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SCP 0992/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 27 de agosto de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
27 de agosto de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
56717-2023-114-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia como lesionados sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral; toda vez que, la Autoridad demandada mediante Memorándum SENASIR.UDO.DGE. 157/2022 de 31 de octubre, prescindió de sus servicios sin justificativo alguno ni considerar su condición de padre de una persona con discapacidad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 114/2023 de 15 de mayo, cursante de fs. 486 a 487 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en todo la tutela solicitada, conforme a los razonamientos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Dejar sin efecto el Memorándum SENASIR.UDO.DGE. 157/2022 de 31 de octubre, debiendo el Director General Ejecutivo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto, restituir a Juan Mamani Nina al mismo puesto que ocupaba antes de su desvinculación, con goce de haberes y otros derechos sociales que le correspondan; y, 3° Sin lugar a la imposición de costas y costos, daños y perjuicios.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Marco normativo y jurisprudencial que regula el derecho a la inamovilidad laboral de las personas con discapacidad y de quienes tienen a su cargo a un familiar con discapacidad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0992/2025-S3 Sucre, 27 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de amparo constitucional Expediente: 56717-2023-114-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 114/2023 de 15 de mayo, cursante de fs. 486 a 487 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Mamani Nina contra Jorge Álvaro Trigo Torrico, Director General Ejecutivo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 28 de marzo y 20 de abril de 2023, cursantes de fs. 18 a 26; y, 29 a 30 vta., el accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 13 de junio de 2008, ingreso a trabajar al SENASIR en la oficina de archivo y posteriormente como Chofer a.i.; no obstante, le notificaron con el Memorándum SENASIR.UDO.DGE 157/2022 de 31 de octubre, prescindiendo de sus servicios sin justificativo alguno, siendo vanos los intentos de buscar una explicación sobre dicha determinación; por lo que, mediante nota de 10 de noviembre de 2022, -conforme al Reglamento Interno de Personal de la entidad-, representó dicho comunicado, advirtiendo su condición de padre de una hija con discapacidad, adjuntando al efecto la Resolución CITE 1397 de 14 de octubre de 2014, que estableció la inscripción al seguro de enfermedad sin límite de edad a favor de su hija. Sin embargo, en total desconocimiento de los derechos que le asisten, el Director General Ejecutivo del SENASIR -ahora demandado-, respondió que no procedía su reconsideración al no estar vulnerándose ningún derecho constitucional; toda vez que, su persona sería un funcionario provisorio y en tal calidad no contaba con ningún derecho.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció como lesionados sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral, citando al efecto los arts. 46.I, 49 y, 70.I, II y III de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Dejar sin efecto el Memorándum SENASIR.UDO.DGE 157/2022, y ordenando en el día su reincorporación a su fuente laboral en calidad de funcionario Administrativo II -Asistente de Oficina- Chofer a.i., ITEM 26 en el SENASIR, más el pago de cuatro meses de salarios no percibidos; y, b) Sea con costas y costos, daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 15 de mayo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 482 a 485 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó los argumentos expuestos en su acción de amparo constitucional, y ampliándolos señaló que: 1) El 2013, presentó una nota de afiliación a la Caja Nacional de Salud (CNS) a fin de asegurar a su hija con discapacidad; 2) El cuerpo colegiado de la Comisión Nacional de Prestaciones, mediante Resolución CITE 1397 resolvió autorizar la inscripción al seguro de enfermedad sin límite de edad a favor de su hija AA -beneficiaria-; 3) Bajo el principio de informalismo establecido por el art. 4 inc. e) de la Ley del Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002- el 10 de noviembre de 2022, presentó a Recursos Humanos (RRHH.) del SENASIR, el Formulario AVC-06, que señaló: “...Nota la comisión de prestaciones mediante Resolución 1397 de 14 de octubre de 2014, autoriza la inscripción al seguro de enfermedad sin límite de edad a favor de la beneficiaria de iniciales GMV hija del asegurado Juan Mamani Nina…” (sic); y, 4) Después de casi tres meses la referida entidad respondió que su situación no fue puesta en su conocimiento y que sería un funcionario provisorio, desconociendo la jurisprudencia constitucional respecto a la inamovilidad laboral con relación a su condición de padre de una hija con discapacidad. Ante la interrogante de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con referencia a que si tramitó el perdón judicial; el impetrante de tutela a través de su abogado respondió que, ya fue tramitado y concedido, mismo que ya se encuentra ejecutoriado.

