Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 31 de octubre de 2023
Deniega la tutela
La parte accionante considera lesionado su derecho a la propiedad privada; toda vez que las autoridades de DD.RR. demandadas, emitieron los Informes de 14 de diciembre de 2020, señalando que la Partida 55, fs. 68, libro 40 de 16 de febrero de 1944, no consigan superficie, y que la partida se encuentra cancelada, cuando por la Sentencia 040/2009 emitida en una acción civil previa, que si bien fue declarada improbada, se evidenció que la referida partida no estaba cancelada; por lo que, la indicada información repercute en el ejercicio de su derecho a la propiedad, no pudiendo seguir su trámite de matriculación, negándose los demandados de manera incomprensible a rehabilitar una partida vigente; emitiéndose asimismo, el Informe Documento 1457813 (reingreso 1468151), Tramite 2070057 (reingreso 2082918), en el que persiste el criterio restrictivo del derecho propietario respecto a la superficie original de la ex hacienda Yunguyo que alcanzaba a 738,955 ha que se encuentra acreditado con planos debidamente registrados en la Partida 96, fs. 102, del libro 40 de inscripciones definitivas del año 1945; no obstante, en la emisión del referido informe del winchaje, de manera sorprendente se omite la mención de dicha superficie, y se realiza un trabajo de cálculo absolutamente incompleto y errado, restringiendo el derecho propietario de la sucesión Rodríguez Balanza, en especial el registro de la propiedad del Estado Boliviano.
En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 116/2023 de 26 de junio, cursante de fs. 382 a 390, dictada por la Sala Constitucional Tercera del El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0980/2023-S4 Sucre, 31 de octubre de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional Expediente: 42616-2021-86-AAC Departamento La Paz En revisión la Resolución 116/2023 de 26 de junio, cursante de fs. 382 a 390, interpuesta por Hermógenes Víctor Maldonado Ríos en representación legal de Ana María Díaz Villamil de Rodríguez, Juan Pablo y Gonzalo Alberto ambos Rodríguez Díaz Villamil herederos de Jorge Rodríguez Aguilo hijo de Jorge Rodríguez Balanza contra Hugo Santos Quelca Quelca, Registrador, Marco Antonio Cauna Bautista, Sub Registrador; Elia Mercedes Méndez Medina, ex Sub Registradora; y, Judyth Encalada Fernández, Inscriptora; todos de Derechos Reales (DD.RR.) de El Alto del departamento de La Paz.
Por memoriales presentados el 10 de junio de 2021, cursante de fs. 53 a 59, 67; y, de subsanación de 30 de igual mes y año (fs. 70 a 71 vta.); la parte accionante expresaron los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:
Jorge Rodríguez Balanza, adquirió la Finca denominada “Yunguyo” mediante Escritura Pública 76 de 15 de febrero de 1944, de su anterior propietario Hugo Zalles, registrado en la Oficina de DD.RR., bajo la Partida 55, fs. 68, del Libro 40, de 1944; posteriormente, realizó un trámite de deslinde voluntario con los miembros de la comunidad Yunguyo, protocolizado ese documento ante el Notario de Fe Pública, el cual fue registrado en DD.RR., es así que la ex finca Yunguyo, que perteneció a Jorge Rodríguez Balanza contaba con 738.955 hectáreas (ha), quedando a favor de la comunidad Yunguyo la superficie de 815.5450 ha.
Posteriormente, la propiedad que fuera de Jorge Rodríguez Balanza, fue expropiada por el Estado mediante Decreto Supremo (DS) 692 de 21 de enero de 1947, destinado para la Base Área, en una superficie de 5 510 000 m²; es decir, 551 ha, quedando un saldo de 187 955 ha, disponibles a favor del propietario afectado. El DS 05814 de 2 de junio de 1961, ratificó la expropiación dispuesta en el DS 692, que comprende 10 100 000 m² con destino a la construcción de una pista de aterrizaje y otros para el Aeropuerto Internacional de El Alto del departamento de La Paz; asimismo, por Resolución Suprema (RS) 133283 de 14 de abril de 1966, fue determinado el valor de la expropiación del fundo Yunguyo, con una superficie de 3 183 936 m², pagándose parcialmente la expropiación dispuesta en los Decretos Supremos (DD.SS.) 692 y 05814; superficie equivalente a 318 ha, que fue inscrita en DD.RR. de El Alto del departamento de La Paz, a nombre de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), limitándose parcialmente a la antigua Partida 55, fs. 68, Libro 40 de 1944, de propiedad de Jorge Rodríguez Balanza, a raíz de lo cual se generó la Matrícula Computarizada 2.01.4.010034253, registrándose en el asiento A-1 el derecho propietario de la citada entidad; habiendo sido expropiado del antes nombrado, en un total de 551 ha, de los cuales fueron inscritas solo 318 ha, quedando pendiente 233 ha, que debió beneficiar en todo al Estado, en su integridad. La RS 127253 de 23 de noviembre de 1964, autorizó a la DGAC proceder a la parcelación de los terrenos de la Urbanización Villa 16 de julio y de la ex finca Yunguyo perteneciente a Jorge Rodríguez Balanza; asimismo, mediante Resolución Prefectural 274 de 28 de abril de 2005, se dio por aprobado el avaluó catastral del “inmueble” Yunguyo, realizado por el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz, fijando como justo precio la suma de Bs73.- (setenta y tres bolivianos) por metro cuadrado; además, de dar por concluido el proceso expropiatorio, encontrándose el mismo, en proceso de pago por parte del Estado, debiendo registrarse la propiedad del mismo, sobre la partida de Jorge Rodríguez Balanza, en la superficie ordenada. Asimismo, tomando en cuenta que el total de la superficie de la ex finca Yunguyo alcanzaba a 738.955 ha, restado de la superficie expropiada por el Estado de 551 ha, existiendo un remanente real de 222 ha, en favor del afectado. Posteriormente, después que Jorge Rodríguez Aguilo, representante legal de la sucesión de su padre Jorge Rodríguez Balanza, se apersonó a DD.RR., advirtiendo la existencia de informes y certificaciones contradictorias que establecían que la Partida 55, f. 68 del libro 40 de 1944, donde se encontraba registrado el derecho propietario de su padre, estuviese cancelado, y otras que, establecían lo contrario, interpuso demanda de rehabilitación de la referida partida, ante el entonces Juzgado Segundo de Partido en lo Civil y Comercial del departamento de La Paz, proceso en el cual, la señalada autoridad, después de una inspección ocular en DD.RR., llego a la convicción de que la antigua partida 55, fs. 68 del libro 40 de 1944, no se encontraba cancelada por información directa del Registrador de la mencionada institución. dictándose finalmente la Sentencia 040/2009 de 7 de febrero que declaró improbada la demanda con el argumento central de que la partida 55, de fs. 68 del libro 40 de 1944, no está cancelada, Sentencia que fue debidamente notificada a la oficina de DD.RR. de El Alto del departamento de La Paz. Añadió, que nuevamente se apersonaron ante DD.RR. de la ciudad de El Alto, donde nuevamente se les indicó que la citada partida se encuentra cancelada, razón por la que presentaron varios reclamos al respecto mediante sucesivos memoriales, explicando los antecedentes del derecho propietario, las expropiaciones por parte del Estado y la existencia del trámite civil ordinario donde se demostró que la mencionada partida no se encontraba cancelada, solicitando nuevamente que DD.RR., establezca las razones de porque nuevamente emiten el criterio que la Partida en cuestión estaría cancelada emitiendo la autoridad ahora demandada el Informe de 14 de diciembre de 2020, que estableció que la referida partida no consiga superficie, lo cual, no es