Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 31 de octubre de 2023
Concede la tutela
La accionante denuncio como lesionados sus derechos al debido proceso en su vertiente fundamentación y motivación, acceso a la justicia y a la seguridad jurídica; alegando que la Fiscal Departamental ahora demandada, emitió la Resolución Jerárquica F.D.C./R.S.A.O. O.D. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 085/2023 de 10 de agosto, cursante de fs. 259 a 263, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, únicamente cuanto a la falta de fundamentación y motivación advertida, con base a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0982/2023-S4 Sucre, 31 de octubre de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional Expediente: 58056-2023-117-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 085/2023 de 10 de agosto, cursante de fs. 259 a 263, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Agar Canseco Vda. de Vásquez contra Nuria Gisela Gonzales Romero, Fiscal Departamental de Cochabamba.
Por memoriales presentados el 18 de julio de 2023, cursante de fs. 213 a 219 vta.; y, el de subsanación de 26 de igual mes y año (fs. 223 a 224 vta.), la accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Suscribió tres contratos de préstamo de dinero con Martha Canseco de Sevilla –ahora tercera interesada–, el primero el 31 de enero de 2019, por la suma de $us15 000.- (quince mil dólares estadounidenses), el segundo por $us5 000.-(cinco mil dólares estadounidenses) el 20 de septiembre de igual año, ambos con un interés del 3% mensual por el plazo de dos (2) años, y finalmente el 20 de septiembre del referido año, con el mismo interés por el plazo de un (1) año, en todos la deudora garantizó el cumplimiento de la obligación con todos sus bienes habidos y por haber, los cuales fueron debidamente reconocidas ante autoridad competente. Añadió que, la misma incumplió los pagos de los tres contratos, razón por la cual inicio una demanda de estructura monitoria ejecutiva, que fue tramitada por el Juzgado Público Civil y Comercial Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, que cuenta con Sentencia Condenatoria de 3 de diciembre de 2021, habiéndose realizado notificación a Derechos Reales (DD.RR.) de Quillacollo, que certificó que la ejecutada hoy tercera interesada no tenía registrado derecho propietario a nivel nacional, el Gobierno Autónomo Municipal de la misma localidad, informó que no tenía registrado ningún vehículo a su nombre, la Dirección Departamental de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de Cochabamba, señaló que revisado el sistema informático Registro Único de Administración Tributaria (RUAT) la ejecutada no contaba con vehículo registrado a su nombre y finalmente del congelamiento de cuentas bancarias la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI), según certificó Banco BISA Sociedad Anónima (S.A.), Banco Económico S.A. y el Banco Fundación por Promoción y Desarrollo de Microempresa Sociedad Anónima (PRODEM S.A.) “Bs.- 113,7 monto irrisoria con relación a la deuda, POR CONSIGUIENTE AL NO EXISTIR NINGUN BIEN MUEBLE Y MENOS INMUEBLE QUE SEA SUJETO DE REMATE NO SE TIENE NADA MÁS QUE TRAMITAR EN DICHO PROCESO CIVIL PORQUE NO EXISTEN BIENES MUEBLES O INMUEBLES PARA EJECUTAR” (sic). Por lo que habiendo agotado la vía civil, sin ningún resultado para recuperar el dinero adeudado y habiendo descubierto que la demandada de mala fe realizó sus actos con engaños y artimañas le sonsacó dineros haciéndole incurrir en error pensando que sería devuelto en el tiempo previsto, provocando el desplazamiento de sus dineros y consiguiente detrimento de su patrimonio beneficiándose con dineros que no le corresponden, abusando de su buena fe utilizando contratos criminalizados pues la obligación fue garantizada con bienes inexistentes, teniendo conocimiento delictivo que nunca cumpliría lo pactado, y considerando que el proceso penal de última ratio, interpuso proceso penal en contra de la ahora tercera interesado el 14 de marzo de 2023, por el delito de estafa, acompañando todo el legajo procesal de la demandad civil ejecutiva, documentos legalizados y otros; no obstante, Iván Gómez Colque, Fiscal Analista desestimó la denuncia mediante requerimiento de la misma fecha, sosteniendo que la misma es atípica, negándole con ello su derecho de acceso a la justicia. Determinación contra la que interpuso objeción por memorial de 17 del citado mes y año, que fue resuelto por Raúl Sócrates Arze Orellana en suplencia legal de la Fiscalía Departamental de Cochabamba, quién por