B.IA.LEGAL

SCP 0992/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 11 de septiembre de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
11 de septiembre de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
55093-2023-111-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la defensa; y, a los principios de legalidad, verdad material y seguridad jurídica; puesto que la Jueza ahora accionada, al emitir Auto de 17 de noviembre 2022, no explicó las razones legales para: a) Rechazar su solicitud de que el peticionante de la medida preparatoria de reconocimiento judicial de firmas adjunte el documento original de 15 de diciembre de 2004 o la realización de una inspección judicial en la Notaría de Fe Pública 54 de Santa Cruz de la Sierra con el propósito de verificar la existencia del referido documento; b) Considerar una fotocopia simple como si fuera una legalizada por Notario de Fe Pública; y, c) Pretender diligenciar una medida preparatoria de reconocimiento judicial de firmas y rúbricas con base a una fotocopia simple. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 67/2023 de 20 de abril, cursante de fs. 110 a 117, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada por Patricia Carolina Yarmila Reznicek Falkenstein, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo:

a) Dejar sin efecto el Auto de 17 de noviembre de 2022, y que la autoridad judicial del Juzgado Público Civil y Comercial Decimoctavo de la Capital del departamento de Santa Cruz emita uno nuevo, salvo que ya hubiese sido pronunciado como efecto de la concesión parcial dispuesta por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto a establecer responsabilidad civil de Consuelo Rosario Saravia Rodríguez, Jueza Pública Civil y Comercial Decimoctava de la Capital del departamento de Santa Cruz, de acuerdo a lo establecido en este fallo constitucional

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones como elementos de la garantía del debido proceso
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0992/2023-S3 Sucre, 11 de septiembre de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 55093-2023-111-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 67/2023 de 20 de abril, cursante de fs. 110 a 117, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rómulo David Terrazas Ruiz en representación legal de Patricia Carolina Yarmila Reznicek Falkenstein contra Consuelo Rosario Saravia Rodríguez, Jueza Pública Civil y Comercial Decimoctava de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante a través de su representante legal mediante memorial presentado el 4 de abril de 2023, cursante de fs. 71 a 84, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 28 de octubre de 2022, Cristian Roberto Reznicek Falkenstein -ahora tercero interesado-, solicitó como medida preparatoria de demanda, el reconocimiento judicial de firmas y rúbricas con base a una fotocopia de un contrato de transferencia de cuotas de capital mediante anticipo de legitima y posterior retiro de socio dentro de una sociedad de responsabilidad limitada y convenio de pago de precio por reintegro de capital de 15 de diciembre de 2004, dirigiendo la misma contra Carlos Miguel Zdenek Reznicek Falkenstein -hoy tercero interesado- y su persona, así como herederos de sus fallecidos padres Vlastimil Zdenek Reznicek Polakova y Rita Carmen Dolores Falkenstein Clemens, siendo tramitada en el Juzgado Público Civil y Comercial Decimoctavo de la Capital del departamento de Santa Cruz.

