B.IA.LEGAL

SCP 0983/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 27 de agosto de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
27 de agosto de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
57055-2023-115-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

Los demandantes de tutela alegan la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, valoración probatoria, congruencia, derecho a la defensa, a la igualdad, al principio de verdad material y el derecho a la propiedad; toda vez que, en suplencia legal del Fiscal Departamental de La Paz William Eduard Alave Laura -ahora demandado- Aly Rosario Venegas Miranda, emitió la Resolución Fiscal Departamental FDLP/ARVM/R 1504/2022 de 25 de mayo, que resolvió ratificar la Resolución Fiscal de rechazo de denuncia, omitiendo valorar treinta y cinco elementos de manera objetiva, integral, fundada y motivada; aquellos que acreditaban la existencia del hecho, así como la participación de los denunciados en el mismo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; 2) La exigencia de una debida fundamentación y motivación de las resoluciones del Ministerio Público en la valoración de la prueba; y, 3) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 96/2023 de 12 de mayo, cursante de fs. 1038 a 1043, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz; y, en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela solicitada por los demandantes de tutela, en relación a la debida motivación, valoración de las pruebas, congruencia, a la defensa, a la igualdad, a la verdad material y el derecho a la propiedad, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Dejar sin efecto la Resolución Fiscal Departamental FDLP/ARVM/R 1504/2022 de 25 de mayo; 3° Disponer que el Fiscal Departamental de La Paz, dentro de los cinco días de notificado con el presente fallo constitucional, pronuncie una nueva resolución en el marco de los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, salvo que por el transcurso del tiempo esto ya hubiera sucedido; y, 4° DENEGAR la tutela con relación a la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso
  2. III.2. La exigencia de una debida fundamentación y motivación de las resoluciones del Ministerio Público en la valoración de la prueba
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0983/2025-S1 Sucre, 27 de agosto de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 57055-2023-115-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 96/2023 de 12 de mayo, cursante de fs. 1038 a 1043, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Giovanna Homayra Condarco Román, José Federico Villarroel Arenas, Francisco Javier Peñaranda Fuentealba, Patricia Gisela Vásquez Corro de Peñaranda, Julio Walter Canedo Peñaranda, Dalul Ninoska López Molina, Guelly Villegas de Ramírez, Max Rimy Ramírez Aliaga, Rodrigo Alejandro Robles Márquez, Jeimy Zolange Pradel Mérida, Elisa Daniela Cazas Asllani, Rodney Israel Mendoza Peláez, Max Teddy Carlos Gonzales Aguilar, Fabiola Landriel Pedraza, Zandra Elizabeth Rodríguez Campoy, Pamela Flavia Ramírez Aguirre, Jos Luis Panozo Torrico, Graciela Pabón Callisaya, Janhnyra Judith Justiniano Lara, Arnold Cabrera Torrez, Narda Lucila Ergueta Espinoza, María Consuelo Baptista Ebert, Martin Alarcón Miranda, Mónica Raquel Velásquez Donaldson, Adriana Daza Von Boeck, Rocío Ximena Pareja Sanjinéz y Mauren Eliane Lobo Delgado contra William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 22 de diciembre de 2022, cursantes de fs. 808 a 838, los impetrantes de tutela, expresaron los siguientes argumentos de hecho y de derecho.

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señalan que partir de una querella presentada por José Federico Villarroel Arenas -ahora accionante- y otros propietarios afectados de la "Urbanización Los Nuevos Pinos", contra los responsables de la Constructora "ZORBA" Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) por el delito de peligro de estrago previsto y sancionado en el art. 208 del Código Penal (CP); los demandantes de tutela manifestaron que la esencia de su reclamo es un profundo miedo e inseguridad, debido que sus hogares, adquiridos con esfuerzo, presentan graves e innegables fallas estructurales, evidenciadas en rajaduras y asentamientos. Precisaron que, su búsqueda inicial de justicia se vio truncada por una decisión administrativa que ignoró el peligro; además, indicaron que la primera Resolución Fiscal de Rechazo SMLG - ANT. 19/2021 de 6 de diciembre, que fue ratificada por la Resolución FDLP/ARVM/R 1504/2022 de 25 de mayo, lo que significó para las familias, una denegación arbitraria de la verdad y el amparo legal frente a un riesgo inminente. Conforme a lo antes señalado, precisaron que el núcleo de la controversia legal es la flagrante omisión del Fiscal Departamental en la valoración de pruebas que no eran simples quejas, sino dictámenes técnicos irrefutables, tal el caso de los documentos de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) y la Secretaría Municipal de Resiliencia y Gestión (SMIGIR) del GAM de La Paz, mismos que detallaron que las construcciones carecían de los obligatorios estudios de suelo y cálculo estructural, confirmando su inexistencia en archivos del GAM de La Paz, que los cimientos eran insuficientes porque requerían Loza Radier en un suelo inestable y que el riesgo era tan alto que se llegó a recomendar la demolición del Estacionamiento signado con el número "3". Al no realizar una auditoría completa ni una inspección adecuada, y al basarse en un informe pericial cuestionable, señalan que la Fiscal de Materia incumplió el debido proceso en su deber de motivación y fundamentación, condenando indirectamente a los vecinos a vivir en el peligro. Así, la indicada Resolución Fiscal no solo falló por omisión, sino por contradicción interna e incongruencia, dado que los argumentos de la referida autoridad fiscal resultaron contradictorios sobre la realidad de los daños, calificando las grietas como supuestas y luego como reales, demostrando una falta de rigor que afectó la coherencia de la decisión. La citada Resolución Fiscal, en esencia, no logró explicar jurídicamente por qué el cúmulo de defectos de construcción y el riesgo comprobado no configuraban el delito de peligro de estrago. Por los motivos expuestos, el reclamo de los afectados -ahora solicitantes de tutela- está, por lo tanto, dirigido a exigir justicia material y un llamado para que el Ministerio Público asuma su rol de defensor de la sociedad, obligando a reabrir la investigación para determinar responsabilidades sobre el riesgo que pesa diariamente sobre sus vidas y su patrimonio.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Los solicitantes de tutela, denunciaron la lesión a sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, valoración probatoria, congruencia, derecho a la propiedad, a la defensa, a la igualdad y a la verdad material, citando los arts. 56.1, 108.I, 115.II, 178.1 y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitan se les conceda la tutela; y en consecuencia, se deje sin efecto la Resolución Fiscal Departamental DDLP/ARVM/R 1504/2022 de 25 mayo; y, se ordene la emisión de una nueva Resolución.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

