B.IA.LEGAL

SCP 0978/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 26 de mayo de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
26 de mayo de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
76768-2025-154-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante considera lesionados sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, inamovilidad laboral, al debido proceso, a la defensa, a la salud y a la vida; puesto que, encontrándose ejerciendo el cargo de Juez Público Civil y Comercial, de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, mediante Memorando CM-DIR.NAL.RR.HH.-J- 021/2025 se dispuso su traslado al Juzgado de Ejecución Penal Primero de Montero del mismo departamento, bajo la figura de “transferencia” que en realidad constituía una permuta encubierta realizada sin su consentimiento expreso y sin existir acefalía o vacancia que la justificara conforme al Reglamento Transitorio de Movilidad Funcionaria de Jueces y Servidores de Apoyo Judicial, por lo que dicha medida resulta arbitraria, ilegal y adoptada al margen de las formalidades reglamentarias, afectando directamente a su salud y vida, además de constituir una presión indebida que vulnera su independencia judicial. Los Consejeros demandados, sostienen que el acto administrativo impugnado fue emitido en la ciudad de Sucre, por lo que cuestionan la competencia territorial del Juez de garantías, además el impetrante de tutela incumplió el principio de subsidiariedad sin demostrar la existencia de daño irreparable o peligro inminente que justificara prescindir de los recursos administrativos de revocatoria y jerárquico. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 02/25 de 26 de agosto de 2025, cursante de fs. 121 a 126 vta., pronunciada por el Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, por la lesión de los derechos a la estabilidad e inamovilidad como componentes de la garantía de independencia judicial vinculados con sus derechos a la vida y a la salud, al debido proceso y a la defensa, disponiendo dejar sin efecto el Memorando CM-DIR.NAL.RR.HH.-J- 021/2025 de 23 de julio y la inmediata restitución del accionante al cargo que desempeñaba como Juez Público Civil y Comercial, de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz.

2° DENEGAR la tutela impetrada, respecto a la solicitud de costas y la calificación de daños y perjuicios, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. 3° Exhortar al Consejo de la Magistratura a que, en el marco de sus atribuciones, en el plazo de tres meses, a partir de su notificación, proceda a la adecuación y actualización del Reglamento Transitorio de Movilidad Funcionaria de Jueces y Servidores de Apoyo Judicial y sus modificaciones, armonizando expresamente su contenido con los criterios vinculantes establecidos en la SCP 0049/2019 de 12 de septiembre, en sujeción a la motivación y fundamentación del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La excepción del principio de subsidiariedad ante la amenaza inminente a los derechos a la vida y a la salud
  2. III.2. Sobre la movilidad funcionaria judicial de autoridades judiciales
  3. III.3. Análisis del caso concreto
  4. III.4. Sobre la necesidad de adecuar el Reglamento Transitorio de Movilidad Funcionaria de Jueces y Servidores de Apoyo Judicial, aprobado por Acuerdo 041/2018 de 10 de mayo, del Consejo de la Magistratura

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0978/2026-S2 Sucre, 26 de mayo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 76768-2025-154-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 02/25 de 26 de agosto de 2025, cursante de fs. 121 a 126 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional, interpuesta por Diego Aristóteles Rodriguez Romero contra Manuel Baptista Espinoza, Gabriela Paula Araoz López y Carlos Spencer Arancibia, Consejeros; y, Ramiro Aniceto Auza Rojas, Director Nacional de Recursos Humanos (RR.HH), todos del Consejo de la Magistratura.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 28 y 29 de julio de 2025, cursantes a fs. 2; 8 a 9; y, 10, el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Fue designado como Juez Público Civil y Comercial, de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, cargo que desempeñó hasta el 28 de julio de 2025; sin embargo, fue notificado con el Memorando CM-DIR.NAL.RR.HH.-J- 021/2025 de 23 de julio; por el cual, Ramiro Aniceto Auza Rojas, Director Nacional de RR.HH. del Consejo de la Magistratura -hoy codemandado-, puso a su conocimiento su traslado al Juzgado de Ejecución Penal Primero de Montero del mismo departamento. Determinación que vulnera su derecho al trabajo, pues constituye un despido indirecto, toda vez que tiene establecida su residencia permanente, patrimonio y núcleo familiar en el municipio de San Ignacio de Velasco.

Asimismo, con dicha medida se transgredió sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la inamovilidad laboral, así como a la vida y a la salud; toda vez que, la transferencia fue dispuesta sin observar las reglas y procedimientos previstos en el “art. 67” del “respectivo Reglamento”, sin permitirle tener conocimiento de ninguna actuación o participar del trámite administrativo, coartando su derecho a impugnar, siendo notificado con la fecha y hora de posesión para el día siguiente -29 de julio de 2025- con la inminente materialización del agravio de sus derechos, por lo que al ser parte de un sector vulnerable por su condición de salud debe considerarse la excepción al principio de subsidiariedad.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral, al debido proceso, a la defensa, así como a la vida y a la salud, citando al efecto el art. “19” de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo dejar sin efecto el Memorando CM-DIR.NAL.RR.HH.-J- 021/2025, y se imponga el pago de costas y la calificación de daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 26 de agosto de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 108 a 120, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante ratificó los argumentos contenidos en su acción tutelar y en réplica al informe presentado por los demandados manifestó que: a) Sobre la incompetencia territorial alegada por las autoridades demandadas, conforme la jurisprudencia constitucional, si bien la regla general establece que la acción debe presentarse ante el juez del lugar donde se produjo la vulneración, existen excepciones vinculadas a la cercanía territorial y al domicilio del afectado, cuando la lesión ocurre fuera del lugar de residencia del accionante, las cuales se encuentran vigentes en la Ley 1104 de 27 de septiembre de 2018; b) Respecto al principio de subsidiariedad, no existe un recurso administrativo idóneo y eficaz para otorgar protección inmediata a sus derechos, puesto que aun cuando formalmente podía interponer recurso de revocatoria, este no tiene efecto suspensivo para paralizar la ejecución inmediata de la transferencia dispuesta en su contra, encontrándose obligado a trasladarse a la provincia de Montero, en razón a que el art. 20 del Reglamento Transitorio de Movilidad Funcionaria de Jueces y Servidores de Apoyo Judicial aprobado por Acuerdo 041/2018 de 10 de mayo, en el cual se basa el Acuerdo 130/2025 de 23 de julio, por el cual la Sala Plena del Consejo de la Magistratura dispuso su transferencia, establece que las transferencias son de cumplimiento obligatorio y ejecución inmediata. Asimismo, materialmente no existe un verdadero recurso jerárquico, debido a que la decisión sería revisada por el mismo Consejo de la Magistratura, sin una autoridad superior que pudiera corregir la determinación cuestionada, por lo que no existe otro medio oportuno para evitar la consumación del acto lesivo, aclarando que no asumió posesión en el nuevo cargo precisamente para evitar la convalidación de dicho acto administrativo; c) En los hechos no fue objeto de una verdadera transferencia, sino de una permuta ilegal encubierta o “camuflada”, puesto que para la transferencia se requiere de la existencia de un puesto acéfalo, lo que no aconteció en su caso, ya que fue permutado con Ismael Burgos Olmos, Juez de Ejecución Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, quien pasó a ocupar su despacho en San Ignacio de Velasco, sin que medie su voluntad o acuerdo de los jueces involucrados, lo que vulnera su derecho a la inamovilidad judicial y el principio de independencia judicial, puesto que conforme fue informado por la parte demandada la transferencia fue motivada por necesidad institucional por presiones sociales como una vigilia supuestamente pacífica; y, d) En la SCP 0170/2015-S1 de 26 de febrero, se denegó la tutela a un juez transferido porque el mismo había sido trasladado a un cargo con las mismas funciones, jerarquía y remuneración; sin embargo, en su caso, fue trasladado desde un juzgado mixto a un juzgado de ejecución penal, cuyas funciones son distintas a las que desempeñaba, por lo cual se afectó su estabilidad laboral y funcional. Por lo que, solicita se disponga su restitución inmediata al cargo que desempeñaba.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Manuel Baptista Espinoza, Gabriela Paula Araoz López y Carlos Spencer Arancibia, Consejeros del Consejo de la Magistratura, por informe escrito cursante de fs. 31 a 35 vta. -suscrito únicamente por el primero de los mencionados-, así como en audiencia, a través de su representante legal, señalaron que: 1) La supuesta vulneración de derechos proviene de actos emitidos por el Consejo de la Magistratura, institución con sede en la ciudad de Sucre, por lo que la autoridad competente para conocer la acción tutelar es la Sala Constitucional de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; 2) El accionante no cumplió con el principio de subsidiariedad, pues omitió deliberadamente el agotamiento de los recursos de revocatoria y jerárquico previstos por el Reglamento “055/2018”, pretendiendo que la justicia constitucional sustituya a las instancias administrativas competentes. Tampoco acreditó la existencia de un daño irreparable o un peligro inminente que justificara la flexibilización de dicho principio, pues no demostró de manera objetiva cómo la transferencia podía ocasionar un perjuicio irreversible, pues el mismo mantuvo su condición de autoridad jurisdiccional, su nivel salarial y sus derechos laborales; 3) Mediante nota presentada el 2 de abril de 2025, ante el Consejo de la Magistratura, pobladores de San Ignacio de Velasco denunciaron presuntos actos de corrupción y atropellos cometidos por autoridades judiciales y fiscales de la región. Asimismo, el 31 de marzo de igual año, se realizaron vigilias y protestas exigiendo el cambio de dichas autoridades judiciales, medidas que incluso derivaron en compromisos institucionales para analizar la remoción de los funcionarios cuestionados, por lo que de las labores de control y fiscalización se emitió el Informe de Fiscalización U.C.F. SC. TEC. PROF. II M.S.A.B. 28/2025 de 18 de julio, que identificó indicios de responsabilidad disciplinaria contra el impetrante de tutela y recomendó la presentación de denuncia disciplinaria por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones, tal escenario provocó un deterioro del servicio judicial en San Ignacio de Velasco, ocasionando interrupciones en la administración de justicia y un clima laboral inadecuado; 4) La transferencia del accionante obedeció a razones institucionales en cumplimiento del procedimiento y los requisitos formales previstos por el Reglamento Transitorio de Movilidad Funcionaria de Jueces y Servidores de Apoyo Judicial, puesto que con relación al primer requisito general sobre el informe circunstanciado sobre el estado de funciones que desarrolla el servidor judicial, se estableció con claridad las conclusiones y recomendaciones realizadas por las Unidades de Control y Fiscalización, y en cuanto a la solicitud efectuada por la autoridad judicial, esta no es necesaria, ya que la transferencia obedece a una movilidad forzosa de acuerdo a lo previsto en el art. 17.2 y 3 del mencionado Reglamento. Asimismo, se emitió el Informe Jurídico correspondiente sobre la pertinencia de la movilidad funcionaria. Además, la transferencia fue dispuesta respetando la jerarquía y nivel salarial del accionante, por lo que dicha determinación administrativa fue aprobada por Sala Plena; y, 5) La transferencia no es arbitraria ni discrecional, sino que resulta de actuaciones institucionales de control y fiscalización desarrolladas por el Consejo de la Magistratura, identificándose indicios de responsabilidad disciplinaria conforme a los arts. 187 y 188 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), antecedentes que deben ser objeto de investigación disciplinaria por parte de la jurisdicción disciplinaria competente, medida que respondió a la necesidad institucional de preservar la adecuada administración de justicia, ante el fuerte cuestionamiento social al desempeño del solicitante de tutela en San Ignacio de Velasco. Ramiro Aniceto Auza Rojas, Director Nacional de RR.HH. del Consejo de la Magistratura, mediante informe escrito, cursante de fs. 22 a 24 vta., así como en audiencia, señaló que: i) El accionante no efectuó una fundamentación objetiva que permita evidenciar cómo el Memorando de transferencia habría ocasionado la lesión constitucional alegada. Asimismo, la solicitud de anulación del Memorando CM-DIR.NAL.RR.HH.-J- 021/2025 carece de sustento fáctico y jurídico, pues no existe coherencia entre los hechos expuestos y la pretensión formulada por el mismo; ii) No se cumplió con el principio de subsidiariedad, puesto que no se agotó la vía administrativa; iii) Respecto al derecho al trabajo relacionado a la inamovilidad laboral, la figura más cercana sería un despido injustificado, lo que no aconteció en el presente caso; iv) Sobre el derecho al debido proceso, el impetrante de tutela, no identifica cuál de las vertientes específicas del debido proceso habría sido vulnerada, limitándose a realizar una invocación genérica; v) En relación con los derechos a la salud y a la vida, la transferencia dispuesta únicamente implica un cambio de lugar de trabajo dentro del mismo departamento donde radica, bajo similares condiciones climáticas, por lo que no existe la acreditación objetiva de la afectación a su salud al extremo de poner en riesgo su vida; vi) El art. 183 de la LOJ reconoce al Consejo de la Magistratura atribuciones relacionadas con la administración de recursos humanos y la regulación de la carrera judicial. Asimismo, el art. 215.III de la misma Ley, le faculta a aprobar reglamentos sobre estabilidad, evaluación, promoción, traslados y permutas de jueces. El Acuerdo 041/2018 aprobó el Reglamento Transitorio de Movilidad Funcionaria de Jueces y Servidores de Apoyo Judicial, cuyo objeto es regular los procedimientos de movilidad funcionaria, el cual prevé dos modalidades basadas en razones de salud, familia o interés personal; y la institucional, determinada por necesidades del servicio judicial, siendo que esta última deben realizarse entre cargos similares o afines, manteniendo el mismo nivel salarial; vii) El citado Reglamento en su art. 8 estipula requisitos administrativos previos para la procedencia de una transferencia, entre ellos informes de fiscalización y criterios jurídicos emitidos por las unidades competentes del Consejo de la Magistratura. De igual manera los arts. 16, 17, 18, 19 y 20 del mismo Reglamento, establecen que las transferencias responden a fines institucionales, de mejora del servicio de justicia, capacitación o necesidades administrativas, y que su cumplimiento es obligatorio, por lo que dicha medida fue dispuesta conforme al marco legal y reglamentario vigente, manteniendo el nivel remunerativo y dentro del mismo distrito judicial; y, viii) La afirmación de que se hubiera producido una “permuta camuflada” bajo la apariencia de transferencia es falsa, ya que en el Memorando CM-DIR.NAL.RR.HH.-J- 021/2025 se dispone expresamente una transferencia institucional, siendo emitido legalmente, en cumplimiento de un acuerdo de Sala Plena. Las movilidades voluntarias corresponden a situaciones como las permutas, mientras que las transferencias institucionales responden a necesidades del servicio judicial

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Ismael Burgos Olmos, Juez Público Civil y Comercial, de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, por escrito cursante a fs. 102, señaló que el 23 de julio de 2025, se le comunicó su transferencia al cargo que se encuentra ejerciendo, data en la cual se le otorgó el título correspondiente, el cual en su condición de Juez de carrera aceptó sin ningún reparo, por lo que no tiene interés alguno en este proceso constitucional.

I.2.4. Resolución

El Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 02/25 de 26 de agosto de 2025, cursante de fs. 121 a 126 vta., denegó la tutela impetrada; decisión asumida con base a los siguientes fundamentos: a) En cuanto al cuestionamiento sobre su competencia, de acuerdo al art. 32 del Código Procesal Constitucional (CPCo) los jueces públicos mixtos de provincia están facultados para conocer acciones tutelares fuera de las capitales de departamento, por tanto, cumple con el requisito competencial relativo a la materia y también territorial, ya que el accionante tiene asentados en San Ignacio de Velasco tanto su domicilio laboral como su domicilio real al momento de interponer la acción tutelar; b) Inicialmente admitió esta acción de defensa aplicando criterios de flexibilización, debido a que el impetrante de tutela alegó que la transferencia ponía en riesgo su vida y su salud, considerando a tal medida como un despido indirecto, lo que justificaba convocar a audiencia para que ambas partes pudieran fundamentar y acreditar sus posiciones. No obstante, el prenombrado no logró demostrar de manera objetiva dicha afectación, pues no presentó ninguna documentación que acreditara tener un tratamiento médico en San Ignacio de Velasco y del cual dependiera permanecer en esa localidad, teniendo en cuenta que en el municipio de Montero contaría con mejores condiciones de atención médica y acceso a servicios de salud, por su cercanía con la capital de Santa Cruz de la Sierra; c) Consecuentemente, el accionante debió agotar previamente el recurso de revocatoria antes de acudir a la justicia constitucional, ya que dicho recurso constituía un mecanismo idóneo para que el Consejo de la Magistratura, advertido de su inconformidad, revise, modifique o ratifique su decisión, aunque no existiera una instancia jerárquica superior a los consejeros. Asimismo, la asistencia del solicitante de tutela al acto de posesión en Montero no habría significado consentimiento de la decisión administrativa, por lo tanto, no impedía que pudiera impugnar la transferencia; y, d) El impetrante de tutela formuló afirmaciones genéricas sobre vulneración al debido proceso con el Acuerdo 130/2025, el Memorando CM-DIR.NAL.RR.HH.-J- 021/2025 de transferencia y el señalamiento de la posesión, pero no explicó concretamente cómo los demandados habrían lesionado dicho derecho. De igual manera, el accionante no fue destituido ni cesado de funciones, sino transferido a otro cargo con el mismo nivel y remuneración, siendo que ambos cargos tenían relación con materia penal, por lo que no se advierte una alteración sustancial de funciones que permitiera concluir la existencia de una lesión manifiesta a la estabilidad o inamovilidad laboral. En vía de aclaración y complementación, el impetrante de tutela, solicitó se aclare si se ingresó o no al análisis del problema expuesto, ya que por un lado se fundamentó que no cumplió con el principio de subsidiariedad; sin embargo, también refiere que no se advirtió la lesión de los derechos al debido proceso, a la defensa, a la estabilidad e inamovilidad laboral. Así también se tiene que se argumentó de manera parcial sobre la subsidiariedad respecto a la vinculación de los derechos a la salud y a la vida; empero, no respecto a que cuando no existen vías idóneas, se requiere de una tutela inmediata, considerando que el art. 20 del Reglamento Transitorio de Movilidad Funcionaria de Jueces y Servidores de Apoyo Judicial, establece que la transferencia es de cumplimiento inmediato y el recurso de revocatoria no tiene efecto suspensivo. Frente a lo cual, el Juez de garantías, señaló que la admisión de la acción de defensa obedeció exclusivamente a la necesidad de verificar en audiencia las alegaciones relativas al riesgo a la vida y a la salud del accionante, reiterando tres razones esenciales para denegar la tutela: primero, la falta de demostración de circunstancias excepcionales que permitieran flexibilizar la subsidiariedad; segundo, la omisión del nombrado de agotar el recurso de revocatoria previsto por la normativa; y tercero, la insuficiente fundamentación respecto a cómo el Acuerdo 130/2025 habría lesionado concretamente los derechos al debido proceso, estabilidad e inamovilidad laboral.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Auto Constitucional (AC) 636/2025-CA/S de 30 de diciembre, cursante de fs. 327 a 332, ante la solicitud de adelanto de sorteo efectuada por el accionante (fs. 274 a 275 vta.); en lo pertinente, se resolvió declarar HA LUGAR el requerimiento referido.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta designación de 19 de diciembre de 2018, mediante la cual se designa a Diego Aristóteles Rodríguez Romero -ahora accionante- como Juez Público Civil y Comercial, de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz (fs. 225). II.2. Mediante Acuerdo 130/2025 de 23 de julio, la Sala Plena del Consejo de la Magistratura dispuso la transferencia del accionante al Juzgado de Ejecución Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz con base al Informe Legal UNAJ/CM 199/2025 de 23 de julio, emitido por el Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de dicha entidad, y en aplicación a los arts. 19.I “decisión institucional” y 17.2 “necesidad institucional” (fs. 93 a 95). II.3. Por Memorando CM-DIR.NAL.RR.HH.-J- 021/2025 de 23 de julio, Ramiro Aniceto Auza Rojas, Director Nacional de RR.HH del Consejo de la Magistratura -hoy codemandado-, en cumplimiento al precitado Acuerdo 130/2025 comunicó al peticionante de tutela su transferencia al Juzgado de Ejecución Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz con el ítem 5205 “DENOMINACIÓN DEL PUESTO JUEZ DE INSTRUCCIÓN” (sic) con haber mensual de Bs16 190.- (dieciséis mil ciento noventa [fs. 3]). II.4. A través de Certificado Médico de 29 de mayo de 2020, el Médico Nefrólogo del Hospital Materno Infantil de la Caja Nacional de Salud (CNS) certificó que el accionante cuenta con antecedente de trasplante renal desde junio de 2016 y enfermedad de base “inmunosuprimido” con “alto riesgo de infección” (fs. 271). II.5. Cursa Informe Sanitario del Recinto Penitenciario de Readaptación Productiva de Montero “CERPROM” del departamento de Santa Cruz de 19 de enero de 2026, emitido por Emmanuel Castelo, Médico General -Ecografista del Centro de Salud Municipal Ernesto Che Guevara del Distrito 3 (fs. 289 a 296). II.6. Mediante Certificado Médico de 13 de febrero de 2026, el Médico Nefrólogo del Hospital Materno Infantil de la CNS certificó que el impetrante de tutela “…es Trasplantado Renal de donante cadavérico, encontrándose en tratamiento de inmunosupresión permanente (medicación: Prednisona 5 mg cada 24 horas, Ciclosporina 25 mg cada 12 horas y Micofenolato 500 mg cada 12 horas). Esta condición implica que su sistema inmunológico se encuentra suprimido artificialmente para evitar el rechazo del órgano trasplantado, lo que lo convierte en un paciente de ALTO RIESGO frente a infecciones” (sic [fs. 302]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante considera lesionados sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, inamovilidad laboral, al debido proceso, a la defensa, a la salud y a la vida; puesto que, encontrándose ejerciendo el cargo de Juez Público Civil y Comercial, de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, mediante Memorando CM-DIR.NAL.RR.HH.-J- 021/2025 se dispuso su traslado al Juzgado de Ejecución Penal Primero de Montero del mismo departamento, bajo la figura de “transferencia” que en realidad constituía una permuta encubierta realizada sin su consentimiento expreso y sin existir acefalía o vacancia que la justificara conforme al Reglamento Transitorio de Movilidad Funcionaria de Jueces y Servidores de Apoyo Judicial, por lo que dicha medida resulta arbitraria, ilegal y adoptada al margen de las formalidades reglamentarias, afectando directamente a su salud y vida, además de constituir una presión indebida que vulnera su independencia judicial. Los Consejeros demandados, sostienen que el acto administrativo impugnado fue emitido en la ciudad de Sucre, por lo que cuestionan la competencia territorial del Juez de garantías, además el impetrante de tutela incumplió el principio de subsidiariedad sin demostrar la existencia de daño irreparable o peligro inminente que justificara prescindir de los recursos administrativos de revocatoria y jerárquico. La transferencia fue legalmente dispuesta, debido a razones institucionales y a informes de control y fiscalización que identificaron presuntos indicios de responsabilidad disciplinaria del accionante, situación que motivó la necesidad de preservar el adecuado funcionamiento del servicio judicial, sin afectar la estabilidad laboral ni disminución salarial, siendo trasladado a un cargo del mismo nivel jerárquico y remuneración. El Director Nacional codemandado sostuvo que el Memorando CM-DIR.NAL.RR.HH.-J- 021/2025 fue emitido en cumplimiento del Acuerdo 130/2025 de Sala Plena y del Informe Legal UNAJ/CM 199/2025, dentro del marco de las atribuciones legales conferidas al Consejo de la Magistratura. En el caso concreto se aplicó una transferencia institucional -movilidad forzada- y no una permuta, debido a necesidades del servicio judicial conforme al Reglamento Transitorio de Movilidad Funcionaria de Jueces y Servidores de Apoyo Judicial, manteniendo el mismo nivel salarial y jerárquico del solicitante de tutela, por lo que no se produjo afectación alguna a su estabilidad laboral ni a sus derechos adquiridos. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La excepción del principio de subsidiariedad ante la amenaza inminente a los derechos a la vida y a la salud

En cuanto a la tutela constitucional de estos derechos fundamentales mediante la acción de amparo constitucional, la SCP 1857/2014 de 25 de septiembre, estableció: «En torno al derecho a la vida, la SCP 0864/2014, de 8 de mayo, indica que se lo ha definido como aquel derecho primario que tiene todo ser humano para gozar de su existencia, derecho reconocido en el art. 15.I de la CPE, que señala que toda persona tiene derecho a la vida, entendido como un derecho fundamental del cual emergen los demás derechos. En este sentido, la SC 0653/2010-R de 19 de julio, citado a la SC 1294/2004-R de 12 de agosto, señala que: “…el derecho de toda persona al ser y a la existencia, siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos. Es decir la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones. Es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos: su respeto y protección. La autoridad estatal está constitucionalmente impedida de hacer cosa alguna que destruya o debilite el contenido esencial de esos derechos, debiendo crear las condiciones indispensables para que tengan cabal observancia y pleno cumplimiento…”.

Por otra parte, el derecho a la salud previsto en el art. 18 de la CPE ha sido entendido por la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0127/2014 de 10 de enero, como: “‘…el derecho a una existencia con calidad de vida'. Entendimiento que en el actual orden constitucional encuentra mayor eficacia puesto que la salud es un valor y fin del Estado Plurinacional, un valor en cuanto al bienestar común, respetando o resguardando la salud, conlleva el vivir bien, como previene el art. 8.II de la CPE…”» (las negrillas nos corresponden). Asimismo, respecto a la excepción del principio a la subsidiariedad en los casos que se alega la vulneración de los derechos a la vida y a la salud, la SC 0108/2010-R de 10 de mayo, refirió: “…la subsidiariedad de esta acción tutelar no puede ser invocada y menos aún aplicada en el presente caso, porque reviste un carácter excepcional en razón de los derechos invocados, y dada la naturaleza de la cuestión planteada, se torna de inmediata y urgente protección la salud y la vida de la representada e hija del accionante, por lo que corresponde hacer abstracción del principio de subsidiariedad, a través de esta acción tutelar, ya que hacer uso de otros medios e instancias, como el reclamo ante la Prefectura y el Ministerio de Salud, significaría una atención tardía y por ende ineficaz; esta excepción, tiene plena justificación en el resguardo y protección de los derechos a la vida y a la integridad física, consagrados por el art. 15.I de la CPE; a la salud, previsto por el art. 18 de la Ley Fundamental y su consiguiente materialización a través de acciones de defensa como la presente” (las negrillas fueron añadidas).

III.2. Sobre la movilidad funcionaria judicial de autoridades judiciales

La Constitución Política del Estado reconoce la independencia judicial como principio estructural del sistema de administración justicia y la vigencia del debido proceso y la tutela judicial efectiva, constituyéndose en una garantía institucional destinada a preservar que las juezas y jueces ejerzan jurisdicción libre de presiones, injerencias o interferencias externas e internas (art. 178 de la CPE). Dicha garantía encuentra también sustento en el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que consagra el derecho de toda persona a ser juzgada por autoridades competentes, independientes e imparciales. La independencia judicial no solo comprende la ausencia de presiones provenientes de otros órganos de poder, sino también la existencia de garantías objetivas que impidan que las autoridades judiciales sean afectadas en sus condiciones de permanencia y ejercicio funcional. Dentro de esas garantías se encuentra la inamovilidad judicial, entendida como la protección frente a destituciones, traslados o modificaciones funcionales injustificadas que puedan constituirse en mecanismos indirectos de presión o represalia. Respecto de la movilidad funcionaria el Consejo de la Magistratura mediante Acuerdo 041/2018 de 10 de mayo, aprobó el Reglamento Transitorio de Movilidad Funcionaria de Jueces y Servidores de Apoyo Judicial -modificado en parte por los Acuerdos 067/2018 de 25 de julio y 136/2024 de 14 de marzo- define como al conjunto de cambios a los que están sujetos los servidores judiciales para ocupar otro puesto en función a mejorar las condiciones ergonómicas individuales y/o necesidades de la entidad. Reconociendo dos tipos de movilidad en el Órgano Judicial, voluntaria (por necesidad de salud, familia, estudio o interés de dos funcionarios (permuta) y forzada (por necesidad institucional); asimismo, tres modalidades que la componen como son la rotación, la transferencia y la permuta (arts. 5 inc. d), 6 y 7). A su vez, el art. 18 inc. b) establece dos modalidades de transferencias de tipo personal (voluntaria) e institucional, esta última “…referida a satisfacer el beneficio de la institución para un mejor servicio”. Al respecto, la SCP 0049/2019 de 12 de septiembre, estableció que la transferencia sin consentimiento previo del juez debe necesariamente cumplir con los siguientes requisitos: “…a) Similitud de puestos e igual nivel salarial; b) Solamente se puede realizar el traslado a un puesto acéfalo o disponible, es decir, sin titular; c) Se efectuará dentro del mismo distrito judicial (territorialidad); d) El juez transferido institucionalmente debe reunir el perfil requerido (idoneidad); y, e) Debe ser temporal y previendo que el juez transferido no vuelva a ser sujeto de una nueva transferencia institucional dentro del mismo año judicial y el siguiente, con el objetivo de evitar la desviación de poder en las decisiones del Consejo de la Magistratura…” (el énfasis es añadido).

III.3. Análisis del caso concreto

Con carácter previo, respecto a la observación efectuada por la parte demandada en cuanto al cumplimiento del principio de subsidiariedad, corresponde señalar que, si bien es evidente que el accionante activó de manera directa la presente acción de defensa, sin haber hecho uso de los recursos previstos en la vía administrativa para cuestionar el Memorando CM-DIR.NAL.RR.HH.-J- 021/2025 de 23 de julio; sin embargo, de acuerdo a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, en el caso concreto, es aplicable una excepción a la vigencia de dicho principio, debido a que el impetrante de tutela acreditó la existencia de una amenaza o riesgo inminente a su salud y a su vida, al haber demostrado mediante los certificados médicos presentados ante este Tribunal que cuenta con un antecedente de trasplante renal de donante cadavérico, encontrándose en tratamiento de inmunosupresión permanente con “alto riesgo de infección” (Conclusiones II.4 y II.6) que requiere una protección inmediata y urgente, por lo que corresponde ingresar al análisis de fondo del problema jurídico planteado prescindiendo del principio de subsidiariedad.

Ahora bien, de los antecedentes traídos a este Tribunal, se advierte que el accionante fue designado como Juez Público Civil y Comercial, de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, ejerciendo funciones desde el 19 de diciembre de 2018 (Conclusión II.1); empero, mediante Memorando CM-DIR.NAL.RR.HH.-J-021/2025, el Director Nacional codemandado, puso a su conocimiento su transferencia al Juzgado de Ejecución Penal Primero de Montero del mismo departamento; determinación asumida en cumplimiento del Acuerdo 130/2025 de 23 de julio, emitido por Sala Plena del Consejo de la Magistratura, que estableció que dicha medida “…obedece al criterio de necesidad institucional para mejorar el servicio judicial…” (sic), con base a lo dispuesto por el art. 17 inc. 2), y el procedimiento y requisitos previstos por los arts. 8 inc. 1) y “19.I”, todos del Reglamento Transitorio de Movilidad Funcionaria de Jueces y Servidores de Apoyo Judicial aprobado por Acuerdo 041/2018 de 10 de mayo, modificado en parte por el Acuerdo 067/2018 de 25 de julio, señalando que: “…al no existir cargos jurisdiccionales en acefalía correspondientes a la jurisdicción ordinaria en el mismo departamento, la transferencia a ser dispuesta debe ser a otro juzgado en el mismo departamento…” (sic [Conclusiones II.3 y II.4]). En este marco las autoridades demandadas no observaron los parámetros jurisprudenciales de excepcionalidad, proporcionalidad y temporalidad exigidos para este tipo de transferencias institucionales referidos en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, desconociendo los propios criterios reglados en el art. 16 del mismo Reglamento, que condicionan su procedencia excepcional a la existencia de un cargo acéfalo o disponible; puesto que, conforme fue reconocido por dichas autoridades el cargo al que fue trasladado el accionante no se encontraba en una situación de acefalía que justificara una medida de movilidad funcionaria. Tampoco se cumplió con el criterio de temporalidad, pues dicha medida fue dispuesta sin establecer un plazo determinado de vigencia, pese a que la SCP 0049/2019 estableció que su duración máxima no podrá sobrepasar los tres meses, extremos que correspondían ser debidamente fundamentados.