Resolución F.D.C./R.S.A.O.OD 78/2023 de 17 de abril, ratificó la desestimación por atipicidad con falta de fundamentación y motivación de hecho y de derecho, negándole la admisión de su denuncia sin considerar la última ratio del proceso penal. Bajo el argumento que dicho proceso civil aún no contaba con sentencia definitiva y que no se habría ingresado a la fase de ejecución, sin realizar una adecuada revisión de los antecedentes del proceso civil, pues no consideró que dicho proceso no contará con sentencia definitiva porque se arribó a una conciliación, cuyo incumplimiento ingresó a la fase de ejecución del acta de conciliación, conforme se tiene del Auto de 16 de agosto de 2022, emitido por el Juzgado Público Civil y Comercial Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, donde se tramita el aludido proceso, a través del cual se ordenó mandamiento de embargo sobre los bienes de la ejecutada, “dicho auto fue ratificado su ejecutoria por Providencia de 05 de diciembre de 2022...por lo que se tiene Claramente demostrado que el Proceso Civil ya se encuentra en la Fase de Ejecución y no como erróneamente lo manifiesta en la Resolución Jerárquica” (sic). Argumento que, no era posible desestimar su denuncia por atipicidad, ya que aún no se realizó ninguna investigación, por cuanto dicha determinación resulta arbitraria y vulneradora de sus derechos y garantías constitucionales conforme establece la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 815/2019-S2 de 11 de septiembre, que en un caso similar al presente concedió la tutela, estableciendo que: “... será arbitrario disponer la desestimación por atipicidad del hecho o por falta de elementos de convicción necesarios; por cuanto la previsión del art. 55 de la LOMP, no puede equipararse al rechazo de denuncia establecido en el art. 304 del Código de Procedimiento Penal (CPP);por cuanto, queda claro la desestimación no proviene de ninguna investigación, en tal sentido, menos podría determinar la existencia o no de los elementos constitutivos del tipo penal para poder establecer la atipicidad del hecho denunciado, al no tenerse lo elementos necesarios para efectuar el juicio de atipicidad o juicio de adecuación; es decir, el análisis de la correspondencia exacta entre lo que el agente presuntamente realizó y aquello que se encuentra descrito en la ley; salvo en casos muy excepcionales y extremadamente evidente. En el mismo sentido, no podría determinarse la desestimación por falta de elementos de convicción; puesto que, es lógico que estos elementos solo podrán ser obtenidos en una etapa investigativa y no en una etapa de admisibilidad, en la cual no es posible analizar ni determinar aspectos de fondo respecto a la comisión de un hecho delictivo, dado que al no existir ninguna investigación el fiscal se encuentre impedido de manifestarse sobre ello, caso contrario su decisión sería discrecional y por ende arbitraria” (sic). Por último, manifestó que, en la determinación asumida tampoco se tomó en cuenta que es una persona de la tercera edad, pues cuenta con setenta y siete (77) años; por lo que, pertenece a un grupo vulnerable que merece un trato preferente.
La accionante alego como lesionados sus derechos al debido proceso en su vertiente fundamentación y motivación, acceso a la justicia y seguridad jurídica; citando al efecto el art. 115 y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se anule la Resolución Jerárquica 78/2023 de 17 de abril, y en consecuencia se ordene la emisión de nuevo pronunciamiento debidamente motivado y fundamentado en hecho y derecho, “DEBIENDO REVOCAR LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA DE 14 DE MARZO DE 2023, DISPONIENDO AL FISCAL ANALISTA DE QUILLACOLLO A QUE ADMITA MI DENUNCIA Y SE INICIE LA INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE” (sic).
Celebrada la audiencia el 10 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 255 a 258, presentes la solicitante de tutela, la demandada y la tercera interesada, asistidas de sus representantes legales, se produjeron los siguientes actuados:
La impetrante de tutela a través de su abogado, ratificó in extenso la demanda, peticionando se conceda la tutela solicitada y se disponga la anulación de la Resolución Jerárquica 78/2023 de 17 de abril, emitido por la “Fiscalía Departamental y se emita nueva Resolución debidamente motivada y fundamentada en hecho y derecho, debiendo revocar la Resolución Impugnada de 14 de marzo de 2023, disponiendo al fiscal analista de Quillacollo a que admita su denuncia y se inicie la investigación correspondiente” (sic).