evidente, puesto que incluso se llevó adelante un deslinde con los miembros de la comunidad Yunguyo, donde se determinó las superficies reales que les correspondía tanto a Jorge Rodríguez Balanza como a la comunidad, acto debidamente protocolizado e inscrito en la oficina de DD.RR., asimismo, señaló que la partida se encuentra cancelada, información que tampoco es evidente conforme se evidenció en la acción civil antes mencionada; por lo que, al citar que la partida esta cancelada, la misma no puede ser matriculada, hecho que repercute en el ejercicio de su derecho a la propiedad. Transgrediendo con el referido informe su derecho a la propiedad privada, puesto que la oficina de DD.RR. de la ciudad de El Alto, de manera incompresible, se niega a rehabilitar una partida vigente y luego a matricular la misma y finalmente culminar con el trámite de registro del derecho propietario del Estado, proveniente del concluido procedimiento de expropiación, vulnerando sin explicación racional sus derechos; puesto que, con tal denegatoria, se impide transferir al sistema de folio real, para la matriculación respectiva de los saldos –en superficie–, lo cual perjudica al propio Estado cuyo derecho propietario, producto de la expropiación, no puede ser regularizado ni registrado, ocasionando un daño a los bienes patrimoniales del Estado, repercutiendo en el ejercicio del derecho propietario de los accionantes en calidad de herederos. La parte impetrante de tutela por memorial presentado el 20 de abril de 2023, modificó y amplió la acción de amparo constitucional, cursante de fs. 216 a 226, señalando que, realizada la resta total de todas las limitaciones que pesan sobre la superficie de la antigua ex finca Yunguyo, se llega a la convicción con prueba material objetiva de que aún existen 149,7 ha sobrantes en favor del propietario, independientemente de la expropiación en favor del Estado, cuyo total es de 551 has, así como de las limitaciones menores que hizo el propietario en vida que alcanzan a 70,8 has, según el informe winchaje; empero, persiste el criterio restrictivo del derecho propietario respecto a la superficie original de la ex hacienda Yunguyo que alcanzaba a 738,955 ha que se encuentra acreditado con planos debidamente registrados en la Partida 96, fs. 102, del libro 40 de inscripciones definitivas del año 1945; no obstante, en la emisión del informe del winchaje, de manera sorprendente, se omite la mención de dicha superficie y se realiza un trabajo de cálculo absolutamente incompleto y errado, restringiendo el derecho propietario de la sucesión Rodríguez Balanza, pero en especial el registro de la propiedad del Estado Boliviano sobre la superficie de 1.995.000.00 m² (199,5 hectáreas) en favor de la DGAC.
La parte solicitante de tutela denunció la lesión de su derecho a la propiedad privada, citando al efecto los arts. 56 y 57 de la CPE; 17.1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (DADH).
Solicitaron se conceda la tutela y en consecuencia se disponga: a) Declarar la nulidad del informe-Winchaje que corresponde a los documentos 1457813 (reingreso 1468151) del trámite N.2070057 (reingreso 2082918) de 20 de mayo de 2022, así como de su antecedente el informe 1905435 de 14 de diciembre de 2020, expedido por los servidores públicos demandados; b) Mantener la rehabilitación de la partida 55, fs. 68, del Libro 40 de 16 de febrero de 1944, ahora matriculada al folio 2.01.4.01.0273454, que fuera de propiedad de JORGE RODRIGUEZ BALANZA, legalmente representado por sus herederos –ahora solicitantes de tutela–; c) Se proceda a la inmediata asignación de superficie en la matrícula folio 2.01.4.01.0273454, considerando el metraje original de la ex Finca Yunguyo con una superficie de 738.955 ha, al estar debidamente acreditado en el plano registrado en la Partida No. 96, fs. 102 del Libro 40 de inscripciones definitivas de la Provincia Murillo, correspondiente al 1945; metraje sobre el cual se realizaron las diferentes limitaciones a la superficie propietaria que se han mencionado en la presente acción de defensa; y, d) Ordenar el registro inmediato de la propiedad que tiene el Estado Plurinacional de Bolivia sobre dicho inmueble en la superficie de 1.995.000m² (199,5 ha) y sea a nombre de la DGAC.
Mediante la SCP 0710/2022-S3 de 27 de junio, cursante de fs. 164 a 186, la Sala Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resolvió anular obrados hasta el Auto de Admisión a objeto de que los terceros interesados sean efectivamente convocados en la presente acción de defensa.
Celebrada la audiencia virtual el 26 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 368 a 381, presentes la parte solicitante de tutela, las autoridades demandadas y los terceros interesados; se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante, por intermedio de su abogado, ratificó los fundamentos contenidos en su memorial de acción de amparo constitucional, reiterando los mismos en la audiencia de consideración de la referida acción tutelar, y ampliando su argumento, señaló que: 1) Resultó claro que el Estado expropio 518 ha ya divididas, existiendo un sobrante a favor del propietario que se describe en el winchaje que efectuó la oficina de Derechos Reales; por lo que, sumando todos los números en los términos de matemáticas y objetivos no alcanza más de 70 has; sobre la base de esta argumentación, resultan evidentes los hechos administrativos acusados de negar la superficie a la Ex Finca Yunguyo, y de no poder inscribirse; esta negativa indebida de las autoridades accionadas de reconocer que existe superficie inicial desde el año 1945 hasta la fecha y que merced a los winchajes que se ha hecho, esa superficie aún tiene vigencia, tiene superficie le corresponde al Estado sus 551 ha originalmente expropiadas de las cuales se ha hecho uso en las dos expropiaciones señaladas y aun el propietario tiene su saldo y en mérito a ello, se acusó la vulneración del derecho a la propiedad privada cuyo núcleo duro se identifica con tres elementos, uso, goce y disfrute, que crea obligaciones tanto para el Estado como para los particulares, como la prohibición y limitación arbitraria del derecho propietario de los ahora accionantes; y, 2) Solicitan: Primero, se declare la nulidad del informe de winchaje que corresponde a los documentos de 20 de mayo 2022, así como su antecedente, el informe 1905435 de 14 de diciembre de 2020, expedidos por los servidores públicos hoy demandados, puesto que los mismos, de manera ilegal, desconocen la superficie acreditada de la ex propiedad Yunguyo; segundo, se disponga la rehabilitación de la partida 55 fojas 68 del libro 40 del 16 de febrero del 44, ahora matriculada en folio 2014010273454, que fuera de propiedad Jorge Rodríguez Balanza sobre la Ex Finca Yunguyo representada por sus herederos ahora accionantes, debiendo procederse de manera inmediata a la asignación de superficie en la referida Matrícula rehabilitada, considerando el metraje original de la Ex Finca Yunguyo con una superficie de 738,955 has; extremo debidamente acreditado en plano registrado en la partida 96 foja 102 del libro 40 de inscripciones definitivas que corresponde al año 1945; metraje sobre el cual se realizaron las diferentes limitaciones de superficie que se ha mencionado en esta Acción de Amparo Constitucional; debiendo ordenarse el registro inmediato que tiene el Estado Plurinacional de Bolivia representado por la Dirección General de Aeronáutica Civil sobre dicho inmueble en la superficie de 199.5 hectáreas equivalente a un 1.995.000 m², al existir todos los trámites expropiatorios fenecidos.