Admitida la medida preparatoria de reconocimiento judicial de firmas y rúbricas y corrida en traslado a las partes, por memorial de 10 de noviembre de 2022, se apersonó al Juzgado Público Civil y Comercial Decimoctavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, y de conformidad al art. 308 del Código Procesal Civil (CPC) presentó oposición, solicitando a la Jueza ahora accionada se aclare, modifique y amplíe la mencionada medida preparatoria, requiriendo que conmine a la parte demandante para que adjunte el documento original a ser reconocido o alternativamente se fije audiencia de inspección judicial “a la” Notaría de Fe Pública 54 de Santa Cruz de la Sierra a objeto de la comprobación de la existencia del documento original sobre el contrato objeto de reconocimiento de firmas. Mediante Auto de 17 de noviembre de 2022, la Jueza ahora accionada no se pronunció expresamente sobre la presentación del documento original, limitándose a efectuar una simple alusión del art. 1311 del Código Civil (CC) para afirmar que se trata de una fotocopia legalizada, además de desestimar la solicitud de inspección judicial, impidiendo de esa manera la exhibición del documento original de 15 de diciembre de 2004. El 25 de noviembre de 2022, se efectuó la audiencia de reconocimiento judicial de firmas, oportunidad en la que negó su firma y rúbrica aparentemente estampada en la fotocopia simple del documento de 15 de diciembre de 2004, y también la autenticidad de firmas y rúbricas de sus fallecidos progenitores. Por efecto de aquella negativa, la Jueza hoy accionada, mediante decreto de 14 de febrero de 2023, designó perito a un personal dependiente del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP), a efectos de realizar la pericia grafológica y determinar si las firmas y rúbricas contenidas en el referido documento le corresponden al igual que de sus fallecidos padres. De acuerdo al informe pericial grafológico efectuado por el perito Carlos Eduardo Calvo Morales, se indicó que las firmas dubitadas de su persona y de sus fallecidos padres en el documento de 15 de diciembre de 2004, son firmas auténticas. El Auto de 17 noviembre de 2022 que rechazó su solicitud para que la parte demandante de la medida preparatoria de reconocimiento judicial de firmas adjunte el documento original de 15 de diciembre de 2004 o la realización de una inspección judicial en la Notaría de Fe Pública 54 de Santa Cruz con el propósito de verificar la existencia del referido documento, incurrió en vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia, y a la defensa, al sustentar su negativa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas y tergiversaciones legales, sobre la autenticidad de las fotocopias simples aparejadas al “expediente”, pretendiendo el reconocimiento de firmas y rúbricas contenidas en las mismas, con el argumento de que dichas fotocopias serian legalizadas a partir de un simple sello de la referida Notaría de Fe Pública, desconociendo el alcance normativo de los arts. 147.II y 307.IV del CPC. La Jueza ahora accionada incurrió en una motivación arbitraria y valoración irrazonable del documento de 15 de diciembre de 2004, al no explicar las razones legales para considerarlo como una fotocopia legalizada, cuando el mismo es una fotocopia simple sin legalización por la Notaria de Fe Pública 54 de Santa Cruz de la Sierra, que en su parte final contiene cinco firmas borrosas y difusas, además de dos huellas dactilares, lo que generó duda a quien pertenecen, de ahí la necesidad de la exhibición del documento original o la contrastación con el mismo a través de una inspección judicial en la Notaría de Fe Pública 54 de Santa Cruz de la Sierra. El Auto de 17 de noviembre de 2022, contiene una motivación arbitraria, irrazonable y contrapuesta a la lógica, al pretender sustentar su decisión en las previsiones legales del art. 19 inc. e) de la Ley del Notariado Plurinacional (LNP) -Ley 483 de 25 de enero de 2014-, que establece como una atribución de los notarios de fe pública, autenticar copias de documentos originales que cursen en el protocolo o archivos de sus oficinas; a pesar de que, en ninguno de los documentos que cursan en el “expediente”, la Notaria de Fe Pública 54 de Santa Cruz de la Sierra, refiere que cursa el original en esa Notaría; y, el art. 88 de la misma Ley, que señala que la exhibición, pericia, cotejo y otra diligencia de originales de protocolos o archivos, debe ser verificada en la oficina de la notaria; no obstante, que el documento adjunto a la solicitud de reconocimiento judicial de firmas y rúbricas, no cumplen con dicha normativa, produciendo incertidumbre e inseguridad jurídica. El Auto de 17 de noviembre de 2022, emitido por la autoridad judicial hoy accionada no se estructuró resguardando el principio de congruencia, entre lo solicitado, considerado y resuelto, al no responder de forma justificada a las pretensiones jurídicas planteadas en el memorial de observaciones, oposición y solicitud de exhibición de documento original e inspección en el despacho notarial, además de incurrir en medidas de hecho, al pretender diligenciar una medida preparatoria de reconocimiento judicial de firmas y rúbricas con base a una fotocopia simple, sin exigir a la parte solicitante, adjunte el plano y el inventario anunciados, los que serían parte indisoluble del documento objeto de la medida preparatoria.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

La accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la defensa; y, a los principios de legalidad, verdad material y seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 115.II, 117.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto el Auto de 17 de noviembre de 2022; b) La emisión de un nuevo Auto debidamente motivado y fundamentado, acorde a los razonamientos jurídicos esgrimidos en la presente acción de amparo constitucional y ordene a Cristian Roberto Reznicek Falkenstein -ahora tercero interesado-, adjunte a la medida preparatoria de reconocimiento judicial de firmas el contrato original de 15 de diciembre de 2004; y, c) Establecer responsabilidad civil a la autoridad judicial hoy accionada.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 20 de abril 2023, según consta en el acta cursante de fs. 101 a 109 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante, a través de su abogado ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional. Respondiendo a las preguntas efectuadas por los Vocales Constitucionales, manifestó que: 1) A pesar de la existencia de un informe pericial en el que se hace mención que las firmas fueron analizadas con base al documento original; sin embargo, se tiene dudas de su existencia, al no adjuntarse copias o fotografías del documento original de 15 de diciembre de 2004; y, 2) A los fines de validez y eficacia del documento objeto de la medida preparatoria de reconocimiento judicial de firmas, lo que piden es que se exhiba el documento original, sea en el Juzgado donde se tramita la medida preparatoria o en la Notaría de Fe Pública donde se encuentre.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Consuelo Rosario Saravia Rodríguez, Jueza Pública Civil y Comercial Decimoctava de la Capital del departamento de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar ni remitió informe alguno pese a su citación, cursante a fs. 97. 1.2.3. Intervención de los terceros interesados Cristian Roberto Reznicek Falkenstein, en audiencia a través de sus abogados señaló que: i) La accionante carece de legitimación activa para interponer la presente acción de amparo constitucional en representación de la empresa

