Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 23 de junio de 2026
Concede en parte la tutela
La accionante denuncia la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de defensa, igualdad de las partes, fundamentación, motivación y de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva; a la propiedad y a la garantía de seguridad jurídica y legalidad; en razón a que, dentro del proceso ejecutivo instaurado contra su esposo se ordenó se trabe el embargo de los bienes del mismo y no así de su persona; además, no fue notificada con el Auto Intimatorio de 28 de marzo de 2006, ni con el Mandamiento de Embargo de 4 de abril de ese año, emitiéndose la Sentencia 45 de 8 de mayo de igual año, que ordenó el remate de los bienes del ejecutado, no así de su persona; así también, se practicaron las diligencias de notificación a su esposo, en las que se afirma que fueron entregadas a su persona firmando las diligencias, siendo que jamás tomó conocimiento de esos actos fraudulentos ni del proceso, habiéndose usado su nombre en calidad de testigo, y a pesar de ello se adjudicó su patrimonio en favor de Hernán Víctor Ruiz Cárdenas -hoy tercero interesado- y se extendió la minuta de transferencia respectiva; extremos por los que presentó un incidente de nulidad de obrados, reclamando el ilegal remate de su bien ganancial sin ser parte del citado proceso ejecutivo; el cual fue rechazado por el Juez ahora coaccionado a través de Auto 239 de 23 de abril de 2018; recurrida esa determinación, los Vocales hoy accionados emitieron el Auto de Vista 192 de 19 de junio de 2018, confirmando totalmente el citado el Auto; cuyas decisiones fueron asumidas sin fundamentación ni motivación. …
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 01 de 11 de octubre de 2023, cursante de fs. 1105 vta. a 1114 vta., pronunciada por el Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Cotoca del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada con relación del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, disponiendo:
a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 192 de 19 de junio de 2018, pronunciado por los Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, debiendo emitir un nuevo auto de vista, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación al Juez Público Civil y Comercial Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz y lo solicitado por la accionante sobre su actuación procesal, así como con relación a los derechos del debido proceso en sus elementos de defensa, igualdad de las partes, de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva; así también, sobre la garantía de seguridad jurídica y legalidad.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0992/2026-S1 Sucre, 23 de junio de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 59955-2023-120-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 01 de 11 de octubre de 2023, cursante de fs. 1105 vta. a 1114 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Elia Romero Rojas contra Editha Pedraza Becerra y Jimmy Fernando López Rojas, ex Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Manuel Jesús Chuquimia Zeballos, Juez Público Civil y Comercial Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz.
La accionante, por memorial presentado el 21 de diciembre de 2018, cursante de fs. 685 a 691 vta., manifestó lo siguiente:
En la demanda ejecutiva seguido por José Orestes Morales Suárez -hoy tercero interesado- contra de su esposo Pablo Villagómez Galvis, radicado en -el entonces Juzgado Séptimo de Partido en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial de Santa Cruz-, el 28 de marzo de 2006 se emitió el Auto Intimatorio de 28 de marzo de 2006, ordenando se libre mandamiento de embargo de los bienes dejados en garantía; es así que, el 4 de abril de ese año, se libró dicho mandamiento ordenando se trabe el embargo de los bienes del ejecutado, no así de su persona. Con los citados Auto Intimatorio y mandamiento de embargo no fue notificada, y una vez señalada la audiencia de conciliación, la misma no fue realizada, habiendo ingresado la Secretaría del referido Juzgado el expediente a despacho de manera apresurada; por lo que, el 8 de mayo del citado año, el entonces Juez Séptimo de Partido en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial de Santa Cruz, emitió la Sentencia 45 de 8 de mayo de 2006, declarando probada la demanda y ordenó se prosiga el trámite hasta el remate de los bienes que se acrediten de propiedad del ejecutado, no así de su persona. El entonces Oficial de Diligencias del Juzgado Séptimo de Partido en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial de Santa Cruz, procedió al embargo del bien inmueble de propiedad de su esposo elaborando el acta respectiva; sin embargo, su persona no fue notificada con el mandamiento de embargo ni con la referida acta. Aprobado el avalúo pericial se fijó la primera audiencia de remate, cursando a fs. 56 la diligencia de notificación a su esposo, con la solicitud de audiencia, el “decreto” de fijación de nueva fecha y el primer aviso, en la que de manera delictiva y falsa, el Oficial de Diligencias del entonces Juzgado Séptimo de Partido en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial de Santa Cruz, afirmó que fue entregado a su persona y que firmó la diligencia en constancia, siendo que jamás tomó conocimiento de ese acto fraudulento, con el que se pretende asegurar el resultado de apropiarse de su patrimonio utilizando su nombre en una diligencia falsa. Con el “decreto de 13 de agosto de 2009” de señalamiento de segunda audiencia de subasta y remate, fue notificado su esposo, nuevamente de manera fraudulenta; ya que, se usó su nombre en calidad de testigo, siendo que jamás tomó conocimiento del proceso ejecutivo. Una vez efectuado el doloso remate de su patrimonio, el mismo fue adjudicado de manera delictiva a Hernán Víctor Ruiz Cárdenas -hoy tercero interesado-; ya que, a ese actuado se presentó como postor el hijo del abogado del ejecutante; además, los postores participaron en