Hugo Santos Quelca Quelca, Registrador de DD.RR., de El Alto del departamento de La Paz; mediante informe escrito de 2 de mayo de 2023 y en su intervención en la audiencia de consideración, señaló que: i) Según el sistema informático de las oficinas de DD.RR., de la ciudad de El Alto, se establece que actualmente la partida 55. Fs. 68 del libro 40 de 1944 fue actualizada al Folio real Matrícula Computarizada 2014010273454; ii) En relación a lo manifestado por la parte impetrante de tutela, respecto a que supuestamente se hubiese acreditado la superficie, considerando el metraje original de la ex finca Yunguyo con una superficie de 738 955 has, dicho argumento no es evidente, en razón a que, según el registro original de los libros de las oficinas de DD.RR., de la partida 96, fs. 102, libro 40 de inscripciones definitivas correspondientes a 1945, no se evidencia mención o registro de forma clara y precisa de la superficie a la que hace mención la parte solicitante de tutela, la cual pretende incluir sin documentación idónea; no habiéndose acreditado de forma clara y objetiva mediante un documento publicitado por las oficinas de DD.RR. la superficie que se pretende incluir o asignar en la Matrícula Computarizada 2014010273454; iii) La parte accionante no agotó legalmente la instancia administrativa, por cuanto se tiene conocimiento de que documentalmente no se presentó y no existe una boleta de rechazo debidamente fundamentada y extendida por DD.RR. de la ciudad de El Alto, la cual hubiese sido adjunta a la acción tutelar, siendo evidente que no se agotó la subsidiariedad, no habiendo los ahora impetrantes de tutela acudido a dichas oficinas con documentación legal y pertinente a efectos de poder aclarar y rectificar los supuestos errores de la superficie; y, iv) La parte solicitante de tutela, sin derecho de representación que emane de la Ley, señala que el supuesto acto denunciado en la presente acción de amparo constitucional afecta los intereses del Estado, cuando en realidad no acreditan la personería para defender y denunciar los supuestos actos lesivos contra el Estado, no existiendo dentro de la presente causa representante legal del Estado que haya acreditado su interés legal y legítimo; por lo que, aún no se conoce de forma oficial por medio de sus personeros legales los intereses y pretensiones que tienen los representantes del Estado. Marco Antonio Cauna Bautista, Sub Registrador de DD.RR. de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito de 3 de mayo de 2023, cursante de fs. 290 a 296 vta., y en su intervención en la audiencia de consideración, señaló que: a) La vía constitucional no puede ser entendida como una instancia más del proceso o como un recurso de casación; en el caso de autos, se tiene una solicitud que se aleja de las reglas de la legalidad ordinaria, es decir, se pretende que mediante una acción de defensa se ingrese sin especificar la norma a realizar la interpretación de la legalidad ordinaria que es una atribución exclusiva de las autoridades judiciales o administrativas, pudiendo el control tutelar ingresar a revisar tal labor, solo cuando la misma sea arbitraria, incongruente, absurda e ilógica o con error evidente, empero, en el caso presente, se pretende la nulidad del Winchaje, sin considerar los alcances del proceso en el cual no existieron las pretensiones ahora expuestas, tampoco se expuso cuál el elemento objetivo que no se valoró para realizar el Winchaje, no pudiendo ser rebasada la justicia ordinaria por la constitucional, cuando existen auto límites impuestos por la misma justicia constitucional; b) El informe del cual se pide su nulidad mediante la presente acción de defensa, fue emitido según Documento 1457813, Trámite 2070057 de 06 de abril de 2022, cuyo reingreso fue el 11 de mayo de igual año, fue elaborado en cumplimiento de lo previsto por la normativa vigente, es decir, según el DS 27957, Reglamento, Modificación y Actualización a la Ley de Inscripción de Derechos Reales, debiendo entenderse que toda inscripción debe ser hecha siempre a solicitud de la parte interesada; por lo tanto, no se actúa de oficio en ningún caso, cumpliendo los principios de rogación, verdad, legalidad; por lo que, expedir un informe contrario sería vulnerar estos principios; además, se debe tomar en cuenta que, conforme lo previsto en el art. 90 del D.S. 27957, su autoridad únicamente expidió un informe (que no causa estado), el cual debe reflejar "el contenido en el presente caso" del libro que se solicita y como prescribe la norma, sin que este implique modificación del registro", debiendo ser cualquier modificación y/o registro de cualquier naturaleza, efectuado por el Registrador correspondiente, conforme prevé el art. 89 de la misma normativa; y, c) La parte ahora solicitante de tutela no pidió tipo de antecedente ante su autoridad, respecto de la Partida 96, Fojas 102 del Libro 40 de 13 de marzo de 1945, siendo este un nuevo elemento, que extrañamente se pretende hacer valer para acreditar una determinada superficie, pidiendo en su acción de defensa, que todo se actualice al sistema actual de Folio Real, sin tomar en cuenta nuevamente lo previsto por el D.S. 27957, Reglamento, Modificación y Actualización a la Ley de Inscripción de Derechos Reales, que en su art. 14, prevé que el sistema integrado de registro, tanto para inmuebles del área urbana como del área rural, supone la consistencia de la información legal, extraída de los documentos que se presentan para su registro, con la información gráfica constituida por mosaicos de planos que contarán con referencias y coordenadas geográficas que permitan determinar la ubicación y linderos de los inmuebles, con el fin de evitar superposiciones y vacíos de derechos y, de tal manera, identificar y sanear inmuebles, información gráfica que debe ser proporcionada al registro de derechos reales por las entidades competentes llamadas por ley para el levantamiento respectivo (INRA, municipios, catastro, etc.). Judyth Encalada Fernández, Inscriptora; de DD.RR. de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito de 2 de mayo de 2023, cursante de fs. 235 a 237 vta., y en su intervención en la audiencia de consideración, señaló que: 1) El 6 de abril del 2022 ingresó y se le asignó el Documento 1457813, Trámite 2070957, con el servicio de Informe, según sistema, mismo que fue observado; por lo que fue reingresando el 11 de mayo de 2022, con el documento 1468151 Trámite 2082918; razón por la cual, su persona se constituyó junto a dos funcionarios a las Oficinas de DD.RR. a la Sección de Archivo Central para la verificación física de la inscripción de propiedad y las limitaciones de la Partida 55, fojas 68 del libro 40 de 16 de febrero de 1944, encontrándose en 3 tomos dichas limitaciones, algunas ilegibles y un tomo incompleto al cual le faltan fojas; 2) En cuánto al informe remitido, se pudo establecer en la Partida 55 fojas 68 del libro 40 de 16 de febrero de 1944, que no se encontró registrada la superficie inicial, asimismo, en la última limitación encontrada, registrada en la foja 163 del tomo I, se expuso de manera textual "Por la partida 01000013 se limita 300 m2 en favor de Fortunato Mamani y Sra. 5-enero-1995 y con lapicero rojo PLANO PARTIDA CANCELADA POR SOBREE GIROS DE VENTAS SOBREGIRADO" (sic), motivo por el cual emitió el informe sobre el cual se aseveró que la partida estaba cancelada; y, 3) Como inscriptora de DD.RR., solo cumplió con su deber y obligación de emitir el informe según los archivos físicos que se encuentra en Derechos Reales, por lo que, su persona en ningún momento ejecuto la acción de suprimir superficie, peor aún de restringir el derecho de propiedad.
