B.IA.LEGAL

SCP 0981/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 26 de agosto de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
26 de agosto de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
54451-2023-109-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos, fundamentación y motivación; por cuanto, dentro del proceso penal que se tramita en su contra, por la presunta comisión del delito de abandono de menor, la autoridad demandada en audiencia de consideración de medidas cautelares, mediante Auto Interlocutorio de 9 de marzo de 2023, dispuso su detención preventiva, sin considerar la previsión del art. 232.9 del CPP, y que su persona goza de protección reforzada constitucional, al ser componente de un bloque de vulnerabilidad en su condición de mujer y madre de una infante lactante de cinco meses de edad, cuya vida corre riesgo al permanecer separada de ella; y a quien se dejó bajo la custodia de una cuñada a la que desconoce. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 16/2023 de 10 de marzo, cursante de fs. 77 a 80, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con base en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1.Inaplicabilidad de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad en casos de mujeres en estado de gestación y/o con hijos menores de un año. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. Improcedencia de la detención preventiva y su excepción legal.
  3. III.3. Los alcances del principio del interés superior de la niña, niño y adolescente. Jurisprudencia reiterada
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0981/2025-S3 Sucre, 26 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 54451-2023-109-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 16/2023 de 10 de marzo, cursante de fs. 77 a 80, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rosa Ángela Arismendi Cusi contra Alipio Veliz Veliz, Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 10 de marzo de 2023, cursante de fs. 3 a 5, la accionante, manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de abandono de menor, mediante Auto Interlocutorio de 9 de marzo de 2023, el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro –ahora demandado–, determinó su detención preventiva, sin considerar que la accionante era madre de una infante de cinco meses, otorgando la custodia a su cuñada, a quien no la conocía, tomando tal determinación sin haber realizado un informe social o al menos una entrevista que establezca y faculte a esa persona, poder resguardar a dicha infante. La medida asumida por la autoridad demandada, fue indebida, desproporcional y arbitraria; toda vez que, no tomó en cuenta su condición de madre y mujer, la actitud positiva asumida durante la intervención e incluso a momento de prestar su declaración, ni la colaboración prestada cuando le fue solicitada por el Ministerio Público y la Defensoría; quienes le endilgaron un supuesto abandono de menor, que nunca fue demostrado, afirmando que había dejado a su bebé en empeño, exponiendo en audiencia antecedentes que no concordaban con la prueba documental presentada; y, calificando los hechos, ante los medios de comunicación, como tráfico de menor. El Juez demandado, tampoco consideró que cuando la despojaron de su bebé, ésta se encontraba con un estado de salud bastante afectado, y precisaba de los cuidados de la figura materna no solo para su alimentación, sino para sustento emocional y psicológico; en consecuencia las colocó a ambas, en un estado de indefensión, olvidando su obligación y rol de protección de los niños, niñas y adolescentes, asumiendo una postura discriminatoria e injusta; e, inaplicando la previsión del art. 232.9 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que establecía la improcedencia de la detención preventiva, cuando la persona imputada sea la única que tenga bajo su guarda, custodia o cuidado a una niña o niño menor de seis años o a una persona con un grado de discapacidad que impida valerse por sí mismo.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho al debido proceso vinculado a su libertad; citando al efecto los arts. 14.III y 115.