Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 17 de junio de 2026
Deniega la tutela
El accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y de locomoción, en relación con los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica, así como a la garantía del debido proceso en su vertiente fundamentación; toda vez que, la Jueza demandada en el proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de robo, en la cual se dispuso su detención preventiva, rechazó su solicitud de modificación de medidas cautelares impuestas -fianza económica y detención domiciliaria con custodia de dos efectivos de la Policía Boliviana-, las que son de imposible cumplimiento por carecer de recursos económicos y por la insuficiencia de personal policial. Ante ello, la autoridad demandada no presentó informe escrito, tampoco concurrió a la audiencia de garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 074/2023 de 21 de julio, cursante de fs. 30 a 31 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, sin ingresar la análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0990/2026-S2 Sucre, 17 de junio de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 57336-2023-115-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 074/2023 de 21 de julio, cursante de fs. 30 a 31 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Yamil Eduardo Vargas Quisbert y Paola Daniela Loza Huanca en representación sin mandato de Milton Gustavo Morales Rower contra Ximena Palacios Fernández, Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 20 de julio de 2023, cursante a fs. 1 y 18 a 20 vta., el accionante, a través de sus representantes sin mandato, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de robo, en el Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 263/2020 de 19 de noviembre, se dispuso su detención preventiva por el lapso de cuatro meses en el Centro Penitenciario San Pedro del referido departamento. En audiencia celebrada el 20 de diciembre de 2022, por Auto Interlocutorio 549/2022 de igual fecha, se determinó su detención domiciliaria con la presencia de dos custodios, previo cumplimiento de requisitos, entre ellos la fianza económica de Bs150 000.- (ciento cincuenta mil bolivianos). Mediante requerimiento fiscal, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), emitió un informe respecto a las cuentas bancarias registradas a su nombre y el saldo de las mismas, de las cuales se evidenció que únicamente tiene una cuenta bancaria abierta en el Banco Económico Sociedad Anónima (S.A.) con una suma de Bs1 036.- (mil treinta y seis bolivianos); por Informe Social CITE: T.S.S.P./008/2023 -de 6 de enero-emitido por el “Director Departamental del Régimen Penitenciario…” (sic), se establece que, a la fecha su persona no realiza ninguna actividad laboral y cuenta únicamente con el apoyo moral de su hermana, no percibe ingreso económico por amistades o conocidos, encontrándose con escasos recursos; y, por el Informe -no cita fecha- emitido por el Director Departamental de Régimen Penitenciario que estableció que: “…NO CUENTA CON PERSONAL POLICIAL SUFICIENTE a efectos de determinar la presencia de custodios…” (sic). Con esos antecedentes se pudo evidenciar que se encuentra imposibilitado de otorgar fianza económica de Bs150 000.- y de contar con custodios de la Policía Boliviana, por lo que no podía hacerse efectiva la detención domiciliaria, tornándose en una medida de imposible cumplimiento; en ese entendido, en la audiencia de modificación de medida cautelar de 11 de abril de 2023, se emitió el Auto Interlocutorio 145/2023 de igual fecha, rechazando su solicitud refiriendo que si existe cuenta de ahorros, empero no era suficiente para demostrar la imposibilidad de cumplimiento de la fianza económica por la Jueza de turno, sin tomar en cuenta su carencia económica, la insuficiencia del personal policial del Régimen Penitenciario Departamental, para su custodia y que se encuentra detenido preventivamente dos años y siete meses, inobservando el principio de proporcionalidad de la medida cautelar.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y de locomoción, en relación con los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica, así como de la garantía del debido proceso en su vertiente fundamentación, sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, se determine su detención domiciliaria sin que se cumpla “…la presencia de custodios policiales y Fianza económica por la suma de 150.000 (…) y en su lugar se determine garantes personales o lo que su autoridad determine…” (sic).
Celebrada la audiencia virtual el 21 de julio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 26 a 28, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad.
Ximena Palacios Fernández, Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, no presentó informe escrito, tampoco concurrió a la audiencia, pese a su citación cursante a fs. 23.
El Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 074/2023 de 21 de julio, cursante de fs. 30 a 31 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) El accionante se encuentra sometido a la extrema medida de detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro del indicado departamento, por Auto Interlocutorio 263/2020 por el lapso de cuatro meses; asimismo, por Auto Interlocutorio 549/2022 se determinó la aplicación de medidas menos gravosas entre ellas la fianza económica de “15,000 Bs.” -lo correcto Bs150 000.- y detención domiciliaria con custodia de dos efectivos de la Policía Boliviana, y mediante Auto Interlocutorio 145/2023 se rechazó su solicitud de modificación de las citadas medidas, decisión que fue confirmada mediante “Resolución” -Auto de Vista- 443/2023 de 7 de mayo, por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, refiriendo que dicho recurso debió ser presentado en el acto en forma oral; b) La pretensión formulada no es atendible por la justicia constitucional; puesto que, no es un mecanismo ordinario que supla la negligencia o desidia de los sujetos procesales, por lo que debieron ser activados por el agraviado; y, c) Las medidas cautelares como el Auto Interlocutorio 145/2023 que fue rechazado por insuficiencia probatoria, tienen un carácter instrumental y revisable.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 35 a 39); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Germán Carlos Arana Tupa contra Milton Gustavo Morales Rower -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de robo, cursan las siguientes resoluciones: 1) Ximena Palacios Fernández, Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la capital del Departamento de La Paz -hoy demandada-, emitió el Auto Interlocutorio 145/2023 de 11 de abril, por el cual rechazó la solicitud de modificación de medidas cautelares impuestas mediante Auto Interlocutorio 549/2022 de 20 de diciembre; y, 2) Margot Pérez Montaño, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió la “Resolución” -Auto de Vista- 443/2023 de 7 de mayo, por el que declaró inadmisible el recurso de apelación incidental presentada por el impetrante de tutela, por no haberse interpuesto en el acto oralmente conforme a disposición legal y confirmó el Auto Interlocutorio 145/2023 pronunciada por la Jueza demandada (fs. 3 y vta.; y, 16 a 17).
El accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y de locomoción, en relación con los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica, así como a la garantía del debido proceso en su vertiente fundamentación; toda vez que, la Jueza demandada en el proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de robo, en la cual se dispuso su detención preventiva, rechazó su solicitud de modificación de medidas cautelares impuestas -fianza económica y detención domiciliaria con custodia de dos efectivos de la Policía Boliviana-, las que son de imposible cumplimiento por carecer de recursos económicos y por la insuficiencia de personal policial. Ante ello, la autoridad demandada no presentó informe escrito, tampoco concurrió a la audiencia de garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SC 0192/2010-R de 24 de mayo, señaló que: “Para la procedencia del recurso de hábeas corpus, actualmente acción de libertad, se debe observar la legitimación pasiva; es decir, que la acción sea dirigida contra la autoridad, funcionario o persona que cometió el acto ilegal u omisión indebida que atenta contra el derecho a la libertad, o a la vida, ya sea a través de una persecución, procesamiento o detención ilegales o indebidas;
vale decir, que se deberá demandar a quien impartió la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, o en su caso, a la que directamente incurrió en los actos u omisiones que derivaron en que la aprehensión o detención sea ilegal o indebida, como por ejemplo pueden darse casos de la ejecución de una orden pero con notoria arbitrariedad al margen de lo encomendado. De lo contrario la acción carecería de falta de legitimación pasiva; es decir, en la no coincidencia o correspondencia entre la persona, autoridad o funcionario contra quien se interpuso la acción de defensa de derechos fundamentales, con quien efectivamente causó la supuesta lesión a derechos que se denuncia y que motiva la interposición de la misma. Situación que neutraliza este mecanismo de defensa de rango constitucional e imposibilita ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, puesto que si bien la acción de libertad está exenta de formalismos en su presentación; sin embargo, ello no libera al accionante de la responsabilidad de señalar o identificar a quién se demanda, que en el caso de funcionarios o autoridades públicas, no siempre es exigible el nombre, pues bastaría la indicación del cargo, lo cual se corrobora con la narración de los hechos que motivan la petición de tutela y la prueba aparejada, como también ante situaciones de notoria arbitrariedad; empero, en los casos en que la acción de libertad es emergente de un proceso judicial ordinario, como sucede en este caso, la exigencia de la legitimación pasiva debe ser necesariamente cumplida por el accionante” (las negrillas son nuestras).