José Ignacio García, Director General de la DGAC, representada por Gabriela Karla López Fernández, en audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional, señaló que mediante el folio la Matrícula Computarizada 2.01.4.01.003423 vigente, se halla inscrito el derecho de propiedad en favor de la DGAC; por lo que, acompañan dos elementos, el primer Folio Real de agosto de 2019 y uno actualizado de 9 de mayo del 2023, en el que claramente se puede evidenciar que mediante la Escritura Pública número 124/1962 y así ha referido el abogado accionante, mediante Resolución prefectoral 8661 de fecha 5 de junio de 1961, la DGAC ha sido beneficiada mediante un proceso de expropiación sobre este derecho propietario, lo que significa que al presente se tiene registrado su derecho propietario. La Procuraduría General del Estado, por intermedio de su representante en audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional, señaló que las certificaciones e informes de DD.RR. se remiten estrictamente a los datos contenidos en los asientos existentes en las matrículas y libros, esto es concordante con los informes que han presentado las autoridades demandadas, puesto que los accionantes solicitaron un informe de la partida 55 de fojas 68, libro 40 del 16 de febrero de 1944, en la cual, reiterando una vez más esa Partida, no tiene superficie; en tal razón, conforme señalaron los demandados, los solicitantes de tutela debieron pedir un informe de la partida 96 a foja 102 del libro 40 de fecha 13 de marzo de 1945, en la cual supuestamente, tampoco se puede asegurar si existe o no existe se hace una división voluntaria entre los comunarios de la Hacienda Yunguyo con los señores Rodríguez Balanza; informes que no constituyen derecho propietario, ni definen el referido derecho, menos causan estado; en tal sentido razón, lo que correspondería es acudir a la vía jurisdiccional para solicitar la inscripción en DD.RR. pero de la Partida 96 y no así de la Partida 95.
La Sala Constitucional Tercera del El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante la Resolución 116/2023 de 26 de junio, cursante de fs. 382 a 390, concedió la tutela solicitada, por haber advertido que la instancia registradora, a mérito del informe de 14 de diciembre del 2020, contenido en el documento 1325254 del trámite 1905435, ha generado una restricción y supresión del derecho a la propiedad privada que le asiste a la parte hoy accionante, esa es la tutela que se dispone en relación a dicha pretensión; y, denegó la tutela vinculada al hecho de declarar la Nulidad del Informe con documento 14578013 del Trámite 20757, denegando también la tutela respecto a la asignación de superficie en la Matrícula Computarizada y Folio Real 201.401.0273554; determina lo siguiente: i) Dejando sin efecto y declarando la Nulidad del Informe de 14 de diciembre del 2020, emitido por la Oficina Registradora de DD.RR. de El Alto del mencionado departamento, entonces a cargo de la Sub Registradora Elía Méndez; en su mérito, se ordenó mantener firme y subsistente la rehabilitación de la Partida 55, fojas 68 del libro 40 del 16 de febrero de 1944, mutada al Folio Real 2024010273454 que acredita titularidad de Jorge Rodríguez Balanza; ii) Vinculado a la denegatoria de la tutela demandada, conforme a los argumentos que se han expuesto, se entiende que la vía de la revisión administrativa ante la Oficina Registral del documento 14578013, se encuentra plenamente expedita para la parte accionante, y conforme se ha referido, la autoridad accionada ha hecho énfasis por principio rogación que, cuando la parte accionante asuma que cuenta con los insumos técnicos necesarios deberá proceder a su análisis, así nos lo han hecho saber el día de hoy, será una obligación de la autoridad demandada, asumir el conocimiento del requerimiento que se le pueda postular en relación a la pretensión de asignarse superficie al Folio Real ya consolidado citado precedentemente, claro está, con el cumplimiento de esa documentación técnica que se ha hecho mención el día de hoy en el desarrollo de audiencia; y, iii) Finalmente, entendiendo que es de trascendental importancia para los fines del impetrante de tutela, debe remitirse un Oficio de Ley con el tenor íntegro de la presente Resolución Constitucional por ante el Ente Regente de la Dirección General de Aeronáutica Civil a objeto de hacer conocer, y en su mérito, si así corresponde, se asuma las acciones administrativas respectivas si se toma conocimiento de la ausencia de consolidación de titulación de la superficie de 199 hectáreas a nombre de la Dirección General de Aeronáutica Civil; decisión que se fundó en los siguientes puntos: a) Se pudo evidenciar que la autoridad jurisdiccional emitió la Resolución 040/2009 de 7 de febrero de 2009, en un proceso civil, en el que como consecuencia de un acto de inspección ocular pudo comprobar que la Partida 55, fojas 68 del libro 40 del 16 de febrero de 1944 no se encontraba cancelada por alguna disposición de autoridad judicial o alguna orden que haya dado a comprender esa cancelación, haciendo mención al art. 1558 del CC, concluyendo que Jorge Rodríguez Balanza y sus herederos, bien pueden generar la inscripción necesaria presentando la respectiva documentación, es así que de antecedentes se advierte que la Oficina Registral ha emitido el Informe signado con el documento 1325254, dentro del trámite 1905435, en la cual se volvió a hacer conocer a la parte hoy solicitante de tutela que la Partida citada carece de superficie y por otro lado que estuviese cancelada; sin embargo, se entiende que ya la autoridad jurisdiccional se pronunció al respecto en la Sentencia 040/2009, estableciendo que no existe el antecedente necesario para concluir que esa partida se encontraría cancelada; contra esta disposición jurisdiccional ningún interesado realizó algún cuestionamiento, mediante un recurso de impugnación, acción de control tutelar, nulidad, etc., incluso en este acto tampoco se ha puesto en discusión ese extremo, lo que le permite concluir que ese fallo ha evidenciado una cuestión en verdad material y correspondía en consecuencia que la autoridad Registradora de DD.RR., ante el requerimiento de la parte