Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 24 de noviembre de 2023
Concede la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, de locomoción y al debido proceso; por parte del Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz ahora demandado, autoridad que constantemente suspendió las audiencias de cesación a la detención preventiva, sin justificativo alguno, encontrándose detenido de manera indebida por más de tres años, sin que exista sentencia condenatoria o absolutoria. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2022 de 19 de enero, cursante de fs. 36 a 37, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Noveno; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos del Juez de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0986/2023-S2 Sucre, 24 de noviembre de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 45408-2022-91-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 04/2022 de 19 de enero, cursante de fs. 36 a 37, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mauricio Adolfo Imaña Luna contra Ramiro Nemesio Coaquira Coaquira, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 18 de enero de 2022, cursante de fs. 25 a 27, el accionante, señaló lo siguiente:
El Ministerio Público a instancias de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia presentaron -no precisa de donde- denuncia en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el art. 312 -se entiende del Código de Procedimiento Penal-, delito que nunca cometió, prueba de ello es que en el expediente existen cuatro memoriales de desistimiento presentadas por las madres de las supuestas víctimas; bajo esos antecedentes pidió en varias oportunidades audiencia de cesación a la detención preventiva, sin embargo, no sabe cuál la razón para que no se hayan llevado a cabo las mismas, al ser suspendidas por la inasistencia del Fiscal o de la parte acusadora. Se cometieron una serie de errores por parte de los operadores de justicia y de los investigadores, desde entonces viene soportando una serie de abusos jurídico legales; siendo que el art. 133 del Código de Procedimiento Penal (CPP) es claro y determinante al indicar que la duración máxima del proceso es de tres años, contados desde el primer acto procedimental, salvo en el caso de rebeldía, vencido el plazo, el juez o tribunal de oficio o a petición de parte, declarará extinguida la acción penal; en la presente causa no se cumplieron los plazos ni las investigaciones de forma correcta, peor aún, hace más de tres años se afectó la integridad de su familia, toda vez que, no cuenta ni siquiera con la apertura de juicio oral público y contradictorio, encontrándose detenido preventivamente, con la agravante del abandono de su familia, siendo que su detención resulta injusta. De los certificados adjuntos al expediente demostró que nunca tuvo antecedentes policiales ni judiciales, más al contrario, tiene una formación de valores de una conducta intachable, no se le quiso oír sobre su inocencia ni dar la oportunidad de demostrarla, motivo por el cual interpuso la presente acción de defensa, reiterando que se encuentra indebidamente privado de su libertad desde el 2 de junio de 2018, donde comenzó su calvario por su detención arbitraria.
En el memorial de acción de libertad interpuesta, el accionante no especificó qué derechos fueron vulnerados; sin embargo, de su lectura, se infiere que considera lesionado el debido proceso; y en audiencia, señaló la lesión de los derechos a la vida y de locomoción, sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó -en audiencia- se conceda la tutela.
Celebrada la audiencia pública el 19 de enero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 33 a 35, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, destacando que: a) Se encuentra detenido durante tres años, siete meses y veintiún días, sin sentencia condenatoria o absolutoria, siendo ello, una aberración jurídica; como se observa del “frondoso” expediente planteó varias veces cesación a la detención preventiva, pero por diferentes motivos se suspendieron las audiencias, siendo que la localidad de Caranavi se encuentra alejado de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz; y, b) Está indebidamente detenido mucho más tiempo del debido, no tiene sentencia ejecutoriada, por ello, en el receso judicial presentó al “juzgado de turno” cesación a la detención preventiva y por ausencia del Fiscal de Materia y la mala notificación, que no es atribuible a su persona, la misma fue suspendida; asimismo, aclaró que no cuenta con antecedentes penales ni policiales y que sus hijos están creciendo sin su guía, por una injusta reclusión.
Ramiro Nemesio Coaquira Coaquira, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz -conforme al Acta de audiencia e informe del Secretario del Juzgado de garantías- habría enviado su informe vía WhatsApp dándose lectura del mismo, sin embargo, dicho actuado no consta en el expediente.
El Juez de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz en suplencia legal de su similar Noveno, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 04/2022 de 19 de enero, cursante de fs. 36 a 37, concedió la tutela solicitada, ordenando: “…observar estrictamente los plazos previstos en la ley 1173 y en caso de que el accionante le solicite una audiencia de cesación a la detención preventiva la desarrolle inexcusablemente en el plazo de 48 horas que ha establecido la norma, esto le comportara a habilitar días y horas extraordinarias, tomar medidas preventivas, adecuadas, suficientes para garantizar el efectivo desarrollo pero tienen deber de desarrollar la misma en caso de que así le sea solicitado observando estrictamente la ley” (sic). Determinación asumida bajo los siguientes fundamentos: 1) El impetrante de tutela manifestó que existieron constantes suspensiones de audiencias de cesación a la detención preventiva por parte de la autoridad demandada y reconocida por el mismo, sosteniendo en su informe que las suspensiones fueron por causas legales; 2) En el caso presente no se comprende cuáles hubieran sido las causas para la suspensión de las audiencias, salvo inasistencia del acusado o de su abogado patrocinante; la inasistencia de la víctima, de la Defensoría o del Ministerio Público, no comportan causal de suspensión y notificar a todos los sujetos procesales es responsabilidad no solo de los funcionarios de apoyo jurisdiccional, sino también del Juez titular porque la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- ha previsto el mecanismo de la audiencia de cesación a la detención preventiva para que sea resuelta, salvo las excepciones que no requieren audiencia, entonces no podría decirse que se suspendieron las audiencias legalmente; y, 3) Se advirtió que el accionante no pudo hacer valer sus documentos en audiencia de cesación a la detención preventiva; por lo que, el Juez demandado debe considerar las pruebas en audiencia y disponer lo que corresponda.
