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SCP 0982/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 26 de agosto de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
26 de agosto de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
54457-2023-109-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante por medio de su representante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, de locomoción y al debido proceso en su elemento a la fundamentación; puesto que, se amplió el plazo de su detención preventiva, por complejidad del caso para que se realice una pericia de autopsia psicológica, sin justificarse por qué: i) La complejidad del caso no fue considerada al inicio, cuando se presentó la imputación formal o al momento de determinarse la aplicación de la medida cautelar, sino en forma posterior; ii) Para la realización de la pericia concerniente a las declaraciones de familiares de la víctima fallecida, no se ha presentado un solo elemento de prueba que la justifique -agenda recargada de la psicóloga-; iii) No se realizó una valoración individual sobre la participación diferente de su persona y el otro imputado; y, iv) Tampoco, se consideró su condición de adulto mayor y que merecía una protección reforzada, por lo que, solicita se conceda la tutela, se deje sin efecto el Auto de Vista 034/2023, disponiéndose emita una nueva resolución valorando medios de prueba que acrediten la complejidad de la causa y la necesidad de ampliar su detención preventiva, adecuando los razonamientos a una valoración reforzada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2023 de 4 de marzo, cursante de fs. 71 a 73 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del CPP
  2. III.2. Ampliación del plazo de la medida cautelar de la detención preventiva, por complejidad del caso, conforme establece el art. 233 in fine, con relación al art. 239.2 del CPP. Complejidad de la prueba en caso de víctimas (mujeres) en situación de
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0982/2025-S3 Sucre, 26 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 54457-2023-109-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 02/2023 de 4 de marzo, cursante de fs. 71 a 73 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Oscar Ferrer Ayala Rocabado en representación sin mandato de Fernando Arispe Crespo contra Daniel Rolando Copa Roque, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 3 de marzo de 2023, cursante de fs. 21 a 29 vta., el accionante por medio de su representante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunto comisión del delito de homicidio-suicidio, el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro emitió el Auto Interlocutorio 73/2023 de 24 de enero -de consideración de su situación jurídica-, ampliando su detención preventiva -por cuarenta y cinco días-; esa determinación fue confirmada en apelación incidental mediante Auto de Vista 034/2023 de 3 de febrero, sin que exista una correcta fundamentación, respecto a la necesidad de ampliar el término de la medida extrema y el cumplimiento de los presupuestos que la hacen viable, conforme el art. 233 in fine del Código de Procedimiento Penal (CPP), que guarda relación con el art. 239.2 del mismo Código. Señaló que, no se cumplieron con los requisitos para la ampliación de la medida extrema, es así que, el Vocal demandado al pronunciar el Auto de Vista confutado: a) Se limitó a ratificar los fundamentos del juez a quo; b) Se amplió el tiempo de su detención preventiva por un plazo de cuarenta y cinco días, para que se realice una autopsia psicológica, porque la encargada de la pericia tendría una agenda llena, pero no se ha presentado ningún medio de prueba que acredite aquello, además ese tipo de pesquisa no fue un elemento primigenio para determinar su medida cautelar; c) No ha fundamentado por qué una medida menos gravosa podría haber contenido las emergencias de la investigación en desarrollo; d) Existen dos imputados y no se ha hecho una valoración individual, siendo que las circunstancias de participación de cada uno de ellos es diferente; y, e) Debió haberse explicado en forma objetiva que en su calidad de adulto mayor, es parte de un grupo vulnerable, que merece una protección reforzada, conforme el art. 232.4 del CPP, debiéndose haber aplicado el enfoque diferencial de acuerdo a lo indicado en la SCP 0010/2018-S2 de 28 de febrero.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, de locomoción y al debido proceso en su elemento a la fundamentación, citando al efecto los arts. 14.III, 23.I, 115.II y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8, 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 7.I. y 25.I de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: 1) Dejar sin efecto el Auto de Vista 034/2023 de 3 de febrero; y, 2) Se emita un nuevo Auto de Vista valorando la exposición de agravios y medios de prueba si existieren, que acrediten la complejidad de la causa y la necesidad de ampliar la detención preventiva, adecuando los razonamientos a una valoración reforzada.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el “5” de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 67 a 70 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, reitero íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolos, manifestó que: i) En cuanto a la complejidad del caso: i.1.) No fue considerada ni en la imputación formal ni al momento de determinar la aplicación de la medida cautelar; i.2.) La Fiscalía ha inducido al juez de la causa aplique jurisprudencia con relación a la protección de una mujer en situación de vulnerabilidad, sin considerar que este caso no es por la violación de una mujer, que es otra estructura de análisis de complejidad; ii) En cuanto a la (pericia de) autopsia psicológica: ii.1.) En los actos investigativos, es donde se realiza la autopsia psicológica a los familiares, pero para eso no se requiere la presencia obligatoria de los imputados, como así entendió en una primera resolución el juez de primera instancia; ii.2.) No siendo razonable que en forma posterior, la misma autoridad judicial haya entendido que existe complejidad del caso (para realizarse una autopsia) y se determine la ampliado de su detención preventiva; ii.3) El juez dio lugar a la solicitud de la fiscalía para la realización de una autopsia, cuando no se ha presentado un solo elemento probatorio que permita establecer la agenda; iii) En cuanto a su condición de persona de la tercera edad de acuerdo al art. 232.I.4 del CPP no procede la detención preventiva cuando se trate de personas mayores a sesenta y cinco años, esa valoración debió haberse hecho a su favor, porque además se encuentra con un cuadro clínico complicado.

I.2.2. Informe del demandado

Daniel Rolando Copa Roque, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por informe escrito presentado el 4 de marzo de 2023, cursante de fs. 36 a 37, expresó que: a) El Auto de Vista impugnado se encuentra debidamente motivado y fundamentado, teniendo en cuenta la interpretación que se aplica en casos en los que hay una víctima mujer; b) En cuanto a que el accionante tiene la calidad de adulto mayor, no es viable considerar esa condición, porque de acuerdo a los arts. 83 que modificó el art. 256 del Código Penal (CP) y 90 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, como el art. 232.I.4 y III del CPP, que establece la excepción de la causal de improcedencia de la detención cuando se trate de mayores de sesenta y cinco años, no se aplica cuando se trata de delitos contra la vida de las mujeres; c) Se ha determinado la complejidad haciendo un análisis sobre la pericia de autopsia psicológica que se debe realizar; d) Se tuvo en cuenta la razonabilidad de la medida, sustentada en la forma como se llevará la misma, teniéndose en cuenta la proporcionalidad sobre el tiempo de ampliación, tomando como parámetro la finalidad que es la obtención de medios probatorios para llegar a la verdad; y, e) La ampliación se ha realizado teniendo en cuenta los arts. 233 y 239.2 del CPP, y el entendimiento descrito por la SCP 0411/2022-S4 de 31 de mayo, considerando que la complejidad parte de las particularidades del propio caso, que se trata de una mujer víctima, habiéndose fundado la decisión desde una perspectiva de género.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

El representante del Ministerio Público en audiencia señaló que concuerda con el informe emitido por el Vocal demandado, comprendiendo que se trata de un caso en el que se ha “orillado” a una mujer a auto eliminarse, por lo que solicitaron se deniegue la tutela planteada.

