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SCP 0984/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 24 de noviembre de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
24 de noviembre de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
47499-2022-95-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 18/2021 de 9 de diciembre, cursante de fs. 93 vta. a 97 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional.

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0984/2023-S2 Sucre, 24 de noviembre de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 47499-2022-95-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 18/2021 de 9 de diciembre, cursante de fs. 93 vta. a 97, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Carlos Equilea Barrionuevo contra Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Roberto Parada Mole, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 23 de diciembre de 2021, cursante de fs. 48 a 51 vta., el accionante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica a instancia de Miguelina Barrionuevo Equilea y Fabiola Equilea Herrera, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz -demandado-, sin valorar la prueba de descargo, pronunció el Auto Interlocutorio de 19 noviembre de 2021, ordenando su detención preventiva por noventa días, sustentándose en que existiría autoría y los riesgos procesales contenidos en los arts. 234.7 y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Contra dicha determinación, interpuso el recurso de apelación incidental, que, “…sin compulsar ninguno de los agravios cometidos por el señor Juez Cautelar, de manera completamente parcializada…” (sic), fue resuelto por el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz a través del Auto de Vista 482 de 6 de diciembre de 2021, ratificando la medida de última ratio, dejándolo en total desamparo, al confirmar su detención preventiva en época de vacación judicial, sustentándose “…con el mismo argumento, cuando para cada Numeral de cada riesgo procesal se tiene que fundamentar debidamente conforme a la extensa jurisprudencia de[l] Tribunal Supremo de Justicia…” (sic).

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la dignidad, a la defensa, a la seguridad personal, a la libertad de locomoción y circulación, citando al efecto los arts. 22, 23 y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia “…se REVOQUE EL MANDAMIE[N]TO DE DETENCI[Ó]N PREVENTIVA de fecha 19 de Noviembre de 2021 librada por el Juez ROBERTO PARADA MOLE, juez Instrucción contra la Violencia hacia la Mujer Tercero, se restablezcan las formalidades legales…” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 24 de diciembre de 2021, según consta en acta cursante de fs. 90 a 93 vta., se produjeron los siguientes actuados.

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante por medio de su abogado ratificó el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo expresó que: a) Pese a presentarse prueba que no tiene antecedentes por delitos de “violencia”, como certificaciones del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPASSE), de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y de la Dirección Nacional de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (DIPROVE), los demandados continuaron sosteniendo que concurría el peligro efectivo para la víctima; y, b) El Vocal demandado, sin darle tiempo de fundamentar su recurso de apelación, de manera apresurada y “…sin ir al fondo…” (sic), confirmó de forma íntegra el Auto Interlocutorio apelado.

I.2.2. Informe de los demandados

Roberto Parada Mole, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, en audiencia de garantías expresó que: 1) Se dispuso la detención preventiva del impetrante de tutela debido a que concurrían los presupuestos para fundar los riesgos procesales de fuga y de obstaculización contenidos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, siendo la determinación que dictaminó confirmada en alzada; y, 2) Según el art. 125 de la CPE, los requisitos para la procedencia de la acción de libertad implican una indebida persecución o procesamiento, cuando esta ilegalmente privado de libertad o se encuentra en riesgo su derecho a la vida, extremos que no se advierten, estando su persona a cargo del control jurisdiccional, tal cual establece el art. 54 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-. Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no compareció a la audiencia de garantías, tampoco presentó informe escrito alguno, pese a su notificación cursante a fs. 55.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 18/2021 de 9 de diciembre, cursante de fs. 93 vta. a 97, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) Según la línea jurisprudencial sentada en la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio, los riesgos procesales contenidos en el art. 235 del CPP, pueden incluso permanecer hasta que se ejecutorié la sentencia; en cuyo sentido, se tiene que a través del Auto de Vista 482, fueron atendidos los planteamientos de cada uno de los puntos apelados en audiencia de fundamentación de agravios; y, ii) Sobre la denuncia de que el Vocal demandado habría llevado a cabo la audiencia de manera unipersonal, el art. 58 de la Ley 1173, en su segundo párrafo prevé que en caso de apelación de medidas cautelares de carácter personal, serán resueltas por el vocal de turno de la Sala Penal, enmarcándose en dicho precepto el accionar de la citada autoridad. En vía de complementación y enmienda, el accionante, por medio de su abogado solicitó se aclare si es posible aplicar el mismo fundamento para la autoría y los peligros de fuga y de obstaculización a fin de establecer la detención preventiva. En sustanciación y resolución, la citada Jueza de garantías, refirió que: la Resolución que dictó fue clara al referirse a cada uno de Autos emitidos, así como los que hizo referencia el accionante.