Mediante decreto constitucional de 7 de junio de 2023, cursante a fs. 42, se dispuso la suspensión del cómputo de plazo para la emisión de la correspondiente resolución, a objeto de recabar documentación complementaria; posteriormente, por decreto constitucional de 18 de julio de igual año, se mantuvo dicha suspensión; y ante la falta de remisión de la documentación requerida se resolvió la causa conforme a los antecedentes que cursan en el expediente; reanudando el cómputo a partir de la notificación con el decreto constitucional de 15 de noviembre de 2023 (fs. 77); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es pronunciada dentro de plazo.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursan Certificados, tanto de Matrimonio de Mauricio Adolfo Imaña Luna -hoy accionante- con Lucia Susana Bautista, así como de nacimiento de sus hijos menores de edad (fs. 2 a 5). II.2. Consta documentación referida al impetrante de tutela, consistente en: Verificación Policial Domiciliaria de 17 de diciembre de 2020, croquis de ubicación de domicilio, muestrario fotográfico, Certificación de regularización de derecho propietario así como la suscrita por el presidente del Barrio Isla Grande de Rurrenabaque; Contrato de trabajo (fs. 8 a 15), Certificado de antecedentes penales, de antecedentes policiales, y de permanencia y conducta (fs. 22 a 24).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, de locomoción y al debido proceso; por parte del Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz ahora demandado, autoridad que constantemente suspendió las audiencias de cesación a la detención preventiva, sin justificativo alguno, encontrándose detenido de manera indebida por más de tres años, sin que exista sentencia condenatoria o absolutoria. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Respecto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la jurisprudencia constitucional señaló en la SC 0044/2010-R de 20 de abril, que: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.
Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE (…) establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…’, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R), o en los casos en que se ha demorado la efectividad de la libertad, pese a que el imputado ha cumplido con las medidas sustitutivas impuestas (SSCC 1477/2004-R, 046/2007-R, entre otras)”.
Resulta claro, que el mecanismo procesal idóneo frente a la vulneración del principio de celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga en una dilación indebida en el conocimiento y resolución de una solicitud de audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, es la acción de libertad de pronto despacho, la que restituye los derechos ante dilaciones indebidas en su señalamiento o resolución.
En la presente acción tutelar el accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, de locomoción y al debido proceso; por parte del Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz ahora demandado, autoridad que constantemente suspendió las audiencias de cesación a la detención preventiva, sin justificativo alguno, encontrándose detenido de manera indebida por más de tres años, sin que exista sentencia condenatoria o absolutoria. De la revisión del expediente, se tiene la Verificación Policial Domiciliaria de 17 de diciembre de 2020, croquis de ubicación de domicilio, muestrario fotográfico, Certificación de regularización de derecho propietario así como la suscrita por el presidente del Barrio Isla Grande de Rurrenabaque del departamento de Beni; Contrato de trabajo, Certificado de antecedentes penales, de antecedentes policiales, y de permanencia y conducta (Conclusiones II.1 y II.2).
En el caso concreto se puede establecer que el imputado se encuentra detenido preventivamente en el Recinto Penitenciario San Pedro de La Paz, desde el 2 de junio de 2018 cumpliendo la orden de detención emanada por la autoridad judicial, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de abuso sexual. En ese contexto es que el accionante señaló que solicitó en varias oportunidades audiencia de cesación a la detención preventiva, las que fueron suspendidas por la inasistencia del representante del Ministerio Público o del acusador particular; por lo que, no pudieron valorarse las pruebas que desvirtúan los riesgos procesales y de esa manera, se disponga su libertad; si bien no cursa en el expediente el informe proporcionado por el Juez demandado, que conforme el Acta de audiencia, el Secretario del Juzgado de garantías indicó que hubiera sido remitido mediante vía WhatsApp; empero, se colige que el extremo denunciado no hubiera sido desvirtuado por la autoridad judicial demandada, es por ello, que dicho Juez concedió la tutela, determinando se señale audiencia de cesación a la detención preventiva, se compulsen las pruebas del impetrante de tutela y se disponga lo que correspondiere en derecho.
En ese orden de cosas se advierte que evidentemente existe una dilación indebida, puesto que al no llevarse adelante las audiencias peticionadas de cesación a la detención preventiva donde se considere las pruebas que desvirtúan los riesgos procesales, no solamente se lesionó el derecho al debido proceso sino también a la defensa, mucho más si el demandante de tutela se encuentra privado de libertad y la autoridad judicial al no actuar con celeridad, eficacia y eficiencia, trastoca el derecho de acceso a la justicia, motivo por el cual corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela impetrada, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2022 de 19 de enero, cursante de fs. 36 a 37, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Noveno; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos del Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0986_2023-S2.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): a478c5b687e946dc91bcf4673c0423193f528443e636bf5d503e00f53dfbce90
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