B.IA.LEGAL

SCP 0984/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 26 de agosto de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
26 de agosto de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
54478-2023-109-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de los derechos a la libertad, debido proceso, defensa, y el principio de presunción de inocencia; toda vez que, dentro del proceso penal seguido contra la accionante por la presunta comisión del delito de corrupción de niña, niño o adolescente, a la conclusión de la audiencia cautelar donde se le impuso detención preventiva, que era improcedente por su estado de gestación, su abogada interpuso recurso de apelación incidental; sin embargo, no obstante que cumplió con los requisitos formales, la Vocal demandada, mediante Auto de Vista 81/2023 declaró inadmisible el recurso y confirmó el Auto apelado, argumentando que la interposición fue en tiempo futuro sujeto a confirmación y que no se identificó agravios; esta decisión le negó la posibilidad de ser escuchada y fundamentar los agravios, así como la vulneración de derechos y garantías, al extremo que su hija nació -estando ella detenida- en el establecimiento penitenciario; por lo cual, solicitó se conceda la tutela; en consecuencia: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista 81/2023 de 6 de febrero; y, b) Se señale audiencia de apelación incidental en el plazo establecido por ley para la fundamentación de agravios. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución V-34/2023 de 15 de marzo, cursante de fs. 18 a 21, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, únicamente respecto a los derechos a la libertad, al debido proceso y defensa, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en el marco dispositivo dispuesto por el Juez de garantías; y, 2° Denegar la tutela en relación al principio de presunción de inocencia, conforme a los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Respecto a la formulación de la apelación incidental de manera oral en audiencia
  2. III.2. La Excepcionalidad de la detención preventiva para las mujeres embarazadas y madres durante la lactancia de hijos menores de un año
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0984/2025-S3 Sucre, 26 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 54478-2023-109-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución V-34/2023 de 15 de marzo, cursante de fs. 18 a 21, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Doris Huanca Reyes en representación sin mandato de Jhovana Quispe contra Margot Pérez Montaño, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 14 de enero de 2023, cursante de fs. 8 a 10 vta., la accionante a través de su representante sin mandato, expuso lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de corrupción de niña, niño o adolescente, mediante Auto Interlocutorio 383/2022 de 28 de diciembre, se dispuso su detención preventiva por cinco meses en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz, sin considerar que se encontraba en etapa de gestación de aproximadamente ocho meses, medida extrema que no correspondía conforme a lo dispuesto por el art. 232.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Por tal motivo su defensa interpuso recurso de apelación conforme al art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP) de forma oral en audiencia de medidas cautelares, por lo cual el Juez a quo remitió antecedentes al tribunal de alzada. En instancia de apelación, la Vocal demandada por Auto Interlocutorio 81/2023, declaró inadmisible su recurso y confirmó el auto apelado, bajo el argumento que se habría expresado “vamos a interponer recurso de apelación”, expresión que denotaría tiempo futuro; dejándole en total estado de indefensión, como a su hija, quien nació en el establecimiento penitenciario. A la fecha -debe entenderse de presentación de la acción tutelar, seguía afectada en su derecho a la libertad, toda vez que continúo detenida junto con su hija de dos meses de nacida, la autoridad demandada al declarar inadmisible su recurso no tomó en cuenta que su abogada cumplió con los requisitos formales al interponer el recurso de forma oral, negándole la posibilidad de ser escuchada y de fundamentar los agravios así como la vulneración de sus derechos y garantías.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, defensa, y el principio de presunción de inocencia; citando al efecto, los arts. 23, 115, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia se disponga: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista 81/2023 de 6 de febrero; y, b) Se señale audiencia de apelación incidental en el plazo establecido por ley para la fundamentación de agravios.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 15 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 15 a 16 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La accionante a traves de su representante sin mandato, ratificó íntegramente los términos de la acción tutelar.