B.IA.LEGAL

SCP 0983/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 11 de septiembre de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
11 de septiembre de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
49611-2022-100-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso, en sus elementos de fundamentación, motivación y defensa; así como los principios de legalidad seguridad jurídica y verdad material; puesto que: 1) Los Jueces coaccionados, mediante Sentencia 04/2020, determinaron su culpabilidad y autoría por el delito de uso de instrumento falsificado al concluir sobre la inexistencia de un proceso de inscripción de partida de nacimiento, cuyo testimonio se inscribió en el Registro Civil; no obstante: i) Se apartaron del marco legal de razonabilidad y equidad e incurrieron en indebida valoración de las pruebas PD-7 y PD-19, consistentes en su declaración informativa policial, en la que señaló que no realizó ninguna demanda ni presentó ningún testimonio ante la oficialía de Registro Civil porque en ese entonces tenía 17 años; es decir, sin capacidad de obrar y desconocía que su certificado derivó de un hecho delictuoso; y, ii) No establecieron cómo utilizó el documento falso, cuál fue su grado de participación, ni se tomaron la molestia de establecer si su accionar se subsume o no a los elementos constitutivos del tipo penal que se le acusó, como son la acción, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad; 2) Los Vocales coaccionados, mediante Auto de Vista 26 señalaron: “… con relación al primer agravio, no se observa agravio, con relación al segundo agravio dice que hace una individualización de cada participe, tercer agravio no se evidencia que carezca de determinación circunstanciada, cuarto agravio dice que no expresó distinción alguna a los punto señalado, sex…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 101/2022 de 8 de julio, cursante de fs. 166 a 169 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática jurídica planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la inmediatez en las acciones de amparo constitucional como presupuesto procesal de inexcusable cumplimiento.
  2. III.2. De la notificación de los Autos Supremos y el cómputo de plazo para interponer la acción de amparo constitucional
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0983/2023-S3 Sucre, 11 de septiembre de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 49611-2022-100-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión de la Resolución 101/2022 de 8 de julio, cursante de fs. 166 a 169 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Verónica Lina Camargo Hoyos contra Edwin Aguayo Arando y María Cristina Díaz Sosa, Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia; Ever Álvarez Orellana y Julio Nelson Alba Flores, ex Vocales de la Sala Penal Segunda y Tercera respectivamente; Walter Pérez Lora y Arminda Méndez Terrazas, actuales Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Freddy Coronel Alacoma y Yanet Noemy Paniagua Villa, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 20 y 29, ambos de junio de 2022, cursantes de fs. 46 a 50; y, 63 a 65, la accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 13 de enero de 2017, Patricia Camargo Subirana -hermana por línea paterna ahora tercera interesada-, presentó denuncia penal en su contra y la de sus hermanos Víctor Hugo, Emilio Arnulfo y Julio César, todos de apellidos Camargo Hoyos -hoy terceros interesados-, por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado. En tal sentido, el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante Sentencia 04/2020 de 1 de diciembre, determinó su responsabilidad penal al concluir la inexistencia de un proceso voluntario de inscripción de partida de nacimiento realizado el 12 de agosto de 1996 por Isabel Hoyos Parada -su madre, hoy tercera interesada- e inscrita en el Registro Civil el 16 de igual mes y año, argumentando que las pruebas de descargo como el certificado de bautismo, acta de reconocimiento de hijo, serían documentos con fecha posterior a la demanda. Asimismo, el referido Tribunal de Sentencia argumentó que el Ministerio Público y la acusadora particular, demostraron la hipótesis de su participación al haber utilizado el testimonio del proceso inexistente de inscripción de partida de nacimiento y que tenía pleno conocimiento de que dicho documento era de origen dudoso. Empero, incurrieron en indebida valoración de la prueba, sobre lo que la jurisprudencia constitucional, entre ellas, la SCP 0841/2017-S2 de 14 de agosto, admitió que la jurisdicción constitucional ingrese a la revisión de la actividad valorativa de la prueba, cuando se especifique qué pruebas no fueron valoradas o se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad, igual que cuando hubiera sido recibida no fue producida o compulsada; en esa línea, el referido Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, apartándose del marco legal de razonabilidad y equidad incurrió en indebida valoración de las pruebas PD-7 y PD-19, consistentes en su declaración informativa policial, en la que se señala que no realizó ninguna demanda ni presentó ningún testimonio ante la oficialía de Registro Civil porque tenía 17 años en ese entonces; es decir, que no tenía capacidad de obrar y desconocía que su certificado derivó de un hecho delictuoso. De igual manera, el precitado Tribunal de Sentencia Penal Séptimo, afirmó que demandó la inscripción de partida de nacimiento que presentó ante la Oficialía de Registro Civil “…por el solo hecho de serlo motiva que los mismos participaron en el hecho con premeditación, con conocimiento y voluntad…” (sic), vulneró la verdad material y los arts. 124 y 173 del Código de Procedimiento Penal (CPP), lo que tiene incidencia en la Resolución final de la Sentencia Condenatoria emitida en su contra. Asimismo, los Jueces del referido Tribunal de Sentencia Penal -hoy coaccionados-, no se tomaron la molestia de establecer si su accionar se subsume o no a los elementos constitutivos del tipo penal que se le acusó, como son la acción, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, pues en ausencia de algún elemento no existe delito. De manera que, se le atribuyó un ilícito que nunca cometió, ya que no se señaló cómo utilizó el documento falso, cuál fue su grado de participación en la comisión del delito de uso de instrumento falsificado. Finalmente, vulneraron su derecho al debido proceso al rechazar la excepción de extinción de la acción penal por prescripción. Por su parte, como resultado del recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia 04/2020, los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -hoy coaccionados-, mediante Auto de Vista 26 -de 23 de abril de 2021-, declararon admisible y parcialmente procedente el aludido recurso revocando en parte la indicada Sentencia en lo respectivo a la cuantía de la pena de los coacusados, fundamentando que: “… con relación al primer agravio, no se observa agravio, con relación al segundo agravio dice que hace una individualización de cada participe, tercer agravio no se evidencia que carezca de determinación circunstanciada, cuarto agravio dice que no expreso distinción alguna a los puntos señalado, sexto, séptimo y octavo agravio dice que el apelante no establece una descripción precisa, clara y la aplicación que pretenden cada uno de los puntos o defectos señalados, no es evidente el argumento en el recurso de apelación restringida” (sic). Por último, los Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, al pronunciar el Auto Supremo (AS) 1119/2021-RA de 26 de noviembre y establecer a través de esa Resolución que no se denunció, individualizó ni identificó la vulneración de ningún derecho o garantía constitucional, vulneraron el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, que prevé que la obligación de la revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley.