I.2.4. Resolución

El Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, por Resolución 02/2023 de 4 de marzo, cursante de fs. 71 a 73 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) El juez de primera instancia declaró fundada la ampliación de la detención preventiva del accionante por cuarenta y cinco días, decisión que fue confirmada en apelación incidental por la autoridad demandada, quien pronunció un Auto de Vista 034/2023 que contiene una debida fundamentación y motivación; 2) Se ha realizado un análisis integral para establecer que en este caso existe complejidad en la investigación en la obtención de prueba, para la realización de la pericia de autopsia psicológica; y, 3) No se ha vulnerado derecho alguno de la parte accionante.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Gustavo Richard Morejón Flores y Fernando Arispe Crespo -accionante-, por la supuesta comisión del delito homicidio-suicidio de Carla Lucrecia Herrera Saavedra, a denuncia de Milka Saavedra Pardo -madre de la fallecida-, el 23 de noviembre de 2022, la Fiscalía presentó imputación formal en contra de los sindicados, solicitando al Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro, la aplicación de la medida cautelar de la detención preventiva (fs. 39 a 43 vta.). II.2. El citado Juez de Instrucción emitió el Auto Interlocutorio 828/2022 de 23 de noviembre, a través del cual se declaró procedente la detención preventiva de los imputados, por el plazo de dos meses, en el Centro Penitenciario de San Pedro de Oruro (fs. 44 a 53); determinación que motivó la formulación de la apelación incidental, resuelta a través de Auto de Vista 336/2022 de 2 de diciembre, por el que se confirmó el Auto Interlocutorio impugnado (fs. 54 a 64). II.3. Ximena Gladis Larama Rojas, Fiscal de Materia, el 20 de enero de 2023, presentó solicitud de ampliación del plazo de duración de la detención preventiva del solicitante de tutela y Gustavo Richard Morejón Flores, por dos meses más, por: “…la complejidad del caso y la falta de actuados investigativos por desarrollar (…) (Autopsia Psicológica, Pericias en Informática, Pericia en Toxicología, entrevistas policiales de testigos y partícipes, careo, anticipo de prueba, etc.)…” (sic[fs. 65 a 66]). II.4. El señalado Juez de Instrucción, por Auto Interlocutorio 73/2023 de 24 de enero -de situación jurídica-, declaró fundada la ampliación de la detención preventiva de los imputados, por un plazo de cuarenta y cinco días, asimismo denegó la cesación a la detención preventiva impetrada por el accionante, quien ante esa determinación planteó recurso de apelación incidental (fs. 8 a 10 vta.).

II.5. A través de Auto de Vista 034/2023 de 3 de febrero, pronunciado por Daniel Rolando Copa Roque, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, se declaró improcedente la impugnación planteada por el solicitante de tutela, y confirmó lo determinado por el Auto Interlocutorio 73/2023 (fs. 11 a 20 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante por medio de su representante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, de locomoción y al debido proceso en su elemento a la fundamentación; puesto que, se amplió el plazo de su detención preventiva, por complejidad del caso para que se realice una pericia de autopsia psicológica, sin justificarse por qué: i) La complejidad del caso no fue considerada al inicio, cuando se presentó la imputación formal o al momento de determinarse la aplicación de la medida cautelar, sino en forma posterior; ii) Para la realización de la pericia concerniente a las declaraciones de familiares de la víctima fallecida, no se ha presentado un solo elemento de prueba que la justifique -agenda recargada de la psicóloga-; iii) No se realizó una valoración individual sobre la participación diferente de su persona y el otro imputado; y, iv) Tampoco, se consideró su condición de adulto mayor y que merecía una protección reforzada, por lo que, solicita se conceda la tutela, se deje sin efecto el Auto de Vista 034/2023, disponiéndose emita una nueva resolución valorando medios de prueba que acrediten la complejidad de la causa y la necesidad de ampliar su detención preventiva, adecuando los razonamientos a una valoración reforzada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del CPP

La SCP 0447/2018-S2 de 27 de agosto, recogió la jurisprudencia constitucional sobre fundamentación y motivación de las resoluciones que resuelven medidas cautelares, en lo relativo a los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP, así al respecto señala que:

«Los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013, citadas anteriormente, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP. […]

Por su parte, el Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:

La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla. […]

Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también atañe a los tribunales de apelación; sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia.

Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:

…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.

Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva.

Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP, establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que éstos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé.

En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP.

Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP.

En todo caso, el Tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que expone el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga.

El Tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria. En virtud a lo señalado, la fundamentación y motivación no exige que las resoluciones sean ampulosas, sino que contengan una explicación razonable de los motivos que llevaron a la autoridad judicial a decidir sobre la aplicación de una medida cautelar, en especial la detención preventiva; lo que implica que, se deberá razonar sobre el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de legalidad, así como de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, siempre que corresponda; aclarándose que, respecto a la proporcionalidad, cuando se analice la necesidad de la medida, no es menester que la autoridad judicial exponga las razones por las cuales se desestima cada una de las medidas sustitutivas previstas en el Código de Procedimiento Penal, sino que explique, por qué resulta indispensable su aplicación en mérito a los riesgos procesales existentes, a partir de la argumentación realizada por el Ministerio Público o la parte acusadora» [el resaltado es añadido]

III.2. Ampliación del plazo de la medida cautelar de la detención preventiva, por complejidad del caso, conforme establece el art. 233 in fine, con relación al art. 239.2 del CPP. Complejidad de la prueba en caso de víctimas (mujeres) en situación de

vulnerabilidad

La naturaleza de la detención preventiva tiene un carácter provisional, por lo que, en el momento en el que se la fija debe señalarse un plazo determinado o lo que es lo mismo, debe estar limitada en el tiempo, vinculado al cumplimiento del fin procesal para el que está establecida. El art. 7.5 de la CADH, al referirse al derecho que tiene toda persona detenida de ser llevada ante juez competente, ha determinado de manera expresa que la misma tiene el: “…derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso”; de ahí que, quien está siendo procesado, si es que está detenido, tendrá que ser por un plazo razonable, porque hay límites temporales para encontrarse privado de libertad, en cuanto la detención preventiva como medida cautelar personal extrema tiene que ser por un tiempo determinado y no indefinido. Así, se dispuso en el caso Bayarru Vs. Argentina, que:

[7]0. El artículo 7.5 de la Convención Americana garantiza el derecho de toda persona detenida en prisión preventiva a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Este derecho impone límites temporales a la duración de la prisión preventiva, y, en consecuencia, a las facultades del Estado para proteger los fines del proceso mediante este tipo de medida cautelar. Cuando el plazo de la prisión preventiva sobrepasa lo razonable, el Estado podrá limitar la libertad del imputado con otras medidas menos lesivas que aseguren su comparencia al juicio, distintas a la privación de su libertad mediante encarcelamiento. Este derecho impone, a su vez, una obligación judicial de tramitar con mayor diligencia y prontitud aquellos procesos penales en los cuales el imputado se encuentre privado de su libertad (…).