Nuria Gisela Gonzáles Romero, Fiscal Departamental de Cochabamba, mediante memoriales presentados el 1 y 9 ambos de agosto de 2023, cursante a fs. 234 y vta. y 246 y vta., señaló que a tiempo de resolver la presente acción tutelar, debe considerarse que la autoridad que emitió la Resolución F.D.C./R.S.A.O P.D. 78/2023 de 17 de abril, fue Raúl Sócrates Arze Orellana, Fiscal de Materia en suplencia legal, en razón que la excusa que formuló como Fiscal Departamental de Cochabamba, fue declarada probada por el Fiscal General a través de la Resolución FGE/JLP/DAJ 032/2023 de 12 de abril; por cuanto, carece de legitimación pasiva para ser demandada al no haber emitido el fallo aludido, conforme el Tribunal Constitucional Plurinacional así lo determinó en la SCP 0643/2017-S1 de 27 de junio. Raúl Sócrates Arze Orellana, Fiscal de Materia en suplencia legal de la Fiscal Departamental de Cochabamba, por memorial presentado el 8 de agosto de 2023, cursante de fs. 240 a 243, se apersonó en representación del Ministerio Público y peticionó se le hagan conocer posteriores actuados, señalando en cuanto al fondo del recurso que: a) La accionante no cumplió con la carga argumentativa suficiente para sustentar su acción de amparo constitucional, lo que impide se ingrese al fondo de la solicitud realizada; máxime, cuando pretende se revoque un fallo fiscal bajo una denuncia de presunta mala interpretación de la SCP 815/2019-S2 y únicamente por su condición de persona de la tercera edad; b) La desestimación efectuada se encuentra amparada en la causal de atipicidad, que se mantuvo vigente hasta la ratificación, sin que la hoy impetrante de tutela hubiera referido porqué motivo se hubiera desvirtuado la causalidad de atipicidad, concretamente porqué concurrían los elementos típicos de la estafa como son el engaño y el error que provocó la disposición patrimonial, no pudiendo sustentar la misma en su edad y haberse agotado la vía civil, que no son requisitos para la procedencia del aludido ilícito; c) De acuerdo a la SCP 815/2019-S2 de 11 de septiembre, las denuncias podrán ser desestimadas cuando exista la insuficiencia descriptiva en la relación de los hechos, cuando el hecho denunciado es de acción penal privada o en casos notorios y excepcionales, cuando el hecho denunciado es atípico sin que esto pueda considerarse como atentatorio de derechos fundamentales y garantías constitucionales, precedente del cual no se evidencia incumplimiento por parte del Fiscal analista, quién se enmarco en sus alcances, encontrándose en las causales admisibles para desestimar denuncias, los casos excepcionales y notorios por la atipicidad del hecho, circunstancia por la cual se desestimó la denuncia al ser notoriamente atípica, motivo por el que el agravio carece de mérito; d) Si bien a la víctima le asiste el derecho a una justicia o tutela judicial efectiva, no es menos cierto que cuando una denuncia se encuentra amparada en la causal de atipicidad debe fundamentarse porque concurren los elementos del tipo penal, no pudiendo en el caso suplirse esa ausencia únicamente por la condición de tercera edad y porque ya habría agotado la vía civil, más aún si se tiene presente que el proceso penal no se encuentra contemplado para la recuperación de deudas, ya que si bien no puede soslayarse que la ahora accionante es parte de un sector vulnerable, ello no implica que al analizar la causa se deba abstraer de considerar si concurren o no los elementos constitutivos del tipo penal, debido a que no puede desconocerse que el legislador estableció la figura de desestimación de denuncia o querella, para cernir el ingreso de las causas que no tengan contenido de acción penal pública, por cuanto al desestimar la causa por ser el hecho atípico no se lesiona el derecho de acceso a la justicia; e) No se puede ingresar a valorar la prueba porque peticionante de tutela no cumplió con la carga argumentativa y probatoria suficiente; f) La presente acción tutelar carece de relevancia al no concurrir ninguna de los presupuestos establecidos por la SCP 1062/2016-S3, la cual permite fundar que la decisión cuestionada contenga un resultado diferente; y, g) Al no demostrarse la vulneración de los derechos alegados, solicitó se deniegue la tutela impetrada.