el acto de remate sin haber efectuado el depósito judicial que los habilite a participar en la puja; así también, el Juez de la causa aprobó la adjudicación en favor del nombrado, dejando sin efecto una anterior adjudicación realizada al primer postor, cuando ya se había resuelto el derecho del segundo postor por falta de efectivización del saldo del precio en el plazo de tres días, a pesar de ello, se declaró la ejecutoria del Auto de aprobación de la adjudicación y se extendió la minuta de transferencia en favor del adjudicatario. El 15 de junio de 2016, a tiempo de obtener un certificado alodial del bien inmueble -rematado- del cual es copropietaria, se sorprendió al enterarse que el mismo ya le pertenecía a otra persona, sin que su persona hubiese realizado acto de disposición alguna, autorizado su venta o dando su consentimiento, ni ser parte del proceso ejecutivo; es así que se apersonó al entonces Juzgado Séptimo de Partido en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial de Santa Cruz, suscitando un incidente de nulidad de obrados, reclamando el ilegal remate de un bien ganancial que es el patrimonio de su familia, sin ser parte ni haberse dictado sentencia contra su persona; habiéndose confiscado judicialmente su bien inmueble mediante actos fraudulentos para beneficiar delictivamente a un tercero que no se encontraba habilitado para participar del remate por falta del depósito de ley. El incidente de nulidad de obrados fue rechazado por Auto 239 de 23 de abril de 2018, emitido por el Juez ahora coaccionado, sin previa notificación a las partes procesales ni imprimir el trámite procesal establecido por el art. 152 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrg), aplicable por mandato de la Disposición Transitoria Octava parágrafo I del Código Procesal Civil (CPC); además, sin motivación ni fundamentación; Auto que aún no fue notificado a las partes procesales. Una vez apelada esa determinación, los Vocales hoy accionados mediante Auto de Vista 192 de 19 de junio de igual año, confirmaron totalmente el referido Auto recurrido -239-, sin percatarse que no se encontraba abierta su competencia por falta de notificación a las partes procesales con dicho Auto; por lo que, debieron devolver el proceso al Juzgado de origen para que se subsane esa omisión; sin embargo, emitieron el citado Auto de Vista sin motivación ni fundamentación jurídica, vulnerando sus derechos; ya que, de los datos del proceso, emergen hechos que denotan y demuestran que actuaron de manera “colusoria” con el adjudicatario, repitiendo en ese Auto de Vista, los argumentos expuestos por él y consintiendo actos ilegales para favorecerlo.
La accionante denuncia la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de defensa, igualdad de las partes, fundamentación, motivación y al acceso a la justicia o tutela judicial efectiva; a la propiedad y a la garantía de seguridad jurídica y a la legalidad; citando al efecto los arts. 14.III, 56.I, 109, 110, 115, 117.I, 119.II y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga: a) La nulidad de los actos realizados por los Vocales y el Juez ahora accionados hasta su origen; es decir, anule obrados hasta “fs. 15” inclusive y previo a proseguir el trámite del proceso, se labre una nueva acta de embargo, aclarando que se embarga la cuota ganancialicia del ejecutado Pablo Villagomez Galvis; y, b) Resolviendo en el fondo, se reestablezca su derecho propietario ganancialicio registrado bajo la matrícula computarizada 7.01.1.06.0033217 del Fundo “La Peña” y que fue ilegalmente rematado.
Celebrada la audiencia virtual el 11 de octubre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 1095 a 1105, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra los argumentos del memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolos manifestó que: 1) El Juez hoy coaccionado vulneró su derecho a la propiedad privada, sobre el 50% de su derecho propietario respecto al predio “La Peña” inscrito en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.) y en virtud al certificado de matrimonio celebrado el 22 de abril de 1979; 2) El bien inmueble descrito forma parte de la comunidad de bienes gananciales, el cual fue embargado por orden de dicho Juez y fue anotado preventivamente sobre la totalidad del mismo sin considerar su ganancialidad, afectando el 50% que le corresponde; 3) De haber conocido los actos procesales, hubiese podido defender su derecho de propiedad en igualdad de condiciones; no habiendo cumplido dicho Juez al admitir la demanda conforme lo establecido por el art. 327.4 del CPCabrg, vulnerando su derecho al debido proceso; 4) Al disponerse el remate sobre la totalidad del bien inmueble embargado, sin respetar su porcentaje se vulneraron sus derechos; y, 5) Al no ser notificada legalmente con la demanda ejecutiva, no tuvo la oportunidad de ser oída en el proceso y asumir defensa de su derecho de propiedad. Por lo expuesto, pide se disponga la nulidad de obrados del proceso ejecutivo, hasta el Auto Intimatorio de 28 de marzo de 2006; asimismo, se ordene a DD.RR. la cancelación del derecho propietario de Hernán Víctor Ruíz Cárdenas -hoy tercero interesado-, registrado bajo la matrícula computarizada 7.01.1.06.0033217, Asiento A-2 de 1 de diciembre de 2011 y se reestablezca su derecho de propiedad ganancialicia del fundo “La Peña” en la Oficina de DD.RR. De manera posterior, señaló que el proceso penal o por el hoy tercero interesado fue anulado con una acción de amparo constitucional. Y se presentó una prueba de reciente obtención que demuestra que no existía ninguna obligación entre su esposo y el adjudicatario, para burlar justamente los derechos de su persona -accionante-.
Edita Pedraza Becerra y Jimmy Fernando López Rojas, ex Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Manuel Jesús Chuquimia Zeballos, Juez Público Civil y Comercial Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, no se conectaron a la audiencia virtual ni presentaron informe alguno, pese a sus citaciones cursantes a fs. 795, 810, 826, 1007 y 1008.
