Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 28 de agosto de 2025
Deniega la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, a la “integridad personal”, a la libertad y seguridad personal; señalando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra y de otros, por la presunta comisión del delito lesiones graves y leves entre otros, al encontrarse detenido preventivamente en el Centro Penitenciario de Chonchocoro de La Paz, sufrió una embolia, siendo internado en el Hospital de Clínicas de la indicada ciudad; no obstante, pese a su delicado estado de salud: 1) El Fiscal de Materia codemandado, retuvo cuatro días los memoriales que presentó el 15 y 16 de febrero de 2023, mediante los cuales solicitó que un gabinete Médico Forense del IDIF lo evalúe y verifique sus análisis e historial médico; asimismo, que se conforme una comisión del Colegio Médico del señalado departamento, para evidenciar que el tratamiento que se le brinda sea el adecuado para salvarle la vida; y, 2) Personeros del Ministro de Gobierno demandado y el Director General de Régimen Penitenciario y Supervisión a.i. del Ministerio de Gobierno, ejercieron actos de hostigamiento en el referido nosocomio, exigiendo su alta para trasladarlo a Chonchocoro; lo que podría provocar su fallecimiento al no contar con las condiciones adecuadas para continuar su tratamiento contra la embolia. Ante ello, los representantes del Ministro de Gobierno, y el Director General de Régimen Penitenciario y Supervisión a.i. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 15/2023 de 25 de febrero, cursante de fs. 117 a 119 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos. 2° Llamar la atención a Enrique Manuel Cadena Pinto, Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz, conforme a las razones expresadas en la parte final del Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional. 3° Exhortar al Ministro de Gobierno para el cumplimiento de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, respecto a la forma de elección de autoridades del régimen penitenciario, de forma que se respete la institucionalización, la autonomía administrativa, designación democrática y un mandato fijo.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0985/2025-S2 Sucre, 28 de agosto de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 54483-2023-109-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 15/2023 de 25 de febrero, cursante de fs. 117 a 119 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jorge José Valda Daza en representación sin mandato de Julio César Apaza Tintaya contra Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, Ministro de Gobierno; Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; Juan Carlos Limpias Esprella, Director General de Régimen Penitenciario y Supervisión a.i. del Ministerio de Gobierno; y, Bladimir Bolívar Alvarado, Fiscal de Materia.
Por memoriales presentados el 23 y 24 de febrero de 2023, cursantes a fs. 1 a 10 vta.; y, 21, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra y otros, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves entre otros, el Juez de la causa dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; sin embargo, en virtud a una sanción disciplinaria, Juan Carlos Limpias Esprella, Director General de Régimen Penitenciario -ahora codemandado-, dispuso su traslado al Centro Penitenciario de Chonchocoro del indicado departamento, -sin el correspondiente control jurisdiccional-. Posteriormente, fue internado en el Hospital de Clínicas de Nuestra Señora de La Paz; empero, en las últimas setenta y dos horas, no solo los médicos de dicho nosocomio sino también sus familiares sintieron presión, amenazas y actos de hostigamiento ejercidos por personeros de Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, Ministro de Gobierno -demandado- y del Director General del Régimen Penitenciario codemandado, quienes exigían su alta médica del citado nosocomio para su traslado al Centro Penitenciario de Chonchocoro de La Paz -el que considera un centro de tortura y muerte-, incluso pretendían doparlo, atentando así contra su vida, pues, cabe la posibilidad de que fallezca de inmediato en el caso de ser dado de alta sin contar con las condiciones adecuadas para continuar su tratamiento contra la embolia, condición irreversible y altamente peligrosa; ya que, la mitad de su cuerpo se encuentra paralizado y debe usar tanque de oxígeno para poder respirar. A su vez, Bladimir Bolívar Alvarado, Fiscal de Materia asignado al caso -codemandado-, retuvo hace más cuatro días todos los memoriales a través de los cuales solicitó que un gabinete Médico Forense del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) evalúe y verifique sus análisis e historial médico; asimismo, que se conforme una comisión del Colegio Médico del departamento de La Paz para evidenciar que los actos, acciones, procedimientos y el tratamiento que se le brinda sean adecuados para salvarle la vida. En mérito a que sufrió torturas activó una anterior acción de libertad en la que se le concedió tutela.
El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la vida, a la salud, a la “integridad personal”, a la libertad y seguridad personal; citando al efecto los arts. “14.II”, 15, 18, 35, 37, 73, 74, 119 y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE); 3, 5 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 1.1, 4, 5, 7 y 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 1 y 2 de la “Convención de las Naciones Unidas sobre la Tortura” (sic); 14 y 15 de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad; 1 y 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; 3 y 4 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belem do Pará”; 6.1 y 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN); 6.1, 7 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 7 del Estatuto de Roma -de la Corte Penal Internacional-.