La audiencia pública de la presente acción de amparo constitucional se desarrolló el 12 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 1029 a 1037 vta., donde se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los peticionantes de tutela a través de su abogado, se ratificaron de forma inextensa en su memorial presentado y ampliando los mismos en audiencia señalaron que: a) No existe fundamentación y motivación en la resolución impugnada, en treinta y cinco elementos que debieron haber sido consignados, considerados, respondidos y contestados, ya sea de forma positiva o negativa por el Fiscal Departamental de La Paz -ahora demandado-, así también existe falta de congruencia ya que no se está advirtiendo la "SC 99/2012 de 23 de abril", que la autoridad demandada estaba obligada a contestar y pronunciarse sobre todos y cada uno de los puntos señalados en la objeción presentada contra la resolución de rechazo emitida por el Fiscal de Materia, lo que hace es soslayar y no pronunciarse sobre estos aspectos pese a que tenía esa obligación y hace una relación totalmente subjetiva sobre ciertos elementos que cursan en las nueve carpetas; b) "Dentro de la resolución del apartado cuarto titulado como fundamentos jurídicos de la resolución jerárquica, en su título II hace una propuesta totalmente incoherente, que luego de unas consideraciones, luego de evidenciar que existen deformaciones, existe un grado de fisura, existen informes periciales sobre estudios de suelos, nos llega a la conclusión de decir que no existe peligro de estrago, porque es lo mismo edificar 9 pisos en lugar de 7 y que los cálculos estructurales referentes a una cantidad determinada y a otra, prácticamente no incidirán para denunciar un peligro de estrago, situación totalmente incongruente..." (sic); c) En el presente caso se han identificado nueve plantas, y la autoridad demandada pretende hacer creer con su resolución que no hay peligro de estrago, porque no existe diferencia sobre construir siete o nueve plantas lo cual es totalmente engañosa; d) Por otra parte, en su "...fundamento establece condicionalmente la existencia de fisuras, dice aparentemente, eventualmente, supuestamente, en líneas posteriores está indicando que evidentemente hay estas fisuras, entonces se trata de una contradicción lógica porque no se puede alegar en una resolución, más si es una autoridad pública, decir primera condicionalmente de partir sobre un supuesto y luego sobre ese mismo supuesto establecer un reconocimiento de realidad o es un supuesto no comprobado o es una realidad comprobada..." (sic); e) Sobre la falta de revisión de la valoración probatoria y constitucional, se ha señalado que al menos veintisiete elementos que "...no ha sido merecedor la parte accionante al momento de objeción de ningún tipo de valoración probatoria, lo que significa que la autoridad demandada tenía la obligación de dar a cada elemento probatorio, un valor probatorio a os informes, certificaciones, inspecciones oculares, periciales, testimoniales, las declaraciones, pues era su obligación identificar y señalar un valor probatorio, si se trataba de prueba plena o indiciaria, si eran los elementos constitutivos del tipo penal, lo que debería haber realizado una aplicación de la valoración integral de la prueba, lo que quiere decir ponderar todos y cada uno de los elementos sin excluir ninguno..." (sic); sin embargo, de la lectura de la Resolución impugnada, en ninguna parte realiza una subsunción y menos realiza una valoración probatoria de todos los elementos, simplemente se limita de manera arbitraria a decir que no se han evidenciado que existan elementos para la prosecución de un peligro de estrago pero no nos dice cuales los motivos por los cuales considera llevar a la conclusión que no existe elementos, siendo incongruente dicha Resolución; y, f) La relación de los agravios expuestos, se encuentran relacionados en el título sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones, el principio de congruencia en su elemento del debido proceso, ya que son "...35 elementos que van en la numeración de las páginas, en la demanda de acción de amparo, existe una numeración que cursa desde páginas 13 hasta 35, y la falta de revisión y valoración probatoria de alrededor de 27 elementos que no han sido valorados..." (sic) ni considerados por la autoridad demandada, contenidos en las páginas treinta y siete a la cuarenta y nueve de la demanda de acción de defensa; así también, se tiene por otro lado; treinta y cinco elementos de falta de fundamentación motivación y valoración probatoria.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz, presentó informe escrito el 9 de febrero de 2023, cursante de fs. 881 a 883 vta., mediante el cual señaló lo siguiente: 1) Antes de ingresar al fondo de la presente acción de defensa, en atención a la relación fáctica de los antecedentes consignados por la parte demandante de tutela "...corresponde mencionar que si bien la presente Acción en base al Romano II sobre la Legitimación Pasiva, va dirigida al suscrito, en el entendido de que se constituye en la autoridad llamada por ley como Autoridad de reparar el supuesto agravio generado que es motivo de la presente Acción de Defensa..." (sic) sobre la Resolución Jerárquica FDLP/ARVM/R 1504/2022 de 25 de mayo, no obstante, para acreditar la abstracción del superior jerárquico titular, los impetrantes de tutela no argumentan como la autoridad demandada intervino en la resolución cuestionada, por consiguiente se debe tener presente que a la fecha de la emisión de la referida Resolución, no se encontraba presente, razón por la cual resulta incongruente que la presenta acción tutelar sea dirigida contra su persona; 2) En cuanto a la vulneración del acceso a la justicia, tutela judicial efectiva y propiedad privada, señaló que el análisis de la Resolución impugnada, fue desarrollado, fundamentado y motivado de forma adjetiva y valorando toda la prueba adjunta y colectada en los "numerales 1 al 6 del apartado II.3." (sic), donde se estableció el porqué, no se tiene elementos de convicción ciertos e idóneos que acrediten la participación de los sindicados -ahora terceros interesados- conforme al grado de autoría, además, de identificar y haber valorado los informes y las pericias realizadas y colectadas de donde resulta pertinente resaltar que se logró advertir que la pericia final estableció "...Ante los resultados obtenidos por los ensayos y la información empleada en los Bloques 24, 30, 40 y Edificio de Parqueo N° 3 N° existe actual peligro de estrago, siendo que a la fecha mantiene estabilidad estructural. Los Bloques 24, 30, 40 presentan asentamientos diferentes en los elementos del perímetro (elementos no estructurales)...‴(sic), lo cual tampoco puede ser soslayado, si se tiene la invocación de la supuesta vulneración de la tutela judicial efectiva, siendo que la parte solicitante de tutela no advierte en qué sentido la Resolución Jerárquica lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva; 3) En cuanto a la vulneración del derecho al debido proceso en sus componentes de derecho a la emisión de una Resolución adecuadamente fundamentada, la misma resuelve la pretensión o causa penal, resultando en consecuencia, que los extremos de orden fáctico expuestos para la identificación de una lesión al derecho al debido proceso y por consiguiente concesión de tutela constitucional, carecen de relevancia procesal constitucional al no cumplir con los requisitos mínimos requeridos por la jurisprudencia descrito en la SC 1233/2013-L de 10 de octubre, en ese contexto los peticionantes de tutela omitieron dar cumplimiento a la segunda regla de los requisitos de contenido de las acciones de amparo constitucional, al no haber explicado de manera adecuada y acertada el nexo de causalidad entre los hechos y derechos constitucionales identificados como vulnerados; y, 4) Finalmente solicita tenga presente al momento de la emisión de la resolución, que deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Rodrigo Alejandro Pérez del Castillo Brown, representante legal de la Empresa Constructora, ZORBA S.R.L. en audiencia señaló que: i) Se debe tener presente que en esta acción constitucional dos elementos muy importantes, en primera instancia esta denuncia data del año 2007 y 2008, la cual ha merecido una investigación, donde se ha alegado las mismas vulneraciones, es decir referente a los antecedentes que se habrían presentado treinta y cinco elementos probatorios que hacen a la fundamentación de su denuncia, "...es más la denuncia inicial contenía avasallamiento de tierras de aras verdes, toda la serie de bloques de la Zona que ahora se denomina Los Pinos en fase 3, habrían sido realizados sin autorización para construir, que eran clandestinos, que no tenían ningún tipo de documentación, edificios de 9 plantas que habían sido edificadas con autorización de 7 plantas, todos los elementos que se han hecho referencia en esta acción de amparo constitucional referente a los hechos lo han presentado en la primera denuncia el año 2007..." (sic), elementos que son falsos en razón a que, en la investigación se han acreditado suficientes elementos que han desvirtuado y han merecido una Resolución de primera instancia de rechazo; ii) Por otra parte, el informe que habría emitido el perito de no haber sido visado, ...este no es un peritaje para presentarlo a la Alcaldía..." (sic), ha sido un peritaje pedido por el Fiscal de Materia a efectos de determinar y dar cumplimiento a la Resolución Jerárquica de revocatoria y de rechazo, en consecuencia el cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución de revocatoria, se ha plasmado en la Resolución de rechazo, en razón de la pericia era el elemento que iba a determinar específicamente si existía o no un peligro de estrago, es decir el peligro inminente a todos los habitantes de esos bloques, al no haberse determinado ese elemento correspondía emitir la referida Resolución de rechazo; y, iii) En cuanto al fondo de la Resolución, la presente acción de defensa, constituye una mera copia de la objeción presentada ante el Fiscal Superior, por esta acción se pretende anular la Resolución 1504/2022 que resuelve la objeción a la Resolución de rechazo, presentada por la "Fiscal Aly Rosario Venegas Miranda" en suplencia del Fiscal Departamental, que de acuerdo a la "SC 871/2010", cumple todos los requisitos, que es de describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, en su análisis hace una relación de todos los elementos de prueba que se han presentado incluyéndose las escrituras públicas de compra venta que habrían realizado el año 2013, a cada uno de estos elementos de prueba se les asigna un valor probatorio y determina su nexo de causalidad entre la pretensión, es decir que se ha valorado las fotografías que advierten las supuestas grietas, ha valorado y establece que las mismas resultan insuficientes, se ha hecho la compulsa de los elementos colectados, el acta de informe del registro del lugar del hechos, en la cual se evidencia que existen grieta por las mencionadas, existe valoración de las pericias que se habrían realizado de las dos partes "...como la determinada por el Ing. Barrientos, hace una relación detallada de los informes que habría presentado el Ing. Zuleta..." (sic), es decir valora todos los elementos de prueba de la parte accionante, respecto a todos los informes que habrían realizado, hace una relación de los informes de prueba hidráulica, de alcantarillado, sanitario, fluvial, informes de prueba de alcantarillado, en realidad hace una valoración absoluta de todos estos elementos de prueba y determina que no existen grietas pero no se observa que ninguna de ellas puedan esta relacionadas a problemas en vías y columnas que puedan indicar daño estructural en el condominio. Víctor Ronald Quinteros Limpias, en audiencia señaló que se adhiere a manifestado por el tercer interesado que lo ha precedido. Roberto Pablo Cuevas Choque a través de su abogado, en audiencia señalo que: Se adhiere a los fundamentos del tercer interesado Rodrigo Alejandro Pérez del Castillo Brown, asimismo amplia que la resolución impugnada cumple con todos los requisitos de fundamentación y motivación requeridos por el ordenamiento constitucional, consiguientemente no se lesiona ninguna norma constitucional al debido proceso, acceso a la justicia menos al derecho a la propiedad de los recurrentes.