Hernán Víctor Ruiz Cárdenas, por memorial presentado el 6 de octubre de 2023, cursante a fs. 1085 y vta.; así como, en audiencia a través de su abogada, manifestó que: i) La accionante, al margen de los actos consentidos realizados dentro del proceso ejecutivo, no cumplió con el principio de subsidiariedad; ya que, los argumentos que expone en su acción tutelar no fueron las mismas pretensiones consignadas en su incidente de nulidad, ni en su recurso de apelación contra el rechazo de la misma; ii) Se presentan pruebas para que se valoren las acciones delictivas que viene realizando la accionante y su esposo, con relación al terreno de su propiedad que fue adquirido hace más de doce años por venta judicial; iii) La accionante no precisó el acto ilegal o la omisión en la que incurrieron los Vocales y el Juez hoy accionados, sino que hizo una auditoría de sus actuaciones dentro del proceso ejecutivo, que fueron cumplidos a cabalidad; iv) El incidente de nulidad planteado por la accionante se fundamenta en actos diferentes al expuesto en la presente acción de defensa. Dicho incidente se sustenta en que, en su calidad de esposa, no fue notificada con los actos que se realizaron en el proceso ejecutivo y se vulneró su derecho a la defensa por haberse rematado un supuesto bien ganancial; sin embargo, ese derecho no se encontraba registrado en la Oficina de DD.RR. ni en otras instituciones al momento de rematarse dicho inmueble; es decir, no contaba con ningún registro de copropiedad en el folio real y simplemente se apersonó con un certificado de matrimonio pretendiendo hacer valer un derecho por una vía errónea, como señalaron los entonces Vocales y el Juez ahora accionados en sus resoluciones, indicando que correspondía formular una tercería de derecho preferente o de exclusión; empero, no un incidente; v) La presente acción tutelar se sustenta en vicios de nulidad que no fueron reclamados en el incidente que dio curso a las resoluciones hoy impugnadas; lo que implica que los Vocales y el Juez ahora accionados nunca tomaron conocimiento de esos actos que hoy pretende reclamarse de manera extraordinaria; por lo que, no se cumple con el principio de subsidiariedad; vi) La accionante consintió los actos que ahora reclama y toda la tramitación del proceso ejecutivo; ya que, a fs. “55” y “61” del expediente original se notificó al ejecutado Pablo Villagómez Galvis con el “decreto” de señalamiento de primera audiencia de remate del bien inmueble -embargado- y el edicto del primer aviso de remate de 30 de mayo de 2009, en cuyos formularios la accionante recibió “con puño y letra” esa notificación y en representación legal de su esposo; situación que se le hizo recuerdo al momento que presentó su incidente de nulidad; sin embargo, “…ella hace la vista gorda…” (sic) y no se acuerda; empero, tampoco niega; no habiendo formulado nulidad sobre esas notificaciones recibidas de manera personal por la nombrada; vii) A “fs. 66”, consta que recibió “…con su puño y letra…” (sic) en representación de su esposo, la notificación con la segunda audiencia de remate y con el edicto de publicación de esa audiencia; en ese sentido, desde el 17 de junio de 2009, hace más de quince años, que dicha accionante tenía conocimiento de que se estaba rematando el bien inmueble de propiedad de su esposo, quien figuraba como soltero en el folio real y en su cédula de identidad; consiguientemente, la acción tutelar incurre en la causal de improcedencia por actos consentidos; viii) La accionante pretende hacer incurrir en vicios de nulidad al Juez de garantías; puesto que, olvida que quienes son parte del proceso ejecutivo son los ahora terceros interesados y su esposo, siendo ellos los que consintieron toda la tramitación del proceso ejecutivo, hasta la emisión del mandamiento de desapoderamiento; y, ix) La adjudicación se efectivizó y el demandante retiró el pago realizado; además, el esposo de la accionante en “julio” de 2013, hace más de diez años presentó desistimiento formal de la “acción y del derecho” y que fue admitido, dando por bien hecho toda la tramitación del proceso -ejecutivo-; ello sucedió porque su esposo incurrió en actos delictivos; ya que, una vez rematado el “terreno”, lo pretendió vender a una tercera persona para que no se consolide la adjudicación, lo que dio origen a un proceso penal y una acusación, emitiéndose el 16 de agosto de 2021, una sentencia condenatoria contra la accionante y su esposo por el delito de estelionato y que se encuentra ejecutoriada, a pesar de ello, pretende continuar perjudicando el legítimo derecho propietario del adjudicatario. Por lo expuesto, pide se declare inadmisible la acción tutelar planteada y se deniegue la tutela solicitada. Los “herederos” de José Orestes Morales Suárez, no se conectaron a la audiencia virtual, pese a su notificación mediante edicto de prensa, cursante a fs. 1041.
El Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Cotoca del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías mediante Resolución 01 de 11 de octubre de 2023, cursante de fs. 1105 vta. a 1114 vta., concedió la tutela solicitada, anulando obrados hasta el Auto de Admisión de la demanda ejecutiva de fs. 8 bis y la adjudicación de “fs. 118”, el “decreto” de aprobación de “fs. 123” y su inscripción bajo el Asiento A-2 con la matrícula computarizada 7.01.1.06.0033217 y restituir el derecho de propiedad de la accionante, registrada bajo el Asiento A-1 de la citada matrícula computarizada, y en ejecución de sentencia se deberá calificar el pago de daños y perjuicios ocasionados a la accionante, si es que existiesen; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: a) De la revisión del expediente original, se verificó que la accionante no fue parte en la aceptación de las letras de cambio giradas por su esposo a título personal y no fue parte del proceso ejecutivo; sin embargo, la Sentencia 45 emitida en ese proceso, le afectó en su patrimonio, que en calidad de esposa del ejecutado tenía como bien ganancial, lo que constituye una vulneración de su derecho a la propiedad; b) Los Vocales y el Juez ahora accionados estaban en la obligación de cuidar que el trámite de la causa no tenga ningún vicio de nulidad y se garantice a las partes procesales el derecho al debido proceso y que sus resoluciones no afecten a terceros ajenos a la litis como ocurrió en el caso concreto; c) De la valoración de la prueba adjunta, quedó establecido que desde la admisión de la demanda del referido proceso se contravino lo establecido por el art. 