Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 26 de agosto de 2025
Deniega la tutela
El accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; por cuanto, habiendo interpuesto incidente de aplicación del principio non bis in ídem, ante el del Juzgado de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz -demandado-; la autoridad demandada rechazó in limine su incidente, sin tomar en cuenta que no fue notificado con el link de la audiencia; motivo por el cual solicita se conceda la tutela y se el cese de la persecución penal y se evite cualquier medida de carácter personal en su contra, disponiéndose el archivo de obrados. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR; la Resolución 03/2023 de 12 de marzo, cursante de fs. 91 a 93, pronunciado por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia; 1° DENEGAR la tutela impetrada sin ingresar al fondo de la problemática planteada. 2° Llamar la atención a Douglas Cecil Borda Montaño, Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías por no haber cumplido con el deber de verificar y remitir los actuados que sirvieron de base para su decisión y para que este Tribunal tome la debida convicción.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0983/2025-S3 Sucre, 26 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 54477-2023-109-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 03/2023 de 12 de marzo, cursante de fs. 91 a 93, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Erika Fanny Tolin Aguilar en representación sin mandato de Walter Manuel Torrico Céspedes contra Luis Fernando García Mamani, Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 11 de marzo de 2023, cursante de fs. 77 a 80 vta., el accionante a través de su representante, manifestó que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, con Código Único de Denuncia (CUD) 201102012105560, por la presunta comisión del delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa e inconstitucionalidad, puso en conocimiento del Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz -autoridad demandada-, que esa acusación correspondía a hechos ya denunciados en diversas oportunidades, con idénticos sujetos procesales, tipo penal, igual tiempo, espacio y lugar. La primera denuncia presentada el 3 de diciembre de 2020, con CUD 201102012005863, fue rechazada por el Fiscal de Materia Iván Cernadas Miranda mediante Resolución 12/2021 de 4 de marzo; proceso reaperturado y nuevamente rechazado mediante Resolución 015/2021 de 8 de junio, por el Fiscal de Materia Adolfo López Trujillo.
El 7 de diciembre de 2020, se presentó otra denuncia en su contra, signado con CUD 201102012006358; proceso en el que interpuso incidente de actividad procesal defectuosa por no bis in idem; resuelto por el Juez del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz, quien mediante Resolución 141/2021 de 27 de abril, declaró fundado el incidente disponiendo el archivo de obrados. El 30 de julio de 2021, se instauró por cuarta vez la denuncia contra el impetrante de tutela, signado con CUD 201102012105560, rechazada mediante Resolución 17/2022 de 20 de abril, por la Fiscal de Materia; sin embargo, la misma autoridad dispuso la reapertura del caso el 13 de mayo del 2022, introduciendo elementos distintos a los previstos en el art. 179 bis del Código Penal (CP). No obstante, la autoridad judicial demandada, al tener conocimiento de las anteriores denuncias debió ejercer el control jurisdiccional conforme lo dispuesto por el art. 4.3 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-. Al no haber realizado el control, interpuso incidente de actividad procesal defectos por non bis in ídem, aspecto que no fue considerado ni valorado por el Juez demandado al determinar el rechazo in limine del incidente bajo el argumento de que su persona no se encontraba presente. La autoridad judicial demandada, no consideró que no fue notificado con dicho actuado procesal, ni con el link a efecto de que pueda asumir defensa, motivo por el cual presentó recurso de apelación contra la referida resolución, la cual se encuentra pendiente de resolución por el Tribunal de Alzada.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, citando al efecto los arts. 15, 22, 23.I, 67.I, 115, 117.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 1 y 14.3 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); 7 del Pacto de San José de Costa Rica; y, 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga que: a) La autoridad demandada ordene el cese de la persecución penal y se evite cualquier medida de carácter personal en su contra; y, b) Se disponga el archivo de obrados.