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se disponga su libertad irrestricta, “por contar con un bebé de 5 meses que se halla desprotegido y que conforme transcurre el tiempo su salud se deteriora” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 10 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 73 a 76, presente la accionante junto a su abogado patrocinante, y ausente la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La impetrante de tutela a través de su abogado, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolos señaló que: a) En la audiencia cautelar no se demostraron los hechos aseverados en la imputación formal, ni los de la denuncia presentada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; b) Si bien se determinó su detención preventiva por el lapso de tres semanas, no se consideró la situación actual de la infante, quien era de cinco meses y se encontraba en etapa de lactancia; consecuentemente, la determinación asumida por la autoridad demandada no fue la más favorable para la menor; c) Al momento de hacer la intervención, el Ministerio Público dio la guarda y protección de su hija a la señora “Silva Silva” (sic), sin haber efectuado un informe social, en el que se pueda verificar si tenía la capacidad e idoneidad para el efecto; d) El art. 26 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014-, establece que la lactancia materna es una alimentación que no solo protege la salud, sino determina el desarrollo del menor de edad; asimismo, el art. 35 de la referida ley, prevé la protección reforzada de las familias y del menor. Asimismo, la Convención de la Organización Mundial de Salud, estableció que la lactancia materna, también está dirigida al restablecimiento de la salud del menor, y debe entenderse que una infante de cinco meses no puede valerse por sí misma; e) En los hechos, solo dejó a su hija al cuidado de una amiga, por el lapso de quince minutos; y fue la Defensoría que la acusó de haberla dejado en calidad de empeño, para luego endilgarle el delito de abandono de menor de edad; f) El accionar de la autoridad demandada, vulneró no solo sus derechos, sino los de la menor; toda vez que, durante el desarrollo del proceso, la defensa cuestionó la forma en que se efectuó la imputación formal, y cómo la Defensoría endilgó la comisión de un delito, sin presentar ningún elemento objetivo de prueba que acredite el abandono de la menor; g) El Código de Procedimiento Penal establece medidas que pueden sustituir la detención preventiva; empero el Juez demandado, en un uso excesivo y desproporcionado de sus atribuciones, impuso la medida extrema, coartando el derecho de la menor de edad, pese a que se hizo conocer que se encontraba en un estado de salud desfavorable y que la previsión del art. 232 del CPP, contemplaba la improcedencia de dicha medida; y, h) Su pretensión nunca fue rehuir al proceso investigativo, toda vez que entiende que en un juicio oral se determinará su culpabilidad o inocencia; sin embargo, la preocupación y la indignación fue por haber dejado a una infante desprotegida, que contaba con cinco meses de edad, de quien se interrumpió su lactancia materna.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Alipio Veliz Veliz, Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro, mediante informe escrito presentado el 10 de marzo de 2023, cursante a fs. 13 y vta., señaló que: 1) El proceso penal de abandono de niño, niña, adolescente, se encontraba radicado en su despacho judicial, y en el cual el Ministerio Público había demostrado la probabilidad de autoría y la existencia de riesgos procesales, que determinaron la detención preventiva de la imputada, por el lapso de tres semanas; 2) En la audiencia de medida cautelar, la defensa no presentó prueba alguna a su favor, limitándose a señalar que no había abandonado a su hija, que estaban en el mismo lugar, pero en ambientes distintos; razón por la cual, resolvió la causa en base a los fundamentos expuestos en dicha audiencia; 3) El Tribunal de garantías deberá considerar que los imputados, con el solo propósito de consumir bebidas alcohólicas, se encontraban en un local de expendio de las referidas bebidas; abandonando a su hija en una habitación, sin considerar que la infante era lactante, que precisaba del calor y protección de su madre; resultando contradictorios los argumentos utilizados en la acción de defensa, cuando existían suficientes elementos de convicción, para determinar que la ahora accionante, sin conciencia alguna, de forma desnaturalizada, abandonó a su suerte a su hija, con el solo fin de consumir bebidas alcohólicas junto al padre de la misma; 4) Tanto la Fiscalía, como la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO), al conocer los hechos, determinaron el acogimiento circunstancial de la menor, a su pariente más cercana, quien también había denunciado el hecho; consecuentemente, no se encontraba desprotegida, sino al cuidado de su tía, y por ello en mejor resguardo que con sus padres biológicos; y, 5) Respecto a la improcedencia de la detención preventiva, prevista en el art. 232.9 del CPP; consideró que la accionante, al abandonar a su hija, puso en riesgo su vida, la integridad corporal e incluso la libertad sexual de la menor, dejándola sola en una habitación de un centro de expendio de bebidas alcohólicas -chichería-, donde concurrían varias personas en estado de ebriedad; consecuentemente, sin protección, siendo evidente que la madre, de manera por demás irrazonable, trasladó a la menor a dicho local, con la finalidad de consumir dichas bebidas.