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se ordene a los demandados, dar cumplimiento a las prescripciones médicas, instruyendo que no lo trasladen del Hospital de Clínicas de Nuestra Señora de La Paz hasta que una junta médica conformada por profesionales de ese nosocomio, del IDIF y del Colegio Médico de dicho departamento, le brinde el alta correspondiente; y, b)
Que el Juez de Ejecución Penal; Juez de la causa y el Fiscal de Materia asignado al caso, actúen con prontitud y celeridad resolviendo los pedidos relacionados a su atención médica en el término de veinticuatro horas.
De la revisión de los antecedentes del expediente constitucional, se advierte que, si bien por Auto de Admisión de 24 de febrero de 2023 se fijó audiencia de consideración de la acción tutelar para el 25 de dicho mes y año -fs. 22-; sin embargo, no se adjuntó el acta; no obstante, en virtud al principio de celeridad, con el fin de prevenir dilaciones indebidas en la evaluación del presente caso, y del principio de inmediación, dado que la Juez de garantías celebró dicho acto procesal; se toma en consideración los informes escritos presentados por los demandados así como la Resolución 15/2023 de 25 de febrero en revisión, que hace una relación de los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad; “...asimismo el fundamento expuesto en audiencia y se encuentra en el Sistema Digital...” (sic).
Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, Ministro de Gobierno, a través de sus representantes legales, por informe escrito cursante de fs. 61 a 68 vta., pidió que se deniegue la tutela impetrada, refiriendo que: 1) Los arts. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo) y 125 de la CPE, establecen los presupuestos de procedencia de la acción de libertad; sin embargo, el impetrante de tutela no señaló de qué manera, cuándo y con qué actos u omisiones, su persona participó en los hechos denunciados, careciendo de legitimación activa para ser demandado; 2) Dado el carácter elemental del derecho a la vida -por constituirse en la condición previa necesaria para la realización y disfrute de todos los demás derechos-, su protección vía acción de libertad es procedente cuando se advierte una lesión o peligro de afectación -que en el caso no fue acreditada, por el contrario, los argumentos expuestos resultan carentes de respaldo probatorio; 3) El solicitante de tutela, mediante memoriales presentados el 15 de febrero de 2023 -en el sistema informático Justicia Libre (JL2) y de manera física-, ambos dirigidos al Fiscal de Materia codemandado, pidió se requiera al Director del Hospital de Clínicas de Nuestra Señora de La Paz una copia legalizada de su historial médico e informe si su persona necesita internación; asimismo, que el profesional que lo atendió, dé a conocer cuál es su estado clínico, el tratamiento, los estudios realizados, el grado de incapacidad generado a raíz de la lesión, si a la “fecha” requiere internación y los cuidados que necesita luego de ser dado de alta. Los indicados escritos fueron atendidos mediante Requerimiento Fiscal de 16 de dicho mes y año, disponiendo que: i) Se notifique al Director del señalado Hospital, para que permita el ingreso al Médico Forense de turno del IDIF a efectos de una valoración al accionante; así como todo lo solicitado por él en el memorial de 15 de ese mes y año -requerimiento reiterado el 24 del referido mes y año, por Bready Mostajo Balderrama en suplencia legal del Fiscal demandado-; ii) Que el citado Médico verifique el estado de salud del impetrante de tutela -quien se rehusó, de acuerdo a la representación presentada esa misma fecha por Yésica Bueno Dueñas-; y, iii) Luis Eduardo Sánchez Valdez, Investigador asignado al caso, verifique el estado de salud del nombrado en el referido Hospital, quien por Informe Policial de 23 del enunciado mes y año informó que dio cumplimiento al mismo; 4) Por memorial de 16 de febrero de 2023, presentado mediante el sistema informático JL2, el accionante pidió al Fiscal demandado requiera al Colegio Médico de la ciudad de La Paz, provea una terna de las especialidades de neurología y cirujano neurólogo, conformando la correspondiente junta médica; pedido al que se dio curso esa misma fecha; 5) Ante la negativa del impetrante de tutela de someterse a una valoración de su estado de salud por el Médico del IDIF, a través de escrito presentado el 24 del enunciado mes y año, su persona pidió al Fiscal demandado para que dicho profesional se constituya nuevamente en referido Hospital a cumplir lo dispuesto; y, 6) El Ministerio Público, el IDIF, así como el investigador asignado al caso, realizaron las acciones necesarias para garantizar la pronta atención del peticionante