B.IA.LEGAL

SCP 0980/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 26 de agosto de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
26 de agosto de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
54438-2023-109-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de los derechos a la libertad y al debido proceso, vinculados con el principio de celeridad, toda vez que: a) El 3 de febrero de 2023 solicitó ante la Jueza ahora demandada la cesación a su detención preventiva, la misma que señaló audiencia inobservando el plazo establecido en el art. 239 del CPP, audiencia que tampoco se llevó a cabo, y que ante la reiteración a su solicitud, se desarrolló el 17 del mismo mes y año, rechazando la cesación impetrada; y, b) El 23 de febrero de 2023 solicitó nuevamente la cesación a su detención preventiva, habiéndose fijado audiencia para el 27 del mismo mes y año, la misma que tampoco fue instalada, y que ante su reiteración se fijó nueva audiencia para el 2 de marzo del mismo año, acto que tampoco fue instalado; ante dicha dilación formuló Acción de Amparo Constitucional buscando celeridad en la tramitación del proceso, habiéndose concedido la tutela por la Jueza de Garantías, quien ordenó a la autoridad demandada, que en el plazo de 48 horas resuelva su solicitud de cesación a la detención preventiva; sin embargo, si bien se fijó audiencia para el 15 de marzo del mismo año, dicho acto procesal tampoco fue instalado, desconociéndose los motivos para su suspensión. Por lo que solicita, su inmediata libertad, además de la condena en costas y costos a la autoridad demandada.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 03/2023 de 22 de marzo, cursante de fs. 319 a 322, pronunciada por Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primera de Montero del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; aclarándose que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la identidad de objeto, sujeto y causa: La cosa juzgada constitucional
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0980/2025-S3 Sucre, 26 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 54438-2023-109-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución de 03/2023, de 22 de marzo, cursante de fs. 319 a 322, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Vladimir Puente Bustos contra Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 21 de marzo de 2023, cursante de fs. 237 a 241, el accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, cumple detención preventiva en el Centro de Readaptación Productiva Montero (CERPROM) del departamento de Santa Cruz, conforme lo dispuesto mediante Auto Interlocutorio de 8 de noviembre de 2022. En ese marco, el Ministerio Público formuló requerimiento fiscal para la aplicación de la salida alternativa de procedimiento abreviado, en base a la declaración de la propia víctima quien señaló que “NUNCA HUBO AGRESIÓN FÍSICA, únicamente Psicológica”; sin embargo, la Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, rechazó la solicitud y consideró que aún seguían latentes los riesgos procesales, ratificando de esa manera su detención preventiva. Por memorial presentado el 3 de febrero de 2023, solicitó la cesación a su detención preventiva; empero, la autoridad jurisdiccional providenció dicha solicitud recién el 8 de igual mes y año, señalando audiencia para el 10 del referido mes y año, incumpliendo los plazos establecidos en el art. 239 Código de Procedimiento Penal (CPP), que establece que la audiencia se debe señalar en el plazo de 48 horas; A pesar de ello, la audiencia no fue instalada en tal fecha, sino que se suspendió sin ningún justificativo, por orden de la autoridad demandada; por lo que presentó una nueva solicitud de audiencia de cesación, la misma que se llevó a cabo el 17 del mismo mes y año, rechazando su solicitud bajo el fundamento que no se contaba con el permiso de conducir original y un informe psicológico. El 23 de febrero de 2023, nuevamente solicitó la cesación a su detención preventiva, dicha solicitud fue fijada para el 27 del mismo mes y año, pero tampoco fue instalada; ante lo cual, en esta última fecha, solicitó nuevamente audiencia para considerar su solicitud de cesación, la cual quedo señalada para el 2 de marzo de 2023. Esta audiencia tampoco fue instalada, al igual que las otras audiencias fijadas con anterioridad, por lo que se fijó una nueva (sin fecha precisa), la que tampoco se llevó a cabo porque el expediente se encontraba en el despacho de la jueza demandada, hecho que se evidencia en el informe de la Secretaría. Ante las reiteradas suspensiones de la audiencia de cesación a la detención preventiva, interpuso una acción de amparo constitucional, buscando celeridad en la tramitación del proceso, habiéndose concedido la tutela por el Tribunal de Garantías, quien ordenó que la Jueza demandada, en el plazo de 48 horas, resuelva su solicitud de cesación a la detención preventiva; sin embargo, la autoridad demandada, simulando cumplir con dicha resolución constitucional, fijó una nueva audiencia dentro del referido plazo, es decir, para el 15 de marzo del mismo año, acto procesal que, una vez más, no fue instalado, desconociéndose los motivos para su suspensión.