I.2.3. Intervención de tercero interviniente

Boris Delgado Gutiérrez, en representación de la Dirección de Igualdad de Oportunidades (DIO), con el uso de la palabra en el desarrollo de la audiencia, manifestó que: i) La Defensoría de la Niñez y Adolescencia realizó todos los mecanismos para asegurar la vida y la integridad de la infante lactante; ii) Habría que preguntarse ¿en qué momento la progenitora hizo reclamo de la menor, cuando se encontraba en una chichería, en estado de ebriedad?; toda vez que, fueron los medios de comunicación quienes advirtieron que la dueña del local entregó a la niña, a su tía, señalando que la habían abandonado; lo que motivó que la Defensoría realizara la denuncia y, en aplicación del art. 12 del CNNA, velando por el interés superior del menor, como prioridad absoluta, hizo entrega de la menor; iii) Si bien es un derecho de los menores tener una familia, no es menos cierto que su progenitora hizo el abandono, junto al otro progenitor, para poder consumir bebidas alcohólicas, dejándola en un estado de vulnerabilidad absoluta; iv) Iniciado el proceso penal, la accionante trató de justificar su acción y planteó la acción de libertad, reclamando que no se habría efectuado un informe psico-social de la tía; sin embargo, corresponde señalar que el acta de entrega provisional de la menor, fue realizada dentro del protocolo que tiene la DNNA, y la previsión del art. 54 de la Ley 548, determinando el acogimiento circunstancial de la menor, a la tía del lado paterno; y, v) Existe también el certificado médico otorgado por Magaly Condori Choque; el informe social emanado por Erika Miranda Valdez, Trabajadora Social de la DIO; es decir, que se cumplió en su totalidad la protección de la infante; sin embargo, la imputada –ahora accionante–, antes de que se iniciara el proceso, no se encontraba con su hija de cinco meses, de la que perdió la guarda; habiendo hecho conocer al Juzgado de la Niñez y Adolescencia, el acogimiento circunstancial; por lo que pide se deniegue la tutela impetrada.

I.2.4. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 16/2023 de 10 de marzo, cursante de fs. 77 a 80, denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: a) Del informe de la autoridad demandada se tiene que, dispuso la detención preventiva de la accionante, en el entendido de que existía la probabilidad de autoría y riesgos procesales; es decir, indicios de responsabilidad con referencia al abandono de su hija, en un ambiente distinto, dentro de un local de consumo de bebidas alcohólicas denominado “Local Sarita”; determinando por ello, en su oportunidad, el acogimiento circunstancial de la menor, con la pariente más cercana; toda vez que la imputada, al abandonar a su hija, puso en riesgo la vida de la menor, así como la integridad corporal, por tratarse de un lugar de expendio de bebidas alcohólicas; b) Con relación al reclamo efectuado por la accionante, sobre la falta del informe psico-social, que debía efectuarse para disponer el acogimiento circunstancial de la menor, de cinco meses de nacida, y entregarla a Estefanía Silva Silva vda. de Peñaloza, como familiar responsable; de la revisión de la información documental de la DIO, así como del cuaderno de investigaciones, se advierte que se cuenta con un informe psicológico realizado por Denisse García Sánchez, de 9 de marzo de 2023, en cuya parte conclusiva refiere que, en base al relato de la señora, se logró identificar que su sobrina fue dejada por sus progenitores en un establecimiento de expendio de bebidas alcohólicas y que por ello deseaba asumir el cuidado de la menor; además, recomendó realizar acciones legales correspondientes. Asimismo, se tiene el informe social preliminar, realizado el 8 de marzo del referido año, que adjuntó fotografías y en cuyas conclusiones refirió que la menor se encontraba en estado de vulnerabilidad bajo el cuidado de sus progenitores, y aludió que la familia ampliada paterna había mencionado que no tenía problema en cuidarla; por otro lado, señaló que se realizó el examen médico general de la víctima, que dio negativo a la prueba de COVID, y recomendó que el cuidado de la niña, se mantenga a cargo de la familia paterna, hasta que se resuelva el caso. Por lo expuesto se tienen por cumplidas las valoraciones extrañadas por la parte accionante; y, c) Independientemente de lo resuelto, ante la hipotética vulneración o el incumplimiento de los elementos indiciarios, tanto de la representación del Ministerio Público, como de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; existen fases recursivas o de impugnación establecidas en la ley.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 9 de marzo de 2023, dirigido al Juez Público de Familia de Turno del departamento de Oruro, dentro del proceso familiar de revocatoria de guarda, seguido contra Estefanía Silva vda. de Peñaloza; Rosa Ángela Arismendi Cusi –hoy accionante–, solicitó guarda de su hija infante (fs. 69 a 72).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos, fundamentación y motivación; por cuanto, dentro del proceso penal que se tramita en su contra, por la presunta comisión del delito de abandono de menor, la autoridad demandada en audiencia de consideración de medidas cautelares, mediante Auto Interlocutorio de 9 de marzo de 2023, dispuso su detención preventiva, sin considerar la previsión del art. 232.9 del CPP, y que su persona goza de protección reforzada constitucional, al ser componente de un bloque de vulnerabilidad en su condición de mujer y madre de una infante lactante de cinco meses de edad, cuya vida corre riesgo al permanecer separada de ella; y a quien se dejó bajo la custodia de una cuñada a la que desconoce. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1.Inaplicabilidad de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad en casos de mujeres en estado de gestación y/o con hijos menores de un año. Jurisprudencia reiterada

