Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 28 de agosto de 2023
Concede en parte la tutela
La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, y a la defensa; toda vez que, dentro de su trámite administrativo de Registro Topográfico RTM 334/2021, la misma fue observada por la entidad demandada sin base legal y justificación bajo la Nota OF. EXT. CARTO 268/2021 de 31 de agosto, habiendo interpuesto el respectivo recurso, solicitando que la decisión de observar el trámite se trasunte en una resolución administrativa; empero, ante el silencio administrativo, interpuso el 16 de febrero de 2022 recurso jerárquico ante dicho accionar, la que lamentablemente fue declarada no ha lugar el 22 de febrero de 2022 por medio de la Nota OF. EXT. CARTO 127/2022, cometiéndose las siguientes irregularidades: i) No se dio cumplimiento al plazo de tres días para la remisión al superior en grado; ii) No dio respuesta a los agravios denunciados en su memorial de recurso jerárquico; y, iii) Sin ninguna fundamentación y motivación se declaró NO HA LUGAR el recurso jerárquico interpuesto. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: a) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; b) El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso; c) La garantía general del debido proceso y el derecho a la defensa; y, d) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 53 de 10 de junio de 2022, cursante de fs. 116 a 119 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto al derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; disponiendo se deje sin efecto la Nota OF. EXT. CARTO 127/2022 de 22 de febrero, emitido por la Jefa del Departamento de Cartografía y la Profesional de Apoyo-Cartografía, ambas de la Secretaría Municipal de Innovación, Tecnología y Planificación del GAM de Santa Cruz, debiendo las mismas, en el plazo de setenta y dos horas de notificadas con el presente fallo constitucional, siempre y cuando no lo hubieran hecho, emitir la correspondiente resolución administrativa debidamente fundamentada y motivada, conforme lo dispuesto por la Sala Constitucional Primera del departamento de Santa Cruz, en base a los Fundamentos Jurídicos descritos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela impetrada, en relación al derecho al debido proceso en su elemento congruencia, y al derecho a la defensa, por los argumentos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0988/2023-S1 Sucre, 28 de agosto de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 48766-2022-98-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 53 de 10 de junio de 2022, cursante de fs. 116 a 119 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Luis Andrés Ritter Zamora en representación legal de María Lourdes Landivar Leigue contra Max Jhonny Fernández Saucedo, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Santa Cruz.
Por memoriales presentados el 19 de mayo y 1 de junio de 2022, cursantes de fs. 59 a 72; y, 83 a 84 vta., la accionante a través de su representante sin mandato expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Realizó ante el GAM de Santa Cruz una solicitud de inicio del trámite administrativo de Registro Topográfico con Número de Trámite RTM 334/2021, mismo sin que exista normativa legal, por medio de la Nota OF. EXT. CARTO 268/2021 de 31 de agosto, de forma simple manifestó la imposibilidad de culminar el proceso al existir un trámite paralelo, desconociendo la obligación que le pesaba de culminar el trámite del referido Registro Topográfico; por lo que, hizo conocer que dicha nota no cumplía con lo establecido en el art. 28 incs. c) y d) de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-, siendo notificada el 9 de febrero de 2022 con la Nota OF. EXT. CARTO. 81/2022 de 3 de febrero, en la cual no fueron atendidas las denuncias realizadas, no obstante que solicitó que dicha nota se traduzca en una resolución cumpliendo los elementos descritos en el antedicho artículo.
En ese contexto, el 11 de febrero de 2022 presentó complementación y enmienda en aplicación del art. 26 del Decreto Supremo (DS) 27113 de 23 de julio de 2003 -Reglamento de la Ley del Procedimiento Administrativo-, teniendo el GAM de Santa Cruz el plazo de cinco días para contestar la misma, y que al haber dado una respuesta fuera de plazo el 21 de febrero de 2022, incurriendo en un incumplimiento de deberes, interpuso el recurso jerárquico, al haber reservado el derecho a la impugnación en el fondo; empero, la entidad demandada por medio de la Nota OF. EXT. CARTO 127/2022 de 22 de febrero, determinó por desestimar el recurso jerárquico por la ilegal paralización del trámite de Registro Topográfico iniciado en la Secretaría Municipal de Innovación, Tecnología y Planificación del GAM de Santa Cruz, determinación que fue emitida sin la debida fundamentación, motivación y congruencia, violentando su derecho al debido proceso.
La parte accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; y, a la defensa, citando al efecto los arts. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiéndose: a) Dejar sin efecto la Nota OF. EXT. CARTO 127/2022; y, b) Se dé continuidad al trámite de Registro Topográfico del proceso RTM 334/2021 con prelación de ingreso y sea concluida en el plazo de cuarenta y ocho horas.
Celebrada la audiencia virtual el 10 de junio de 2022, según se tiene del acta cursante de fs. 114 a 115 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante por intermedio de su apoderado y abogado, ratificó los extremos planteados en su memorial de acción de amparo constitucional.
Max Jhonny Fernández Saucedo, Alcalde del GAM de Santa Cruz, a través de sus representantes legales, en audiencia señaló que: 1) Luego de la emisión de la Nota OF. EXT. CARTO 268/2021 no existe un recurso revocatorio que se haya presentado contra la misma; 2) A los tres meses de emitido dicha nota, se presentó de forma extemporánea una solicitud de pronunciamiento, la que debió ser sujeto de un recurso de revocatoria en el plazo establecido de cinco días, lo cual no ocurrió, pretendiendo confundir que se presentó recurso jerárquico sin haber presentado el revocatorio; 3) No se puede ingresar al fondo de un recurso jerárquico, pues existen memoriales presentados fuera de plazo y que no cuentan con el formato y la forma de estilo, siendo una simple solicitud de pronunciamiento y no un recurso de revocatoria; y, 4) El recurso debió presentarse ante la autoridad administrativa que emitió el acto, pero presenta un memorial al ente municipal después de noventa días, además que no se establece los supuestos agravios sufridos.
Paola Ordoñez Roca, Técnico – Cartografía de la Secretaría Municipal de Innovación, Tecnología y Planificación del GAM de Santa Cruz, en audiencia, manifestó que, la solicitud fue presentada pasado muchos meses de retirado la carpeta con las observaciones del Registro Topográfico, las cuales están insertas en el art. 28 del “Código de Urbanismo y Obras”, en la que se permite la terminación de un proceso como observado, rechazado y certificado, siendo en el caso observado más no rechazado, no pudiendo definirse como un acto definitivo, solicitando se deniegue la tutela. Emilene Ortíz Quiroga, Jefa del Departamento de Cartografía del GAM de Santa Cruz, no presentó informe escrito alguno ni se hizo presente a la audiencia de garantías, pese a su legal notificación cursante a fs. 90.
La Sala Constitucional Primera del departamento de Santa Cruz, por Resolución 53 de 10 de junio de 2022, cursante de fs. 116 a 119 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo: i) Dejar sin efecto la Nota OF. EXT. CARTO 127/2022; y, ii) Se emita una resolución debidamente fundamentada y motivada, en la cual se exponga las razones de la decisión, conforme el plazo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo; bajo los siguientes fundamentos: a) La Forma en que emitieron la Nota OF. EXT. CARTO 127/2022 no guarda la estructura de una resolución que dé respuesta al recurso jerárquico interpuesto el 16 de febrero de 2022 ante al GAM de Santa Cruz de manera formal; b) Determinaron declarar no ha lugar el recurso jerárquico por no estar la misma acorde a los términos procesales y administrativos que determina la Ley, señalando que no se había presentado el recurso de revocatoria; c) En base al principio iura novit curia se tiene que la accionante interpuso el recurso jerárquico en la cual se expuso los agravios, señalando no estar de acuerdo con la paralización de su trámite, mismo que fue resuelto con una simple nota sin algún fundamento jurídico que haya sido dispuesto por la autoridad competente; d) En ese contexto, la autoridad administrativa tenía la obligación de hacer conocer y dar una respuesta por medio de una resolución administrativa debidamente fundamentada y motivada, en consideración al principio de informalismo que prima para el administrado y de formalismo que rige para el administrador, explicando de forma argumentativa el por qué no se le daba curso a su trámite; y, e) Por lo que el haber dado una respuesta con una simple carta, la cual no cuenta con la estructura de una resolución administrativa, violentó lo establecido en la SCP 0376/2020-S4 de 19 de agosto en relación a la obligación de fundamentar y motivar sus decisiones, concordantes con las SSCC 0036/2001-R, 0752/2002-R y 0863/2007-R.
De la revisión de antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Boleta de Liquidación de 8 de junio de 2021, emitida por la Secretaría Municipal de Planificación del GAM de Santa Cruz, con Número de Trámite RTM-0334/2021 a nombre de María Lourdes Landivar Leigue -ahora accionante- cuyo Trámite reza de Registro Topográfico Mayor (fs. 4). II.2. Consta Nota OF. EXT. CARTO 197/2021 de 5 de agosto, suscrita por la Técnico – Cartografía de la Secretaría Municipal de Innovación, Tecnología y Planificación del GAM de Santa Cruz dirigido a la impetrante de tutela, señalando que su Trámite RTM 0334/2021 fue observado, solicitando a fin de realizar un análisis técnico-legal arrimar el Plano Aprobado a nombre de Mario Calderón Torrez, el Certificado Alodial de la matrícula 7012010039390 y la matrícula 7012010103293 (fs. 97). II.3. Mediante Nota de 10 de agosto de 2021, la peticionante de tutela dirigiéndose a la Secretaría Municipal de Innovación, Tecnología y Planificación del GAM de Santa Cruz, adjuntó documentación cumpliendo lo observado en la Nota OF. EXT. CARTO 197/2021 (fs. 6 a 7). II.4. Cursa Nota OF. EXT. CARTO 268/2021 de 31 de agosto, por la cual la Técnico –Cartografía de la Secretaría Municipal de Innovación, Tecnología y Planificación del GAM de Santa Cruz, señaló que el trámite efectuado por la accionante fue observado, puesto que “…se evidencia que cursan paralelamente cuatro solicitudes de Registro Topográfico ambas sobre el mismo predio, es decir que sobre el polígono de solicitud del RTM-334/2021 se sobrepone la solicitud RTM-477/2021, RTM-408/2021 y RTM-476/2021…” (sic [fs. 9]). II.5. A través de memorial de 30 de noviembre de 2021, la peticionante de tutela dirigiéndose al Alcalde del GAM de Santa Cruz y el Secretario Municipal de Innovación, Tecnología y Planificación del mismo municipio, con suma: “SOLICITA PRONUNCIAMIENTO A EFECTOS QUE CORRESPONDAN RESERVANDO MI DERECHO DE IMPUGNAR EN CASO DE INSUFICIENCIA ARGUMENTATIVA O SILENCIO ADMINISTRATIVO” (sic), peticionó en respuesta a la Nota OF. EXT. CARTO 268/2021 que:
a) Se sirva ampliar el fundamento del Acto Administrativo contenido en la Carta EXT. CARTO NRO. 268/2021 del 31 de agosto de 2021, en virtud a los argumentos expuestos en el contenido en la presente solicitud, bajo alternativa a acudir a instancia impugnatoria, en el marco de lo establecido en el artículo 16 inciso a) de la Ley Nro. 2341 de Procedimiento Administrativo.
b) En atención a las previsiones legales establecidas en el artículo 28 de la Ley Nro. 2341 de Procedimiento Administrativo, se solicita se pronuncie específicamente y en forma fundamentada, EXHIBIENDO la base legal, técnica o regulatoria donde se establecería la imposibilidad de continuidad continuar con el trámite de Registro topográfico ante la Secretaría Municipal de Innovación, Tecnología y Planificación dependiente del GAM DE SANTA CRUZ. c) Se tenga presente que la interposición de la presente solicitud en vía incidental al proceso principal no limita o implica la renuncia de otro tipo de acciones de defensa administrativa o jurisdiccional, franqueadas por el artículo 112 de la Ley Nro. 031 LEY MARCO DE AUTONOMIAS Y DESCENTRALIZACIÓN “ANDRES IBAÑEZ”.
d) A los efectos del artículo 16 numeral 15 de la Ley Nro. 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, solicito se remita copia de la presente solicitud de pronunciamiento fundamentado al Concejo Municipal (sic [fs. 10 a 15]). II.6. Por Nota OF. EXT. CARTO 81/2022 de 3 de febrero, la Técnico – Cartografía de la Secretaría Municipal de Innovación, Tecnología y Planificación del GAM de Santa Cruz, emitió respuesta a la accionante, siendo notificada con la misma el 9 de igual mes y año (fs. 17 a 19). II.7. Mediante memorial de 11 de febrero de 2022, la impetrante de tutela, se dirigió al Alcalde del GAM de Santa Cruz y el Secretario Municipal de Innovación, Tecnología y Planificación del mismo municipio, con suma: “COMPLEMENTACIÓN Y ENMIENDA CON EFECTO SUSPENSIVO Y SOLICITA EMITA RESOLUCIÓN CONFORME PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO” (sic), peticionando:
a) Se sirva dar cumplimiento a la solicitud de ampliar el fundamento del Acto Administrativo contenido en la Carta EXT. CARTO NRO. 268/2021 del 31 de agosto de 2021, en virtud a los argumentos expuestos en el contenido en la presente solicitud, bajo alternativa a acudir a instancia impugnatoria, en el marco de lo establecido en el artículo 16 inciso a) de la Ley Nro. 2341 del Procedimiento Administrativo. b) Que se complemente y enmiende el acto administrativo OF EXT CARTO NRO. 81/2022 de 3 de febrero de 2022, con la fundamentación correspondiente y exhibiendo la publicación en periódico de circulación nacional de la competencia delegada a la Abogada Paola Ordoñez, que, bajo apercibimiento de nulidad, conforme el artículo 7 p VI de la Ley Nro. 2341 de Procedimiento Administrativo. c) Corresponde que el Acto Administrativo OF EXT CARTO NRO. 81/2022 del 3 de febrero de 2022, cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 29 del Reglamento de la Ley Nro. 2341 de Procedimiento Administrativo a cuyo efecto sea MATERIALIZADO EN FORMATO DE RESOLUCION MUNICIPAL EJECUTIVA SUSCRITA POR EL ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, siendo que en caso contrario se remitirá la negativa al Sumariante del Gobierno Municipal, a los efectos del artículo 29 de la Ley Nro. 1178 de Administración y Control Gubernamentales. d) Se tenga presente que la interposición de la presente solicitud en no limita o implica la renuncia de otro tipo de acciones de defensa administrativa o jurisdiccional, franqueadas por el artículo 112 de la Ley Nro. 031 LEY MARCO DE AUTONOMIAS Y DESCENTRALIZACION “ANDRES IBAÑEZ”… (sic [fs. 20 a 22]). II.8. Por memorial de 16 de febrero de 2022, dirigido al Alcalde del GAM de Santa Cruz y a la Secretaría Municipal de Innovación, Tecnología y Planificación del indicado municipio, bajo la suma de “SILENCIO ADMINISTRATIVO SUJETO A RESPONSABILIDAD; INTERPONE RECURSO JERARQUICO Y SOLICITA ELEVE A INSTANCIA COMPETENTE” (sic), la impetrante de tutela solicitó: 1) Elevar el recurso jerárquico en el plazo de tres días a la instancia superior; y, 2) Que el superior en grado reestablezca el procedimiento administrativo y dé continuidad y curso a la solicitud del Trámite RTM-334/2021 de Registro Topográfico, bajo los siguientes argumentos:
5. Fundamentación La Carta EXT CARTO NRO. 268/2021 del 31 de agosto de 2021, suscrita por la Abog. Paola Ordoñez Roca, Técnico-Cartografía dependiente de la Secretaría Municipal de Innovación, Tecnología y Planificación del GAM DE SANTA CRUZ, quien actúa sin competencias y delegaciones conforme el artículo 7 p. I y VI de la Ley Nor. 2341 de Procedimiento Administrativo, deben analizadas desde la perspectiva de los siguientes antecedentes administrativos de forma y de fondo que han impedido la culminación regular del trámite de REGISTRO TOPOGRÁFICO CON EL NÚMERO RTM 334/2021, el cual se inició la gestión 2021 y a la fecha continua siendo obstaculizado por la entidad: 5.1. Nulidad del Acto Administrativo Definitivo contenido en la Carta OF. EXT. CARTO Nro. 268/2021 del 32 de agosto de 2021 y la incidencia de responsabilidad por la función pública. Como servidora pública claramente identificada en el artículo 28 inciso c) de la Ley Nro. 1178 de Administración y Control Gubernamentales, la Abogada que suscribe la Carta OF. EXT. CARTO Nro. 268/2021 del 31 de agosto de 2021 debe tener presente que el haber negado la continuidad del trámite de Registro Topográfico del perdió identificado en el RTM 334/2021 sin que exista causal fundamentada o motivada los expone a las responsabilidades descritas en el REGLAMENTO DE RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PUBLICA, aprobado por el Decreto Supremo Nro. 23318-A y sus consiguientes modificaciones. Sobre este particular en forma respetuosa ponemos en su atención los siguientes extremos de orden legal y administrativo, que deberán ser tomadas en cuenta a momento de decidir y acceder a la solicitud de ampliación de información en la vía incidental. Como es de su conocimiento el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, se halla dentro del ámbito de aplicación de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, la cual señala claramente que todo servidor público será responsable, no sólo de los “resultados” del ejercicio de su funciones, sino también de la “forma”, tal como lo dispone el artículo 1 inciso c) de la norma anteriormente citada. (…). Corresponde señalar que todas las personas y los servidores públicos que han suscrito o suscriban documentos oficiales que puedan orientar a una mala decisión en relación a la presente solicitud de pronunciamiento fundamentado quedan sujetos al ámbito de aplicación del artículo 38 de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales (…). Asimismo, corresponde dejar claramente establecido que en caso de que el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, sea dañado económicamente por la mala decisión como la que cursa en la Carta OF. EXT. CARTO Nro. 268/2021 del 31 de agosto de 2021 arrastrará su responsabilidad y estará sujeta a los artículos 31 y 32 de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales y principalmente concordado con lo previsto por el artículo 113 de la Constitución Política del Estado (…). Como se podrá observar la responsabilidad de las decisiones que se vayan adoptar en el marco de la presente solicitud en contra la obligación que tienen de dar continuidad al trámite de Registro Topográfico, son de gran importancia, más aún tomando en cuenta que cualquier daño que se vaya a ocasionar al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, por parte de sus servidores públicos tiene RESERVA CONSTITUCIONAL, tal como lo dispone el artículo 112 de la actual Constitución Política del Estado (…). En consecuencia en el marco de la sana crítica y el prudente arbitrio, mi persona cumple con dimensionar el alcance de la responsabilidad sobre las decisiones que se vayan a tomar a partir del petitorio a que hacemos referencia en la parte ut ende de la presente solicitud de pronunciamiento fundamentado al proceso principal. En consecuencia, los aspectos enunciados en el contenido de este punto, deben ser atendidos diligentemente por los responsables de emitir contestación al presente documento, por lo cual expresamente manifestamos nuestra predisposición de dar cumplimiento a los Principios que rigen a la función pública claramente descritas en el artículo 1 inciso c) de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, así como los descritos en el artículo 232 de la Constitución Política del Estado, todo lo anterior, tomando en cuenta que la Administración Pública, tiene la obligación de atender todos los trámites de sus ciudadanos, sin que pueda eludir dicha obligación, tal como se presente hacer en la conclusión de la Carta EXT CARTO NRO. 268/2021 del 31 de agosto de 2021. 5.2. Nulidad por Ausencia de Norma Positiva que faculte el detener o rechazar un procedimiento de Registro Topográfico por concurrencia de otras solicitudes. Se debe tomar en cuenta que la Administración Municipal, no puede simplemente eludir la obligación de atender y culminar un trámite, debido a que la Ley Nro. 2341 de Procedimiento Administrativo, a la cual esta sometido el GAM DE SANTA CRUZ, señala (…). En ese sentido, tal como se puede observar el GAM DE SANTA CRUZ, no puede simplemente dejar un trámite inconcluso aduciendo la existencia de un paralelismo de solicitudes; es así que de persistir con esa afirmación, la institución o el área técnica tiene la obligación de exhibir la base legal positiva que le permite al GAM DE SANTA CRUZ el realización esa acción o emitir un acto administrativo como el contenido en la Carta EXT CARTO NRO. 268/2021 del 31 de agosto de 2021, toda vez que el no mostrar la norma positiva que sustenta ese acto, implicaría una violación al Principio de Legalidad o de Tipicidad de la Sede Administrativa, en todo caso las previsiones legales anteriormente expresas, demuestran que la entidad pública municipal tiene la obligación de culminar el trámite conforme el procedimiento de Registro Topográfico y no suspender o rechazar al mismo, más aún tratándose de datos de orden técnico y no de orden propietario. 5.3. Nulidad por incumplimiento de Prelación de Ejecución de trámites.
Al respecto, se debe tomar en cuenta que la Carta EXT CARTO NRO. 268/2021 del 31 de agosto de 2021 (…). Sobre el particular se debe tomar en cuenta que el Reglamento de la Ley Nro. 2341 de Procedimiento Administrativo, aprobado por D.S. 27113 (aplicación supletoria) (…). En ese sentido, tal como se puede observar la Secretaría Municipal de Innovación, Tecnología y Planificación, del GAM DE SANTA CRUZ, tiene la obligación de dar continuidad con nuestra solicitud de Registro Topográfico al predio RTM 334-2021, hasta su conclusión, tal como lo dispone el inciso d) del artículo 62 del Reglamento a la Ley Nro. 2341 de Procedimiento Administrativo, invocado por supletoriedad. 5.4. Nulidad por fractura del Art. 28 de la Ley Nro. 2341 de Procedimiento Administrativo. Con el objetivo de exhibir adecuadamente este accidente administrativo, en el que incurre la Carta EXT CARTO NRO. 268/2021 del 31 de agosto de 2021, en principio en forma respetuosa invocamos ante Ud., la previsión legal contenida en el artículo 28 de la Ley Nro. 2341 de Procedimiento Administrativo (…). En ese sentido, un elemento básico de comprensión de un sujeto pasivo de la relación con entidades como el GAM DE SANTA CRUZ es lograr conocer los fundamentos o motivos de la decisión por la cual una entidad sujeta al ámbito de aplicación de la Ley Nro. 1178 de Administración Gubernamentales TOMA UNA DECISION. Este requisito en la Sede Administrativa, es un elemento fundamental, toda vez que la decisión asumida por su Autoridad en la Carta EXT CARTO NRO. 268/2021 del 31 de agosto de 2021, no realiza ninguna SUBSUNCIÓN DE ORDEN SUSTANTIVO O ADJETIVO MUNICIPAL, en otras palabras, donde dice una solicitud posterior, anular el procedimiento previo iniciado. Ciertamente en ninguna norma legal, se establece esa habilitación que genero la Carta EXT CARTO NRO. 268/2021 del 31 de agosto de 2021, cuando me deja sin opción de culminar un trámite al cual tengo derecho, invocando un paralelismo que no eta tipificado como causal de anulación de los procedimientos administrativos de Registro Topográfico. El acto administrativo debe EXPONER UN NEXO DE CAUSALIDAD, lo que en Derecho Administrativo se denomina la MOTIVACIÓN, FUNDAMENTACIÓN O SUBSUNCIÓN ADMINISTRATIVA, como elemento matriz para que podamos conocer los fundamentos de la decisión y para que la decisión del Alcalde sea lítica y legal. Actualmente, no conozco los fundamentos o motivos jurídicos por los cuales se paraliza mi trámite de Registro Topográfico. En virtud de la obligación de fundamentación de la determinación administrativa, bajo el apercibimiento de la nulidad conforme el artículo 28 de la Ley Nro. 2341 de Procedimiento Administrativo, la Dra. Paola Ordoñez Rocas, debió explicar lo siguiente:
- Donde se tipifica la causal de otra solicitud como nulidad de un trámite previamente iniciado. - Por qué la Secretaría Municipal de Innovación, Tecnología y Planificación del GAM DE SANTA CRUZ, no da cumplimiento a lo previsto en el artículo 62 del Reglamento a la Ley Nro. 2341 de Procedimiento Administrativo, cuando establece la obligatoriedad de culminar los trámites EN SU ORDEN. - Que competencia tiene la Secretaría Municipal de Innovación, Tecnología y Planificación del GAM DE SANTA CRUZ, para involucrarse en la revisión de documentos que son de orden propietario. - Por qué la Secretaría Municipal de Innovación, Tecnología y Planificación del GAM DE SANTA CRUZ, no culmina un trámite de orden técnico, como es el Registro Topográfico. - En qué lugar de la norma positiva señala que no corresponde a la Secretaría Municipal de Innovación, Tecnología y Planificación del GAM DE SANTA CRUZ, atender trámite paralelos.
Como se podrá observa la obligación de fundamentación, no es un simple enunciado en el artículo 28 de la Ley Nro. 2341 de Procedimiento Administrativo, sino que es el ELEMENTO MÁS IMPORTANTE DEL ACTO ADMINISTRATIVO, el cual ha sido flagrantemente incumplido por la Secretaría Municipal de Innovación, Tecnología y Planificación del GAM DE SANTA CRUZ. (…). En mérito a lo expuesto, la decisión de no culminar el trámite de Registro Topográfico, incumple con lo previsto en el artículo 28 inciso e) de la Ley Nro. 2341 de Procedimiento Administrativo que dispone como elemento esencial para la validez de un acto administrativo la motivación y fundamentación. En fecha 9 de febrero de 2022 hechos sido notificados con la ilegal respuesta OF EXT CARTO NRO. 81/2022 del 3 de febrero de 2022. (…). Tal como se puede observar todos los aspectos anteriormente citados, que reguardan nuestro derecho, no fueron atendidos en la ilegal correspondencia del Acto Administrativo OF EXT CARTO NRO. 81/2022 del 3 de febrero de 2022, la cual no obstante de haber sido solicitada que se materialice en resolución y se cumplan requisitos del artículo 28 de la Ley Nro. 2341 de Procedimiento Administrativo no fueron atendidas en los plazos máximo que otorga la Ley, por lo cual, se advierte la ilegalidad con la que actúa la Secretaría Municipal de Innovación, tecnología y Planificación del GAM DE SANTA CRUZ, lo cual exponemos en forma integral en su consideración en la instancia jerárquica. Invoca Nulidad por Omisión de solicitud de forma legal, complementación y enmienda. Asimismo, ante la instancia jerárquica denunciamos el caso omiso sobre la solicitud del 11 de febrero de 2022, la cual se constituye en otro elemento para la viabilidad de la instancia jerárquica. Sobre la solicitud de complementación y enmienda, siendo aplicable en razón de reglamentación de la Ley Nro. 2341, acudimos al reglamento aprobado por Decreto Supremo Nro. 27113, de aplicación suplementaria: (…). Tal como se puede observar, sea cual fuere la decisión que asuma la entidad pública en relación a la solicitud efectuada por un administrado, tiene la obligación de cumplir los requisitos de forma del pronunciamiento, los cuales han sido detallados anteriormente y que ciertamente han sido incumplidas por la Abogada, Paola Ordoñez, quien suscribe documentos sin acreditar la DELEGACIÓN DE SU COMPETENCIA, conforme lo establece el artículo 7 p. VI de la Ley Nro. 2341 de Procedimiento Administrativo, determinando la nulidad absoluta, y bajo la previsión del artículo 28 inciso a) de la Ley Nro. 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Sin embargo, HABIENDO RESERVADO EL DERECHO DE IMPUGNACIÓN EN EL FONDO, en esta instancia, dentro del plazo de los tres días correspondía que el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Cierra, complemente, enmiende su respuesta y sea en la forma de resolución del ejecutivo municipal en estricto apego a la ley, existiendo fundamentos legales que justifican plenamente mi pretensión, en fiel amparo de lo previsto por los artículos; 2 parágrafo II, 16 inciso a), de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, así como La Ley Nro. 482 del 9 de enero de 2014 y la Ley Nro. 031 del 16 de junio de 2010, concordante con los artículos 29 y 36 del reglamento de la Ley Nro. 2341, aprobado por Decreto Supremo Nro. 27113. 6. Petitorio. Por lo expuesto (…), solicitamos a su Autoridad lo siguiente:
a) En mérito al parágrafo II del artículo 74 de la Ley Autonómica Municipal GAM DE SANTA CRUZ Nro. 009/2015 del 20 de enero de 2018, solicitamos que, en el plazo de tres días hábiles administrativos, ELEVE A LA INSTANCIA SUPERIOR EL PRESENTE RECURSO JERÁRQUICO y una copia de la diligencia o acto de remisión, nos sea notificada, con el objetivo de nuestro apersonamiento a la instancia ulterior de Sede Administrativa. b) Corresponderá al SUPERIOR EN GRADO al Ejecutivo Municipal restablecer procedimiento administrativo y dar continuidad y curso normal a las solicitudes emergentes del trámite RTM-334/2021 OF EXT CARTO NRO. 268/2021 del 31 de agosto de 2021, REGISTRO TOPOGRÁFICO CON EL NÚMERO RTM 334/2021.
c) Se tenga presente que la interposición del presente recurso jerárquico no limita o implica la renuncia de otro tipo de acciones de defensa administrativa o jurisdiccional, franqueados por el artículo 112 de la Ley Nro. 031 LEY MARCO DE AUTONOMIAS Y DESCENTRALIZACION “ANDRES IBAÑEZ” o la Ley Nro. 004 MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ del 31 de marzo de 2010.
d) A los efectos del artículo 7 parágrafos I y VI (DELGACIÓN) de la Ley Nro. 2341 de Procedimiento Administrativo, se solicita a su Autoridad se sirva extender fotocopias legalizadas de la resolución de delegación y la publicación en periódico de circulación nacional realizada por el Alcalde en favor de la Abogada Paola Ordoñez Rocas, quien suscribe documento en nombre del GAM DE SANTA CRUZ, sin que tenga competencia delegada para ello, incurriendo en la previsión del artículo 122 de la CPE (sic [fs. 25 a 33 vta.]). II.9. Cursa Auto de 21 de febrero de 2022, suscrito por la Jefa del Departamento de Cartografía de la Dirección de Ordenamiento Territorial; y, la Profesional de Apoyo – Cartografía, ambas de la Secretaría Municipal de Innovación, Tecnología y Planificación del GAM de Santa Cruz, notificada a la peticionante de tutela en la misma fecha, señalando:
VISTOS: Vistos, el memorial presentado por Maria Lourdes Landivar Leigue por el cual presenta solicitud de Enmienda contra el OF EXT. CARTO N° 81/2022 de fecha 03 de febrero de 2022. Que, la impetrante expresa que en fecha 09 de febrero de 2022 fue notificada con la respuesta OF EXT CARTO NRO 81/2022 del 3 de febrero de 2022.
Para la complementación y enmienda se ampara en la Ley Nro. 2341 y acuden al reglamento aprobado por Decreto Supremo Nro. 27113, mencionando el Art. 36 de Aclaración y complementación, Art. 29 (Forma), alegando que se tiene la obligación de cumplir los requisitos de forma del pronunciamiento, pero reservándose el Derecho de impugnación de fondo y en esta instancia dentro del plazo de los tres días corresponde que el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, complemente y enmiende su respuesta bajo el siguiente petitorio y sea en la forma de resolución del ejecutivo municipal; es lo que expresa la Sra. Maria Lourdes Landivar Leigue. Que la Ley de Procedimiento Administrativo, en su Art. 4 establece los principios generales de actividad administrativa, entre ellos su inc. c) Principio de sometimiento pleno a la Ley: La Administración Pública regirá sus actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido proceso. Que, la Ley Autonómica Municipal GAM DE SANTA CRUZ N° 009/2015 del 20 enero de 2015, Ley del Ejercicio Legislativo y de Ordenamiento Jurídico y Administrativo Municipal, en su Art. 1 determina que el objeto de la presente Ley es regular, sistematizar y vincular el ejercicio legislativo Municipal y el Ordenamiento Jurídico Administrativo del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, emergente del ejercicio de las facultades legislativas, de desarrollo, reglamentarias y ejecutivas de conformidad con los Artículos 270, 272, 276, 283, 297 y 302 de la Constitución Política del Estado y disposiciones establecidas en la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”. Que, el Artículo 70 de la señalada norma refiere a la (Complementación y Enmienda).- I. La autoridad municipal que resolvió el Recurso Revocatorio o Jerárquico, de oficio o a petición de parte en un plazo de tres (3) días hábiles podrá rectificar, aclarar o enmendar los errores o contradicciones de la resolución, sin afectar el fondo de la decisión. II. El plazo para la solicitud de complementación y enmienda a instancia de parte, es de veinticuatro horas computables a partir de su notificación. III. En este sentido, los plazos establecidos en el presente capítulo, se suspenderán y comenzarán a correr nuevamente desde la notificación con la Resolución que absuelve la complementación o enmienda solicitada. Que la SCP N° 0037/2019-S3 DE 123/03/2019 en relación a la Complementación y enmienda ha marcado la siguiente línea jurisprudencial La SCP 1693/2014 de 1 de septiembre, señaló que: “Respecto a la explicación y complementación, Gonzalo Castellanos Trigo, en su libro ‘Manual de Derecho Procesal Civil’, hace referencia a la definición emitida por Palacio sobre la aclaración, explicación y complementación señalando que: ‘el recurso de aclaración es el remedio concedido para obtener que el mismo órgano judicial que dictó una resolución subsane las deficiencias de orden material o conceptual que la afecten; o bien la integre de conformidad con las cuestiones oportunamente introducidas al proceso como materia de debate, supliendo las omisiones de que adolece el pronunciamiento’. Al respecto, el art. 196 del CPC, señala lo siguiente: (…) Por su parte, el art. 276 del CPC, respecto a la explicación y complementación, señaló lo siguiente (…) Conforme lo señalado por la doctrina y las normas citadas precedentemente, la aclaración, explicación y complementación, es un mecanismo procesal para obtener que el mismo órgano judicial que dictó la resolución, subsane las deficiencias de orden material o conceptual que afecten a las partes, ya sea corrigiendo algún error, si lo hubiere, ampliar posibles omisiones o clarificar eventuales modificaciones sustanciales al fondo del asunto o de una decisión; sino simplemente, como se señaló, para corregir deficiencias material o efectuar aclaraciones conceptuales que hicieron dificultosa la comprensión de la decisión. así también lo señaló la SC 0954/2004 de 18 de junio, al expresar lo siguiente: ‘…con relación al criterio expresado por el Tribunal de amparo en sentido de que el recurrente contaba con el recurso de enmienda y complementación, conviene referir que dicha solicitud, no constituye un recurso a través del cual el juez o tribunal competente pueda sustituir o modificar lo decidido, por el contrario, es un medio mediante el cual la autoridad judicial sólo puede enmendar algún error material, aclarar un concepto oscuro o suplir alguna omisión, siempre que no altere lo sustancial’”. En base a lo supra señalado y toda vez que el oficio de respuesta al trámite DGM 1217057 con Diamante 7932; No es un oficio que de respuesta a un recurso, NO HA LUGAR a lo solicitado (sic [fs. 23 a 24]). II.10.Por Nota OF. EXT. CARTO 127/2022 de 22 de febrero, suscrita por la Jefa del Departamento de Cartografía de la Dirección de Ordenamiento Territorial; y, la Profesional de Apoyo – Cartografía, ambas de la Secretaría Municipal de Innovación, Tecnología y Planificación del GAM de Santa Cruz, notificado a la accionante en la misma fecha, declararon NO HA LUGAR al recurso jerárquico, señalando que:
Que, la Ley Autonómica Municipal GAM DE SANTA CRUZ N° 009/2015 del 20 de enero de 2015, Ley del Ejercicio Legislativo y de Ordenamiento Jurídico y Administrativo Municipal, en su Art. 74.- Recurso Jerárquico.- 1. El Recurso Jerárquico podrá ser interpuesto por el interesado ante la autoridad ejecutiva que resolvió el Recurso Revocatorio, dentro del plazo de (5) cinco días hábiles a partir de su notificación o dentro del plazo de (5) cinco días hábiles computables desde el día siguiente al vencimiento al plazo para resolver el Recurso de Revocatoria.
En base a lo señalado anteriormente y toda vez que se presentó la solicitud de complementación y enmienda por la Sra. María Lourdes Landivar Leigue de fecha 11 de febrero de 2022. NO HA LUGAR al Recurso Jerárquico (sic [fs. 80]).
La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, y a la defensa; toda vez que, dentro de su trámite administrativo de Registro Topográfico RTM 334/2021, la misma fue observada por la entidad demandada sin base legal y justificación bajo la Nota OF. EXT. CARTO 268/2021 de 31 de agosto, habiendo interpuesto el respectivo recurso, solicitando que la decisión de observar el trámite se trasunte en una resolución administrativa; empero, ante el silencio administrativo, interpuso el 16 de febrero de 2022 recurso jerárquico ante dicho accionar, la que lamentablemente fue declarada no ha lugar el 22 de febrero de 2022 por medio de la Nota OF. EXT. CARTO 127/2022, cometiéndose las siguientes irregularidades: i) No se dio cumplimiento al plazo de tres días para la remisión al superior en grado; ii) No dio respuesta a los agravios denunciados en su memorial de recurso jerárquico; y, iii) Sin ninguna fundamentación y motivación se declaró NO HA LUGAR el recurso jerárquico interpuesto. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: a) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; b) El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso; c) La garantía general del debido proceso y el derecho a la defensa; y, d) Análisis del caso concreto.
En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa. En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011-R de 26 de septiembre, el cual expresó que:
…el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que el juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia (las negrillas y subrayado nos corresponden).
1 SCP 0316/2010-R de 15 de junio, Fundamento Jurídico III.3.2 “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido en: El Derecho de los Derechos: El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dicho procedimiento de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático. El respeto a los debidos procesos garantiza en la democracia el respeto a la libertad, la igualdad, los derechos políticos o de participación y los derechos sociales" (el resaltado nos pertenecen).
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, refirió que:
77. La Corte ha señalado que la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. 78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso (las negrillas son adicionadas). Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:
…(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…
En ese contexto, las citadas jurisprudencias constitucionales, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts.115.II y 117.I de la CPE, 8 de la CADH, y 14 del Pacto Internacional de Derechos humanos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.
El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema. Bajo esa comprensión constitucional, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se constituye en un medio para asegurar, en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados, no agotan el contenido del debido proceso, puesto que en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando.
En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre 3La jurisprudencia constitucional expresada en la SC 0902/2010-R de 10 de agosto, refiere respecto a los elementos que componen a la garantía general del debido proceso en los siguientes términos: “En consonancia con los tratados internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (SSCC 0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001-R, 0925/2001-R, 1028/2001-R, 1009/2003-R, 1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R, 022/2006-R, entre otras); sin embargo, esta lista en el marco del principio de progresividad no es limitativa, sino más bien enunciativa, pues a ella se agregan otros elementos que hacen al debido proceso como garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de este como medio para asegurar la realización del valor justicia, en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: "En opinión de esta Corte, para que exista "debido proceso legal" es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. (…) Es así como se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional.
Así configurado, es preciso recordar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino que es extensiva a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad (SSCC 0042/2004 y 1234/2000-R entre otras [las negrillas son nuestras]).
lo peticionado y lo resuelto; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que, la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que, la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones:
1) La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes.
2) La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva;
4La SC 0486/2010-R de 5 de julio, en su F.J. III.4.1, señaló que: “De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.
De otra parte, respecto de la congruencia como principio constitucional en el proceso civil, se indica que: “…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia “ultra petita” en la que se incurre si el Tribunal concede “extra petita” para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; “citra petita”, conocido como por “omisión” en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.” (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438).
Es decir que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita” en los que el juez o tribunal decide cuestiones que han quedado consentidas y que no fueron objeto de expresión de agravios (extra petita); y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).
El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”.
evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.
El debido proceso se encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado como un derecho fundamental (art. 115.II), garantía constitucional (117.I) y principio procesal constitucional que disciplina la función de impartir justicia (art. 180.I), en atención a estas cualidades, la jurisprudencia constitucional se encargó de resaltar su carácter tridimensional del debido proceso, en sus diferentes fallos como las SSCC 0086/2010-R de 4 de mayo, 902/2010-R de 10 de agosto y 0533/2011-R de 25 de abril, entre otros; además, también fue la jurisprudencia constitucional del extinto Tribunal Constitucional la que se encargó de asignarle la calidad de garantía general en la citada SC 902/2010-R, así como en las SSCC 0981/2010-R de 17 de agosto, 1145/2010-R de 27 de igual mes, asimismo en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0270/2012, 2493/2012, 0903/2019-S4, 0618/2018-S1, entre otros, del actual Tribunal Constitucional Plurinacional; en ese sentido configuró su contenido, alcance o los elementos constitutivos que le conciernen, en los siguientes términos:
5La SCP 0055/2014 de 3 de enero en su F.J. III.2.2, estableció que: “La congruencia de las resoluciones judiciales integra los componentes del debido proceso. En ese contexto, a partir de una concepción doctrinal, su análisis se orienta desde dos acepciones: externa, entendida como principio rector de toda resolución judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y respuesta) y lo resuelto por las autoridades judiciales, sin que el juzgador tome en cuenta aspectos ajenos a la controversia; interna, porque entendida la resolución como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.
En ese sentido, la uniforme jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, señaló: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.
(…).
De lo expuesto se confirma, que el órgano encargado de dictar la resolución, debe circunscribir su fallo a lo peticionado y no resolver más allá de lo pedido, que sería un pronunciamiento ultra petita, o, conceder algo distinto a lo solicitado por las partes, conocido en doctrina procesal como un pronunciamiento extra petita”. En el mismo sentido, la SC 0863/2003-R de 25 de junio, precisó que: “…el juez o tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”, entendimiento reiterado en las SSCC 1009/2003-R, 1312/2003-R y 0358/2010-R. Posteriormente, respecto a la pertinencia de las resoluciones pronunciadas por autoridades judiciales de segunda instancia, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, puntualizó:
“…implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. En esa misma línea, la SC 2017/2010-R de 9 de noviembre, señaló: “…la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, limite que se expresa precisamente en la fundamentación de agravios prevista por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC), como por el contenido de lo resuelto en la sentencia apelada, marco del cual el tribunal de alzada no puede apartarse”. Estos razonamientos fueron reiterados posteriormente en la SCP 0037/2012 de 26 de marzo y, desarrollados ampliamente en la SCP 1111/2012 de 6 de septiembre”.
En consonancia con los Tratados Internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra sí mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (las negrillas nos corresponde).
Configuración, contenido o alcance que no se encuentra en un sistema limitado o cerrado, al contrario, debido al carácter progresivo de los derechos, previsto en el art. 13.1 de la CPE, esos elementos constitutivos, tienen un carácter enunciativo, puesto que, el debido proceso, al haberse constituido en una garantía general, del mismo, pueden derivar otros elementos conforme al desarrollo doctrinal y jurisprudencial, así como al desarrollo del proceso, cuya finalidad viene a constituir en un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. En el contexto antes señalado, como uno de los elementos de la garantía del debido proceso, es el derecho fundamental a la defensa consagrado por el art. 115.II de la Norma Suprema, que tiene dos connotaciones: la primera es el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarles y defenderles oportunamente, mientras que la segunda es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos en igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por ello es inviolable por las personas o autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio, por lo que en caso de constatarse la restricción al derecho fundamental a la defensa, se abre la posibilidad de ser tutelado mediante el amparo constitucional, ahora acción de amparo constitucional.
En sintonía con esta disposición, la jurisprudencia constitucional pronunciada en la SC 657/2010 de 19 de julio, señalo.
Respecto al debido proceso consagrado como garantía constitucional en el art. 16 de la CPEabrg y art. 115.II de la CPE vigente; y como derecho humano en el art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, este Tribunal ha entendido, en su uniforme jurisprudencia, como ´el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar (…) comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos` SSCC 418/2000-R y 1276/2001-R), siendo entendido el derecho a la defensa y presunción de inocencia en el orden constitucional, como instituto integrante de la garantía del debido proceso, los cuales son aplicables también en el ámbito administrativo sancionatorio (el resaltado nos pertenece).
En ese contexto, corresponde señalar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino que es extensiva a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad. Al respecto la SC 0902/2010-R de 10 de agosto, respecto al debido proceso, señaló en su Fundamento Jurídico III.5, que se encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado en una triple dimensión, derecho, garantía y principio, y que éste:
…no se concreta en las afirmaciones positivizadas en normas legales codificadas, sino que se proyecta hacia los derechos, hacia los deberes jurisdiccionales que se han de preservar con la aspiración de conseguir un orden objetivo más justo, es decir, el debido proceso es el derecho a la justicia lograda a partir de un procedimiento que supere las grietas que otrora lo postergaban a una simple cobertura del derecho a la defensa en un proceso.
El derecho al debido proceso, consagrado en la Norma Suprema, se encuentra en armonía con los instrumentos internacionales de los cuales es signatario el Estado Boliviano, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus arts. 8.2 incs. b), c), d), e) y f); 7; 9; 10; 24; 25; y, 27, que lo determina como un derecho humano; asimismo, está contemplado en el art. 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señaló que las garantías del debido proceso no se restringen a los procesos judiciales o jurisdiccionales, pues incluyen procedimientos administrativos de toda orden; entendimiento, que fue recogido en la SCP 0567/2012 de 20 de julio, que determinó una importante doctrina jurisprudencial.
Se entiende que el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas, y conforme a la jurisprudencia constitucional, sufrió una transformación de un concepto abstracto que perseguía la perfección de los procedimientos, es decir, que daba preeminencia a la justicia formal, a un ideal moderno que destaca su rol como única garantía fundamental para la protección de los derechos humanos. En ese entendido, concluimos afirmando que el ámbito normativo de nuestro país, el debido proceso se manifiesta en una triple dimensión:
Derecho, Garantía y Principio; el cual es un derecho de aplicación inmediata, vinculada a todas las autoridades judiciales o administrativas, constituyéndose en una garantía de legalidad procesal.
La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, y a la defensa; toda vez que, dentro de su trámite administrativo de Registro Topográfico RTM 334/2021, la misma fue observada por la entidad demandada sin base legal y justificación bajo la Nota OF. EXT. CARTO 268/2021 de 31 de agosto, habiendo interpuesto el respectivo recurso, solicitando que la decisión de observar el trámite se trasunte en una resolución administrativa; empero, ante el silencio administrativo, interpuso el 16 de febrero de 2022 recurso jerárquico ante dicho accionar, la que lamentablemente fue declarada no ha lugar el 22 de febrero de 2022 por medio de la Nota OF. EXT. CARTO 127/2022, cometiéndose las siguientes irregularidades: i) No se dio cumplimiento al plazo de tres días para la remisión al superior en grado; ii) No dio respuesta a los agravios denunciados en su memorial de recurso jerárquico; y, iii) Sin ninguna fundamentación y motivación se declaró NO HA LUGAR el recurso jerárquico interpuesto.
De los antecedentes que se encuentran descritos en la conclusiones de este fallo constitucional se tiene que, la impetrante de tutela presentó el 8 de junio de 2021 ante la Secretaría Municipal de Planificación del GAM de Santa Cruz el Trámite RTM-0334/2021 solicitando Registro Topográfico Mayor, mismo que fue observado por Nota OF.EXT.CARTO 197/2021 de 5 de agosto, solicitando adjuntar documentación pertinente; por lo que, el 10 de agosto de 2021 la peticionante de tutela cumplió dicha observación, a lo cual, la Técnico-Cartografía de la Secretaría Municipal de Innovación, Tecnología y Planificación de dicho municipio observó el Trámite RTM-0334/2021 al existir solicitudes paralelas sobre el mismo trámite (Conclusiones II.1, II.2, II.3 y II.4). Es así, que el 30 de noviembre de 2021, la accionante solicitó tanto al Alcalde del GAM der Santa Cruz como al Secretario Municipal de Innovación, Tecnología y Planificación de dicho municipio, que amplíen pronunciamiento fundamentado en la observación realizada, siendo contestada el 3 de febrero de 2022 por parte de la Técnico-Cartografía por medio de la Nota OF. EXT. CARTO 81/2022, contra la cual, la impetrante de tutela, por memorial de 11 del mismo mes y año, interpuso complementación y enmienda, solicitando que las observaciones efectuadas sean por medio de una resolución conforme al procedimiento administrativo; por lo que, a través de memorial de 16 de igual mes y año, se dirigió al Alcalde y a la Secretaría Municipal de Innovación, Tecnología y Planificación, ambos del GAM de Santa Cruz, al amparo del silencio administrativo interpuso recurso jerárquico, solicitando: a) Elevar el referido recurso en el plazo de tres días a la instancia superior; y, b) Que el superior en grado reestablezca el procedimiento administrativo y dé continuidad y curso a la solicitud del Trámite RTM-334/2021 de Registro Topográfico (Conclusiones II.5, II.6, II.7 y II.8). Posteriormente por medio del Auto de 21 de febrero de 2022, emitido por la Jefa del Departamento de Cartografía de la Dirección de Ordenamiento Territorial; y, la Profesional de Apoyo – Cartografía, ambas de la Secretaría Municipal de Innovación, Tecnología y Planificación del GAM de Santa Cruz, declararon no ha lugar la solicitud de complementación y enmienda; y, a través de Nota OF. EXT. CARTO 127/2022 de 22 de febrero, notificado a la accionante en la misma fecha, declararon NO HA LUGAR al recurso jerárquico (Conclusiones II.9 y II.10). En ese orden de ideas, contextualizada la problemática, corresponde a este Tribunal analizar y verificar si las denuncias realizadas por parte de la solicitante de tutela, son evidentes o no, con el fin de otorgar resguardo a sus derechos fundamentales supuestamente conculcados por parte del demandado, y al ser tres problemáticas denunciadas, las mismas se analizarán de forma separada de la siguiente manera: 1) Respecto a la primera problemática La accionante demanda que ante la presentación del recurso jerárquico el 16 de febrero de 2022, la Jefa del Departamento de Cartografía de la Dirección de Ordenamiento Territorial; y, la Profesional de Apoyo – Cartografía, ambas de la Secretaría Municipal de Innovación, Tecnología y Planificación del GAM de Santa Cruz, en lugar de remitir los antecedentes al superior en grado en el plazo de tres días hábiles para su correspondiente resolución, declararon no ha lugar dicho recurso por medio de la Nota OF. EXT. CARTO 127/2022, sin dar cumplimiento al procedimiento administrativo. En ese contexto, de la Conclusión II.10 de este fallo constitucional se tiene que, una vez interpuesto el recurso jerárquico por parte de la impetrante de tutela, la Jefa del Departamento de Cartografía de la Dirección de Ordenamiento Territorial; y, la Profesional de Apoyo – Cartografía, ambas de la Secretaría Municipal de Innovación, Tecnología y Planificación del GAM de Santa Cruz, dieron una respuesta negativa al medio de impugnación por medio de la Nota OF. EXT. CARTO 127/2022 de 22 de febrero, bajo los siguientes argumentos:
Que, la Ley Autonómica Municipal GAM DE SANTA CRUZ N° 009/2015 del 20 de enero de 2015, Ley del Ejercicio Legislativo y de Ordenamiento Jurídico y Administrativo Municipal, en su Art. 74.- Recurso Jerárquico.- 1. El Recurso Jerárquico podrá ser interpuesto por el interesado ante la autoridad ejecutiva que resolvió el Recurso Revocatorio, dentro del plazo de (5) cinco días hábiles a partir de su notificación o dentro del plazo de (5) cinco días hábiles computables desde el día siguiente al vencimiento al plazo para resolver el Recurso de Revocatoria. En base a lo señalado anteriormente y toda vez que se presentó la solicitud de complementación y enmienda por la Sra. María Lourdes Landivar Leigue de fecha 11 de febrero de 2022. NO HA LUGAR al Recurso Jerárquico (sic). Ahora bien, el art. 66.III de la LPA, establece que:
En el plazo de tres (3) días de haber sido interpuesto, el Recurso Jerárquico y sus antecedentes deberán ser remitidos a la autoridad competente para su conocimiento (las negrillas nos corresponden). Es decir, que una vez interpuesto el recurso jerárquico por parte de la accionante, la única labor que tenía la entidad municipal, era remitir todos los antecedentes ante la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del GAM de Santa Cruz -Alcalde- para que este resuelva la misma en el plazo establecido en el procedimiento administrativo; empero, la Jefa del Departamento de Cartografía de la Dirección de Ordenamiento Territorial, junto a la Profesional de Apoyo – Cartografía, ambas de la Secretaría Municipal de Innovación, Tecnología y Planificación del GAM de Santa Cruz, incumpliendo con las obligaciones descritas en la norma supra y evidenciándose una negligencia, no dieron cumplimiento a sus obligaciones como autoridades administrativas, y en lugar de remitir los antecedentes ante el superior en grado en el plazo señalado de tres días, se limitaron a dar una respuesta de rechazo declarando no ha lugar el recurso jerárquico seis días después de interpuesto el mismo, carente de determinación específica alguna conforme a sus obligaciones, vulnerando con dicho accionar el derecho al debido proceso y la tutela judicial efectiva, pues interrumpió de manera ilegal y arbitraria el procedimiento establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo, dejando a la ahora accionante en un limbo jurídico, sin la certeza de la tramitación y resolución del recurso jerárquico planteado, no teniendo un efecto legal la Nota OF. EXT. CARTO 127/2022, correspondiendo conceder la tutela.
2) En cuanto a la segunda problemática La peticionante de tutela denuncia que ante la presentación del recurso jerárquico el 16 de febrero de 2022, la Jefa del Departamento de Cartografía de la Dirección de Ordenamiento Territorial; y, la Profesional de Apoyo – Cartografía, ambas de la Secretaría Municipal de Innovación, Tecnología y Planificación del GAM de Santa Cruz, suscribieron la Nota OF. EXT. CARTO 127/2022, por la cual declararon no ha lugar el recurso jerárquico, sin dar una respuesta a todos los agravios denunciados en la misma. En este punto, en la intención de realizar un análisis ordenado de la Nota OF. EXT. CARTO 127/2022, se analizará lo relacionado con la congruencia; por lo que a ese efecto, corresponde identificar los agravios planteados por la accionante en su recurso jerárquico interpuesto el 16 de febrero de 2022, en la cual solicitó: a) Elevar el referido recurso en el plazo de tres días a la instancia superior; y, b) Que el superior en grado reestablezca el procedimiento administrativo y dé continuidad y curso a la solicitud del Trámite RTM-334/2021 de Registro Topográfico, que se encuentran plasmados en la Conclusión II.8 de este fallo constitucional; así se tiene, que en esencia expresa los siguientes aspectos:
5. Fundamentación La Carta EXT CARTO NRO. 268/2021 del 31 de agosto de 2021, suscrita por la Abog. Paola Ordoñez Roca, Técnico-Cartografía dependiente de la Secretaría Municipal de Innovación, Tecnología y Planificación del GAM DE SANTA CRUZ, quien actúa sin competencias y delegaciones conforme el artículo 7 p. I y VI de la Ley Nor. 2341 de Procedimiento Administrativo, deben analizadas desde la perspectiva de los siguientes antecedentes administrativos de forma y de fondo que han impedido la culminación regular del trámite de REGISTRO TOPOGRÁFICO CON EL NÚMERO RTM 334/2021, el cual se inició la gestión 2021 y a la fecha continua siendo obstaculizado por la entidad: 5.1. Nulidad del Acto Administrativo Definitivo contenido en la Carta OF. EXT. CARTO Nro. 268/2021 del 32 de agosto de 2021 y la incidencia de responsabilidad por la función pública. Como servidora pública claramente identificada en el artículo 28 inciso c) de la Ley Nro. 1178 de Administración y Control Gubernamentales, la Abogada que suscribe la Carta OF. EXT. CARTO Nro. 268/2021 del 31 de agosto de 2021 debe tener presente que el haber negado la continuidad del trámite de Registro Topográfico del perdió identificado en el RTM 334/2021 sin que exista causal fundamentada o motivada los expone a las responsabilidades descritas en el REGLAMENTO DE RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PUBLICA, aprobado por el Decreto Supremo Nro. 23318-A y sus consiguientes modificaciones. Sobre este particular en forma respetuosa ponemos en su atención los siguientes extremos de orden legal y administrativo, que deberán ser tomadas en cuenta a momento de decidir y acceder a la solicitud de ampliación de información en la vía incidental. Como es de su conocimiento el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, se halla dentro del ámbito de aplicación de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, la cual señala claramente que todo servidor público será responsable, no sólo de los “resultados” del ejercicio de su funciones, sino también de la “forma”, tal como lo dispone el artículo 1 inciso c) de la norma anteriormente citada. (…). Corresponde señalar que todas las personas y los servidores públicos que han suscrito o suscriban documentos oficiales que puedan orientar a una mala decisión en relación a la presente solicitud de pronunciamiento fundamentado quedan sujetos al ámbito de aplicación del artículo 38 de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales (…). Asimismo, corresponde dejar claramente establecido que en caso de que el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, sea dañado económicamente por la mala decisión como la que cursa en la Carta OF. EXT. CARTO Nro. 268/2021 del 31 de agosto de 2021 arrastrará su responsabilidad y estará sujeta a los artículos 31 y 32 de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales y principalmente concordado con lo previsto por el artículo 113 de la Constitución Política del Estado (…). Como se podrá observar la responsabilidad de las decisiones que se vayan adoptar en el marco de la presente solicitud en contra la obligación que tienen de dar continuidad al trámite de Registro Topográfico, son de gran importancia, más aún tomando en cuenta que cualquier daño que se vaya a ocasionar al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, por parte de sus servidores públicos tiene RESERVA CONSTITUCIONAL, tal como lo dispone el artículo 112 de la actual Constitución Política del Estado (…). En consecuencia en el marco de la sana crítica y el prudente arbitrio, mi persona cumple con dimensionar el alcance de la responsabilidad sobre las decisiones que se vayan a tomar a partir del petitorio a que hacemos referencia en la parte ut ende de la presente solicitud de pronunciamiento fundamentado al proceso principal. En consecuencia, los aspectos enunciados en el contenido de este punto, deben ser atendidos diligentemente por los responsables de emitir contestación al presente documento, por lo cual expresamente manifestamos nuestra predisposición de dar cumplimiento a los Principios que rigen a la función pública claramente descritas en el artículo 1 inciso c) de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, así como los descritos en el artículo 232 de la Constitución Política del Estado, todo lo anterior, tomando en cuenta que la Administración Pública, tiene la obligación de atender todos los trámites de sus ciudadanos, sin que pueda eludir dicha obligación, tal como se presente hacer en la conclusión de la Carta EXT CARTO NRO. 268/2021 del 31 de agosto de 2021. 5.2. Nulidad por Ausencia de Norma Positiva que faculte el detener o rechazar un procedimiento de Registro Topográfico por concurrencia de otras solicitudes.
Se debe tomar en cuenta que la Administración Municipal, no puede simplemente eludir la obligación de atender y culminar un trámite, debido a que la Ley Nro. 2341 de Procedimiento Administrativo, a la cual esta sometido el GAM DE SANTA CRUZ, señala (…). En ese sentido, tal como se puede observar el GAM DE SANTA CRUZ, no puede simplemente dejar un trámite inconcluso aduciendo la existencia de un paralelismo de solicitudes; es así que de persistir con esa afirmación, la institución o el área técnica tiene la obligación de exhibir la base legal positiva que le permite al GAM DE SANTA CRUZ el realización esa acción o emitir un acto administrativo como el contenido en la Carta EXT CARTO NRO. 268/2021 del 31 de agosto de 2021, toda vez que el no mostrar la norma positiva que sustenta ese acto, implicaría una violación al Principio de Legalidad o de Tipicidad de la Sede Administrativa, en todo caso las previsiones legales anteriormente expresas, demuestran que la entidad pública municipal tiene la obligación de culminar el trámite conforme el procedimiento de Registro Topográfico y no suspender o rechazar al mismo, más aún tratándose de datos de orden técnico y no de orden propietario. 5.3. Nulidad por incumplimiento de Prelación de Ejecución de trámites. Al respecto, se debe tomar en cuenta que la Carta EXT CARTO NRO. 268/2021 del 31 de agosto de 2021 (…).
Sobre el particular se debe tomar en cuenta que el Reglamento de la Ley Nro. 2341 de Procedimiento Administrativo, aprobado por D.S. 27113 (aplicación supletoria) (…). En ese sentido, tal como se puede observar la Secretaría Municipal de Innovación, Tecnología y Planificación, del GAM DE SANTA CRUZ, tiene la obligación de dar continuidad con nuestra solicitud de Registro Topográfico al predio RTM 334-2021, hasta su conclusión, tal como lo dispone el inciso d) del artículo 62 del Reglamento a la Ley Nro. 2341 de Procedimiento Administrativo, invocado por supletoriedad. 5.4. Nulidad por fractura del Art. 28 de la Ley Nro. 2341 de Procedimiento Administrativo. Con el objetivo de exhibir adecuadamente este accidente administrativo, en el que incurre la Carta EXT CARTO NRO. 268/2021 del 31 de agosto de 2021, en principio en forma respetuosa invocamos ante Ud., la previsión legal contenida en el artículo 28 de la Ley Nro. 2341 de Procedimiento Administrativo (…). En ese sentido, un elemento básico de comprensión de un sujeto pasivo de la relación con entidades como el GAM DE SANTA CRUZ es lograr conocer los fundamentos o motivos de la decisión por la cual una entidad sujeta al ámbito de aplicación de la Ley Nro. 1178 de Administración Gubernamentales TOMA UNA DECISION. Este requisito en la Sede Administrativa, es un elemento fundamental, toda vez que la decisión asumida por su Autoridad en la Carta EXT CARTO NRO. 268/2021 del 31 de agosto de 2021, no realiza ninguna SUBSUNCIÓN DE ORDEN SUSTANTIVO O ADJETIVO MUNICIPAL, en otras palabras, donde dice una solicitud posterior, anular el procedimiento previo iniciado. Ciertamente en ninguna norma legal, se establece esa habilitación que genero la Carta EXT CARTO NRO. 268/2021 del 31 de agosto de 2021, cuando me deja sin opción de culminar un trámite al cual tengo derecho, invocando un paralelismo que no eta tipificado como causal de anulación de los procedimientos administrativos de Registro Topográfico. El acto administrativo debe EXPONER UN NEXO DE CAUSALIDAD, lo que en Derecho Administrativo se denomina la MOTIVACIÓN, FUNDAMENTACIÓN O SUBSUNCIÓN ADMINISTRATIVA, como elemento matriz para que podamos conocer los fundamentos de la decisión y para que la decisión del Alcalde sea lítica y legal. Actualmente, no conozco los fundamentos o motivos jurídicos por los cuales se paraliza mi trámite de Registro Topográfico. En virtud de la obligación de fundamentación de la determinación administrativa, bajo el apercibimiento de la nulidad conforme el artículo 28 de la Ley Nro. 2341 de Procedimiento Administrativo, la Dra. Paola Ordoñez Rocas, debió explicar lo siguiente:
- Donde se tipifica la causal de otra solicitud como nulidad de un trámite previamente iniciado. - Por qué la Secretaría Municipal de Innovación, Tecnología y Planificación del GAM DE SANTA CRUZ, no da cumplimiento a lo previsto en el artículo 62 del Reglamento a la Ley Nro. 2341 de Procedimiento Administrativo, cuando establece la obligatoriedad de culminar los trámites EN SU ORDEN. - Que competencia tiene la Secretaría Municipal de Innovación, Tecnología y Planificación del GAM DE SANTA CRUZ, para involucrarse en la revisión de documentos que son de orden propietario. - Por qué la Secretaría Municipal de Innovación, Tecnología y Planificación del GAM DE SANTA CRUZ, no culmina un trámite de orden técnico, como es el Registro Topográfico. - En qué lugar de la norma positiva señala que no corresponde a la Secretaría Municipal de Innovación, Tecnología y Planificación del GAM DE SANTA CRUZ, atender trámite paralelos.