Celebrada la audiencia virtual el 12 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 85 a 90, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante, ratificó íntegramente los términos de la acción tutelar y ampliándola señaló que: 1) Respecto a la cuarta demanda, debido a que el Ministerio Público solicitó la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, por seis meses; presentó el incidente non bis in ídem, reconocido en el art. 117.II de la CPE y en tratados internacionales en materia de derechos humanos, toda vez que es objeto de persecución reiterada e indebida, con riesgo inminente a la afectación de su libertad personal, incidente que fue rechazado por la autoridad demandada, motivo por el cual presentó recurso de apelación, el cual se encuentra pendiente de resolución; y, 2) La presentación en la audiencia de acción de libertad de Juan Oswaldo Zegarra Fernández y Carlos Cristian Camacho Terceros, representantes de una asociación de fútbol, alegando ser terceros interesados, es irregular, porque no figuraron como parte en ninguno de los procesos previos, tampoco fueron mencionados en calidad de víctimas o denunciantes; participando en la acción tutelar sin que existiera constancia de su legitimación procesal.
Luis Fernando García Mamani, Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, a través de informe escrito de 12 de marzo de 2023, cursante de fs. 83 y vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada en mérito a los siguientes argumentos: i) El proceso penal con CUD 201102012105560 fue reaperturado por la Fiscal de Materia Ingrid Rocío Feraudi Guerra el 13 de mayo de 2022, en el cual se emitió imputación formal contra el accionante el 22 de agosto de la misma gestión; ii) El accionante interpuso incidente de non bis in idem, el cual fue rechazado in limine por el Juez del Juzgado Décimo de Instrucción Penal de la Capital, autoridad que asumió competencia de manera temporal en virtud de una recusación aceptada contra su persona, resolución que aún se encuentra pendiente de revisión ante el Tribunal de alzada, instancia competente para definir la viabilidad del incidente; y, iii) No existe vulneración al debido proceso ni al derecho a la libertad, toda vez que el reclamo del accionante debe ser previamente resuelto en sede ordinaria en aplicación de la SCP 0869/2019-S1 de 11 de septiembre, que reafirma el carácter subsidiario de la acción de libertad cuando existen recursos ordinarios eficaces y pendientes de resolución.
Juan Oswaldo Zegarra Fernández y Carlos Cristian Camacho Terceros, en representación del Directorio de la Asociación de Fútbol de La Paz; en audiencia de consideración de la acción tutelar, cursante de fs. 87 a 89, solicitaron se deniegue la tutela en virtud a los siguientes argumentos: a) Justificó su intervención solicitando la aplicación del art. 31 del Código Procesal Constitucional (CPCo); b) El proceso instaurado contra el accionante no se trata de una reiteración de la misma denuncia, sino está relacionado a hechos distintos derivados de conductas reiteradas que deben ser investigadas y procesadas; c) El incidente de non bis in idem, fue tramitado ante el Juzgado Décimo de Instrucción Penal, no ante el Séptimo, siendo rechazado in limine por la inasistencia de la parte incidentista; además, dicha resolución fue apelada y confirmada, encontrándose ejecutoriada. Se plantearon otros incidentes de actividad procesal defectuosa con los mismos argumentos, los cuales también fueron rechazados; y, d) La acción de libertad no puede emplearse como instancia de revisión de incidentes previamente resueltos en sede ordinaria, ni para subsanar omisiones atribuibles a la defensa del accionante.
El Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 03/2023 de 12 de marzo, cursante de fs. 91 a 93, denegó la tutela solicitada. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) De la documentación aparejada, se evidencia que el recurso de apelacion presentado por el impetrante de tutela respecto a la Resolución que rechazó el incidente non bis in idem, se encuentra pendiente de resolución por el Tribunal de alzada; y, 2) No es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, toda vez que, al no haberse agotado la subsidiariedad, cualquier pronunciamiento de fondo generaría una duplicidad de actuados.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución de Rechazo de denuncia 12/2021 y 015/2021 presentada el 4 de marzo de 2020 y 10 de junio de 2021, presentada dentro del proceso penal seguido contra el impetrante de tutela y otros, por el delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa e inconstitucionalidad, signado con CUD 201102012005863, tramitada en el Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz (fs. 1 a 8 vta.). II.2. En la denuncia correspondiente al CUD 201102012006358, tramitado en el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz, presentada contra el accionante por la presunta comisión del delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad correspondiente, mediante Resolución 141/2021 de 27 de abril, se declaró fundado el incidente presentado por el accionante, disponiéndose el archivo de obrados (fs. 9 y vta.).