I.1.2. Derecho y principios supuestamente vulnerados

La impetrante de tutela denuncia la lesión de su derecho al debido proceso, en sus elementos de fundamentación, motivación y defensa; así como los principios de legalidad, seguridad jurídica y verdad material; citando al efecto los arts. 14.I, 56, 115.II, 117.I, 119.II, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia: a) Se anule la Sentencia 04/2020, el Auto de Vista 26 y el AS 1119/2021-RA y todo el proceso penal seguido en su contra; b) La imposición de costas, costos y honorarios profesionales, en aplicación de lo previsto en los arts. 39 y “40” del Código Procesal Constitucional (CPCo); y, c) Se remitan antecedentes al Ministerio Público, a la Procuraduría General del Estado y Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, por la responsabilidad atribuible a los accionados.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 8 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 161 a 166, en presencia de la peticionante de tutela asistida por su abogado; así como Patricia Camargo Subirana -tercera interesada- acompañada de su abogado; y en ausencia de las autoridades judiciales accionadas y Víctor Hugo, Emilio Arnulfo y Julio César, todos de apellidos Camargo Hoyos e Isabel Hoyos Parada en su condición de terceros interesados; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante por intermedio de su abogado, ratificó los argumentos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional, y ampliando en audiencia, manifestó que: 1) Se le impuso una sentencia condenatoria por el delito de uso de instrumento falsificado previsto en el art. 203 del Código Penal (CP), y una pena de dos años de reclusión en el Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz, siendo la prueba determinante valorada la que presentó el Ministerio Público consistente en un Testimonio de 22 de julio de 1996, emitido por un “juzgado de instrucción” de Cotoca del mencionado departamento, que emergió de una demanda de inscripción de partida de nacimiento, siendo la demandante Isabel Hoyos Parada -ahora tercera interesada-y en esa fecha su persona tenía 17 años, en otros términos, no podía presentar la demanda y carecía de capacidad de obrar; 2) Ese documento que se aduce como falso habría sido insertado en el Registro Civil el 16 de agosto de 1996, cuando todavía tenía la edad mencionada de 17 años; por lo que, tampoco ingresó la partida de nacimiento en el Registro Civil; 3) El Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz señaló que realizó una valoración conjunta y armónica de las pruebas de cargo y descargo producidas e incorporadas en juicio oral, concluyendo la autoría del delito de uso de instrumento falsificado, sin individualizar de qué manera intervienen Julio César, Víctor Hugo, Emilio Arnulfo y Verónica Lina, todos de apellidos Camargo Hoyos; 4) En el considerando 6 de la Sentencia -04/2020-, se estableció que su persona “…por el solo hecho de serlo motiva que los mismos participaron en el hecho con premeditación, conocimiento y voluntad…” (sic) siendo estos los argumentos por los que expresa su convencimiento para condenar a una persona a privación de libertad; además que la premeditación requiere una planificación mental del hecho antijurídico; empero, no presentó el testimonio en cuestión ante el Registro Civil; por lo que, no existen elementos que permitan condenarla, ya que no asumió alguna acción en la comisión del delito; asimismo, se mencionó que ella tenía conocimiento que el certificado que le entregó su padre es ilegal, pero existe la interrogante de cómo una menor de 17 años tendría conocimiento de esa situación o cómo puede desconfiar del certificado que su padre le otorga para inscribirla al colegio, pero aún más, la mencionada Sentencia señala que existía voluntad, cuando ello deriva de la facultad de decidir con libertad lo que se desea; sin embargo, ese aspecto no puede atribuirse a una persona menor de edad, máxime cuando en esa época la mayoría de edad se adquiría a los 21 años; 5) La jurisprudencia constitucional -SC 2869/2010-R de 13 de diciembre- señala que el delito de uso de instrumento falsificado es un delito instantáneo; por lo que, el cómputo del plazo debe efectuarse desde el momento en que se hizo uso del documento adulterado; esto es, el 16 de agosto de 1996, cuando se procedió a la inscripción de la partida y no como lo confundió el señalado Tribunal de Sentencia Penal Séptimo, la acusación particular y el Ministerio Público, al mencionar que la accionante se apersonó ante el Juzgado Agroambiental de Cotoca del referido departamento, a solicitar una anotación preventiva y luego ante el Notario de Fe Pública, a realizar una declaratoria de herederos; aspectos que son incongruentes, ya que para tales fines no se utiliza un testimonio, sino el certificado de nacimiento; de ahí que la teoría del delito utilizada por el Ministerio Público y la acusación particular siempre fue dolosa y mal intencionada, al no concurrir los elementos constitutivos del tipo penal; 6) Los Vocales coaccionados en el Auto de Vista 26 declararon admisible e improcedente la apelación restringida que fue planteada bajo el argumento de inobservancia o errónea aplicación de los arts. 20 y 203 del CP y las observaciones mencionadas a la Sentencia 04/2020, no obstante: “… el Tribunal de apelación simplemente se limitó a establecer de qué no establezco dice con claridad y precisión con qué se pretende para cada punto o defecto señalado, por lo que no es evidente los argumentos simplemente a eso se circunscribe…” (sic); y, 7) Los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia accionados dictaron el AS 1119/2021-RA de inadmisibilidad del recurso de casación que vulnera el debido proceso, debido a que ni siquiera se tomó la molestia de ingresar al fondo, pero es más violentan el art. 17 de la LOJ “…dictando en el fondo anule el proceso penal en contra de la Señor Verónica Lina Camargo Hoyos en consideración a que su persona no participó en la comisión de delito de Uso de Instrumento Falsificado cómo se ha podido demostrar plenamente lo que constituye en una vulneración debido proceso en los diferentes elementos…” (sic).