Al respecto, la SCP 0047/2024-S1 de 11 de abril de 2024, desarrolló lo siguiente: “ (…) El art. 15.I y II de la CPE establece que todas las personas gozan de derechos fundamentales, señalando que:

I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física,

psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte. II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. En cuanto al derecho a la libertad, el art. 23 de la Ley Fundamental, establece que:

I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales.

Asimismo, el art. 45.V de la citada Norma Suprema prevé que: V. Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal.

Este contexto normativo permite establecer que la Constitución Política del Estado y la legislación ordinaria prevén un trato especial a los casos en los que se halle involucrada una mujer en estado de gestación que se encuentre bajo la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva o en casos en los que debe considerarse la cesación de esa medida restrictiva, en los cuales, las autoridades asignadas a su conocimiento, deben hacer prevalecer su situación valorando todas las situaciones fácticas y particulares del caso, debiendo efectuar una debida ponderación de los bienes jurídicos involucrados a fin de garantizar un tratamiento que garantice encontrar un justo medio y asumir una medida equilibrada que permita garantizar la presencia de la imputada en el desarrollo de la investigación y el cumplimiento de la ley, y por otro lado, la protección de la madre y del ser en gestación, debiendo las autoridades a cargo del caso, agotar todas las posibilidades para prever la aplicación de otras medidas cautelares alternativas o sustitutivas previstas por ley menos gravosas, antes de aplicar la detención preventiva.

En ese marco, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha emitido jurisprudencia al respecto, entre ellas:

La SC 0589/2011-R de 3 de mayo, respecto a la inaplicabilidad de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, señaló:

“…ante la particularidad del presente caso, en el que es evidente que la accionante se encuentra en estado de gravidez, es inaplicable la subsidiaridad excepcional de la acción de libertad, tanto por la protección constitucional de la que goza la mujer embarazada, invocada por ella ante la autoridad jurisdiccional, como en consideración al derecho a la vida del ser en gestación, y que se encuentra consagrado en el art. 15.I de la CPE, en cuya virtud goza de protección y tutela a través de la acción de libertad. (…)

…otro de los casos de inaplicabilidad de la subsidiariedad excepcional, constituye en razón al grado de vulnerabilidad del agraviado y/o accionante, a este efecto la SCP 0475/2012 de 4 de julio refiere que: 'Las mujeres en estado de gestación y/o con hijos menores de un año se encuentran entre los grupos vulnerables o de atención prioritaria que en general son aquellos sectores poblacionales que por circunstancias de pobreza, origen étnico, estado de salud, edad, género o discapacidad, se encuentran en un estado de indefensión, respecto de otros grupos sociales, en ese sentido, existe una sospecha de menoscabo en sus derechos fundamentales, habilitando de forma directa su protección en la justicia constitucional, puesto que si entre iguales es exigible la tutela de derechos fundamentales, con mayor razón será aquella proveniente de estos sectores vulnerables, dentro de ellos los niños y niñas, los discapacitados, los indígenas, las personas de la tercera edad, los migrantes y otros”.

Bajo estos razonamientos, es inaplicable la subsidiariedad excepcional, ante la existencia de un daño irreparable, sea por la naturaleza de los derechos vulnerados, por el grado de indefensión del agraviado y/o accionante, o por el grado de vulnerabilidad de éste, correspondiendo ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, ya que se habilita de forma directa la justicia constitucional, en la que de acuerdo al análisis de cada caso, se concederá o denegará la tutela solicitada.

Esta jurisprudencia ha sido reiterada por la SCP 0170/2014-S2 de 24 de noviembre.

A su vez la SCP 0217/2017-S2 de 15 de marzo, reiterando los entendimientos de la SCP 0170/2014-S2, señaló:

“'Las mujeres en estado de gestación y/o con hijos menores de un año se encuentran entre los grupos vulnerables o de atención prioritaria que en general son aquellos sectores poblacionales que por circunstancias de pobreza, origen étnico, estado de salud, edad, género o discapacidad, se encuentran en un estado de indefensión, respecto de otros grupos sociales, en ese sentido, existe una sospecha de menoscabo en sus derechos fundamentales, habilitando de forma directa su protección en la justicia constitucional, puesto que si entre iguales es exigible la tutela de derechos fundamentales, con mayor razón será aquella proveniente de estos sectores vulnerables, dentro de ellos los niños y niñas, los discapacitados, los indígenas, las personas de la tercera edad, los migrantes y otros'.

Los entendimientos asumidos en la jurisprudencia citada, determinan que la subsidiariedad excepcional no es aplicable en casos de mujeres en estado de gestación o con niños menores de un año que se encuentran entre los grupos vulnerables o de atención prioritaria debido a su grado de indefensión o por su grado de vulnerabilidad, quienes pueden en esos casos, acudir de manera directa a la justicia constitucional, casos en los que en esa instancia, analizará si corresponde conceder o denegar la tutela impetrada” ( las negrillas corresponden al texto original).

III.2. Improcedencia de la detención preventiva y su excepción legal.

Jurisprudencia reiterada

Sobre el tema, la SCP 0419/2025-S4 de 8 de mayo, estableció lo siguiente: “El art. 45.V de la CPE, dispone que: “Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal”, dicha disposición constitucional tiene su fundamento además en los arts. 10.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mismo que dispone que: “Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto. Durante dicho período, a las madres que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social”; y, 12.2 de la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, que determina: “…los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia”.

(…).

En ese entendido, la regla 64 de la Resolución aprobada por la Asamblea General [sobre la base del informe de la Tercera Comisión (A/65/457)] 65/229. Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok) sobre la temática señaló que: “Las cárceles no están diseñadas para las mujeres embarazadas y para las mujeres con niños pequeños. Debe hacerse todo esfuerzo que sea necesario para mantener a esas mujeres fuera de la cárcel, cuando sea posible y apropiado, aunque teniendo en cuenta la gravedad del delito cometido y el riesgo para la sociedad” (el resaltado nos pertenece).

Reconociendo esta realidad, el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, determinó que “…el uso de la prisión para determinadas categorías de delincuentes, como las mujeres embarazadas o madres con bebés o niños pequeños, debe ser limitado y debe realizarse un esfuerzo especial por evitar el uso prolongado de prisión como sanción para estas categorías” (el resaltado nos pertenece).

En ese sentido, y siendo importante que el Estado garantice a las mujeres embarazadas así como en la etapa de posparto, un trato digno y coherente con la atención en su condición de vulnerabilidad, el legislador, mediante la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, que modificó varios artículos del Código de Procedimiento Penal, dispuso que, la detención preventiva no procede cuando se trate de mujeres embarazadas y madres durante la lactancia de hijos menores de un año (art. 232.I.7 y 8 del CPP).

Sin embargo, también el legislador, atendiendo a ciertas circunstancias especiales, ha determinado que este entendimiento, no es procedente cuando se encuentre en proceso de investigación las denuncias por ciertos tipos penales, al comprender que estos, al ser bienes jurídicos de relevancia deben ser tratados como excepciones a la regla, así la Ley 1226 de 23 de septiembre de 2019, que modificó la Ley 1173, determinó en su art. 232.III, que: “Los numerales 4, 6, 7, 8 y 9 del Parágrafo I del presente Artículo, no se aplicarán como causal de improcedencia de la detención preventiva cuando se trate de alguno de los siguientes delitos:

1. De lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria y crímenes de guerra.

2. Contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores.

3. De contenido patrimonial que se ejerzan con violencia física sobre las personas.

4. De contenido patrimonial con afectación al Estado, de corrupción o vinculados.

5. De narcotráfico y sustancias controladas” (el resaltado fue añadido).

Por lo expuesto, se puede concluir que la improcedencia a la detención preventiva de mujeres madres durante la lactancia de hijos menores de un año; y, aún cuando la persona imputada sea la única que tenga bajo su guarda, custodia o cuidado a una niña o niño menor de seis años, no es aplicable en la investigación por presuntos delitos de contra la vida, la integridad corporal y la dignidad del ser humano.

III.3. Los alcances del principio del interés superior de la niña, niño y adolescente. Jurisprudencia reiterada

Al respecto, la SCP 0596/2021-S3 de 6 de septiembre, estableció: “Por disposición del art. 58 de la CPE: “Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones”; marco dentro del cual, el art. 59.I y III de la Norma Suprema, dispone:

“I. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral. (…)

III. Todas las niñas, niños y adolescentes, sin distinción de su origen, tienen iguales derechos y deberes respecto a sus progenitores. La discriminación entre hijos por parte de los progenitores será sancionada por la ley”. Asimismo, a efectos de garantizar la materialización de estos derechos, el art. 60 de la CPE, impone deberes al Estado y a la familia, disponiendo que: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado” (las negrillas nos pertenecen); así también, el art. 61.1 de la Norma Suprema, prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra ellos.

En el contexto normativo internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Bolivia mediante Ley 1152 de 14 de mayo de 1990 -entre otros aspectos- establece en su art. 3, que: “1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño” (las negrillas fueron añadidas); es decir, que otorga al niño el derecho a que se considere y se tenga en cuenta de manera primordial su interés superior en todas las medidas o decisiones que le afecten, tanto en la esfera pública como en la privada, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, imponiendo con ello a los Estados Partes, el deber de atención primordial del interés superior del niño, debiendo garantizarse su protección y cuidados necesarios para su bienestar, tomando en cuenta los derechos y deberes de sus padres.

Los lineamientos de esos instrumentos internacionales universales, también se encuentran reconocidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), cuando el art. 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), sobre los derechos del niño establece que: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”.

Conforme a la normativa señalada, así como la del Sistema Universal e Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SUDH) y del SIDH, se consolida la vigencia y el respeto del principio del interés superior del niño, el cual constituye el principio rector y básico de preeminencia del resguardo a las niñas, niños o adolescentes, que tiene un alcance esencialmente interpretativo de las medidas que puedan afectarles directa o indirectamente; permitiéndose conforme a ese postulado a partir de una interpretación sistemática del texto constitucional y de la normativa especial familiar, reforzar el deber de garantizar la prioridad del interés superior de los menores de edad, que dentro del mandato constitucional conlleva actuaciones imperativas tendientes al respeto de sus derechos y la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia -art. 60 de la CPE-, y/o en su caso garantizando el ejercicio y materialización de sus derechos.

Por su parte, el art. 1 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014- prevé y regula el régimen de prevención, protección y atención integral que el Estado y la sociedad deben garantizar a toda niña, niño y adolescente; esto con el fin de asegurarles un desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia; determinando además en su art. 12 inc. b) del mismo cuerpo legal, como prioridad social, que es deber de la familia, de la sociedad y el Estado asegurar a la niña, niño y adolescente, con absoluta prioridad el ejercicio y el respeto pleno de sus derechos, estableciendo el inciso b) del citado artículo, que toda niña, niño y adolecente, tiene derecho a ser atendido con prioridad por las autoridades, judiciales y administrativas.

(…) La SCP 1879/2012 de 12 de octubre, luego de exponer el ámbito de protección constitucional y a través de los instrumentos internacionales sobre materia de derechos humanos, en favor de las niñas, niños y adolescentes, asumió que: “…son un grupo de vulnerabilidad que tienen amparo privilegiado por parte del Estado, traducido en un tratamiento jurídico proteccionista en relación a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; a objeto de resguardarlos de manera especial garantizando su desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia. Siendo imprescindible resaltar que tal circunstancia de prevalencia concedida no sólo por consagración constitucional sino por expreso reconocimiento de diversas disposiciones de derecho internacional, obliga a que todas las decisiones que deban tomar las autoridades en conocimiento de situaciones que puedan afectar los intereses del niño, sean asumidas velando por su interés superior; cumpliendo de esa manera la protección constitucional a la que están compelidos en su favor la familia, la sociedad y el Estado.

En ese orden, la Corte Constitucional de Colombia, en su Sentencia T-397/04 de 29 de abril de 2004, consideró que: ‘…las autoridades administrativas y judiciales encargadas de determinar el contenido del interés superior de los niños en casos particulares cuentan con un margen de discrecionalidad importante para evaluar, en aplicación de las disposiciones jurídicas relevantes y en atención a las circunstancias fácticas de los menores implicados, cuál es la solución que mejor satisface dicho interés; lo cual implica también que dichas autoridades tienen altos deberes constitucionales y legales en relación con la preservación del bienestar integral de los menores que requieren su protección deberes que obligan a los jueces y funcionarios administrativos en cuestión a aplicar un grado especial de diligencia, celo y cuidado al momento de adoptar sus decisiones, mucho más tratándose de niños de temprana edad, cuyo proceso de desarrollo puede verse afectado en forma definitiva e irremediable por cualquier decisión que no atienda a sus intereses y derechos’.

En suma, resulta evidente que los derechos de los niños son prevalentes mereciendo un trato prioritario al contar con interés superior dentro del contexto jurídico vigente; por lo que tanto los jueces y tribunales de garantías como este Tribunal Constitucional Plurinacional, no podrán abstenerse de conocer acciones de tutela que los involucren, precisamente como se tiene establecido por la preeminencia que da la Norma Suprema a este sector de vulnerabilidad y la tutela necesaria que deben merecer en casos de evidente transgresión a sus derechos fundamentales…”.

III.4. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos, fundamentación y motivación; por cuanto, la autoridad demandada en audiencia de consideración de medidas cautelares mediante Auto Interlocutorio de 9 de marzo de 2023, dispuso su detención preventiva, sin considerar la previsión del art. 232.9 del CPP y que su persona goza de protección reforzada constitucional, al ser componente de un bloque de vulnerabilidad en su condición de mujer y madre de una hija lactante de cinco meses de edad, cuya vida corre riesgo al permanecer separada de ella; y a quien se dejó bajo la custodia de una cuñada a la que desconoce.

Antes de ingresar al análisis de la problemática planteada corresponde aclarar que el examen se enmarcará dentro la excepcionalidad del principio de subsidiariedad, en consideración a la protección constitucional que refiere la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la misma que establece que es inaplicable el principio de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad en casos de mujer embarazada y/o madre de un niño menor de un año, como en el presente caso en el que la accionante Rosa Ángela Arismendi Cusi, es madre de una menor lactante, de cinco meses de edad, ello en razón al grado de vulnerabilidad y especial protección constitucional que merecen tanto la madre como la menor, no siendo exigible el agotamiento previo de los mecanismos intra procesales dentro de una medida cautelar para posibilitar la activación de esta acción de defensa.

De lo señalado por las partes, lo observado por el Juez de garantías y los antecedentes aparejados a la presente acción tutelar, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, a instancias de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, contra Rosa Ángela Arismendi Cusi –ahora accionante–, por la presunta comisión del delito de abandono de menor; mediante Auto Interlocutorio 215/2023 de 9 de marzo, el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro –hoy demandado–, dispuso la detención preventiva de la imputada, por el lapso de tres semanas.

Ahora bien, pese a que la parte accionante no presentó mayor prueba que acredite los extremos de su denuncia y que respalde su pretensión; se comprende que, el objetivo principal de su demanda es que esta jurisdicción constitucional, analice si la determinación asumida por el Juez demandado, desconoció la previsión del art. 232.8 y 9 del CPP.

En ese contexto, del Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional se tiene como regla general que, en resguardo de la mujer embarazada o la mujer en condición de posparto, y precautelando su salud y la del nuevo ser, se deben asumir medidas pertinentes y efectivas con el fin evitar que en contra de ella se dispongan medidas restrictivas de su libertad, tales como arrestos, aprehensiones, detenciones preventivas y cumplimiento de condenas, considerando que las cárceles, no son lugares adecuados, en los que se pueda desarrollar de manera óptima el embarazo, ni la etapa de lactancia; regla aplicable también a las personas que tengan la guarda o custodia de un niño de seis años. Sin embargo, la norma también establece como excepción, comprendiendo la gravedad del delito y el riesgo para la sociedad, la posibilidad, aunque mínima que se pueda determinar la detención preventiva contra mujeres en etapa de lactancia o al cuidado de un menor de seis años; misma que debe ser limitada, evitando el uso prolongado de la prisión como sanción para estas categorías.

De lo expuesto, se comprende que si bien el legislador, estableció como regla general que es improcedente determinar la detención preventiva en relación a mujeres embarazadas, madres durante la lactancia de hijos menores de un año, y cuando la imputada sea la única que tenga bajo su guarda, custodia o cuidado a una niña o niño menor de seis años; también, ha previsto la excepción a esta regla, en relación a la gravedad del delito y el grado de peligrosidad del mismo, teniendo –en aplicación al presente caso– que la detención preventiva, es posible dentro de la investigación por los presuntos delitos contra la vida, la integridad corporal y la dignidad del ser humano, como lo es el abandono de niñas y niños, previsto en el art. 278 del Código Penal (CP).