I.3. Trámite en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante decreto constitucional de 29 de junio de 2023, cursante a fs. 104, se dispuso la suspensión del cómputo de plazo para la emisión de la correspondiente resolución, a objeto de recabar documentación complementaria; habiéndose obtenido esta, se reanudó el cómputo del mismo a partir de la notificación con el decreto constitucional de 21 de noviembre del citado año (fs. 164 a 166); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es pronunciada dentro de plazo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Miguelina Barrionuevo Equilea y Fabiola Equilea Herrera contra Juan Carlos Equilea Barrionuevo -accionante- y otro, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz -codemandado-, mediante Auto Interlocutorio de 19 de noviembre de 2021, determinó: “…LA MEDIDA EXTREMA DE DETENCIÓN PREVENTIVA DEL IMPUTADO JUAN CARLOS EQUILEA BARRIONUEVO…(sic), por concurrir los riesgos procesales de los arts. 234.7 y 235.2 del CPP; decisión contra la cual, el accionante y las víctimas formularon recurso de apelación incidental (fs. 41 vta. a 47 vta.). II.2. Por Auto de Vista 483 de 6 diciembre de 2021, el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora demandado-, declaró: “…ADMISIBLE E IMPROCEDENTE PARA AMBAS APELACIONES INTERPUESTA: COMO SER: DE LA PARTE CIVIL, MIGUELINA BARRIONUEVO Y LA PARTE IMPUTADA JUAN CARLOS EQUILEA BARRIONUEVO, EN CONSECUENCIA SE CONFIRMA LA RESOLUCION DE FECHA DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DEL 2021, EMITIDO POR EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 3° DE LA CAPITAL” (sic [fs. 156 vta. a 159 vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la dignidad, a la defensa, a la seguridad personal, a la libertad de locomoción y circulación; arguyendo que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el Vocal demandado -en conocimiento del recurso de apelación que formuló-, resolvió declarar su improcedencia, ratificando la decisión de la Jueza a quo que ordenó su detención preventiva, dejándolo en total desamparo de ley al fundamentar con el mismo argumento todos los riesgos procesales que concurrían y al margen de la extensa jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. El debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación de las resoluciones

Sobre este tópico, la SCP 1491/2015-S2 de 23 de diciembre, concluyó que: “Conforme se ha establecido a través de la reiterada jurisprudencia emanada por este Tribunal y a la luz de la Constitución Política del Estado, el debido proceso alcanza en su aplicación interpretativa una triple dimensión, constituyéndose tanto en derecho como en garantía y a su vez, en principio procesal. Esta triple dimensión, asegura la protección de todos los derechos conexos que pudieran verse vulnerados por actos u omisiones indebidas en la tramitación de cualquier proceso, sea éste judicial o administrativo. Así, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se constituye en la garantía del sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara, sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elemento jurídico legales que determinaron su posición. Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R, SC 1369/2001-R, entre otras). En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ‘…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, puesto que el relacionamiento de éstas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere”.

III.2. Obligación del tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar

La SCP 0205/2014-S3 de 25 de noviembre, expuso que: «El debido proceso implica, entre otros aspectos, la exigencia de motivación o fundamentación de las resoluciones, sean éstas judiciales o administrativas; y concretamente, tratándose de resoluciones judiciales en el ámbito penal, el art. 124 del CPP, determina que: “Las sentencias y autos interlocutor[ios] serán fundamentados. Expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. La fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes”. La norma legal transcrita guarda relación con la norma contenida en el art. 236 inc. 3) del mismo Código, que hace referencia a la forma y contenido de la decisión, señalando que debe hacerse una “…fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables…”. En ese orden, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, refirió que: “…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas”. La obligación de fundamentar las resoluciones también es aplicable a aquellas que resuelven apelaciones; así la SC 0040/2007-R de 31 de enero, haciendo referencia a la SC 0577/2004-R de 15 de abril, indicó que: “Esta exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; (…), es imprescindible que dichas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, del mismo modo que se exige al apelante cumplir con la obligación de fundamentar los agravios; por cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan, los fundamentos de hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa; por lo que no le esta permito a un Juez o Tribunal, reemplazar la fundamentación por la relación de antecedentes, la mención de los requerimientos de las partes o hacer alusión de que el Juez de instancia obró conforme a derecho, (…); con mayor razón, si se tiene en cuenta que el contar con una Resolución debidamente fundamentada y motivada es un derecho fundamental de la persona y forma parte del debido proceso…”’ » (el resaltado es nuestro).