Spyros Zorpalas, Isabel Urquidi Cerderia y Janeth Velarde de Medina, no asistieron a la audiencia de la presente acción tutelar, pese a sus legales citaciones cursantes fs. 877, 901 y 908.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz, mediante Resolución 96/2023 de 12 de mayo, cursante de fs. 1038 a 1043, concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto la Resolución FDLP/ARVM/R 1504/2022 de 25 de mayo, correspondiendo a la autoridad demandada, emitir un nuevo fallo en el plazo establecido por ley; con base a los siguientes fundamentos: a) Que a efectos de los antecedentes de la presente tutela, considera toma en cuenta el memorial presentado por Giovanna Homayra Condarco Román como representante legal de las víctimas, quien habría presentado la objeción a la Resolución de Rechazo, realizando un análisis de los antecedentes, haciendo referencia que la autoridad del Ministerio Público incluye en la Resolución 386/2021 de 5 de julio de referencia una serie de recomendaciones a realizar: "...1. Una auditoria sobre todos los documentos presentados por la Empresa Constructora ZORBA SRL, para le ejecución de la construcción de los bloques 24, 30, 40 y parqueo; 2. Al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a objeto de que se remita toda la documentación presentada por la Empresa Constructora ZORBA SRL; 3. Se realice la inspección técnica ocular; 4. Realizar la pericia sobre la estructura de los bloques 24, 30, 40 y parqueo No. 3; 5. Que la empresa Constructora ZORBA SRL, sobre las funciones, cargo y el tiempo que desempeñaron Rodrigo Alejandro Pérez del Castillo, Spyros Zorpalas, Isabel Urquidi Cerdeira, Janeth Velarde de Medina, Roberto Pablo Cuevas Choque y Victor Quinteros Limpias dentro de la citada empresa, es decir que a través de la resolución de referencia que habría dado lugar para que se revoque la resolución de la autoridad del Ministerio Público, cumpla con las recomendaciones que realiza" (sic); b) Del mismo modo, se tiene en cuanto a la objeción planteada, refiere a aspectos que señala en cuanto al Informe Pericial que requerían para obtener una evidencia clara y puntual, por cuanto la Resolución FDLP/ARVM/R 1504/2022 de 25 de mayo, el cual resuelve la objeción a Resolución de rechazo, la cual ha sido formulada por Aly Rosario Venegas Miranda, Fiscal Departamental en suplencia legal del Fiscal titular, esta Resolución hace referencia en sentido que ante la objeción de la Resolución de rechazo, como se tiene señalado se habría realizado recomendaciones como ser una auditoría, inspección técnica ocular, entre otras, que no han sido producidas refiriendo al efecto, que: el Director Funcional de la investigación no realizó la valoración de las pruebas aportadas y colectadas como la Ordenanza Municipal 569/2009, que modifica la Ordenanza Municipal 015/2000 HAN-HCM 156/99, el Orden de Despacho 793/2017; El Fiscal de Materia olvidó que para emitir la Resolución de Imputación Formal solo se requiere la existencia de suficientes indicios sobre la existencia del hecho y la participación de los imputados, lo cual se habría demostrado; empero, el Director Funcional de la investigación no ha revisado ni cotejado las pruebas, no se consideró que la Sociedad de Ingenieros de Bolivia del departamento de La Paz, remitió una terna de peritos a objeto de realizar los peritajes en los bloques construidos, empero con la advertencia todo informe pericial, previo a su presentación debe ser visado por la SIB de La Paz para su validación; se ha considerado para fundamento el "Informe Técnico 1032", se instruyó establecer la responsabilidad individual, lo que causa extrañeza debido a la falta de objetividad y el total desconocimiento de los elementos obtenidos y que están adjuntos en el cuaderno de investigación; la Resolución de rechazo no lleva una fundamentación cabal y completa en sí misma, pues existe una errónea interpretación y ampliación de la norma, a más de incluir actos investigativos. c) El memorial de impugnación que se toma como base para establecer si la Resolución Jerárquica del Ministerio Público ahora impugnada cumplió o no con los agravios que alega la parte peticionante de tutela y que las mismas carecerían de fundamentación y motivación, las pruebas que se adjuntan que es objeto del presente análisis a través de esta tutela de amparo constitucional; sin embargo, del mismo, se advierte la existencia de grietas en las construcciones y que esto tiene que ser analizado, estudiado de manera imparcial con la participación de profesionales que garanticen "...que evidentemente como señala los terceros interesados de la empresa, en sentido que se habría cumplido y que no existiría ningún peligro de riesgo, es necesario recalcar que al presente dentro de las investigaciones del caso nos encontramos en la etapa, sin resolución de imputación, instancia donde se podrá acumular pruebas a efectos de emitir una primera resolución para posteriormente de existir imputación ingresar a la etapa preparatoria que constituye la verdadera etapa de investigación, que en definitiva establecerá sobre una posible acusación o sobreseimiento con la participación activa de las partes, es más, se tiene que las autoridades de la Empresa ZORBA SRL., encargada de la construcción, no habrían prestado declaraciones solo una de ellas, haciendo uso de la palabra en esta audiencia como tercero interesado, existiendo otras personas como se tiene señalado en la demanda quienes tienen que prestar sus declaraciones, en el caso se indica que estarían en el exterior, sin embargo, existen las vías correspondientes para que se pueda efectivizar dicho cometido" (sic); y, d) Que por estas consideraciones, en cuanto se refiere a los derechos vulnerados, ampliamente expuestos en los fallos emitidos; sin embargo, la Resolución impugnada carecería de una fundamentación como corresponde, de esta manera al concluir la etapa preliminar a efectos de un pronunciamiento acorde a las exigencias que el caso amerita, debiendo la misma ser debidamente fundamentada, “... tomando en cuenta que la propiedad adquirida según señalan aún cumplen con sus obligaciones de pagos por su adquisición, perjudicados que se hallan por los defectos que se habrían advertido por las grietas existentes, debiendo ser respondidas de manera profesional...” (sic), por lo que en definitiva considera que es pertinente conceder la tutela solicitada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa Resolución Fiscal SMLG-ANT. 19/2021 de rechazo de 6 de diciembre, emitida por Sebastián Marcelo López Guzmán, Fiscal de Materia; la cual fue presentado ante el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz. (fs. 745 a 753 vta.) II.2. Mediante el memorial presentado el 25 de enero de 2022, Giovanna Homayra Condarco Román en representación legal de todas víctimas -ahora impetrantes de tutela- objetó la Resolución de rechazo de denuncia. (fs. 754 a 774 vta.) II.3. Cursa Resolución Fiscal Departamental FDLP/ARVM/R 1504/2022 de 25 de mayo, emitida por Aly Rosario Venegas Miranda, en suplencia legal del Fiscal Departamental de La Paz, que ratificó la Resolución Fiscal de rechazo 6 de diciembre de 2021, a favor de “...Rodrigo Alejandro Pérez del Castillo Brown, Spyroz Zormpalas, Isabel Urquidi Cerdeira, Janeth Velarde de Medina, Roberto Pablo Cuevas Choque y Víctor Ronald Quinteros Limpias...” (sic) -ahora terceros interesados-(fs. 775 a 780 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los demandantes de tutela alegan la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, valoración probatoria, congruencia, derecho a la defensa, a la igualdad, al principio de verdad material y el derecho a la propiedad; toda vez que, en suplencia legal del Fiscal Departamental de La Paz William Eduard Alave Laura -ahora demandado- Aly Rosario Venegas Miranda, emitió la Resolución Fiscal Departamental FDLP/ARVM/R 1504/2022 de 25 de mayo, que resolvió ratificar la Resolución Fiscal de rechazo de denuncia, omitiendo valorar treinta y cinco elementos de manera objetiva, integral, fundada y motivada; aquellos que acreditaban la existencia del hecho, así como la participación de los denunciados en el mismo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; 2) La exigencia de una debida fundamentación y motivación de las resoluciones del Ministerio Público en la valoración de la prueba; y, 3) Análisis del caso concreto.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018- S2 de 28 de febrero, reiterada por las SSCCPP 0349/20198-S2 y 0353/2018-S2 ambas de 18 de julio –entre otras, desarrolló el siguiente razonamiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre¹; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio², se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser:

a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio³, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.

...consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. ²El FJ III.3, refiere: “...la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”. ³El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados. En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre⁵, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-⁶. ⁴El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. ⁵El FJ III.1, manifiesta: "En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (...) (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (...) b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación’, o extiendo esta es b.2) Una motivación arbitraria'; o en su caso, b.3) Una ‘motivación insuficiente׳. (...)

c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”.

⁶El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio⁷, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio⁸, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre⁹, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo¹⁰, señaló que el pronunciamiento debe guardar ⁷El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. ⁸EI FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. ⁹El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.1 de la CPE”. ¹⁰EI FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”. correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:

Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional.

III.2. La exigencia de una debida fundamentación y motivación de las resoluciones del Ministerio Público en la valoración de la prueba

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0030/2018-S2 de 6 de marzo -entre otras-, desarrolló el siguiente entendimiento: En el modelo acusatorio, el Ministerio Público monopoliza el ejercicio de la acción penal en los delitos de acción pública, conduciendo la investigación desde su inicio para obtener los elementos de convicción que acrediten los hechos punibles y las responsabilidades de sus autores o partícipes. Una vez que llega la noticia criminal, la denuncia o la querella de un ilícito, el fiscal tendrá que decidir el inicio de la investigación si el hecho reviste carácter delictuoso, disponiendo, por lo general, que la Policía Boliviana realice diligencias preliminares o pesquisas urgentes e inaplazables, siempre bajo su control. Las investigaciones preliminares efectuadas por la referida Policía Boliviana deben concluir en el plazo máximo de veinte días de iniciada la prevención, conforme lo dispone el art. 300 del CPP, modificado por la Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal -Ley 007 de 18 de mayo de 2010-, salvo la necesidad fundamentada de una ampliación. Ahora bien, tratándose del ejercicio de la acción penal, el fiscal tiene varias alternativas a la conclusión de la etapa preliminar, así, puede imputar formalmente el delito atribuido, si se encuentran reunidos los requisitos legales; ordenar la complementación de las diligencias policiales fijando plazo al efecto; disponer el rechazo de la denuncia, querella o las actuaciones policiales, en consecuencia su archivo; y, solicitar al Juez de Instrucción Penal la suspensión condicional del proceso, la aplicación de un criterio de oportunidad, la sustanciación de un procedimiento abreviado o la conciliación Al realizar el análisis de las actuaciones policiales, el fiscal debe tener en cuenta que al Ministerio Público le interesa el esclarecimiento material de los hechos, lo que no implica una persecución a cualquier costo. Sobre esta base, juega un papel fundamental el principio de objetividad de la labor fiscal contenido en los arts. 225.II de la CPE; 5.3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-; y, 72 del CPP que hace responsable al fiscal de indagar los hechos que determinen o acrediten tanto la responsabilidad o no del imputado; le exige que investigue las circunstancias que permitan comprobar la atribución de un hecho criminal y también las que sirvan para eximir o atenuar la responsabilidad del imputado; lo mismo puede decirse de la alternativa que tiene el fiscal, una vez concluida la investigación preparatoria, de requerir el sobreseimiento del caso o acusar, dependiendo de la mayor o menor envergadura de los elementos de convicción que haya reunido en el curso de la investigación. En ese sentido, si bien el ejercicio de la acción penal es una competencia otorgada por el constituyente al Ministerio Público conforme lo dispuesto en el art. 225 CPE, constituyéndose en un Órgano sometido a la Norma Suprema; esa facultad de decidir si ejerce o no la acción penal, no puede ser asumida de modo arbitrario. Por lo tanto, cualquier determinación del Ministerio Público, que en los hechos resuelva la situación jurídica del ciudadano al que se le atribuye la comisión de un supuesto delictivo, tales como: 1) Rechazo de una querella; 2) Imputación; 3) Sobreseimiento, entre otros, deben estar debidamente motivadas, es decir, tiene que explicar en su resolución, las razones que le sirven de base para emitir su determinación, de tal manera que los involucrados en una investigación sepan qué elementos consideró para asumir tal decisión, dicho de otro modo, la resolución debe hacer conocer las razones de hecho y derecho para sustentar su determinación. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional en la SC 1523/2004-R de 28 de septiembre¹¹, entre otras, se pronunció sobre la exigencia de la debida fundamentación y motivación en las resoluciones emitidas por los fiscales de materia en sus requerimientos conclusivos, como en los dictados por los fiscales departamentales en la ratificación o revocatoria respecto a las determinaciones de los inferiores. Consecuentemente, cuando el Ministerio Público tome una determinación que resuelva la situación jurídica del ciudadano al que se le atribuye la comisión de un delito, pudiendo: i) Rechazar la querella; ii) Imputar formalmente; y, iii) Sobreseer; éstos, son supuestos en los cuales debe tener en cuenta todos los elementos probatorios presentados por las partes; es decir, de cada medio probatorio, sea testifical, documental, pericial, etc., valorando la información que extrae de cada una de ellas de manera individual y en conjunto de forma integral, cuya apreciación debe estar acorde con las reglas de la sana crítica; vale decir, no debe contradecir las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o los conocimientos científicos que necesariamente tienen que estar plasmados en la resolución a través de una debida motivación, conforme lo exige el art. 40.11 de la LOMP, en el marco del principio de objetividad contenido en el art. 225.II de la CPE y de lo dispuesto en los arts. 5.3 de la LOMP y 72 del CPP. Este estándar debe ser necesariamente observado en cualquiera de las formas de decisión de fondo que asuma el Ministerio Público, pues la motivación que se realice debe satisfacer tanto al querellante como al querellado, y por lo mismo, tiene que ser exigido por el fiscal departamental cuando revisa una objeción a las resoluciones de los fiscales de materia.