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, vinculados con el principio de celeridad, citando al efecto los arts. 23. I, 115, 117.I, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó que se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) Su inmediata libertad, b) Se condene en costas y costos a la autoridad demandada.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 22 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 248 a 249 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela a través de su abogada, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliando sus fundamentos señaló que: a) Se denunció violencia psicológica en su contra y que no existe violencia moral ni física, por lo que la autoridad demandada, desde el inicio, solamente debió haber impuesto medidas sustitutivas a la detención preventiva, dado que no ameritaba tomar la medida de última ratio; b) Se suspendieron un total de ocho audiencias, las cuales ni siquiera fueron instaladas; c) En la Acción de Amparo Constitucional que interpuso se ordenó a la autoridad demandada, señalar nueva fecha de audiencia de cesación a la detención preventiva, sin embargo, la autoridad demandada, señaló la audiencia para el 15 de marzo de 2023, misma que tampoco fue instalada, provocando retardación de justicia; d) La Jueza demandada imposibilitó el ejercicio del derecho a la defensa al no instalar las audiencias solicitadas, negándole además el sometimiento a un procedimiento abreviado; e) La propia víctima manifestó en audiencia presencial su voluntad de que el acusado recobre su libertad, ya que ella en ningún momento solicitó su detención preventiva, lo que solicitó más bien fue solamente medidas de protección para que el ahora accionante salga del domicilio conyugal y en un futuro tener la desvinculación matrimonial; f) La autoridad demandada causó un gran perjuicio a la propia víctima, toda vez de que al estar detenido, sus hijas se encuentran devastadas y es por ello que la víctima ha pedido que el ahora accionante se defienda en libertad; y, g) Tiene prueba para desvirtuar el riesgo procesal impuesto por la Jueza, pero está no instala la audiencia bajo cualquier pretexto.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, en audiencia de acción de libertad, de forma oral solicitó se deniegue la tutela, informando que: 1) No ha sido notificada con la acción de libertad, simplemente se le hizo llegar actuados del cuaderno procesal sobre el cual ejerce el control jurisdiccional; 2) En su oportunidad se dispuso la detención preventiva a solicitud fundamentada del Ministerio Público y de la Unidad de Víctimas Especiales (UVE), por lo que la privación de libertad no es ilegal, si no que obedece a una orden judicial; 3) La negativa del procedimiento abreviado se debe a que en la audiencia el -ahora accionante- señaló ser inocente del delito; 4) Respecto a la suspensión de las ocho audiencias que se alega, ello no es evidente, debido a que ninguna audiencia se ha suspendido sin justificación, dado que todas las justificaciones constan en el cuaderno procesal; 5) En relación a la acción de amparo constitucional presentada por la hermana del acusado, es evidente que el Juez de garantías otorgó la tutela, concediéndole el plazo para señalar audiencia, pero desconoce si la audiencia se ha desarrollado, toda vez que la misma se encontraba declarada en comisión desde el 15 hasta el 18 de marzo de 2023; 6) En relación la suspensión de la audiencia de dos de similar mes y año, consta una nota que refiere que la audiencia no pudo ser instalada debido a que el secretario titular del juzgado no ha concurrido a la hora y fecha, al efecto firma en constancia el juez suplente y las partes, es decir que no es atribuible a su persona; 7) Por otra parte la audiencia que se señaló para llevarse a cabo en las jornadas de descongestionamiento penitenciario, no se realizó porque el mismo día la hermana del imputado interpuso una Acción de Amparo Constitucional y el Juez de garantías solicitó la remisión del expediente, por lo que no podía incumplir dicha orden; 8) De manera negligente y desobediente no cumplió la remisión ni del expediente ni del informe de su Secretario, por lo que ella no es responsable de las suspensiones de audiencia; 9) El juzgado a su cargo lleva varias audiencias al día, por lo que priorizan las audiencias de los detenidos preventivos, por lo que en alguna ocasión se pudo haber suspendido, pero ella no tiene la intención de perjudicar ni de favorecer, toda vez que no conoce al acusado; 10) Su autoridad incluso llamó la atención a la Secretaria, porque conforme el art. 56.3 del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, se atribuye a los Secretarios la obligación de emitir las providencias de mero trámite y el señalamiento de audiencia es de mero trámite; y, 11) Se tiene programada audiencia para el 24 de marzo de 2023, sin embargo al haberse remitido el cuaderno procesal para la presente demanda tutelar, desconoce si se encuentran notificadas las partes.