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Edwin Aguayo Arando y María Cristina Díaz Sosa, Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, a través de informe escrito cursante de fs. 137 a 138, solicitaron que se declare la improcedencia de la presente acción tutelar, por los siguientes argumentos: i) El AS 1119/2021-RA, no vulneró el debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, ni los principios iura novit curia, de legalidad y de seguridad jurídica, debido a que contiene los fundamentos y argumentos de orden fáctico, jurídico y doctrinario que sustentan su decisión; ii) La acción de amparo constitucional planteada ni el memorial de subsanación, contienen algún argumento, relación casual ni sustento, menos especificidad de la vulneración de derechos a través del indicado Auto Supremo; por lo que, no existe materia constitucional que pueda responderse; y, iii) La impetrante de tutela fue notificada con el mencionado Auto Supremo, el 2 de diciembre de 2021; por lo que, el plazo para interponer esta acción de defensa, fenecía el 2 de junio de 2022; sin embargo, fue presentada fuera del plazo de los seis meses establecido en el art. 55 del CPCo, el 20 de igual mes y año. Arminda Méndez Terrazas, actual Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por medio de informe escrito cursante a fs. 160, señaló que fue de Voto Disidente al Auto de Vista 26, con base en los lineamientos que consideró pertinentes; por lo que, al no existir el quorum respectivo para emitir el Auto de Vista, Ever Álvarez Orellana, Vocal de la misma Sala, conjuntamente con Julio Nelson Alba Flores, Vocal semanero de la Sala Penal Tercera del referido Tribunal, emitieron el Auto de Vista 26; entonces, no participó ni suscribió esa Resolución; consecuentemente, no cuenta con legitimación pasiva para ser accionada.