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Margot Pérez Montaño, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de informe escrito de 15 de marzo de 2023, cursante a fs. 17 y vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, en mérito a los siguientes argumentos: 1) Para la tramitación y conocimiento de una apelación incidental de medidas cautelares de carácter personal, debe tomarse en cuenta lo dispuesto por los arts. 251, 396.3 y 404 del CPP, así como la Resolución 57/2023 de 10 de marzo emitido por el Juzgado de Sentencia Anticorrupción Primero de la capital del departamento de La Paz, constituido en Juzgado de garantías; 2) Un tribunal de garantías no es un tribunal ordinario o de otra instancia, para revisar decisiones de la justicia ordinaria, la revisión de la actividad interpretativa no es labor propia de la justicia constitucional, que para que analice la actividad interpretativa, el accionante debió hacer una sucinta y precisa relación de vinculación entre los derechos invocados y esa actividad, requisito que se encuentra ausente en la presente acción de defensa; 3) Ese tribunal de alzada se basó en establecer los agravios expresados por el apelante, contrastando con la resolución del Juez a quo, extremos que fueron considerados y plasmados en el Auto de Vista 81/2023; 4) Una de las características de las medidas cautelares es la temporalidad y variabilidad, de tal forma que las resoluciones dictadas por los jueces y tribunales de alzada, no causan estado; y, 5) De las actuaciones efectuadas en la audiencia de consideración de apelación, no se establece de manera cierta y concreta como se habría vulnerado los derechos y garantías de la accionante; la resolución que pronunció tiene la debida fundamentación conforme al art. 124 concordante con el 173 del CPP.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución V-34/2023 de 15 de marzo, cursante de fs. 18 a 21, concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 81/2023 de 6 de febrero, y ordenó que la autoridad accionada señale audiencia de apelación incidental en el plazo establecido por ley para que la defensa de la accionante fundamente sus agravios; decisión asumida bajo los siguientes argumentos: i) Consta claramente en la última parte de la Resolución 383/2022, como la abogada de los imputados señaló “…de conformidad al Art. 251 del Código de Procedimiento Penal vamos a interponer recurso de apelación”, a lo cual el juez manifestó “habiéndose interpuesto Recurso de Apelación Incidental contra la presente resolución remítase antecedentes ante el tribunal de alzada” (sic); y, la vocal demandada en la Resolución 81/2023 advirtió la expresión “vamos a interponer recurso”, el cual denotaría tiempo futuro sujeto a confirmación; ii) La expresión vertida por la abogada de la accionante, en mérito al principio pro actione, implica anuncio de interposición de la apelación incidental; que en prevalencia del derecho material sobre el formal, la activación dicha apelación no se halla sujeta a formalismos ni frases sacramentales; asimismo, la falta de expresión de agravios en ese momento no constituye óbice en razón a los principios de oralidad e inmediación, lo cuales pueden fundamentarse en audiencia de apelación; y, iii) La demandada al rechazar por inadmisible el recurso de apelación lesionó el derecho al debido proceso en su elemento impugnación, dado que negó indebidamente el examen sobre el fondo, por consecuencia se lesionó también el derecho a la libertad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Jhovana Quispe -ahora accionante- y otros, por la presunta comisión del delito de corrupción de niña, niño o adolescente, el Juez de Instrucción Penal Cautelar Segundo de El Alto del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 383/2022 de 28 de diciembre, dispuso aplicar la detención preventiva de la accionante en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz, por el plazo de cinco meses (fs. 4 a 6). II.2. Cursa certificado de nacimiento 007021 de AA, en el que se inscribe como fecha de nacimiento el 7 de enero de 2023 (fs. 7). II.3. Mediante Auto de Vista 81/2023 de 6 de febrero, Margot Pérez Montaño, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, hoy demandada, declaró inadmisible el recurso de apelación referido en el acápite II.1, y en consecuencia, confirmó el Auto apelado (fs. 2 a 3).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de los derechos a la libertad, debido proceso, defensa, y el principio de presunción de inocencia; toda vez que, dentro del proceso penal seguido contra la accionante por la presunta comisión del delito de corrupción de niña, niño o adolescente, a la conclusión de la audiencia cautelar donde se le impuso detención preventiva, que era improcedente por su estado de gestación, su abogada interpuso recurso de apelación incidental; sin embargo, no obstante que cumplió con los requisitos formales, la Vocal demandada, mediante Auto de Vista 81/2023 declaró inadmisible el recurso y confirmó el Auto apelado, argumentando que la interposición fue en tiempo futuro sujeto a confirmación y que no se identificó agravios; esta decisión le negó la posibilidad de ser escuchada y fundamentar los agravios, así como la vulneración de derechos y garantías, al extremo que su hija nació -estando ella detenida- en el establecimiento penitenciario; por lo cual, solicitó se conceda la tutela; en consecuencia: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista 81/2023 de 6 de febrero; y, b) Se señale audiencia de apelación incidental en el plazo establecido por ley para la fundamentación de agravios. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Respecto a la formulación de la apelación incidental de manera oral en audiencia

