B.IA.LEGAL

SCP 0983/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 28 de agosto de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
28 de agosto de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
54465-2023-109-AL
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su presentante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derecho a la libertad y a la “seguridad jurídica”; toda vez que, habiendo solicitado a la Fiscal de Materia demandada, la designación de un perito en psicología forense, a fin de que se practique una pericia psicológica destinada a desvirtuar el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP; dicha solicitud fue rechazada mediante decreto de 10 de marzo de 2023, al considerar que no correspondía su solicitud por tratarse de una diligencia investigativa en los términos del art. 306 del mismo Código, apreciación que resulta errónea; por cuanto, su petición estaba estrictamente vinculada a desvirtuar los riesgos procesales que sustentan su detención preventiva; además, la SCP 1025/2022-S4 reconoce la facultad del Ministerio Público de emitir requerimientos fiscales incluso en la etapa de juicio oral. Ante ello, la Fiscal de Materia demandada no presentó informe escrito ni asistió a la audiencia de acción de libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2023 de 23 de marzo, cursante de fs. 21 a 23 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis del fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Supuestos de activación de la acción de libertad ante procesamiento ilegal o indebido
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0983/2025-S2 Sucre, 28 de agosto de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 54465-2023-109-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 04/2023 de 23 de marzo, cursante de fs. 21 a 23 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Nelson Pimentel Ballesteros en representación sin mandato de Moisés Quispe Mamani contra Betty Mamanillo Equice, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 23 de marzo de 2023, cursantes a fs. 1 y 7 a 10, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación, mediante Auto Interlocutorio de 17 de enero de 2022 se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Santo Domingo de Cantumarca del departamento de Potosí. Posteriormente, a través del Requerimiento Conclusivo de 11 de abril de 2022, el Ministerio Público presentó acusación formal en su contra, disponiéndose su trasladado al Centro Penitenciario de Uyuni del mismo departamento. El 9 de marzo de 2023, solicitó a la Fiscal de Materia -hoy demandada- la emisión de requerimiento de designación de un perito en psicología forense, con el propósito de que se practique una pericia psicológica destinada a desvirtuar el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP), petición que fue respaldada en los arts. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE); 136, 204 y 218 del CPP; 17 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP); y, la SC 0833/2003-R -no mencionó fecha-, que reconocen la facultad de la persona procesada de promover actos orientados a la tutela de sus derechos; sin embargo, el 10 de igual mes y año, la mencionada autoridad fiscal emitió decreto rechazando la solicitud, argumentando que, de acuerdo al art. 306 del CPP, las diligencias sólo pueden solicitarse durante la etapa preparatoria y que, al encontrarse la causa en juicio oral, no corresponde la realización de actos investigativos, sino únicamente solicitudes de mero trámite. Además, señaló que en los incidentes de cesación de detención preventiva la carga de la prueba recae en el incidentista y no en el Ministerio Público; por lo que, su persona debía producir por sí mismo sus propios medios de prueba. En consecuencia, la decisión asumida por la Fiscal de Materia demandada constituye una interpretación subjetiva y restrictiva de la normativa pues la solicitud planteada no configuraba una diligencia investigativa en los términos del art. 306 del CPP, sino una actuación estrictamente vinculada al ejercicio del derecho a la defensa y a la posibilidad de desvirtuar los riesgos procesales que sustentan la detención preventiva.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 8.II, 22 y 23.I y III de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga que: a) En el plazo de veinticuatro horas la Fiscal de Materia demandada emita requerimiento fiscal de designación de perito en los términos solicitados en el memorial de 9 de marzo de 2023; y, b) Reparación de daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 23 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 18 a 21, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en el memorial de la acción de libertad y ampliando en audiencia señaló que: 1) La SCP 1025/2022-S4 de 15 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.2, reconoce la facultad del Ministerio Público de emitir requerimientos fiscales en etapa de juicio oral, con el propósito de desvirtuar riesgos procesales; 2) El 4 de enero -sin precisar el año- se llevó a cabo una audiencia de cesación de la detención preventiva, en la cual presentó un informe psicológico emitido por el Centro Penitenciario Cantumarca del departamento de Potosí; sin embargo, la autoridad jurisdiccional observó dicho documento, señalando que carecía de las condiciones necesarias para ser considerado un peritaje. En atención a este criterio, formuló la solicitud de requerimiento de pericia; y, 3) Con fundamento en el art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo), solicitó la imposición de costas procesales que generen la correspondiente responsabilidad a la autoridad demandada.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Betty Mamanillo Equice, Fiscal de Materia, no presentó informe ni se conectó a la audiencia virtual de acción de libertad, pese a su notificación (fs. 12).