327 del CPCabrg; ya que, el ejecutante -José Orestes Morales Suárez, hoy tercero interesado- no indicó todas las generales de ley del ejecutado, lo que ocasionó que -no- se indique, por ejemplo, que contrajo nupcias con la accionante; y por consiguiente, se embargue, remate y adjudique un bien inmueble que también era de su propiedad, sin que sea parte del proceso ejecutivo; d) Efectivamente la accionante recibió dos notificaciones; empero, una de ellas como testigo y la otra sin indicar en qué calidad lo recibía; en ese sentido, es obligación de las autoridades jurisdiccionales verificar cuando se dispone cualquier medida, en este caso de remate si la misma afecta a terceras personas, así como determinar si la persona ejecutada tiene o no descendencia o una vinculación directa con otra persona; esa es la manera -correcta- de actuar, se debe velar porque el proceso se desarrolle sin vicios que le afecten; e) Del análisis del expediente se advierte que el Juez hoy coaccionado ordenó que se embarguen los bienes del ejecutado y el Oficial de Diligencias de su despacho judicial, embargó el 100% de un bien ganancial, que luego fue rematado de manera ilegal, adjudicando al hijo del abogado patrocinante sin que deposite el 20% para habilitarse como postor de manera previa al remate, al igual que el segundo postor Hernán Víctor Ruiz Cárdenas -ahora tercero interesado-; ya que, los depósitos que se realizaron fueron posteriores a la audiencia de remate, con cuyo acto queda establecido que se adjudicó el bien inmueble de manera ilegal, como resultado de un acto irregular de la Martillera, quien adjudicó el bien inmueble sin el cumplimiento del requisito del depósito judicial; puesto que, el remate se llevó a cabo a las 16:00 horas del 30 de junio de 2010, y los depósitos se realizaron una hora y media después de que se registró el remate, cuando ya todo se encontraba consumado; acción que se concretó contra la correcta administración de justicia; f) El Auto 239 de 23 de abril de 2018, fue tramitado de manera ilegal, aplicando de forma indebida el Código Procesal Civil, sin tomar en cuenta el art. 152 del CPCabrg, considerando la Disposición Transitoria Octava del CPC; ya que, fue rechazado -el incidente de nulidad- sin sustanciación, alegando que la incidentista -accionante- no fue parte del proceso ejecutivo y siendo inadmisible al estar concluido dicho proceso, desacatando las SSCC “489/2002-R y la 1175-R”; g) El Juez ahora coaccionado en el referido Auto no tomó en cuenta ninguno de los puntos formulados en el incidente, entre ellos, el reclamo del derecho a la propiedad; h) En su incidente de nulidad, la accionante reclamó la indefensión que también es reclamado en esta acción tutelar, indicando que es la persona directamente perjudicada, por ello, considera que tiene legitimidad para plantear el incidente de nulidad; asimismo, hace conocer que contrajo matrimonio el 22 de abril de 1979 y que durante la vigencia de ese matrimonio se adquirió el bien inmueble rematado, así también, hace conocer todos los antecedentes del proceso ejecutivo, los motivos de sus reclamos y los derechos vulnerados; dicho incidente luego, observando el principio de subsidiariedad, para interponer la presente acción de defensa; i) En cuanto al Auto de Vista 192 -hoy impugnado-, confirmó el Auto apelado -239- bajo el argumento de que no correspondía ser formulada una nulidad de obrados, sino una tercería de dominio excluyente, sin que el mismo se hubiese tramitado conforme lo previsto por el art. 264.II del CPC, ni de los arts. 219 y ss. del CPCabrg. De los datos del proceso ejecutivo, se tiene que fue resuelta de manera arbitraria sin radicatoria ni sorteo previo y con ese Auto de Vista -192- solo fueron notificados la accionante, su esposo y José Orestes Morales Suarez -hoy tercero interesado- José Orestes Morales Suárez en la persona de su abogado, “…que ya no era su abogado…” (sic) ni su apoderado; los demás intervinientes no fueron notificados; por lo que, esa “Resolución” no se encuentra ejecutoriada; j) La falta de fundamentación de las resoluciones hoy impugnadas -Auto de Vista 192 y Auto 239- vulneró la seguridad jurídica; puesto que, con la decisión del Tribunal de alzada se convalidaron ciertas irregularidades cometidas en el proceso ejecutivo, dejando en incertidumbre si el mismo consiguió efectos jurídicos por el incumplimiento de normas procesales y vulneración de los derechos que comprometen el orden público y la seguridad jurídica en la administración de justicia; k) La demanda ejecutiva fue interpuesta solo contra el esposo de la accionante, incumpliéndose el art. 327.4 del CPCabrg, quien fue citado de manera personal, se ordenó el embargo de la totalidad del predio “La Peña”, que fue rematado y adjudicado sin que la accionante sea parte del proceso, no como deudora ni garante; siendo despojada de su derecho de propiedad y cuando se apersonó a hacer valer sus derechos fue rechazada su participación al no ser parte del proceso ejecutivo, lo que le provocó indefensión; l) El Juez ahora coaccionado debió alertar oportunamente a las partes procesales de las omisiones advertidas durante la admisión de la demanda ejecutiva, y al no hacerlo se tramitó con defectos de nulidad absoluta; y, m) No se puede sostener la ejecutoria de la sentencia ante la vulneración de derechos. Cuando se presenta una resolución que emerge de una Litis viciada de nulidad, resulta arbitraria e ilegal, extremo que no se puede mantener bajo una supuesta cosa juzgada; en tal sentido, se abre la jurisdicción constitucional a través de esta acción tutelar para la protección inmediata de derechos fundamentales. En la vía de aclaración, complementación y enmienda, Hernán Víctor Ruiz Cárdenas -hoy tercero interesado-, solicitó al Juez de garantías que: 1) Se indique cuál es el sustento legal que establece que la esposa no es propietaria del bien inmueble rematado y adjudicado, tendría que ser notificada -con la demanda ejecutiva- y qué norma obliga a las autoridades judiciales a hacer una verificación previa de los datos de descendencia y los conyugales sobre bienes que serán rematados y donde son partícipes sus legítimos propietarios, teniendo en cuenta que esos aspectos se pretende imponer a un proceso caducado y precluido; 2) Se indica que se hizo una evidencia de todos los puntos denunciados en la acción tutelar; sin embargo, se verifica que solo se realizó una repetición de sus argumentos, que resultan falsos, ya que se indica que se adjudicó el bien inmueble, se aprobó en audiencia