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SCP 0989/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 28 de agosto de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
28 de agosto de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
54504-2023-110-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y a las garantías de la presunción de inocencia y del debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba; toda vez que, la Vocal demandada, al emitir el Auto de Vista 24, cometió las siguientes irregularidades: i) Incurrió en incongruencia omisiva, al no pronunciarse de manera adecuada ni responder debidamente a los agravios planteados en torno a: a) El art. 233.1 del CPP, ya que no se presentaron certificados médicos ni informes psicológicos que acrediten las agresiones denunciadas y, las únicas pruebas ofrecidas consisten en fotografías que reflejan enrojecimientos producto de empujones recíprocos; pese a ello, la autoridad demandada omitió valorar este aspecto; b) El art. 234.7 del CPP, debido a que no se aplicó correctamente la jurisprudencia establecida en la SCP 0001/2019-S2; dado que la defensa sostuvo que las agresiones fueron recíprocas, que la víctima es mayor de edad, cuenta con apoyo familiar, y que no existen indicios de peligro procesal antes ni después del hecho; no obstante, la autoridad demandada se limitó a reiterar los argumentos de la Jueza a quo, sin responder a estas observaciones, incluso luego de haberse solicitado complementación y enmienda; y, c) El art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/23 de 15 de febrero de 2023, cursante de fs. 56 a 58 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación en las resoluciones que resuelven medidas cautelares, se extiende al Tribunal de apelación: Alcance de la previsión contenida en el art. 398 del CPP
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0989/2025-S2 Sucre, 28 de agosto de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 54504-2023-110-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 04/23 de 15 de febrero de 2023, cursante de fs. 56 a 58 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Miguel Ángel Ruiz Aliaga en representación sin mandato de Néstor Coca Mamani contra Gladys Alba Franco, Vocal de Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 14 de febrero de 2023, cursante a fs. 1 y 44 a 48, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, mediante Auto Interlocutorio 1330/22 de 28 de diciembre de 2022, la Jueza de Instrucción Penal Decimosexta de la Capital del departamento de Santa Cruz dispuso su detención preventiva por el plazo de noventa días, al verificarse la concurrencia de riesgos procesales de fuga y de obstaculización, conforme a los arts. 233, 234 y 235 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Contra dicha resolución, interpuso recurso de apelación; por lo que, Gladys Alba Franco, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora demandada-, a través de Auto de Vista 24 de 19 de enero de 2023, confirmó la decisión asumida por la Jueza de primera instancia; no obstante, dicha resolución resulta arbitraria y vulneratoria de sus derechos constitucionales, ya que prolonga indebidamente su detención preventiva.

En la audiencia de apelación de medidas cautelares celebrada el 19 de enero de 2023, alegó la inobservancia del requisito establecido en el art. 233.1 del CPP; puesto que, no existían certificados médicos ni informes psicológicos que acrediten las supuestas agresiones denunciadas; y, las fotografías presentadas solo evidenciaban enrojecimientos compatibles con empujones recíprocos iniciados por la denunciante. Estos aspectos no fueron abordados ni valorados por el Auto de Vista 24, incurriéndose en incongruencia formal de tipo omisiva. Respecto al art. 234.1 del CPP -riesgo de fuga-, la Vocal demandada incurrió en el mismo error que la Jueza a quo, al confundir su domicilio actual con el que compartía anteriormente con la denunciante del proceso penal, a pesar de que se aclaró que residiría en la vivienda de sus padres. Además, exigió de forma excesiva su verificación, agravando indebidamente su situación jurídica como imputado, en contravención al principio de non reformatio in peius (art. 400 del CPP). En relación al art. 234.2 del CPP, su defensa argumentó que, conforme al art. 231 bis.V del CPP y la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio, corresponde al Ministerio Público demostrar la inexistencia de arraigo, y no al imputado probar domicilio, trabajo o vínculos familiares. Al no haber cumplido el Ministerio Público con esta carga probatoria, el riesgo procesal no se encuentra debidamente configurado; pese a ello, la Vocal demandada exigió una verificación rigurosa del domicilio, presumiendo indebidamente la falta de arraigo natural. En lo concerniente al art. 234.6 del CPP, se cuestionó el uso del reporte del sistema Justicia Libre (JL) para sustentar la existencia de dos procesos aperturados -por presunta comisión de los delitos de violación, aborto forzado y accidente de tránsito-; ya que, dichos antecedentes no forman parte del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), ni constituyen prueba de actividad delictiva reiterada por carecer de sentencias ejecutoriadas. Al otorgar valor probatorio a dicho reporte, la autoridad demandada vulneró el debido proceso en su vertiente valoración razonable de la prueba, así como la presunción de inocencia. En cuanto al art. 234.7 del CPP, tanto la Jueza de primera instancia como la Vocal demandada no aplicaron correctamente la jurisprudencia establecida en la SCP 0001/2019-S2 de 15 de enero, omitiendo analizar los tres elementos requeridos para configurar el riesgo procesal: a) La vulnerabilidad de la víctima; b) Las características del delito; y, c) la conducta del imputado antes y después de la presunta comisión del hecho. Su defensa expuso que las agresiones fueron recíprocas, que la víctima es mayor de edad y cuenta con apoyo familiar, y que no existe comportamiento previo ni posterior que evidencie peligro procesal; sin embargo, la autoridad demandada se limitó a reiterar los argumentos de la Jueza a quo sin responder a los planteamientos formulados, pese a haberse solicitado su complementación, incurriendo nuevamente en incongruencia omisiva. Finalmente, respecto al art. 235.2 del CPP, fundamentó que, conforme a la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio, corresponde al Ministerio Público demostrar con elementos materiales la presunta influencia del imputado sobre testigos u otras personas; empero, la Jueza de primera instancia se limitó a señalar la existencia de actos investigativos pendientes; y, la Vocal demandada, sin pronunciarse debidamente sobre este punto, sostuvo que el imputado influía sobre la víctima por su vínculo personal y porque conocía su domicilio. Esta argumentación resulta arbitraria, carente de motivación y configura una incongruencia omisiva que vulnera el principio de potestad reglada en la aplicación de medidas cautelares.