accionante, proceda a otorgarle el trámite respectivo que así corresponda, por supuesto, previo cumplimiento de los requisitos que demanda ese requerimiento registral; b) La parte accionante en uso de su derecho procesal constitucional, al no haberse notificado la demanda principal a los demandados, mucho menos con el Auto de admisión, contaba con la plena facultad de ampliar su pedido de tutela; en este acto, vinculó una nueva denuncia contra el Informe 1457483, sobre el que no puede otorgarse la tutela, en mérito a que emerge la necesidad de que se concluya el referido trámite, conforme lo ha referido la autoridad registradora, es decir, con la emisión de informes, certificados, estudios técnicos, elaborados por profesional autorizado o por la instancia pública competente a objeto de proceder a un nuevo análisis del referido informe, más si dicho informe no causa estado y puede ser objeto de una nueva reevaluación que pueda ser abordada por la autoridad demandada; en tal razón, no corresponde acoger la tutela demandada, por la existencia de hechos que están en controversia y que deben ser dilucidados previamente ante la Oficina Registradora de DD.RR.; y, c) En cuanto a que la jurisdicción constitucional pueda disponer el registro inmediato de la propiedad que tiene el Estado Plurinacional de Bolivia, sobre la superficie de 199.5 hectáreas a favor de la Dirección General de Aeronáutica Civil, dicho despliegue administrativo es tuición exclusiva de la referida entidad; en consecuencia, en la parte dispositiva se dispondrá la remisión de un oficio de Ley por ante el ente Rector de la Dirección General de Aeronáutica Civil, para que la misma tome conocimiento de lo denunciado en la presente acción de defensa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene Sentencia 040/2009 de 7 de febrero, dictada por el entonces Juez Segundo de Partido en lo Civil y Comercial del departamento de La Paz, dentro el proceso civil ordinario de rehabilitación de partidas en Derechos Reales, seguido por Jorge Rodríguez Aguilo, contra Asdrúbal Columba Joffre Registrador de DD.RR. de la ciudad de La Paz; por la que, se declaró improbada la referida demanda, señalando entre sus argumentos que en relación a la partida 55, de fs. 68, del libro 40, de 1944, se pudo establecer que la misma no está cancelada, aspecto que claramente recalcó el Registrador de DD.RR. de la ciudad de La Paz, como así también se estableció en la inspección ocular realizada en el referido proceso (fs. 28 a 29 vta.). II.2. Mediante memorial de noviembre de 2020, la parte ahora accionante, se apersono ante el Juez Registrador de DD.RR. de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, solicitando se elabore informe sobre la Partida 55, fs. 68 del libro 40, de 16 de febrero de 1944, que corresponde al derecho propietario de Jorge Rodríguez Balanza; a efectos de proseguir su trámite para matricular la referida partida (fs. 78 a 80); Emitiendo la Registradora de DD.RR. de la indicada ciudad de El Alto, el Informe Documento 1325254, Tramite 1905435 de 14 de diciembre de 2020, en la que se precisó que “…bajo la Partida 55, fs. 68, libro "40" de fecha 16 de febrero de 1944, se hallaba registrado del derecho propietario de JORGE RODRIGUEZ BALANZA, que tenía sobre un lote de Terreno, no consigna superficie, situado en la finca Yunguyo de la regio del Alto Parroquia San Pedro jurisdicción de la Provincia Murillo, adquirido mediante compra venta, conforme Escritura Testimonio N° 76, Fecha ilegible, suscrita ante el Notario Julio O. Romero (PARTIDA CANCELADA)” (fs. 35). II.3. Corre en antecedentes el Informe Documento 1457813 (reingreso 1468151), Tramite 2070057 (reingreso 2082918) de 6 de abril de 2022, emitido en atención a los memoriales de 31 de marzo de 2022 y de 11 de mayo de igual año, por la parte ahora impetrante de tutela, por los que, solicitaron el cumplimiento de la Resolución Constitucional 088/2021 de 9 de julio de 2021, dictada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (El Alto) para que en base a la documentación e información presentada, se imprima el trámite administrativo correspondiente para la rehabilitación de la Partida 55, fs. 68, libro 40 de 16 de febrero de 1944 y su posterior matriculación, informando que no se puede señalar una superficie inicial en la referida partida (en unidades de media actuales), y por la falta de datos y los extremos mencionados en el informe, no se puede determinar con exactitud la superficie limitada, para verificar la relación entre la superficie inicial y la restante (fs. 201 a 212 vta.); emitiéndose además, el folio real con Matrícula Computarizada 2.01.4.01.0273454, que establece una superficie de 0.00 m², a nombre de Jorge Rodríguez Balanza, en la finca nombrada Yunguyo (213)
La parte accionante considera lesionado su derecho a la propiedad privada; toda vez que las autoridades de DD.RR. demandadas, emitieron los Informes de 14 de diciembre de 2020, señalando que la Partida 55, fs. 68, libro 40 de 16 de febrero de 1944, no consigan superficie, y que la partida se encuentra cancelada, cuando por la Sentencia 040/2009 emitida en una acción civil previa, que si bien fue declarada improbada, se evidenció que la referida partida no estaba cancelada; por lo que, la indicada información repercute en el ejercicio de su derecho a la propiedad, no pudiendo seguir su trámite de matriculación, negándose los demandados de manera incomprensible a rehabilitar una partida vigente; emitiéndose asimismo, el Informe Documento 1457813 (reingreso 1468151), Tramite 2070057 (reingreso 2082918), en el que persiste el criterio restrictivo del derecho propietario respecto a la superficie original de la ex hacienda Yunguyo que alcanzaba a 738,955 ha que se encuentra acreditado con planos debidamente registrados en la Partida 96, fs. 102, del libro 40 de inscripciones definitivas del año 1945; no obstante, en la emisión del referido informe del winchaje, de manera sorprendente se omite la mención de dicha superficie, y se realiza un trabajo de cálculo absolutamente incompleto y errado, restringiendo el derecho propietario de la sucesión Rodríguez Balanza, en especial el registro de la propiedad del Estado Boliviano.