de remate sin cumplirse con el depósito; empero, se hizo el depósito del 20% de la base del remate ante el martillero, situación que se cumplió según el acta de audiencia de remate; en tal sentido, solicita se indique cuál es el precepto legal que considera se hubiese vulnerado; y, 3) De conformidad a lo establecido por el art. 398 del Código Procesal Constitucional (CPC), pide se ordene la suspensión de la ejecución de la ilegal resolución pronunciada y la extensión de fotocopias legalizadas de todo el expediente. En mérito a esa solicitud, el Juez de garantías, señaló que se remite a fs. 118 del expediente en cuanto al depósito del 20% que se debe realizar, y a “fs. 119”, -recién- se hace efectivo dicho depósito en “la misma fecha”. En cuanto a la verificación previa de si el ejecutado es casado o si tiene hijos, es una obligación que por experiencia realizan todas las autoridades judiciales, quienes tienen que verificar que los procesos se desarrollen sin infringir derechos de terceros. Y debido a la solicitud de la medida cautelar de suspensión de la ejecución de la Resolución 01, el Juez de garantías, atendió ese pedido, disponiendo que luego de la determinación que asuma del Tribunal Constitucional Plurinacional, se ejecute la misma en la forma en que fue resuelta.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados, los cuales se encontraban pendientes de resolución, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas; por consiguiente, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es dictada dentro del plazo establecido. Mediante decreto constitucional de 20 de marzo de 2026, cursante a fs. 1172, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 19 de junio del citado año, cursante a fs. 1179; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 9 de marzo de 2018, ante el Juez Público Civil y Comercial Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, Elia Romero Rojas -hoy accionante-, a través de su representante legal presentó un incidente de nulidad de obrados, solicitando la nulidad hasta el Auto Intimatorio de 28 de marzo de 2006, que admitió la demanda ejecutiva sin conocer las generales de ley del ejecutado y que ordena el embargo del bien inmueble sin cumplirse lo establecido por el art. 327.4 del CPCabrg (fs. 564 a 570). II.2. Mediante Auto 239 de 23 de abril de 2018, Manuel Jesús Chuquimia Zeballos, Juez Público Civil y Comercial Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora coaccionado- rechazó el incidente de nulidad planteado por la accionante, alegando, entre otros aspectos, que ese incidente es inadmisible al encontrarse concluido el proceso ejecutivo; además, que la incidentista no era parte de ese proceso, no se encontraba legitimada ni era el momento para formular incidentes (fs. 628). II.3. Por memorial presentado el 27 de abril de 2018, ante el Juez Público Civil y Comercial Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, la accionante a través de su representante legal interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el Auto 239, pidiendo se reponga es actuación judicial y se disponga la nulidad absoluta de obrados hasta el vicio más antiguo por indefensión y la restitución de su derecho propietario sobre el bien inmueble “La Peña” como bien ganancial (fs. 633 a 634); emitiéndose el Auto 294 de 14 de mayo de 2018, por el cual se indicó que no correspondía considerar el recurso de reposición por ser impropio con respecto a la resolución recurrida; y concedió el recurso de apelación -alternativamente planteado- en efecto devolutivo ante el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fs. 658). II.4. A través del Auto de Vista 192 de 19 de junio de 2018, Editha Pedraza Becerra y Jimmy Fernando López Rojas, entonces Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, -hoy accionados- confirmaron totalmente el Auto 239, siendo notificada la accionante con Auto de Vista el 22 de junio de 2018 (fs. 674 a 675 vta.)
La accionante denuncia la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de defensa, igualdad de las partes, fundamentación, motivación y de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva; a la propiedad y a la garantía de seguridad jurídica y legalidad; en razón a que, dentro del proceso ejecutivo instaurado contra su esposo se ordenó se trabe el embargo de los bienes del mismo y no así de su persona; además, no fue notificada con el Auto Intimatorio de 28 de marzo de 2006, ni con el Mandamiento de Embargo de 4 de abril de ese año, emitiéndose la Sentencia 45 de 8 de mayo de igual año, que ordenó el remate de los bienes del ejecutado, no así de su persona; así también, se practicaron las diligencias de notificación a su esposo, en las que se afirma que fueron entregadas a su persona firmando las diligencias, siendo que jamás tomó conocimiento de esos actos fraudulentos ni del proceso, habiéndose usado su nombre en calidad de testigo, y a pesar de ello se adjudicó su patrimonio en favor de Hernán Víctor Ruiz Cárdenas -hoy tercero interesado- y se extendió la minuta de transferencia respectiva; extremos por los que presentó un incidente de nulidad de obrados, reclamando el ilegal remate de su bien ganancial sin ser parte del citado proceso ejecutivo; el cual fue rechazado por el Juez ahora coaccionado a través de Auto 239 de 23 de abril de 2018; recurrida esa determinación, los Vocales hoy accionados emitieron el Auto de Vista 192 de 19 de junio de 2018, confirmando totalmente el citado el Auto; cuyas decisiones fueron asumidas sin fundamentación ni motivación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; al efecto se desarrollarán los siguientes temas: i) La fundamentación y motivación como elementos del derecho al debido proceso; y, ii) Análisis del caso concreto.
La SCP 0652/2015-S1 de 22 de junio, establece que: «‷…La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R de 25 de junio. Asimismo, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas' (SC 2023/2010-R de 9 de noviembre reiterada por la SC 1054/2011-R de 1 de julio). De lo expuesto, inferimos que la fundamentación y la motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo‟. De lo expresado concluimos que la fundamentación y la motivación en una resolución judicial o administrativa, constituye un deber ineludible de toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, en tal razón estos fallos a más de estar debidamente motivadas tienen que tener un sustento jurídico; es decir que, deben estar fundamentadas en elementos de hecho y de derecho».