de tutela. Juan Carlos Limpias Esprella, Director General de Régimen Penitenciario y Supervisión a.i. del Ministerio de Gobierno, por informe escrito cursante de fs. 34 a 38, impetro se deniegue la tutela solicitada, señalando que: i) La Dirección a su cargo cumple con las funciones encomendadas por el art. 48 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), garantizando los derechos y garantías constitucionales de toda la población privada de libertad; por lo que, en resguardo y protección al derecho a la vida y salud de los mismos, suscribió convenios con el Hospital de Clínicas, Instituto Nacional del Tórax y la filiación de personas privadas de libertad al Sistema Universal de Salud (SUS), lo cual se plasma en la atención que recibe el accionante desde su ingreso al recinto penitenciario. Asimismo, el personal médico de la administración penitenciaria efectúa el seguimiento en el referido Hospital y articula con la Dirección del mismo para garantizar la realización de los estudios de gabinete que necesite el nombrado; de igual modo, se coordinó la conformación de una junta médica en la que participó la Defensoría del Pueblo y sus médicos tratantes; además, el personal médico del Ministerio de Salud y un Médico de planta de régimen penitenciario permanecen las veinticuatro horas en el Centro Penitenciario de Chonchocoro de La Paz brindando atención a los internos; ii) El impetrante de tutela se encuentra detenido preventivamente, medida impuesta por autoridad competente dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público. Por otra parte, en la acción de libertad que presentó, se limita a transcribir artículos de la Constitución Política del Estado, pero no identifica los derechos que fueron menoscabados por su Dirección; iii) El peticionante de tutela, previamente a invocar este mecanismo tutelar, no agotó la instancia judicial, inobservando el principio de subsidiariedad; y, iv) El nombrado no identificó en qué medida su persona posee legitimación pasiva para ser demandado; es decir, cómo lesionó los derechos reclamados, siendo sus argumentos subjetivos y especulativos, además, no presentó la respectiva prueba. Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, pese a su notificación cursante a fs. 26, no presentó informe alguno ni asistió a la audiencia de garantías. Bladimir Bolívar Alvarado, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías señaló que, lo manifestado por el accionante no condice con la verdad, toda vez que atendió sus pretensiones en tiempo oportuno, conforme se tiene de la prueba cursante en el expediente constitucional.
El Director del Hospital de Clínicas de Nuestra Señora de La Paz, sostuvo que los médicos se deben a su profesión y que primero está el paciente; en tal sentido, se brinda la atención médica necesaria al accionante, cumpliendo el mandato de cuidar su vida; asimismo, “ahora” se conformó una junta médica, instancia que diagnosticará su estado de salud, determinará el tratamiento que debe recibir y cuándo debe ser dado de alta; la misma que, de incurrir en error, es sujeta a responsabilidad. El Director del IDIF; el Presidente del Colegio Médico de La Paz y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, no presentaron escrito alguno ni asistieron a la audiencia de garantías pese a su notificación cursantes a fs. 23, 30 y 31.
El Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 15/2023 de 25 de febrero, cursante de fs. 117 a 119 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra del accionante por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, y otros, el Juez de la causa dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; no obstante, por Resolución Administrativa (RA) 122/2022 de 7 de noviembre, el Director General de Régimen Penitenciario y Supervisión a.i. del Ministerio de Gobierno -codemandado-determinó su traslado definitivo al Centro Penitenciario Chonchocoro de ese departamento, en el marco del art. 48 de la LEPS; acto que fue comunicado al Juez de Instrucción Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, quien mediante Auto Interlocutorio 333/2022 -no indica fecha- ratificó esa determinación -dato que omitió exponer el impetrante de tutela en el memorial de acción de libertad-. Asimismo, no consta que impugnó dicho Auto en la vía ordinaria, inobservando así el principio de subsidiariedad; b) En relación a que el Fiscal de Materia codemandado se demoró en la sustanciación de los memoriales presentados el 15 y 16 de febrero de 2023, a través de los cuales el accionante solicitó requerimientos fiscales inherentes a su atención médica, estado de salud y tratamiento que necesita, tal aspecto no es coincidente con la prueba presentada por el Ministro de