Para que se materialice la existencia de una justicia oportuna, conforme establece el art. 115.II de la CPE y se asegure el derecho de toda persona a ser juzgado en un plazo razonable, estableciéndose límites temporales en casos de detención preventiva, para que en un tiempo determinado recupere su libertad, el legislador boliviano señaló que para el establecimiento de una detención preventiva (temporal), deben cumplirse ciertos requisitos que fueron fijados en el art. 233 del CPP, en el marco del primer párrafo de esa norma, se establece que la detención preventiva: “Será aplicable (…) a pedido del fiscal o víctima, aunque no se hubiera constituido en querellante…”, pedido que se tendrá que realizar con la debida fundamentación y especificar el plazo de la duración de la medida extrema, que impondrá la autoridad judicial -a partir de criterios objetivos y razonables-. Ante ese pedido fundamentado: “La jueza o el juez atendiendo los argumentos y valorando integralmente los elementos probatorios ofrecidos por las partes, resolverá fundadamente disponiendo (…) la aplicación de la detención preventiva, la resolución deberá fijar con precisión su duración indicando la fecha exacta de su cumplimiento (…) Para determinar el plazo de duración de la medida solicitada, la decisión de la jueza, el juez o tribunal deberá basarse en criterios objetivos y razonables” (las negrillas fueron añadidas), así se establece en el art. 235 ter. del CPP, que concuerda con lo regulado por el art. 236.6 del mismo Código, que señala que: “El auto que disponga la aplicación de una medida cautelar personal, será dictado por la jueza, el juez o tribunal del proceso y deberá contener (…) El plazo de duración de la medida”; es decir que, la autoridad jurisdiccional sea jueza, juez, tribunal cautelar y/o durante el desarrollo del juicio, cuando va a imponer una medida cautelar de detención preventiva, tiene la obligación de expresar el plazo de duración de esa medida. Ahora bien, conforme se establece en el art. 233.3 del CPP: “El plazo de duración de la detención preventiva solicitada y los actos investigativos que realizará en dicho término, (es) para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la Ley” (el énfasis es añadido), vale decir que, una de las finalidades para que exista un plazo de duración (temporal) para una detención preventiva, radica en que en el transcurso del mismo se puedan realizar actos investigativos que aseguren la averiguación de la verdad histórica de los hechos sucedidos. El plazo de duración de la detención preventiva, solicitado de manera fundamentada por el Fiscal, la víctima y/o querellante, pero dispuesto en forma razonable por la autoridad judicial, también es un término que en alguna circunstancia podrá ampliarse; así en la parte in fine del señalado art. 233 del CPP, se establece que: “El plazo de duración de la detención preventiva podrá ser ampliado a petición fundada del fiscal y únicamente cuando responda a la complejidad del caso” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen). No puede dejarse de establecer la relación que existe entre el art. 233 in fine del CPP, con relación al art. 239.2 del mismo Adjetivo Penal, que abre la posibilidad que la medida cautelar personal de la detención preventiva cese: “Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención” (el subrayado y las negrillas fueron añadidas); es decir que, si hay un pedido fundamentado del Ministerio Público en sentido que se amplié el plazo de la detención preventiva, aun cuando ya esté por vencer la misma puede no cesar. En mérito a lo antes expresado se tiene que, la solicitud de detención preventiva podrá realizarla en forma fundamentada por la Fiscalía, la víctima o el querellante, especificando cuál sería el plazo de duración de dicha medida extrema, pero la determinación y la fijación de éste, es atribución de la autoridad jurisdiccional, quien señalará en forma precisa el término del mismo, basándose en criterios objetivos y razonables, teniéndose presente que esa duración está relacionada con la realización de los actos investigativos, que sirven para asegurar la verdad histórica de los hechos sucedidos; plazo que en todo caso podrá ser ampliado, no solo ha pedido fundamentado del Fiscal o de la víctima, sino cuando el mismo se encuentre vinculado a la complejidad del caso. Siendo la regla la libertad de la persona, se establece una excepción como es la posibilidad de su restricción, pero siempre dentro de los límites señalados por la ley y conforme se estipula en el art. 23.I de la CPE, que en forma expresa abre esta posibilidad, con una finalidad, en cuanto esa restricción sirva: “para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales”. Ahora bien, en el marco de esa posibilidad constitucional que permite limitaciones a la libertad, se tiene que por regla la detención preventiva deberá ser fijada por un plazo determinado, por su naturaleza provisional o temporal, sin embargo, en forma excepcional, ese plazo se podrá ampliar cuando en el caso exista complejidad, tal en aquellas circunstancias en las que se deba asegurar la averiguación de la verdad o el descubrimiento de la verdad histórica de los hechos denunciados, sea en la etapa investigativa donde se desarrollan los actos investigativos. Así, la complejidad del proceso, fue analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0693/2021-S2 de 25 de octubre, que recogió la jurisprudencia constitucional sobre el régimen de la ampliación de la detención preventiva en el marco de las modificaciones incorporadas por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- , estableciendo los entendimientos que se anotan a continuación:

[Dicho] esto, ¿en qué circunstancias se podría establecer que un caso en materia penal es complejo? Preliminarmente se puede señalar que el mismo no está determinado per se, por la naturaleza del hecho que se juzga; sino más bien por una pluralidad de elementos que inciden negativamente en el normal desarrollo de las distintas etapas. Sin embargo, esta condición en el Estado Constitucional de Derecho, debe ser acreditada mediante un análisis global en que se tomen en cuenta criterios objetivos que inciden en la investigación y en el transcurso del tiempo, dentro de una actividad valorativa acorde a los marcos de razonabilidad y equidad (…).

En ese sentido, el AS 167 de 4 de julio de 2014, señaló que la complejidad del proceso se da porque ‘en el mismo se presente complejidad en la prueba, pluralidad de sujetos procesales, cantidad de víctimas… y el contexto en que ocurrió el delito’.

Por su parte, el AS 12/2010 del 27 de enero, estableció que el Juez o Tribunal ‘debe valorar la complejidad del asunto considerando factores tales como la naturaleza y gravedad del delito, los hechos investigados, los alcances de la actividad probatoria para el esclarecimiento de los eventos, la pluralidad de agraviados o inculpados, o algún otro elemento que permita concluir, con un alto grado de objetividad, que la dilucidación de una determinada causa resulta particularmente complicada y difícil’. (…)

Consiguientemente, de acuerdo al desarrollo internacional como jurisprudencial, se tiene que, el simple transcurso del tiempo, que en el caso de Bolivia, está establecido en tres años para la duración máxima del proceso, no resulta suficiente para la extinción de la acción penal, debiendo la autoridad judicial que conozca y resuelva una pretensión –como en el presente caso‒, tomar en cuenta una serie de elementos objetivos que emergen de la revisión de la causa y que acrediten la existencia de la complejidad del asunto, como la naturaleza del proceso, la pluralidad de imputados y de víctimas, naturaleza y gravedad del delito y los hechos investigados, entre otros, sin que sea necesario que concurran de manera simultánea todos estos elementos”.