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de Potosí, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 04/2023 de 23 de marzo, cursante de fs. 21 a 23 vta., denegó la tutela solicitada, bajo el fundamento de que la justicia constitucional reconoce la facultad del Ministerio Público de requerir documentos con el fin de desvirtuar riesgos procesales; en el caso concreto, la Fiscal de Materia demandada no desconoció dicha facultad, sino que únicamente rechazó la solicitud de una pericia, por considerar que la misma estaba destinada a la realización de un acto investigativo. En ese sentido, el art. 209 del CPP establece que los peritos sólo pueden ser designados por la Fiscal de Materia durante la etapa preparatoria, salvo que se trate de un anticipo jurisdiccional de prueba o de una orden realizada por el juez o tribunal en cualquier etapa del proceso. De ello, se desprende que la prueba pericial tiene un procedimiento y limitaciones específicas, distintas a la simple obtención de documentos. En consecuencia, si bien el accionante tenía el derecho de acceder a documentación, incluso de manera directa mediante el derecho a la petición, la solicitud de una pericia no puede equipararse a un documento común; ya que, la solicitud del accionante se encontraba sujeta a un trámite especial previsto por la ley; por lo tanto, la Fiscal de Materia demandada actuó dentro de sus atribuciones al rechazar la pericia solicitada, al no tratarse de un requerimiento de mero trámite, sino de un acto procesal expresamente regulado por el ordenamiento jurídico.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial de 6 de marzo de 2022, presentado el 9 de marzo de 2023, por Moisés Quispe Mamani -hoy accionante-, ante el Betty Mamanillo Equice, Fiscal de Materia -ahora demandada- solicitando requerimiento de designación de perito, para desvirtuar riesgo procesal (fs. 2 a 5).

II.2. Mediante decreto de 10 de marzo de 2023, Betty Mamanillo Equice, Fiscal de Materia demandada, cual declaró no ha lugar a la solicitud de requerimiento de designación de perito para desvirtuar riesgo procesal (fs. 6).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su presentante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derecho a la libertad y a la “seguridad jurídica”; toda vez que, habiendo solicitado a la Fiscal de Materia demandada, la designación de un perito en psicología forense, a fin de que se practique una pericia psicológica destinada a desvirtuar el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP; dicha solicitud fue rechazada mediante decreto de 10 de marzo de 2023, al considerar que no correspondía su solicitud por tratarse de una diligencia investigativa en los términos del art. 306 del mismo Código, apreciación que resulta errónea; por cuanto, su petición estaba estrictamente vinculada a desvirtuar los riesgos procesales que sustentan su detención preventiva; además, la SCP 1025/2022-S4 reconoce la facultad del Ministerio Público de emitir requerimientos fiscales incluso en la etapa de juicio oral. Ante ello, la Fiscal de Materia demandada no presentó informe escrito ni asistió a la audiencia de acción de libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Supuestos de activación de la acción de libertad ante procesamiento ilegal o indebido

La SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, indicó que: “…las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad".

A través de la SC 0619/2005-R de 7 de junio -que sigue la doctrina sentada por la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre-, el entonces Tribunal Constitucional, apuntó que la garantía de la libertad personal o de locomoción puede ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus -actual acción de libertad- cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido, debiendo presentarse concurrentemente los siguientes supuestos: “a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad" .

Ahora bien, corresponde recordar que cuando una solicitud de cesación a la detención preventiva depende de la producción de elementos que sólo y únicamente pueden ser obtenidos a través de orden de autoridad competente es viable la acción de libertad siempre y cuando se hubiese cumplido con la carga de argumentativa pues de lo contrario se entendería que se busca la obtención de elementos probatorios y por tanto nos encontraríamos frente a una denuncia de procesamiento indebido.