I.1.2. Derecho y garantías supuestamente vulnerados

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y a las garantías de la presunción de inocencia y del debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba, citando al efecto los arts. 115.II, 117.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: 1) Se deje sin efecto el Auto de Vista 24; y, 2) Se disponga la emisión de una nueva resolución con base a los fundamentos y argumentos vertidos en la acción de defensa.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 15 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 53 a 56, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Gladys Alba Franco, Vocal de Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentó informe escrito alguno ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 52.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 04/23 de 15 de febrero de 2023, cursante de fs. 56 a 58 vta., denegó la tutela solicitada; con base en los siguientes fundamentos: i) Del análisis del cuaderno procesal remitido por el Juzgado “…diecisieteavo de violencia familiar y doméstica…” (sic), se advierte que, durante la audiencia celebrada el 28 de diciembre de 2022, el ahora accionante ejerció su defensa material, reconociendo los hechos atribuidos y solicitando una oportunidad para continuar su relación con la denunciante; este hecho contradice la fundamentación planteada en la acción de tutela; y, ii) La Vocal demandada, mediante el Auto de Vista 24, aplicó correctamente las reglas de la sana crítica en la valoración de los riesgos procesales, declarando “…inadmisible e improcedente el recurso de apelación por los ciudadanos…” (sic); y, admisible y procedente el recurso de apelación interpuesto por el impetrante de tutela; además, ante la solicitud de complementación y enmienda, la autoridad demandada explicó los motivos que sustentaron su decisión; en consecuencia, fundamentó adecuadamente su resolución, considerando que se encuentra pendiente una solicitud planteada por parte víctima, aspecto que debe ser valorado por la jurisdicción ordinaria; ya que, la jurisdicción constitucional no puede ingresar al análisis de dicho extremo, particularmente cuando no se configura un estado de indefensión absoluta. En vía de complementación y enmienda el abogado del accionante señaló que: a) No se emitió pronunciamiento de forma concreta e individual a cada una de las vulneraciones alegadas; b) No fundamentó verbalmente porque la Jueza de garantías determinó que no se fundamente “…nada que esté en la demanda escrita…” (sic); y, c) Conforme a la SCP 1399/2013 de 16 de agosto, no necesita demostrar ningún tipo de indefensión absoluta, basta con agotar la instancia ordinaria. Al respecto, la Jueza de garantías, refirió que el “acta” y el Auto de Vista 24 establecen la fundamentación precisa y clara sobre cada uno de los agravios del apelante; por otro lado, respecto a la SCP 1399/2013, que la acción de libertad menciona pero no adjunta, corresponde a un caso distinto al actual.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene acta de audiencia de medidas cautelares y Auto Interlocutorio 1330/22 de 28 de diciembre de 2022, por el cual, Caly Erika Barrientos Rojas, Jueza de Instrucción Penal Decimosexta de la Villa Primero de Mayo del departamento de Santa Cruz, dispuso la detención preventiva de Néstor Coca Mamani -ahora accionante- en el Centro Penitenciario Palmasola del referido departamento, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el prenombrado por la presunta comisión del delito de violencia familia o domestica (fs. 2 a 8). II.2. Cursa acta de audiencia de apelación de medida cautelar y Auto de Vista 24 de 19 de enero de 2023, mediante el cual, Gladys Alba Franco, Vocal de Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -hoy demandada-, declaró admisible e improcedente el recurso de apelación interpuesto por Dayana Belén Garcia Lizarazu; y, admisible y procedente el recurso de apelación interpuesto por el impetrante de tutela; revocando parcialmente el Auto Interlocutorio 1330/22, acreditándose la actividad lícita o trabajo previsto en el art. 234.1 del CPP; y, confirmando en lo demás la resolución recurrida (fs. 8 a 18)