En este marco, la complejidad del caso debe ser determinada mediante un análisis global en que se tome en cuenta la naturaleza del proceso, pluralidad de imputados y víctimas; y, las particularidades y gravedad de los hechos investigados, así como cualquier otro elemento objetivo que incida negativamente en el normal desarrollo de la investigación conforme a los plazos establecidos. De igual manera, en la SCP 0411/2022-S4 de 31 de mayo, también se ha referido sobre la “complejidad” del caso conforme a entendimientos jurisprudenciales internacionales, pero esta vez no solo se hizo mención a la complejidad del proceso en general, sino que de manera especial se ha ampliado el razonamiento de complejidad durante la fase inicial o de etapa preparatoria, que posibilita solicitar una ampliación de su duración (dentro los límites temporales máximos), que también podría dar lugar a una ampliación a la detención preventiva, así se ha expresado:

[En] cuanto a los criterios para determinar la complejidad de un proceso, la Corte IDH, en el Caso Furlan y Familiares Vs. Argentina, concordó lo siguiente: “…la complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales o la cantidad de víctimas, el tiempo transcurrido desde la violación, las características del recurso consagradas en la legislación interna y el contexto en el que ocurrió la violación”. …

El Caso Andrade Salmón Vs. Bolivia, señaló: “En relación al primer elemento, este Tribunal ha tenido en cuenta diversos criterios para determinar la complejidad de un asunto. Entre ellos se encuentra i) la complejidad de la prueba; ii) la pluralidad de sujetos procesales o la cantidad de víctimas; iii) el tiempo transcurrido desde la violación; iv) las características del recurso contenidos en la legislación interna, y v) el contexto en el que ocurrieron los hechos”.

Por último, podemos citar el Caso Argüelles y otros Vs. Argentina, que estableció: “Respecto de la complejidad del caso, este Tribunal ha tenido en cuenta diversos criterios, entre los cuales se encuentran la complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales o la cantidad de víctimas, el tiempo transcurrido desde la violación, las características del recurso consagradas en la legislación interna y el contexto en el que ocurrió la violación. (…)

Bajo el alcance interpretativo de la Corte IDH, se asume entonces que la complejidad del caso podrá medirse en función a circunstancias debidamente justificadas que impidan el desarrollo del proceso en un plazo razonable, cuya precisión emergerá de acuerdo a las particularidades propias de cada caso, respondiendo de manera fundamentada al grado de dificultad que conlleva la investigación, el que puede estar vinculado a la complejidad de la prueba y dificultades en su obtención; pluralidad de sujetos procesales o la cantidad de víctimas y testigos; el tiempo transcurrido desde la violación; las características del recurso consagradas en la legislación interna, el contexto en el que ocurrió la violación, situación política y social compleja; la posible situación de vulnerabilidad de la o las víctimas; circunstancias que de ser pertinente, deberán ser analizadas y 2 Corte IDH. Sentencia de 31 de agosto de 2012 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) Serie C No. 246. 3 Corte IDH. Sentencia de 1 de diciembre de 2016 (Fondo, Reparaciones y Costas) Serie C No. 330. 4 Corte IDH. Sentencia de 20 de noviembre de 2014 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) Serie C No. 288.

juzgadas con perspectiva de género, de acuerdo a los estándares de protección internacional adoptados en la materia. Catálogo que si bien no se constituye en un numerus clausus de implicancias – regladas− relativas a la complejidad del caso; no obstante, se instituyen como criterios orientadores que deben ser debidamente observados tanto por el órgano encargado de la persecución penal, como por las autoridades jurisdiccionales competentes, cuando corresponda analizar la ampliación de la detención preventiva en los márgenes de lo previsto en el art. 233 del CPP.” En consecuencia, la regla establecida en sentido de que la detención preventiva (provisional) debe ser fijada por un plazo determinado, sin embargo, ese plazo excepcionalmente podrá ser ampliado a petición fundamentada del fiscal y de la víctima y/ querellante, ampliación que la definirá la autoridad judicial considerando la complejidad de acuerdo a las particularidades del caso, dificultad que se pueden dar en la etapa de la investigación, vinculadas a la complejidad de las prueba y dificultades en su obtención, pluralidad de sujetos procesales (víctimas y testigos), tiempo transcurrido desde la violación, el contexto en el que ocurrió el hecho, posible situación de vulnerabilidad de la o las víctimas y otras; esas situaciones que evidenciarían la complejidad de un caso, no son limitativas, constituyéndose en criterios orientadores a ser considerados por las partes y resueltos por las autoridades judiciales, cuando conozcan una solicitud de ampliación de plazo de detención preventiva.

III.3. Análisis del caso concreto

Con carácter previo a resolver el caso concreto, es necesario precisar la problemática que ha dado lugar al planteamiento de la presente acción tutelar, que tiene como origen una solicitud efectuada por el Ministerio Público de modificación de la medida cautelar de detención preventiva en cuanto al plazo se refiere, pidiendo en forma expresa que se amplié el plazo de duración de la detención preventiva, por la complejidad del caso, en cuanto faltaría actos investigativos por desarrollar, como sería una autopsia psicológica y otras. Es esa solicitud que dio lugar a que se emitiera el Auto Interlocutorio 73/2023, a través del cual se dio curso a lo solicitado, disponiendo la ampliación del plazo de la medida extrema, denegando la solicitud de cesación de la misma que planteó el impetrante de tutela; determinación confirmada por Auto de Vista 034/2023, que declaró improcedente el recurso de impugnación. La presente acción fue dirigida contra la autoridad judicial que emitió el Auto de Vista, 034/2023, porque su determinación no se encontraría suficientemente fundamentada, lesionándose el debido proceso y su libertad, quien tuvo la oportunidad de revisar, modificar, subsanar o corregir los actos del juez a quo; en ese mérito se pasa a determinar si es evidente la lesión denunciada.

a) La fundamentación de la decisión de alzada, a través de la que se ha confirmado la determinación apelada, se ha dado en el marco del alcance del art. 398 del CPP