III.3. Análisis del caso concreto

El Los demandantes de tutela alegan la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, valoración ¹¹El FJ III.2, establece: “Con referencia a que los requerimientos no fueron debidamente fundamentados para determinar el sobreseimiento, cabe señalar que toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de fondo, no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver. Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión; y de incurrirse en esta omisión al disponer sobreseimiento a favor de la parte imputada, la víctima podrá impugnar el requerimiento ante el superior jerárquico, y si éste igualmente incurre en la misma omisión, quedará abierta la jurisdicción constitucional para que acuda a la misma en busca de protección a sus derechos a la seguridad jurídica y de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, cuyo alcance no abarca, como se dijo, a que la parte acusadora pretenda que este Tribunal obligue a un Fiscal a presentar obligatoriamente la acusación si no únicamente a que dicha autoridad emita su requerimiento conclusivo debidamente fundamentado como lo exigen las normas previstas por los arts. 45.7 de la LOMP, 73 y 323.3 del CPP”. probatoria, congruencia, derecho a la defensa, a la igualdad, al principio de verdad material y el derecho a la propiedad; toda vez que, en suplencia legal del Fiscal Departamental de La Paz William Eduard Alave Laura -ahora demandado- Aly Rosario Venegas Miranda, emitió la Resolución Fiscal Departamental FDLP/ARVM/R 1504/2022 de 25 de mayo, que resolvió ratificar la Resolución Fiscal de rechazo de denuncia, omitiendo valorar treinta y cinco elementos de manera objetiva, integral, fundada y motivada; aquellos que acreditaban la existencia del hecho, así como la participación de los denunciados en el mismo. En ese contexto, de la compulsa de los antecedentes contenidos en el expediente tutelar, se evidencia que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de José Federico Villarroel Arenas y otros contra Rodrigo Alejandro Pérez del Castillo Brown, Janeth Velarde de Medina, Roberto Pablo Cuevas Choque, Víctor Ronald Quinteros Limpias e Isabel Urquidi Cerderia -ahora terceros interesados- por la presunta comisión del delito de peligro de estrago, una vez presentada la querella se emitió cien actos de investigación, aquellos que fueron nombrados por el Fiscal de Materia, en su Resolución de rechazo SMLG-ANT. 19/2021, emitido el 6 de diciembre, la cual fue objetada mediante memorial presentado el 25 de enero de 2022, por los ahora impetrantes de tutela, que mereció la Resolución Fiscal Departamental FDLP/ARVM/R 1504/2022 de 25 de mayo, emitida por Aly Rosario Venegas Miranda en suplencia legal, en ese entonces Fiscal Departamental de La Paz, quien resolvió ratificar la Resolución Fiscal de Rechazo de denuncia de 6 de diciembre de 2021, a favor de Rodrigo Alejandro Pérez del Castillo Brown, Janeth Velarde de Medina, Roberto Pablo Cuevas Choque, Víctor Ronald Quinteros Limpias e Isabel Urquidi Cerderia -ahora terceros interesados- (Conclusiones II.1, II.2 y II.3).

Ahora bien, del memorial de objeción se tiene que se llevó como agravios los siguientes: a) No se consideró la Resolución FDLP/WEAL-R 386/2021 de 5 de julio, que recomienda realizar los siguientes actuados: auditoria, inspección técnica ocular, que el GAM de La Paz, remita toda la documentación representada por le Empresa Constructora "ZORBA S.R.L", inspección ocular, pericia sobre la estructura de los "bloques 24, 30, 40 y parqueo 3" (sic) y saber las funciones, cargo y el tiempo que desempeñaron los denunciados en la empresa referida; b) El Director Funcional de la investigación no realizó la valoración de las pruebas aportadas y colectadas como la Ordenanza Municipal "GMLP 569/2009" donde se modifica la Ordenanza Municipal 015/2000 HAN-HCM 156/99, y la Orden de Despacho 783/2017, el oficio de la SIB del departamento de La Paz, el Informe de Geología-Geotécnico, el Informe de las Estructuras del Estacionamiento, el Informe General de Evaluación Hidráulica del Sistema de Alcantarillado Pluvial; 3) No se consideró que la SIB La Paz, remitió una terna de peritos a objeto de realizar los peritajes en lo bloques construidos, con la advertencia que todo informe pericial previo a su presentación debe ser visado por la SIB La Paz para su validación; 4) Se ha considerado para fundamento el Informe Técnico 1032/2021 emitido por el GAM de La Paz, pero la Unidad de Fiscalización Territorial del referido municipio, no tiene que determinar si existe o no daño estructural dentro de las construcciones, ya que la dirección a la que depende genera, implementa, normas, políticas y lineamiento de fiscalización territorial de carácter preventivo, así como realizar monitoreo, seguimiento y control al cumplimiento de la normativa legal en los Procesos Administrativos de Fiscalización Territorial; 5) Que los indicios cursantes en el cuaderno de investigación no son suficientes para establecer la responsabilidad individual, lo que causa extrañeza debido a la falta de objetividad y el total desconocimiento de los elementos obtenidos adjuntos al cuaderno de investigación; y, 6) La Resolución de rechazo no lleva una fundamentación cabal y completa, pues existe una errónea interpretación y aplicación de la norma además de incluir actos investigativos falsos e inexistentes, dando lugar a una advertida falta de fundamentación que afecta al debido proceso y a la seguridad jurídica, lo que en cualquier instancia produce la nulidad del acto. En ese contexto, a efectos de verificar si la Resolución Fiscal Departamental FDLP/ARVM/R 1504/2022 de 25 de mayo, cumple con la descripción de los elementos indiciarios, se ingresa a analizar el mismo, donde se evidenció que después de los antecedentes y consideraciones previas, procedió a efectuar una fundamentación probatoria descriptiva, identificando las actuaciones de la investigación, que en su punto II.3, refiere:

por los personeros de la Empresa Constructora ZORBA S.R.L., donde dicho sea de paso a la fecha habitan junto a sus familias, habiendo se para ello firmado las Minutas De Compra Venta (...) acreditar por medio de placas fotográficas las supuestas grietas, rajaduras y aberturas de la infraestructura que aparentemente se presentó en las edificaciones de las unidades habitacionales, no obstante las mismas resultan insuficientes para establecer la concurrencia de un hecho que denote un peligro de estrago, toda vez, que si bien presenta rajaduras, grietas, fisuras y hasta falta de conclusión de obra, ello no implica que, los sindicados hayan causado una destrucción de las instalaciones o como y/o la forma que hubieran ocasionado un peligro de estrago, o como provocaron un gran daño en la infraestructura de las unidades habitacionales, extremos que no son advertidos. (....) el Acta No 27/2018 de 18 de octubre, emitido por el Notario de Fe Publica Wilson Alvaro Aguilar, quien a solicitud de Giovanna Homayra Condarco Roman se hizo presente al condominio Los Nuevos Pinos Fase 3, a los bloques 30, 40 y 24 inspección de la que luego de la toma de placas fotográficas se adjuntó las mismas (Véase Fs. 1484-1572) de las cuales, si bien se advierten diferentes daños como rajaduras en las Unidades Habitacionales, empero, no establecen cual fuera el peligro de estrago inminente de destrucción para generar un daño común en sus habitantes o lo querellantes, máxime, cuando se denota que aún permanecen habitando dichas unidades habitacionales: (...) Acta e Informe Técnico de Registro del lugar del Hecho de fecha 15 de octubre de 2018, (Veasé Fs. 1574-1848) registro del cual, si bien de las placas fotográficas se visualiza rajaduras en las paredes, pisos, tumbados, grietas, desprendimiento de azulejos, humedad en las paredes, de los bloques 24, 30, 40, no obstante, ello no determina cual es problema para que las Unidades Habitacionales presenten ese tipo de rajaduras y/o hendiduras, para establecer un probable peligro de estrago que se pueda presentar a consecuencia de dichas rajaduras o grietas se debe recurrir a un peritaje sobre estudio de suelos y sobre la edificación misma. (...) Informe SMGIR-DPR-IMRG No 300/2017 de fecha 19 de abril emitido por la Unidad de Manejo de Riesgos Geodinámicas del GAMLP, por el cual se hace conocer que del análisis al área de inspección “...se evidencio estructuras mayores a 5 plantas, donde se observó que uno de los bloques existen grietas en mampostería, graderías y separación de juntas de hasta 0.3 cm, se observó la presencia de grietas en muros de contención, contiguos a trabajos de excavación que se realizaron para una futura estructura. Las mencionadas deformaciones pueden estar relacionadas a la baja calidad de los suelos como también a la presencia de aguas subterráneas...”, informe del cual, que si bien se propone que uno de los bloques presenta grietas; no es menos cierto que, también establece que dichas deformaciones pueden estar relacionadas a la baja calidad de suelo y a la presencia de aguas subterráneas, extremos que solo pueden ser confrontados con la pericia del estudio de suelo; informe SMIGIR-DPR-UMRG No 717/2017 de fecha 23 de agosto de 2017 emitido por la Unidad de Manejo de Riesgos Geodinámicas del GAMLP, emitido por la Unidad de Manejo de Riesgos Geodinámicas del GAMLP, el informe SMGIR-DPR-U MRG N° 749/2017 de fecha 31 de agosto de 2017, emitido por la Unidad de Manejo de Riesgos Geodinámicas del GAMLP, sobre las inspecciones en el perímetro de las estructuras y en algunos departamentos del primer nivel de los bloques 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, y 40 que corresponden a la tercera fase de la urbanización; el informe SMGIR-DPR-IMRG No 276/2018 de fecha 20 de abril de 2018 emitido por la Unidad de Manejo de Riesgos Geodinámicas del GAMLP; el informes SMGIR-UPR-UMRG No 445/2018 de fecha 05 de julio de 2018, emitido por la Unidad de Manejo de Riesgos Geodinámicas del GAMLP, sobre informe Geológico-Geotécnico de donde se tiene que las características geológicas el tipo de fundación debió ser Losa Radier, recomendando la demolición del edificio y del estacionamiento; el informe SMGIR-D PR-IMRG No 545/2018 de fecha 14 de agosto de 2018 emitido por la Unidad de Manejo de Riesgos Geodinámicas del GAMLP; el informe SMGIR-DPR-IMRG No 334/2018 de fecha 22 de noviembre de 2018, emitido por la Unidad de Manejo de Riesgos Geodinámicas del GAMLP, respecto al informe visual del edificio Bloque 40; informes técnicos realizados por la Alcaldía Municipal de La Paz a través de la Unidad de Manejo de Riesgos, los cuales hacen conocer diferentes irregularidades probablemente presentadas al momento de la construcción de los bloques habitacionales de la Urbanización Los Nuevos Pinos y las consecuencias generadas como la presentación de grietas y rajaduras, no obstante, no establecen que ello pueda originar un eminente peligro de estrago en los diferentes bloques de dicha urbanización y/o en los diferentes unidades habitacionales que les pertenece a los querellantes, lo cual no puede ser soslayado a momento de realizar el análisis y cotejo de los elementos colectados en el desarrollo de la investigación. (...) conforme a los estudios realizados a través del Colegio de Ingenieros de Bolivia se tiene el Informe General de Pruebas Hidráulicas del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial del Bloque 40 de la Urbanización Los Nuevos Pinos Fase 3, emitido por el Ing. Luis Bacarreza Savatier, el cual concluyo en que: “...los tramos evaluados presentan fugas, todas las cámaras presentan defectos constructivos, existen tuberías obturadas que no permiten el flujo libre de aguas captadas, por las fugas existentes en todos los tramos evaluados se esta alterando el suelo de fundación y reduciendo su capacidad portante (...)”; el informe de Estructuras del Bloque 40 emitido por el Ing. Jaime German Zuleta Iturry, que refiere: "...la edificación del Bloque 40 está emplazado en terrenos con capacidad portante de suelos de 1.00 Kg/cm2que es menor al del proyectado por la constructora, por lo que ha generado asentamientos diferenciales por insuficiencia de áreas de contacto. Los pilares disponen de menor cuantía de acero longitudinal. Condiciones deficientes que han provocado los asentamiento que se logra advertir; el informe General de Pruebas Hidráulicas del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial del Bloque 30 de la urbanización Los Nuevos Pinos, Fase 3, emitido por el Ing. Luis Bacarreza Savatier, concluyo en "...los tramos evaluados presentan fugas, las cámaras presentan fisuras y grietas en su base y en sus paredes, existen tuberías obturadas que no permiten el flujo libre de aguas captadas, la red de alcantarillado sanitario y pluvial evaluando no cumple con el RENISDA Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias Dmociliarias (...)"; el informe de Estructura del Bloque 30 emitido por el Ing. Jaime German Zuleta Iturry, que refiere: "...la edificación del Bloque 30 está emplazado en terrenos con capacidad portante de suelos de 1.45 KG/cm2 que es menor al del proyectado por la cnstructora..."; el informe general de pruebas hidráulicas del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial del Bloque 24 de la Urbanizacion Los Nuevos Pinos Fase 3, emitido por el Ing. Luis Bacarreza Savatier, que concluyo"...los tramos evaluados presentan fugas (...); el informe de Estructuras del Bloque 24 está emplazado en terrenos con capacidad portante de suelos de 1.30 Kg/cm2 que es menor al del proyectado por la constructora. Condiciones que han provocado los asentamiento que se logran advertir; el Informe General de Pruebas Hidráulicas del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial del Parqueo No 3 de la Urbanización del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial del Parqueo No 3 de la Urbanizacion Los Nuevos Pinos Fase 3, emitido por el Ing. Luis Bacarreza Savatier el cual concluyo "...toda la red pluvial revisada y evaluada no cumple con la normativa y cuenta con diámetros pequeños(...)"; el Informe de Estructuras del Estacionamiento 3 emitido por el Ing Jaime German Zuleta Iturry; e Informe sobre las Estructuras de los bloques Los Pinos Fase 3, emitidos por el Ing. Ronald Enrique Barrientos Porcel, que concluyo y/o estableció: "...El principal problema de inestabilidad de cada bloque construido, es el tipo de fundación por zapatas aisladas y no Losa Rather y por la saturación del subsuelo (...)"; mismo que si bien establecen los daños estructurales que presentaron los Bloques 24, 30, 40 Parqueo 3 y otros, no es menos cierto que, la empresa constructora ZORBA SRL, presento el Estudio Geotécnico e Inspección Estructural del Proyecto de la Constructora ZORBA SRL, Urbanización Los Nuevos Pinos Fase 3, emitido por el Ing. Mauricio Prudencio Salcedo Consultor en Geoténica e Ing. Pastor Barron Lefton Consultor en Estructuras, del cual se tiene la conclusión "...según los Informes Geotécnicos realizados con anterioridad y al realizado en el presente estudio, todos los bloques de los nuevos Pinos se encuentran apoyados en terreno natural firme en estado seco y con una capacidad de carga admisible que varía entre 90 y 2780 Kpa, lo que permite la elevación de edificios de 9 plantas considerando el uso de zapatas aisladas combinadas con vigas arrioste, salvo el bloque 20 que según estudio requiere Loza Radier. Los daños mencionados que debe a que, para alcanzar la cota de proyecto en las aceras se realizaron rellenos importantes que no fueron debidamente compactados quedando en un estado relativamente suelto y expuesto a asentarse, por efectos varios principalmente por lluvias y riesgo de jardines. No se observó ningún tipo de grietas que no puedan ser relacionadas a problemas en las vigas y columnas, por lo que, se puede indicar que no se observa daño estructural en los condominios..."; estudio que de alguna manera enerva el probable riesgo o peligro de estrago que pueda presentar las edificaciones de la Urbanización Los Nuevos Pinos en sus diferentes bloque edificados, pues ni siquiera la Dirección de Infraestructura y Fiscalización Territorial Emitió algún informe que pueda contraponerse a dicho estudio, es más, al respecto cursa el informe SAS/DIFT/UFTDPM N° 1032/2021 de fecha 25 de noviembre de 2021, emitido por el Arq. Ariel Flavio Machicado Paredes Fiscal Municipal, por el que estableció “...Revisados los antecedentes en archivos de la Unidad de Fiscalización Territorial y Defensa de la Propiedad Municipal no existe hechos denunciados que hubiese causado daños de grandes proporciones que haya generado un peligro común en las construcciones de los Bloques N° 24, 30, 40 y Parqueo 3 de la Urbanización Los Nuevos Pinos Fase 3...En ningún momento de proceder a la evaluación de las personas que ocupan los departamento de los bloques N° 24, 30, 40 y el Parqueo 3 de los Nuevos Pinos Fase 3 (desde el año 2009 la fecha)...", lo cual hace denotar, que no se reportó algún tipo de peligro y menos la de realizar una evaluación o suspender la obra y/o las edificaciones frente a algún peligro inminente de algún tipo de estrago, asimismo, cursa el Informe Técnico Circunstancial de Intervención - ITO de fecha 03 de diciembre de 2021, al que se adjuntó el muestrario fotográfico y la transcripción de la actuación modulada por el Director Funcional de la Investigación de las placas fotográficas se visualiza de algunas las fisuras, grietas, hendiduras, humedad de paredes y lugares donde aún no se tiene concluido la obra fina de las unidades inspeccionadas, asimismo, de la participación de las partes en lo relevante y pertinente es necesario resaltar por ejemplo la participación de Elizabeth Velasco quien indico "...pueden ver las rajaduras..." Carlos Fernando Arancibia Valdés señalo "...han maquillado para vendernos...", Fabiola Landriel manifestó "...no han sufrido movimiento pero si se ha roto...pueden ver y va hasta abajo los que son los que nos asustan un poco y bueno las ventanas...mire esta rajadura", Pamela Ramirez indico "...en la cocina se ha abierto el azulejo...", Blady Choquetilla Mayta - Anogado de las víctimas señalo "...dos puntualizaciones el Dr. Belzo no es parte del proceso no se sabe a nombre de quien participó el Ing. Zuleta fue el encargado de la verificación en la vía informativa que se reciba su declaración...", Giovanna Homayra Condarco Roman indico "...quiero que pueda apreciar las rajaduras no solo al ingreso de mi departamento, lo invito al área del baño, se están abriendo las paredes...", entre las demás participaciones ninguna refleja o logra identificar que las grietas y rajaduras de los lugares inspeccionados de sus departamentos fueron o puedan ser un peligro eminente de estrago o que puedan causar destrucción de las instalaciones, parámetros que debe ser ciertamente reflejados ínfimamente de forma indiciaria y cierta para que concurra el ilícito de Peligro de Estrago (...) cursa además Informe Técnico de Inspección, Evaluación, Ensayos IN SUTU de respaldo para Dictamen Pericial remitido mediante nota de fecha 29 de noviembre de 2021 por el Ing. Omar Romel Barrientos Saavedra S.Sc.-Perito Asignado Ingeniero Civil, en el que luego de inspección, evaluación y análisis de ensayos como conclusiones de resultado se estableció: "Ante los resultados obtenido por los ensayos y la información empleada en lo Bloques 24, 30, 40 y Edificio de Parqueo N° 3 no existe actual peligro de estrago, siendo que a la fecha mantiene estabilidad estructural. Los bloques 24, 30, 40 presentan asentamiento diferentes en los elementos del perímetro (elementos no estructurales que corresponden a las aceras gradas y jardineras generando gritas en los muros inferiores y no así en los elementos estructurales. Las fisuras y grietas que se presentan en los bloques estructurales, están en muros, techos y pisos a causa de formación angular propias de un asentamiento de los edificios, mismas que no significan un riesgo de estrago al destacar presencia en elementos estructurales. Ningún elemento o viga de los Bloques 24, 30, 40 está comprometido directamente a daños estructurales porque mantiene su integridad. La Cámara de drenaje del parqueo N° 3 en el nivel 4, no cumple la función de captar agua subterránea reteniéndola, puesto que todo el flujo hidráulico que llega se escurre nuevamente, porque la cámara no aumenta el nivel. La mayoría de los efectos presentados respecto a grietas y fisuras son consecuencia directa de la humedad en los edificios, por lo tanto existen desprendimientos ya sean en muros de tabiquería, áreas comunes o jardinerías que muestran las repercusiones visuales más notorias, que no implican un riesgo de estrago". Asimismo se recomendó: "Referente a los informes de riesgo geográficos, hidráulicos e hidrológicos se considera oportuno revisar la presencia de humedad y agua subterránea... Al no existir ningún riesgo de estrago estructural se recomienda, reparar, reforzar o rehabilitar definitivamente todos los daños producidos en los departamentos y parqueos..."; de lo que se llega nuevamente a advertir la inexistencia de un peligro para la vida o integridad de las personas que habitan en las unidades habitacionales de los bloques de la Urbanización de Los Nuevos Pinos, por cuanto no se logra inferir de forma objetiva e idónea cual sería la conducta delictiva de los sindicados ara adecuarla a los presupuestos del tipo penal conforme al grado de responsabilidad individual y autoría ya que no se ha demostrado de forma cierta e infima como su accionar hubiera denotado una conducta consistente en provocar explosiones o utilizar cualquier otro medio de similar potencia destructiva, causando destrucción de instalaciones y otros medios, resultando los elementos colectados insuficientes para establecer dichos parámetros objetivos, pues pese que la parte querellante a tiempo de objetar refiere que no debería ser considerado esta pericia por no cumplir con formalismos en la presentación que debió ser previo a la obtención de un sello, ello no impide su valoración, máxime cuando se debe considerar en principio de informalismo, que si bien es un requisito el sello no significa que dicho informe técnico para Dictamen Pericial, sea ilegal, pues la colección de elementos de convicción e indicios fueron fruto del trabajo de la investigación preliminar, en ese entendido del análisis y compulsa de antecedentes precedentemente descritos sobre la hipótesis fáctica de sindicación, no se tiene elementos que permitan establecer el cómo o la forma en que los sindicados hubieran adecuado su accionar a los elementos constitutivos del delito de peligro de estrago, insumos que no han sido solventados a través de ningún elemento de convicción idóneos que puedan ínfimamente advertir su concurrencia, extremos que no pueden ser soslayados el momento del análisis de la presente causa, por lo que en atención a lo señalado precedentemente y lo advertido del cotejo realizado a los elementos cursante se infiere que los mismos resta certeza indiciaria a las circunstancias y características de la hipótesis de sindicación expuesta por el parte querellante por sí y en representación de sus mandantes, no logrando colegir mayores elementos materiales que permitan establecer o sustentar la participación y grado de responsabilidad de los sindicados en el hecho querellado.". De lo que se constata que en la valoración descriptiva de las pruebas que hace la resolución denunciada, no identificó ni describió la Ordenanza Municipal GMLP 569/2009, la Orden de Despacho 783/2017, el oficio CITE SIB-LP PRES. 159/17 de 24 de octubre de 2017, la Ordenanza Municipal GMLP 505/2009 - GMLP 053/2010 - GMLP 070/2010, el acta de registro fotográfico presentado por las víctimas realizada por la Notaria de Fe Pública "103", acta de escena del crimen de 26 de noviembre de 2018, la Inspección Técnica Ocular en el lugar de los hechos de 23 de noviembre de 2021, el CITE: SIB-LP-G.2016-2018/1460/18 de 4 de diciembre, el CITE: SIB-LP- G.2016-2018/1458/18 de 4 de diciembre, el CITE SIB-LP-G.2016- 2018/1459/18 de 4 de diciembre, los informes del GAM de La Paz DACT-UADT 0483/2021 de 1 de octubre, DACT-UADT 0894/2018 de 18 de diciembre y el SMGIR-DPAR-UÉZ 164/2021 de 7 de junio, el CITE: SIB- LP/1006/21 de 1 de octubre, el informe SMIP-D.M RED 114/09-2019 de 28 de marzo, el informe SMGIR-DPAR-UPEZ 040/2019 de 7 de marzo y el informe U.F.T.D.P.M.-D.I.F.T.-S.A.Z.S. 0055/2019 de 24 de enero. Con relación a la motivación, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, se incurre en motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada. Ahora bien, en los agravios de la objeción a la Resolución de rechazo, los peticionantes de tutela sostienen que se cuenta con suficientes elementos indiciarios que acreditan la existencia del hecho, tales como la Ordenanza Municipal GMLP 569/2009, la Orden de Despacho 783/2017, el oficio de 24 de octubre de 2017 con CITE SIB-LP PRES. 159/17, la Ordenanza Municipal GMLP 505/2009- GMLP 053/2010 - GMLP 070/2010, el acta de registro fotográfico presentado por las víctimas realizada por la Notaria de Fe Pública "103", acta de escena del crimen de 26 de noviembre de 2018, la Inspección Técnica Ocular en el lugar de los hechos de 23 de noviembre de 2021, el CITE SIB-LP-G.2016-2018/1460/18 de 4 de diciembre, el CITE: SIB-LP- G.2016-2018/1458/18 de 4 de diciembre, el CITE: SIB-LP-G.2016- 2018/1459/18 de 4 de diciembre, los informes del GAM de La Paz DACT- UADT 0483/2021 de 1 de octubre, DACT-UADT 0894/2018 de 18 de diciembre y el SMGIR-DPAR-UÉZ 164/2021 de 7 de junio, el CITE. SIB- LP/1006/21 de 1 de octubre, el informe SMIP-D.M RED 114/09-2019 de 28 de marzo, el informe SMGIR-DPAR-UPEZ 040/2019 de 7 de marzo y el informe U.F.T.D.P.M.-D.I.F.T.-S.A.Z.S. 0055/2019 de 24 de enero; todos estos elementos ni siquiera fueron mencionados en la fundamentación probatoria descriptiva tampoco en la fundamentación probatoria intelectiva de la Resolución, incurriendo en omisión en la valoración de dichos medios probatorios; por tal motivo, corresponde conceder la tutela solicitada. Sobre la falta de fundamentación y motivación de la Resolución Fiscal FDLP/ARVM/R 1504/2022