En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La acción de amparo constitucional se encuentra instituida en el art. 128 de la CPE, que establece: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley‟. A su vez el art. 129.I de la Norma Suprema, resalta que: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”; en consecuencia, la Constitución Política del Estado establece que esta acción como mecanismo de protección, poniéndola al alcance de toda persona que sufra vulneración a sus derechos reconocidos en la norma suprema, siendo su objeto principal el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías que puedan estar siendo vulnerados (restringidos, suprimidos o amenazados); procediendo dicho mecanismo siempre y cuando el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida. En este sentido la SC 0428/2010-R de 28 de junio, sobre la acción de amparo constitucional y sus características ha establecido que:“…esta acción por mandato del art. 19. V de la CPE abrg y 129. I de la CPE, se caracteriza por la vigencia del principio de subsidiaridad, toda vez que este mecanismo no sustituye las otras vías o mecanismos legales que las leyes confieren a los afectados para restituir los derechos fundamentales afectados. Siguiendo una interpretación bajo el criterio de ʽunidad constitucionalʼ y a la luz de la problemática concreta, se establece que el principio de subsidiaridad de la acción de amparo constitucional, encuentra sustento en la ingeniería constitucional establecida por el Constituyente para el órgano judicial, en ese contexto, la jurisdicción ordinaria tiene la finalidad de administrar justicia al amparo del principio de unidad jurisdiccional plasmado en el art. 179.I de la CPE; por su parte, la justicia constitucional, tiene como misión garantizar el respeto a la Constitución y la vigencia plena de los Derechos Fundamentales. Lo expresado precedentemente, implica que la justicia ordinaria resuelve conflictos con relevancia social y garantiza así la tan ansiada paz social, asimismo, la justicia constitucional en relación a la primera, es garante de los derechos fundamentales cuando estos han sido vulnerados en sede judicial ordinaria. El postulado antes señalado tiene gran relevancia ya que el juez o tribunal ordinario, no es solamente garante de la legalidad, sino que en su función de administrador de justicia, es también garante de derechos fundamentales, por tal razón, solamente en caso de incumplir este rol, puede operar la tutela constitucional, ya que de lo contrario y de no agotarse todos los medios procesales para el resguardo de los mismos en sede jurisdiccional ordinaria, se tendrían justicias con roles paralelos, equivocando así el verdadero sentido de la justicia constitucional y ocasionándose incoherencias jurídicas que afecten los cimientos propios de la justicia ordinaria y constitucional. Por lo expuesto, se colige que el amparo constitucional ha sido instituido por el art. 19 de la CPE abrg, y consagrado en el art. 128 de la CPE, como un recurso extraordinario que otorga protección inmediata contra los actos ilegales y las omisiones indebidas de funcionarios o particulares que restrinjan, supriman, o amenacen restringir o suprimir derechos y garantías fundamentales de la persona reconocidos por la Constitución y las leyes, siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para la protección inmediata de esos derechos y garantías. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el amparo tiene como características esenciales: la subsidiariedad y la inmediatez, entendiéndose la primera como el requisito de haber agotado todas las instancias y medios legales idóneos antes de interponer el recurso, pues la tutela que brinda el amparo constitucional está referida a los casos en que han sido agotados los medios que la ley otorga para tal objeto, puesto que dicho recurso tiene como característica la subsidiariedad y no puede ser utilizado como un mecanismo alternativo o sustitutivo de protección, hecho que desnaturalizaría su esencia”. Asimismo, el Tribunal Constitucional mediante la SC 1337/2003 – R de 15 de septiembre, con respecto al principio de subsidiariedad, estableció que: “…no podrá ser interpuesta esta acción extraordinaria, mientras no se haya hecho uso de los recursos ordinarios o administrativos y, en caso de haber utilizado los mismos deberán ser agotados dentro de ese proceso o vía legal, sea judicial o administrativa, salvo que la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales ocasione perjuicio irremediable e irreparable. Que, de ese entendimiento jurisprudencial, se extraen las siguientes reglas y sub reglas de improcedencia de amparo por subsidiariedad cuando: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución”.
en relación a un sujeto de derecho. Al respecto, la SCP 0976/2014 de 28 de mayo, señala: “Al referirse a los actos administrativos, la doctrina es uniforme al señalar: `Quedan aquí excluidos del concepto todos los «actos preparatorios» (informes, dictámenes, proyectos, etc.) y en general cualquier acto que por sí mismo no sea suficiente para dar lugar a un efecto jurídico inmediato en relación a un sujeto de derecho; esos actos no son impugnables administrativa ni judicialmente. (…) En cambio, quedan comprendidos en el concepto aquellas actividades que producen por sí mismas un efecto jurídico, aunque él no sea inmediato en el tiempo: actos que se dictan para producir efectos a partir de una fecha futura determinada, sujetos a término o condición, etc ”. `Informes administrativos son aquellos documentos que contienen una declaración de juicio emitida por un organismo, centro directivo o unidad de la administración sobre cuestiones de hecho o derecho que sean objeto de un procedimiento. (…) La finalidad de estos documentos, es proporcionar a los órganos administrativos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento, datos, valoraciones y opiniones precisos para la formación de su voluntad y la adopción de los acuerdos o resoluciones´.
Los informes técnicos elaborados por las distintas instancias institucionales al interior de las entidades públicas, inicialmente no podrán considerase actos administrativos propiamente dichos, en razón a que no producen efectos jurídicos de manera inmediata, por cuanto únicamente sirven de sustento técnico para la toma de decisiones que se trasuntan en resoluciones administrativas o respuestas de carácter concluyente; por el contrario son actos administrativos aquellos informes técnicos que produzcan efectos jurídicos para el administrado y no sean un acto preparatorio de otro acto administrativo definitivo como ser el respaldo de una Resolución Administrativa. Con mayor razón será considerado un acto administrativo, aquél documento denominado informe que sin embargo implique una decisión que defina alguna situación respecto al administrado. En conclusión, sí son impugnables los informes técnicos que puedan vulnerar de manera directa algún derecho o principio, consecuentemente, una vez agotada la vía administrativa podrán ser impugnados en la esfera constitucional, por cuanto en los hechos son asimilables a los actos administrativos propiamente dichos, en razón a que en esencia no difieren de los mismos”. Por su parte, la SCP 0430/2017-S1 de 19 de mayo, expresó lo siguiente: “…En ese contexto, los mencionados informes, al ser un acto que no resuelve de manera definitiva la denuncia interpuesta, debe ser entendido que no puede ser tutelable a través de la acción de amparo constitucional, mucho menos puede ser considerado como una resolución que puede ser objeto de apelación dentro del referido proceso interno, es decir, al ser recomendaciones o sugerencias u opiniones realizadas a la autoridad que emitirá un fallo, ya sea, de auto de admisión de la denuncia e inicio de la investigación, auto de inicio del sumario disciplinario o resolución definitiva en primera instancia, por lo tanto, no se evidencia la supuesta vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales con la emisión de los aludidos informes”. En el caso concreto de los informes y certificaciones emitidos por DD.RR., el art. 52 del Reglamento, modificación y actualización a la Ley de Inscripción de Derechos Reales, DS 27957, establece que: “A efectos de publicidad formal, pese a que el Folio Real constituye Certificación de un inmueble, según lo expresado en el Artículo 17 del presente Reglamento, las oficinas registradoras de DD.RR. expedirán, a petición de parte interesada, debidamente identificada, Certificaciones e Informes, remitiéndose estrictamente y bajo su exclusiva responsabilidad, a los datos contenidos en los asientos existentes en las matrículas y/o Libros” (las negrillas son nuestras); precepto legal que claramente da a entender que tanto los informes como las certificaciones que emite dicha entidad se constituyen en actos por los que se informa sobre la situación registral de determinada inscripción, vale decir que, se constituyen en constancias que DD.RR., emite a solicitud de las partes interesadas para dar a comer sobre los derechos inscritos en dicho registro público y aunque puedan considerarse como instrumentos públicos, por ser emitidas por la referida entidad, no producen efectos jurídicos que resuelvan la situación de los derechos registrados, ni garantizan –en el caso puntual de los informes– la inmutabilidad de los datos que –valga la renuncia– se informan, menos resuelven alguna situación de constitución, trasmisión, modificación o cesión de derechos reales. En tal razón, se debe entender que, los mimos (certificados e informes)
simplemente cumplen la función de dar a conocer sobre la situación registral de la inscripciones contenidos en los sistemas y libros de Derechos Reales en el tiempo en que son emitidos, es por tal motivo, que la misma norma establece que puede ser proporcionados a cualquier persona que tenga interés legítimo en conocer la información, estableciendo que dicha información debe remitirse estrictamente a los datos contenidos en los asientos existente en las matriculas o libros, asegurando a través de dichos actos administrativos el acceso a la información; por lo que, los mismos no pueden considerarse en actos admirativos definitivos que resuelvan o establezcan una situación jurídica, menos determinan la existencia o restricción de un derecho, por cuanto solo son informativos de la situación registral de los derechos inscritos en DD.RR.. Consiguientemente, al tratarse los referidos informes de actos administrativos que no generan por sí mismos efectos jurídicos de manera inmediata ni mediata, puesto que, solo pueden tener fines informativos o probatorios, la denuncia de vulneración de derechos fundamentales como consecuencia de la emisión de uno de estos informes, no resultan ser tutelable vía acción de amparo constitucional, al no constituir un acto definitivo suficiente que defina derechos, puesto que, no da lugar a un efecto jurídico inmediato en relación a un sujeto de derecho.