La presente acción de libertad emerge de un proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias de Germán Carlos Arana Tupa contra el ahora accionante, por la presunta comisión del delito de robo, la Jueza demandada emitió el Auto Interlocutorio 145/2023 de 11 de abril, por el cual rechazó la solicitud de modificación de medidas cautelares impuestas mediante Auto Interlocutorio 549/2022 de 20 de diciembre. En etapa recursiva, promovida por el accionante, Margot Pérez Montaño, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió la “Resolución” -Auto de Vista- 443/2023 de 7 de mayo, por el que declaró inadmisible el recurso de apelación incidental presentado por el impetrante de tutela, por no haberse interpuesto en el acto oralmente conforme a disposición legal y confirmó la Auto Interlocutorio 145/2023 pronunciada por la Jueza demandada (Conclusión II.1).
Es necesario tener presente que la acción de libertad debe ser dirigida contra la autoridad, funcionario o persona que cometió el acto u omisión ilegal presuntamente lesiva cuando la vida se encuentre en peligro, haya una persecución ilegal, un indebido procesamiento, una ilegal privación de libertad personal; cuando deriva de un proceso judicial ordinario, la exigencia de la legitimación pasiva debe ser necesariamente cumplida por el accionante, dirigiendo la acción contra la autoridad judicial que cometió el acto u omisión indebida, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional. En esa comprensión, lo que cuestiona el peticionante de tutela -detenido preventivamente- con la presente acción de defensa, es el rechazo de la solicitud de modificación de medidas cautelares, mediante el Auto Interlocutorio 145/2023, emitido por la Jueza demandada. Las medidas cautelares cuya modificación se solicitó por el accionante, fueron determinadas por la Jueza de la causa mediante Auto Interlocutorio 549/2022, consistentes en la detención domiciliaria con custodia policial, fianza económica de Bs150 000.-, entre otras medidas; sin embargo, según la parte impetrante de tutela, las mismas se habrían tornado de imposible cumplimiento debido a la insuficiencia de personal policial para la custodia y su carencia económica para la fianza, motivo por el cual presentó la solicitud de modificación de dichas medidas cautelares. Como se tiene señalado precedentemente, el rechazo de la petición de modificación de medidas cautelares por Auto Interlocutorio 145/2023 y en etapa recursiva promovida por el accionante, fue resuelto por Margot Pérez Montaño, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante -Auto de Vista-443/2023 que declaró inadmisible el recurso de apelación incidental y confirmó la Resolución impugnada. Como se podrá advertir la pretensión de modificación de medidas cautelares formulada por el impetrante de tutela dentro del proceso penal al que se encuentra sometido, fue tramitado en un procedimiento de conocimiento de la Jueza demandada y, en etapa recursiva por la Vocal de Sala Penal Segunda del Tribunal Departamento de Justicia de La Paz; sin embargo, la presente acción tutelar solo es dirigida contra la Jueza a quo, omitiéndose a la Vocal de la referida Sala, autoridad judicial a quien le correspondía revisar y resolver la citada pretensión en grado de apelación. Con esta omisión el impetrante de tutela incumplió el deber de dirigir su acción de libertad contra la indicada Vocal que, le correspondió pronunciarse a la pretensión del prenombrado en etapa recursiva, corrigiendo en su caso, el error o salvar la omisión en que incurrió presuntamente la Jueza demandada.
Entonces, al no haber interpuesto la acción de libertad contra la autoridad de alzada, el peticionante de tutela omitió el cumplimiento de la legitimación pasiva, en cuyo mérito esta Sala se encuentra imposibilitada de ingresar al análisis de fondo de la acción de libertad, correspondiendo su denegatoria. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 074/2023 de 21 de julio, cursante de fs. 30 a 31 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, sin ingresar la análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0990_2026-S2.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): e10a627ce174a5e72cb7adbf2a5d212852622c9a4287a3585f856a461846fe2e
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