I.2.2. Informe del demandado

Jorge Álvaro Trigo Torrico, Director General Ejecutivo del SENASIR, mediante informe escrito presentado el 15 de mayo de 2023, cursante de fs. 478 a 481 vta., a través de sus representantes, señaló que: i) El peticionante de tutela fue designado mediante Memorándum SENASIR.UDO.DGE. 0150/08 de 23 de junio de 2008, al cargo de interino de Técnico V - Control y Seguimiento dependiente de la Unidad de Reparto del SENASIR; por lo que, su accionar estuvo regulado por el Estatuto del Funcionario Público (EFP) -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999-, constituyéndose en un servidor público provisorio; ii) El informe de la Comisión Nacional de Prestaciones de la Caja Nacional de Salud con CITE 1397, que autorizó la inscripción al seguro de enfermedad sin límite de edad de su hija, fue puesta en conocimiento del SENASIR de forma posterior a la emisión del memorándum SENASIR.UDO.DGE 157/2022, constituyéndose una solicitud extemporánea; toda vez que, ya no tenía la condición de servidor público; iii) A la fecha de desvinculación, el accionante no contaba en file personal con información que demuestre que sea familiar de una persona con discapacidad; iv) Conforme lo establecido por el art. 2. V de la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad -Ley 977 de 26 de septiembre de 2017- y 2 del Decreto Supremo (DS) 3437 de 20 de diciembre de igual año, procede la inamovilidad laboral cuando el trabajador tiene a su cargo dependientes con discapacidad, siempre y cuando se cumpla la norma y no existan causales que justifiquen su desvinculación; y, v) Dada la existencia del certificado de antecedentes penales de 12 de agosto de 2022, acreditando que el impetrante de tutela registra un antecedente por el delito previsto en el art. 261 del Código Penal (CP), no cumple con los requisitos para desempeñar la función pública conforme establece el art. 234.4 de la CPE.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 114/2023 de 15 de mayo, cursante de fs. 486 a 487 vta., concedió en parte la tutela solicitada, dejando sin efecto el Memorándum SENASIR.UDO.DGE 157/2022, en consecuencia se dispuso que el peticionante de tutela, hasta no tener una nueva determinación de la autoridad demandada, retorne a sus funciones con todo los derechos inherentes, con base en los siguientes fundamentos: a) La razón para que el legislador haya previsto la guarda de una persona con discapacidad, no puede ser vencida por otros argumentos como el hecho de que la administración no haya tenido conocimiento de la circunstancia jurídica en su momento; b) El argumento que el accionante no es un funcionario de carrera y que no comunicó su situación de forma oportuna, es un argumento débil frente a la situación de una persona con grado de discapacidad del 52%; c) Respecto a que sobre el impetrante de tutela pesa una sentencia condenatoria pasada en autoridad de cosa juzgada, que emergió en el ejercicio de sus funciones como servidor público del SENASIR, no justifica una desvinculación; y, d) Apostando por los derechos de la hija con discapacidad del accionante, bajo el criterio de unidad e indivisibilidad de los derechos fundamentales, la autoridad demandada debe tomar una nueva decisión en lo posible beneficiando la situación jurídica del accionante, debidamente fundamentada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: II.1. Por Resolución CITE 1397 de 14 de octubre de 2014 -declaratoria de invalidez-, la Comisión de Prestaciones de la CNS, resolvió: “AUTORIZAR la inscripción al seguro de enfermedad SIN LIMITE DE EDAD a favor de la beneficiaria GABRIELA MAMANI VINO, hija del asegurado titular JUAN MAMANI NINA” (sic [fs. 15 y 16]). II.2. Consta fotocopia de Carnet de Discapacidad 02-19950720GMV, emitido el 19 de septiembre de 2019, correspondiente a Gabriela Mamani Vino -hija de Juan Mamani Nina -impetrante de tutela-, otorgado por el Comité Departamental de Personas con Discapacidad (CODEPEDIS) del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz; acreditando que la nombrada posee discapacidad intelectual, con deficiencia intelectual con un porcentaje de 