La jurisprudencia constitucional pronunciada por este Tribunal ha desarrollado un entendimiento expreso con relación a la apelación incidental de forma oral, entre otras, la SCP 0991/2023-S2 de 12 de diciembre, siguiendo lo expresado por su similar 0935/2021-S2 de 3 de diciembre, manifiesta:

[Acorde] a dichas premisas y con el fin de establecer un marco normativo concordante con los fines y objetivos de la Ley 1173; se modificó el régimen de apelación incidental previsto en los art. 403 y ss. del CPP; así las cosas y en este nuevo contexto procesal el recurso de apelación incidental contra las resoluciones descritas en el art. 403 del Adjetivo Penal debe ser interpuesto de manera oral o escrita; el primer escenario, supone que el mismo debe ser formulado en audiencia e inmediatamente después que la autoridad jurisdiccional emitió la decisión que desde el punto de vista del recurrente, le ocasiona un agravio en sus derechos e intereses legítimos. En ese orden y formulado el recurso de manera oral, de conformidad a lo previsto en el art. 405 de la norma adjetiva penal corresponde remitir los antecedentes al Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas, escenario natural de debate en el que se deberán exponer los agravios ocasionados por el juez o tribunal, ello en observancia de uno de los principios que fundamentan el sistema penal acusatorio; como es el de inmediación, que ordena una comunicación directa entre el juez o autoridad judicial decisora con las partes y órganos de prueba que puedan tener información pertinente sobre la veracidad o no de un hecho determinado; al respecto el art. 113 del CPP, dispone que las audiencias públicas deben realizarse en cumplimiento a los principios de oralidad, inmediación, continuidad y contradicción. (las negrillas nos corresponden).