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y a las garantías de la presunción de inocencia y del debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba; toda vez que, la Vocal demandada, al emitir el Auto de Vista 24, cometió las siguientes irregularidades: i) Incurrió en incongruencia omisiva, al no pronunciarse de manera adecuada ni responder debidamente a los agravios planteados en torno a: a) El art. 233.1 del CPP, ya que no se presentaron certificados médicos ni informes psicológicos que acrediten las agresiones denunciadas y, las únicas pruebas ofrecidas consisten en fotografías que reflejan enrojecimientos producto de empujones recíprocos; pese a ello, la autoridad demandada omitió valorar este aspecto; b) El art. 234.7 del CPP, debido a que no se aplicó correctamente la jurisprudencia establecida en la SCP 0001/2019-S2; dado que la defensa sostuvo que las agresiones fueron recíprocas, que la víctima es mayor de edad, cuenta con apoyo familiar, y que no existen indicios de peligro procesal antes ni después del hecho; no obstante, la autoridad demandada se limitó a reiterar los argumentos de la Jueza a quo, sin responder a estas observaciones, incluso luego de haberse solicitado complementación y enmienda; y, c) El art. 235.2 del CPP, ya que conforme a la SCP 0276/2018-S2, correspondía al Ministerio Público demostrar, mediante elementos materiales, la presunta influencia del imputado sobre la víctima u otros intervinientes; sin embargo, la Jueza de primera instancia únicamente mencionó la existencia de actos investigativos pendientes, y la autoridad demandada, sin responder a los cuestionamientos planteados, presumió dicha influencia con base en la relación personal entre las partes y el conocimiento del domicilio de la víctima, incurriendo así en motivación arbitraria y vulnerando el principio de potestad reglada; y, ii) Falta de fundamentación, motivación y valoración razonable de la prueba, en relación con los siguientes agravios: 1) En cuanto al art. 234.1 del CPP, la autoridad demandada incurrió en el mismo error que la Jueza a quo, al confundir el domicilio actual del accionante con aquel que compartía anteriormente con la denunciante; asimismo, exigió de forma excesiva su verificación, agravando injustificadamente la situación jurídica del imputado, en vulneración del principio de non reformatio in peius consagrado en el art. 400 del CPP; 2) Respecto al art. 234.2 del CPP, conforme al art. 231 bis.V del CPP y la SCP 0276/2018-S2, correspondía al Ministerio Público probar la falta de arraigo; al no hacerlo, el riesgo procesal de fuga no se encontraba acreditado; pese a ello, la autoridad demandada exigió una verificación rigurosa del domicilio, presumiendo indebidamente la inexistencia de arraigo natural; y, 3) En relación al art. 234.6 del CPP, el informe extraído del sistema JL, que hace referencia a dos procesos en trámite, no constituye antecedente penal conforme al REJAP, ni acredita actividad delictiva reiterada, al carecer de sentencias ejecutoriadas; empero, la autoridad demandada otorgó valor probatorio a dicho reporte. Ante ello, la autoridad demandada no presentó informe escrito alguno ni asistió a la audiencia de garantías.