52% (fs. 12). II.3. Cursa Certificado de Nacimiento 0747911, expedido el 26 de agosto de 2019, correspondiente a Gabriela Mamani Vino, nacida el 20 de julio de 1995, en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, registrados como sus padres a: Juan Mamani Nina -hoy peticionante de tutela- y Eulogia Vino Mamani (fs. 10). II.4. Cursa Certificado de Antecedentes Penales 0817768, emitido por el Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) del Consejo de la Magistratura, de 12 de agosto de 2022, por el cual se acredita que Juan Mamani Nina -ahora accionante- cuenta con Sentencia condenatoria ejecutoriada de 13 de septiembre de 2021, por la comisión del delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, establecido por el art. 261 del Código Penal (CP [fs. 194]). II.5. Mediante Memorándum SENASIR.UDO.DGE. 157/2022 de 31 de octubre, Jorge Álvaro Trigo, Director General Ejecutivo del SENASIR -hoy demandado-, comunicó a Juan Mamani Nina -impetrante de tutela- el agradecimiento de sus servicios prestados en el SENASIR (fs. 4). II.6. A través de la nota exteriorizada el 10 de noviembre de 2022, el peticionante de tutela, solicitó al demandado, su reconsideración; toda vez que, habría acreditado su condición de padre de una hija con discapacidad; por lo que, pidió dejar sin efecto el Memorándum SENASIR.UDO.DGE. 157/2022 (fs. 5 a 8). II.7. Mediante Nota CITE: SENASIR UDO DGE 15/2023 de 30 de enero, la autoridad demandada, en respuesta a la nota de 10 de noviembre de 2022, señaló que, desde su incorporación hasta su desvinculación, no informó ni cumplió con lo establecido en la normativa vigente para acogerse a lo dispuesto por los arts. 2. V de la Ley 977 y 4 del DS 3437; puesto que, al haber sido designado interinamente mediante Memorándum SENASIR UDO.DGE 0150/08 de 23 de junio de 2008, es considerado funcionario provisorio; por lo que, su destitución solo implica el cese de funciones, ya que no goza de inamovilidad (fs. 9). II.8. Por Informe de Registro con CITE: GADLP/SDDSC/DC/I.R.-049/2023 de 8 de marzo, Claudia Mamani Alejo, Directora CODEPEDIS – SDDSC del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, indicó que: Gabriela Mamani Vino con C.I. 9867057L.P., se encuentra registrada en el Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad (SIPRUNPCD), bajo el siguiente detalle:

Carnet de discapacidad No. 02 – 19950720GMV Tipo de Discapacidad INTELECTUAL Porcentaje 52 % Grado de discapacidad GRAVE fs. (13).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia como lesionados sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral; toda vez que, la Autoridad demandada mediante Memorándum SENASIR.UDO.DGE. 157/2022 de 31 de octubre, prescindió de sus servicios sin justificativo alguno ni considerar su condición de padre de una persona con discapacidad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Marco normativo y jurisprudencial que regula el derecho a la inamovilidad laboral de las personas con discapacidad y de quienes tienen a su cargo a un familiar con discapacidad

Al respecto, la SCP 0402/2024-S4 de 12 de agosto, sostuvo que: «‘‘Las personas con discapacidad son consideradas por la doctrina como un grupo de la población vulnerable; de manera que, en el marco del principio de igualdad y prohibición de discriminación, previsto en los arts. 9 y 14 de la CPE, merecen una protección reforzada del Estado. En ese sentido, la Norma Suprema previó una Sección específica sobre los derechos de los mismos, como parte de los derechos sociales y económicos, comprendidos dentro de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, es decir, dentro de la parte dogmática de la Ley Fundamental; siendo uno de sus derechos, a ser protegido por su familia y por el Estado, conforme se tiene dispuesto en el art. 70.1 de la CPE. La discapacidad es definida por el art. 5 de la Ley 223, como el resultado de la interacción de la persona, con deficiencias de funciones físicas, psíquicas, intelectuales y/o sensoriales a largo plazo o permanentes, con diversas barreras físicas, psicológicas, sociales, culturales y comunicacionales. A su vez, el art. 