De la revisión integral de la Resolución Fiscal FDLP/ARVM/R 1504/2022 de 25 de mayo, emitida por la Fiscal Departamental de La Paz en suplencia legal, se advierte que el Ministerio Público no ha cumplido con su deber constitucional y legal de motivar y fundamentar adecuadamente sus resoluciones, conforme a los estándares establecidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0012/2018-S2, entre otras. Esta jurisprudencia ha sido enfática al señalar que toda resolución que cause efectos jurídicos relevantes en el ejercicio de los derechos fundamentales debe contener una exposición razonada, clara, objetiva y suficiente, tanto de los hechos como del derecho aplicable y de la valoración probatoria realizada. En el caso analizado, los accionantes denunciaron la presunta vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, valoración de la prueba y principio de congruencia-, alegando que la Resolución que ratificó el rechazo fue arbitraria. No obstante, este Tribunal -al examinar los antecedentes, argumentos y estructura de la Resolución FDLP/ARVM/R 1504/2022-advierte que la autoridad fiscal no actuó dentro del marco legal y jurisprudencial vigente, desarrollando un análisis incompleto en el caso concreto. Con relación al delito que se endilga a los denunciados -ahora terceros interesados-, la Fiscal Departamental realiza un desarrollo técnico-jurídico utilizando el art. 225 de la CPE, el art. 208 del CP, el art. 73, 304, 305 del CPP, y el art. 57 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, como sustento normativo para hacer conocer los alcances sobre las facultades que tiene como defensor de la sociedad, así también cita al tratadista Carlos Creus en su Libro Derecho Penal Parte Especial-tomo II, con referencia al delito de estrago y sus características. La autoridad fiscal, al realizar la valoración de los elementos probatorios, conforme se ha expuesto precedentemente, establece a su criterio no se cuentan con elementos probatorios que acrediten la adecuación de la conducta de los sindicados al ilícito de peligro de estrago y que, ante la insuficiencia de elementos probatorios, conforme al estado de la tramitación de la investigación termina refiriendo que no pueden ser subsanados a través de la emisión de la resolución objeto de impugnación. En consecuencia, y conforme al análisis técnico-jurídico contenido en la Resolución Fiscal, se constata que la decisión en declarar que la conducta denunciada no es típica, por no existir los suficientes elementos para generar una imputación formal, no es evidente.

