeros de la Magistratura, en la resolución de segunda instancia, determinaron que el hecho de que expediente haya sido devuelto al Juzgado el 15, 16 o 17 de diciembre de 2020, no tiene relevancia jurídica a los fines de establecer la retardación indebida en la tramitación de los procesos judiciales, sino que el acción indebida se identificó a partir del hecho de que, desde el 11 de marzo de 2021, cuando el expediente ya se encontraba en el Juzgado de la disciplinada, hasta la fecha de emisión por esta del mandamiento de detención preventiva contra el prenombrado, el 26 de marzo de 2021, transcurrieron al menos quince días calendario y once días hábiles; verificándose la veracidad de la denunciada retardación indebida en la tramitación del proceso y por ende, que la disciplinada incurrió en la falta grave prevista en el numeral art. 187.14 de la LOJ, de donde resulta evidente que no se efectuó una incorrecta valoración de la Nota de Devolución del Expediente de la Sala Penal al Juzgado del que es titular la procesada. En el mismo sentido, en resolución del tercer agravio, en cuanto a que el Juez disciplinario, vulnerando el principio de congruencia hubiera emitido una decisión ultra petita; toda vez que, la parte denunciante, nunca se formuló observación alguna a la providencia emitida por su parte; extremo que no fue valorado, considerado por el Juez disciplinario, cuando dichas actuaciones evidencian que cuando la causa penal le fue remitida, el acusado no había sido notificado con el Auto de vista; por lo que, su autoridad se encontraba impedida de expedir el mandamiento de detención, debido a que las formalidades de ley no fueron cumplidas. Al respecto, los hoy demandados respondieron que del análisis de obrados, si bien los denunciantes no señalan clara ni específicamente la providencia de 17 de diciembre 2020 como punto de reclamo, la mención de dicho proveído, como parte de la argumentación jurídica de la Resolución Disciplinaria impugnada, se sustenta en la previsión contenida en el art. 74 del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental que establece que "(...) el Juez asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba (...) en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida", de donde no se advierte falta de concordancia entre la petición de los denunciantes y la decisión asumida por el Juez disciplinario, a partir del análisis integral de todos los actuados sometidos a su conocimiento. En cuanto al cuarto agravio postulado en la apelación, respecto a que el juez inferior hubiera interpretado erróneamente el art. 58 de la LOJ; infiriendo que los Vocales no tendrían competencia para emitir mandamientos, siendo que dichas autoridades al conocer y tramitar recursos de impugnación, dependiendo de su resultado, emiten pronunciamientos a través de autos de vista en los cuales, de corresponder, libran mandamientos de ley, teniendo plena potestad para hacerlo; más aún cuando la Sala Penal Primera, dispuso que previamente a expedirse el mandamiento de detención preventiva, debía notificarse con el Auto de Vista a la parte sindicada; los ahora demandados, en la Resolución SP-AP 187/2021, objeto de la presente acción tutelar, establecieron que el inferior tomó en cuenta los dos hechos reclamados a afirmar que si bien era cierto que existió actos procesales pendientes, con referencia a la notificación del Auto de Vista de 3 de noviembre de 2020 y la corrección en cuanto al año mediante Auto de 13 del referido mes y año–; como se establece a fs. 109, dichos extremos debieron considerarse por la procesada al momento de emitir el decreto de 17 de diciembre de 2020, para así evitar demora en la tramitación del proceso; además, aun con los actos procesales y diligencias pendientes a los que hace referencia la disciplinada y descontando el tiempo correspondiente a estos actos, existe una demora de al menos quince días calendario y once días hábiles, entre la fecha de la diligencia de notificación con el Auto de Vista y su notificación al imputado y la emisión del mandamiento de detención preventiva expedido por la disciplinada recién el 24 de marzo de 2021. Los Consejeros –ahora demandados–, absolviendo el quinto agravio circunscrito a que supuestamente el Juez disciplinario no valoró la prueba extraordinaria presentada de su parte, adjunta al recurso de apelación, se tiene evidenciado que las sanciones disciplinarias impuestas en su contra previamente en otros procesos disciplinarios previos ya fueron canceladas por el Consejo de la Magistratura, señalaron que la apelante no especificó la fecha en la que se produjeron dichas cancelaciones, respaldando dicho argumento ante el tribunal de alzada, con las Resoluciones de Cancelación de estos antecedentes disciplinarios, siendo que de la revisión del expediente disciplinario se advierte que el Certificado de Antecedentes Disciplinarios fue expedido el 23 de marzo de 2021, por el responsable de Apoyo al Régimen Disciplinario del Consejo de la Magistratura, dentro el periodo de prueba del proceso en primera instancia y en cumplimiento a la orden emitida por el Juez disciplinario, documento que fue base para la decisión asumida por el inferior, constando que a esa fecha, los antecedentes disciplinarios correspondientes a los tres casos mencionados por la apelante se encontraban sin cancelación; esto al margen de que, luego de notificada con la certificación referida, la disciplinada no formuló ninguna observación o aclaración con referencia a los datos contenidos en el señalado certificado; razón por la cual, el Juez Disciplinario, en la Resolución Disciplinaria ahora apelada, consideró los mencionados tres antecedentes disciplinarios, como agravantes, para imponerle a la apelante la sanción de cuatro meses de suspensión de funciones sin goce de haberes; no obstante, en Segunda Instancia, en cumplimiento del principio de verdad material aplicable a los procesos disciplinarios, así como en el marco de las disposiciones normativas contenidas en los arts. 180 de la CPE y 7-VII, 106-111 del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental; el