1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece que las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, en interacción con diversas barreras, pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Similar definición realiza la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, cuando en su art. 1, precisa que: “El término ‘discapacidad’ significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social’’. En ese sentido –bajo el principio de igualdad, que a decir de la Declaración Constitucional 0002/2001 de 8 de mayo ‘…exige el mismo trato para los entes y hechos que se encuentran cobijados bajo una misma hipótesis y una distinta regulación respecto de los que presentan características desiguales, bien por las condiciones en medio de las cuales actúan, ya por las circunstancias particulares que los afectan’, que aplicado en la máxima o fórmula clásica, puede sintetizarse como ‘el deber de tratar igual a lo igual y desigual a lo desigual’; y el de ‘inclusión’, que de acuerdo a lo señalado en el art. 4 inc. c) de la Ley 223; por el cual, se entiende que ‘todas las personas con discapacidad participan plena y efectivamente en la sociedad en igualdad de oportunidades’, en los diferentes ámbitos–, la legislación boliviana reconoce el derecho a la inamovilidad laboral de las personas con discapacidad; así como, de los cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, conforme se precisa a continuación. Bajo esos parámetros, el art. 34.II de la Ley 223, dispone que: ‘El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad laboral a las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen debidamente su despido’; similar disposición se encuentra contenida en el art. 22 del Decreto Supremo (DS) 1893 de 12 de febrero de 2014 –Reglamento de la Ley General para personas con discapacidad–, cuando estatuye: ‘I. Para garantizar la inamovilidad laboral de personas con discapacidad y/o cónyuges, padres, madres y/o tutores de personas con discapacidad del sector privado, se procederá conforme a normativa en vigencia. II. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, elaborará y aprobará un procedimiento específico para la reincorporación de servidoras y servidores públicos con discapacidad y/o cónyuges, padres, madres y tutores de personas con discapacidad, ante un despido injustificado’. A su vez, el art. 2.V de la Ley 977 de 26 de septiembre de 2017 –Ley de inserción laboral y de ayuda económica para personas con discapacidad–, dispone que: ‘El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad de las personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave, en los sectores público y privado, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculación’; norma que fue reglamentada mediante el DS 3437 de 20 de diciembre de 2017; cuyo art. 4 establece, los requisitos de las beneficiarias y los beneficiarios para la inserción laboral obligatoria. Se debe hacer notar que, si bien el art. 5 del DS 27477 de 6 de mayo de 2004 –Reglamento de la Ley 1678 de 15 de diciembre de 1995 (Ley de la Persona con Discapacidad)–, precisaba también como uno de los titulares de la inamovilidad laboral, a los ‘hermanos’ de las personas con discapacidad, conforme se tenía dispuesto en el art. 5 del precitado Decreto Supremo, cuyo texto disponía: ‘II. Los trabajadores o funcionarios que tengan bajo su dependencia personas con discapacidad en 1° (primer grado) en línea directa y hasta el 2° (segundo grado) en línea colateral, gozarán también de inamovilidad funcionaria en los términos establecidos en el parágrafo precedente’, no es menos evidente que dicha normativa fue abrogada por efecto de la Disposición Abrogatoria y Derogatoria Única de la Ley 223, que precisa: ‘Quedan abrogadas y derogadas todas las disposiciones contrarias a la presente Ley’; de manera que, el texto que consagra el citado derecho de inamovilidad se encuentra contemplado en el art. 34.II de la Ley 223, y su Reglamento (DS 1893), cuyos contenidos reconocen la inamovilidad únicamente a las personas con discapacidad, cónyuges, así como a padres y madres de hijos con discapacidad y tutores de personas con discapacidad.