En el caso en análisis, la parte impetrante de tutela acusa la lesión de su derecho a la propiedad privada; toda vez que las autoridades de DD.RR. demandadas, emitieron los Informe de 14 de diciembre de 2020, señalando que la Partida 55, fs. 68, libro 40 de 16 de febrero de 1944, no consigan superficie, lo cual, señaló que la partida se encuentra cancelada, cuando por la Sentencia 040/2009 emitida en una acción civil previa, que si bien fue declarada improbada, evidencio que la referida partida no estaba cancelada; por lo que, la citada información repercute en el ejercicio de su derecho a la propiedad, no pudiendo seguir su trámite de matriculación, negándose los demandados de manera incomprensible a rehabilitar una partida vigente; emitiéndose asimismo, el Informe Documento 1457813 (reingreso 1468151), Tramite 2070057 (reingreso 2082918), en el que persiste el criterio restrictivo del derecho propietario respecto a la superficie original de la ex hacienda Yunguyo que alcanzaba a 738,955 ha que se encuentra acreditado con planos debidamente registrados en la Partida 96, fs. 102, del libro 40 de inscripciones definitivas del año 1945; no obstante, en la emisión del indicado informe del winchaje de manera sorprendente se omite la mención de dicha superficie, y se realiza un trabajo de cálculo absolutamente incompleto y errado, restringiendo el derecho propietario de la sucesión Rodríguez Balanza, en especial el registro de la propiedad del Estado Boliviano.
Identificada la problemática, y previo a ingresar al análisis del caso concreto, advertidos de que la parte impetrante de tutela plantea la acción de defensa ahora en análisis, acusando en inicio la lesión de su derecho a la propiedad privada, identificando como acto lesivo el Informe Documento 1325254, Tramite 1905435 de 14 de diciembre de 2020; asimismo, posterior a la determinación de nulidad procesal asumida mediante la SCP 0710/2022-S3 de 27 de junio, la parte solicitante de tutela, ampliando y modificando su acción de amparo constitucional, solicitó además, se deje sin efecto el Informe Documento 1457813 (reingreso 1468151), Tramite 2070057 (reingreso 2082918), vinculando dicha pretensión al informe de 14 de diciembre de 2020, arguyendo que ambos constituyen una restricción a su derecho propietario. Constituyendo ambas pretensiones el marco de análisis de la presente acción de amparo constitucional; en tal razón a objeto de resolver la referida problemática, se debe precisar lo siguiente:
0710/2022-S3 de 27 de junio
De antecedentes que cursan en el expediente de la presente demanda, se advierte que, la acción de amparo constitucional en un primero momento fue resuelta por la Sala Constitucional Tercera de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante la Resolución constitucional 088/2021 de 9 de julio, que concedió la tutela impetrada, fallo que al ser enviada en revisión, siendo sorteada a la Sala Tercera del al Tribunal Constitucional Plurinacional, que emitió la SCP 0710/2022-S3 de 27 de junio, por la que se resolvió anular obrados hasta el Auto de Admisión, a objeto de que los terceros interesados (Dirección General de Aeronáutica Civil y Procuraduría General del Estado) sean efectivamente convocados en la presente acción de defensa.
Determinación que implicó que la acción tutelar vuelva a ser sustanciada con la participación de los mencionados terceros interesados; empero, además se debe tener en cuenta que, tal determinación de nulidad, generó efectos ex–tunc a nivel procesal, vale decir, que su efecto retrotrajo el proceso –en este caso– hasta el Auto de admisión de la acción tutelar, anulando todo actuado posterior que se hubiesen generado a raíz del cumplimiento provisional de la Resolución constitucional, quedando prima facie sin efecto jurídico todos los actos y decisiones emergentes de la concesión de la tutela dispuesta mediante la Resolución Constitucional 088/2020, puesto que la misma también quedó sin efecto por la referida determinación anulatoria de obrados; quedando en consecuencia anulados los actos de cumplimiento provisional de dicho fallo constitucional, como el Folio Real con Matrícula Computarizada 2.01.4.01.0273454, emergente del trámite de matriculación dispuesta por la referida resolución constitucional, y el Informe Documento 1457813 (reingreso 1468151), Tramite 2070057 (reingreso 2082918) de 6 de abril de 2022, emitido ante la solicitud de la parte ahora accionante, de cumplimiento de la Resolución Constitucional 088/2021.
1457813 (reingreso 1468151), Trámite 2070057 (reingreso 2082918) de 6 de abril de 2022
Consiguientemente, en relación a la problemática de fondo antes identificada; en relación a la denuncia de lesión del derecho a la propiedad privada porque las autoridades demandadas hubiesen emitido el Informe Documento 1457813 (reingreso 1468151), Tramite 2070057 (reingreso 2082918), en el que persiste el criterio restrictivo del derecho propietario respecto a la superficie original de la ex hacienda Yunguyo que alcanzaba a 738,955 hectáreas que se encuentra acreditado con planos debidamente registrados en la Partida 96, fs. 102, del libro 40 de inscripciones definitivas del año 1945; no obstante, en la emisión del referido informe del winchaje de manera sorprendente se hubiese omitido la mención de dicha superficie, realizándose un trabajo de cálculo absolutamente incompleto y errado, restringiendo el derecho propietario de la sucesión Rodríguez Balanza, en especial el registro de la propiedad del Estado Boliviano.