Gobierno demandado, de la que se tiene las fechas en las que fueron pronunciados los requerimientos fiscales; igualmente, las pretensiones de los citados escritos debían estar vinculadas a los derechos a la libertad, a la salud y a la vida; sin embargo, no lo están, además que fueron despachadas oportunamente; c) El impetrante de tutela no expuso carga argumentativa en relación a cómo el Juez demandado lesionó sus derechos constitucionales reclamados; d) El peticionante de tutela sostuvo que el Ministro de Gobierno demandado, ejerce presión para su restitución al Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz; no obstante, no presentó prueba que acredite tal extremo, incumpliendo la previsión contenida en el art. 36.5 del CPCo, solamente expuso apreciaciones subjetivas; se debe tener presente que Médicos, policías y todo funcionario público no puede ser manipulado a hacer o no hacer lo que no debe, de darse el caso tiene el deber de denunciar esa conducta; e) El accionante pudo acudir al Juez de Control Jurisdiccional; y, f) El Director del Hospital de Clínicas de Nuestra Señora de La Paz -tercero interviniente-, fue claro al afirmar que se brinda la atención médica necesaria al impetrante de tutela, cumpliendo el mandato de cuidar su vida; asimismo, “ahora” se conformó una junta médica, instancia que diagnosticará su estado de salud, determinará el tratamiento que debe recibir y cuándo debe ser dado de alta; la misma que, de incurrir en error, es sujeta a responsabilidad. En vía de aclaración, la parte accionante solicitó que el Juez de garantías aclare: “...como su autoridad interpreta que no se ha remitido elementos de prueba todo lo que cursa y forma parte de este chat es exactamente lo mismo que se ha enviado al personal del juzgado que nos ha emitido la notificación y se a echo conocer la prueba por la cual se ha interpuesto la acción entre otros fallos constitucionales los videos las grabaciones las declaraciones de la personas involucradas inclusive los miembros de la familia extremos que no ha considerado en su resolución lógicamente este elemento será de provisión por parte del tribunal constitucional pero su autoridad no ha aclarado no complementado si este está permitido tener a una persona encadenada como si fuera un animal de los años 50 si es permitido tener a una persona encadenada a una cama solamente por el hecho de que este siendo investigada en un proceso (...) su autoridad lo manifestó bien los memoriales que se presentó ante fiscalía señalo que habrían respondido efectivamente quisiera señalarle que el plazo de 7 días para responder un pedido vinculado a la vida...(...) no ha manifestado frente a la falta de información de medica que tiene la familia es por eso que se ha acudido a su autoridad (...) se ha pronunciado respecto a un traslado que ocurrió en noviembre de año 2022 extremo que ha sido manifestado en calidad de antecedentes para demostrar la incontingente vulneración de sus derechos luego de haberle torturado de san pedro ha sido enviado a chonchocoro pero usted a echo referencia ese antecedente pero no lo hizo a los actos de tortura demostrado de un colega de autoridad constitucional que debía respetarse la vida y precisamente se le ha impuesto obligaciones al comando de la policía así como al régimen penitenciario (...) aclare complemente su resolución es que cesar no puede ser retirado arbitrariamente de ningún centro hospitalario hasta que no exista un alta médica homologada por una junta médica...” (sic). En sustanciación y resolución, el Juez de garantías indicó que: 1) El impetrante de tutela afirmó que planteó una anterior acción de libertad en la que Lorena Camacho -se entiende en calidad de Jueza de garantías- le concedió tutela en virtud a la denuncia de torturas que su persona formuló, antecedentes de los que no tiene conocimiento; no obstante, los mismos no pueden ser reconsiderados por su autoridad; 2) En la presente acción de libertad se alegó lesión a los derechos a la vida y a la salud, siendo evidente que se encuentra privado de libertad, dispuesta dentro de la causa penal seguido en su contra; por lo que, resulta lógico que deba estar con manillas; asimismo, los policías deben resguardar y dar seguridad a otros pacientes, a los médicos y a toda persona que asiste a los centros médicos; y, régimen penitenciario tiene métodos para resguardar y dar seguridad también a los privados de libertad; y, 3) Aclaró que, los únicos que pueden dar un criterio médico de que la salud del peticionante de tutela está restablecida y su consiguiente alta, es una Junta Médica, aseveración que guarda armonía con lo expresado por el Director del Hospital de Clínicas de Nuestra Señora de La Paz, quien también sostuvo que el personal se debe a la labor médica; en tal situación, no puede efectuarse apreciaciones subjetivas respecto a la existencia de presión alegada.