El impetrante de tutela, ha planteado la presente acción constitucional porque el juez ad quem se ha limitado a ratificar los fundamentos del juez a quo, disponiendo ampliar el plazo de su detención preventiva, sin que se haya acreditado la complejidad del caso, en lugar de haber realizado una valoración individual sobre la participación de los procesados y disponer a su favor una medida cautelar menos gravosa que la detención preventiva. De la revisión de obrados se tiene que el juez a quo ha ampliado el plazo de la detención preventiva por el lapso de cuarenta y cinco días, realizando consideraciones de la complejidad del caso, para que se produzca una autopsia psicológica, denegando la solicitud del accionante de cesación de detención preventiva, disposición que motivó a la parte accionante a través de su defensa técnica, a que planteara un recurso de apelación incidental porque: 1) No se ha efectuado un análisis en cuanto a la complejidad del caso, para la realización de una pericia psicológica, que debió ser considerada al momento inicial de su detención preventiva -23 de noviembre de 2022- en el que se estableció su temporalidad; 2) En la ampliación de su detención preventiva, debió: “establecer la existencia de riesgos procesales actualmente”; y, 3) Además no se tuvo en cuenta que el imputado corresponde a un grupo vulnerable por ser mayor de sesenta años. El Auto Interlocutorio impugnado incidentalmente fue confirmado por el juez ad quem. Cualquier decisión que asuma una autoridad judicial, por una parte de manera necesaria debe ser adecuadamente fundamentada y motivada, pues es preciso que las partes conozcan las razones que los llevaron a asumir una determinada decisión, dado que, la parte que se considere agraviada con la determinación, si conoce los motivos y argumentos de una resolución, bien pueden impugnar la misma planteando los recursos que sean pertinentes, a fin de que la autoridad superior confirme, revoque o modifique esa disposición. En esa lógica, es importante considerar la competencia que tiene el tribunal de alzada, cuyo fallo tiene que estar circunscrito a los aspectos cuestionados de la decisión que está siendo impugnada, siendo ese el límite de su competencia, en el marco de lo expresamente señalado por la previsión contenida en el art. 398 del CPP, como así, se citó en el Fundamentos Jurídicos III.1. de este fallo constitucional; en consecuencia, los límites que tiene el juez ad quem para resolver una decisión impugnada en apelación, está dada por el alcance del recurso de apelación que se interpone contra lo determinado por el juez a quo. En cuanto a la complejidad del caso Se ha cuestionado la determinación asumida por el Vocal demandado, en el que sin fundamentación se habría dispuesto la ampliación del plazo de la detención preventiva por complejidad, vinculada a la realización de una pericia relativa a una autopsia psicológica. Este Tribunal Constitucional Plurinacional considera que la autoridad demandada, ha efectuado una amplia fundamentación y motivación a las que se hará referencia en el apartado siguiente, en el que se desarrollará sobre el alcance de la ampliación del plazo, por su complejidad, en el marco de lo señalado en el Fundamentos Jurídicos III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, razón por la que nos remitimos a ese desarrollo en este punto. En cuanto a la detención preventiva El accionante denuncia ausencia de fundamentación del Vocal demandado al momento de pronunciar el Auto de Vista 034/2023, respecto a la resolución del juez a quo, en la que se amplió el plazo de la detención preventiva, señala que debió haberse considerado si en la actualidad existen riesgos procesales que justifiquen su detención preventiva. Vinculado a este extremo, en su memorial de acción de libertad como en audiencia, se ha expresado que habría correspondido a las autoridades judiciales, haberle aplicado una medida cautelar menos gravosa que la detención preventiva, realizando una valoración individual sobre la participación diferente de los dos imputados. Conforme se ha dejado establecido, en el marco del art. 398 del CPP, se entiende que la competencia del juez ad quem se circunscribe al memorial de interposición del recurso de apelación que cuestiona los extremos que hubieran sido resueltos por el juez a quo, en ese marco se pasan a realizar las consideraciones siguientes: En la especie, es cierto que el juez de primera instancia, cuando dispuso la ampliación de la detención preventiva del accionante y del otro imputado, negó la cesación de la misma, posición que tiene un sustento normativo evidente que fue adecuadamente expresado, cuando se hizo mención al art. 233 del CPP en su parte in fine, que es el que habilita la posibilidad de solicitar una ampliación del plazo de la medida extrema, en casos complejos y por un pedido fundado del Ministerio Público, que tiene estrecha relación y coherencia con el art. 239.2 del mismo Código, en cuanto cierra la posibilidad que cese una medida cautelar de detención preventiva, cuando ha vencido el término dispuesto para el efecto y existe un pedido fundamentado de la Fiscalía solicitado la ampliación de dicho plazo de la detención. Ese razonamiento fue avalado de manera fundamenta por el Vocal demandado, que también hace expresa mención a ese razonamiento, cuando señala que: “Estos dos artículos (art. 233 in fine y art. 239.1 del CPP) son los aspectos que en este tipo de audiencia tiene que ser compulsados, analizados y ponderados en función de los aspectos fácticos que se presentan en la audiencia” (sic), como así lo hizo, sin que por ello se considere que se ha cometido una lesión a la garantía del debido proceso, en su elemento relativo a la fundamentación jurídica del fallo. Además, el accionante, también ha considerado que al momento de ampliarse la detención preventiva, debió aplicarse una medida menos gravosa, si existían riesgos procesales y valorarse la participación diferente de los dos imputados, con esa pretensión, no tomó en cuenta que el trámite que se estaba conociendo y resolviendo es de ampliación de la medida extrema, en cuyo caso no procede la cesación de la misma, sino hasta que se cumpla el nuevo plazo; es decir el trámite que motiva esta acción tutelar, no se trata de una solicitud de cesación de detención preventiva, amparada en el art. 239.1 del CPP, porque existirían nuevos elementos que demuestren que no concurren los motivos que fundaron su detención preventiva, correspondiendo sustituirse por otra medida menos gravosa, al no darse los requisitos señalados en el art. 233.1 y 2 con relación a los arts. 234 y 235 del CPP que se refieren a la existencia de los riesgos procesales (mencionados por el accionante). En consecuencia y por lo manifestado por el impetrante de la tutela, se reitera que la solicitud que se ha resuelto en la “audiencia de situación jurídica”, se encuentra vinculado a la solicitud de ampliación de la detención preventiva, enmarcado en la regulación de los arts. 233 in fine con referencia al art. 239.2 del CPP; cuyas razones han sido ampliamente expresadas, valoradas y reconocidas tanto por el Juez a quo como por el juez adquem, decisiones debidamente fundamentadas, por lo que en este punto no corresponde darse curso a la tutela planteada. En cuanto a la protección reforzada del imputado como adulto mayor