(…) De otro lado, la normativa citada (Ley 223) no precisa el límite en cuanto a la edad de los hijos con discapacidad, así como de los tutores de personas con discapacidad; empero, es el art. 2.V de la Ley 977, la que complementa dicha omisión, señalando que la garantía de inamovilidad laboral abarca a las personas con discapacidad; así como, de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho años o con discapacidad grave y muy grave, sea en el ámbito público o privado; de modo que, en cuanto a la madre o al padre y la tutora o el tutor a cargo de una persona con discapacidad menor a dieciocho años, dicho límite de edad no aplica cuando la persona a su cargo cuenta con una discapacidad ‘grave’ o ‘muy grave’, ello de acuerdo a la calificación otorgada por la entidad competente. Es posible concluir entonces que, las normas jurídicas antes expuestas precisan como titulares del derecho a la inamovilidad laboral por razón de discapacidad: i) A la persona con discapacidad; ii) Al cónyuge de la persona con discapacidad; iii) A la madre o al padre de la persona menor de dieciocho años con discapacidad; y, iv) A la tutora o tutor de la persona menor de dieciocho años con discapacidad. En los dos últimos supuestos, el límite de edad se supera si la discapacidad es ‘grave’ o ‘muy grave’”». (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

De los antecedentes que cursan en la presente causa, se tiene que, mediante Memorándum SENASIR.UDO.DGE. 157/2022 de 31 de octubre, Jorge Álvaro Trigo, Director General Ejecutivo del SENASIR -demandado-, comunicó a Juan Mamani Nina -ahora impetrante de tutela-, el agradecimiento de sus servicios prestados en el SENASIR; en virtud a lo cual, mediante nota exteriorizada el 10 de noviembre de 2022, solicitó su reconsideración; toda vez que, habría acreditado su condición de padre de una hija con discapacidad; pidiendo dejar sin efecto la referida comunicación; no obstante, la mencionada autoridad demandada, a través del CITE: SENASIR UDO DGE 15/2023 de 30 de enero, refirió, que desde su incorporación hasta su desvinculación, el prenombrado, no informó ni cumplió con lo establecido en la normativa vigente para acogerse a lo dispuesto por los arts. 2. V de la Ley 977 y 4 del DS 3437, y al haber sido designado interinamente mediante memorándum Memorándum SENASIR UDO.DGE 0150/08 de 23 de junio de 2008, es considerado funcionario provisorio.

Con base a dichos antecedentes, conforme se precisó en el Fundamento Jurídico III.1 de la Presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el Estado asegura la estabilidad laboral de las personas con discapacidad, así como de sus cónyuges, padres, madres o tutores, siempre que cumplan con la normativa aplicable y no exista una causa debidamente justificada para su despido. Dicho precedente constitucional, en cuanto al término para determinar la protección del señalado sector vulnerable, sostuvo que, la Ley 223 de 2 de marzo de 2012 -Ley General para las Personas con Discapacidad- no establece un límite de edad para los hijos con discapacidad ni para los tutores de personas con discapacidad. Sin embargo, esta omisión es subsanada por el artículo 2.V de la Ley 977, que amplía el alcance de la norma al señalar que la garantía de inamovilidad laboral se extiende a las personas con discapacidad, así como a la madre, el padre, el cónyuge, la tutora o el tutor que estén a cargo de una o más personas con discapacidad menores de 18 años o que presenten una discapacidad grave o muy grave, tanto en el sector público como en el privado. En caso concreto, el peticionante de tutela acreditó ser padre de Gabriela Mamani Vino quien se encuentra inscrita en el SIPRUNPCD-Carnet de Discapacidad 02-19950720GMV, Grado de discapacidad del 52%, Tipo y Grado de Discapacidad, Intelectual-; e inscrita al seguro de enfermedad sin límite de edad conforme la Resolución CITE 1397 de 14 de octubre de 2014 -declaratoria de invalidez-, emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones de la CNS; por consiguiente, este Tribunal advierte que el prenombrado cumple con los presupuestos de la jurisprudencia constitucional que hacen a la inamovilidad laboral; pues, es un funcionario público que tiene bajo su dependencia una persona con discapacidad que pese a ser mayor de edad, la misma tiene una incapacidad permanente a retratarse una deficiencia intelectual; aspectos por los cuales resulta