La accionante denuncia la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de defensa, igualdad de las partes, fundamentación, motivación y de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva; a la propiedad y a la garantía de seguridad jurídica y legalidad; en razón a que, dentro del proceso ejecutivo instaurado contra su esposo se ordenó se trabe el embargo de los bienes del mismo y no así de su persona; además, no fue notificada con el Auto Intimatorio de 28 de marzo de 2006, ni con el Mandamiento de Embargo de 4 de abril de ese año, emitiéndose la Sentencia 45 de 8 de mayo de igual año, que ordenó el remate de los bienes del ejecutado, no así de su persona; así también, se practicaron las diligencias de notificación a su esposo, en las que se afirma que fueron entregadas a su persona firmando las diligencias, siendo que jamás tomó conocimiento de esos actos fraudulentos ni del proceso, habiéndose usado su nombre en calidad de testigo, y a pesar de ello se adjudicó su patrimonio en favor de Hernán Víctor Ruiz Cárdenas -hoy tercero interesado- y se extendió la minuta de transferencia respectiva; extremos por los que presentó un incidente de nulidad de obrados, reclamando el ilegal remate de su bien ganancial sin ser parte del citado proceso ejecutivo; el cual fue rechazado por el Juez ahora coaccionado a través de Auto 239 de 23 de abril de 2018; recurrida esa determinación, los Vocales hoy accionados emitieron el Auto de Vista 192 de 19 de junio de 2018, confirmando totalmente el citado el Auto; cuyas decisiones fueron asumidas sin fundamentación ni motivación.
Con carácter previo, corresponde señalar que a través del presente medio de defensa constitucional de carácter tutelar, se evidencia que la accionante identifica como los actos vulneratorios de sus derechos, a las determinaciones asumidas por el Juez hoy coaccionado, en el Auto 239 que rechazó su incidente de nulidad de obrados; y, por los Vocales ahora accionados en el Auto de Vista 192, que confirmó las determinaciones asumidas por dicho Juez en el citado Auto 239; sin embargo, corresponde aclarar que esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional no puede emitir un pronunciamiento sobre el Auto 239 emitido por el Juez coaccionado -debiendo denegarse la tutela solicitada en cuanto a esa autoridad judicial-; puesto que, dicha instancia no se constituye en una etapa recursiva adicional o paralela de la jurisdicción ordinaria; en tal sentido, bajo el principio de subsidiariedad, la revisión solo se realizará a partir del Auto de Vista 192, como la última determinación emitida que tuvo la posibilidad de corregir, reparar, revocar y/o enmendar las decisiones asumidas por el señalado Juez. Ahora bien, de la revisión de antecedentes se evidencia que dentro del proceso ejecutivo seguido por José Orestes Morales Suárez -hoy tercero interesado-, a través de su representante legal contra Pablo Villagómez Galvis -esposo de la accionante- (fs. 7 y vta.), el entonces Juez Séptimo de Partido en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial de Santa Cruz, emitió la Sentencia 45 de 8 de mayo de 2006, declarando probada la demanda, ordenando se continúe con el trámite de la causa hasta el remate de los bienes que se embarguen de propiedad del ejecutado; siendo embargado el bien inmueble del ejecutado, denominado “en fundo de la peña”, inscrito en la Oficina de DD.RR. bajo la matrícula computarizada 7.01.1.06.0033217 (fs. 13 a 14). Luego de realizadas las medidas previas al remate, se señaló la primera audiencia de remate del bien inmueble embargado, realizándose las publicaciones mediante los edictos respectivos, con esos actuados fue notificado el esposo de la accionante el 17 de junio de 2009, figurando como testigo de actuación la nombrada, consignando su nombre y su número de cédula de identidad (fs. 50 a 56). Fue suspendida esa audiencia por falta de postores (fs. 57), el Juez de la causa señaló una segunda audiencia de remate, con la cual nuevamente se notificó al esposo de la accionante, el 22 de julio de 2009 (fs. 60 a 62). Efectuado el remate del bien inmueble embargado (fs. 118 y vta.) y adjudicado el mismo al segundo mejor postor hoy tercero interesado -Hernán Víctor Ruiz Cárdenas-, debido a que el primer postor no cumplió con depositar el saldo restante del monto ofertado en audiencia de remate (fs. 120 a 124); se extendió la minuta de transferencia respectiva (fs. 130 y vta.) que luego fue protocolizada notarialmente el 2011 (fs. 172 a 177 vta.). El 9 de marzo de 2018, la accionante a través de su representante legal, interpuso ante el Juez ahora coaccionado, un incidente de nulidad de obrados hasta el Auto Intimatorio de 28 de marzo de 2006, emitido en la citada demanda ejecutiva (Conclusión II.1.), el cual fue rechazado por Auto 239, bajo los argumentos que ese incidente es inadmisible al encontrarse concluido el proceso ejecutivo; además, que la incidentista -accionante- no fue parte de dicho proceso, no se encontraba legitimada ni era el momento para formular incidentes (Conclusión II.2.); Contra el referido Auto, la accionante interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación; emitiéndose el Auto 294, mediante el cual, el Juez hoy coaccionado indicó que no correspondía considerar el recurso de reposición por ser impropio con respecto a la resolución recurrida; y concedió el recurso de apelación -alternativamente planteado- en efecto devolutivo ante el Tribunal Departamental de Justicia (Conclusión II.3.); que fue resuelto por Auto de Vista 192 pronunciado por los Vocales hoy accionados, quienes confirmaron totalmente el Auto 239 recurrido, siendo notificado la accionante con ese fallo el 22 de junio de 2018 (Conclusión II.4.). Establecidos los antecedentes procesales, de la problemática identificada en la presente acción de defensa, se advierte que la ahora accionante precisa como el acto vulneratorio de sus derechos, a la determinación asumida por los Vocales hoy accionados en el Auto de Vista 192, denunciando que el mismo vulneró, entre otros, el derecho al debido proceso, al ser emitido sin motivación ni fundamentación; en ese sentido, con la finalidad de verificar si esas denuncias resultan evidentes, corresponde examinar los argumentos del citado Auto de Vista que guardan relación con los cuestionamientos expuestos en la presente acción tutelar. Al respecto, se advierte que, los Vocales hoy accionados indicaron lo siguiente: a) De acuerdo a los datos procesales se tiene que al iniciarse el presente proceso -ejecutivo- no se tuvo conocimiento de la existencia de la cónyuge del ejecutado y menos aún que la misma figuraba como copropietaria de bien inmueble -rematado-, por lo que, ciertamente no correspondía disponer su citación con la demanda y menos aún notificarla con las actuaciones del proceso; b) En ese sentido, tampoco correspondía a la incidentista -accionante-pretender resguardar sus presuntos derechos bajo la vía de la nulidad de obrados, sino que, en todo caso, debió plantear una tercería excluyente de dominio para salvaguardar los mismos sobre el inmueble; y, c) De otro lado, se aprecia que la incidentista habría tenido conocimiento de la existencia del proceso desde el 2009, al recibir la notificación de ciertos actuados judiciales conforme se acredita “a fs. 55” y no obstante de ello, en la oportunidad debida no formuló reclamo alguno dejando precluir su derecho en el tiempo.