III.3. Análisis del caso concreto

De la compulsa de los antecedentes que cursan en la causa constitucional, referentes a los datos del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante por la supuesta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante Auto Interlocutorio de 19 de noviembre de 2021, determinó su detención preventiva ante la concurrencia de los riesgos procesales contenidos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP (Conclusión II.1); contra cuya decisión, tanto el ahora impetrante de tutela como las víctimas activaron el recurso de apelación incidental, resuelto por Auto de Vista 482 de 6 de diciembre de 2021, emitido por el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento -demandado-, quien confirmó “…LA RESOLUCION DE FECHA DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DEL 2021, EMITIDO POR EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 3° DE LA CAPITAL” (sic [Conclusión II.2]). Dentro de ese contexto, el accionante denuncia la vulneración de sus derechos invocados a través de este mecanismo constitucional, atribuyendo tanto al Juez de instancia de imponerle la medida cautelar personal de detención preventiva por presuntamente concurrir los riesgos procesales de los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, y al Vocal demandado de ratificar dicha medida de ultima ratio, quien resolvió todos los riesgos procesales que concurrían con el mismo argumento, cuando cada uno debía ser debidamente fundamentado, conforme a la extensa jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia. Delimitada la problemática por resolver, con carácter previo al estudio propiamente de la misma, resulta pertinente aclarar que, considerando que el objeto procesal que nos ocupa emerge de un proceso penal, donde se cuestionan decisiones asumidas en sede judicial, el análisis a objeto de advertir la lesión de los derechos que se denuncian, se efectuará a partir de la última resolución pronunciada en la jurisdicción ordinaria; toda vez que, aquella tuvo la posibilidad de corregir y/o enmendar la determinación dispuesta por la autoridad de menor jerarquía -entendimiento asumido por la SCP 0037/2012 de 26 de marzo-; por consiguiente, el examen de la presente problemática procederá a partir del Auto de Vista 482. En ese sentido, los puntos cuestionados por el accionante se sintetizarán del acta de la audiencia de fundamentación del recurso de apelación incidental celebrada el 6 de diciembre de 2021, teniéndose los siguientes: a) No fue demostrada la autoría, siendo la parte denunciante autora confesa de la agresión que lo dejó con seis días de impedimento, según el certificado médico forense; b) Respecto al fundamento del peligro de fuga establecido en el art.