Walter Pérez Lora, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentó informe escrito ni asistió a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, pese a su legal citación cursante a fs. 88. Con relación a Ever Álvarez Orellana ex Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, se advierte que la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a través de Auto de 1 de julio de 2022, dispuso su citación a objeto de que presente su informe y contestación en esta acción de amparo constitucional (fs. 66); no obstante, el Oficial de Diligencias de la referida Sala Constitucional, informó que a tiempo de cumplir con ese actuado procesal, tuvo conocimiento que dicha autoridad, al igual que Julio Nelson Alba Flores -ex Vocal de la Sala Penal Tercera- ya no ejercían la titularidad de ese despacho; razón por la que, por decreto de 7 de igual mes y año (fs. 86), la citada Sala Constitucional determinó la citación de Walter Pérez Lora y Arminda Méndez Terrazas, actuales Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Freddy Coronel Alacoma y Yanet Noemy Paniagua Villa, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, a través de informe escrito cursante a fs. 152 y vta., manifestaron que: a) Una vez ejecutoriada la Sentencia 04/2020, la peticionante de tutela solicitó perdón judicial y mediante Auto de 5 de enero de 2022, se le concedió esa petición, que a la fecha se encuentra plenamente ejecutoriada; y, b) El AS 1119/2021-RA, que declaró inadmisible el recurso de casación, fue notificado el 2 de diciembre de 2021, a horas 10:02; por lo que, al presentarse la acción de amparo constitucional el 20 de junio de 2022; es decir, luego de los seis meses de su notificación con tal Resolución, la misma se encuentra fuera del alcance de protección establecido por los arts. 129.II de la CPE y 55 del CPCo.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Patricia Camargo Subirana, por memorial cursante de fs. 132 a 135; y en audiencia por intermedio de su abogado, solicitó que se declare la improcedencia de esta acción de amparo constitucional, con base en los siguientes fundamentos: 1) La presente acción tutelar no cumple con el requisito previo de “admisibilidad” que prevén los arts. 55 del CPCo y 129.II de la CPE, referente al plazo máximo para la interposición de la acción de defensa que es de seis meses computables desde la notificación de la última decisión judicial; en tal sentido, la accionante fue notificada el 2 de diciembre de 2021, con el AS 1119/2021-RA; por lo tanto, la referida acción tutelar fue presentada de forma extemporánea y no puede considerarse el fondo de su planteamiento; 2) La observancia del principio de inmediatez no es un capricho de su parte ni simple formalismo legal que pueda ser evadido como pretende la parte impetrante de tutela; puesto que, el ciudadano que se considera afectado en sus derechos y garantías constitucionales, debería ser diligente y acudir ante la jurisdicción constitucional sin ningún tipo de espera para la protección a los mismos y no dejar que transcurra más de los seis meses; en tal sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional pronunció en varias oportunidades que es un requisito de “admisibilidad” -lo correcto es de procedencia- entre ellas la SC 0347/2010-R de 15 de junio, que dilucida cualquier duda con respecto al cómputo del plazo de seis meses; 3) En el caso concreto, el recurso de casación que dio lugar al pronunciamiento del AS 1119/2021-RA, debió ser objeto de seguimiento por la peticionante de tutela, quien ahora pretende confundir a la jurisdicción constitucional para que ingrese al fondo de lo resuelto; sin embargo, precluyó su derecho de accionar; 4) De la acción de amparo constitucional interpuesta, así como la fundamentación oral en audiencia de consideración a la misma, se advirtió que la accionante pretende utilizar la jurisdicción constitucional como si fuera un segundo tribunal de casación; además que no solo se accionó contra la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, sino también contra la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del mismo departamento, solicitando la anulación de todo el proceso penal seguido en su contra, lo que es inconstitucional por el principio de autorrestricción; dado que, la jurisdicción constitucional no puede sustituir los “procesos judiciales” establecidos en el ordenamiento jurídico; 5) Si hubiera procedido la admisibilidad, correspondería “atacar” la Resolución dictada por el Tribunal Supremo de Justicia encargado de verificar la legalidad de los actuados procesales; sin embargo, el 90 % del planteamiento de esta acción de defensa, se basa en la valoración de la prueba efectuada en la tramitación del juicio por parte del citado Tribunal de Sentencia Penal Séptimo y en ningún momento la impetrante de tutela estableció de qué manera la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, a través del AS 1119/2021-RA vulneró sus derechos constitucionales; y, 6) Con respecto a la cita de la SCP 841/2017-S2 -de 14 de agosto-, se tiene que en efecto la jurisdicción constitucional puede realizar la valoración de la prueba previo cumplimiento de requisitos; empero, en el memorial de interposición de esta acción de amparo constitucional, así como la subsanación al mismo, la peticionante de tutela se avocó a cuestionar la valoración efectuada por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz y no mencionó de qué manera los Magistrados accionados se apartaron del marco de razonabilidad y equidad, ni se estableció el nexo de causalidad necesario entre el obrar de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y la supuesta falta de valoración que se acusa. Víctor Hugo, Emilio Arnulfo, Julio César, todos de apellidos Camargo Hoyos; e, Isabel Hoyos Parada, no asistieron a la audiencia de consideración de esta acción de amparo constitucional ni presentaron memorial alguno, pese a su legal citación cursante de fs. 80 a 83.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 101/2022 de 8 de julio, cursante de fs. 166 a 169 vta., denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: i) La acción de amparo constitucional no es un instrumento procesal adicional al proceso principal; además según lo previsto por los arts. 129.II de la CPE y 55 del CPCo, la accionante debió centrarse en la última decisión que es el AS 1119/2021-RA y no contra las demás resoluciones, ello también bajo el principio de subsidiariedad; por lo cual, no corresponde mayor pronunciamiento con respecto a las autoridades accionadas que emitieron la Sentencia 04/2020 y el Auto de Vista 26; y, ii) El referido Auto Supremo fue notificado a la impetrante de tutela el 2 de diciembre de 2021, mediante cédula fijada en el tablero del Tribunal Supremo de Justicia en presencia de testigo; de ahí que, considerando que la acción de amparo constitucional fue interpuesta el 20 de junio de 2022, a horas 15:46, se inobservó el principio de inmediatez.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Sentencia 04/2020 de 1 de diciembre, pronunciada en el proceso penal seguido contra Verónica Lina Camargo Hoyos -ahora peticionante de tutela- y otros, a denuncia de Patricia Camargo Subirana -ahora tercera interesada-, por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado; Freddy Coronel Alacoma y Yanet Noemy Paniagua Villa, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, determinaron por decisión unánime, la responsabilidad penal de la impetrante de tutela como autora y culpable del delito de uso de instrumento falsificado previsto por el art. 203 del CP, imponiéndole la pena privativa de libertad de dos años (fs. 2 a 20). II.2. Por Auto de Vista 26 de 23 de abril de 2021, pronunciado por Ever Álvarez Orellana y Julio Nelson Alba Flores, ex Vocales de la Sala Penal Segunda y Tercera respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora coaccionados-, se resolvió, entre otras determinaciones que atingen a los coprocesados: a) Declarar admisible e improcedente el recurso de apelación restringida presentado por Isabel Hoyos Camargo; Víctor Hugo, Julio César y Verónica Lina, todos de apellidos Camargo Hoyos; y, b) Admisible y parcialmente procedente el recurso de apelación restringida presentado por Patricia Camargo Subirana y en consecuencia se revocó en parte la Sentencia 04/2020, modificando la cuantía de la pena impuesta a Julio César, Víctor Hugo y Emilio Arnulfo, todos de apellidos Camargo Hoyos, como autores y culpables del delito de uso de instrumento falsificado previsto por el art. 203 del CP, imponiéndoles una pena privativa de libertad de cuatro años y seis meses, dejando subsistente e incólume en lo demás la Sentencia recurrida (fs. 21 a 27 vta.). Asimismo, cursa Auto de Vista 88 de 8 de junio de 2021, por el que, la referida Sala Penal, determinó en atención a la solicitud de “explicación”, complementación y enmienda presentada por Víctor Hugo, Julio César y Verónica Lina, todos de apellidos Camargo Hoyos, declarar no ha lugar la referida solicitud de complementación del punto 1 al 6 y 8; y, ha lugar con relación al punto 7; y en consecuencia, declararon admisible e improcedente el recurso de apelación respecto a la nulidad por actividad procesal defectuosa y al recurso de apelación de la excepción de extinción de la acción penal por prescripción (fs. 30 a 32 vta.). II.3. A través de AS 1119/2021-RA de 26 de noviembre, Edwin Aguayo Arando y María Cristina Díaz Sosa, Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia -hoy accionados-, declararon inadmisible el recurso de casación interpuesto por Patricia Camargo Subirana, Julio César, Verónica Lina, Emilio Arnulfo, todos de apellidos Camargo Hoyos e Isabel Hoyos Parada contra el Auto de Vista 26 (fs. 33 a 39). Así también, cursa notificación a la accionante con el referido Auto Supremo, efectuada el 2 de diciembre de 2021, a horas 10:02, mediante cédula en el tablero del Tribunal Supremo de Justicia, en presencia de testigo de actuación que firma en constancia (fs. 89).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso, en sus elementos de fundamentación, motivación y defensa; así como los principios de legalidad seguridad jurídica y verdad material; puesto que: 1) Los Jueces coaccionados, mediante Sentencia 04/2020, determinaron su culpabilidad y autoría por el delito de uso de instrumento falsificado al concluir sobre la inexistencia de un proceso de inscripción de partida de nacimiento, cuyo testimonio se inscribió en el Registro Civil; no obstante: i) Se apartaron del marco legal de razonabilidad y equidad e incurrieron en indebida valoración de las pruebas PD-7 y PD-19, consistentes en su declaración informativa policial, en la que señaló que no realizó ninguna demanda ni presentó ningún testimonio ante la oficialía de Registro Civil porque en ese entonces tenía 17 años; es decir, sin capacidad de obrar y desconocía que su certificado derivó de un hecho delictuoso; y, ii) No establecieron cómo utilizó el documento falso, cuál fue su grado de participación, ni se tomaron la molestia de establecer si su accionar se subsume o no a los elementos constitutivos del tipo penal que se le acusó, como son la acción, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad; 2) Los Vocales coaccionados, mediante Auto de Vista 26 señalaron: “… con relación al primer agravio, no se observa agravio, con relación al segundo agravio dice que hace una individualización de cada participe, tercer agravio no se evidencia que carezca de determinación circunstanciada, cuarto agravio dice que no expresó distinción alguna a los punto señalado, sexto, séptimo y octavo agravio dice que el apelante no establece una descripción precisa, clara y la aplicación que pretenden cada uno de los puntos o defectos señalados, no es evidente el argumento en el recurso de apelación restringida” (sic); y, 3) Los Magistrados de la Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia hoy accionados, establecieron a través del AS 1119/2021-RA que no se denunció, individualizó ni identificó la vulneración de ningún derecho o garantía constitucional, infringiendo así el art. 17 de la LOJ, que prevé que la obligación de la revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley.