Ahora bien, teniendo en cuenta la denuncia de falta de fundamentación y motivación realizada por la accionante, corresponde señalar que, sobre esos elementos del derecho al debido proceso, la jurisprudencia mencionada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, estableció que la fundamentación y motivación de las resoluciones implica que éstas deban contener las razones que sustentan la decisión asumida, la exposición de los hechos, así como el sustento jurídico, lo que no significa una exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que debe ser clara y concisa; además, de integrar todos los puntos demandados, debiendo exponerse los argumentos y las razones que justifiquen la determinación basada en los hechos y las normas que sostienen la parte dispositiva del fallo, con la finalidad de garantizar el derecho al debido proceso. Bajo ese contexto jurisprudencial y considerando el primer argumento del Auto de Vista 192 hoy impugnado, se evidencia que los Vocales ahora accionados señalaron, entre otros aspectos, que revisados los antecedentes procesales de la demanda ejecutiva instaurada contra el esposo de la accionante, no se tenía conocimiento al inicio del mismo que existía una cónyuge del ejecutado. Si bien es evidente que al comienzo de la demanda ejecutiva de referencia, no se conocía que el ejecutado tenía su cónyuge y que por ese motivo no correspondería disponer su citación con dicha demanda ni notificarla con las demás actuaciones procesales; sin embargo, se advierte que los Vocales hoy accionados no tomaron en cuenta en sus aseveraciones, que luego de esa etapa procesal la accionante compareció al proceso interponiendo un incidente de nulidad -9 de marzo de 2018-, haciendo conocer que era esposa del ejecutado -presentando al efecto un certificado de matrimonio (fs. 560)-, que no fue notificada con los actuados procesales y que se vulneró su derecho a la defensa al haberse rematado su bien ganancial, como lo reconoció Hernán Víctor Ruiz Cárdenas, hoy tercero interesado en su memorial y en audiencia de consideración de esta acción de defensa. En ese sentido, al tomar conocimiento los Vocales ahora accionados de que el inicial argumento de la falta de conocimiento de una cónyuge del ejecutado fue superado durante la tramitación del proceso ejecutivo, con la presentación de un certificado de matrimonio entre la hoy accionante y el ejecutado, debieron emitir un pronunciamiento sobre esa circunstancia y asumir una posición al respecto, al ser evidente y fácilmente comprobable la indefensión que se ocasionó a la accionante al no ser citada con la demanda ejecutiva ni notificada con los demás actuados procesales, y ser gravemente afectada en cuanto a su patrimonio. De lo referido, se tiene que la inacción procesal de los Vocales hoy accionados ante el conocimiento fehaciente de que la situación inicial que sirvió de argumento para rechazar el incidente de nulidad planteado por la accionante, cambió con la presentación de un certificado de matrimonio; lo que evidencia la falta de exposición de un razonamiento serio y preciso que corrobore la confirmación de ese rechazo, careciendo esa decisión -Auto de Vista 192- de la debida motivación y fundamentación exigida en todo fallo judicial. Además, se advierte que esa confirmación asumida en segunda instancia, no guarda la debida compatibilidad con lo establecido por el art. 265 del CPC, que exige que el auto de vista deba circunscribirse a los puntos resueltos por el juez inferior; puesto que, los argumentos del Juez de primera instancia estaban referidos a que el incidente de nulidad era inadmisible por encontrarse concluida la demanda ejecutiva, que la incidentista no era parte del proceso, ni se encontraba legitimada; extremos sobre los cuales no se manifestaron los Vocales hoy accionados, lo que corrobora la falta de motivación y fundamentación advertida, que vulnera el derecho al debido proceso y que hace viable la concesión de la tutela solicitada con relación al primer argumento analizado. Respecto al segundo argumento del Auto de Vista 192 impugnado, a través del cual los Vocales ahora accionados señalaron que no correspondía a la accionante pretender resguardar sus presuntos derechos a través de un incidente de nulidad de obrados, sino mediante una tercería excluyente de dominio para salvaguardar esos derechos respecto al bien inmueble embargado y rematado. De ese argumento, no se logra advertir una explicación razonada ni sustentada en alguna norma, que corrobore las afirmaciones de los Vocales hoy accionado, en sentido de que el resguardo de los derechos de la accionante no pueda ser efectivo a través de un incidente de nulidad de obrados. Además, esa aseveración de los Vocales ahora accionados, no permite comprender el alcance de sus afirmaciones, ya que, no deja claramente establecido porqué considera que el incidente de nulidad de obrados no se constituye en un medio idóneo, cierto y positivo para el resguardo de los derechos de la accionante, como el derecho a la defensa, que fue denunciado como vulnerado en su incidente de nulidad al no ser citada ni notificada lo que impidió ejercer el citado derecho en resguardo de su patrimonio, en el porcentaje establecido por ley. Así también, no queda claramente definido ni determinado el motivo que exponen, al concluir que la tercería de dominio excluyente sería el instituto procesal adecuado para el resguardo de los derechos denunciados como vulnerados por el Juez de primera instancia al rechazar su incidente de nulidad; tampoco se señala el respaldo normativo que corrobore sus aseveraciones y demuestre, por ejemplo, que la tercería de dominio excluyente se constituye en el remedio procesal eficaz para el resguardo del derecho a la defensa del justiciable, ante la falta de citación con la demanda y/o notificación con los demás actuados procesales, como se denunció en el mencionado incidente de nulidad. Asimismo, se logra apreciar que el argumento en análisis