B.IA.LEGAL

SCP 0988/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 28 de agosto de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
28 de agosto de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
54495-2023-109-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la salud, a la vida, a la libertad y a la “dignidad personal”; y, de los principios de seguridad jurídica, probidad, celeridad, legalidad, equidad y respeto de los derechos; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el presunto delito de violencia familiar o doméstica, la Jueza demandada, por más de un año y diez meses, omitió remitir los antecedentes al Tribunal de alzada respecto de la apelación incidental interpuesta contra el Auto Interlocutorio 11/2021 de medidas cautelares. La Juez demandada, no presentó informe alguno ni ingreso a la audiencia virtual de garantías para rebatir los argumentos del accionante. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2023 de 3 de marzo, cursante de fs. 34 a 38, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática denunciada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad y los alcances de protección respecto al procesamiento ilegal o indebido. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0988/2025-S2 Sucre, 28 de agosto de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 54495-2023-109-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 10/2023 de 3 de marzo, cursante de fs. 34 a 38, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ernesto Luis Alcón Illanes en representación sin mandato de Ernesto Villarroel Carrizales contra Gladys Bacarreza Morales, Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 28 de febrero de 2023, cursante de fs. 16 a 21, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el 4 de octubre de 2018 el Ministerio Público presentó acusación fiscal; en la misma fecha, se emitió Resolución Fiscal de Sobreseimiento respecto al ilícito de violencia económica, previsto en el art. 250 bis, núm. 10, del Código Penal (CP). Posteriormente, el 11 de marzo de 2019, la parte civil formuló acusación particular en su contra por el presunto delito de violencia familiar o doméstica en su modalidad psicológica, previsto en los arts. 250 bis inc. d) y 272 bis núm. 1) del CP. El 10 de abril de 2019, Gladys Bacarreza Morales, Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera del departamento de La Paz -ahora demandada-, dictó Auto de apertura de juicio “…por la comisión de los ilícitos de VIOLENCIA FAMILIAR Y DOMÉSTICA; Y VIOLENCIA ECONÓMICA” (sic); asimismo, el 12 del citado mes y año se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares, en la que, a través de Auto Interlocutorio 11/2021, se dispuso su detención preventiva al haberse acreditado la concurrencia de los riegos procesales contenidos en los arts. 234.1, 2, 4 y 7; y, 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); razón por la cual, en el mismo acto, al amparo del art. 251 de igual norma procesal, su persona y la parte civil interpusieron apelación incidental contra dicha determinación, dando lugar a que la autoridad demandada, mediante Auto de Complementación ordene la remisión del recurso y la expedición de los mandamientos de ley; sin embargo, dicha autoridad demandada omitió notificar a las partes procesales con el referido acto complementario, lo que motivó a que, el 15 del referido mes y año, la parte civil presente memorial formulando apelación contra el Auto interlocutorio 11/2021, alegando que la Jueza demandada no se había pronunciado sobre lo dispuesto en el art. 235.5 del CPP. Ante la apelación, al día siguiente se emitió providencia, señalando: “…TRASLADO, CUMPLIDA LA MISMA SE DISPONE REMITIR ANTECEDENTES, ANTE EL TRIBUNAL DE ALZADA POR SECRETARIA CUMPLASE BAJO RESPONSABILIDAD…” (sic). Al respecto, la Jueza demandada incurrió en una omisión flagrante al no remitir el expediente por más de un año y diez meses, no aplicando lo dispuesto en el art. 132.II del CPP -resolver en plazo-, haciéndose pasible a lo previsto en el art. 135 de la misma norma procesal -retardación de justicia-; ya que, si bien podría pretender deslindar responsabilidad argumentando que la negligencia correspondía a la Secretaria u otro funcionario, lo cierto es que la dirección y control del despacho judicial recaen en el Juez o Jueza a cargo, lo cual pone en riesgo sus derechos a la salud y a la vida, ya que cuenta con sesenta y cuatro año de edad y padece de diabetes tipo B.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la salud, a la vida, a la libertad y a la “dignidad personal”; y , de los principios de seguridad jurídica, probidad, celeridad, legalidad, equidad y respeto de los derechos; citando al efecto los arts. 22, 178.I y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se conmine a la autoridad demandada para que, dentro del plazo de veinticuatro horas de su legal notificación y previo sorteo, remita los antecedentes de la apelación incidental formulada a la Sala Penal de turno, o en su defecto, habiéndose radicado la presente causa con apelación restringida en “…la sala penal tercera de la ciudad de La Paz sea esta la que tenga que resolver el auto impugnado y señale día y hora de audiencia para considerar la apelación a la medida cautelar…” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 3 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 32 a 33, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y aclaración de la acción

El peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su acción de libertad y, en audiencia de garantías, aclaró que: a) La retardación de justicia se origina desde 2021, habiendo transcurrido más de un año y ocho meses sin que se remitieran los antecedentes requeridos; y, b) Si bien la Jueza demandada se encuentra con detención preventiva, existen autoridades en suplencia legal del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz que puedan disponer la remisión de antecedentes ante la Sala Penal correspondiente. En audiencia, ante la consulta del Juez respecto a si el accionante se encontraba con detención domiciliaria, este respondió que no, señalando que se hallaba en libertad en la ciudad de Santa Cruz; asimismo, negó haber estado detenido preventivamente en algún centro penitenciario.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Gladys Bacarreza Morales, Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera del departamento de La Paz, no presentó informe alguno ni se conectó a la audiencia de señalada, pese a su notificación cursante a fs. 30.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 10/2023 de 3 de marzo, cursante de fs. 34 a 38, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) No se configuran los presupuestos para la interposición de la acción de tutela, puesto que no se evidencia peligro para la vida ni privación de libertad del accionante, ya que su propio abogado defensor afirmó expresamente que no tenía detención domiciliaria, sino que residía en la ciudad de Santa Cruz y no se hallaba recluido en ningún centro penitenciario; 2) La controversia se refiere a la falta de remisión del legajo de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 11/2021 ante la Sala Penal competente, lo que -según el accionante- vulneraría su derecho a la defensa y al principio de celeridad; sin embargo, al inicio de la audiencia virtual se informó que por Secretaria del Juzgado de garantías se presentó un memorial de 3 de marzo de 2023, refiriendo que el presente caso se encontraba en grado de apelación restringida en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, junto con los cuadernos de control jurisdiccional. Ello contradice lo sostenido por el impetrante de tutela en la petición de su demanda; y, 3) Respecto a la fundamentación, la defensa del peticionante de tutela presentó escrito con anterioridad a la audiencia de garantías en los siguientes términos: i) La Jueza demandada se encontraba con detención preventiva y que su persona -hoy Juez de garantías- ejercía la suplencia legal; empero, tal afirmación resulta falsa, dado que éste nunca fue notificado con memorándum de suplencia legal; y, ii) No existe remisión pendiente, toda vez que el cuaderno original se encuentra en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en grado de apelación restringida.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial de 3 de marzo de 2023, Ernesto Luis Alcón Illanes, representante sin mandato de Ernesto Villarroel Carrizales -accionante-, dirigiéndose al Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, señaló que: a) Ante la detención de Gladys Bacarreza Morales, Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera del departamento de La Paz -ahora demandada-, quien se encuentra en suplencia legal de dicho despacho judicial fuera Jaime Arteaga Balderrama como Juez y Margot Limache como Secretaria; y, b) El proceso en cuestión se encuentra en grado de apelación restringida en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, junto con los cuadernos de control jurisdiccional (fs. 31).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la salud, a la vida, a la libertad y a la “dignidad personal”; y, de los principios de seguridad jurídica, probidad, celeridad, legalidad, equidad y respeto de los derechos; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el presunto delito de violencia familiar o doméstica, la Jueza demandada, por más de un año y diez meses, omitió remitir los antecedentes al Tribunal de alzada respecto de la apelación incidental interpuesta contra el Auto Interlocutorio 11/2021 de medidas cautelares. La Juez demandada, no presentó informe alguno ni ingreso a la audiencia virtual de garantías para rebatir los argumentos del accionante. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad y los alcances de protección respecto al procesamiento ilegal o indebido. Jurisprudencia reiterada

Al respecto, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, estableció que: “…las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no es reparada se abre la tutela constitucional. (…) Consiguientemente, a partir de la doctrina constitucional sentada en la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad” (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

Delimitada la problemática que motivó la interposición de la presente acción de defensa, y conocidos los argumentos de las partes, corresponde señalar que, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la acción de libertad procede únicamente en casos de indebido procesamiento cuando concurren los siguientes presupuestos: 1) Que el acto lesivo u omisión indebida esté vinculado con la restricción o supresión de la libertad o la vida; y, 2) Que exista un estado absoluto de indefensión. De no cumplirse tales requisitos, el accionante debe acudir a la acción de amparo constitucional, previa utilización de los recursos e instrumentos procesales establecidos en el Código de Procedimiento Penal. En el presente caso, respecto al primer presupuesto, el impetrante de tutela solicitó que la Jueza demandada remita antecedentes al Tribunal de alzada en relación con la apelación interpuesta contra el Auto Interlocutorio 11/2021 de 12 de abril, que dispuso su detención; sin embargo, durante la audiencia virtual, el abogado del accionante reconoció que su defendido nunca estuvo con detención domiciliaria ni en un centro penitenciario, encontrándose libre en la ciudad de Santa Cruz; ello demuestra que no se cumple con el requisito exigido, puesto que el acto reclamado no guarda una relación directa con la restricción o supresión de su libertad o la vida. Respecto al segundo presupuesto, tampoco se evidencia su cumplimiento, pues el peticionante de tutela tenía conocimiento del proceso seguido en su contra, así como de la supuesta omisión en la remisión de la apelación incidental al Tribunal ad quem; no obstante, pese al tiempo transcurrido que denuncia, no realizó gestión alguna para reclamar oportunamente ante el director del despacho correspondiente, con el fin de obtener la reparación de la autoridad competente; asimismo, en los antecedentes tampoco obra prueba que demuestre situación de indefensión. Adicionalmente, en caso de haber persistido la vulneración alegada, correspondía al accionante acudir a la acción de amparo constitucional, observando previamente los requisitos de admisión exigidos en la norma constitucional. En consecuencia, al no cumplirse los presupuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional que hubieren permitido a esta jurisdicción ingresar a analizar en el fondo de la problemática planteada, resulta precedente denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2023 de 3 de marzo, cursante de fs. 34 a 38, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática denunciada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0988_2025-S2.pdf · páginas 1 a 7.

Huella digital del PDF (SHA-256): abb7fd46566e7012b475969b4dd39a2bbbb7eca9197f084195c67e9d27091880

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