Martha Canseco Claros de Sevilla, mediante informe escrito presentado el 9 de agosto de 2023, cursante de fs. 253 a 254, manifestó que: 1) La ahora accionante pretende hacer incurrir en error a la justicia constitucional, para que el hecho sea investigado, procesado y juzgado dos veces, por cuanto de ser de esa forma se vulneraria el derecho humano nom bis in ídem, pues ambas denuncias tienen identidad de sujetos, hecho y fundamentos; 2) El fallo hoy confutado, cuenta con una explicación coherente y clara, sin resquicios de duda razonable del porqué se llegó a dicha determinación, la cual se encuentra en apego a la legalidad y premisas jurídicas, tomando en cuenta el principio de ultima ratio e intervención mínima del derecho penal, los requisitos y limitaciones de un documento criminalizado para adecuar al tipo penal de estafa; y, 3) No se lesionó su derecho a la seguridad jurídica, pues se consideraron los elementos constitutivos del delito denunciado y al no adecuarse al tipo penal de estafa, fue destinado por ser atípico; argumentos con base en los cuales solicitó se deniegue a tutela impetrada.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución AAC-085/2023 de 10 de agosto, cursante de fs. 259 a 263, denegó la tutela; en base a los siguientes fundamentos: i) Con relación a la falta de legitimación pasiva respecto a la Fiscal Departamental de Cochabamba, de acuerdo a los aseverado por esta autoridad, no queda duda que la misma se excusó de manera legal y fue apartada del conocimiento del recurso jerárquico, por lo que corresponde separarla de la presente acción tutelar, al no advertirse existencia de legitimación pasiva; ii) Del análisis de la resolución confutada, se tiene que la misma responde de manera fundamentada y motivada los agravios denunciados por la objetante, de cuyos agravios no se advierte que la hoy accionante haya reclamado la aplicación obligatoria de la SCP 0815/2019, no resultando esta jurisdicción constitucional supletoria a efectos de reparar omisiones que no habrían sido reclamadas de manera precisa por la solicitante de tutela; iii) Del análisis que se efectuó a la cédula de identidad de la deudora hoy tercera interesada, la autoridad demandada estableció que su estado civil es casada, por consiguiente tendría una instancia más a efectos de poder resguardad o recuperar los montos que se le adeudaren por existir una apreciación en cuanto a los bienes que tendría la deudora junto a su cónyuge; y, iv) Con relación a los demás derechos alegados como vulnerados, como son el debido proceso en sus vertientes fundamentación, seguridad jurídica y acceso a la justicia, no se advierte lesión alguna, debido a que la ahora impetrante de tutela tuvo la oportunidad de acceder a las instancias, pues desde la iniciación del proceso civil pudo solicitar órdenes de embargo y obtener certificaciones que evidencien que la deudora no cuenta con bienes inmueble sujetos a registro, y posteriormente denunciar en la vía penal y concluir con la determinación emitida por el Fiscal Departamental de Cochabamba.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta acta de audiencia única en proceso de estructura monitoria (ejecutivo) desarrollada el 2 de marzo de 2022, en el Juzgado Público Civil y Comercial Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, por el cual Martha Canseco Claros hoy tercera interesada –demandada–, hizo conocer su voluntad de llegar a un acuerdo, por cuanto acordaron con Agar Canseco Vda. de Vásquez ahora accionante –demandante–, conciliar el monto de $us35 000.- (treinta y cinco mil dólares estadounidenses) dineros que serán pagado en el plazo de doce (12) meses, monto de dinero y plazo que fue propuesto por la parte demandada y aceptada por la parte demandante, arribando a un plan de pagos cuya fecha final de cancelación debía realizarse el 2 de marzo de 2023, aclarando que ante cualquier incumplimiento de las cuotas mensuales la parte demandante proseguirá el presente proceso en ejecución de sentencia hasta conseguir el pago total de la deuda, conforme la Sentencia de 3 de diciembre de 2021 –que declaró probada la demanda ejecutiva de estructura monitoria–. “El presente acuerdo total es de cumplimiento obligatorio, con valor de cosa juzgada” (sic [fs. 91 a 92]). II.2. Mediante Auto de 16 de agosto de 2022, emitido por el Juez Público Civil y Comercial Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, ante el incumplimiento de pago de parte de la ejecutada se ordenó la prosecución de la ejecución del acuerdo conciliatorio de 2 de marzo de 2022, en cuyo mérito se ordenó que por Secretaría se extienda mandamiento de embargo sobre los bienes de la ejecutada (fs. 167 y vta.). II.3. A través de memorial de 28 de noviembre de 2022, la hoy solicitante de tutela acompañó certificaciones y peticionó la ejecutoria del acta de audiencia única, que mereció el Decreto de 5 de diciembre del mismo año, por el cual la aludida autoridad tuvo presente las certificaciones; por lo que, dispuso sean arrimadas a los antecedentes, en lo demás debía estarse a los datos del proceso tomando en cuenta que de acuerdo a lo previsto por el art. 237.II del Código Procesal Civil (CPC), el acuerdo conciliatorio arribado en audiencia de 2 de marzo de igual año, ya tenía calidad de cosa juzgada; por cuanto, en mérito a ello se emitió el Auto de 16 de agosto del mismo año, donde se ordenó la prosecución de la ejecución del acuerdo conciliatorio (fs. 185 y vta.; y, 187). II.4. Mediante memorial de 9 de marzo de 2023, dirigido a la Fiscal Materia de turno, la ahora accionante formuló denuncia criminal contra la hoy tercera interesada por la presunta comisión del delito de estafa (fs. 190 a 193 vta.). II.5. Por Resolución de Desestimación de 14 de marzo de 2023, Iván Gómez Colque, Fiscal de Materia, desestimó la denuncia de referencia, por ser el hecho denunciado atípico (fs. 194 a 196 vta.). II.6. A través de escrito presentado el 17 de marzo de 2023, ante el Ministerio Público, la ahora solicitante de tutela formuló objeción a la Resolución de Desestimación (fs. 197 a 201). II.7. Cursa Resolución Jerárquica F.D.C./R.S.A.O. O.D. 78/2023 de 17 de abril, a través del cual, Raúl Sócrates Arze Orellana, Fiscal Departamental de Cochabamba en suplencia legal, ratificó la aludida Resolución de Desestimación (fs. 202 a 204).
La accionante denuncio como lesionados sus derechos al debido proceso en su vertiente fundamentación y motivación, acceso a la justicia y a la seguridad jurídica; alegando que la Fiscal Departamental ahora demandada, emitió la Resolución Jerárquica F.D.C./R.S.A.O. O.D. 78/2023 de 17 de abril; por la cual, confirmó la resolución de desestimación pronunciada por el Fiscal de Materia, incurriendo en los siguientes actos ilegales: a) Falta de fundamentación y motivación, pues sin realizar una adecuada revisión de los antecedentes del proceso civil se limitó a establecer que dicho proceso aún no contaba con sentencia definitiva y que no se habría ingresado a la fase de ejecución, sin tomar en cuenta que el proceso no contará con sentencia definitiva porque se arribó a una conciliación, cuyo incumplimiento ingresó a la fase de ejecución del acta de conciliación, conforme se tiene del Auto de 16 de agosto de 2022, emitido por el Juzgado Público Civil y Comercial Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, donde se tramita el aludido proceso, a través del cual se ordenó mandamiento de embargo sobre los bienes de la ejecutada, el cual fue ratificado por providencia de 5 de diciembre del mismo año, no existiendo ningún bien que sea sujeto de ejecución, por lo que se tiene demostrado que el proceso civil ya concluyó, correspondiendo activar la vía penal por ser de última ratio, contándose con todos los elementos del tipo penal para el inicio de la investigación; y, b) No era posible desestimar su denuncia por atipicidad, ya que aún no se realizó ninguna investigación preliminar para determinar dicha atipicidad, por cuanto es determinación resulta arbitraria y vulneradora de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, conforme establece la SCP 815/2019-S2 de 11 de septiembre, que en un caso similar al presente concedió la tutela solicitada. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Público
La SCP 0330/2022-S4 de 19 de mayo, al respecto precisó: “Conforme al razonamiento asumido en la SCP 0645/2018-S3 de 11 de diciembre, se tiene que: ‘La SCP 1523/2004-R de 28 de septiembre, estableció al respecto que: «…toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de fondo, no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver. Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión; y de incurrirse en esta omisión al disponer sobreseimiento a favor de la parte imputada, la víctima podrá impugnar el requerimiento ante el superior jerárquico, y si éste igualmente incurre en la misma omisión, quedará abierta la jurisdicción constitucional para que acuda a la misma en busca de protección a sus derechos a la seguridad jurídica y de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, cuyo alcance no abarca, como se dijo, a que la parte acusadora pretenda que este Tribunal obligue a un Fiscal a presentar obligatoriamente la acusación si no únicamente a que dicha autoridad emita su requerimiento conclusivo debidamente fundamentado como lo exigen las normas previstas por los arts. 45. 7) de la LOMP, 73 y 323.3 del CPP». La fundamentación y motivación de resoluciones como componente del debido proceso, es también exigible en los requerimientos emitidos por el Ministerio Público, máxime, si en ejercicio del principio de objetividad los Fiscales de Materia como tenedores del monopolio de la investigación criminal en delitos de acción pública, optan por la desestimación, rechazo de la denuncia y sobreseimiento; por lo cual, resulta pertinente establecer, que a tiempo de analizar la fundamentación y motivación desplegada por los Fiscales de Materia, se debe considerar el momento procesal de la investigación penal; es decir, que, en los actos iniciales no se puede exigir la misma intensidad argumentativa que en los momentos conclusivos de la investigación penal; por cuanto, una resolución de rechazo de denuncia, y la de sobreseimiento -formas de requerimientos conclusivos de la etapa preliminar y preparatoria-, son el resultado del análisis de los actos investigativos, en tanto que, una desestimación solo obedece al incumplimiento de las formalidades o presupuestos para la activación de la etapa inicial de la investigación. Dicho criterio se aplica no solo en cuanto a las resoluciones y requerimientos emitidos por los fiscales del caso, sino también a las autoridades jerárquicas, cuando resuelven impugnaciones contra las determinaciones de los primeros’ razonamiento reiterado en la SCP 0515/2020-S2 de 6 de octubre). Al respecto, el Ministerio Público como director funcional de la investigación en delitos de acción penal pública está en la obligación de observar la debida fundamentación y motivación de sus decisiones en el marco de la valoración de los indicios y elementos probatorios recabados en la etapa preliminar o preparatoria, que fueron producto de los actos investigativos emergentes de las funciones propias de la Policía Boliviana y del Ministerio Público; así como, de la actuación de las partes procesales. En este entendido, no puede exigirse al Fiscal Departamental o al Fiscal de Materia o que al momento de asumir sus decisiones se restrinjan a los fundamentos esgrimidos por los impugnantes u objetantes debido a que, por sus funciones de defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad y ejercicio de la acción penal pública, tienen el deber de sustentar sus decisiones en los indicios o elementos de prueba sometidos a su conocimiento” (las negrillas son nuestras).
La accionante denuncia como vulnerados sus derechos invocados en la presente acción tutelar, alegando que la Fiscal Departamental de Cochabamba ahora demandada, emitió la Resolución Jerárquica F.D.C./R.S.A.O. O.D. 78/2023; por la cual, confirmó la resolución de desestimación pronunciada por el Fiscal de Materia, incurriendo en los siguientes actos ilegales: 1) Falta de fundamentación y motivación, pues sin realizar una adecuada revisión de los antecedentes del proceso civil se limitó a establecer que dicho proceso aún no contaba con sentencia definitiva y que no se habría ingresado a la fase de ejecución, sin tomar en cuenta que el proceso no contará con sentencia definitiva porque se arribó a una conciliación, cuyo incumplimiento ingresó a la fase de ejecución del acta de conciliación, conforme se tiene del Auto de 16 de agosto de 2022, emitido por el Juzgado Público Civil y Comercial Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, donde se tramita el aludido proceso, a través del cual se ordenó mandamiento de embargo sobre los bienes de la ejecutada, el cual fue ratificado por providencia de 5 de diciembre del mismo año, no existiendo ningún bien que sea sujeto de ejecución; por lo que, se tiene demostrado que el proceso civil ya concluyó, correspondiendo activar la vía penal por ser de última ratio, contándose con todos los elementos del tipo penal para el inicio de la investigación; y, 2) No era posible desestimar su denuncia por atipicidad, ya que aún no se realizó ninguna investigación preliminar para determinar dicha atipicidad; por cuanto, la determinación resulta arbitraria y vulneradora de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, conforme establece la SCP 815/2019-S2 de 11 de septiembre, que en un caso similar al presente concedió la tutela impetrada. De los antecedentes procesales cursantes en obrados, consta del acta de audiencia única en proceso de estructura monitoria (ejecutivo) desarrollada el 2 de marzo de 202, en el Juzgado Público Civil y Comercial Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, que Martha Canseco Claros –denunciada– hoy tercera interesada, hizo conocer su voluntad de llegar a un acuerdo, por cuanto acordaron con Agar Canseco Vda. de Vásquez, –demandante– ahora accionante, conciliar el monto de $us35 000.- dineros que serán pagado en el plazo de 12 meses, monto de dinero y plazo que fue propuesto por la parte demandada y aceptada por la parte demandante, arribando a un plan de pagos cuya fecha final de cancelación debía realizarse el 2 de marzo de 2023, aclarando que ante cualquier incumplimiento de las cuotas mensuales la parte demandante proseguirá el presente proceso en ejecución de sentencia hasta conseguir el pago total de la deuda, conforme la Sentencia de 3 de diciembre de 2021 –que declaró probada la demanda ejecutiva de estructura monitoria–. “El presente acuerdo total es de cumplimiento obligatorio, con valor de cosa juzgada” (sic [Conclusión II.1]). Ante el incumplimiento de pago de parte de la ejecutada, mediante Auto de 16 de agosto de 2022, emitido por el Juez de referencia, se ordenó la prosecución de la ejecución del acuerdo conciliatorio de 2 de marzo de 2022, en cuyo mérito se dispuso que por Secretaría se extienda mandamiento de embargo sobre los bienes de la ejecutada (Conclusión II.2); a través de memorial de 28 de noviembre de 2022, la hoy solicitante de tutela acompañó certificaciones y peticionó la ejecutoria del acta de audiencia única, que mereció el Decreto de 5 de diciembre del mismo año, por el cual la aludida autoridad tuvo presente las certificaciones; por lo que, dispuso sean arrimadas a los antecedentes, en lo demás debía estarse a los datos del proceso tomando en cuenta que de acuerdo a lo previsto por el art. 237.II del Código Procesal Civil (CPC), el acuerdo conciliatorio arribado en audiencia de 2 de marzo de 2022, ya tenía calidad de cosa juzgada; por cuanto, en mérito a ello se emitió el Auto de 16 de agosto del mismo año, donde se ordenó la prosecución de la ejecución del acuerdo conciliatorio (Conclusión II.3). Por otro lado, mediante memorial de 9 de marzo de 2023, dirigido a la Fiscal de Materia de turno, la ahora accionante formuló denuncia criminal contra la hoy tercera interesada por la presunta comisión del delito de estafa (Conclusión II.4); que mereció la Resolución de Desestimación de 14 de marzo de 2022, pronunciada por Iván Gómez Colque, Fiscal de Materia, quién desestimó la denuncia de referencia, por ser el hecho denunciado atípico (Conclusión II.5); determinación que fue objetada mediante escrito presentado el 17 de marzo de 2023, ante el Ministerio Público (Conclusión II.6). Que obtuvo la Resolución Jerárquica F.D.C./R.S.A.O. O.D. 78/2023 de 17 de abril, a través del cual Raúl Sócrates Arze Orellana, Fiscal Departamental de Cochabamba en suplencia legal, ratificó la aludida Resolución de Desestimación (Conclusión II.7). Ahora bien, considerando el contexto de las denuncias expuestas, corresponde conocer el contenido del fallo confutado, con la finalidad de verificar si dicha resolución fue emitida con falta de fundamentación y motivación como sostiene la ahora accionante; teniéndose que en el apartado II. ANALISIS DEL CASO CONCRETO: i) Fue plasmado el art. 335 del Código Penal (CP), posteriormente a fin de distinguir el mero incumplimiento contractual de la comisión de ilícitos, transcribieron parte de la doctrina emanada por el Tribunal Supremo de Justicia, contenida en los Autos Supremos 0056/2016 de 21 de enero y 126/2020 de 26 de enero, en torno a los cuales manifestaron que se identificó que los parámetros para distinguir la comisión del delito estafa, que emerge del mero incumplimiento civil se vinculaba a las causas que dieron origen al incumplimiento en el contexto de la exclusión del dolo “dolo subquens”, pues no resultaba permisible identificar que todo incumplimiento contractual podía ser considerado delito, sino que resultaba necesario identificar que el incumplimiento no sea originado por factores externos a la voluntad del obligado y permita identificar una conducta tendiente a incumplir planificadamente, premisas bajo las cuales, advirtieron que los fundamentos alegados por la parte denunciante referían que si bien se acudió en primera instancia a la vía civil de acuerdo a las copias fotostáticas legalizadas cursantes en antecedentes, no se advertía que dicho proceso haya concluido con una sentencia definitiva, sin que pueda percibirse del legajo acompañado que se hayan dispuesto las medidas de ejecución emergentes del proceso ejecutivo, ya que conforme el art. 380 del CPC, si el ejecutado no opusiere excepciones la sentencia se tendrá por ejecutoriada y se pasará directamente a la fase de ejecución, observando el trámite previsto en los arts. 397 y siguientes del mismo cuerpo legal; ii) Si bien la objetante alegó que bajo el principio de subsidiariedad y en conocimiento que el proceso penal es de última ratio, acudió a todas las instancias pertinentes para exigir la devolución de su dinero, habiendo agotado todas ellas, “incidiendo que de la notificación a diferentes instituciones como DD.RR. de Quillacollo, Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo, Director Departamental de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de Cochabamba y ASFI, las mismas certificaron que la ejecutada no contaría con bienes muebles o inmuebles por ejecutar; se advierte que previa revisión prolija de los antecedentes en la cédula de identidad de la denunciada, refiere que es ‘Casada’, lo que denota que la misma al contar con ese estado civil, tendría bienes gananciales los cuales podrían ser sujetos a ejecución hasta hacerse efectiva la cantidad reclamada, intereses, costas y costos; lo que entrevé que la vía civil aún queda pendiente, máxime si no se advierte una Sentencia Definitiva” (sic); y, iii) Por lo que, concluyó que el proceso aperturado en la vía civil caso aún se encontraba pendiente, no resultando plausible sostener la concurrencia de los elementos típicos constitutivos del delito de estafa, por lo que ratificó la desestimación en función de la previsión contenida en el art. 55.II de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) –Ley 260 de 11 de julio de 2012–. De la contrastación efectuada, se tiene con relación a la primera problemática por la que se denuncia una presunta falta de fundamentación y motivación, pues la autoridad demandada sin realizar una adecuada revisión de los antecedentes del proceso civil se limitó a establecer que dicho proceso aún no contaba con sentencia definitiva y que no se habría ingresado a la fase de ejecución, sin tomar en cuenta que el proceso no contará con sentencia definitiva porque se arribó a una conciliación, cuyo incumplimiento ingresó a la fase de ejecución del acta de conciliación, conforme se tiene del Auto de 16 de agosto de 2022, emitido por el Juzgado Público Civil y Comercial Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, donde se tramita el aludido proceso, a través del cual se ordenó mandamiento de embargo sobre los bienes de la ejecutada, el cual fue ratificado por providencia de 5 de diciembre del mismo año, no existiendo ningún bien que sea sujeto de ejecución; por lo que, se tiene demostrado que el proceso civil ya concluyó, correspondiendo activar la vía penal por ser de última ratio, contándose con todos los elementos del tipo penal para el inicio de la investigación; al respecto, conforme la ilustración realizada precedentemente es evidente lo que alega la accionante, pues la autoridad demandada centró su decisión de ratificar la desestimación asumiendo que el proceso civil se encontraría aún pendiente, y que de la revisión de la cédula de identidad de la deudora hoy tercera interesada, se advertía que era casada, en cuyo efecto al contar con ese estado civil tendría bienes gananciales los cuales podían ejecutarse hasta hacer efectiva la cantidad reclamada.