I.2.3. Resolución

La Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primera de Montero del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 03/2023, de 22 de marzo, cursante de fs. 319 a 322, concedió parcialmente la tutela impetrada en relación a: Solicitud de cesación a la detención preventiva de 3 de febrero de 2023 y señalamiento de audiencia para el 10 de igual mes y año; solicitud de cesación a la detención preventiva de 23 de febrero de 2023 y señalamiento de audiencia para el 27 de igual mes y año; y, suspensión de audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva de 6 de marzo del mismo año; y, denegó la tutela en cuanto a la audiencia de procedimiento abreviado, solicitada el 12 de diciembre de 2022; la solicitud de cesación a la detención preventiva de 27 de febrero de 2023, porque la misma no fue atendida por la autoridad demandada; y, con relación a ordenar la libertad inmediata del accionante; disponiendo en consecuencia, que la autoridad demandada garantice y supervise la labor de su personal para la efectiva sustanciación de la audiencia de cesación a la detención preventiva señalada para el viernes 24 de marzo de 2023; determinación asumida bajo los siguientes fundamentos: i) La resolución de salida alternativa de procedimiento abreviado, no versa sobre la solicitud de cesación a la detención preventiva, por el contrario, el accionante tenia expedita la apelación para su impugnación; ii) En cuanto al memorial de 3 de febrero de 2023, de solicitud de cesación a la detención preventiva, decretado el 8 de febrero para el 10 del mismo mes, la solicitud no fue atendida en los plazos previstos por el art. 239 del CPP, debido a que la audiencia señalada excedió las 48 horas, acreditándose de esa manera el acto lesivo denunciado, debido a la dilación indebida al momento de resolver la situación jurídica del imputado, pues si bien la autoridad demandada conoció que el memorial ingresó a despacho de manera tardía, no ejerció ningún tipo de control sobre ese extremo, como tampoco determinó si el justificativo es o no válido, convalidando de esa manera el acto dilatorio; iii) Respecto al memorial de solicitud de cesación a la detención preventiva presentado el 15 de febrero de 2023, fijada la audiencia para el 17 de mismo mes y año, esta fue sustanciada y se emitió resolución correspondiente denegando lo impetrado, de modo que ello no constituye lesión al derecho a la libertad alegado, dado que aun de existir agravio, le asistía al accionante el recurso de apelación, lo que no consta en obrados; iv) Sobre la solicitud de audiencia de cesación a la detención preventiva presentada el 23 de febrero de 2023, con señalamiento de audiencia para el 27 de febrero del mismo año, y que no fue llevada adelante, la autoridad demandada cumplió con los plazos procesales establecidos en el art. 239 del CPP para el señalamiento de audiencia, por lo que se acredita la lesión alegada; v) Con relación a la solicitud de nueva audiencia para considerar su solicitud de cesación a la detención preventiva, presentada el 28 de febrero de 2023, señalada para el 2 de marzo del mismo año, y que tampoco fue llevada a cabo, se establece que la demora denunciada no es atribuible a la autoridad demandada, toda vez que el decreto fue emitido por Moisés Chaile, Juez en suplencia, el mismo que se trasladó desde Montero, de manera que la dilación no es atribuible a la Juez demandada; vi) En cuanto al señalamiento de nueva audiencia para considerar la solicitud de cesación a la detención preventiva, dispuesta el 2 de marzo de 2023, y que tampoco fue llevada adelante, se constata que el juez suplente no contaba con el cuaderno procesal y la Secretaria no se apersonó al lugar en la hora de audiencia, por lo que ameritó nuevo señalamiento para el 6 de marzo del mismo año, oportunidad en la que, la jueza de la causa, suspendió dicho acto bajo el fundamento que tenía otra audiencia, sin acompañar respaldo documental al respecto, ni respaldo normativo para ello, reprogramando la audiencia para el 8 del mismo mes y año, lo que acredita que la inobservancia del art. 113.II del CPP, respecto a la prohibición de suspensión de la audiencia sin su previa instalación; y, vii) No todas las solicitudes de cesación a la detención preventiva del accionante fueron de responsabilidad de la Jueza demandada, debido a que en diversas oportunidades la causa se encontraba bajo control jurisdiccional de una autoridad suplente del municipio; sin embargo, se establece que la indicada autoridad ha incumplido en dos ocasiones lo dispuesto por el art. 239 del CPP, respecto a señalar audiencia en el plazo máximo de 48 horas, no siendo admisible la explicación de la autoridad demandada en sentido que la responsabilidad fuera enteramente de la Secretaria, a quien si bien la norma le faculta a realizar providencias de mero trámite, ello no le exime a la Jueza de la causa, del cumplimiento del mandato previsto en el art. 239 del adjetivo penal citado, debido a que es la autoridad judicial la que suscribe la providencia y por lo tanto, debe supervisar la labor del personal de apoyo judicial, no debiendo suscribir decretos que no observen los plazos señalados en la norma.