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por Memoriales de 15 y 16 de febrero de 2023, Julio César Apaza Tintaya -ahora accionante- solicitó a Bladimir Bolívar Alvarado, Fiscal de Materia -codemandado-, requiera: i) Al Director del Hospital de Clínicas de Nuestra Señora de La Paz, para que remita copia legalizada de su historial clínico; y, que por su intermedio el Médico tratante informe si necesita internación, cuál su estado clínico desde su ingreso al nosocomio, el tratamiento y estudios realizados, el grado de incapacidad generado a raíz de la lesión y los cuidados que precisa luego de su alta médica; y, ii) Al responsable del Colegio Médico de La Paz, para que proporcione una terna de dos especialidades de neurología y un cirujano neurólogo, conformando la junta médica (fs. 73, 75 a 76, 89 y 90). II.2. Cursan Requerimientos Fiscales de 16 de febrero de 2023, suscritos por el Fiscal de Materia codemandado, dirigidos: a) Al IDIF, para que el Médico Forense de Turno se constituya en el supra citado Hospital, para verificar el estado de salud del impetrante de tutela; b) A Luis Eduardo Sánchez Valdez, investigador asignado al caso, para que verifique el estado de salud del nombrado y si este cuenta con custodio policial -ya que se encuentra con detención preventiva-, debiendo informar en el día; y, c) Al Director del Hospital de Clínicas de Nuestra Señora de La Paz, para que permita el ingreso del Médico Forense de Turno del IDIF y le preste el historial clínico para que pueda realizar la respectiva valoración; y, remita fotocopias legalizadas del historial clínico del accionante; informe a través del Médico tratante si el nombrado requiere internación, cuál su estado clínico desde su ingreso, el tratamiento y estudios realizados, cuál el grado de incapacidad generado a raíz de la lesión, si “a la fecha” requiere internación y los cuidados que necesita después de determinarse su alta médica (fs. 81 a 84). II.3. Por nota presentada el 16 de febrero de 2023, Yésica Bueno Dueñas, Médico Forense de Turno del IDIF, puso en conocimiento del Fiscal de Materia codemandado que la citada fecha se constituyó en el servicio de emergencias del Hospital de Clínicas de Nuestra Señora de La Paz, para establecer el estado de salud del accionante; sin embargo, él no lo permitió (fs. 86). II.4. Mediante memorial presentado -no indica fecha al estar la literal incompleta-, los representantes del Ministerio de Gobierno, solicitaron al Fiscal de Materia codemandado, extienda requerimientos fiscales para el IDIF y la Dirección de Régimen Penitenciario, a objeto de la valoración del estado de salud del accionante (fs. 95 a 96).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, a la “integridad personal”, a la libertad y seguridad personal; señalando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra y de otros, por la presunta comisión del delito lesiones graves y leves entre otros, al encontrarse detenido preventivamente en el Centro Penitenciario de Chonchocoro de La Paz, sufrió una embolia, siendo internado en el Hospital de Clínicas de la indicada ciudad; no obstante, pese a su delicado estado de salud: 1) El Fiscal de Materia codemandado, retuvo cuatro días los memoriales que presentó el 15 y 16 de febrero de 2023, mediante los cuales solicitó que un gabinete Médico Forense del IDIF lo evalúe y verifique sus análisis e historial médico; asimismo, que se conforme una comisión del Colegio Médico del señalado departamento, para evidenciar que el tratamiento que se le brinda sea el adecuado para salvarle la vida; y, 2) Personeros del Ministro de Gobierno demandado y el Director General de Régimen Penitenciario y Supervisión a.i. del Ministerio de Gobierno, ejercieron actos de hostigamiento en el referido nosocomio, exigiendo su alta para trasladarlo a Chonchocoro; lo que podría provocar su fallecimiento al no contar con las condiciones adecuadas para continuar su tratamiento contra la embolia. Ante ello, los representantes del Ministro de Gobierno, y el Director General de Régimen Penitenciario y Supervisión a.i. del Ministerio de Gobierno, a su turno indicaron que, el accionante no explicó cómo sus personas lesionaron sus derechos a la vida y a la salud, lo que recae en la falta de legitimación pasiva para ser demandados; asimismo, no acreditó con prueba la supuesta lesión de los indicados derechos; y, los memoriales presentados el 15 y 16 de febrero de 2023, por el impetrante de tutela, fueron atendidos de manera oportuna; no obstante el 16 de ese mes y año, se negó a ser evaluado por la Médico Forense del IDIF.