incuestionable que al accionante le asiste el beneficiario del derecho a la inamovilidad laboral, correspondiendo al Estado garantizar la misma en virtud a la normativa vigente; más aún, si conforme el art. 22 del DS 1893 de 12 de febrero de 2014, el legislador instituyó que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social elaborará y aprobará un procedimiento específico para la reincorporación de servidoras y servidores públicos con discapacidad y/o cónyuges, padres, madres y tutores de personas con discapacidad, ante un despido injustificado. Por otra parte, la SCP 0024/2025-S2 de 24 de febrero, sostuvo que: “…la inamovilidad laboral de los trabajadores o servidores públicos, no tiene un carácter absoluto, puesto que la misma Ley 223, estableció las causales de perdida de éste beneficio, teniendo las mismas un carácter enunciativo y no limitativo; en ese entendido, la inamovilidad laboral por circunstancias que atañen a la discapacidad, subsistirá en tanto el trabajador o servidor público tenga bajo su dependencia a la persona con discapacidad (hijo, padre o hermano). Con el añadido de que tenga que cumplir los deberes administrativos impuestos en la Ley 223 y los Decretos reglamentarios; así como no existen causales que justifiquen debidamente su despido, en el marco del art. 34.II de la citada Ley…” (énfasis añadido); asumiendo de dicho entendimiento que, la protección del funcionario público -ahora accionante- sin considerar su calidad -provisorio-, subsiste mientras tenga bajo su cargo a una persona con discapacidad, en tanto no existan causales para su desvinculación. En cuanto a la concurrencia del Certificado de Antecedentes Penales 0817768 de 12 de agosto de 2022, acreditando que el accionante registra un antecedente por el delito previsto en el art. 261 del CP, por lo que no cumple los requisitos para desempeñar la función pública conforme establece el art. 234.4 de la CPE., cabe precisar que, en audiencia de garantías el prenombrado manifestó que se tramitó el perdón judicial, el cual fue concedido, estando el mismo ejecutoriado; aspecto, que no fue controvertido por la parte demandada; por lo que, dicha alusión, en ningún caso justifica la desvinculación del ahora accionante; máxime, si dicho motivo no fue expuesto ni se expresó como causal en el Memorándum SENASIR.UDO.DGE.157/2022; sin embargo, es preciso señalar que, conforme al principio de independencia, la responsabilidad penal y la relación laboral pertenecen a ámbitos jurídicos distintos; pues, el proceso penal tiene por objeto determinar la existencia del delito y la responsabilidad penal del imputado, mientras que la relación laboral se rige por su propia normativa y por el régimen disciplinario interno del empleador; en ese marco, si la desvinculación laboral que se produce por ejemplo, por pérdida de confianza, incumplimiento de deberes, afectación a la imagen institucional u otras causales previstas en la normativa aplicable, dicha decisión debe ser analizada bajo parámetros estrictamente laborales y no penales; en consecuencia, no existe una relación de causalidad jurídica directa entre la concesión del perdón judicial y la legalidad o ilegalidad de la desvinculación laboral, debiendo examinarse esta última exclusivamente a la luz de la normativa laboral vigente. Finalmente, sobre la solicitud de pago de costas y costos, daños y perjuicios, no corresponde establecer el mismo, en virtud al carácter facultativo establecido en el art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo). En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido en parte la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 114/2023 de 15 de mayo, cursante de fs. 486 a 487 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en todo la tutela solicitada, conforme a los razonamientos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Dejar sin efecto el Memorándum SENASIR.UDO.DGE. 157/2022 de 31 de octubre, debiendo el Director General Ejecutivo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto, restituir a Juan Mamani Nina al mismo puesto que ocupaba antes de su desvinculación, con goce de haberes y otros derechos sociales que le correspondan; y, 3° Sin lugar a la imposición de costas y costos, daños y perjuicios. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0992_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.

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