En este contexto, la apelación oral formulada en el marco previsto en el art. 404 del CPP, debe ser aceptada sin la exigencia de cumplimiento de ningún otro requisito de carácter formal que vaya en contrasentido del principio de inmediación -transversal en todo el proceso penal boliviano- como es la exigencia de argumentación o fundamentación de agravios ante una autoridad que eventualmente no será la decisora; a partir de ello, la sola interposición del recurso de manera inmediata-oral y la exposición de agravios ante el tribunal de alzada son suficientes para: remitir antecedentes al superior jerárquico, disponer la admisibilidad del recurso y obtener una respuesta de fondo en etapa de apelación; ello, acorde a lo previsto en la SCP 0935/2021-S2 de 3 de diciembre, que respecto al alcance del recurso de apelación incidental conforme al marco previsto en el art. 403 del CPP, establece que: “…las partes deben formular el recurso de apelación de manera oral en la audiencia de resolución, luego de ser dictaminada la misma y notificada por su lectura, debiendo constar en dicho acto procesal de forma expresa su interposición, y cuya fundamentación será desarrollada posteriormente en alzada [El resaltado es nuestro]. Bajo el mismo entendimiento la SCP 0732/2023-S2 de 28 de julio, estableció lo siguiente:

[La] simple interposición o formulación oral del recurso ante la autoridad que emitió la decisión impugnada; sin la exigencia de cualquier otro requisito formal como es el caso de la exposición de agravios ante la autoridad que no es decisora; es suficiente para que el legajo procesal sea remitido al Tribunal de alzada, este aperture su competencia, declare la admisibilidad del recurso y emita una decisión de fondo, que responda a la fundamentación de agravios realizada por el recurrente o apelante. Un entendimiento contrario; es decir, declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación incidental (en el marco del art. 403 del CPP) a partir de la falta de exposición de agravios del recurrente ante el juez o tribunal que dictó la decisión judicial, no solo transgrede los principios que fundamentan el orden penal vigente; sino, criterios de interpretación de derechos humanos reconocidos por la jurisprudencia constitucional que permiten la vigencia y materialización efectiva de los mismos; así, en observancia del principio pro actione -SCP 0897/2013 de 20 de junio; los jueces y tribunales deben interpretar la norma en el sentido más favorable para la admisibilidad de un recurso o medio de impugnación a fin de que se emita un pronunciamiento de fondo; en el mismo sentido, y acorde al principio pro homine, las autoridades judiciales no solo deben aplicar las normas que sean más favorables para la protección o materialización de un derecho sino adoptar una interpretación también favorable y extensiva al mismo, por sobre una que restrinja y limite su efectividad y vigencia [El resaltado es nuestro].).

Los precedentes citados han sido aplicados en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0172/2025-S3 y 0097/2025-S3, de esta misma Sala.

III.2. La Excepcionalidad de la detención preventiva para las mujeres embarazadas y madres durante la lactancia de hijos menores de un año

La Constitución Política del Estado establece de forma expresa la protección Estatal especial hacia la mujer en estado de gestación; así el art. 45.V de la CPE expresa: “Las mujeres tienen derecho a una maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y los periodos prenatal y posnatal”. Cabe aclarar que la Constitución no sólo protege a las mujeres en estado de gestación, sino también a las y los progenitores de niñas y niños menores de un año de edad. Así, en el art. 48.VI determina que se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad; protección reforzada que se justifica plenamente porque durante el primer año de vida se requiere dotar a las y los progenitores de estabilidad en su fuente laboral para el cuidado integral del niño o niña, el cual, de acuerdo 59.I. tiene derecho a su desarrollo integral, y a “vivir y a crecer en el seno de su familia de origen o adoptiva” (art. 59.II) , en el marco del principio del interés superior del niño, niña y adolescente (art. 60 de la CPE). Esta protección reforzada a mujeres en estado de gestación y madres de niños o niñas mejores a un año, también se encuentra prevista en el art. 232 del CPP que refiere que “Tratándose de mujeres embarazadas y de madres durante la lactancia de hijos menores de un año, la detención preventiva sólo procederá cuando no exista ninguna posibilidad de aplicar otra medida alternativa”.