Tribunal de Segunda Instancia, considerando la presentación en segunda instancia de las tres Resoluciones de Cancelación de Antecedentes Disciplinarios, expedidas a favor de la disciplinada y que al presente cursan en el expediente del proceso, es que se determinó modificar parcialmente la Resolución de Primera Instancia, con la exclusión de las agravantes. En cuanto al sexto agravio referido a que no se le permitió prestar su declaración informativa, dejándola en absoluta indefensión, habiéndosela notificado en tablero de Juzgado de un día para el otro, acto que constituye en una total arbitrariedad, habiendo declarado probada la denuncia por haber incurrido en la falta prevista en el art. 187.14 de la LOJ, sin considerar la providencia de 2 de diciembre de 2020, emitida por la Sala Penal; por la que, se dispuso que previamente a la emisión del mandamiento de detención preventiva, debía notificarse al acusado con el auto de vista; defecto que no puede serle atribuido; al respecto, los hoy demandados, determinaron que de la revisión de actuados procesales disciplinarios de fs. 74 a 76, se verifica que lo que en realidad ocurrió es que la disciplinada no concurrió a la audiencia de declaración informativa fijada para el 29 de marzo de 2021 a las 09:00, pese a que fue notificada con tal señalamiento el 26 de marzo de 2021, conforme consta en la diligencia de fs. 75; ausencia que además se halla plasmada en el “Acta de Audiencia de Declaración Informativa Suspendida de fecha 29 de marzo de 2021 de fs. 76”. En consecuencia, este Tribunal, a partir del análisis de los elementos previamente descritos, arriba a la conclusión de que la Resolución SP-AP 187/2021, dictada el Tribunal Disciplinario de Segunda Instancia del Consejo de la Magistratura –ahora demandados–, no vulnera los derechos de la impetrante de tutela debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, al igual que los principios de verdad material, legalidad, objetividad, así como tampoco su derecho a la presunción de inocencia, toda vez que los agravios expuestos por esta en su recurso de apelación, identificados por los ahora demandados en Considerando primero del indicado fallo, fueron plenamente absueltos, no siendo el hecho de que la resolución resultase adversa a los intereses del accionante, razón suficiente para denunciar la vulneración de sus derechos. En cuanto a los derechos a la defensa, al trabajo, e igualdad jurídica, se tiene que respecto al primero, no se advierte lesión alguna, pues de los antecedentes del proceso así como de los alegatos expuestos por la impetrante de tutela así como de aquellos expuestos por los Consejeros demandados, se tiene evidenciado que durante la tramitación del proceso disciplinario instaurado en su contra, la solicitante de tutela, hizo uso efectivo de todos los mecanismos de defensa previstos en el ordenamiento jurídico aplicable al caso particular, siendo de otra lado, que no puede alegarse lesión al derecho al trabajo, debido a que la suspensión de sus funciones por un mes sin goce de haberes, no es arbitraria ni injustificada, pues deviene de la imposición de una sanción emergente del proceso de referencia, incoado en su contra y en el que se evidenció que incurrió en la falta grave descrita en el art. 187.14 de la LOJ y conforme al procedimiento estatuido en el Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental; consecuentemente, la lesión alegada respecto a este derecho, no resulta atendible; y, finalmente, si bien se reclama el derecho a la igualdad jurídica, la impetrante de tutela no ha demostrado de forma alguna que los hoy demandados, en otro caso de similares características hubiera obrado de forma contraria, por consiguiente, esta denuncia, también carece de mérito para ser atendida. Finalmente, en la presente acción tutelar, la accionante denuncia que los hoy demandados, no consideraron que la denuncia debió ser dirigida también contra el Juez Luis Gonzalo Yepez Portugal, que se encontraba en suplencia legal suya y que debió expedir el mandamiento de detención preventiva, debido a lo cual, al no haberlo hecho incurrió en el delito de incumplimiento de deberes; extremo respecto al cual los Consejeros no emitieron pronunciamiento alguno por lo que la decisión asumida por estos resulta arbitraria e insuficiente y carece de los principios que rigen a todo proceso disciplinario, entre ellos el debido proceso constitucional en sus vertientes de fundamentación y motivación. Al respecto, de la revisión del recurso de apelación, se evidencia que la impetrante de tutela en ningún momento cuestionó ante el Tribunal de apelación dicho extremo, de manera que no puede exigir que los ahora demandados que se hubieran pronunciado sobre aquel asunto y menos aún traer a colación el mismo ante la justicia constitucional, pretendiendo que por esta vía, se emita pronunciamiento sobre dicho elemento intentando que este Tribunal, efectúe una valoración de los hechos ocurridos en la vía disciplinaria, cuando dicha atribución por el principio de inmediación, se halla exclusivamente restringida a las autoridades competentes de la señalada jurisdicción; esto, en razón a que, conforme sostiene la reiterada jurisprudencia constitucional, en atención a los principios de independencia judicial, autonomía decisoria, verdad material e inmediación, a efecto de que esta jurisdicción pudiera analizar los actos procesales de forma extraordinaria, el señalado acto tiene incidencia en la resolución final; extremos que no fueron salvados por la impetrante de tutela, correspondiendo en consecuencia, respecto a este reclamo, también denegar la tutela solicitada En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, aplicó de forma correcta los alcances de la presente acción de defensa.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 023/2022 de 14 de febrero, cursante de fs. 119 a 122, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0993_2023-S4.pdf · páginas 1 a 32.
Huella digital del PDF (SHA-256): 9f3964a3ef8e5cdcec5db845377a3cc9ac32b245217b69e9c20974b99407ee2e
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