“MONOPOL”, debido a que en la medida preparatoria de reconocimiento de firmas se demandó a la accionante como persona natural; ii) No se observaron la reglas de competencia para tramitar la presente acción tutelar; puesto que, si bien la citada empresa tiene su domicilio en la ciudad de El Alto del departamento de La Paz; sin embargo, la accionante tiene su domicilio en la ciudad de nuestra Señora de La Paz; iii) Debe declararse la improcedencia de la acción de amparo constitucional en el marco del art. 53.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo), por la concurrencia de actos consentidos, tomando en cuenta que la accionante una vez emitido el Auto de 17 de noviembre de 2022, presentó una serie de memoriales, oponiéndose a la comprobación pericial de firmas y solicitando inspección para corroborar el documento original; asimismo, contra el Auto de 23 de febrero de 2023, emitido por el “juez suplente”, no formuló recurso alguno, además impugnó el informe pericial y propuso un perito de parte; iv) La acción de amparo constitucional no precisó de qué manera el Auto de 17 de noviembre de 2022 carece de motivación y fundamentación, y porque la consideran incongruente, además de incumplir con la exigencia procesal del nexo de causalidad y la identificación de la relevancia constitucional; v) La accionante omitió el deber de fundamentar la tutela solicitada, al no identificar el acto que considera vulneratorio de sus derechos constitucionales, debido a que en el memorial de 11 de igual mes y año, aceptó que el documento presentado para el reconocimiento de firmas es una copia legalizada; vi) La accionante trata de confundir a la jurisdicción constitucional para forzar una tutela que desde todo punto de vista no corresponde; vii) No se vulneró el derecho a la defensa debido a que el Auto de 17 de noviembre de 2022 emerge de una medida preparatoria de demanda y no tiene el carácter definitivo al no ser dictado dentro de un proceso ordinario; y; viii) La Jueza ahora accionada no vulneró ningún derecho constitucional denunciado. En virtud a estos argumentos solicitó se deniegue la tutela solicitada. Respondiendo a las preguntas realizadas por los Vocales Constitucionales, refirió que: a) El perito del IITCUP designado por la Jueza ahora accionada, se constituyó en la Notaría de Fe Pública 54 de Santa Cruz de la Sierra, donde pudo percatarse de la existencia del documento original; b) Confía en la buena fe del perito que asegura la existencia del documento original, cuyo contenido deberá ser debatido en un proceso ordinario; y, c) El documento presentado para el reconocimiento de firmas y rúbricas es un documento legalizado notarialmente. Carlos Miguel Zdenek Reznicek Falkenstein, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa, pese a su notificación cursante a fs. 95.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 67/2023 de 20 de abril, cursante de fs. 110 a 117, concedió -parcialmente- la tutela solicitada por la accionante y denegó con relación a la empresa “MONOPOL Ltda.”, disponiendo: 1) Dejar sin efecto y la nulidad del Auto de 17 de noviembre de 2022, pudiendo la autoridad judicial hoy accionada ratificar y/o mantener los aspectos que no fueron objeto de análisis en la presente acción de amparo constitucional; y, 2) La Jueza ahora accionada proceda a la emisión de una nueva resolución, conforme a los criterios contenidos en la Resolución 67/2023 y en el marco de la solicitud efectuada por la accionante en su memorial de 11 de noviembre de 2022 y los principios de legalidad y seguridad jurídica, e imponga al solicitante de la medida preparatoria de reconocimiento de firmas adjunte el documento original de 15 de diciembre de 2004, o en su defecto, la citada Jueza ordene su verificativo en audiencia ante la Notaria de Fe Pública 54 de Santa Cruz de la Sierra a los fines de verificar la tenencia del referido documento, y/o la autoridad judicial ahora accionada disponga la comparecencia de la referida Notaria o esta remita en formato físico de forma personal el documento referido el que se encontraría en sus archivos y registros originales; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: i) La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, cuenta con plena competencia para conocer todas las peticiones de tutela cuyo hecho dañoso se hubiera suscitado en el departamento de La Paz; ii) No se evidenciaron actos consentidos como causal de improcedencia, ya que la accionante negó las firmas y rúbricas, así como la de sus progenitores; iii) De la revisión del formulario de certificación de firmas y rúbricas y del contenido íntegro del documento de 15 de diciembre de 2004, no se advierte el cumplimiento de lo establecido por el art. 1311 del CC para considerarse