Por su parte, el Fiscal de Materia codemandado refiere que lo manifestado por el accionante no coincide con la verdad. El Juez codemandado no presentó informe alguno ni asistió a la audiencia de garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
De acuerdo a lo señalado por la SCP 0478/2017-S3 de 1 de junio: [Si bien es cierto que en el marco del principio de informalismo una acción de libertad, no requiere precisamente de mayores formalidades para ser interpuesta; sin embargo, no significa que esta pueda estar desprovista de la prueba necesaria que asegure la pretensión, así lo determinó este Tribunal a través de la SCP 0616/2016-S3 de 1 de junio, que a tiempo de precisar este entendimiento sostuvo: «Ahora bien, conforme se desarrolló en la jurisprudencia constitucional vigente, la acción de libertad no requiere de mayores formalidades para ser interpuesta; no obstante, es imperante que quien recurre a esta jurisdicción debe acompañar la prueba suficiente y necesaria que acredite todo lo alegado en la acción tutelar a objeto de demostrar la denuncia formulada y la existencia de los actos lesivos desarrollados por las autoridades demandadas que en su criterio lesionan sus derechos fundamentales, así la SC 0066/2010-R de 3 de mayo, respecto a la falta de prueba en acciones de libertad estableció que: “…uno de los principios que rige este recurso es el de informalidad, pero se entiende que dicho criterio no alcanza a la obligación que tiene el accionante de presentar la prueba necesaria que acredite su pretensión. En ese sentido, la SC 0318/2004-R de 10 de marzo, entre otras, ha establecido que: 'Si bien es cierto que el art. 90.II de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), determina que el hábeas corpus no requiere mayores formalidades para ser interpuesto, no es menos evidente que la parte recurrente debe acompañar la prueba suficiente y necesaria que acredite la veracidad de las acusaciones que formula, a objeto de lograr sus pretensiones, puesto que corre por su cuenta la carga de demostrar la existencia del o los actos lesivos que estima hayan restringido sus derechos, puesto que no puede dictarse una Resolución de procedencia cuando no se constata la vulneración de ningún derecho o garantía fundamental precisamente por falta de pruebas en las que el Tribunal pueda basar su decisión”’».
En ese sentido, existen casos en los que la problemática a ser analizada converge precisamente en hechos que no solo carecen de prueba alguna que acredite su existencia, sino que además derivan en hechos controvertidos pues los hechos son además refutados por la parte demandada que niega la existencia de los hechos demandados y por ende la vulneración de los derechos denunciados, así la jurisprudencia constitucional en números casos con dicha problemática concluyó que: “…constituyen hechos controvertidos que no podrán ser resueltos por este Tribunal en virtud al carácter sumario del trámite de esta acción de defensa, por carecer principalmente de una etapa probatoria amplia, así como de los medios de averiguación con que cuenta el Juez ordinario contralor de garantías…” (SCP 0046/2015-S3 de 15 de enero); en este mismo sentido la SCP 0086/2017-S3 de 24 de febrero, sostuvo: “…se evidencia la existencia de aseveraciones distintas entre lo sostenido por el accionante y el codemandado, lo que conlleva a que la contradicción de esas afirmaciones, determina que en el caso, este Tribunal no pueda emitir un pronunciamiento de fondo al considerar que existen hechos controvertidos que requieren ser comprobados y dilucidados por la autoridad ordinaria, quien con un acervo probatorio mucho más amplio que el de esta jurisdicción constitucional, defina sobre la veracidad de la denuncia, y en su caso, establezca las responsabilidades que corresponda” ] (el resaltado es propio).
