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SCP 0982/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 28 de agosto de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
28 de agosto de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
54449-2023-109-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y a la dignidad; y, del principio de celeridad; toda vez que, pese a que la autoridad judicial demandada tomó conocimiento de la solicitud de emisión de resolución y mandamiento de libertad definitiva presentada el 8 de marzo de 2023, no dispuso su otorgamiento; por el contrario, dictó actuados procesales que dilataron el requerimiento, habiendo transcurrido ya cinco días desde su presentación. Ante ello, el Juez demandado señala que el citado memorial ingresó a su despacho el 9 de marzo de 2023; y, dictó el Auto Interlocutorio 046/2023 en el mismo día, declarando cumplida la condena, concediendo la libertad definitiva y dispuso se expida el mandamiento de libertad definitiva, asi como su notificación. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 10/2023 de 14 de marzo, cursante de fs. 11 a 13 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer que el Juez de Ejecución Penal Cuarto del departamento de La Paz supervise el cumplimiento de su propia determinación, salvo que aquella decisión al presente ya se hubiese cumplido.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La tutela de la acción de libertad de pronto despacho para garantizar el cumplimiento de plazos procesales perentorios
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0982/2025-S2 Sucre, 28 de agosto de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 54449-2023-109-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 10/2023 de 14 de marzo, cursante de fs. 11 a 13 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Boris Gustavo Arias Pizarro en representación sin mandato de Diego Mauricio Mayta Arias contra Juan Carlos Pérez Ramírez, Juez de Ejecución Penal Cuarto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 13 de marzo de 2023, cursante a fs. 1 y 4 a 5, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Por Resolución “42/2019”, fue sentenciado a cinco años de reclusión por la comisión del delito de homicidio. Tras haber permanecido privado de libertad por más de tres años, se encontraba cumpliendo el beneficio de libertad condicional. El 8 de marzo de 2023, presentó memorial solicitando se dicte resolución y mandamiento de libertad definitiva por cumplimiento de condena, señalando que los cinco años impuestos habrían fenecido el 31 de enero del mismo año y que, a la fecha de su petición, incluso se sobrepaso el tiempo de condena; sin embargo, hasta el 13 del citado mes y año -fecha en que interpuso la presente acción de defensa- no se dispuso su libertad definitiva, pese a haber transcurrido cinco días desde la presentación de su requerimiento. En atención a dicha solicitud, Juan Carlos Pérez Ramírez, Juez de Ejecución Penal Cuarto del departamento de La Paz -ahora demandado- ordenó a la trabajadora social realizar nueva verificación domiciliaria y verificación laboral, requiriendo además que actualice toda la documentación presentada al momento de tramitar su libertad condicional, lo que ocasionó la demora en la concesión de su libertad definitiva.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