Esto en mérito a la jurisprudencia constitucional sentada en la SCP 0012/2018-S2, entre otras; que recuerdan que el deber de motivación exige que toda resolución del Ministerio Público contenga una exposición razonada y coherente de los fundamentos de hecho y de derecho que justifiquen la decisión adoptada. En este caso, el Fiscal Departamental no ha cumplido con esta obligación, por no haber valorado objetivamente toda la prueba disponible más aun la prueba que exponen los accionantes en su recurso de impugnación, y aplicar correctamente la normativa sustantiva penal al caso concreto. Por tanto, este Tribunal concluye que, en cuanto al análisis del delito de peligro de estrago, la Resolución Fiscal FDLP/ARVM/R 1504/2022, no se encuentra debidamente motivada, tanto en su dimensión formal como material, toda vez que, la autoridad fiscal omitió valor adecuadamente todos los elementos indiciarios recabados durante la etapa preliminar, en especial los observados por la parte objetante del rechazo -ahora impetrantes de tutela-, teniendo como resultado la aplicación errónea de la ley penal al exponer argumentos incompletos que no permiten comprender el porqué de su decisión, advirtiéndose arbitrariedad y omisión en el ejercicio de sus funciones. En consecuencia, la autoridad demandada al pronunciar la Resolución Fiscal Departamental FDLP/ARVM/R 1504/2022, que confirma el rechazo de la denuncia, fue sin compulsar adecuadamente los antecedentes, omitiendo valorar de manera objetiva, integral y razonable los elementos recolectados en la etapa investigativa, acto arbitrario que llegó a vulnerar el debido proceso en su elemento de motivación, resultando pertinente conceder la tutela solicitada. Respecto al principio de congruencia Los demandantes de tutela a través de su abogado aclararon en audiencia de garantías, que un gran número de elementos no han sido valorados ni considerados por la autoridad demandada, es decir la autoridad demandada al pronunciar la Resolución FDLP/ARVM/R 1504/2022, obró de manera arbitraria por haber omitido responder a los agravios descritos en el punto III del memorial de objeción subtitulado "PRUEBAS QUE NO HAN SIDO VALORADAS POR EL DIRECTOR FUNCIONAL DE LAS INVESTIGACIONES" (sic), y de que ciertos elementos de prueba no han sido producidas, intitulado en el punto V, del mismo memorial, que resultan ser los elementos que extraña los accionantes de no haber sido tomados en cuenta a momento de resolver su resolución jerárquica. Los solicitantes de tutela, alegan, que la Resolución Fiscal FDLP/ARVM/R 1504/2022, emitida por la Fiscal Departamental de La Paz -en suplencia legal-, incurre en incongruencia externa, al no haber abordado ciertos aspectos que habrían sido objeto del recurso de impugnación interpuesto contra la Resolución de rechazo de 6 de diciembre de 2021. En su criterio, la Fiscal Departamental habría actuado en su resolución de forma incongruente, es decir, no dio respuesta a los términos en que fue planteado el recurso. De la revisión del contenido del memorial de impugnación interpuesto el 25 de enero de 2022, por Giovanna Homayra Condarco Román, por sí y en representación de todas las víctimas -ahora impetrantes de tutela-, se advierte que dicho recurso contiene una exposición amplia y detallada más sus conclusiones de toda la prueba que no ha sido tomada en cuenta por el Fiscal asignado al caso, asimismo menciona que ciertos elementos recomendados en anterior Resolución Jerárquica que dispuso revocar la resolución de rechazo, ordenó que se realicen ciertos actos de investigación, que no fueron desarrollados. Conforme se ha expuesto anteriormente el análisis del caso resuelto por la Fiscal Departamental -en suplencia legal-, se evidencia que no responde a ninguno de los agravios que hace alusión en la objeción al rechazo, que versa sobre la falta de valoración de ciertos elementos indiciarios y de la recomendación de realizar ciertos actos investigativos, desarrollando en su Resolución un análisis incompleto respecto al hecho y el delito que se endilga. Se denota que ha momento de introducir y valorar los elementos probatorios, lo realiza en relación aquellos que no fueron denunciados en el recurso de impugnación; en consecuencia, su Resolución se encuentra fuera de los márgenes de lo que fue materia de impugnación, abordando pruebas que no fueron objeto de impugnación. En consecuencia, se configura la incongruencia externa, ya que la decisión adoptada por la autoridad fiscal no guarda estricta correspondencia con lo pedido, interpretado dentro del contexto integral del recurso presentado. En ese sentido este Tribunal considera que, la actuación del Ministerio Público fue plenamente incongruente con los parámetros procesales que rigen la impugnación de resoluciones fiscales; también, correspondiendo conceder la tutela impetrada, conforme a lo antes expuesto. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 96/2023 de 12 de mayo, cursante de fs. 1038 a 1043, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz; y, en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela solicitada por los demandantes de tutela, en relación a la debida motivación, valoración de las pruebas, congruencia, a la defensa, a la igualdad, a la verdad material y el derecho a la propiedad, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Dejar sin efecto la Resolución Fiscal Departamental FDLP/ARVM/R 1504/2022 de 25 de mayo; 3° Disponer que el Fiscal Departamental de La Paz, dentro de los cinco días de notificado con el presente fallo constitucional, pronuncie una nueva resolución en el marco de los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, salvo que por el transcurso del tiempo esto ya hubiera sucedido; y, 4° DENEGAR la tutela con relación a la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Notas al pie

¹El Cuarto Considerando, indica: “...el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma.

“...se infiere que se les transfirió las construcciones de la Unidades Habitacionales - Departamentos con dependencias y todos los servicios instalados

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0983_2025-S1.pdf · páginas 1 a 26.

Huella digital del PDF (SHA-256): 9001fec51ead4b62bbb79a8c802fe9036fc4218a9e53e2a415237ab3cb9c1f1c

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