En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la inmediatez en las acciones de amparo constitucional como presupuesto procesal de inexcusable cumplimiento.

Jurisprudencia reiterada

Sobre la temática aludida, la SCP 0539/2021-S3 de 30 de agosto, haciendo mención a la SCP 0376/2019-S1 de 12 de junio, que asume a su vez los entendimientos jurisprudenciales establecidos al respecto manifestó que: «Precisando los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional respecto al plazo de caducidad en la interposición del amparo constitucional, la SCP 1098/2016-S3 de 10 de octubre, señaló: “El art. 129.II de la CPE, en relación a la inmediatez establece que: ‘La acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial’; asimismo, el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), refiere expresamente que: ‘La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho’.

La jurisprudencia constitucional en su SC 1039/2010-R de 23 de agosto, entre otras, estableció en cuanto al principio de inmediatez el siguiente entendimiento: ‘La inmediatez, es una condición esencial para que el control de constitucionalidad pueda operar a través del amparo constitucional, en virtud a este presupuesto de orden procesal-constitucional, éste se consagra como un mecanismo caracterizado por su prontitud y efectividad para brindar la tutela debida.

En efecto, la inmediatez del amparo constitucional encuentra su génesis en el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que taxativamente manda a los estados miembros del sistema interamericano de protección de Derechos Humanos, disciplinar a favor de las personas un recurso sencillo, rápido y efectivo para la defensa de sus derechos reconocidos en la Constitución, la ley o la citada Convención, precepto que debe ser fielmente cumplido en virtud al principio ‘pacta sunt servanda’.