Dicha norma procesal penal es coherente con los estándares jurídicos internacionales, que sobre la detención preventiva de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia establecen: 1. El Comité de Derechos Humanos en la Observación General Nº 28, igualdad de derechos entre hombres y mujeres (art. 3) de 29 de marzo de 2000, señaló que las mujeres encarceladas que cursen un embarazo deben ser tratadas humanamente y con respecto a su dignidad, sobre todo durante el alumbramiento y en el cuidado de sus hijos recién nacidos. 2. Las Reglas de Bangkok, Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes, aprobada por la Asamblea General el 16 de marzo de 2011, en la Regla 64 establece que:

Cuando sea posible y apropiado se preferirá imponer sentencias no privativas de la libertad a las embarazadas y las mujeres que tengan niños a cargo, y se considerará imponer sentencias privativas de la libertad si el delito es grave o violento o si la mujer representa un peligro permanente, pero teniendo presente el interés superior del niño o los niños y asegurando, al mismo tiempo, que se adopten disposiciones apropiadas para el cuidado de esos niños. Las misma Reglas, en mérito a la protección reforzada antes anotada, prohíben la aplicación de ciertas sanciones sobre las mujeres embarazadas y las que tengan a niños, niñas a su cargo, tales como el aislamiento o la segregación disciplinaria (Regla 22) y los medios de coerción (Regla 24).

3. La Comisión IDH tramitó un caso relacionado a la procedencia de arresto domiciliario para mujeres embarazadas en la petición de Karina Montenegro y otras (Ecuador) de 16 de julio de 2013, la misma que fue resuelta por medio de un Informe Nº 61/13 de Solución Amistosa, Caso 12.631. La petición fue generada en virtud a la privación de libertad en distintos centros de detención de cuatro mujeres gestantes, pese a que la legislación ecuatoriana prevé en esos supuestos la detención domiciliaria. En el acuerdo, que fue homologado por la Comisión a la luz de los derechos y garantías previstos en la Convención Americana, el Estado aceptó que la detención les generó un daño a su integridad física, psíquica y moral, constituyéndose en una vulneración a la Convención y al art. 7 de la Convención de Belém Do Pará. 4. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las Medidas para Reducir la prisión preventiva, Informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas, 2017, señaló que:

203. Respecto a la determinación de las medidas alternativas a la prisión preventiva para mujeres, los Estados deben promover la incorporación en todas sus dimensiones de la perspectiva de género y cuando corresponda, del enfoque del interés superior del niño y de la protección especial respecto a personas pertenecientes a grupos en situación especial de riesgo, tales como personas con discapacidad y personas mayores. En particular, para la imposición de las medidas alternativas, las autoridades judiciales deben tomar en cuenta diversos elementos tales como los siguientes: a) posición particular y de desventaja histórica que tienen las mujeres en la sociedad, b) historial de victimización anterior; c) ausencia de circunstancias agravantes en la comisión del delito, e d) impacto diferencial e incremental de la aplicación de la pena privativa de la libertad respecto de las personas bajo su cuidado. Sobre este punto, la Comisión ha señalado que en función del interés superior del niño, las autoridades judiciales deberán aplicar con mayor rigurosidad los criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad al momento de considerar la aplicación de la prisión preventiva en el caso de personas que tengan la responsabilidad principal de niños, niñas y adolescentes a su cargo 446. Tomando en cuenta lo anterior, el encarcelamiento de las mujeres que son madres o están embarazadas, y de aquéllas que tienen bajo su cuidado a personas en situación especial de riesgo –tales como personas con discapacidad o personas mayores– debe ser considerado como una medida

5. Finalmente, la Recomendación 33 de “Acceso a la Justicia de las Mujeres”, emitida por el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer, recomienda a los Estados parte que, tratándose de las mujeres en general:

p) Usen la detención preventiva como último recurso y por el período más corto posible, y eviten la detención preventiva y posterior al juicio, por delitos leves, y por la falta de medios para pagar el derecho de fianza en esos casos.” Ahora bien, conforme se tiene señalado, nuestra normativa penal establece en el art. 232 in fine que tratándose de mujeres embarazadas y de madres durante la lactancia de hijos menores de un año, la detención preventiva sólo procede cuando no exista ninguna posibilidad de aplicar otra medida alternativa; norma que fue interpretada por la jurisprudencia de este Tribunal.