II. CONCLUSIONES

De la revisión del expediente, no se cuenta con documentación alguna dentro de la presente acción de libertad. II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Vladimir Puente Bustos -accionante-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, por resolución de 8 de noviembre de 2022, la Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz –ahora demandada-, dispuso su detención preventiva en el Centro de Readaptación Productiva Montero (CERPROM), por el plazo de seis meses (fs. 12 vta. a 15 vta.). II.2. De la revisión del Sistema de Gestión Procesal y página web del Tribunal Constitucional Plurinacional (https://tcpbolivia.bo), se encuentra la SCP 0327/2025-S1 de 23 de abril, correspondiente al expediente 54196-2023-109-AAC, emitida dentro la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por Vladimir Puente Bustos contra Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, en la cual se concede parcialmente la tutela y se ordena “Que en el término de veinticuatro horas de su notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, señale e instale hasta su conclusión, audiencia de cesación de la detención preventiva dentro del plazo legal”.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de los derechos a la libertad y al debido proceso, vinculados con el principio de celeridad, toda vez que: a) El 3 de febrero de 2023 solicitó ante la Jueza ahora demandada la cesación a su detención preventiva, la misma que señaló audiencia inobservando el plazo establecido en el art. 239 del CPP, audiencia que tampoco se llevó a cabo, y que ante la reiteración a su solicitud, se desarrolló el 17 del mismo mes y año, rechazando la cesación impetrada; y, b) El 23 de febrero de 2023 solicitó nuevamente la cesación a su detención preventiva, habiéndose fijado audiencia para el 27 del mismo mes y año, la misma que tampoco fue instalada, y que ante su reiteración se fijó nueva audiencia para el 2 de marzo del mismo año, acto que tampoco fue instalado; ante dicha dilación formuló Acción de Amparo Constitucional buscando celeridad en la tramitación del proceso, habiéndose concedido la tutela por la Jueza de Garantías, quien ordenó a la autoridad demandada, que en el plazo de 48 horas resuelva su solicitud de cesación a la detención preventiva; sin embargo, si bien se fijó audiencia para el 15 de marzo del mismo año, dicho acto procesal tampoco fue instalado, desconociéndose los motivos para su suspensión. Por lo que solicita, su inmediata libertad, además de la condena en costas y costos a la autoridad demandada.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la identidad de objeto, sujeto y causa: La cosa juzgada constitucional