234.7 del CPP, no resulta evidente; ya que, desde el 13 de febrero de 2021, no volvió a su casa, no existiendo una sola prueba respecto de su acercamiento; por ello, no sería cierto que sea un peligro para la víctima, y menos para la sociedad; y, c) El peligro de obstaculización establecido en el art. 235.2 del Código Adjetivo Penal, no concurre en virtud a que Fabiola Equilea Herrera -denunciante-, no asistió a realizarse la pericia psicología; es decir, no fue aun entrevistada, no tuvo ninguna disposición o interés durante nueve meses; además, no se puede ordenar su detención preventiva “…cuando está a su cargo menores de edad, pero el Sr. Juez tampoco no ha considerado eso, igual ha ordenado la detención preventiva está en el acta cautelar...” (sic). Siguiendo este orden, mediante el Auto de Vista 482, el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, razonó lo siguiente: 1) En relación al numeral 1 del art. 233 del CPP, “…el hecho que haya 2 días de impedimento hace constar que hubo una violencia física hacia la víctima, no porque sea 2 días va a dejar de ser violencia, porque esa violencia es la que castiga precisamente el legislador, porque cualquier tipo de persona que ejerce este tipo de violencia es enmarcar nuestras acciones y conductas dentro de un marco [de] pacificación, es decir evitar los confrontamientos que pueda existir entre amigo, conocido o un desconocido, mucho más si se trata de problema familiar, que es penal, civil por lo que no tiene razón el abogado de la parte imputada al sostener que no existiría autoría, porque el mismo abogado de la parte imputada ha manifestado que son 2 días de impedimento, aun hubiera una lesión, existe una violencia psicológica y simbólica también, es este caso el certificado m[é]dico legal, que se han referido las partes es una forma de violencia física; por lo tanto existe probabilidad de autoría para el imputado” (sic); 2) Respecto del art. 234.7 del CPP, respecto del peligro efectivo para la víctima y la sociedad, “…el Juez de instancia señala que: ‘Es peligro efectivo el imputado en tanto y en cuanto no haya la declaración en cámara Gesell, no haya la entrevista psicológica, preliminar de la pericia psicológica, preliminar de la otra víctima’, es decir por eso lo coloca en vigencia. ‘Con relación a la Sra. Miguelina Barrionuevo ‘Por tratarse de una persona adulta mayor que no tiene la fuerza suficiente para generar su propio recurso y para poder satisfacer la petición de los presuntas mejoras en el inmueble, eso este Juez no puede permitir esa conducta no pueda ser de consentimiento por esta autoridad jurisdiccional, por tratarse de su padre o madre que se encuentre en una situación de precariedad’, esos elementos que ha considerado la autoridad jurisdiccional de primera instancia y por eso lo ha puesto en vigencia, es decir por su grado de vulnerabilidad frente a lo que viene a ser el hijo es el que está imputado en la presente causa y por tanto merece una protección reforzada, por lo dicha protección importa que las autoridades policiales, fiscales y del Órgano Jurisdiccional tienen que brindarle la suficiente protección para que no haya un desenlace más allá de lo que se puede esperar, por lo que el suscrito Vocal considera que el Juez de instancia ha actuado de manera razonable al sostener vigente este riesgo procesal; por lo tanto se mantiene latente el Art. 234 núm. 7) del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley 1173” (sic); y, 3) Sobre el art. 235.2 del CPP, “…el abogado no fundamentó este agravio, por lo que el suscrito no se va pronunciar al respecto, porque no se puede automotivar, porque el suscrito Vocal resuelve conforme lo solicitan en audiencia e ir más allá es actuar ultrapetita…” (sic). Respecto a que no se podría ordenar la detención preventiva al estar a cargo de menores de edad “…no se enmarca dentro de esta contextualización jurídica de que este es el único que puede tener bajo su guarda o custodia a estas menores, por lo que tienen los ascendientes y las líneas consanguíneas colaterales por lo que tampoco resulta ser cierto los argumentos vertidos por la parte del imputado” (sic). En efecto, conforme fueron desplegados los puntos de agravio del solicitante de tutela y lo fundamentado por el Vocal demandado, se tiene que el recurso de apelación incidental formulado por el primero, ratificó el fallo de primera instancia impugnado, confirmando la determinación de la Jueza a quo, decisión que es ahora objeto de examen, por resultar la última emitida en sede judicial, y a partir de la cual amerita su revisión y estudio. En ese marco, tal como se encuentra precisado el debido proceso por la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, constituye una garantía del sujeto procesal por parte del juzgador al momento de emitir una determinación, debiendo imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, dejando pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no solo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino, en base a los principios y valores supremos. Asimismo, el fallo a emitirse debe estar provisto de las suficientes razones que la sostengan, estableciendo criterios jurídicos, cuya exposición debe permitir conocer de manera clara los motivos que la sustentan, satisfaciendo todos los puntos demandados; lo