sólo se funda en el derecho propietario de la accionante, al referirse simplemente al bien inmueble embargado y rematado; sin percatarse que los cuestionamientos del incidente de nulidad de obrados también estaban direccionados a demostrar la afectación de los derechos a la defensa y al debido proceso, aspectos sobre los cuales los Vocales hoy accionados obviaron emitir un pronunciamiento puntual, siendo que el reclamo incidental estaba igualmente relacionado con esos derechos, que merecen ser considerados y recibir una determinación en segunda instancia. Por todo lo expuesto, al ser evidente la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación sobre lo precedentemente analizado, corresponde conceder la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista 192 hoy impugnado a fin de que los Vocales hoy accionados se pronuncien sobre las observaciones y anomalías advertidas en dicho Auto de Vista. Asimismo, como tercer argumento, los Vocales hoy accionados manifestaron que, de la revisión del expediente se advertía que la incidentista -accionante- tuvo conocimiento de la existencia del proceso desde el 2009, al haber recibido la notificación de ciertos actuados judiciales conforme se acredita “a fs. 55” y no obstante de ello, en la oportunidad debida no formuló reclamo alguno dejando precluir su derecho en el tiempo. De lo expuesto, no queda claramente establecido cual sería la “oportunidad debida” a la que hacen referencia los Vocales hoy accionados, para efectuar algún tipo de cuestionamiento a partir de la notificación recibida por la accionante de ciertos actuados judiciales; así como tampoco, queda precisado, que tipo de reclamo podía haber formulado desde el momento en que, como se señala, tuvo conocimiento de la existencia del proceso ejecutivo. Esas imprecisiones advertidas, impiden a la accionante tener un conocimiento claro de los motivos por los cuales no se dio curso a su recurso de apelación por el Tribunal de segunda instancia, más aun teniendo en cuenta que al ser un Tribunal de cierre, debe darse a conocer de manera efectiva y precisa los razonamientos que permitan comprender la trascendencia e importancia de las determinaciones asumidas con relación a los cuestionamientos expuestos. Así también, bajo esa misma lógica, no se encuentra una explicación clara de qué derecho dejó precluir la hoy accionante en el tiempo, tomando en cuenta la indefensión denunciada por la falta de citación y/o notificación con los actuados de la demanda ejecutiva instaurada en contra de su esposo; máxime si el derecho a la defensa se constituye en un derecho fundamental que debe ser respetado dentro de un trámite procedimental y solo podrá ser desvirtuado en su aplicación a partir de un razonamiento que permita comprender el motivo de su falta de consideración; extremo que no se logra advertir en el argumento que se analiza. Por lo referido, al resultar cierta la denuncia de falta de fundamentación y motivación en el Auto de Vista 192 hoy impugnado, corresponde conceder la tutela solicitada, dejando sin efecto ese Auto de Vista y debiendo los Vocales hoy accionados emitir un nuevo pronunciamiento que corrija las irregularidades advertidas en sus argumentos. De todo lo expuesto con relación a los tres argumentos antes analizados, atendiendo al petitorio expuesto en la presente acción tutelar en el que se solicita disponer la nulidad de los actos realizados por el Juez y los Vocales hoy accionados, corresponde señalar que al simplemente dejarse sin efecto el Auto de Vista 192 emitido por estas últimas autoridades judiciales por la falta de fundamentación y motivación denunciada, no corresponde dar curso a los demás aspectos peticionados por la accionante que corresponden a la actuación del Juez hoy coaccionado, cuyas determinaciones no fueron analizadas en el presente fallo constitucional atendiendo el principio de subsidiariedad y que como se tiene señalado, tienen la posibilidad de ser corregidas, reparadas, revocadas y/o enmendadas por el Tribunal de alzada; en tal sentido, tampoco corresponde dar por válida la determinación excesiva asumida por el Juez de garantías en la Resolución 01 venida en revisión, al encontrarse las mismas relacionadas con los actuados desarrollados por el Juez ahora coaccionado. En definitiva, al no haberse fundamentado adecuadamente la forma en que los derechos al debido proceso en sus elementos de defensa, igualdad de las partes, de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva; y, a la propiedad, así como a la garantía de la seguridad jurídica y legalidad fueron vulnerados por la decisión asumida por los Vocales hoy accionados, no corresponde emitir un pronunciamiento al respecto, debiendo denegarse la tutela solicitada sobre los mismos. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 01 de 11 de octubre de 2023, cursante de fs. 1105 vta. a 1114 vta., pronunciada por el Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Cotoca del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada con relación del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, disponiendo:
a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 192 de 19 de junio de 2018, pronunciado por los Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, debiendo emitir un nuevo auto de vista, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación al Juez Público Civil y Comercial Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz y lo solicitado por la accionante sobre su actuación procesal, así como con relación a los derechos del debido proceso en sus elementos de defensa, igualdad de las partes, de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva; así también, sobre la garantía de seguridad jurídica y legalidad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0992_2026-S1.pdf · páginas 1 a 19.
Huella digital del PDF (SHA-256): 06ac8893110ffb44be60efae369c50913d0c87fc90801e5352a1b42690809e2a
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →