Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 26 de agosto de 2025
Concede la tutela
El demandante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa; al debido proceso en sus elementos a la fundamentación, motivación, congruencia y la “seguridad jurídica”; al acceso a la justicia y el principio de presunción de inocencia, toda vez que: 1) El Juez de Instrucción codemandado, pronunció el Auto Interlocutorio 44/2023 de 17 de febrero, carente de motivación, sin fundamentar la flagrancia del hecho, menos que hubiese estado en posesión de la sustancia controlada, además, de haber sostenido que la carga de la prueba corresponde a la parte imputada; 2) El Vocal demandado, a través del Auto de Vista 177/2023 de 28 de febrero con incongruencia omisiva y aditiva, confirmó el Auto Interlocutorio impugnado que dispuso su detención preventiva, por lo que, solicita se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga la nulidad de las resoluciones citadas en líneas superiores; y se deje sin efecto el mandamiento de detención preventiva dispuesto en su contra. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 12/2023 de 10 de marzo, cursante de fs. 73 a 77, pronunciada por el Juez de Sentencia y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, respecto al derecho al debido proceso en sus elementos a la fundamentación, motivación y congruencia, y al principio presunción de inocencia, conforme los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional; y, 2º Disponer, dejar sin efecto el Auto de Vista 177/2023 de 28 de febrero, pronunciado por César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quien deberá emitir una nueva resolución, debidamente fundamentada, sobre la base de los Fundamentos Jurídicos desarrollados por este fallo constitucional, siempre y cuando, no haya sido modificada la situación jurídica del impetrante de tutela.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0986/2025-S3 Sucre, 26 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 54493-2023-109-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 12/2023 de 10 de marzo, cursante de fs. 73 a 77, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Iván Miguel Ojopi Gutiérrez contra César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Sergio Sebastián Pacheco Diamantino, Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del citado departamento.
Por memorial presentado el 9 de marzo de 2023, cursante de fs. 12 a 19 vta., el accionante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, se presentó imputación formal por la presunta comisión del ilícito de tráfico previsto y sancionado por el art. 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988-; mediante Auto Interlocutorio 471/2022 de 29 de diciembre, se determinó su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; contra esa determinación interpuso recurso de apelación incidental, en aplicación del art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), siendo resuelta por Auto de Vista 36/2023 de 24 de enero, que revocó la decisión apelada, a efectos que el juez de la causa pronuncie una mayor fundamentación y cumpla con el art. 124 del citado Código, en relación a los arts. 234.7, 235.2 y 393 ter.I.5 del Adjetivo Penal.
El Juez codemandado emitió el Auto Interlocutorio 44/2023 de 17 de febrero, como consecuencia de lo dispuesto por el Auto de Vista 36/2023, confirmando su detención preventiva, sin considerar que: a) No se dio cumplimiento a la fundamentación requerida, porque no señaló lo demostrado por la defensa en sentido que nunca estuvo en posesión de la sustancia controlada, presumiendo el juez a-quo que el baucher sería un indiciario del ilícito; b) En cuanto al art. 235.2 del CPP, se limitó a reiterar lo expresado en la imputación formal y con una incongruencia omisiva, no se refirió a lo manifestado por la defensa en la audiencia de medidas cautelares, determinándose que debe seguir en curso la detención preventiva; desconociendo que esa resolución no es de cesación de la medida extrema sino de medidas cautelares, y aún no existe acusación formal, debiendo haberse valorado elementos hasta el verificativo del mismo -diciembre de 2022- y no hasta la acusación formal, emitida después, en febrero de 2023; y, c) En cuanto al art. 393 ter del referido Código, el Auto Interlocutorio tampoco determinó cuál fue la causal para determinar la flagrancia, incurriendo en incongruencia omisiva. En segunda instancia, se emitió el Auto de Vista 177/2023 de 28 de febrero, pronunciado por Vocal demandado, que declaró su improcedencia y confirmó el Auto Interlocutorio 44/2023 de manera ilógica e incongruente porque: 1) La resolución apelada incidentalmente es de medidas cautelares, empero, se adujo que la carga de la prueba la tiene la parte imputada, cuando la ostenta el Ministerio Público; 2) Se afirmó que su persona se encontraba en posesión de sustancias controladas, cuando ni en la imputación formal se manifestó aquello, generando incongruencia aditiva, habiéndose demostrado la inexistencia de flagrancia; y, 3) No obstante que en el citado medio de impugnación se denunció como agravio que no se resolvió la existencia de flagrancia dentro de la causa, el juez ad quem omitió pronunciarse sobre la existencia o no del mismo.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la defensa; al debido proceso en sus elementos a la fundamentación, motivación, congruencia y la “seguridad jurídica”; al acceso a la justicia y el principio de presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 21.7, 22, 115.II, 116.I y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: i) La nulidad del Auto Interlocutorio 44/2023 de 17 de febrero y el Auto de Vista 177/2023 de 28 de febrero; y, ii) Dejar sin efecto el mandamiento de detención preventiva que pesa en su contra.
Celebrada la audiencia virtual el 10 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 71 a 72, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela a través de su abogado, manifestó que: a) El 7 de marzo de 2023, presentó una acción de libertad que fue sorteada al Juzgado de Sentencia Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de La Paz, que tiene los mismos antecedentes, fundamentos y motivos que la presente acción; y, b) Siendo inviable la solicitud de retiro de acción libertad, por los principios de lealtad y de economía procesal, solicitó la acumulación de la causa al referido Juzgado que en el día anterior la resolvió, a fin que no exista una doble resolución de la misma causa.
César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, presentó informe escrito el 10 de marzo de 2023, cursante a fs. 70 y vta., señalando que: 1) Efectivamente en el proceso penal seguido contra el accionante dictó el Auto de Vista 177/2023; y, 2) El 9 de igual mes y año, fue notificado con una acción de libertad, con los mismos hechos, fundamentos y petitorio, mecanismo de defensa que ya fue resuelto, encontrándose pendiente de remisión al Tribunal Constitucional Plurinacional, por lo que solicitó la denegatoria de la presente acción. Sergio Sebastián Pacheco Diamantino, Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, formuló informe escrito el 10 de marzo de 2023, cursante de fs. 47 a 48, solicitando se deniegue la tutela, indicando que: i) El 9 de marzo de 2023 -día anterior- fue notificado con una acción de libertad con el mismo tenor; y, ii) Esta acción de defensa fue planteada contra el Auto Interlocutorio 44/2023 de aplicación de medidas cautelares, así como, contra la resolución de apelación -Auto de Vista 177/2023-, que establecen la concurrencia de riesgos procesales, que pueden ser modificados durante el transcurso de la etapa preparatoria, siendo que la parte demandante de tutela puede plantear la cesación de la detención preventiva y desvirtuar los riesgos procesales que pesan en su contra.
El Juez de Sentencia y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 12/2023 de 10 de marzo, cursante de fs. 73 a 77, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) El abogado del peticionante de tutela señaló que existe otra acción de libertad presentada contra las mismas autoridades, así como, de la documentación aparejada, se establece una identidad de objeto, sujeto y causa, conforme lo señalado en la SCP 0649/2016-S1 de 3 de junio ; y, b) En mérito a la identidad de objeto, sujeto y causa no se ingresa al análisis de fondo de la problemática planteada en el presente mecanismo de defensa .
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Iván Miguel Ojopi Gutiérrez -accionante-, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, por Auto Interlocutorio 471/2022 de 29 de diciembre, el Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz -codemandado-, dispuso su detención preventiva a cumplirse en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por el tiempo de noventa días, contra dicha decisión el impetrante de tutela interpuso recurso de apelación incidental (fs. 2 a 3 vta.). II.2. Consta Auto de Vista 36/2023 de 24 de enero, a través del cual la Vocal de Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró la admisibilidad de la indicada apelación incidental, revocando el señalado Auto Interlocutorio, disponiendo que el juez de la causa, en un lapso setenta y dos horas, cumpla con el art. 124 del CPP, en relación a los arts. 234.7, 235.2 y 393 ter. I. 5 del citado Código (fs. 4 a 6 vta.). II.3. Por Auto Interlocutorio 44/2023 de 17 de febrero, el mencionado Juez codemandado dispuso la detención preventiva del peticionante de tutela a cumplirse en el indicado Centro Penitenciario por el término de noventa días, mismo que fue apelado en sujeción a lo previsto por el art. 251 del Adjetivo Penal (fs. 7 a 8 vta.). II.4. Mediante Auto de Vista 177/2023 de 28 de febrero, pronunciada por César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -demandado-, que declaró la admisibilidad del recurso de apelación incidental y determinó la improcedencia de las cuestiones planteadas y en el fondo confirmó el Auto Interlocutorio 44/2023 (fs. 35 a 37 vta.). II.5. A través de memorial presentado el 10 de marzo de 2023, a horas 10:16, el demandante de tutela solicitó ante el Juez de garantías retiro de acción de libertad, que por decreto de la misma fecha, se indicó que su consideración se realizará en la audiencia respectiva (fs. 25 y vta.) II.6. Del acta de consideración de la acción de libertad de 10 de marzo de 2023, el accionante por medio de su abogado patrocinante señaló que, el 7 de ese mes y año, planteó una acción de libertad contra las autoridades demandas, cuestionando el Auto Interlocutorio 44/2023 y el Auto de Vista 177/2023, que fue resuelta por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de La Paz (fs. 71 y vta.), II.7. De acuerdo al Sistema Informático de Gestión Procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional el expediente 55255-2023-111-AL fue ingresado el 29 de mayo de 2023 y el expediente 54493-2023-109-AL ingresó el 12 de abril de ese año.
El demandante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa; al debido proceso en sus elementos a la fundamentación, motivación, congruencia y la “seguridad jurídica”; al acceso a la justicia y el principio de presunción de inocencia, toda vez que: 1) El Juez de Instrucción codemandado, pronunció el Auto Interlocutorio 44/2023 de 17 de febrero, carente de motivación, sin fundamentar la flagrancia del hecho, menos que hubiese estado en posesión de la sustancia controlada, además, de haber sostenido que la carga de la prueba corresponde a la parte imputada; 2) El Vocal demandado, a través del Auto de Vista 177/2023 de 28 de febrero con incongruencia omisiva y aditiva, confirmó el Auto Interlocutorio impugnado que dispuso su detención preventiva, por lo que, solicita se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga la nulidad de las resoluciones citadas en líneas superiores; y se deje sin efecto el mandamiento de detención preventiva dispuesto en su contra. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La inexistencia o la existencia de la identidad de sujeto, objeto y causa, ha dado lugar a una amplia jurisprudencia que refleja la procedencia o improcedencia del análisis de fondo de una nueva acción de defensa que se presente estos tres componentes. Así, la SC 0328/2010-R de 15 de junio, definió en forma clara el alcance de los tres tipos de identidades, señalando lo siguiente:
[D]ebe debe existir necesariamente la concurrencia de las tres identidades indicadas; es decir: a) de sujetos: Que sean las mismas personas las que presentan la acción dirigiéndola contra iguales autoridades o particulares contra las que accionaron antes; b) de causa: El motivo, hechos fácticos que sirven de fundamento para la demanda así como su calificación jurídica (derechos o garantías invocados como lesionados), sean los mismos en ambos casos; y, c) de objeto: que el propósito del recurso sea el mismo tanto en el primer como en el segundo (…). Por su parte, la SCP 0038/2012 de 26 de marzo, emitida en una acción de libertad, establece que la activación de una anterior acción tutelar con identidad de objeto, sujeto y causa que tenga calidad de cosa juzgada es una causal para la denegatoria de la acción de libertad, salvo que el Tribunal Constitucional Plurinacional no hubiese ingresado al análisis de fondo de la problemática.
El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional. Así, la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio, sentencia sistematizadora de línea jurisprudencial, que fue pronunciada en una acción de libertad, determinó lo siguiente:
[Es] la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: i) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; ii) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; iii) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; iv) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, v) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-.
1La citada Sentencia, recoge la sistematización jurisprudencial desarrollada en la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero. La sistematización completa se encuentra en el Fundamento Jurídico III.1. 2El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…) (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…) b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´. (…) c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 3El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: a) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; b) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; c) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, d) Por la falta de coherencia del fallo, que se manifiesta: d.1) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto o parte resolutiva-; y, d.2) En su dimensión externa, que implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo señaló que resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”. 4El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 5El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.
6El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 7El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.
En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa.
La jurisprudencia contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 citadas anteriormente, fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado Ahora bien, la citada SCP 0353/2018-S2, en su Fundamento Jurídico III.2, reafirmó que los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP; sin embargo, precisó que la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, relativa a la relevancia constitucional para disponer la nulidad de las resoluciones judiciales pronunciadas sin motivación, con motivación insuficiente y/o motivación arbitraria no alcanza a la resolución judiciales relacionadas con medidas cautelares. Así expuso el siguiente razonamiento:
Ahora bien, la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2, que analiza previamente la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución; por cuanto en estos casos, aun se advierta que la corrección de una decisión con fundamentación o motivación arbitraria o insuficiente, no modificará la parte resolutiva, esto es, la decisión de la detención preventiva; sin embargo, es esencial que el imputado y el juez o tribunal conozcan las razones jurídicas que sustentaron la decisión de la detención preventiva respecto a las condiciones establecidas en el art. 233.1 y 2 del CPP, vinculadas a los arts. 234 y 235 del citado cuerpo legal; es decir, es esencial que conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la medida cautelar, a efectos que: i) Por una parte, el imputado pueda solicitar en el futuro su cesación de la detención preventiva, aportando nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que la determinaron, y por tanto, solicite medidas sustitutivas o su libertad irrestricta; y, ii) Por otra, el juez o tribunal analice de manera ponderada, si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia que la misma sea sustituida por otra.
El Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:
La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla (resaltado añadido). Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:
…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes. Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también atañe a los tribunales de apelación, sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia. Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:
…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.
Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva. Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que estos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP. Sistematización jurisprudencial extraída de la SCP 0011/2018-S2 de 28 de febrero.
La SCP 0014/2018-S2, se ha pronunciado sobre la presunción de inocencia señalando lo siguiente:
[E]ntre las garantías básicas del debido proceso se encuentra el principio de presunción de inocencia, que en su formulación negativa implica que ninguna persona puede ser culpable o tratada como tal hasta que una sentencia firme declare su culpabilidad.
Se halla consagrado en la Constitución Política del Estado, cuyo art. 116.I, señala: “Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado”. Asimismo, se encuentra establecido en las normas internaciones que forman parte del bloque de constitucionalidad; así la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), en su art. 11.1 establece: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”; el art. 14.2 del PIDCP, también garantiza la presunción de inocencia al señalar: “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”; por su parte el art. 8.2 de la CADH, consagra la presunción de inocencia cuando indica: “Toda querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes.
En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP”.
persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad…”.
El desarrollo de la jurisprudencia constitucional respecto al alcance del principio de presunción de inocencia tiene su antecedente en la SC 0011/2000 de 3 de marzo, en la que se hace referencia a que en mérito al principio de presunción de inocencia, la carga de la prueba es trasladada al acusador; por su parte, la SC 0165/2010-R de 17 de mayo añade que de esta garantía deriva la prohibición de obligar al imputado a declarar contra sí mismo, así como el carácter excepcional de la restricción al derecho a la libertad en la aplicación de medidas cautelares; posteriormente, la SCP 2055/2012 de 16 de octubre, señala que la presunción de inocencia en su triple dimensión de principio, derecho y garantía impide la realización de actos que presuman la culpabilidad, porque se exige certeza plena para vencer dicha presunción, que además, acompaña al procesado durante todo el proceso penal o administrativo sancionador.
Con carácter previo a cualquier consideración de fondo, es necesario determinar si existe el obstáculo procesal relativo a la identidad de objeto sujeto y causa, que impida que en el presente caso se ingrese a un análisis de fondo. Al respecto, la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en sentido que cuando se ha planteado una acción de libertad, no es conforme a derecho que la parte demandante de tutela interponga un nuevo mecanismo de igual naturaleza, entre las mismas partes, sobre iguales hechos, cuando todavía está en trámite la primera; una actuación así no solo provoca que el juez o ttribunal de garantías o la Sala Constitucional, sea inducido en error, sino que también de constata esa disfuncionalidad, corresponde no ingresar a ningún tipo de análisis de 9El Considerando III.2, manifiesta: “Que, este principio constitucional de presunción de inocencia se constituye en una garantía del “debido proceso”, protegiendo al encausado frente a actitudes arbitrarias que podrían dar margen al prejuzgamiento y a condenas sin proceso. Este principio constitucional traslada la carga de la prueba al acusador, vale decir que obliga a éste, en materia penal, a probar sus acusaciones dentro del respectivo proceso, y que los jueces dicten sentencia condenatoria siempre que exista plena prueba, o sea, cuando no haya duda sobre la culpabilidad del encausado demostrada por todos los medios de prueba, dentro de un proceso en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Esta garantía constitucional se complementa con las descritas en los arts. 9 al 17 de la Constitución Política del Estado”. 10El FJ III.5, indica: “ Por otra parte, la presunción de inocencia implica que todo imputado debe ser considerado inocente y tratado como tal en todo momento, mientas no se declare su culpabilidad en sentencia ejecutoriada (art. 6 CPP, SSCC 0690/2007-R, 0747/2002-R 0012/2006-R), garantía de la cual deriva la prohibición de obligar al imputado a declarar contra sí mismo; que la carga de la prueba corresponda a los acusadores, y que la libertad sólo pueda ser restringida de manera extraordinaria en las medidas cautelares (SSCC 0048/2000-R, 0439/2003-R)”. 11El FJ II.5.46, refiere: “…la presunción de inocencia en su triple dimensión: a) impide que los órganos encargados de la persecución penal realicen actos que presuman la culpabilidad del imputado; b) exige que la misma sea desvirtuada con certeza plena y determinante sobre la culpabilidad; c) obliga al acusador a probar la culpabilidad del encausado, sin perjuicio de los mecanismos de defensa que puedan ser utilizados por quien es acusado de la comisión de un delito; y, d) impele a considerarla como un estado de inocencia, que debe ser conservado durante todo el trámite procesal no sólo respecto de los procesos penales, sino también en todo sistema sancionador, disciplinario, administrativo, contravencional, constituyéndose en una exigencia que debe ser respetada por todas los servidores públicos y autoridades encargados de ejercitar la potestad punitiva del Estado”.
fondo y por razones de forma declarar la improcedencia de la tutela demandada.
En el caso que motiva la presente decisión constitucional, se tiene que antes de la interposición de esta acción de libertad, la parte peticionante de tutela planteó otra acción de libertad, aseverando que ambas acciones tienen antecedentes, fundamentos y motivos iguales, pero siendo inviable un retiro de acción, conforme a los principios de lealtad como de economía procesal, solicitó la acumulación de causa al juzgado que resolvió la primera acción de libertad, para que no exista una doble resolución de la misma; sobre cuya base y en mérito a los informes escritos, como los presentados en audiencia por las autoridades de instancia, el Juez de garantías fundamentó la denegatoria de la acción con el argumento de que existe evidencia de que la presente acción de libertad es idéntica a la primera en cuanto a identidad de sujeto, objeto y causa. La razón de forma expresada (identidad de objeto, sujeto y causa), daba lugar a que la autoridad de garantías, en coherencia con sus argumentos una vez presentado el memorial de retiro de demanda que fue realizado el 10 de marzo de 2023 a horas 10:16 (Conclusión II. 5) acepte el retiro de demanda, previa constatación si la parte demandada aún no fue notificada; sin embargo de ello, no procedió de esa manera, pues mediante decreto de igual fecha, determinó que se consideraría en audiencia, para luego, con dichos argumentos denegar la tutela, sin considerar que esa forma de resolución, solo pudo haberse pronunciado, de expresar argumentos de fondo (sea para conceder o no la acción planteada), por lo que se evidencia una incoherencia interna en el fallo del juez de garantías. Ahora bien, de conformidad con el Sistema Informático de Gestión Procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional, se tiene que la primera acción de libertad que planteó el demandante de tutela fue el 7 de marzo de 2023, que tiene el número de expediente 55255-2023-111-AL, el cual a la fecha de emisión de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se encuentra para sorteo, siendo que la segunda acción de libertad presentada el 9 de ese mes y año -esta acción de libertad que se revisa- y que corresponde al presente expediente 54493-2023-109-AL, tiene un sorteo anterior, esto debido a que la primera acción de libertad tardó en su remisión, puesto que fue recepcionada por este Tribunal Constitucional el 29 de mayo de 2023, en tanto que la segunda acción de libertad, ingresó el 12 de abril del mismo año. Consiguientemente, al no contar con fallo constitucional alguno en el expediente 55255-2023-111-AL, no se dan las condiciones para aplicar el precedente constitucional referido a la identidad de objeto, sujeto y causa, que impida un pronunciamiento, teniendo en cuenta que la primera acción de libertad presentada a la fecha de pronunciamiento de esta Sentencia Constitucional, no mereció pronunciamiento de fondo, para que en esta causa se pueda aplicar dicho entendimiento. Por lo expresado, no existe ningún obstáculo procesal que impida a este Tribunal Constitucional Plurinacional, ingresar a un análisis de fondo, pues no existe cosa juzgada constitucionalidad, que determine identidad de objeto, sujeto y causa. En la presente acción planteada el impetrante de la tutela denuncia que las autoridades demandadas, al emitir el Auto Interlocutorio 44/2023, que dispuso su detención preventiva, como el Auto de Vista 177/2023 pronunciada en apelación incidental que confirmó la decisión anterior, son determinaciones con las que se ha vulnerado sus derechos a la libertad, a la defensa; al debido proceso en sus elementos a la fundamentación, motivación, congruencia y la “seguridad jurídica”; al acceso a la justicia y el principio de presunción de inocencia. Por otro lado, es necesario tener presente que como consecuencia de la apelación incidental, conforme al alcance de la subsidiariedad excepcional, corresponde a la autoridad superior, subsanar o corregir cuestionamientos, respecto a los actos denunciados contra la autoridad inferior, siendo esa la razón por la que en el presente fallo, toda la denuncia efectuada por el impetrante de tutela, se analizará a partir de la decisión de la autoridad jurisdiccional de segunda instancia.
i) Falta de fundamentación y motivación en la resolución emitida en la apelación incidental, impugnada en la acción constitucional El peticionante de tutela, entiende que la emisión del Auto de Vista 177/2023, vulnera el derecho al debido proceso en cuanto a la fundamentación y motivación, porque afirma que hubiese sido encontrado en posesión de sustancias controladas, cuando se ha demostrado que nunca estuvo en esa posesión, y por consiguiente no existió flagrancia, aspecto que además ni fue analizado por el Auto Interlocutorio 44/2023, lo que motivó el recurso de apelación incidental. De la revisión de antecedentes procesales, se evidencia que dentro de la tramitación del proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público contra el accionante, se emitió el Auto Interlocutorio 44/2023, disponiendo su detención preventiva por la existencia de riesgo procesal contemplado en el art. 234.7 del CPP, bajo los siguientes fundamentos: “…en cuanto al peligro efectivo para sociedad se tiene que de la revisión Cuaderno de investigaciones mediante el sistema SIREJ se tiene que se habría adjuntado una literal (baucher) del cual establece que (…) el remitente sería el ciudadano Román Fuentes y el destinatario sería el Señor Iván Gutiérrez, debe de señalarse que (…) una caja de juguetes sería y que tendría que haberse procedido a realizar la entrega al imputado (…) el peso total de la Sustancia Controlada ascendía a 2.420 gramos de marihuana, es decir que existiría una gran cantidad de sustancias controladas que tendrían que haber sido entregadas al ahora imputado (…) se advierte por la suscrita Autoridad Jurisdiccional que está sustancia controlada ingresaría a su comercialización (…) tiene como finalidad el consumo de las personas adictas…” (sic). Contra la decisión de disponer la medida cautelar de detención preventiva, dio lugar a que el impetrante de tutela haya planteado recurso de apelación incidental; ante lo cual, el Vocal demandado a tiempo de resolverlo emitió el Auto de Vista 177/2023, en el que se afirmó que los: “…2420 gramos de marihuana y le fueron entregados en esa cantidad (…) esta sustancia controlada contenida en la caja fue entregada a Iván Miguel Ojopi Gutiérrez (…) quién ha recogido la sustancia controlada el imputado Ivan Miguel Ojopi Gutiérrez…” (sic). Esa conclusión sobre los hechos sucedidos a los que llegó el Tribunal de alzada, no se encuentra respaldada por la valoración de algún elemento probatorio que le permita llegar a esa afirmación, en sentido que al accionante se le entregó la sustancia controlada o que la habría recogido, existiendo por ello una evidente falta de motivación del fallo apelado, en el que ni siquiera se ha expresado alguna razón que justifique esa conclusión distinta a la que arribó el juez de la causa, quién expresó que las sustancias controladas estaban destinadas al prenombrado o tendrían que haberle sido entregadas, razonamiento que en todo caso debió haber sido desvirtuado con argumentos sólidos por el Juez ad quem, lo que no se evidencia del Auto de Vista cuestionado en la acción tutelar. En consecuencia, la autoridad demandada no consideró que el deber de motivación de las resoluciones judiciales no solo corresponde a la argumentación que debe efectuar una autoridad judicial de instancia, sino que esa obligación se extiende y alcanza a los tribunales de apelación o de segunda instancia, como se ha referido en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional. Conforme lo manifestado, existe evidencia de la lesión denunciada en este mecanismo de defensa, en cuanto no se ha realizado un procesamiento debido que respete la existencia de una resolución debidamente fundamentada, lo que incluye en la privación de la libertad del ahora impetrante de tutela. Por todo lo expresado el Vocal demandado mediante el Auto de Vista 177/2023, emitió un fallo en el que se ha violado la garantía al debido proceso, pues es una resolución carente de motivación y fundamentación, por no individualizar el medio probatorio que sustente su afirmación ni desvirtuar la valoración efectuada por el inferior. ii) Incongruencia de los fallos de grado, en su dimensión externa Dentro de la tramitación del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el demandante de tutela, se dictó el Auto de Vista 36/2023, que revocó la decisión del Juez de primera instancia que dispuso su detención preventiva, a efectos que el mismo: “…cumpla con el art. 393 Ter., núm. 5) del Código de Procedimiento Penal…” (sic), con el argumento de que: “…no existe ninguna fundamentación, ni valoración que haya incluido el juez (…). En relación al añadido del art. 393 Ter. num. 5) del Código de Procedimiento Penal (…), el juez de la causa deberá también necesariamente también fundamentar y motivar este elemento de procedimiento en flagrancia” (sic). Esta determinación, fue una de las razones por las que se revocó la decisión del juez de primera instancia (estrictamente anulación), a fin de que de manera fundamentada exprese su posición con relación al procedimiento regulado por el art. 393 Ter. I. 5 del CPP, relativo a la existencia o no de flagrancia; sin embargo, pese a esa determinación expresa, el juez de instancia, mediante Auto Interlocutorio 44/2023 no expresó ni una razón o un solo argumento con referencia a la posición y defensa del accionante, en sentido de que en el caso concreto no existiría flagrancia. La evidente omisión en la que se incurrió en el Auto Interlocutorio 44/2023 (cuestionada en la presente de acción de libertad), dio lugar a que el impetrante de tutela impugnara esa determinación a través de la interposición de un recurso de apelación incidental que fue resuelto por el Auto de Vista 177/2023 emitido por el Vocal demandado, en la que otra vez no se resolvió el agravio expuesto, sin señalarse si existiría o no la flagrancia. Conforme se ha expresado en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, es preciso que todo fallo jurisdiccional no solo responda a una coherencia interna entre las premisas normativa, fáctica y conclusión, sino que también es necesario que toda decisión jurisdiccional cuente con una coherencia externa, que implica una adecuada correspondencia entre lo pedido o lo impugnado por las mismas con lo que se resuelve, máxime si además se trata de resoluciones en segunda instancia, donde debe haber una coherencia entre los agravios expresados en la apelación, con la contestación de la alzada y el pronunciamiento que sobre los mismos debe darse por la autoridad jurisdiccional. En el caso que motiva esta decisión constitucional resulta evidente que el peticionante de tutela, a través de la tramitación del proceso penal, ha expresado como argumentos de su defensa, que no se le encontró en flagrancia de la comisión de algún ilícito penal, lo que habría motivado a que el primer tribunal de apelaciones, anulara la primera decisión del juez de la causa, a fin de que se pronuncie sobre si correspondería aplicarse o no el procedimiento en flagrancia, pero eso no se ha dado en ninguna de las decisiones siguientes, es decir, ni en el Auto Interlocutorio 44/2023, ni en el Auto de Vista 177/2023, ambos omitieron pronunciarse sobre uno de los extremos alegados en la defensa, en sentido que no existiría flagrancia en la conducta del accionante. En consecuencia, resulta evidente que los fallos emitidos por las autoridades de instancia, son determinaciones jurisdiccionales que adolecen de una congruencia externa, en cuanto no guardan correspondencia entre lo peticionado por el impetrante de tutela, con lo resuelto tanto por el juez de primera instancia, como por el Vocal demandado, lo que sin duda lesiona gravemente la garantía que tiene el peticionante de tutela a tener un fallo adecuadamente fundamento, motivado y con congruencia externa.
iii) Sobre el principio de presunción de inocencia, con relación a la carga de la prueba a cargo de la parte acusadora
Uno de los aspectos determinados en el Auto de Vista 177/2023, se encuentra vinculado al razonamiento expresado en el mismo, en ese sentido indicó que: “También es imperioso establecer que la carga de la prueba está relacionada a la fase en la que se encuentra el proceso, puesto que de la revisión de los antecedentes se tiene que la Resolución N° 44/2023, es una resolución sobre Medidas cautelares, por lo que la carga de la prueba la tenía la parte imputada” (sic). Esa determinación ha sido cuestionada por el ahora demandante de tutela, en sentido que, conforme al art. 6 del CPP, la carga de la prueba pertenece a quién acusa, no como se señala en la decisión de alzada, que la carga de la prueba la tiene la parte imputada, por lo que esa determinación evidenciaría una arbitraria motivación y fundamentación, violándose la garantía al debido proceso.
Conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, en virtud del principio de presunción de inocencia, toda persona sujeta a un proceso penal será considerado inocente, mientras no se declare su culpabilidad en sentencia ejecutoria, lo que implica la prohibición de toda presunción de culpabilidad, de ahí que la carga de la prueba no corresponde al imputado o acusado, sino por el contrario, le concierne a la parte denunciante o la que es acusadora, solo así se asegura la vigencia del principio de presunción de inocencia. La real aplicación de ese principio se constituye en una verdadera garantía, frente a actitudes arbitrarias que podrían provenir no solamente de la autoridad jurisdiccional sino de cualquiera de las partes del proceso, de ahí que la carga de la prueba no la tiene el imputado ni el acusado, sino la contra parte o parte denunciante y acusadora, única forma de asegurar que cuando se vaya a juicio y se llegue a dictar una sentencia, si es condenatoria imponiéndosele una pena, sea solo cuando exista plena prueba o no exista duda sobre la culpabilidad del encausado demostrada por todos los medios de prueba. En consecuencia, la aseveración realizada en el Auto de Vista impugnado, en sentido de que la carga de la prueba correspondería al accionante, lesiona la garantía al debido proceso, con relación al principio de presunción de inocencia que lo compone, lo que habilita concederse la acción de libertad planteada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 12/2023 de 10 de marzo, cursante de fs. 73 a 77, pronunciada por el Juez de Sentencia y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, respecto al derecho al debido proceso en sus elementos a la fundamentación, motivación y congruencia, y al principio presunción de inocencia, conforme los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional; y, 2º Disponer, dejar sin efecto el Auto de Vista 177/2023 de 28 de febrero, pronunciado por César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quien deberá emitir una nueva resolución, debidamente fundamentada, sobre la base de los Fundamentos Jurídicos desarrollados por este fallo constitucional, siempre y cuando, no haya sido modificada la situación jurídica del impetrante de tutela. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada Paola Verónica Prudencio Candia es de Voto Aclaratorio.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
8 El FJ III.3, refiere: “Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: `3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables´. En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art.
398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0986_2025-S3.pdf · páginas 1 a 19.
Huella digital del PDF (SHA-256): bb037bc7b32a2901f397abb2f70663089b9caca9f5b633ffc9471b95304b0bc8
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