Denuncia formulada –conforme ya se explicó– después de la determinación de nulidad de obrados, dispuesta por la SCP 0710/2022-S3, mediante el escrito de ampliación y modificación de la presente acción de defensa, consiguientemente, en tal razón, al haberse anulado la Resolución constitucional 088/2020, ante cuya solicitud de cumplimiento se emitió el referido Informe y el Folio real con Matrícula Computarizada 2.01.4.01.0273454, que conforme se explicó en el acápite precedente (sobre los efectos de la nulidad procesal), por el efecto retroactivo de la nulidad dispuesta por este Tribunal, dichos actos quedaron sin efecto; en tal razón, al ser la base de dicho reclamo un informe anulado en sus efectos, es evidente la sustracción del objeto la indicada pretensión y denuncia; quedando este Tribunal en la imposibilidad de analizar tal denuncia, por cuanto al abstraerse el objeto de la denuncia, no existe materia de análisis y menos un acto que pudiese afectar el derecho ahora argüido como lesionado.
En cuanto a la denuncia referente a que las autoridades de DD.RR. demandadas, emitieron los Informe Documento 1325254, Tramite 1905435 de 14 de diciembre de 2020, señalando que la Partida 55, fs. 68, libro 40 de 16 de febrero de 1944, no consigan superficie, lo cual, indicó que la partida se encuentra cancelada, cuando por la Sentencia 040/2009 emitida en una acción civil previa, que si bien fue declarada improbada, evidenció que la referida partida no estaba cancelada; por lo que, la referida información repercute en el ejercicio de su derecho a la propiedad, no pudiendo seguir su trámite de matriculación, negándose los demandados de manera incomprensible a rehabilitar una partida vigente.
Corresponde señalar que, de la revisión de antecedentes que cursan en el expediente de la presente acción de amparo constitucional, se advierte que la parte ahora solicitante de tutela, mediante memorial de noviembre de 2020, se apersonó ante el Juez Registrador DD.RR. de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, solicitando se elabore informe sobre la Partida 55, fs. 68 del libro 40, de 16 de febrero de 1944, que corresponde al derecho propietario de Jorge Rodríguez Balanza; a efectos de proseguir su trámite para matricular la referida partida; petición ante la que, la Registradora de DD.RR. de la citada ciudad de El Alto, en suplencia legal, emitió el Informe Documento 1325254, Tramite 1905435 de 14 de diciembre de 2020, por el que, dio a conocer que “…bajo la Partida 55, fs. 68, Libro "40" de 16 de febrero de 1944, se hallaba registrado del derecho propietario de JORGE RODRIGUEZ BALANZA, que tenía sobre un lote de Terreno, no consigna superficie, situado en la finca Yunguyo de la región del Alto Parroquia San Pedro jurisdicción de la Provincia Murillo, adquirido mediante compra venta, conforme Escritura Testimonio N° 76, Fecha ilegible, suscrita ante el Notario Julio O. Romero (PARTIDA CANCELADA)” (sic).
De este antecedente, se advierte por una parte, que los solicitantes de tutela, acusan como acto lesivo de su derecho a la propiedad privada un Informe Documento 1325254, Trámite 1905435 de 14 de diciembre de 2020, emitido por DD.RR. a petición de la parte ahora accionante, acto que conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional, según prevé el art. 52 del DS 27957, al tratarse los informes emitidos por DD.RR. de actos administrativos que no generan por sí mismos efectos jurídicos de manera inmediata ni mediata, puesto que, solo tienen fines informativos o probatorios, la denuncia de vulneración de derechos fundamentales como consecuencia de la emisión de uno de estos informes, no resultan ser tutelable vía acción de amparo constitucional, al no constituir –reiteramos– un acto definitivo suficiente que defina derechos, puesto que no da lugar a un efecto jurídico inmediato en relación a un sujeto de derecho.
Consiguientemente, al tratarse el Informe acusado de lesivo de un acto administrativo que no da lugar a una situación que genere efectos jurídicos ni causa estado, puesto que no define nada sobre derechos inscritos en DD.RR, teniendo solo un fin informativo, no existe forma ni razón para que la justicia constitucional pueda ingresar en su análisis para determinar si lesionó o no el derecho acusado de transgredido en el presente; además, debe precisarse que del contenido de la solicitud de informe realizado por la parte ahora solicitante de tutela, se advierte que los mismos en su petitorio solicitan dicho informe a objeto de tramitar la matriculación de la Partida 55, fs. 68, libro "40" de fecha 16 de febrero de 1944, vale decir, que realizan la petición a objeto de contar con un requisito para realizar el referido trámite ante DD.RR., evidenciándose en consecuencia que la parte accionante equivoco la vía no solo al presentar la acción de amparo constitucional contra un acto no tutelable por la referida acción de defensa, sino porque equivocan la vía para tramitar la mencionada matriculación, puesto que, si a partir del informe ahora cuestionado, consideraban que la Partida 55, fs. 68, libro "40" de fecha 16 de febrero de 1944, no estaba cancelada, conforme ahora cuestionaron, teniendo como prueba de tal extremo la Sentencia 040/2009, correspondía que los impetrantes de tutela acudan a los trámites de modificación o rectificación previstos en el art. 48 del DS 27957, que en concordancia con el art. 1550 del CC, dispone que todo acto jurídico que de cualquier modo modifique, amplíe o rectifique una inscripción, sin extinguirla totalmente, se realizará observándose el procedimiento establecido para el registro de la propiedad, en todo lo pertinente; tramite al cual correspondía que la parte accionante acuda si consideraba que la referida partida no se encontraba cancelada, a partir de lo expuesto en la indicada Sentencia 040/2009, no siendo correcto que se haya acudido directamente a la vía constitucional, cuestionando un informe que no define derechos.
Siendo evidente que la parte accionante equivocó la vía para buscar la tutela sus derechos, que conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, implica que a tiempo de presentar la acción de amparo constitucional, no cumplieron con el principio de subsidiariedad, puesto que en este caso, las autoridades judiciales o administrativas, no tuvieron la posibilidad de pronunciarse sobre el asunto ahora acusado por la parte solicitante de tutela, puesto que los mismos no acudieron al trámite de modificación o rectificación, sobre la Partida 55, fs. 68, libro "40" de fecha 16 de febrero de 1944, que contiene una inscripción dentro los DD.RR.; extremos que impiden a este Tribunal ingresar en el análisis de la problemática traída en la presente acción de defensa. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, no aplicó correctamente los alcances de la presente acción de defensa.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 116/2023 de 26 de junio, cursante de fs. 382 a 390, dictada por la Sala Constitucional Tercera del El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0980_2023-S4.pdf · páginas 1 a 21.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2180b655b6e8119bb8f97a216e6bf204b4c1a67466c01f6ddb0420c365af23e7
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