II.3. En el proceso penal signado con el CUD 201102012105560, el 22 de agosto de 2022, la Fiscal de Materia presentó la Resolución 29/2022 de imputación formal, contra el accionante por la presunta comisión de los delitos de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa e inconstitucionalidad, en grado de complicidad y de asociación delictuosa, solicitando su detención preventiva, proceso bajo control jurisdiccional del Juzgado de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, resolución contra la cual el impetrante de tutela presentó incidente solicitado la aplicación del principio non bis in ídem (fs. 68 a 75 vta.). II.4. Conforme lo informado por el Juez demandado, el incidente planteado por el impetrante de tutela no fue resuelto por su persona debido a una recusación declarada legal en su contra, siendo resuelta por el Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, resolución que fue apelada y a la fecha se encuentra pendiente de resolución ante el Tribunal de Alzada, hecho no controvertido por el accionante (fs. 85 a 90).
El accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; por cuanto, habiendo interpuesto incidente de aplicación del principio non bis in ídem, ante el del Juzgado de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz -demandado-; la autoridad demandada rechazó in limine su incidente, sin tomar en cuenta que no fue notificado con el link de la audiencia; motivo por el cual solicita se conceda la tutela y se el cese de la persecución penal y se evite cualquier medida de carácter personal en su contra, disponiéndose el archivo de obrados. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0241/2018-S2 de 12 de junio, sistematizadora de línea jurisprudencial, se ha pronunciado respecto a los supuestos de subsidiariedad excepcional que rige en la acción de libertad, de acuerdo al siguiente desarrollo: «El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad; ya en el marco de la Constitución Política del Estado vigente a partir de 2009, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, señaló que la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria.
Posteriormente, la SC 0105/2010-R de 10 de mayo, señaló que cuando formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida. En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria”. 2El FJ III.4, menciona: “Bajo la premisa expuesta, los medios de defensa, y en este caso la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria; por ello, y sin que implique una restricción a sus alcances, ni desconocimiento al principio de favorabilidad, sino para que no pierda su esencia misma de ser un recurso heroico, se ha establecido que en los casos, que en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, a través de la acción de libertad, hay aspectos que se deben tener en cuenta, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones, en los siguientes supuestos: Primer supuesto: Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación. Segundo Supuesto: Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física. Tercer supuesto: Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar”. 3El FJ III.3, indica: “En ese sentido, para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación quien recurre de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aun en el supuesto que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, no procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad; puesto de lo contrario, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico. Más adelante en la SC 0687/2011-R de 16 de mayo, se denegó la tutela en razón a que el accionante activo paralelamente las jurisdicciones ordinaria y constitucional, luego la SCP 0160/2014-S2 de 20 de noviembre, también denegó la tutela por activación paralela de las jurisdicciones ordinaria y constitucional». En la misma línea línea jurisprudencial, la SCP 0582/2017-S3 de 26 de junio, precisó que:
[D]e la reiterada jurisprudencia, se entiende que en la acción de libertad, concurre la subsidiariedad excepcional en casos en que dentro de un proceso sobre una misma problemática la parte que se considera afectada con una decisión, apertura la jurisdicción ordinaria mediante un recurso intraprocesal previsto en la normativa pertinente y paralelamente pretende la apertura de la vía constitucional, cuando el recurso ordinario interpuesto se encuentra pendiente de resolución, circunstancia procesal que no hace posible ingresar al fondo de la problemática en la vía constitucional, en razón a que se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico. Conforme a lo anotado, se evidencia que la jurisprudencia constitucional mantuvo uniforme el entendimiento de la no procedencia de la acción de libertad cuando el impetrante de tutela activa simultánea las jurisdicciones ordinaria y constitucional, en mérito a la subsidiariedad excepcional.