Por lo señalado, siguiendo el criterio desarrollado supra, se infiere que la acción de amparo, es un mecanismo sencillo, rápido y efectivo para la protección de Derechos Fundamentales no tutelados por otros recursos específicos, en ese contexto, esencialmente la rapidez como característica del principio de inmediatez se encuentra circunscrita al plazo de seis meses para su interposición, criterio plasmado en el art. 129.II de la Constitución Política del Estado (CPE), en ese contexto, se tiene que el derecho para la petición de tutela constitucional a través de la acción de amparo fuera del citado plazo caduca, razón por la cual el órgano contralor de constitucionalidad no puede ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada’.

Respecto al cómputo del plazo de seis meses para la formulación de las acciones de amparo constitucional, la uniforme jurisprudencia constitucional, entre ellas la contenida en la SCP 1463/2013 de 22 de agosto, estableció que: ‘Los arts. 128 y 129 de la CPE, establecen que la acción de amparo constitucional constituye un medio de tutela de carácter extraordinario y se rige esencialmente por los principios de subsidiariedad e inmediatez, que hacen a su naturaleza jurídica. El principio de inmediatez se caracteriza por tener una doble dimensión; positiva y negativa, la primera consistente en que el amparo constitucional es la vía idónea para la protección inmediata de derechos fundamentales y garantías constitucionales restringidos o suprimidos indebida o ilegalmente; la segunda, la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa’”. Sobre el principio de la inmediatez, el art. 129.II de la CPE prescribe que “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”, concordante con dicha disposición constitucional, el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho”.

Bajo ese marco legal, la SCP 0871/2014 de 12 de mayo -entre otras-recogiendo el criterio uniforme emitido por la justicia constitucional, sobre el principio de inmediatez estableció que: “La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, desarrolló una interpretación pedagógica, sobre el alcance del principio de inmediatez, estableciendo su comprensión desde un punto de vista positivo y negativo, en función a su naturaleza protectora de derechos y garantías, así como la objetividad de los hechos que deben ser puestos a consideración del Juez o Tribunal de garantías, así la SC 0921/2004-R de 15 de junio, señaló: 'el Tribunal de amparo hizo una incorrecta interpretación de la naturaleza jurídica y alcances del principio de inmediatez, cabe aclarar que dicho principio tiene dos elementos; uno positivo, lo que significa que el amparo constitucional es una vía tutelar para la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados por actos u omisiones ilegales o indebidas, lo que implica que esta vía se activa inmediatamente de haberse producido la lesión, sino hubieren otras vías, o de haber agotado las vías legales ordinarias idóneas y efectivas si es que existen; y otro negativo, lo que significa que la persona titular de los derechos fundamentales vulnerados, debe activar inmediatamente el amparo constitucional, no dejando pasar lapsos de tiempo prolongado que la hagan ineficiente a esta vía tutelar; a cuyo efecto este Tribunal ha establecido, por vía jurisprudencial un plazo razonable de seis meses'.

Similar criterio contiene la SC 0852/2010-R de 10 de agosto, haciendo referencia a la SC 1157/2003-R de 15 de agosto, al señalar que: '...el principio de preclusión de los derechos para accionar, pues por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos'.

Finalmente y sobre el principio en análisis, la SCP 1427/2012 de 24 de septiembre, sostiene la siguiente concepción: 'se puede advertir en síntesis que la presentación de la acción de amparo constitucional fuera del plazo de los seis meses, responde al tiempo prudente de tolerancia o aceptación del acto lesivo que se acusa, caso contrario, ante la jurisdicción constitucional opera el principio de preclusión del derecho de acudir a esta acción tutelar; en ese sentido, si la persona supone que se le han vulnerado sus derechos o garantías constitucionales, esta de forma diligente y sin esperar que transcurra el tiempo -más de los seis meses- debe dirigirse a la jurisdicción constitucional, caso contrario se considera su interposición como extemporánea, situación que inhabilita el ingreso al análisis de fondo de la problemática planteada’”.

Por otro lado, la SCP 1677/2012 de 1 de octubre, sobre la extemporaneidad de la presentación de la acción de amparo constitucional como causa para la denegatoria de la tutela, sostuvo que: “El principio de inmediatez, que debe ser observado en la esfera del derecho constitucional, entre otros aspectos a tiempo de deducir esta acción tutelar, responde a la naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional, así como la finalidad de conceder la tutela -cuando corresponda-, en términos de eficacia y oportunidad, por cuanto la inmediatez de resguardar y proteger derechos constitucionales, podría resultar ineficaz, si se deja transcurrir demasiado tiempo.

Es así que, el legislador a efectos de que la ciudadana o el ciudadano boliviano obtenga una efectiva administración de justicia constitucional, ha previsto este presupuesto constitucional, cual es la de presentar su demanda en un plazo no mayor a los seis meses a computarse desde la comisión del hecho lesivo o desde el momento en que se notificó la última decisión en sede judicial o administrativa.