Fundamento que resulta arbitrario, carente de toda motivación y fundamentación, al desconocer que el Acuerdo Conciliatorio arribado en audiencia de 2 de marzo de 2022, era de cumplimiento obligatorio y con valor de cosa juzgada conforme el Juez de la causa estableció de manera expresa (Conclusión II.1), aspecto que además fue ratificado a través del proveído de 5 de diciembre del mismo año, en el cual dicha autoridad estableció efecto de la solicitud de ejecutoria por parte de la hoy accionante que, debía estarse a los datos del proceso tomando en cuenta que de acuerdo a lo previsto por el art. 237.II del CPC, el acuerdo conciliatorio de 2 de marzo de 2022, ya tenía calidad de cosa juzgada (Conclusión II.3). Por lo que, en el marco del art. 237.II del CPC, que determina que la conciliación aprobada tiene efectos de cosa juzgada entre las partes y sus sucesores a título universal, y el art. 67.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) –Ley 025 de 24 de julio de 2010–, establece que, levantada el acta, se declarará la conciliación mediante auto definitivo con efecto de sentencia y valor de cosa juzgada, no pudiendo por tanto ser objeto de apelación u otro recurso; la autoridad demandada debió considerar que mediando en el caso concreto un acta de conciliación cuyo incumplimiento ingresó a la fase de ejecución, ésta fue consolidada con la emisión de la documental que acredita que la ahora tercera interesada no contaba con ningún bien mueble ni inmueble registrado a su nombre, lo cual aperturada la posibilidad que la misma pueda acudir a la vía penal, sin que dicho momento procesal pueda ser tildado de pendiente o no concluido conforme las disposiciones emanadas por el Juez de la causa, concordantes con la normativa de referencia. De igual manera, otra situación que tampoco puede ser pasada por alto, radica en el hecho que la Fiscal ahora demandada sustentó su decisión basada en el estado civil de la deudora ahora tercera interesada, habiendo advertido de su cédula de identidad que era casada, por cuanto a su criterio ello permitiría que la hoy impetrante de tutela ejecute los bienes gananciales que “podría” tener en virtud a su estado civil, hasta hacer efectiva la cantidad reclamada, intereses, costas y costos; el cual también resulta un argumento subjetivo y carente de objetividad, al no existir constancia de dicho referente a más de una simple enunciación presuntiva. Por tanto, los fundamentos explanados por la aludida autoridad no resultan razonables ni suficientes para sostener una presunta falta de atipicidad, al no existir exposición consistente con referencia al hecho, sino sólo manifestaciones subjetivas en torno al proceso civil y el estado de “casada” de la ahora tercera interesada, lo que genera un defecto de fundamentación y motivación en contraposición al Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; correspondiendo por lo expuesto, conceder la tutela solicitada dejando sin efecto la Resolución Jerárquica F.D.C./R.S.A.O. O.D. 78/2023 de 17 de abril, disponiendo que la autoridad Fiscal competente emita nueva resolución debidamente fundamentada y motivada, con base en los lineamientos establecidos en el presente fallo constitucional. En cuanto a la segunda problemática respecto a que no era posible desestimar su denuncia por atipicidad, ya que aún no se habría realizado ninguna investigación preliminar para determinar la misma; por cuanto, dicha determinación resultaría arbitraria y vulneradora a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, conforme establece la SCP 815/2019-S2 de 11 de septiembre, que en un caso similar al presente concedió la tutela impetrada; al respecto de la objeción formulada contra la resolución de desestimación, no se evidencia que dicho precedente constitucional haya sido invocado solicitando su consideración o aplicación en la presente causa, lo que imposibilita que esta jurisdicción constitucional emita pronunciamiento en torno a ello, debido a que, este mecanismo de defensa es una acción de carácter tutelar y no debe confundirse con una instancia o recurso supra casacional, que forme parte de las vías legales ordinarias, al que puedan acudir los afectados para suplir sus omisiones; por lo que, concierne denegar la tutela impetrada en este punto de análisis, sin ingresar al fondo, por la razón expuesta. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, actuó de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 085/2023 de 10 de agosto, cursante de fs. 259 a 263, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, únicamente cuanto a la falta de fundamentación y motivación advertida, con base a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0982_2023-S4.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): f47e2520fbcf1c2bfe1e07005c2aec16afd7c85079d497291b583f104b80498c
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