Al respecto, en la SCP 0037/2015-S3 de 15 de enero, referida a un caso en el que el accionante denunció que el representante del Ministerio Público no respondió a las solicitudes presentadas, pese a requerir la documentación para solicitar la cesación de la detención preventiva; sin embargo, se denegó la tutela sin ingresar al análisis de fondo, señalando que, “…el accionante no acreditó cómo estos requerimientos podrían ser utilizados a efectos de desvirtuar los riesgos procesales; es en ese sentido que esta Sala no puede concluir o inferir que los citados requerimientos sean indispensables y necesarios a la hora de solicitar la cesación de la detención preventiva, es decir, no se evidencia que la presunta falta de respuesta a los memoriales extrañados (que se constituiría en una presunta vulneración del derecho al debido proceso) tenga una vinculación con el derecho a la libertad del accionante…” (las negrillas son nuestras); es así que la solicitud debe demostrar su pertinencia para desvirtuar los riesgos procesales, de lo contrario nos encontraríamos ante un procesamiento indebido debiendo plantear la producción de prueba ante la autoridad competente y una vez agotada la instancia ordinaria, activar la acción de amparo constitucional.

III.2. Análisis del caso concreto

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se advierte que el impetrante de tutela, mediante memorial de 6 de marzo de 2022, y amparado en la SCP 0134/2018-S4 de 16 abril, solicitó a la Fiscal de Materia demandada la emisión de un requerimiento fiscal para designar un perito en psicología forense, proponiendo incluso a una perito y señalando como punto de pericia que se realice una valoración y evaluación de los rasgos de su personalidad y se determine si constituye un peligro efectivo para la sociedad, considerando la naturaleza del hecho. Alega que esta solicitud tenía como finalidad desvirtuar un riesgo procesal, el cual no menciona que motivó su detención preventiva, y no como un acto investigativo (Conclusión II.1). Dicha petición fue resuelta mediante decreto de 10 de marzo de 2023, por el cual la Fiscal de Materia demandada determinó no ha lugar a su solicitud, con los siguientes argumentos: i) Entendió que la solicitud formulada implicaba producción de prueba por lo que conforme al art. 306 del CPP, el momento oportuno para solicitar o proponer diligencias de este tipo corresponde a la etapa preparatoria; y siendo que su proceso se encuentra en etapa de juicio oral, público, continuo y contradictorio, no correspondía la designación de perito para fines investigativos; ii) Si bien la parte imputada puede presentar solicitudes en juicio oral, estas deben limitarse a actuaciones de mero trámite y no a requerimientos que impliquen la realización de pericias; y, iii) En incidentes como el de cesación de la detención preventiva, la carga de la prueba recae en el incidentista y no en el Ministerio Público; por lo que, el acusado puede obtener sus propios medios de prueba o elementos de convicción para sustentar su pretensión, por lo que no habría demostrado la necesidad de un requerimiento fiscal como solicita (Conclusión II.2). De los antecedentes expuestos y en atención a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se establece que el accionante solicitó la realización de un peritaje cuando ya se había presentado la acusación, argumentando que lo requería para sustentar una solicitud de cesación a la detención preventiva; sin embargo, no indicó el riesgo procesal que pretendía desvirtuar ni demostró por qué era indispensable contar con la orden de la autoridad demandada para dicho propósito; en consecuencia, no se acreditó que su solicitud estuviera directamente vinculada con el derecho a la libertad de locomoción, máxime si la autoridad demandada hizo notar que el accionante ya había ofrecido una perito a la cual podía acudir directamente, sin necesidad de una orden fiscal; por lo tanto, corresponde denegar la tutela solicitada, al no haberse demostrado relación alguna entre la necesidad de contar con una orden fiscal para el peritaje y la cesación a la detención preventiva que el accionante afirma pretender sustentar con dicho informe. Tampoco se observa el cumplimiento del segundo requisito, dado que el accionante participó activamente en el proceso penal, solicitando diversos requerimientos al Ministerio Público, los cuales fueron respondidos por la Fiscal de Materia demandada. Por lo tanto, no se puede sostener que el peticionante de tutela se haya encontrado en un absoluto estado de indefensión. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2023 de 23 de marzo, cursante de fs. 21 a 23 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis del fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0983_2025-S2.pdf · páginas 1 a 7.

Huella digital del PDF (SHA-256): d6c4d89a093c54fcab976e1c14b3acfeeb41c94fbde518ad20884048e2ab91a2

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