En caso en análisis, Rosa Ángela Arismendi Cusi –hoy accionante–, se encuentra investigada, por la presunta comisión del delito de abandono de menor (niñas y niños), tipo penal que ingresa en las excepciones que posibilitan que contra una madre con hijo infante lactante menor de un año, o una imputada que sea la única que tenga bajo su guarda, custodia o cuidado a una niña o niño menor de seis años, se pueda disponer excepcionalmente su detención preventiva; es decir, al respecto no existiría ninguna situación que el Juez hoy demandado hubiere incumplido; por otro lado, de los fundamentos expuestos en el informe brindado por la autoridad demandada, y que formaron parte del Auto Interlocutorio cuestionado, se tiene que la detención preventiva se funda, además de la existencia de elementos de convicción que demostraban la probabilidad de autoría y de riesgos procesales, que la impetrante de tutela no hubiere desvirtuado, y que tampoco cuestionó en la presente acción de defensa; señalando que la accionante, al abandonar a su hija, puso en riesgo su vida, la integridad corporal e incluso la libertad sexual de la menor, dejándola sola en una habitación de un centro de expendio de bebidas alcohólicas -chichería-, donde concurrían varias personas en estado de ebriedad; consecuentemente, sin protección, siendo evidente que la madre, de manera por demás irrazonable, trasladó a la menor a dicho local, con la finalidad de consumir dichas bebidas; aspectos que también fueron determinantes para que la Defensoría y el Ministerio Público, determinara el acogimiento circunstancial de la menor a su pariente más cercana; consecuentemente, resultaba contradictorio razonar que la infante podría estar protegida por la misma persona que, en determinado momento, la abandonó en un lugar de expendio de bebidas alcohólicas.

Por lo expuesto precedentemente, y en correspondencia a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional, que considera la preeminencia de los derechos de la menor y la primacía de recibir protección y socorro en cualquier circunstancia; se advierte que la autoridad demandada, validó el acogimiento circunstancial de la infante; dispuesta por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en uso de sus atribuciones, con la asistencia de personal especializado, y con base de los informes correspondientes emitidos por su equipo multidisciplinario; precautelando que la niña -víctima-, sea colocada en un entorno familiar adecuado, beneficioso y que le otorgue bienestar físico y psicológico, otorgándole la debida protección de todos sus derechos fundamentales y garantías constitucionales.

En ese contexto, se tiene que el Juez demandado, observó y cumplió la amplia normativa nacional e internacional, así como la extensa jurisprudencia desarrollada sobre la necesidad de otorgar protección reforzada a las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad; toda vez que, brindó de manera oportuna el cuidado, seguridad e integridad a la víctima involucrada en el hecho que se procesa, como emergencia de la posibilidad de presentarse situaciones de riesgo que atenten la integridad personal o psicológica de la misma, ejerciendo un efectivo y eficaz control sobre la situación particular de la menor víctima. Además de conllevar la voluntad de otorgar la garantía, protección y bienestar de la nombrada menor, a efecto de alcanzar el vivir bien de la misma; derecho asistencial diferenciado que constituye un deber del Estado, bajo los parámetros normativos internacionales e internos, cuya ejecución importa a todos los servidores públicos en particular de la autoridad demandada, quien debe observar el interés superior de la niña, siendo la prioridad, la de asegurar el pleno ejercicio y respeto de sus derechos bajo el principio de favor debilis que sustenta la protección diferenciada en razón a su pertenencia a determinados grupos vulnerables.

Por lo expuesto precedentemente, y dado que el legislador ha establecido como excepción a la regla la procedencia de su detención preventiva por el tipo penal investigado, y considerando que la víctima sería la propia hija de la imputada, la determinación del Juez hoy demandado, no transgrede ninguna norma vigente, por ende, no se observa la lesión de los derechos invocados en esta acción de libertad, lo que amerita denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 16/2023 de 10 de marzo, cursante de fs. 77 a 80, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con base en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0981_2025-S3.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): 9005238fd9acfec2a405de7aa8d8e283244dd5103907274515d3443f37171614

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