En el presente caso, debe puntualizarse que, si bien el derecho a la vida es un derecho fundamental que merece protección amplia y directa por la acción de libertad; no obstante, para esta protección constitucional, debe existir certidumbre sobre su lesión de lo contrario no se justificaría la tutela urgente de la acción de libertad. Por otra parte, al ser el derecho a la salud conexo con el derecho a la vida, también puede ser tutelado por la acción de libertad; sin embargo, aquello solo será posible cuando se demuestre que, de la lesión del derecho a la salud se produce un riesgo a la vida, es decir, cuando este se halla relacionado directamente con el peligro de muerte o amenaza de la vida, por encontrase ambos intrínsecamente ligados. Ahora bien, en el presente caso, el impetrante de tutela denuncia que:
i) El Fiscal de Materia asignado al caso -codemandado-, vulneró los enunciados derechos, porque no atendió en el tiempo oportuno los memoriales que le presentó el 15 y 16 de febrero de 2023, solicitando que requiera: a) Al Director del Hospital de Clínicas de Nuestra Señora de La Paz, para que remita copia legalizada de su historial clínico; y, que por su intermedio, el Médico tratante informe si necesita internación, cuál su estado clínico desde su ingreso al nosocomio, el tratamiento y estudios realizados, el grado de incapacidad generado a raíz de la lesión y los cuidados que precisa luego de su alta médica; y, b) Al responsable del Colegio Médico de La Paz, para que proporcione una terna de dos especialidades de neurología y un cirujano neurólogo, conformando la junta médica (Conclusión II.1); sin embargo, el demandado, niega tal extremo, aseverando que de la documentación cursante en el expediente constitucional, consta que sí atendió en tiempo oportuno lo impetrado. Al respecto, la literal arrimada por el Ministerio de Gobierno a tiempo de emitir su informe, se tiene Requerimientos Fiscales de 16 de febrero de 2023, dirigidos: 1) Al IDIF, para que el Médico Forense de Turno se constituya en el supra citado Hospital, para verificar el estado de salud del accionante; 2) A Luis Eduardo Sánchez Valdez, investigador asignado al caso, para que verifique el estado de salud del impetrante de tutela y si este cuenta con custodio policial, toda vez que se encuentra detenido preventivamente; y, 3) Al Director del Hospital de Clínicas de Nuestra Señora de La Paz, para que permita el ingreso del Médico Forense de Turno del IDIF y le preste el historial clínico para que pueda realizar la respectiva valoración; además, remita fotocopias legalizadas del historial clínico del impetrante de tutela; informe a través del Médico tratante si el nombrado requiere internación, cuál su estado clínico desde su ingreso, el tratamiento y estudios realizados, el grado de incapacidad generado a raíz de la lesión, si “a la fecha” requiere internación y los cuidados que necesita después de determinarse su alta médica (Conclusión II.2). En consecuencia, la literal enunciada muestra que todos los requerimientos fueron atendidos, con el advertido de actuar de manera pronta y oportuna en su ejecución; asimismo, consta que la Médico Forense de Turno del IDIF se presentó en el referido Hospital la misma fecha en la que fue emitido el Requerimiento Fiscal -16 de febrero de 2023-, para evaluar las condiciones de salud del solicitante de tutela; no obstante, este se negó a dicha revisión (Conclusión II.3); en tal situación, se evidencia que los Requerimientos Fiscales sí fueron extendidos, no existiendo prueba en relación a la denunciada demora que hubiera puesto en peligro la vida o la salud del nombrado; además, se tiene que fue él quien se negó a ser evaluado por la indicada profesional. En dicho contexto, no es evidente que el Fiscal de Materia codemandado lesionó los derechos reclamados, más aun tomando en cuenta que el peticionante de tutela solo presentó su memorial de acción de libertad, sin acompañar prueba que acredite la demora en la que supuestamente ingresó el citado Fiscal y que esa tardanza lesionó sus derechos a la vida y a la salud.
ii) Representantes de Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, Ministro de Gobierno y Juan Carlos Limpias Esprella, Director General de Régimen Penitenciario y Supervisión a.i. del Ministerio de Gobierno -demandados-, ejercieron actos de hostigamiento en el referido nosocomio, exigiendo su alta para trasladarlo al Recinto Penitenciario de Chonchocoro de La Paz, lo que podría provocar su fallecimiento al no contar con las condiciones adecuadas para continuar su tratamiento contra la embolia; en el informe brindado, los demandados coinciden en que el accionante no precisó a través de qué actos lesionaron sus derechos a la vida y a la salud, que fue su persona quien se negó a ser evaluado por la Médico Forense de Turno del IDIF, razón por la cual incluso, por memorial presentado -no indica fecha al estar dicha literal incompleta-, los representantes del Ministerio de Gobierno, solicitaron requerimientos fiscales para el IDIF y la Dirección de Régimen Penitenciario, a objeto de la valoración del estado de salud del impetrante de tutela (Conclusión II.4). Al respecto, conforme a lo indicado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, quien invoca la acción de libertad, tiene la carga de la prueba -suficiente y necesaria que acredite la veracidad de las acusaciones que formula-; ello cobra mayor importancia cuando la parte demandada niega la existencia de los hechos endilgados y, en consecuencia, la presunta lesión de los derechos denunciados, lo cual denota la existencia de hechos controvertidos que no pueden ser conocidos por la justicia constitucional por la falta de inmediación con las partes y la prueba, comprendiendo que la acción de libertad no cuenta con una etapa probatoria amplia que le permita, en el caso concreto, la revisión de cámaras en el Hospital de Clínicas de Nuestra Señora de la Paz, la declaración de testigos -médicos, enfermeras, familiares, entre otros-, ni contar con los medios de averiguación que tiene el Juez de control jurisdiccional; en tal sentido, el accionante debe acudir con su reclamo al Juez de control jurisdiccional. Por otra parte, el Director del citado nosocomio -convocado como tercero interviniente-, en la audiencia de garantías informó que se brindó la atención médica necesaria al nombrado desde su internación y que fue conformada una Junta Médica, para que esa instancia sea la que evalué su condición y verifique si se encuentra o no en riesgo su vida. En ese entendido, respecto a lo referido por el impetrante de tutela en cuanto a que se ordene no le saquen del centro médico hasta que reciba el alta respectiva, tal extremo no puede ser determinado por esta instancia, siendo la referida Junta Médica la que previa evaluación de su condición de salud determinará si su vida se encuentra en riesgo y por ende determinará de acuerdo a ello su alta médica o la continuidad de su internación.