La SCP 0047/2019-S2 de 1 de abril, se ha referido al desarrollo jurisprudencial respecto a la identidad de objeto, sujeto y causa, señalando lo siguiente:

«La jurisprudencia constitucional entiende que la cosa juzgada constitucional, comprende dos aspectos: 1) Situaciones fácticas idénticas ya juzgadas; y, 2) La imposibilidad de interposición de recurso ordinario o extraordinario contra cualquier resolución constitucional, sea Sentencia, Auto o Declaración Constitucional Plurinacional.

La SCP 0038/2012 de 26 de marzo, emitida en una acción de libertad, establece que la activación de una anterior acción tutelar con identidad de objeto, sujeto y causa que tenga calidad de cosa juzgada es una causal para la denegatoria de la acción de libertad, salvo que el Tribunal Constitucional Plurinacional no hubiese ingresado al análisis de fondo de la problemática, Sentencia que confirmó el precedente contenido en la SC 183/00-R de 1 de marzo.

1El FJ III.1, manifiesta: “La cosa juzgada en materia constitucional asegura que merced a la identidad de objeto, sujetos y causa, la decisión no pueda ser modificada ni alterada de manera ulterior; en ese contexto, para evitar duplicidad de fallos y por ende para prevenir el peligro de alteración de fallos con calidad de cosa juzgada, en resguardo de una eficaz seguridad y certeza jurídica, existe una prohibición de activación ulterior de mecanismos de tutela con identidad de objeto, sujeto y causa. En el marco de lo expuesto, por la naturaleza jurídica y derechos tutelados a través de la acción de libertad, en mérito a su característica de eficaz y oportuno mecanismo de defensa de derechos, y a través de la SC 1347/2003-R de 16 de septiembre, reiterada en la SC 0101/2010-R de 10 de mayo, entre otras, se estableció la prohibición de activar mecanismos ulteriores de defensa cuando concurra una identidad de objeto, sujetos y causa; asimismo, partir de este entendimiento jurisprudencial aplicado de manera uniforme, se señaló también, la posibilidad de activar un ulterior mecanismo de defensa, solamente cuando en una petición de tutela anterior, el juez o tribunal de garantías por un presupuesto formal, no hubiere ingresado al análisis de fondo de la problemática, en este caso, la nueva acción estará destinada a lograr el análisis de fondo de la problemática, siempre y cuando el peticionante de tutela, subsane los aspectos formales que evitaron que el mecanismo de defensa anteriormente planteado hubiere ingresado al análisis de fondo de la causa. (…) En esta perspectiva, es necesario señalar que al ser la acción de libertad un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la vida, libertad física o de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares y considerando que esta garantía jurisdiccional es de tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, sumariedad, informalismo, generalidad e inmediación; inequívocamente debe establecerse que una vez interpuesta la acción de libertad, no puede activarse ulteriormente este mismo mecanismo, porque de lo contrario se generaría una disfunción procesal contraria a la seguridad y certeza jurídica”.

Por su parte, la SCP 0564/2014 de 10 de marzo, en el marco de lo previsto en el art. 203 de la CPE, que señala que contra las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional no cabe recurso ordinario ulterior alguno; explica que ningún juez, jueza, tribunal o autoridad e inclusive el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, puede revisar lo resuelto en una anterior resolución constitucional plurinacional, si es que ésta tiene cosa juzgada constitucional; es decir, si se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada en dicha acción de defensa.

En el mismo sentido, cabe señalar que el art. 29.7 del Código Procesal Constitucional (CPCo) establece que: “No serán admitidas Acciones de Defensa en los casos en los que exista cosa juzgada constitucional”».