-Se infiere que- el accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y a la dignidad; y, del principio de celeridad, citando al efecto los arts. 22, 23.I, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, en el día, se le dé su libertad definitiva.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el “15 de febrero” -siendo lo correcto el 14 de marzo- de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 9 a 10, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliando en audiencia señaló que: a) Tomando en cuenta los arts. “119 paragrafo 1)” -se entiende 19.1- de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) y 55.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el Juez demandado debió realizar el seguimiento correspondiente y disponer de oficio la libertad definitiva por cumplimiento de condena; b) Desde la presentación del memorial de 8 de marzo de 2023, hasta minutos antes de la audiencia de garantías no obtuvo respuesta alguna, recién a horas 11:02 fue notificado con “una resolución”, sin que existiera tiempo suficiente para su lectura; y, c) Al momento de considerar la solicitud de libertad, el Juez de causa debió librar en el día disponer el mandamiento respectivo, conforme al art. 39 del LEPS; sin embargo, transcurrieron seis días desde la petición sin que ello ocurra.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Juan Carlos Pérez Ramírez, Juez de Ejecución Penal Cuarto del departamento de La Paz, en audiencia de garantías, solicitó se deniegue la tutela impetrada, sosteniendo que: 1) El accionante se encuentra con el beneficio de libertad condicional; al efecto, el 8 de marzo de 2023, presentó memorial solicitando libertad definitiva por cumplimiento de condena, con recepción de horas 8:40 de la Oficina Gestora de Procesos y remitido recién a horas 15:42 del mismo día al Juzgado de la causa; 2) El 9 del mismo mes y año habiendo tomado conocimiento de la solicitud, dispuso que en el día el “Departamento de Trabajo Social” informe sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la libertad condicional y las condiciones impuestas al impetrante de tutela. Asimismo, ordenó a la Secretaria del Juzgado a su cargo elaborar el cómputo de la pena cumplida. Ambos actuados procesales fueron cumplidos en la misma fecha; 3) El 9 de igual mes y año, dictó el Auto Interlocutorio 046/2023 de 9 de marzo, disponiendo la libertad definitiva y se expida el mandamiento de libertad. La Resolución y el referido mandamiento fueron remitidos al Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, siendo recepcionados a horas 17:06, en cumplimiento de lo previsto en el art. 39 de la LEPS; 4) El 9 del mismo mes y año, el accionante, quien solicitó la libertad definitiva, no se presentó en el Juzgado de la causa para hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de plazos y de la norma; y, 5) No puede atribuirse responsabilidad respecto al eventual desconocimiento de los actuados procesales por parte del impetrante de tutela; toda vez que, como se evidencia de las notificaciones, mandamiento de libertad, resolución y demás diligencias practicadas ese mismo día, el Juzgado cumplió con lo dispuesto por ley. En todo caso, el retraso en la notificación al abogado del impetrante de tutela responde a la labor de la Oficina Gestora de Procesos, que es la encargada de generar las notificaciones en los tiempos y plazos previstos por ley, y no la autoridad judicial.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 10/2023 de 14 de marzo, cursante de fs. 11 a 13 vta., denegó la tutela solicitada; asimismo, llamó la atención al abogado del accionante por no haber hecho seguimiento de la causa y presentar acción de libertad sin fundamento alguno; con base en los siguientes fundamentos: i) El 8 de marzo de 2023, a horas 8:40, el impetrante de tutela presento un memorial ante la Oficina de Gestora de Procesos, solicitando su libertad definitiva por cumplimiento de condena. El referido memorial fue remitido al Juzgado de Ejecución Penal Cuarto del departamento de La Paz el mismo día, a horas 15:42, y puesto en despacho del Juez el 9 de citado mes y año, disponiéndose por decreto que el “Departamento de Trabajo Social” informe en el día sobre el cumplimiento de las condiciones impuestas en la libertad condicional y que por Secretaría de su despacho se elabore el cómputo de la pena cumplida; ii) En la misma fecha informó que el impetrante de tutela cumplió las ocho condiciones impuestas para acceder al beneficio de la libertad condicional. Asimismo, la Secretaria de Juzgado elaboró el cómputo de la pena, estableciendo que el tiempo de cinco años había sido cumplido; iii) El Juez dictó la Auto Interlocutorio 046/2023, declarando cumplida la condena, concediendo la libertad definitiva y ordenando se expida el mandamiento de libertad, así como la notificación respectiva. Dicho mandamiento fue emitido en el mismo día y el Director del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz fue notificado el 9 de marzo del mismo año, a horas 17:06; y, iv) El Juez demandado en ningún momento incurrió en dilación del proceso; puesto que en el día, se expidió el mandamiento de libertad definitiva, extremo acreditado por el sello de recepción correspondiente al referido Centro Penitenciario San Pedro del mismo departamento. En vía de aclaración, complementación y enmienda, el accionante solicitó lo siguiente: a) Se precise la interpretación dada al art. 39 de la LEPS, respecto al cumplimiento de la pena el 31 de enero de 2023; b) Se aclare la aplicación de los arts. 19.1 de la misma norma y 55.1 del CPP, en cuanto al deber de la autoridad de realizar un seguimiento riguroso y dictar de oficio la libertad definitiva; y, c) Se complemente la información sobre la notificación remitida por el Juez de Ejecución Penal Cuarto del departamento de La Paz a la Oficina Gestora de Procesos, precisando día y hora. En respuesta, el Juez de garantías declaró no ha lugar a la solicitud, con base en los siguientes fundamentos: 1) Conforme a los antecedentes del proceso y al informe emitido por la Secretaria abogada del despacho judicial, se estableció que el accionante gozó del beneficio de prelibertad del 30 de noviembre de 2021 al 6 de junio de 2022, posteriormente de libertad condicional del 6 de junio del mismo año al 9 de marzo de 2023; asimismo, mediante Auto Interlocutorio 47/2022 de 19 de febrero, se le otorgó la redención correspondiente. En consecuencia, se concluyó que el 9 de marzo del citado año cumplió la pena de cinco años de reclusión; 2) Con relación a la solicitud de aclaración respecto al art. 19.1 de la LEPS, se señaló que, si bien según la versión del accionante cumplió su condena el 31 de enero de 2023. Este se encontraba gozando del beneficio de libertad condicional, por lo que le correspondía solicitar oportunamente el mandamiento de libertad definitiva por cumplimiento de condena; y, 3) Respecto a la notificación, se precisó que la Dirección del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz fue notificada con el Auto Interlocutorio y el mandamiento de libertad el 9 de marzo del mismo año, a horas 17:06, no constando en obrados posteriores diligencias.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 8 de marzo de 2023, Diego Mauricio Mayta Arias, -ahora accionante- solicitó a Juan Carlos Pérez Ramírez, Juez de Ejecución Penal Cuarto del departamento de la Paz -ahora demandado-, dicte resolución y mandamiento de libertad definitiva por cumplimiento de condena (fs. 2 a 3 vta.). II.2. Mediante Auto Interlocutorio 046/2023 de 9 de marzo, el Juez demandado declaró cumplida la condena impuesta al accionante, disponiendo su libertad definitiva y ordenó se expida del mandamiento de libertad en el día, así como la notificación correspondiente (fs. 14 a 16).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y a la dignidad; y, del principio de celeridad; toda vez que, pese a que la autoridad judicial demandada tomó conocimiento de la solicitud de emisión de resolución y mandamiento de libertad definitiva presentada el 8 de marzo de 2023, no dispuso su otorgamiento; por el contrario, dictó actuados procesales que dilataron el requerimiento, habiendo transcurrido ya cinco días desde su presentación. Ante ello, el Juez demandado señala que el citado memorial ingresó a su despacho el 9 de marzo de 2023; y, dictó el Auto Interlocutorio 046/2023 en el mismo día, declarando cumplida la condena, concediendo la libertad definitiva y dispuso se expida el mandamiento de libertad definitiva, asi como su notificación. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La tutela de la acción de libertad de pronto despacho para garantizar el cumplimiento de plazos procesales perentorios