cual, no requiere precisamente de una ampulosa evocación de consideraciones y citas normativas ni de una mera relación de las piezas procesales o mención de los requerimientos de las partes, sino, dotarse de una estructura de forma y de fondo, en la que se expresen las razones determinativas que sustenten la decisión tomada (Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional). Ahora bien, definido el alcance jurisprudencial referente a la obligación de sustentar una determinación judicial, cabe ingresar al análisis del presente problema jurídico, efectuando un despliegue de los puntos de agravio cuestionados por el recurrente en audiencia de fundamentación llevada a cabo el 6 de diciembre de 2021; así, en relación al primer aspecto reclamado, referente a que, no se habría demostrada la autoría del procesado, el razonamiento de la autoridad demandada claramente precisa -a tiempo de narrar los hechos- que existió una incapacidad médico legal de dos días de la víctima -madre del recurrente-, en cuya base también concluyó la Jueza de la causa de la existencia de violencia física hacia la víctima, acreditada con un certificado médico forense, explicándose la participación del aludido en la comisión del delito que se le atribuye, con cuyos presupuestos determinó la existencia del hecho, resultando suficiente a efectos de inferir por la probabilidad de la autoría en la comisión del mismo, atribuible al procesado, teniéndose por absuelto el referido punto denunciado. Con relación al segundo punto, referente a que no fuera evidente lo vertido sobre el peligro procesal establecido en el art. 234.7 del CPP -peligro para la víctima y la sociedad-; ya que, el procesado no volvió a su casa desde el 13 de febrero de 2021; el fallo de alzada resolvió en base al criterio y determinación del Juez de instancia, sostenido en la familiaridad que existía con la víctima -Miguelina Barrionuevo Equilea-, quien fuera su madre, y que en su condición de adulta mayor tuviera un grado de vulnerabilidad frente a su hijo, así como, faltaba su declaración en Cámara Gesell y entrevista psicológica preliminar; en cuyo razonamiento y criterio se apoyó el Vocal demandado para mantener vigente ese riesgo procesal, teniéndose por explicada su concurrencia. Finalmente, con relación al peligro de obstaculización establecido en el art. 235.2 del referido Código, el cual no concurriría en virtud a que una de las denunciantes -Fabiola Equilea Herrera- en nueve meses de la investigación no hubiera acudido a realizarse la pericia psicología, esa aseveración claramente denota la falta de relación con el referido riesgo procesal, aludiendo elementos que no tienden a modificar el mismo, siendo advertida dicha falta de vinculación y congruencia por el Vocal demandado, concluyendo en la omisión de fundamento pertinente sobre este. De igual forma, sobre la reclamación de que no se podría ordenar la detención preventiva del procesado por estar a cargo de menores de edad, se le explicó que no es el único familiar, sino que, tiene a otros parientes ascendientes y colaterales consanguíneas, absolviéndose en consecuencia la cuestión en base a una evaluación integral de las circunstancias existentes relativas al hecho. Consiguientemente, se concluye que el Auto de Vista 482, contiene la suficiente dilucidación de razones y exposición de motivos que sustentan la decisión de ratificar la medida cautelar de carácter personal dispuesta por la autoridad de primera instancia, explicándose razonablemente los agravios expuestos, respondiendo en el fondo el recurso de apelación incidental formulado por el peticionante de tutela de manera fundamentada y motivada, resultando congruente con lo pedido, en el marco de lo preceptuado por el art. 398 del CPP, en lo referente a circunscribirse a lo cuestionado, siendo suficiente lo explicado con la justificación material acorde a un debido proceso para ratificar los riesgos procesales concurrentes impuestos por la Jueza a quo; y en consecuencia, no resulta evidente la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción y circulación por lo ampliamente analizado en el caso concreto; razón por la cual, concierne denegar la tutela solicitada. Sobre la denunciada lesión del derecho a la defensa, corresponde igualmente su denegatoria, al constatarse que el peticionante de tutela activó el recurso de apelación incidental, así como otros mecanismos intraprocesales como la invocación del incidente de nulidad de imputación formal ante el Juez de control jurisdiccional, denotándose claramente el ejercicio de dicha prerrogativa, sin evidenciarse de qué manera hubiera sido vulnerado el mismo por parte de las autoridades judiciales demandadas. De igual forma, respecto a la presunta transgresión de los derechos a la dignidad y a la seguridad personal, los argumentos vertidos por el solicitante de tutela no resultan suficientes para formar convicción sobre los hechos denunciados, a objeto de acreditar cómo o de qué manera se hubieran conculcado los mismos, resultando dicha omisión en su denegatoria. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 18/2021 de 9 de diciembre, cursante de fs. 93 vta. a 97 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0984_2023-S2.pdf · páginas 1 a 12.

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