III.2. Análisis del caso concreto

En el caso de análisis el accionante denuncia la lesión al debido proceso y su derecho a la libertad, vinculado al principio de celeridad, toda vez que: 1) El 3 de febrero de 2023 solicitó ante la Jueza ahora demandada la cesación a su detención preventiva, la misma que señaló audiencia inobservando el plazo establecido en el art. 239 del CPP, audiencia que tampoco se llevó a cabo, y que ante la reiteración a su solicitud, se desarrolló el 17 del mismo mes y año, rechazando la cesación impetrada; y, 2) El 23 de febrero de 2023 solicitó nuevamente la cesación a su detención preventiva, habiéndose fijado audiencia para el 27 del mismo mes y año, la misma que tampoco fue instalada, y que ante su reiteración se fijó nueva audiencia para el 2 de marzo del mismo año, acto que tampoco fue instalado; ante dicha dilación formuló acción de amparo constitucional buscando celeridad en la tramitación del proceso, habiéndose concedido la tutela por la Jueza de Garantías, quien ordenó a la autoridad demandada, que en el plazo 22El FJ III.3, establece: “En cuanto a la cosa juzgada constitucional, el art. 203 de la CPE, establece: `Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno’, normativa concordante con los arts. 8 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP) y 15 del CPCo, último precepto este que, refiriéndose al carácter obligatorio, vinculante y valor jurisprudencial de las sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional, aclara que tanto éstas, como las declaraciones y autos dictados en acciones de inconstitucionalidad y recurso contra tributos tienen efecto general (erga omnes); y que las razones jurídicas de la decisión, constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares. Ahora bien, los preceptos constitucionales y legales precitados, configuran la cosa juzgada constitucional, en el entendido de que contra las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional, no cabe recurso ordinario ulterior alguno, razonamiento que implica que los fallos emitidos por esta instancia, se halla dotados de un carácter de inmutable y definitivo, que sumado a su vinculatoriedad y obligatoriedad, como cualidades intrínsecas de las sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional, las protegen de ataques o cuestionamientos posteriores por cualquier medio o vía, inclusive la jurisdicción constitucional, toda vez que ni siquiera el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, podrá pronunciarse nuevamente o juzgar dos veces sobre lo ya decidido y resuelto en un fallo constitucional, mucho menos aún revisar la determinación adoptada en una sentencia con valor de cosa juzgada constitucional; una actuación contraria lesionaría el principio de seguridad jurídica, a partir del riesgo de emitir fallos contradictorios, lo cual sin duda podría generar caos jurídico e incertidumbre en la labor del Supremo intérprete y guardián de la Constitución” (las negrillas son añadidas).

de 48 horas resuelva su solicitud de cesación a la detención preventiva; sin embargo, si bien se fijó audiencia para el 15 de marzo del mismo año, dicho acto procesal tampoco fue instalado, desconociéndose los motivos para su suspensión.