como legalizado, lo que demuestra que la autoridad judicial hoy accionada incurrió en la vulneración del derecho al debido proceso por motivación arbitraria, incongruencia externa e interna, y de los principios de legalidad y seguridad jurídica, al afirmar de que dicho documento es una fotocopia legalizada; y, iv) El resultado del informe pericial grafológico no puede ser objeto de análisis por la jurisdicción constitucional, al no estar dentro del marco de sus facultades o atribuciones. En vía de enmienda y complementación, Cristian Roberto Reznicek Falkenstein, ahora tercero interesado a través de su abogado solicitó a la Sala Constitucional se ordene que por Secretaría en el plazo de veinticuatro horas se proceda a la devolución del cuaderno procesal a los fines de que la autoridad judicial ahora accionada emita una nueva resolución. En mérito a esa solicitud, la Sala Constitucional dispuso que se proceda a la devolución del cuaderno procesal vía Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, tomando en cuenta que la Sala Constitucional no cuenta con los recursos económicos correspondientes para hacerlo de forma directa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa fotocopia simple del documento privado de 15 de diciembre de 2004, con reconocimiento notarial de firmas de Cristian Roberto y Carlos Miguel Zdenek, ambos Reznicek Falkenstein -hoy terceros interesados- sobre la transferencia de cuotas de capital mediante anticipo de legítima y posterior retiro de socio dentro de una sociedad de responsabilidad limitada y convenio de pago de precio por reintegro de capital, con sello de la Notaría de Fe Pública 54 de Santa Cruz de la Sierra (fs. 4 a 14) II.2. Por memoriales presentados el 28 y 31 de octubre de 2022, ante Consuelo Rosario Saravia Rodríguez, Jueza Pública Civil y Comercial Decimoctava de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora accionada-; Cristian Roberto Reznicek Falkenstein solicitó medida preparatoria de reconocimiento judicial de firmas y rúbricas del documento de 15 de diciembre de 2004 de transferencia de cuotas de capital mediante anticipo de legítima y posterior retiro de socio dentro de una sociedad de responsabilidad limitada y convenio de pago de precio por reintegro de capital, dirigiendo la misma contra Carlos Miguel Zdenek -hoy tercero interesado- y Patricia Carolina Yarmila -ahora accionante-, ambos Reznicek Falkenstein por interés propio y como herederos de sus fallecidos padres Vlastimil Zdenek Reznicek Polakova y Rita Carmen Dolores Falkenstein de Reznicek (fs. 38 a 40 y 42). II.3. Mediante Autos de 31 de octubre y 1 de noviembre de 2022, emitidos por la autoridad judicial ahora accionada, se citó y emplazó a Carlos Miguel Zdenek Reznicek Falkenstein hoy tercero interesado, y a la accionante, para que manifiesten si las firmas y rúbricas estampadas en el documento privado de 15 de diciembre de 2004, corresponden a sus fallecidos padres Vlastimil Zdenek Reznicek Polakova y Rita Carmen Dolores Falkenstein de Reznicek; asimismo, reconozcan si las firmas y rúbricas estampadas en sus nombres en el referido documento les corresponden, señalando para dicho efecto audiencia para el 15 de noviembre de 2022 (fs. 41; y, 43 y vta.). II.4. A través de memorial presentado el 15 de noviembre de 2022, dirigido a la Jueza ahora accionada; la accionante en observancia del art. 308 del CPC, solicitó se aclare, modifique y amplíe la medida preparatoria de reconocimiento judicial de firmas, pidiendo además la suspensión de la audiencia (fs. 54 a 55 vta.). II.5. Mediante Auto de 17 de noviembre de 2022, pronunciado por la Jueza hoy accionada se respondió de forma negativa a las observaciones efectuadas por la accionante y se rechazó la solicitud de inspección judicial, disponiendo la continuación de la tramitación del proceso (fs. 56 a 58 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la defensa; y, a los principios de legalidad, verdad material y seguridad jurídica; puesto que la Jueza ahora accionada, al emitir Auto de 17 de noviembre 2022, no explicó las razones legales para: a) Rechazar su solicitud de que el peticionante de la medida preparatoria de reconocimiento judicial de firmas adjunte el documento original de 15 de diciembre de 2004 o la realización de una inspección judicial en la Notaría de Fe Pública 54 de Santa Cruz de la Sierra con el propósito de verificar la existencia del referido documento; b) Considerar una fotocopia simple como si fuera una legalizada por Notario de Fe Pública; y, c) Pretender diligenciar una medida preparatoria de reconocimiento judicial de firmas y rúbricas con base a una fotocopia simple. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones como elementos de la garantía del debido proceso