En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación y motivación en las resoluciones que resuelven medidas cautelares, se extiende al Tribunal de apelación: Alcance de la previsión contenida en el art. 398 del CPP

Al respecto, la SCP 0748/2019-S2 de 28 de agosto manifestó que: “…la exigencia de fundamentación y motivación abarca también a los fallos de medidas cautelares, estando tanto los jueces cautelares como los tribunales de segunda instancia, constreñidos a cumplir el debido proceso, en la revisión de las resoluciones de una medida cautelar, que la revoca, modifica, sustituye u ordena la cesación de detención preventiva. (…) Conforme a lo anotado, resulta evidente que, los tribunales de alzada se hallan constreñidos a dictar resoluciones con la debida fundamentación, motivación y congruencia, fundamentando la decisión por la que deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer su cesación, encontrándose obligados a determinar la concurrencia de los presupuestos procesales referentes a los peligros de fuga y obstaculización, precisando de forma debida las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión, consignando motivadamente la presencia de los mismos, no pudiendo justificar su omisión respecto a lo indicado, en los límites instituidos en el art. 398 del CPP. En ese orden, en virtud a los razonamientos jurisprudenciales descritos supra tratándose de la aplicación de medidas cautelares el precitado artículo no debe ser entendido literalmente sino de forma integral y sistemática con los arts. 233 y 236 del CPP, lo que deriva en que, los tribunales de alzada no se encuentren eximidos en motivar y fundamentar su resolución explicando, se reitera, la presencia o no de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Análisis del caso concreto

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Néstor Coca Mamani -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, ante el recurso apelación planteado contra el Auto Interlocutorio 1330/22 de 28 de diciembre de 2022, que dispuso la detención preventiva del accionante; Gladys Alba Franco, Vocal de Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -hoy demandada-, emitió el Auto de Vista 24 de 19 de enero de 2023, declarando admisible e improcedente el recurso de apelación interpuesto por Dayana Belén García Lizarazu; y, admisible y procedente el recurso de apelación interpuesto por el impetrante de tutela; en consecuencia, se revocó parcialmente el Auto Interlocutorio 1330/22, disponiendo que se acreditó la actividad lícita o el trabajo del imputado conforme a lo previsto en el art. 234.1 del CPP, confirmando en lo demás la resolución impugnada (Conclusión II.2). En virtud del Fundamento III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, y con el objetivo de verificar la posible vulneración del derecho al debido proceso, en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia, vinculados al derecho a la libertad, se establece lo siguiente en relación con la problemática planteada en el punto i): a) En cuanto al art. 233.1 del CPP, el accionante refiere que no existían certificados médicos ni informes psicológicos que acreditaran las agresiones denunciadas, y que las fotografías presentadas solo evidenciaban enrojecimientos por empujones recíprocos; pese a ello, la autoridad demandada no abordó este argumento de forma adecuada; b) Respecto al art. 234.7 del CPP, señala que no se aplicó correctamente la jurisprudencia establecida en la SCP 0001/2019-S2, a pesar de que la defensa sostuvo que las agresiones fueron recíprocas, que la víctima es mayor de edad y cuenta con apoyo familiar, y que no existían indicios de riesgo procesal previo o posterior; no obstante, la autoridad demandada se limitó a repetir los argumentos de la Jueza a quo, sin responder a estos planteamientos, incluso a la solicitud de complementación formulada; y, c) En relación con el art. 235.2 del CPP, expone que, conforme a la SCP 0276/2018-S2, correspondía al Ministerio Público probar, mediante elementos materiales, la influencia del imputado sobre la víctima u otras personas; además, la Jueza cautelar únicamente mencionó actos pendientes, y la autoridad demandada, sin dar respuesta a los cuestionamientos planteados, presumió dicha influencia con base en la relación personal entre las partes y el conocimiento del domicilio de la víctima, incurriendo así en motivación arbitraria y vulnerando el principio de potestad reglada. Al respecto, no resulta evidente que la autoridad demandada haya incurrido en incongruencia omisiva, ya que, en relación con los agravios planteados, la autoridad emitió los siguientes razonamientos: 1) Respecto al art. 233.1 del CPP, la autoridad demandada ratificó que existen suficientes elementos de convicción para sustentar la probable autoría del imputado, basándose en la declaración de la víctima, el informe policial y las fotografías tomadas por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) que evidencian las lesiones atribuidas al imputado; asimismo refirió que, aunque la revisión médica es voluntaria, la víctima colaboró al permitir la toma de las fotografías, las cuales constituyen prueba material que acredita las agresiones sufridas; 2) En lo concerniente al art. 234.7 del CPP, en aplicación de la SCP 0001/2019-S2, la Vocal demandada señaló que la valoración del riesgo procesal debe contemplar la perspectiva de género y la vulnerabilidad de la víctima; además, constató que la víctima es mujer, diez años menor que el imputado y parte de un grupo vulnerable; además, argumentó que el imputado ejerció violencia física, lo cual evidencia una conducta agresiva e impulsiva; por lo tanto, confirmó la existencia de este riesgo procesal; 3) En lo relacionado con el art. 235.2 del CPP, la autoridad demandada concluyó que el imputado podría influir negativamente sobre la víctima, dado que existía una relación previa y conocimiento de su domicilio, esto podría inducir a declaraciones falsas o reticentes por parte de la víctima, reconociendo así la concurrencia de dicho riesgo procesal. En relación con el reclamo contenido en el punto ii), respecto a la falta de fundamentación, motivación y valoración razonable de la prueba, el impetrante de tutela alegó los siguientes agravios:

i) En cuanto al art. 234.1 del CPP, argumentó que la autoridad demandada repitió el error de la jueza a quo al confundir el domicilio actual del accionante, el cual compartía con la denunciante, y al exigir una verificación excesiva del mismo; esta actuación agravó su situación en vulneración del principio de non reformatio in peius (art. 400 del CPP); ii) Respecto al art. 234.2 del CPP, conforme al art. 231 bis.V del CPP y la SCP 0276/2018-S2, correspondía al Ministerio Público probar la falta de arraigo del imputado; al no hacerlo, no se configuraba el riesgo procesal; sin embargo, la autoridad demandada exigió una verificación excesiva del domicilio, presumiendo indebidamente la falta de arraigo natural sin los elementos probatorios suficientes; y, iii) En cuanto al art. 234.6 del CPP, señaló que el reporte del sistema JL sobre dos procesos en trámite no constituye un antecedente del REJAP, ni acredita actividad delictiva reiterada, dado que no existe sentencia ejecutoriada; en ese entendido, al otorgarle valor probatorio, la autoridad demandada vulneró el debido proceso, específicamente en su vertiente de valoración razonable de la prueba y la presunción de inocencia.

Sobre este punto, la autoridad demandada respondió a los agravios i) y ii) indicando que los arts. 234.1 y 234.2 del CPP fueron debidamente considerados y acreditados por la autoridad jurisdiccional de primera instancia; en este sentido, afirmó que, tras la orden de desalojo del inmueble compartido con la víctima, el imputado debía acreditar un nuevo domicilio que garantizara la protección de la víctima; además, en relación con la actividad lícita, discrepó con la valoración realizada en primera instancia, señalando que la cédula de identidad del imputado registra la ocupación de bioquímico farmacéutico, para lo cual, se tuvo que presentar el título legalizado correspondiente; finalmente, el propio imputado declaró ejercer dicha profesión, lo que quedó debidamente acreditado. En cuanto al agravio iii) relativo al art. 234.6 del CPP, la autoridad jurisdiccional señaló que se consideró el reporte del sistema JL, que registra procesos contra el imputado por la presunta comisión de violación, aborto forzado -en etapa de juicio- y accidente de tránsito -con salida alternativa-, aunque la defensa argumentó la falta de sentencia ejecutoriada, ya que el riesgo de fuga no requiere una sentencia firme, sino que puede basarse en indicios de actividad delictiva reiterada, lo que ratificó el criterio de la jueza de primera instancia. En consecuencia, se concluye que la autoridad demandada, al emitir el Auto de Vista 24, cumplió de manera rigurosa con los componentes de fundamentación, motivación con incidencia den la valoración de la prueba y congruencia del derecho al debido proceso, conforme a lo dispuesto en el art. 398 del CPP. En dicho Auto de Vista, se explicitó la concurrencia de los presupuestos procesales relacionados con los riesgos de fuga y de obstaculización, desarrollando adecuadamente las razones y elementos de convicción que respaldaron la decisión adoptada; en ese entendido, la autoridad cumplió con el parámetro jurisprudencial que exige que toda restricción a la libertad personal esté debidamente fundamentada con una motivación clara, coherente y verificable, lo cual preserva el debido proceso en relación con la libertad y refuerza la legitimidad de la medida cautelar impuesta; por tanto, corresponde denegar la tutela solicitada. Finalmente, con relación a la garantía de presunción de inocencia, no se advierte de qué manera estaría siendo afectada en vinculación con alguno de los bienes jurídicos que tutela la acción de libertad.

En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/23 de 15 de febrero de 2023, cursante de fs. 56 a 58 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0989_2025-S2.pdf · páginas 1 a 10.

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