De la revisión de los antecedentes que se acompañan al legajo constitucional, se establece que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, por Auto Interlocutorio de 8 de noviembre de 2023, la Jueza hoy accionada, ordenó su detención preventiva en la cárcel pública Centro de Readaptación Productiva Montero (CERPROM). En ese marco, el Ministerio Público solicitó aplicación de la salida alternativa de procedimiento abreviado, la cual fue rechazada por la demandada, al considerar que seguían latentes los riesgos procesales, ratificando de esa manera su detención preventiva. Ante dicha situación jurídica, mediante memorial presentado el 3 de febrero de 2023, solicitó la cesación a su detención preventiva, que fue providenciado sin cumplir con los plazos señalados en el art. 239 del CPP, pero además fue llevada adelante recién el 17 del mismo mes, debido a que se suspendieron las fijadas con anterioridad, acto en el que se rechazó su pretensión. El 23 igual mes y año, solicitó nuevamente la cesación a su detención preventiva, habiéndose fijado audiencia para el 27 del mismo mes y año, la cual tampoco fue instalada, y que ante su reiteración se fijó nueva audiencia para el 2 de marzo del mismo año, acto que igualmente no fue instalado. Ante dicha dilación, el 13 de febrero de 2023, el ahora accionante formuló acción de amparo constitucional buscando celeridad en la tramitación del proceso, la misma que fue resuelta por la Jueza de garantías, que mediante Resolución Constitucional 01/2023 de 8 de marzo, concedió la tutela solicitada, ordenando que la Jueza accionada resuelva de manera inmediata la solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante, y sea en el plazo establecido por ley; es decir, dentro de las cuarenta y ocho horas a partir de su legal notificación; resolución constitucional que fue confirmada en parte por la SCP 0327/2025-S1 de 23 de abril, concediendo parte respecto a la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso; así como, el principio de celeridad, con relación a la segunda problemática, y disponiendo que, en el término de veinticuatro horas de su notificación con la Sentencia Constitucional Plurinacional, señale e instale hasta su conclusión, audiencia de cesación de la detención preventiva dentro del plazo legal, siempre y cuando no se hubiese efectuado la misma y no se hubiese modificado la situación jurídica del accionante; y; denegando respecto a la vulneración de derechos con relación a la primera problemática identificada; exhortando además a la Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, corregir la actuación de la Secretaria de su Juzgado, conforme con lo analizado en la primera problemática y respecto al cumplimiento de su obligación como servidora de apoyo judicial establecido por el art. 94.I.1. de la LOJ. Ahora bien, los antecedentes de hecho expuestos en la presente acción de libertad guardan identidad de sujeto, objeto y causa con aquellos que motivaron la acción de amparo constitucional interpuesta por el ahora accionante contra la misma autoridad judicial demandada en esta acción de tutela, debido a que ambos tienen que ver con la falta de fijación de audiencia de cesación a la detención preventiva del ahora accionante, conforme a los plazos establecidos en el art. 239 del CPP, como la suspensión reiterada de las audiencias fijadas por la Jueza demandada, siendo las mismas solicitudes de cesación no resueltas efectivamente, al punto que se alega incluso la falta de cumplimiento efectivo de lo dispuesto por la Jueza de garantías –en la anterior acción de amparo constitucional- al respecto, debido nuevamente a una alegada suspensión de la audiencia sin justificación, a pesar de la concesión de tutela en su favor. Conforme fue señalado en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, la activación de una anterior acción tutelar con identidad de objeto, sujeto y causa que tenga calidad de cosa juzgada es una causal para la denegatoria de la acción de libertad, salvo que el Tribunal Constitucional Plurinacional no hubiese ingresado al análisis de fondo de la problemática, ello considerando que la cosa juzgada en materia constitucional asegura que merced a la identidad de objeto, sujetos y causa, la decisión no pueda ser modificada ni alterada de manera ulterior; de modo que, para evitar duplicidad de fallos y, por ende, prevenir el peligro de alteración de fallos con calidad de cosa juzgada, en resguardo de una eficaz seguridad y certeza jurídica, existe una prohibición de activación ulterior de mecanismos de tutela constitucional con identidad de objeto, sujeto y causa; situación que como fue señalado anteriormente, concurre en el caso de análisis, debido a que el ahora accionante ya activó con anterioridad al presente caso, una acción de tutela constitucional (acción de amparo), con el mismo objeto, contra la misma autoridad ahora demandada y por la misma causa, fruto de la cual se emitió la Resolución Constitucional 01/2023 de 8 de marzo, por la cual, la Jueza de garantías concedió la tutela solicitada, ordenando que la Jueza accionada resuelva de manera inmediata la solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante, y sea en el plazo establecido por ley; es decir, dentro de las cuarenta y ocho horas a partir de su legal notificación; resolución constitucional que fue confirmada en parte por la SCP 0327/2025-S1 de 23 de abril. Examinando la identidad de sujeto, objeto y causa entre la demanda tutelar planteada a través del expediente 54196-2023-109-AAC, que fue resuelto por la SCP 0327/2025-S1 y la presente acción de defensa, se tiene: Con relación a la identidad de sujetos