En el recurso de apelación incidental, así como, en el memorial de acción de libertad, se ha cuestionado que las autoridades judiciales, no han tenido en cuenta que el accionante es un adulto mayor y merecía una protección reforzada, debiéndose haber aplicado un enfoque diferencial. Este cuestionamiento tiene como origen el memorial presentado por el Ministerio Público, expresando las razones por las que considera que debe ampliarse el plazo de la detención preventiva, solicitud que ha sido considerada en la “audiencia de situación jurídica”, en el que ha tenido intervención la defensa técnica del accionante, quien en ningún momento puso en consideración del juez a quo, su situación de adulto mayor y que es parte de un grupo vulnerable, dando lugar a que en el fallo dictado, tampoco fuera un tema de consideración su edad o protección especial, para fines de su cesación de la medida extrema. Es recién en apelación incidental que el impetrante de tutela puso en consideración del Vocal demandado este argumento, que dio lugar a que el mismo negara expresando que: “…este asunto que pudo ser considerada en audiencia de cesación a la detención preventiva conforme el num. 1) del art. 239 del CPP, ya que esta situación de acuerdo a las actas que se tiene, no fue motivo de debate, ni una interpelación que hubiese realizado la parte imputada (…) En ese sentido que el Juez a quo no ha ingresado analizar dicha situación y no tiene que por esa situación habría omitido producto de las partes no han señalado sus fundamentos como para poder establecer algunas situaciones al respecto a lo que se señala en esta audiencia” (sic); es decir que, el Vocal demandado, dio razones y motivos por los que el juez a quo no habría emitido un fallo omisivo sobre aspectos que no han sido denunciados oportunamente por el accionante. Por otra parte y más allá de la justificación del fallo del juez de primera instancia, pese haberse apelado sobre un aspecto que de manera justificada no fue resuelto -porque no fue puesto en conocimiento del juzgador-, el Vocal demandado ha expresado razones por demás de justificadas para entender que en el caso concreto, la determinación impugnada no adolece de fundamentación y argumentación, que acredite la tutela planteada, por las razones jurídicas que dio, en sentido que: “…respecto a la edad del imputado cuándo sería también la improcedencia de la detención preventiva y del cual se tienen excepciones en cuanto a la edad especialmente en el Parágrafo III del art. 232 del CPP (…) se comprende de que estuviese dentro de esta situación al existir una excepción, en cuanto a la detención preventiva tomando el cuenta el bien jurídico protegido (…) Homicidio Suicidio (…) se tiene que una mujer que corresponde al grupo vulnerable de la sociedad ha fallecido (…) el juzgamiento a partir de la perspectiva de género (…) existiendo además otras víctimas indirectas como la madre” (sic). En consecuencia y de los datos del proceso se tiene que no corresponde considerarse al accionante como un adulto mayor respecto al que sea improcedente de la detención preventiva, por cuanto: i) Este extremo no fue puesto en conocimiento ante el juez a quo, por lo que mal podía el mismo referirse a aspectos que no fueron solicitados por la parte interesada; ii) La apelación incidental sobre este aspecto fue planteada sobre extremos no reclamados en su oportunidad ante la autoridad competente; iii) Debe tenerse presente que el impetrante de tutela nació el 6 de agosto de 1962 (dato extraído de la imputación formal cursante de fs. 39 a 43 vta.), vale decir que, al momento de la realización de la audiencia de consideración de la situación jurídica de 24 de enero de 2023, tenía menos de sesenta y cinco años, que es la edad de quienes pueden favorecerse con la improcedencia de una detención preventiva, conforme se señala en el art. 232.I.4 del CPP; y, iv) Finalmente, en el supuesto no admitido de que la consideración de su edad, habría formado parte del debate, se habría abierto la posibilidad de impugnarlo a través de una apelación, tendría la persona sesenta y cinco o más años, tampoco se podría aplicar el beneficio, en cuanto como ha expresado ampliamente la autoridad demandada, por el delito de homicidio-suicidio de una mujer, que entra en la excepción señalada en el art. 232.III.2 del citado Código, que establece la no procedencia de la detención preventiva de un adulto mayor, misma que no se aplica cuando se trata de delitos contra la vida de mujeres, lo que se ha dado en el caso de autos. Por todas las razones expresadas, no procede la tutela demandada, quedando desvirtuado el argumento de la parte accionante, en cuanto la decisión de alzada impugnada, cuenta con los argumentos y razones debidamente fundamentadas.

b) Por complejidad del caso, frente actos pendientes de investigación (prueba pericial de autopsia psicológica) y por la gravedad de los hechos denunciados, cometidos contra mujeres que forman parte de grupos vulnerables, corresponde ampliarse el plazo de la detención preventiva