De la revisión de los antecedentes y conforme los datos consignados en las conclusiones del presente fallo constitucional, se advierte que Walter Manuel Torrico Céspedes -accionante-, denuncia que dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad, interpuso incidente de aplicación del principio non bis in ídem, ante el Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz -demandado-; aspecto que no fue considerado ni valorado tomando en cuenta que al no haber sido notificado con el link de la audiencia impidió su participación e ingreso a la plataforma virtual, por ende el referido incidente fue rechazado in limine.
En consecuencia, de la revisión de obrados se advierte que dentro dentro del proceso penal seguido contra el impetrante de tutela por la comisión de la presunta comisión de los delitos de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad en complicidad y, asociación delictuosa, tramitado en el Juzgado de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, con CUD 201102012105560, el 22 de agosto de 2022, la Fiscal de Materia presentó imputación formal solicitando la aplicación de medidas cautelares contra el impetrante de tutela (Conclusión II.3). Contra dicha decisión el accionante interpuso incidente de actividad procesal defectuosa non bis in ídem; resuelto por el Juez del Juzgado de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz -por encontrarse con competencia temporal, en virtud a una recusa interpuesta contra del Juez demandado-; quien rechazo in limine el referido incidente debido a que el impetrante de tutela no se hizo presente a la audiencia, a decir del accionante debido a la falta de notificación con el link de la audiencia de consideración del incidente, motivo por la cual, no pudo ingresar al verificativo virtual, resolución contra la cual presento recurso de apelación . Consiguientemente, se advierte que la accionante de manera simultánea presentó recurso de apelación en la vía ordinaria, por la misma causa y objeto por el que fue activada la presente acción de libertad en la jurisdicción constitucional; es decir, pretendiendo se revoque la Resolución que dispuso el rechazo del incidente non bis in ídem, se disponga el cese de la persecución de indebida así como el archivo de obrados, activando de manera simultánea la jurisdicción constitucional y ordinaria, sin que el recurso de apelación haya sido resuelto por el Tribunal de apelación conforme constató el Juez de garantías, situación que imposibilita realizar un análisis de fondo de la problemática planteada, esto con el fin de evitar que la activación de la jurisdicción constitucional se convierta en un medio paralelo que genere disfunción procesal, con la emisión de dos resoluciones sobre la misma temática que podrían resultar contradictorias, conforme se ha establecido en el Fundamento Jurídico III.1, de esta decisión constitucional, dado que no está permitido la apertura simultánea de ambas jurisdicciones, pues corresponde que la denuncia del accionante sea dilucidada previamente en la vía ordinaria. En consecuencia, corresponde denegar la tutela impetrada, con la aclaración de que no se ingresó al fondo del análisis de la problemática planteada.
De otro lado, es menester recordar al Juez de garantías que la SCP 0087/2012 de 19 de abril, se ha pronunciado sobre la obligación que tiene el juez o tribunal de garantías, de remitir la prueba sobre la que fundó su decisión, estableció lo siguiente:
[T]odo juez o tribunal de garantías, cuenta con la obligación de remitir al Tribunal Constitucional Plurinacional: a. Toda la prueba aportada por la parte accionante y demandada en la acción de libertad. b. La prueba que de oficio pudo producir máxime cuando la misma haya servido para resolver inicialmente la problemática…” (énfasis añadido). En la presente causa, de la revisión de antecedentes que cursan en obrados, se tiene que el Juez de garantías omitió remitir los antecedentes y pruebas sobre los que basó su decisión y a los que tuvo acceso; razón por la cual, corresponde llamarle la atención y exhortar a que en ulteriores oportunidades cumpla con la obligación prevista en dicho precedente constitucional, en consideración a que en esta instancia de revisión se debe contar con todos los elementos de prueba necesarios.
En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR; la Resolución 03/2023 de 12 de marzo, cursante de fs. 91 a 93, pronunciado por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia; 1° DENEGAR la tutela impetrada sin ingresar al fondo de la problemática planteada. 2° Llamar la atención a Douglas Cecil Borda Montaño, Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías por no haber cumplido con el deber de verificar y remitir los actuados que sirvieron de base para su decisión y para que este Tribunal tome la debida convicción. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 El FJ III.1.2., señal: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las
de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0983_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1bc17a84e6a58710020f52e18d4ee5f3b66588f2e66aebd97121461faca62c00
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