La SCP 0458/2016-S3 de 20 de abril estableció que: “En relación a los elementos esenciales que componen el derecho al debido proceso, se encuentran la motivación, fundamentación, congruencia y pertinencia, entre otros, que deben observarse a tiempo de asumir una determinación, tanto en sede judicial como administrativa. En este sentido, el razonamiento consolidado a través de la jurisprudencia reiterada tanto por el extinto Tribunal Constitucional como por este Tribunal, estableció que: ‘…[L]a garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió ’” (las negrillas son nuestras).

En cuanto a la fundamentación, la SCP 0386/2015-S2 de 8 de abril, señaló que: “…el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se constituye en la garantía del sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara, sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico-legales que determinaron su posición. Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R, SC 1369/2001-R, entre otras)” (las negrillas nos corresponden).

Asimismo, la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero refiriendo a su vez a la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, indicó que: “…se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: a) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; b) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; c) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; d) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad y, e) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras…” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

La accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la defensa; y, a los principios de legalidad, verdad material y seguridad jurídica; puesto que la Jueza ahora accionada, al emitir Auto de 17 de noviembre 2022, no explicó las razones legales para: 1) Rechazar su solicitud de que el peticionante de la medida preparatoria de reconocimiento judicial de firmas adjunte el documento original de 15 de diciembre de 2004 o la realización de una inspección judicial en la Notaría de Fe Pública 54 de Santa Cruz de la Sierra con el propósito de verificar la existencia del referido documento; 2) Considerar una fotocopia simple como si fuera una legalizada por notario de fe pública; y, 3) Pretender diligenciar una medida preparatoria de reconocimiento judicial de firmas y rúbricas con base a una fotocopia simple. Previamente, ante los argumentos expresados por los terceros interesados, por una parte, respecto a la legitimación activa, observando que la diligencia preparatoria fue activada contra la accionante como persona natural y no como representante de “MONOPOL”, se debe señalar que la intervención y consecuente promoción de esta acción de defensa mediante representante legal cumple con esta condición procesal; puesto que, del Testimonio de Poder 440/2023 de 14 de marzo de 2023, se tiene que el mismo alega su representación personal y como Gerente General de la referida empresa. Por otra parte, a la observación de las reglas de la competencia, al formularse esta acción de defensa en la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, cuando la accionante tiene su domicilio en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz se debe considerar el alcance de regulación competencial, territorial, previsto por las Salas Constitucionales considerado en el art. 3.III de la Ley 1104 del 28 de septiembre de 2018. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, cursa fotocopia de un documento privado con reconocimiento notarial de firmas respecto a los ahora terceros interesados sobre la transferencia de cuotas de capital mediante anticipo de legítima y posterior retiro de socio dentro de una sociedad de responsabilidad limitada y convenio de pago de precio por reintegro de capital, con sello de la Notaría de Fe Pública 54 de Santa Cruz de la Sierra (Conclusión II.1.). Con base a ese documento, por memoriales presentados el 28 y 31 de octubre de 2022, Cristian Roberto Reznicek Falkenstein hoy tercero interesado, solicitó medida preparatoria de reconocimiento judicial de firmas y rúbricas, dirigiendo la misma contra Carlos Miguel Zdenek Reznicek Falkenstein ahora tercero interesado y la accionante por interés propio y como herederos de sus fallecidos padres Vlastimil Zdenek Reznicek Polakova y Rita Carmen Dolores Falkenstein de Reznicek (Conclusión II.2.). Como consecuencia de ello, por Auto de 31 de octubre de 2022, la Jueza hoy accionada citó y emplazó a Carlos Miguel Zdenek hoy tercero interesado y a la accionante para que manifiesten si las firmas y rúbricas estampadas en el documento privado de 15 de diciembre de 2004, corresponden a sus fallecidos padres Vlastimil Zdenek Reznicek Polakova y Rita Carmen Dolores Falkenstein de Reznicek; asimismo, reconozcan si las firmas y rúbricas estampadas en sus nombres en el referido documento les corresponden, señalando para dicho efecto audiencia para el 15 de noviembre de 2022 (Conclusión II.3.). A través del memorial presentado el 15 de igual mes y año, la accionante en observancia del art. 308 del CPC, solicitó se aclare, modifique y amplié la medida preparatoria de reconocimiento judicial de firmas, pidiendo además la suspensión de la audiencia (Conclusión II.4.). Finalmente, mediante Auto de 17 de ese mes y año, la Jueza hoy accionada respondió de forma negativa a las observaciones efectuadas por la accionante y rechazó la solicitud de inspección judicial, disponiendo la continuación del trámite procesal (Conclusión II.5.). En ese contexto, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, sobre el derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación, estableció que la motivación significa que toda autoridad que conozca un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, observándose en no incurrir en una decisión basada en una motivación arbitraria. En cuanto a la fundamentación, señaló que dicho elemento se constituye en una garantía de que el juzgador -entendido este de manera amplia-, tanto en procesos judiciales como administrativos explicará de manera clara y sustentada en derecho los motivos que los llevaron a tomar una decisión. En el presente caso, con el objeto de determinar si las denuncias expuestas por la accionante en la acción tutelar son evidentes, se procederá a analizar