Como se podrá observa la obligación de fundamentación, no es un simple enunciado en el artículo 28 de la Ley Nro. 2341 de Procedimiento Administrativo, sino que es el ELEMENTO MÁS IMPORTANTE DEL ACTO ADMINISTRATIVO, el cual ha sido flagrantemente incumplido por la Secretaría Municipal de Innovación, Tecnología y Planificación del GAM DE SANTA CRUZ. (…). En mérito a lo expuesto, la decisión de no culminar el trámite de Registro Topográfico, incumple con lo previsto en el artículo 28 inciso e) de la Ley Nro. 2341 de Procedimiento Administrativo que dispone como elemento esencial para la validez de un acto administrativo la motivación y fundamentación. En fecha 9 de febrero de 2022 hechos sido notificados con la ilegal respuesta OF EXT CARTO NRO. 81/2022 del 3 de febrero de 2022. (…). Tal como se puede observar todos los aspectos anteriormente citados, que reguardan nuestro derecho, no fueron atendidos en la ilegal correspondencia del Acto Administrativo OF EXT CARTO NRO. 81/2022 del 3 de febrero de 2022, la cual no obstante de haber sido solicitada que se materialice en resolución y se cumplan requisitos del artículo 28 de la Ley Nro. 2341 de Procedimiento Administrativo no fueron atendidas en los plazos máximo que otorga la Ley, por lo cual, se advierte la ilegalidad con la que actúa la Secretaría Municipal de Innovación, tecnología y Planificación del GAM DE SANTA CRUZ, lo cual exponemos en forma integral en su consideración en la instancia jerárquica. Invoca Nulidad por Omisión de solicitud de forma legal, complementación y enmienda. Asimismo, ante la instancia jerárquica denunciamos el caso omiso sobre la solicitud del 11 de febrero de 2022, la cual se constituye en otro elemento para la viabilidad de la instancia jerárquica. Sobre la solicitud de complementación y enmienda, siendo aplicable en razón de reglamentación de la Ley Nro. 2341, acudimos al reglamento aprobado por Decreto Supremo Nro. 27113, de aplicación suplementaria: (…). Tal como se puede observar, sea cual fuere la decisión que asuma la entidad pública en relación a la solicitud efectuada por un administrado, tiene la obligación de cumplir los requisitos de forma del pronunciamiento, los cuales han sido detallados anteriormente y que ciertamente han sido incumplidas por la Abogada, Paola Ordoñez, quien suscribe documentos sin acreditar la DELEGACIÓN DE SU COMPETENCIA, conforme lo establece el artículo 7 p. VI de la Ley Nro. 2341 de Procedimiento Administrativo, determinando la nulidad absoluta, y bajo la previsión del artículo 28 inciso a) de la Ley Nro. 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Sin embargo, HABIENDO RESERVADO EL DERECHO DE IMPUGNACIÓN EN EL FONDO, en esta instancia, dentro del plazo de los tres días correspondía que el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Cierra, complemente, enmiende su respuesta y sea en la forma de resolución del ejecutivo municipal en estricto apego a la ley, existiendo fundamentos legales que justifican plenamente mi pretensión, en fiel amparo de lo previsto por los artículos; 2 parágrafo II, 16 inciso a), de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, así como La Ley Nro. 482 del 9 de enero de 2014 y la Ley Nro. 031 del 16 de junio de 2010, concordante con los artículos 29 y 36 del reglamento de la Ley Nro. 2341, aprobado por Decreto Supremo Nro. 27113. 6. Petitorio. Por lo expuesto (…), solicitamos a su Autoridad lo siguiente:
e) En mérito al parágrafo II del artículo 74 de la Ley Autonómica Municipal GAM DE SANTA CRUZ Nro. 009/2015 del 20 de enero de 2018, solicitamos que, en el plazo de tres días hábiles administrativos, ELEVE A LA INSTANCIA SUPERIOR EL PRESENTE RECURSO JERÁRQUICO y una copia de la diligencia o acto de remisión, nos sea notificada, con el objetivo de nuestro apersonamiento a la instancia ulterior de Sede Administrativa. f) Corresponderá al SUPERIOR EN GRADO al Ejecutivo Municipal restablecer procedimiento administrativo y dar continuidad y curso normal a las solicitudes emergentes del trámite RTM-334/2021 OF EXT CARTO NRO. 268/2021 del 31 de agosto de 2021, REGISTRO TOPOGRÁFICO CON EL NÚMERO RTM 334/2021. g) Se tenga presente que la interposición del presente recurso jerárquico no limita o implica la renuncia de otro tipo de acciones de defensa administrativa o jurisdiccional, franqueados por el artículo 112 de la Ley Nro. 031 LEY MARCO DE AUTONOMIAS Y DESCENTRALIZACION “ANDRES IBAÑEZ” o la Ley Nro. 004 MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ del 31 de marzo de 2010.
A los efectos del artículo 7 parágrafos I y VI (DELGACIÓN) de la Ley Nro. 2341 de Procedimiento Administrativo, se solicita a su Autoridad se sirva extender fotocopias legalizadas de la resolución de delegación y la publicación en periódico de circulación nacional realizada por el Alcalde en favor de la Abogada Paola Ordoñez Rocas, quien suscribe documento en nombre del GAM DE SANTA CRUZ, sin que tenga competencia delegada para ello, incurriendo en la previsión del artículo 122 de la CPE (sic). Así puntualizados los agravios, se tiene que la Jefa del Departamento de Cartografía de la Dirección de Ordenamiento Territorial; y, la Profesional de Apoyo-Cartografía, ambas de la Secretaría Municipal de Innovación, Tecnología y Planificación del GAM de Santa Cruz, en respuesta al recurso jerárquico, emitieron la Nota OF. EXT. CARTO 127/2022 de 22 de febrero, por el cual declararon no ha lugar dicho recurso, bajo los siguientes argumentos:
Que, la Ley Autonómica Municipal GAM DE SANTA CRUZ N° 009/2015 del 20 de enero de 2015, Ley del Ejercicio Legislativo y de Ordenamiento Jurídico y Administrativo Municipal, en su Art. 74.- Recurso Jerárquico.- 1. El Recurso Jerárquico podrá ser interpuesto por el interesado ante la autoridad ejecutiva que resolvió el Recurso Revocatorio, dentro del plazo de (5) cinco días hábiles a partir de su notificación o dentro del plazo de (5) cinco días hábiles computables desde el día siguiente al vencimiento al plazo para resolver el Recurso de Revocatoria.
En base a lo señalado anteriormente y toda vez que se presentó la solicitud de complementación y enmienda por la Sra. María Lourdes Landivar Leigue de fecha 11 de febrero de 2022. NO HA LUGAR al Recurso Jerárquico (sic).
En ese contexto, el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional refirió que la congruencia de las resoluciones como parte esencial del debido proceso, consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; que no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución; debiendo ser comprendida como congruencia externa, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador o autoridad administrativa, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva.
En ese orden de cosas, la impetrante de tutela denuncia que la Nota OF. EXT. CARTO 127/2022 es incongruente, pues no dio respuesta a todos los puntos de agravio a momento de declarar no ha lugar el recurso jerárquico, en ese contexto, conforme se tiene de la primera problemática, en la que se evidenció que el memorial de recurso jerárquico no fue remitido ante el superior en grado para su correspondiente resolución, y teniendo en cuenta que la contrastación de la congruencia debe ser entre el memorial del recurso y la respectiva resolución emitida por la MAE, y al no haber sido de su conocimiento el referido recurso, esta instancia se ve imposibilitado de realizar un análisis a partir de la congruencia respectiva; puesto que la Nota impugnada no resuelve en el fondo el recurso jerárquico sino lo declara no ha lugar el mismo, y al no ser de conocimiento del superior en grado, corresponde denegar la tutela, con la aclaración de que no se ingresó al fondo de la problemática. 3) En relación a la tercera problemática La peticionante de tutela reclama que ante la presentación del recurso jerárquico el 16 de febrero de 2022, la Jefa del Departamento de Cartografía de la Dirección de Ordenamiento Territorial; y, la Profesional de Apoyo-Cartografía, ambas de la Secretaría Municipal de Innovación, Tecnología y Planificación del GAM de Santa Cruz emitieron la Nota OF. EXT. CARTO 127/2022, por la cual declararon no ha lugar el referido recurso, sin ninguna fundamentación y motivación respectiva.
Ahora bien, conforme a la problemática planteada es pertinente señalar lo expresado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, que refiere:
…la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación.
En ese orden de cosas, es necesario realizar el análisis del cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo -fundamentación y motivación- con las que debería contar la Nota OF. EXT. CARTO 127/2022, así tenemos, que conforme a la Conclusión II.10 de este fallo constitucional, la Jefa del Departamento de Cartografía; y, la Profesional de Apoyo-Cartografía, ambas de la Secretaría Municipal de Innovación, Tecnología y Planificación del GAM de Santa Cruz, declararon no ha lugar el recurso jerárquico interpuesta por la accionante, argumentado que:
Que, la Ley Autonómica Municipal GAM DE SANTA CRUZ N° 009/2015 del 20 de enero de 2015, Ley del Ejercicio Legislativo y de Ordenamiento Jurídico y Administrativo Municipal, en su Art. 74.- Recurso Jerárquico.- 1. El Recurso Jerárquico podrá ser interpuesto por el interesado ante la autoridad ejecutiva que resolvió el Recurso Revocatorio, dentro del plazo de (5) cinco días hábiles a partir de su notificación o dentro del plazo de (5) cinco días hábiles computables desde el día siguiente al vencimiento al plazo para resolver el Recurso de Revocatoria.
En base a lo señalado anteriormente y toda vez que se presentó la solicitud de complementación y enmienda por la Sra. María Lourdes Landivar Leigue de fecha 11 de febrero de 2022. NO HA LUGAR al Recurso Jerárquico (sic). En ese contexto, se analizará el cumplimiento de los requisitos de forma y fondo señalados supra. a. Sobre el cumplimiento de los requisitos de forma de una resolución administrativa
De antecedentes se tiene que la Jefa del Departamento de Cartografía; y, la Profesional de Apoyo-Cartografía, ambas de la Secretaría Municipal de Innovación, Tecnología y Planificación del GAM de Santa Cruz, declararon no ha lugar el recurso jerárquico interpuesto por la accionante.