(…)

Concluyendo podemos manifestar, que por regla general el transcurso del tiempo, tiene vital importancia en los diversos campos del derecho, así por ejemplo en el derecho civil el dejar transcurrir el tiempo puede tener dos efectos, la extinción de un derecho cuando su titular no los ejerce en el tiempo previsto por ley art. 1492 del Código Civil (CC) o la constitución de un derecho por el transcurso del tiempo art. 134 del CC; por otro lado, en la jurisdicción penal el transcurso del tiempo también tiene un rol importante, así se advierte en el instituto jurídico de la prescripción art. 29 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Del mismo modo en el ámbito del derecho constitucional, también tiene sus efectos, como ocurre en el caso que se analiza, sobre el momento en que se presentó esta acción de defensa respecto del momento en que se hubo causado la vulneración de derechos; en consecuencia, el plazo previsto por ley que reviste a esta acción tutelar tiene dos componentes uno positivo y otro negativo, el primero con la finalidad conceder la tutela, en términos de eficacia y oportunidad y el segundo entendido como un principio que sanciona la dejadez y descuido del accionante”» (las negrillas nos corresponden).

III.2. De la notificación de los Autos Supremos y el cómputo de plazo para interponer la acción de amparo constitucional

Al respecto, el Auto Constitucional (AC) 0174/2018-RCA de 18 de abril, señaló que: “La SCP 0783/2016-S3 de 21 de julio, asumiendo el entendimiento de las SSCC 0915/2010-R de 17 de agosto y 0347/2010-R de 15 de junio, señaló que: ‘…el cómputo de los seis meses de la inmediatez del amparo constitucional es a partir de la notificación por cédula fijada en el tablero de la Secretaría de Cámara de la Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia, de lo que se extrae que dicha actuación es válida en secretaría de cualquiera de las salas del actual Tribunal Supremo de Justicia, así: (…) marca el inicio del término de los seis meses previstos por la Constitución Política del Estado vigente y la jurisprudencia de este Tribunal, por ser esta Resolución judicial la que agotó la instancia ordinaria y la que supuestamente causó lesión a los derechos fundamentales invocados por el accionante”’ (las negrillas nos corresponde).

Entendimiento jurisprudencial que establece que no resulta lesivo ni vulnera los derechos de las partes, la notificación en tablero judicial de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, al ser considerada esa comunicación procesal totalmente válida, surtiendo sus efectos procesales; al respecto, el AC 0153/2015-RCA de 17 de junio, también indicó que en esas instancias superiores ordinarias: “‘no es obligatoria la notificación personal, por cuanto la notificación en tablero es legal y no vulnera el derecho a la defensa’’’ (las negrillas corresponden al texto original); bajo ese mismo criterio, la SCP 0222/2013 de 6 de marzo, denegó la tutela solicitada por incumplimiento al principio de inmediatez reiterando el entendimiento de la jurisprudencia contenida en las SSCC 0915/2010-R de 17 de agosto y 0347/2010-R de 15 de junio, estableciendo que: “…el cómputo de los seis meses de la inmediatez del amparo constitucional es a partir de la notificación por cédula fijada en el tablero de la Secretaría de Cámara de la Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia, de lo que se extrae que dicha actuación es válida en secretaría de cualquiera de las salas del actual Tribunal Supremo de Justicia…” (las negrillas fueron añadidas); en ese sentido, cuando se trate de Autos Supremos, la notificación en tablero es correcta y es desde ese acto de comunicación procesal que debe realizarse el cómputo de los seis meses relacionados con el principio de inmediatez.

III.3. Análisis del caso concreto

En el caso en análisis, la impetrante de tutela denuncia que: a) Los Jueces accionados, mediante Sentencia 04/2020 de 1 de diciembre, determinaron su culpabilidad y autoría por el delito de uso de instrumento falsificado al concluir sobre la inexistencia de un proceso de inscripción de partida de nacimiento, cuyo testimonio se inscribió en el Registro Civil; no obstante: 1) Se apartaron del marco legal de razonabilidad y equidad e incurrieron en indebida valoración de las pruebas PD-7 y PD-19, consistentes en su declaración informativa policial, en la que señaló que no realizó ninguna demanda ni presentó ningún testimonio ante la oficialía de Registro Civil porque en ese entonces tenía 17 años; es decir, sin capacidad de obrar y desconocía que su certificado derivó de un hecho delictuoso; y, 2) No establecieron cómo utilizó el documento falso, cuál fue su grado de participación, ni se tomaron la molestia de establecer si su accionar se subsume o no a los elementos constitutivos del tipo penal que se le acusó, como son la acción, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad; b) Los Vocales coaccionados, mediante Auto de Vista 26 de 23 de abril de 2021, señalaron: “… con relación al primer agravio, no se observa agravio, con relación al segundo agravio dice que hace una individualización de cada participe, tercer agravio no se evidencia que carezca de determinación circunstanciada, cuarto agravio dice que no expreso distinción alguna a los puntos señalado, sexto, séptimo y octavo agravio dice que el apelante no establece una descripción precisa, clara y la aplicación que pretenden cada uno de los puntos o defectos señalados, no es evidente el argumento en el recurso de apelación restringida” (sic); y, c) Los Magistrados de la Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia ahora accionados, establecieron a través del AS 1119/2021-RA de 26 de noviembre que no se denunció, individualizó ni identificó la vulneración de ningún derecho o garantía constitucional, infringiendo así el art. 17 de la LOJ, que prevé que la obligación de la revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley, aspectos que vulnerarían sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y defensa; así como los principios de legalidad, seguridad jurídica y verdad material. Identificado así el objeto procesal, corresponde determinar previamente, si la presente acción tutelar supera la causal de improcedencia reglada referida al principio de inmediatez, esgrimida por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz como un argumento de denegatoria de la tutela impetrada, conforme al cual la acción de amparo constitucional es procedente cuando su activación es realizada dentro del plazo de seis meses de caducidad determinado por la norma -art. 129.II de la CPE, concordante con el art. 55.I del CPCo-, computables a partir de la comisión del acto que supuestamente vulneró derechos y garantías constitucionales o de notificada la última decisión administrativa o judicial que desconoció derechos invocados por la parte peticionante de tutela, plazo luego del cual la facultad de presentar dicha acción precluye, impidiendo poder realizar algún análisis de lo cuestionado y revisar el fondo del problema jurídico planteado. Y ello porque, de acuerdo a lo descrito en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la oportunidad para interponer esta acción tutelar se encuentra estrechamente vinculada con el objetivo que convencional y constitucionalmente se atribuye a las acciones de defensa, de constituir mecanismos rápidos, eficaces y que brinden una protección inmediata; de tal manera que, si ello no se efectiviza por la inacción injustificada de quien tenga que plantearla, se limita la posibilidad de que por medio de la acción de amparo constitucional se analice los supuestos actos u omisiones lesivos de derechos y garantías constitucionales; como una consecuencia de esa dejadez o descuido en el que incurre el interesado que se ve desprovista de la urgencia e interés en su protección y/o restitución inmediata, oportuna y eficaz. En ese orden, para la finalidad de análisis propuesta; vale decir, la de establecer si la presente acción de amparo constitucional fue interpuesta o no antes del vencimiento del plazo de caducidad, es menester remitirse a los antecedentes adjuntos en el expediente, de cuya revisión se evidenció que en el proceso penal seguido contra Verónica Lina Camargo Hoyos -ahora accionante- y otros, a denuncia de Patricia Camargo Subirana -hoy tercera interesada-, por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado; Freddy Coronel Alacoma y Yanet Noemy Paniagua Villa, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy coaccionados-determinaron a través de la Sentencia 04/2020, la responsabilidad penal de la impetrante de tutela como autora y culpable del delito de uso de instrumento falsificado previsto por el art. 203 del CP, imponiéndole la pena privativa de libertad de dos años (Conclusión II.1).