Cuando existe dilación en relación a los plazos procesales perentorios que afecta a la situación jurídica de los procesados, se lesiona el derecho a la libertad, conforme lo establece el art. 23.I de la CPE, al señalar que la libertad puede ser restringida dentro de los límites fijados por ley. En este contexto, la tutela de la acción de libertad se denomina “de pronto despacho” pues, exhorta -conforme el principio de celeridad establecido en el art. 178.I de la CPE- que se realicen las actuaciones procesales en el plazo y sin demora; de lo contrario, se lesionaría la libertad del procesado. Al respecto, la SCP 0803/2020-S3 de 5 de noviembre, mencionó que: «“…la acción traslativa o de pronto despacho (…) ‘…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’, de donde se extrae que cuando una persona privada de libertad …” .

(…)

De lo que se concluye que, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, esto precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos…» (el resaltado pertenece el texto original).

III.2. Análisis del caso concreto

Por memorial presentado el 8 de marzo de 2023, Diego Mauricio Mayta Arias -ahora accionante- (Conclusión II.1), solicitó se dicte resolución y se expida mandamiento de libertad definitiva por cumplimiento de condena, conforme al art. 39 del LEPS. Ante ello, Juan Carlos Pérez Ramírez, Juez de Ejecución Penal Cuarto del departamento de La Paz -ahora demandado- dió curso a lo solicitado una vez conocido el requerimiento; sin embargo, el impetrante de tutela señala que al inicio de la audiencia de la acción de defensa -a horas 11:02, de 14 del mismo mes y año- recién notificaron con el Auto Interlocutorio y el mandamiento mencionados. En ese entendido, se advierte que la solicitud presentada el 8 de marzo de 2023 por el accionante fue conocida por el Juez demandado el 9 del mismo mes y año, quien en esa misma fecha dictó el Auto Interlocutorio 046/2023 de 9 de marzo, declaró cumplida la condena impuesta, concedió su libertad definitiva y dispuso se expida el correspondiente mandamiento de libertad. Dicha Resolución fue notificada a la Dirección del Centro Penitenciario de San Pedro del departamento de La Paz, a horas 17:06, en la misma fecha (Conclusión II.2). En ese sentido, la autoridad judicial demandada no solo debía emitir la resolución correspondiente, sino también verificar y garantizar su cumplimiento efectivo, en observancia del mandato contenido en el art. 39 de la LEPS, que literalmente establece: “…el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno”. Sin embargo, conforme a los antecedentes de la presente acción tutelar, se constata que el impetrante de tutela fue notificado con el Auto Interlocutorio 046/2023 -a través de su representante sin mandato- recién el día de la audiencia de consideración de la acción tutelar; es decir, el 14 de marzo de 2023, sin que se hubiese cumplido la orden sin causa legal que lo justifique. Esta situación configura una dilación indebida en la ejecución de la resolución judicial que disponía su libertad y, que por tanto, vulnera su derecho fundamental a la libertad personal.

De lo expuesto, la responsabilidad del Juez demandado no se limita a una actuación pasiva, sino que implica un deber permanente de inciativa, seguimiento sistemático y resolución oportuna de las situaciones que afectan directamente el ejercicio de los derechos fundamentales, en particular cuando se aproxima o se cumplió el término de la condena impuesta. En este sentido, la SCP 1707/2013 de 10 de octubre, estableció sobre la actuación del juez de ejecución penal que: "…no deberá necesariamente esperar que el condenado que cumpla su condena le solicite expresamente mandamiento de libertad por esta circunstancia, sino que inclusive podrá disponerla de oficio…". Esta interpretación refuerza el carácter proactivo de la función judicial en la protección del derecho a la libertad, pero además entiende que el mandato del art. 39 de la LEPS vincula a los directores de los establecimientos penitenciarios. Por las razones expuestas, corresponde a esta Sala conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 10/2023 de 14 de marzo, cursante de fs. 11 a 13 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer que el Juez de Ejecución Penal Cuarto del departamento de La Paz supervise el cumplimiento de su propia determinación, salvo que aquella decisión al presente ya se hubiese cumplido. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA

HAYDEÉ ZULEMA ESPAÑA VILLEGAS

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0982_2025-S2.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): 1dbd59b329dfce382f2a7a3ec78ab71db6341900c3886ff52e04d98927aeed75

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