Como argumento central del memorial de acción de libertad, es que el juez de primera instancia amplió el plazo de duración de su detención preventiva, decisión confirmada por el tribunal de alzada, sin fundamentar adecuadamente que la complejidad del caso, vinculada a la realización de una pericia de autopsia psicológica, debió haber sido considerada al inicio del proceso, cuando se determinó aplicar en su contra la medida cautelar de la detención preventiva, que era el momento procesal para establecer la duración de la medida y no en forma posterior; además se ha ampliado el plazo de su detención, sin valorar ningún medio de prueba (como sería la agenda llena de la encargada) que justifique la realización de esa pericia a los familiares de la víctima que ni requiere su presencia. De manera excepcional la libertad personal podrá ser restringida, dentro de los límites citados por la ley, conforme manda el art. 23.I de la Ley Fundamental, restricción que partirá de un pedido fundamento de la Fiscalía o la víctima, en el que se tendrá que especificar el plazo de duración de la medida. En el caso que motiva esta acción constitucional, de la revisión de obrados se establece que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante y el otro imputado, por la supuesta comisión del delito homicidio-suicidio de Carla Lucrecia Herrera Saavedra, el 23 de noviembre de 2022, se ha presentado imputación formal en contra de los sindicados, solicitando detención preventiva por el plazo de cuatro meses, tiempo en el cual se efectuarían actuados investigativos, como la autopsia psicológica y otros actuados. Conforme se ha desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que ese pedido fundamentado deberá ser considerado por la autoridad jurisdiccional que es el juez o tribunal cautelar, quien en ese momento inicial del proceso, deberá valorar todos los elementos probatorios ofrecidos por las partes, con un criterio que sea objetivo y razonable, fijando en forma precisa el tiempo de su duración, indicado la fecha exacta de su cumplimiento. En la especie, por Auto Interlocutorio 828/2022, si bien dio curso a la solicitud de detención preventiva de los imputados, pero no así en cuanto al tiempo pedido de cuatro meses de detención preventiva, sino que valorando los medios probatorios que en ese momento ofrecieron las partes procesales (entre esos la realización de una autopsia psicológica), redujo el tiempo solicitado, a un límite temporal inferior de dos meses, señalándose audiencia para considerar la situación jurídica de los mismos, para el 23 de enero de 2023, determinación confirmada en apelación incidental. El plazo dispuesto por la autoridad judicial para la detención preventiva, puede ampliarse, en aquellos casos en los que la Fiscalía realice un pedido fundamento de ampliación del plazo, también cuando esa solicitud venga de la víctima o querellante y existan actos pendientes de investigación, solicitados oportunamente por el Ministerio Público. En el caso que motiva la presente decisión se evidencia que antes del vencimiento del plazo señalado para la realización de la “audiencia de situación jurídica”, el 20 de enero de 2023 el Ministerio Público presentó un memorial, a través del cual solicitó ampliación del plazo de duración de la detención preventiva de los imputados Fernando Arispe Crespo y Gustavo Richard Morejón Flores, por dos meses más, en cuanto el caso sería complejo, le faltaría actuados investigativos por desarrollar como una autopsia psicológica y otros. Esa solicitud de ampliación del plazo de la detención preventiva, por complejidad del caso, fue resuelta por el juez de primera instancia, quien en “audiencia de su situación jurídica”, se desarrolló el 24 de enero de 2023, emitió un Auto Interlocutorio 73/2023, a través del cual dio curso en forma parcial a lo solicitado, pues si bien declaró fundado el pedido de ampliación de la detención preventiva de los imputados, estableció el mismo por un plazo de cuarenta y cinco días adicionales, es decir, no dio curso a lo solicitado de una ampliación por dos meses adicionales, pero como consecuencia de lo determinado denegó la cesación de la detención preventiva; disposición confirmada en apelación incidental, decisión última cuestionada en la presente acción tutelar. En cuanto a que al inicio del proceso debió haberse establecido el plazo máximo de duración de la detención preventiva En el caso de autos, al inicio del proceso a tiempo de emitirse la imputación formal, la Fiscalía solicitó detención preventiva de los imputados por el tiempo de cuatro meses, porque consideraba que durante el transcurso de ese lapso de tiempo, sería suficiente para realizar una serie de actuados investigativos, como es una autopsia psicológica, que entre otros elementos probatorios ofrecidos, contribuyan a esclarecer la verdad histórica de los hechos sucedidos, vinculados al fallecimiento de una mujer. La parte accionante ha considerado que el plazo de su detención preventiva, no correspondía ser ampliado, por cuanto al inicio del proceso ya se conoció sobre la solicitud de la realización de una pericia de autopsia psicológica, por lo que no existiría la complejidad aducida y que justificaría la ampliación de su detención. Lo que el solicitante de tutela no tomó en cuenta es que al inicio del proceso investigativo la autoridad judicial no dio curso a la solicitud del Ministerio Público en sentido que se proceda a la detención preventiva por cuatro meses como se pidió, sino solo por dos meses, es decir, la mitad del tiempo solicitado, lo que implicaba que desde el inicio del proceso, podría darse una probabilidad en sentido de que en ese lapso de tiempo de la detención preventiva, no se logre producir todos los medios probatorios oportunamente ofrecidos; aunque tampoco estaba cerrada la posibilidad que se produzcan todos los elementos. En cuanto a los criterios complejidad de un caso Como se estableció en Fundamentos Jurídicos III.2 de este fallo constitucional, el término de duración de la detención preventiva, tiene estrecha relación con la realización de los actos investigativos, que se puedan dar durante la etapa preparatoria, que servirán para asegurar la averiguación de la verdad, que contribuya de manera directa al descubrimiento de la verdad histórica. En aquellos casos como el presente, en el que se ha ido desarrollado la etapa preparatoria y han existido actos pendientes de investigación, porque no se ha contado con todos los elementos probatorios que fueron ofrecidos en la oportunidad correspondiente, no comete ninguna ilegalidad la autoridad judicial que en esas circunstancias amplía el plazo de duración de la detención preventiva, a fin de que se produzcan esos elementos probatorios que faltan y contribuyan a esclarecer la verdad de los hechos sucedidos, en casos que tienen complejidades particulares, no solo porque existen elementos probatorios ofrecidos pero no producidos (autopsia psicológica), sino también que esos medios probatorios serán determinantes para establecer la verdad histórica de los hechos sucedidos en el caso concreto, en los que se encuentra en juicio el fallecimiento de una persona, quién por el solo hecho de ser mujer se está en una especial situación de vulnerabilidad, que son aspectos que no han sido obviados por el juzgador. Así, el juez a quo razonó en sentido de que: “el carácter de vulnerabilidad que refiere la parte en este caso víctima (madre de la mujer fallecida) y Ministerio Público son adecuados en la presente causa o sea que también se debe analizar la complejidad del caso en base a la vulnerabilidad que ostentaría la víctima en base a la sensibilidad de la investigación entonces se debe analizar dichos fundamentos, pero en cuanto se trata de la sensibilidad de la investigación refiere que existirían una víctima que habría fallecido, producto de algunas amenazas o incluso de inyectarse algunos elementos tóxicos en su humanidad” (sic); ese razonamiento fue validado en apelación por el Vocal demandado, quien no por ello ha cometido ningún acto ilegal que justifique o amerite la tutela demandada. La complejidad mencionada, relativa a la existencia de los actos pendientes de investigación durante la fase investigativa -más aún cuando se trata de casos en los que la víctima es una mujer o alguien que pertenece a grupos vulnerables-, son criterios de complejidad a ser valorados por la autoridad judicial, quién además podrá considerar y tener presente otros criterios que ayuden a determinar si en el caso concreto, existe o no complejidad señalada, como son todos aquellos razonamientos establecidos en la jurisprudencia internacional y que fueron asumidas por la jurisprudencia nacional, en las SCP 0127/2018-S4, 0693/2021-S2, SCP 0411/2022-S4, como se ha desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional. Entre otros criterios de complejidad, que a partir de la jurisprudencia internacional fue integrado a nuestro ordenamiento nacional, conforme al bloque de constitucionalidad y el principio de favorabilidad consagrados en los arts. 256.II y 410.II de la CPE, se encuentran la complejidad del asunto, la naturaleza del proceso, la complejidad de la prueba y dificultades en su obtención, la pluralidad de imputados y/o de víctimas y testigos, la gravedad del delito, la posible situación de vulnerabilidad de la o las víctimas, el contexto en el que ocurrió, son criterios, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, enunciativos pero en ningún caso se consideran criterios limitativos; en consecuencia, dependiendo de la complejidad del caso, podrá darse alguno de ellos, todos u otros y deberán ser así apreciados por el juzgador. En cuanto a la complejidad, vinculada a la realización de pericia de autopsia psicológica En la especie el juez a quo justificó la ampliación del plazo de la detención preventiva, por la complejidad del caso, haciendo mención a una serie de criterios de complejidad, así se ha señalado: “…la aludida complejidad del caso (…) debidamente justificadas en función al grado de dificultad que comprende la investigación entre las cuales puede considerarse la complejidad de la prueba y los problemas en su obtención (…) sensibilidad de la investigación, calidad o estado de vulnerabilidad de las víctimas (…) el contexto en el que ocurrieron los hechos (…) entre otras…” (sic); la misma autoridad entiende que en el caso concreto: “…ha solicitado por la parte de la víctima (…) aquí radica la complejidad en la obtención de las pruebas (…) a criterio de este despacho jurisdiccional dicha autopsia psicología se requiere con la presencia del entorno social de la víctima ahora fallecida en este caso sus familiares…” (sic). Ese razonamiento del juez a-quo, fue avalado en apelación de segunda instancia, cuando la autoridad demandada entiende que, “..sobre la ampliación que se debe basar en la complejidad del caso, debiendo encuadrar los argumentos en uno de las varias opciones de complejidad establecidas en la jurisprudencia constitucional, en este caso la complejidad se ha establecido en la obtención de pruebas de la pericia de autopsia psicológica, tomando en cuenta que la víctima corresponde a un sector vulnerable y sobre el hecho que investiga el Ministerio Público” (sic). Si bien, la mencionada motivación no resulta ser exhaustiva ni ampulosa, sin embargo, es lo suficientemente clara para comprender la determinación del juzgador, porque en forma razonable y concisa, se ha llegado a la conclusión de que la realización de la pericia psicológica, se constituye en una prueba necesaria en la investigación, más aún en casos como el presente, en el que la víctima es una mujer que corresponde a un sector vulnerable de la población y que merece especial tutela; en consecuencia, el razonamiento del Vocal demandado mal puede aducirse como uno omisivo o carente de fundamentación, no ameritando la tutela planteada.