Posteriormente, con base en el recurso de apelación restringida presentado por la denunciante Patricia Camargo Subirana -hoy tercera interesada- y los demás coprocesados Víctor Hugo y Julio César, ambos de apellidos Camargo Hoyos e Isabel Hoyos Parada, se emitió el Auto de Vista 26, pronunciado por los entonces Vocales de la Sala Penal Segunda y Tercera respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora coaccionados- a través del cual se declaró -entre otras decisiones que atingen a los coprocesados- admisible e improcedente el recurso de apelación restringida interpuesto por Isabel Hoyos Camargo; Víctor Hugo, Julio César y Verónica Lina, todos de apellidos Camargo Hoyos (Conclusión II.2).

Por último, luego de la solicitud de enmienda, complementación y aclaración resuelta por Auto de Vista 88 de 8 de junio de 2021; Patricia Camargo Subirana, Julio César, Verónica Lina, Emilio Arnulfo, todos de apellidos Camargo Hoyos e Isabel Hoyos Parada presentaron recurso de casación contra el referido Auto de Vista 26, con base en el cual los Magistrados que conforman la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia -hoy accionados- pronunciaron el AS 1119/2021-RA, declarando inadmisible el mismo (Conclusión II.3). En tal contexto, este Tribunal concluye que la interposición de la presente acción de amparo constitucional fue realizada fuera del plazo de seis meses, pues se evidenció que esta última resolución judicial -AS 1119/2021-RA-emergente del proceso penal seguido contra la accionante y otros, le fue notificada a la impetrante de tutela el 2 de diciembre de 2021, a horas 10:02, mediante cédula en el tablero del Tribunal Supremo de Justicia, en presencia de testigo de actuación que firma en constancia (Conclusión II.3), actuado procesal válido a objeto de realizar el cómputo del plazo de inmediatez, conforme lo establecido por la normativa y jurisprudencia constitucional glosada en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. De ahí que, a partir de ese entonces la peticionante de tutela, se encontraba habilitada para acudir a la jurisdicción constitucional en defensa de sus derechos y principios constitucionales y comenzó a computarse el plazo de los seis meses de caducidad para la interposición de la acción de amparo constitucional, precluyendo conforme a ello la oportunidad de la activación de este mecanismo de defensa, el 2 de junio de 2022; no obstante, se evidenció que la peticionante de tutela acudió a esta jurisdicción recién el 20 de igual mes y año (fs. 50).

Consecuentemente, subsumiendo este supuesto fáctico al precedente desarrollado en el citado Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, se incurrió en una causal de inactivación reglada de la acción de amparo constitucional, por incumplimiento del principio de inmediatez; puesto que, la parte accionante no acudió de manera diligente, rápida y oportuna, ante la jurisdicción constitucional, impidiendo a través de la presente acción de defensa que este Tribunal pueda ingresar a analizar el fondo de las denuncias planteadas y luego de establecer la vulneración o no de derechos disponer lo que corresponda; razón por la que se debe denegar la tutela invocada por la impetrante de tutela.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, aunque en parte con otros fundamentos, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 101/2022 de 8 de julio, cursante de fs. 166 a 169 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática jurídica planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0983_2023-S3.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): 9196cc5541e0665ede7f1e0545f7664123fe48ce134c533b93274b10ae6e48a6

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