Así, la SC 1871/2003-R, señaló que tratándose mujeres embarazadas y madres con hijos o hijas menores a un año, la detención preventiva sólo procederá cuando no exista la posibilidad de aplicar otra medida alternativa, pues antes de imponer dicha medida, la autoridad competente, deberá agotar todas las posibilidades vinculadas a las medidas cautelares con el fin de asegurar la presencia de la sindicada en el desarrollo del juicio, entendimiento reiterado por la SCP 2267/2013de 16 de diciembre y la SCP 02814/2014 de 12 de 4La SCP 2267/2013, refirió que: “‘Del mismo modo el art. 232 del CPP, referido a la improcedencia de la detención preventiva, en su última parte señala: «Tratándose de mujeres embarazadas y de madres durante la lactancia de hijos menores de un año, la detención preventiva sólo procederá cuando no exista ninguna posibilidad de aplicar otra medida alternativa» (…). Esto supone que por regla general no se debe privar de su libertad a ninguna mujer en estado de gestación o en etapa de lactancia hasta que su hijo tenga un año; sin embargo, esta regla no es absoluta, por excepción, puede ser privada de su libertad, cuando no exista otro medio para evitar la misma. Bajo este entendimiento, el Tribunal Constitucional ha marcado una línea jurisprudencial expresada en la SC 1871/2003-R de 15 de diciembre, en sentido que: (…) la norma de la última parte del art. 232 CPP, debe ser comprendida en su cabal dimensión, esto es que cuando se trate de mujeres embarazadas y de madres durante la lactancia de hijos menores de un año, la detención preventiva sólo procederá cuando realmente no exista ninguna posibilidad de aplicar otra medida alternativa; o sea que esta disposición no contempla una prohibición total y general a la detención preventiva de la madre gestante, pues determina que, antes de imponer la detención preventiva, la autoridad competente deberá agotar todas las demás posibilidades respecto de medidas cautelares para asegurar la presencia de la sindicada en el desarrollo del juicio (...) queda claro que no puede disponerse la libertad de una mujer embarazada única y exclusivamente en atención a los derechos del ser en gestación; sino que, de conformidad a la protección que la Constitución consagra a la maternidad y a la minoridad, la libertad de la gestante deberá ser la regla y la detención la excepción, adoptada sólo cuando no exista otra medida que se le pueda aplicar’” (el resaltado es nuestro).

5La SCP 0284/2014 de 12 de febrero, estableció con relación a la presente temática, que: “De manera general en materia penal se establece que la detención preventiva viene a ser la excepción a la regla, de que la persona asuma su defensa en libertad, en ese sentido el art. 7 del CPP, señala que: ‘La aplicación de medidas cautelares establecidas en este Código será excepcional…’, por lo que esta medida de carácter personal debe ser aplicada sólo cuando se establezca que otra medida no puede garantizar la presencia del imputado en el proceso, así como el cumplimiento de la sentencia a dictarse; así también, esta excepción es reforzada en el caso de mujeres que se encuentren en periodo pre y post natal, no solo por el riesgo que corre la salud o la vida de la madre, sino también, por el riesgo que puede correr también la vida y la salud del ser en gestación o recién nacido, en ese sentido el legislador a fin de resguardar tanto a la madre como al nuevo ser, estableció en la parte in fine febrero, entre otras.

Entonces, conforme a los estándares internacionales e internos, deberá entenderse que: i. La detención preventiva para mujeres en estado de gestación y en periodo de lactancia de hijos menores a un año; por regla general resulta improcedente y, excepcionalmente, podrá ser dispuesta cuando no exista ninguna otra medida sustitutiva idónea que pueda ser aplicada; ii. Es obligación incorporar la perspectiva de género en el análisis de la aplicación de la detención preventiva y, cuando corresponda, el enfoque del interés superior del niño y la protección a grupos en situación especial de riesgo tales como personas con discapacidad o personas mayores; iii. En dichos supuestos, para la imposición de medidas cautelares, en el marco de lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las autoridades judiciales deben considerar diversos elementos como: a) La posición particular y de desventaja histórica que tienen las mujeres en la sociedad, b) El historial de victimización anterior; c) La ausencia de circunstancias agravantes en la comisión del delito, y d) El impacto diferencial e incremental de la aplicación de la pena privativa de la libertad respecto de las personas bajo su cuidado; iv. En los casos en los que la persona tengan bajo su responsabilidad a niños, niñas y adolescentes, las autoridades judiciales deben aplicar con mayor rigurosidad los criterios de necesidad, proporcionalidady razonabilidad del art. 232 del CPP, que la detención preventiva de este grupo social será de ultima ratio, al no ser factible la aplicación de otra medida alternativa. En ese sentido, el anterior Tribunal Constitucional en la SC 0120/2005-R de 2 de febrero, ha establecido en relación al referido art. 232 del CPP, que: ‘…esta previsión no conlleva la prohibición de ordenar la detención de la mujer embarazada, o que en todos los casos, de existir orden de detención o de privación de libertad de la gestante, emanada de autoridad competente, el Juez o Tribunal tenga que disponer necesaria y obligatoriamente la libertad; sino que deberá considerar para su aplicación, por una parte, el carácter excepcional de esta medida cautelar en función a las regulaciones contenidas en los arts. 7 y 221 del CPP y por otra, los alcances del citado art. 232 del CPP, y en su caso, las previsiones contenidas en los arts. 233, 234 y 235…’. Asimismo, en la referida SC 0120/2005-R, se estableció que cuando la medida cautelar de detención preventiva impuesta cumpla con todas las formalidades establecidas por la ley, la situación de embarazo de la mujer sometida a juicio y que esté por determinarse su detención preventiva o solicite la cesación de la referida medida, el juez o tribunal deberá valorar en forma integral, todos los elementos, haciendo asimismo una ponderación de bienes jurídicos involucrados, en ese sentido se señaló que: ‘…atendiendo las características y circunstancias fácticas diferentes y particulares que informan el caso en particular y encontrar una medida adecuada que suponga un equilibrio de ambas circunstancias, o sea, deberá ser objeto de consideración, por una parte, el deber de asegurar la presencia del imputado en el desarrollo del proceso y el cumplimiento de la ley, y por otra, la protección a la madre y del nasciturus o ser gestante, a cuyo efecto, en función de lo previsto por el último párrafo del art. 232 del CPP, deberá tener en cuenta, que antes de imponer la detención preventiva de la gestante o madres durante la lactancia de hijos menores de un año, la autoridad competente tiene el deber de agotar todas las posibilidades de aplicar otras medidas cautelares alternativas o sustitutivas previstas por ley” (las negrillas nos corresponden). 6Respecto al juicio de proporcionalidad, la SCP-0025/2018 de 28 de febrero, manifestó: El principio de proporcionalidad, de acuerdo a la SCP 2299/2012, se sustenta en la idea de vinculación de los poderes públicos a los derechos fundamentales, por lo que, una disminución en el ejercicio de los mismos debe tener una causa justificada y solo en la medida necesaria. Este principio tiene su fundamento en el carácter inviolable de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 13.I de la CPE y es considerado como un criterio hermenéutico de imperativa observancia en el ejercicio de cualquier competencia pública, por cuanto la efectivización de un derecho fundamental no puede ser limitado más allá de lo que sea imprescindible para la protección de otro derecho fundamental o bien jurídico constitucional, con la finalidad de evitar el sacrificio innecesario o excesivo de los derechos fundamentales. Lo anotado implica, entonces, que la autoridad, al momento de elaborar una ley, emitir una norma o aplicar una disposición legal que limita un derecho fundamental, debe efectuar un juicio de proporcionalidad en el que se analice tres aspectos fundamentales: a) Si la medida limitativa o restrictiva de un derecho fundamental es idónea o adecuada para la finalidad buscada con la misma; b) Si la medida limitativa o restrictiva es necesaria, y si acaso, existen otras menos graves, que restrinjan en menor grado el derecho fundamental, que podrían ser adoptadas en el caso concreto para alcanzar la finalidad al momento de considerar la aplicación de la detención preventiva. Éste entendimiento fue establecido en la SCP 0446/2021-S1 de 16 de septiembre.