Tampoco se debe perder de vista que el solicitante de tutela, al momento de la aclaración que efectuó contra la Resolución 15/2023 de 25 de febrero, explicó que lo referido en cuanto a su traslado del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz a su similar de Chonchocoro, sin control jurisdiccional, tuvo un carácter alusivo a los antecedentes y no de denuncia en este mecanismo tutelar. Respecto a la denuncia interpuesta contra Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, no expuso la carga argumentativa en relación a cómo dicha autoridad judicial lesionó los derechos reclamados a través de este mecanismo tutelar. Es necesario apuntar que, en la aclaración solicitada por el peticionante de tutela de la Resolución 15/2023, aludiendo que el Juez de garantías no se pronunció respecto a las torturas que denunció; al no haberse arrimado prueba alguna y siendo que esta jurisdicción no cuenta con una etapa en la que pueda producirla, tal aspecto debe ser esclarecido también por el Juez de control jurisdiccional; no obstante, el Juez de garantías se limitó a señalar que desconocía una primera acción de libertad que formuló en accionante. Finalmente, no puede dejarse de lado el actuar del Juez de garantías, quien no constató la remisión de todas las piezas procesales del expediente constitucional, toda vez que no se remitió el acta de audiencia de consideración de la presente acción tutelar, que debería estar adjunta, incumpliendo así el debido procedimiento establecido en el art. 38 del CPCo, aspecto que amerita una llamada de atención a Enrique Manuel Cadena Pinto, Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz, al evidenciarse que no actuó con la debida observancia del ordenamiento jurídico que rige la tramitación de acciones tutelares.
Siendo que en la actualidad se encuentra vigente la Ley de Ejecución Penal y Supervisión que regula la estructura organizativa de la administración penitenciaria y del sistema de supervisión de la ejecución penal, esta normativa establece la conformación de la administración penitenciaria a través de la Dirección General de Régimen Penitenciario, la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria, las Direcciones Departamentales, los Consejos Consultivos (nacional y departamentales) y las Direcciones de los establecimientos penitenciarios.
Según la citada Ley, dicha estructura depende del entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos -actual Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional-, a través del Viceministerio de Justicia, siendo ésta cartera de Estado la responsable de la designación del Director General mediante convocatoria pública y concurso de méritos, quien a su vez procede a designar, mediante similares procedimientos, a los Directores Departamentales.
No obstante, considerando la Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009, se promulgó el Decreto Supremo (DS) 4857 de 6 de enero de 2023, que tiene por objeto: “establecer la estructura organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, las atribuciones de la Presidenta o Presidente, Vicepresidenta o Vicepresidente y de las Ministras y Ministros, así como definir los principios y valores que deben conducir a las servidoras y servidores públicos, de conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado”.
En aplicación del art. 27 del citado DS 4857, la Dirección General de Régimen Penitenciario pasó a depender jerárquicamente del Ministerio de Gobierno, quedando bajo la tuición directa del Ministro del área, quien ejerce actualmente la facultad de designación de su máxima autoridad sin que se hubiese modificado de la ley, la forma de elección de las referidas autoridades, por lo que corresponde exhortar el cumplimiento de dicha normativa en la elección de las dichas autoridades para evitar denuncias como las que se efectuaron en la presente acción constitucional de politización de la señalada institución y sus labores. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 15/2023 de 25 de febrero, cursante de fs. 117 a 119 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos. 2° Llamar la atención a Enrique Manuel Cadena Pinto, Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz, conforme a las razones expresadas en la parte final del Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional. 3° Exhortar al Ministro de Gobierno para el cumplimiento de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, respecto a la forma de elección de autoridades del régimen penitenciario, de forma que se respete la institucionalización, la autonomía administrativa, designación democrática y un mandato fijo.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0985_2025-S2.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): b2318ed3af8f0942177045d85efbff8c0118b45f79a5d019fc1c23e060d1b94c
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