En cuanto a la ausencia de prueba e inexistencia de necesidad de realización de la autopsia psicológica El solicitante de tutela extraña que se haya solicitado la ampliación del plazo de la detención preventiva, para la realización de una pericia de autopsia psicológica, sin que se haya probado que la misma no se realizó antes por la recargada agenda de la responsable; además que, para la realización de la misma no se requiere su presencia, pudiéndose encontrar con una medida menos gravosa que la detención preventiva. Con referencia a no haberse probado la necesidad de la realización de una autopsia psicológica; ese es un aspecto que pierde relevancia en el caso concreto, en cuanto la pericia psicológica, inicialmente y en forma oportuna era un medio probatorio ofrecido, pero no se produjo, por el corto tiempo de la detención preventiva que también inicialmente se fijó, abriéndose la posibilidad de la ampliación del plazo, máxime en casos como el presente en el que el hecho denunciado es de demasiada sensibilidad pues fue cometido contra una mujer en situación de vulnerabilidad, razón por demás de suficiente para que se proceda a la ampliación solicitada. En cuanto a la irrelevancia de la presencia del imputado para la realización de la pericia de autopsia psicológica Señala el peticionante de tutela que su presencia sería irrelevante para la realización de la pericia de autopsia psicológica, porque la misma solo se aplica a familiares de la víctima fallecida y no a imputados. En esta parte, el solicitante de tutela no tomó en cuenta que su detención preventiva durante la etapa preparatoria, tiene la finalidad de asegurar su presencia para que no obstaculice la realización de los actos investigativos, evitando cualquier forma de presión contra la víctima -madre de la mujer fallecida-, testigos o demás personas involucradas en el proceso, no para que su persona como imputado realice declaraciones como testigo o familiar de la víctima. En cuanto a la aplicación de la jurisprudencia internacional y el valor de la cosa interpretada Finalmente, un aspecto que este Tribunal Constitucional Plurinacional no puede dejar de tener en cuenta es lo denunciado por la parte accionante en la audiencia de acción de libertad, en sentido que se habría inducido al juzgador, a que aplique una jurisprudencia internacional, con relación a la protección de una mujer en situación de vulnerabilidad, sin considerar que uno de los casos mencionados corresponde a un hecho de violación a una mujer, cuya estructura merece un análisis especial y diferente del caso presente, que se trata de un homicidio suicidio de una mujer. Conforme se ha expresado, en el marco del bloque de constitucionalidad y principio de favorabilidad consagrados en los arts. 256 y 410.II de la CPE, se tiene la previsión del art. 13.IV de la Norma Suprema, que dispone: “Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados Internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia”; este mandato constitucional contiene la pauta de interpretación conforme al parámetro de convencionalidad, a través de la cual las autoridades judiciales, para aplicar de manera directa los derechos conforme manda al art. 109.I de la Ley Fundamental, deben brindar a la norma un sentido conforme al parámetro de convencionalidad, a través de la doctrina del bloque de constitucionalidad, que no se limita a los tratados internacionales referentes a derechos humanos, sino que también se amplía a los estándares (jurisprudencia) internacionales en esa materia. Como parte de las obligaciones internacionales del Estado boliviano de ejercer un control de convencionalidad (difuso) interno, aunque no haya sido llamado a un juicio internacional, si está obligado a respetar la interpretación que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) o lo que es lo mismo, está obligado a asumir los razonamientos internacionales, por el hecho de haber reconocido su competencia contenciosa y consultiva, situación que es una expresión de lo que en doctrina constitucional se conoce como cosa interpretada o res interpretata, que obliga a todos esos Estados independientemente del caso concreto. Conforme a lo señalado, todos los jueces bolivianos están vinculados al criterio interpretativo que ha establecido la Corte IDH, en ese mérito cuando el juez a quo asumió los criterios interpretativos que ha realizado la referida Corte, muy al margen de caso concreto que se haya dado en esos razonamientos, que pueden estar vinculados a otros tipos penales delictivos (como violación u otros), tienen la obligación de aplicar diversos criterios que se han expresado en cuanto a la complejidad del caso. De acuerdo a lo manifestado, en el caso concreto que es en la tramitación de un proceso penal, en el que la principal víctima es una mujer que ha fallecido, quedando en vida otras, como su madre, al tratarse de mujeres en situación de vulnerabilidad, todo el procesamiento debe ser realizado con perspectiva de género, que no solo se aplica a la etapa del juicio, sino también durante la etapa preparatoria, en la que se han producido dificultades en la investigación, porque no se ha producido toda la prueba ofrecida oportunamente, que contribuya a la verdad histórica de los hechos sucedidos. Por lo expuesto, ni el juez de primera instancia ni el Vocal demandado cometieron ninguna ilegalidad al decidir ampliar el plazo de la detención preventiva, por la complejidad que se dio en la producción de un elemento probatorio importante, como fue la realización de la pericia de autopsia psicológica, en ese caso sensible en el que se estaba investigado sobre hechos delictivos que supuestamente agravian a mujeres en estado de vulnerabilidad; razón demás de suficiente por la que no corresponde otorgarse la tutela demanda. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2023 de 4 de marzo, cursante de fs. 71 a 73 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 Sentencia de 30 de octubre de 2008 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, párrafo 70.

5 Caso Gelman vs. Uruguay. Resolución de 20 de marzo 2013, de Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, párrafos 32 y 33. En este caso también se ha razonado sobre el alcance de la cosa juzgada o res judicata, que se da cuando el Estado como demandado ha participado en un juicio internacional, en el que la decisión internacional tiene un carácter obligatorio, adquiriendo el fallo internacional (para ese Estado) la calidad o efecto de cosa juzgada.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0982_2025-S3.pdf · páginas 1 a 26.

Huella digital del PDF (SHA-256): 0af4972327ed397211b1279cf188fc695cec1e21327096f091b3fdf3ee9b740d

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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