III.3. Análisis del caso concreto

Dentro del proceso penal seguido contra la accionante por la presunta comisión del delito de corrupción de niña, niño o adolescente, a la conclusión de la audiencia cautelar donde se le impuso detención preventiva, que era improcedente por su estado de gestación, su abogada interpuso recurso de apelación incidental; sin embargo, no obstante que cumplió con los requisitos formales, la Vocal demandada, declaró inadmisible el recurso y confirmó el auto apelado, argumentando que la interposición fue en tiempo futuro sujeto a confirmación y que no se identificó agravios; esta decisión le negó la posibilidad de ser escuchada y fundamentar los agravios, así como la vulneración de derechos y garantías, al extremo que su hija nació -estando ella detenida- en el establecimiento penitenciario. Identificado el problema jurídico, corresponde revisar los antecedentes que hacen a la presente causa; en ese marco, se corrobora que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la ahora accionante y otros, por la presunta comisión del delito de corrupción de niña, niño o adolescente, el Juez de Instrucción Penal Cautelar Segundo de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 383/2022 de 28 de diciembre, dispuso la detención preventiva de la accionante en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz, por el plazo de cinco meses; consta en esta resolución que, al finalizar la audiencia de aplicación de medidas cautelares, la abogada de los imputados, expresó “de conformidad al Art. 251 del CPP vamos a interponer recurso de apelación” (sic), por lo cual, la autoridad jurisdiccional, dispuso la remisión de antecedentes al tribunal de alzada. En instancia de apelación, la Vocal ahora accionada, mediante Auto de Vista 81/2023 de 6 de febrero, declaró inadmisible el recurso de apelación opuesto por la abogada de la accionante y de los otros imputados; y en consecuencia, confirmó el Auto apelado. En el acápite 4 de esta resolución, señaló que, de la revisión del acta y Auto Interlocutorio de aplicación de medidas cautelares, -debe entenderse la abogada de los imputados- no interpuso recurso de apelación, advirtiendo que lo expresado en ese sentido, denotaría tiempo futuro sujeto a confirmación, y que la interposición en el acto de un recurso de apelación, es un acto procesal presente y cierto; agregó que, la parte procesal no identificó agravios contra la resolución impugnada; y concluyó que, no se cumplió con lo establecido por las normas legales señaladas -art. 251 del CPP-, vulnerando la misma y el principio de oralidad previsto en el art. 180.I de la CPE; por otra parte, en el parágrafo 5, invocó el art. 396.3 del CPP, para concluir que, la interposición de la apelación incidental contra las resoluciones resueltas en audiencia, deben ser interpuestas de manera inmediata y oral. En ese contexto, el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, en relación a la interposición del recurso de apelación, señaló que, la simple interposición o formulación oral del recurso ante la autoridad que emitió la decisión impugnada; sin la exigencia de cualquier otro requisito formal como es el caso de la exposición de agravios ante la autoridad que no es decisora; es suficiente para que el legajo procesal sea remitido al Tribunal de alzada; en ese marco, los tribunales de alzada están impelidos a expresar los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones; y, adquieren suficiente competencia para revisar y modificar las resoluciones impugnadas en grado apelación de medidas cautelares, toda vez que el recurso de apelación incidental previsto en el art. 251 del CPP, posee dicho objeto; es decir, resolver cuestiones referentes a la aplicación, modificación o cesación de medidas cautelares. En efecto, el art. 251 del CPP, establece la vía recursiva específica contra la resolución judicial que "imponga, rechace o modifique medidas cautelares"; este recurso, aunque denominado incidental, opera bajo un rito procedimental autónomo, caracterizado, no solamente por plazos extremadamente breves y la exigencia de celeridad, justificada por el alto valor del derecho a la libertad personal, sino, esta autonomía procesal implica que el trámite no se rige por las reglas generales de la apelación incidental contenidas en los arts. 403 y 404 del CPP; el reconocimiento de un procedimiento especializado, de resolver el recurso en audiencia, conlleva la preeminencia del control judicial sobre la situación del imputado respecto de cualquier formalidad procesal; este enfoque prioriza la eficacia del control recursivo inmediato. En la presente acción tutelar, se corrobora que, la Vocal demandada, no obstante que, evidenció los actuados desarrollados en el proceso penal, el recurso de apelación interpuesto por la abogada de la accionante ante el juez a quo; sin embargo, declaró inadmisible el recurso de apelación porque supuestamente advirtió inobservancia del art. 251 del CPP, por cuanto la apelante no evocó el planteamiento del recurso en tiempo presente, sino a futuro, y tampoco identificó los agravios; decisión que resulta ser arbitraria conforme al entendimiento jurisprudencial desarrollado en forma precedente; y constituye un acto de formalismo excesivo; cuando se evidencia de la Conclusión II.1. del presente fallo, que el fondo del recurso era manifiesto, la revisión de la decisión del juez de instancia de imponer la detención preventiva por cinco meses. Cabe resaltar que, la pretensión de apelar el Auto Interlocutorio 383/2022, resulta clara e inequívoca, motivo por el cual corresponde a la accionada resolver el fondo de la apelación de detención preventiva, pues la restricción se encontraba directamente vinculada al derecho a la libertad. Se evidencia también, que el entendimiento de la accionada sobre la exigencia de la exposición de agravios ante el Juez a quo, resulta contrario al procedimiento establecido en el CPP para la interposición del recurso de alzada, cuando la resolución se dicte en audiencia, como ocurrió en el presente caso, siendo exigible únicamente que el recurso se interponga inmediatamente de forma oral ante la autoridad jurisdiccional que la dictó. De ahí que, la inadmisibilidad declarada por la Vocal accionada, basada en una errada apreciación sobre la expresión de la recurrente y la exigencia de identificar agravios, resulta ser arbitraria, y por ende, denegó la tutela judicial efectiva, e impidió revisar la legalidad de la detención en su situación de mujer embarazada que, posteriormente, aun en esa situación su hija, de acuerdo al certificado de nacimiento 007021, nació cuando se encontraba detenida, omitiendo considerar el régimen de medidas cautelares para mujeres gestantes y lactantes; cuando debió centrarse en los hechos, los antecedentes del proceso, y el derecho aplicable, cual es el art. 251 CPP, y dar lugar a la exposición de agravios de la accionante, y respecto a la restricción de derechos y garantías constitucionales, en su situación de madre lactante de menor de un año, y basar su decisión en base de las resultas del debate de la apelación, y por la condición de maternidad referida, considerar el entendimiento asumido en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional y lo establecido en el art. 232 del CPP; omisión que vulneró además los derechos al debido proceso y defensa; por cuanto, le competía instalar la audiencia de consideración del recurso de apelación y resolver en el fondo el recurso opuesto, conforme lo razonado precedentemente. De todo lo fundamentado y motivado anteriormente, la inadmisibilidad dispuesta por la accionada por formalismo, denota una resistencia a acatar el deber de resolver el fondo, y eludir su responsabilidad de controlar la legalidad del acto apelado, de acuerdo a lo establecido por el art. 251 del CPP; actuación que es inaceptable, más aún cuando era claro y evidente que la accionante interpuso el recurso de apelación por el cual impugnaba una medida restrictiva de derechos; no siendo válido el fundamento argüido, debido a que este resulta arbitrario y vulneratorio de los derechos fundamentales de la impetrante de tutela; razones por las cuales corresponde conceder la tutela. En relación al principio de inocencia; la accionante no expuso la argumentación necesaria para acreditar la vulneración denunciada; por lo que, sin un mayor pronunciamiento, debe denegarse la tutela impetrada al respecto.