En ese contexto, los arts. 17.I; 51.I; y, 52 de la LPA establecen:
ARTICULO 17° (Obligación de Resolver y Silencio Administrativo).
expresa en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación. (…) ARTICULO 51° (Formas de Terminación).
los recursos establecidos por Ley. (…) ARTICULO 52° (Contenido de la Resolución).
aceptación o rechazo total o parcial de la pretensión del administrado, sin perjuicio de lo previsto en el parágrafo III del Artículo 17° de la presente Ley.
III. La aceptación de informes o dictámenes servirá de fundamentación a la resolución cuando se incorporen al texto de ella (las negrillas son nuestras). Ahora bien, de la lectura y análisis de la Nota OF. EXT. CARTO 127/2022, por la cual se declaró no ha lugar el recurso jerárquico interpuesta por la accionante, se puede observar, que la misma no cuenta con la estructura de una resolución administrativa, en la que contenga los considerandos necesarios, destinados a establecer: 1) Los antecedentes; 2) Los fundamentos jurídicos; 3) El análisis del caso; y, 4) La parte resolutiva; para que la misma sea considerada como cumplimiento a la obligación de dar una respuesta a la pretensión de la accionante –remisión de antecedentes del recurso jerárquico al superior en grado-, evidenciándose que las autoridades administrativas, no cumplieron con todas las obligaciones de forma y contenido establecidas supra, para declarar no ha lugar el referido recurso, no dando una respuesta por medio de una resolución verdadera, vulnerando de esta manera su derecho a la tutela judicial efectiva, que si bien la misma no fue denunciada en el memorial de acción de amparo constitucional; empero, por el principio iura novit curia es posible deducir la violación de dicho derecho, pues, la respuesta otorgada a la peticionante de tutela, con la que de forma ilegal se declaró no ha lugar el medio de impugnación, se evidencia que no tiene la estructura debida para dicho efecto y no causa estado en el proceso administrativo, correspondiendo conceder la tutela al respecto.
b. En cuanto a la fundamentación y motivación En ese mismo sentido, al haberse evidenciado el incumplimiento de los requisitos de forma y contenido con las que debió haberse dado respuesta al memorial de recurso jerárquico incoado por la accionante -Resolución Administrativa-, se puede observar de igual forma, que los requisitos de fundamentación y motivación descritas en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, también fueron transgredidos al emitir como respuesta al recurso jerárquico la Nota OF. EXT. CARTO 127/2022, pues, si bien en dicha nota, se menciona al art. 74 de la Ley Autonómica Municipal GAM de Santa Cruz 009/2015 de 20 de enero -Ley del Ejercicio Legislativo y de Ordenamiento Jurídico y Administrativo Municipal- como causal para declarar no ha lugar el recurso jerárquico; empero, dicha enunciación, no puede acogerse como una fundamentación normativa, pues al no ser la antedicha nota una verdadera resolución administrativa, el cuerpo normativos citado, se convierte en meras enunciaciones subjetivas que no causan estado y menos llegan a resolver el fondo del recurso jerárquico; asimismo, no cuenta con una motivación verdadera, es decir, no explica, de forma didáctica la subsunción de la norma con el caso concreto, por lo que, la Nota OF. EXT. CARTO 127/2022 es arbitraria, ilegal y atentatoria al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, y por ende sin efecto legal alguno, correspondiendo conceder la tutela.
c. Respecto al derecho a la defensa
La accionante reclama que, con los actos perpetrados por la entidad demandada, se vulneró su derecho a la defensa, pues al efectuar una negación sin justificación alguna de proceder con el trámite solicitado, y tras emitir respuestas incomprensibles a los recursos planteados, lo situó en una indefensión absoluta, pues no se tiene certeza de que actos defenderse en el procedimiento administrativo. En ese contexto, respecto al derecho a la defensa este Tribunal lo ha definido en dos sentidos, descritos y desarrollados en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional de la siguiente forma:
…la primera es el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarles y defenderles oportunamente, mientras que la segunda es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos en igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por ello es inviolable por las personas o autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio, por lo que en caso de constatarse la restricción al derecho fundamental a la defensa, se abre la posibilidad de ser tutelado mediante el amparo constitucional, ahora acción de amparo constitucional. En ese orden de cosas, se tiene que la accionante, una vez que fue notificada con la Nota OF. EXT. CARTO 268/2021 de 31 de agosto, en la que se indicaba que el trámite realizado por su persona se encontraba observado (Conclusión II.4), el 30 de noviembre de 2021, presentó memorial ante el Alcalde del GAM de Santa Cruz y el Secretario Municipal de Innovación, Tecnología y Planificación del mismo municipio, con la suma de “SOLICITA PRONUNCIAMIENTO A EFECTOS QUE CORRESPONDAN RESERVANDO MI DERECHO DE IMPUGNAR EN CASO DE INSUFICIENCIA ARGUMENTATIVA O SILIENCIO ADMINISTRATIVO” (sic), la misma que cuenta con la firma del abogado patrocinante (Conclusión II.5); de la misma forma, el 11 de febrero de 2022, la peticionante de tutela, presentó otro memorial solicitando “COMPLEMENTACIÓN Y ENMIENDA CON EFECTO SUSPENSIVO Y SOLICITA EMITA RESOLUCIÓN CONFORME PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO” [sic (Conclusión II.7)], la cual también cuenta con patrocinante legal; por último, el 16 del mismo mes y año, presentó memorial ante el Alcalde; y, el Secretario de Municipal de Innovación, Tecnología y Planificación, ambos del GAM de Santa Cruz, bajo la suma de “SILENCIO ADMINISTRATIVO SUJETO A RESPONSABILIDAD; INTERPONE RECURSO JERARQUICO Y SOLICITA ELEVE A INSTANCIA COMPETENTE” (sic), solicitando: a) Elevar el recurso jerárquico en el plazo de tres días a la instancia superior; y, b) Que el superior en grado reestablezca el procedimiento administrativo y dé continuidad y curso a la solicitud del Trámite RTM-331/201 de Registro Topográfico (Conclusión II.8), memorial que de igual forma cuenta con patrocinio legal, evidenciándose que la impetrante de tutela estuvo debidamente patrocinada por un profesional abogado, el cual tenía la obligación de actuar en favor de los derechos, garantías e intereses de la prenombrada, no siendo una obligación en caso de patrocinio desleal u otro actuado, ser corregido por las autoridades administrativas a momento de emitir los actos cuestionados, por lo que la primera comprensión del derecho a la defensa no se advierte vulneración alguna, correspondiendo denegar la tutela, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo.
Ahora bien, respecto a la segunda concepción del derecho a la defensa, relativo a que el mismo consiste en el conocimiento, acceso y la facultad de impugnar las resoluciones dentro del proceso sea esta judicial o administrativa que se ventila por las partes; la accionante considera que las autoridades administrativas a tiempo de declarar no ha lugar el recurso jerárquico, vulneran este derecho, y más que todo la facultad de poder presentar los recursos que la ley le franquea. Al respecto, de la Conclusión II.5 de este fallo constitucional, se tiene que en primera instancia la accionante presentó el 30 de noviembre de 2021 memorial bajo la suma “SOLICITA PRONUNCIAMIENTO A EFECTOS QUE CORRESPONDAN RESERVANDO MI DERECHO DE IMPUGNAR EN CASO DE INSUFICIENCIA ARGUMENTATIVA O SILIENCIO ADMINISTRATIVO” (sic); para de forma posterior interponer el recurso jerárquico por silencio administrativo (Conclusión II.8). En ese orden, es preciso de igual manera remitirnos a lo establecido en el art. 56.I de la LPA, que señala:
ARTICULO 56° (Procedencia).
I. Los recursos administrativos proceden contra toda clase de resolución de carácter definitivo o actos administrativos que tengan carácter equivalente, siempre que dichos actos administrativos a criterio de los interesados afecten, lesionen o pudieran causar perjuicio a sus derechos subjetivos o intereses legítimos. De lo que se puede colegir, que la Ley de Procedimiento Administrativo, también garantiza el derecho a poder impugnar las resoluciones o actos administrativos definitivos que las partes consideren contrarias y en contra de sus intereses; empero, la misma no significa que la resolución o acto que deba emitir la autoridad de jerárquica deba necesariamente emitir una resolución pronunciándose en el fondo de las denuncias presentadas en el recurso, pues conforme a lo ya descrito en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, el derecho a la defensa se traduce en la facultad que tiene toda persona inmersa en un proceso judicial o administrativo que tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos en igualdad de condiciones conforme a procedimiento establecido, aspectos que en el presente caso, se observó que la accionante tuvo acceso a los recursos de impugnación -jerárquico por silencio administrativo- en contra de los actos que creyó contrarios a sus derechos e intereses, no observándose que las autoridades administrativas hayan vulnerado dicho acceso, pues se evidenció conforme a la Conclusión II.8 de este fallo constitucional que conforme la accionante interpuso el recurso jerárquico por silencio administrativo, la cual fue declarada no ha lugar, por lo que al advertir la inexistencia de la vulneración al derecho cuestionado por parte de la entidad demandada, corresponde denegar la tutela solicitada.
En consecuencia, la Sala Constitucional, al haber concedido la tutela impetrada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 53 de 10 de junio de 2022, cursante de fs. 116 a 119 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto al derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; disponiendo se deje sin efecto la Nota OF. EXT. CARTO 127/2022 de 22 de febrero, emitido por la Jefa del Departamento de Cartografía y la Profesional de Apoyo-Cartografía, ambas de la Secretaría Municipal de Innovación, Tecnología y Planificación del GAM de Santa Cruz, debiendo las mismas, en el plazo de setenta y dos horas de notificadas con el presente fallo constitucional, siempre y cuando no lo hubieran hecho, emitir la correspondiente resolución administrativa debidamente fundamentada y motivada, conforme lo dispuesto por la Sala Constitucional Primera del departamento de Santa Cruz, en base a los Fundamentos Jurídicos descritos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela impetrada, en relación al derecho al debido proceso en su elemento congruencia, y al derecho a la defensa, por los argumentos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, es de Voto Aclaratorio.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Carlos Remberto Antezana Chambi Gestor Procesal Tutelar – Proyectista PRIMER PROYECTO
2 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0988_2023-S1.pdf · páginas 1 a 36.
Huella digital del PDF (SHA-256): aa995a5e19e0bd1592ea9a68772c887abe05b5a3d0be6257a3c1d867dfe5cab2
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