el contenido del memorial presentado el 11 de noviembre de 2022 solo con relación a las denuncias contenidas en la citada acción de defensa, y del Auto de 17 de igual mes y año pronunciada por la autoridad judicial hoy accionada. En el memorial de aclaración, modificación, ampliación de la medida preparatoria de reconocimiento de firmas y rúbricas y suspensión de la audiencia de la accionante, presentado el 15 de noviembre de 2022, entre otros puntos la nombrada señaló que la diligencia de reconocimiento de firmas y rúbricas no puede efectuarse en una fotocopia simplemente legalizada por un notario; por lo que deberá conminarse al interesado a adjuntar el documento original, o en su caso, convocar a la Notaria de Fe Pública 54 de Santa Cruz de la Sierra, acuda el día y hora señalados para la audiencia de reconocimiento de firmas y rúbricas, con el propósito de que exhiba el documento original y/o se determine una inspección a la referida Notaria a objeto de que se pueda corroborar el alegado documento original, como lo permite el art. 307.IV del CPC. En respuesta a dicha observación y a solicitud, la autoridad judicial hoy accionada en el Auto de 17 de noviembre de 2022, negó las observaciones y rechazó la solicitud de inspección judicial, disponiendo la continuación del trámite procesal, manifestando que en el marco de los arts. 19 inc. e) y 88 de la LNP, la fotocopia legalizada del documento privado de 15 de diciembre de 2004, efectuado por la Notaria de Fe Pública 54 de Santa Cruz de la Sierra, tiene el valor probatorio asignado por el art. 1311 del CC, lo que permite que sobre esa documentación pueda ejercitarse la medida preparatoria de demanda. En ese contexto, de los argumentos esgrimidos por el Auto de 17 de noviembre de 2022, se advierte que el mismo fue emitido vulnerando el derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia, a la defensa; y, a los principios de legalidad, verdad material y seguridad jurídica vinculados a dichos derechos; puesto que la Jueza ahora accionada no consideró ni sustentó con la debida hipótesis normativa y fáctica, razonamiento inherente que el documento privado con reconocimiento notarial de firmas de Cristian Roberto y Carlos Miguel Zdenek, ambos Reznicek Falkenstein -hoy terceros interesados- sobre la transferencia de cuotas de capital mediante anticipo de legítima y posterior retiro de socio dentro de una sociedad de responsabilidad limitada y convenio de pago de precio por reintegro de capital de 15 de diciembre de 2004, aun contenga el sello de la Notaría de Fe Pública 54 de Santa Cruz de la Sierra en la parte superior del texto, resulta ser una fotocopia simple sin autenticar al no estar certificada por la referida Notaria de Fe Pública con el sello de legalizado y con las firmas originales correspondientes de dicha funcionaria pública, lo que hace que dicho documento a primera vista carezca del carácter de prueba documental válida; por lo que mal puede exigirse a la parte convocada al reconocimiento o negativa de su autenticidad de firmas o rúbricas en el marco de lo establecido en el art. 306.I.2 del CPC. En ese sentido, al solicitarse la medida preparatoria de reconocimiento judicial de firmas con base en una simple fotocopia de un documento, que no resulta ser un instrumento hábil para dicho propósito, correspondía a la Jueza hoy accionada de conformidad a los arts. 147.II y 307.IV del CPC, exigir a la parte solicitante de la medida preparatoria la presentación del documento original o que adjunte fotocopia legalizada del mismo que guarde fidelidad con el original, acreditada por funcionaria o funcionario público autorizado que tenga el original en su poder y que, en caso de duda, deberá ser exhibido, en una audiencia señalada para dicho fin. Esto debido a que las fotocopias no autenticadas y desconocidas por la parte afectada, carecen de fuerza de convicción; es decir, resultan inhábiles para fundamentar la acción; puesto que no tienen más valor que el de una copia simple sin eficacia jurídica, razón por la cual, resulta arbitrario; y por consiguiente, descalificable como acto jurisdiccional válido, el pronunciamiento que prescinde de los instrumentos originales al momento de dar lugar al reconocimiento y efectividad del documento adjunto a la medida preparatoria. Por lo referido, la autoridad judicial hoy accionada no cumplió con su obligación de explicar de manera clara y concisa los motivos de su determinación, y tampoco las normas que respaldan la misma, pues si bien, hizo mención a los arts. 1311 del CC; 19 inc. e) y 88 de la LNP, estas no fueron suficientes para que el justiciable adquiera seguridad, confianza y convencimiento en la decisión asumida por la autoridad encargada de impartir justicia, le ayude a comprender con meridiana claridad los motivos y razones que pudieron haber guiado para decidir en la forma como lo hizo. Por lo expuesto, corresponde conceder la tutela solicitada.

Finalmente, con relación a establecer la responsabilidad civil de la autoridad judicial hoy accionada, esta no puede ser considerada en razón a la regulación potestativa establecida en el art. 39 del CPCo. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder -parcialmente- la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 67/2023 de 20 de abril, cursante de fs. 110 a 117, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada por Patricia Carolina Yarmila Reznicek Falkenstein, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo:

a) Dejar sin efecto el Auto de 17 de noviembre de 2022, y que la autoridad judicial del Juzgado Público Civil y Comercial Decimoctavo de la Capital del departamento de Santa Cruz emita uno nuevo, salvo que ya hubiese sido pronunciado como efecto de la concesión parcial dispuesta por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto a establecer responsabilidad civil de Consuelo Rosario Saravia Rodríguez, Jueza Pública Civil y Comercial Decimoctava de la Capital del departamento de Santa Cruz, de acuerdo a lo establecido en este fallo constitucional Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0992_2023-S3.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): ec3807b83e6c48301ddc421148d02d62ee13ffaa4be4be5de1ef994902ff1b6f

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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