En cuanto al accionante; en ambas acciones tutelares se trata del mismo impetrante de tutela -Vladimir Puente Bustos -. Respecto a la parte demandada; ambas acciones de defensa se encuentran dirigidas contra Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz. En consecuencia, por lo analizado se advierte identidad de sujetos. En cuanto al objeto o pretensión del accionante

En la acción de amparo constitucional se denuncia que mediante memorial de 3 de febrero de 2023 solicitó audiencia de cesación a la detención preventiva y la misma se señaló para el 10 de similar mes y año, excediendo el plazo establecido por el art. 239 del CPP y que el día y hora de audiencia fijada la secretaría les informó que no se llevaría a cabo por órdenes de la Jueza hoy accionada; así también en la audiencia de consideración de la referida acción de defensa se ampliaron los fundamentos señalando:

“b) En ese decreto, no señala día ni hora de reprogramación de audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva, siendo que debía respetar el debido proceso y convocar a las partes procesales a la citada audiencia; c) En “fecha 17” -se entiende 17 de febrero de 2023-, se convocó a una nueva audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva; Ese señalamiento fue efectuado por el Juez de turno y no por la Jueza hoy accionada. Dicho Juez desarrolló la audiencia, en la cual le solicitó que presentara nueva documentación para poder acceder a la cesación de su detención preventiva; d) El 27 de igual mes y año, se suspendió la audiencia; posteriormente la Jueza ahora accionada convocó a otra audiencia el 2 de marzo de dicho año. El 6 de ese mismo mes y año, también se suspendió la audiencia programada. La citada Jueza señaló audiencia para el 8 del mencionado mes y año, que igualmente fue suspendida alegando no tener el cuaderno de control jurisdiccional” (sic). Por lo descrito se concluye que en ambas acciones tutelares, el objeto de análisis se centra en la tramitación de solicitud de cesación a la detención preventiva que según el accionante impetró el 3 de febrero de 2023 respecto a la cual se señaló audiencia incumpliendo el plazo previsto en el art. 239 del CPP y que además que dicha audiencia se fue suspendiendo sin instalación, con la única diferencia que en la presente demanda tutelar se incluyó la última suspensión de audiencia de 15 de marzo del mismo año, pero está fue señalada y debería realizarse en cumplimiento de lo dispuesto en la acción de amparo constitucional, es decir, se busca la resolución de la solicitud de cesación a la detención preventiva impetrada por el accionante en distintas ocasiones. Consiguientemente, existe identidad de objeto en ambas acciones de defensa. Respecto a la causa o motivo En las dos acciones tutelares, el impetrante de tutela cuestiona la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso vinculado a la celeridad, porque la autoridad demandada no cumplió con lo señalado dentro de los plazos establecidos en el art. 239 del CPP, además de las reiteradas suspensiones de las audiencias fijadas, sin resolver la solicitud planteada. Conforme todo lo descrito se advierte, que respecto los hechos fácticos descritos en la segunda sub problemática son exactamente los mismos que en la acción de amparo constitucional resuelta mediante la SCP 0327/2025-S1 de 23 de abril. En ese sentido, al existir ya cosa juzgada constitucional respecto a los hechos denunciados como lesivos en el caso de análisis, se establece que la acción de libertad formulada por el accionante y analizada en la causa, debe ser denegada sin ingresar al análisis de los argumentos de fondo, pues aun el hecho de que la autoridad demandada hubiese omitido efectivizar lo dispuesto en la acción de amparo constitucional, al no haberse celebrado la audiencia fijada nuevamente en cumplimiento de la Resolución Constitucional 01/2023, dicha situación no viabiliza una nueva acción de tutela, sino al mecanismo de queja por incumplimiento ante la misma autoridad que resolvió el caso. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 03/2023 de 22 de marzo, cursante de fs. 319 a 322, pronunciada por Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primera de Montero del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; aclarándose que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0980_2025-S3.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 0e6dc54cb0a57e4de9a731096ba69c8ef099a96199f1763a69096cd01b5f7e3e

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