III.3.1. Otras consideraciones

De los antecedentes del expediente, se advierte en la secuencia procesal de la tramitación del recurso de apelación, dilación en la tramitación del recurso de apelación; toda vez que, la audiencia de medidas cautelares se efectuó el 28 de diciembre de 2022 y el Auto de Vista se emitió el 6 de febrero de 2023, vale decir cuarenta días después. Al respecto, conforme a lo establecido en el art. 251 del CPP, una vez interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes debieron ser remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas, por el juez a quo; y el Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolver, sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones; imperativo legal que se inobservó en el presente caso; cuando toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lesión que está en la demora o dilación indebida de atender una solicitud de tal naturaleza. Estas circunstancias advertidas, tornaron que la situación jurídica de la recurrente sea considerada fuera de los plazos que prevé el art. 251 del CPP citado, prolongando injustificadamente la restricción de la libertad a causa de la inacción o dilación corroborada, lo cual cobra mayor intensidad por su situación de vulnerabilidad de madre lactante; tornando así que la privación de la accionante se convierta en una detención indebida, por cuanto, de acuerdo a esta norma citada, el recurso de apelación contra medidas cautelares es de naturaleza especial y urgente; especialidad se debe a que está en juego la libertad personal; razón por la que el legislador, ha establecido plazos perentorios para su tramitación y resolución. Ante ello, dada la escasa documentación que cursa en el expediente tutelar, no se logró identificar a quien corresponde la responsabilidad por la dilación advertida; no obstante, corresponde instar a las autoridades jurisdiccionales que intervinieron en la sustanciación del recurso de apelación a cumplir estrictamente con los plazos y procedimiento establecidos, a fin de no vulnerar los derechos y garantías fundamentales de las partes procesales. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela, actuó de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución V-34/2023 de 15 de marzo, cursante de fs. 18 a 21, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, únicamente respecto a los derechos a la libertad, al debido proceso y defensa, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en el marco dispositivo dispuesto por el Juez de garantías; y, 2° Denegar la tutela en relación al principio de presunción de inocencia, conforme a los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El Fundamento Jurídico III.1. de esta sentencia señaló: “[Las] partes deben formular el recurso de apelación de manera oral en la audiencia de resolución, luego de ser dictaminada la misma y notificada por su lectura, debiendo constar en dicho acto procesal de forma expresa su interposición, y cuya fundamentación será desarrollada posteriormente en alzada”. La promulgación de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, supone un cambio al procedimiento penal orientado entre otras cosas a evitar el retardo procesal y brindar una administración de justicia en los términos consagrados en el art. 115.II del CPP; es decir, pronta, oportuna, gratuita y sin dilaciones. El art. 1 de la referida disposición legal, señala que: “(Objeto).La presente Ley tiene por objeto procurar la pronta y oportuna resolución de los conflictos penales, adoptando al efecto, medidas indispensables para profundizar la oralidad, fortalecer la lucha contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres, evitar el retardo procesal y el abuso de la detención preventiva y posibilitar la efectiva tutela judicial de las víctimas, mediante la modificación de la Ley Nº 1970 de 25 de marzo de 1999, ‘Código de Procedimiento Penal’, y disposiciones conexas”. Acorde a dichas premisas y con el fin de establecer un marco normativo concordante con los fines y objetivos de la Ley 1173; se modificó el régimen de apelación incidental previsto en los art. 403 y ss. del CPP; así las cosas y en este nuevo contexto procesal el recurso de apelación incidental contra las resoluciones descritas en el art. 403 del Adjetivo Penal debe ser interpuesto de manera oral o escrita; el primer escenario, supone que el mismo debe ser formulado en audiencia e inmediatamente después que la autoridad jurisdiccional emitió la decisión que desde el punto de vista del recurrente, le ocasiona un agravio en sus derechos e intereses legítimos.

2 Párrafo 15. “15. Con respecto a los artículos 7 y 10, los Estados Partes deberían presentar toda la información que sea pertinente para asegurarse de que los derechos de las personas privadas de la libertad estén amparados en igualdad de condiciones para la mujer y para el hombre. En particular, los Estados Partes deberán indicar si mujeres y hombres están separados en las cárceles y si las mujeres son vigiladas únicamente por guardias de sexo femenino. Deberán informar también acerca del cumplimiento de la norma que obliga a separar a las acusadas jóvenes de las adultas y sobre cualquier diferencia de trato entre hombres y mujeres privados de su libertad como el acceso a programas de rehabilitación y educación y a visitas conyugales y familiares. Las mujeres embarazadas que estén privadas de libertad deben ser objeto de un trato humano y debe respetarse su dignidad inherente en todo momento y en particular durante el alumbramiento y el cuidado de sus hijos recién nacidos. Los Estados Partes deben indicar qué servicios tienen para garantizar lo que antecede y qué formas de atención médica y de salud ofrecen a esas madres y a sus hijos. Disponible en: http://hrlibrary.umn.edu/hrcommittee/Sgencom28.html

3 Ibídem, pág. 32

perseguida; y, c) Analizar la proporcionalidad en sentido estricto, que consiste en dilucidar si la afectación, restricción o limitación al derecho fundamental no resulta exagerada o desmedida frente a las ventajas que se obtienen con tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0984_2025-S3.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 874de37930783e52a1216d519ba5bba780d2f536ff271f2851b3d1ceed9ccd1d

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