Asimismo, conforme lo expresado por la parte demandada, se establece que el traslado forzoso impuesto al solicitante de tutela fue motivado por un contexto de conflictividad social, cuestionamientos al desempeño jurisdiccional por denuncias sobre presuntos actos de corrupción y atropellos por parte de autoridades judiciales y a la existencia de supuestas faltas disciplinarias atribuidas al nombrado; empero, tales circunstancias no fueron debidamente respaldadas de forma tal, que permitan establecer de manera objetiva su vinculación con la necesidad institucional invocada para justificar la aplicación de la movilidad funcionaria en cuestión, y en cambio genera la percepción de que se traduce en una respuesta administrativa anticipada frente a denuncias disciplinarias que no se acreditó que hayan sido definidas por las instancias competentes, lo que ocasiona el riesgo de que dicha medida opere como un mecanismo indirecto de presión externa sobre la función jurisdiccional, lo que obliga a este Tribunal a conceder la tutela solicitada.

Finalmente, sobre la solicitud de costas y la calificación de daños y perjuicios, corresponde precisar que el accionante no identificó ni fundamentó de manera concreta cuáles serían los daños ocasionados como consecuencia de la actuación cuestionada; dado que no especificó los supuestos perjuicios alegados que revisten carácter material o inmaterial, ni aportó elemento probatorio alguno que permita acreditar de forma objetiva la existencia y alcance de tales daños; por lo que, en ausencia de una exposición clara, precisa y debidamente sustentada, este Tribunal se encuentra impedido de efectuar un análisis de fondo respecto de dicha solicitud, correspondiendo denegar la tutela solicitada al respecto.

III.4. Sobre la necesidad de adecuar el Reglamento Transitorio de Movilidad Funcionaria de Jueces y Servidores de Apoyo Judicial, aprobado por Acuerdo 041/2018 de 10 de mayo, del Consejo de la Magistratura

El Reglamento Transitorio de Movilidad Funcionaria de Jueces y Servidores de Apoyo Judicial tiene como objeto normar los procedimientos de movilidad funcionaria en sus tres modalidades (rotación, transferencia y permuta); en ese entendido, el art. 8 del citado Reglamento -modificado por el Acuerdo 067/2018- establece que, para garantizar la legalidad de la movilidad funcionaria se deben cumplir con los siguientes procedimientos administrativos: “1. Las Unidades de Control y Fiscalización de los distritos, deberán realizar una fiscalización al desempeño del servidor jurisdiccional, a objeto de transferencia y permuta, y de los servidores de apoyo judicial para la rotación estableciendo mediante un informe circunstanciado el estado de las funciones que desarrolla de servidor, debiendo esclarecer las conclusiones y recomendaciones que correspondan. 2. Las Unidades Jurídicas de los distritos del Consejo de la Magistratura deberán emitir los informes que correspondan de la pertinencia o no sobre la movilidad solicitada, debiendo establecer de manera clara sus conclusiones y recomendaciones que correspondan…” (las negrillas son añadidas). Sin embargo, dicha normativa reglamentaria no prevé un procedimiento previo que garantice el conocimiento oportuno de dichos informes por parte del servidor judicial afectado, ni le reconoce la posibilidad de ejercer contradicción respecto de su contenido ni presentar descargos o acreditar circunstancias personales como ser una discapacidad, ser mujer embarazada, adulto mayor, progenitor de niña o niño menor de un año de edad, etc., familiares o de salud que pudieran incidir en la decisión administrativa.

En esa línea de análisis, si bien las autoridades demandadas sostienen que la decisión de transferencia fue precedida por la emisión del Informe de Fiscalización U.C.F. SC. TEC. PROF. II M.S.A.B. 28/2025 de 18 de julio y del Informe Legal UNAJ/CM 199/2025 de 23 de julio, conforme al procedimiento establecido en el art. 8 del Reglamento Transitorio de Movilidad Funcionaria de Jueces y Servidores de Apoyo Judicial, de la revisión de antecedentes no se evidencia que dichos informes hayan sido puestos en conocimiento del ahora accionante con carácter previo a la emisión del Acuerdo 130/2025, ni que se le hubiera otorgado la posibilidad de controvertir sus conclusiones. Dicha situación impidió que el impetrante de tutela pudiera acreditar oportunamente su condición médica y los riesgos concretos que implicaba su traslado al Juzgado de Ejecución Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, conforme fue demostrado mediante los certificados médicos de 29 de mayo de 2020 y 13 de febrero de 2026, emitidos por el Médico Nefrólogo del Hospital Materno Infantil de la CNS que certifica que cuenta con antecedente de trasplante renal desde junio de 2016 y enfermedad de base inmunopresivo con “alto riesgo de infección”, y que implica que su sistema inmunológico se encuentra suprimido artificialmente para evitar el rechazo del órgano trasplantado, siendo un paciente de alto riesgo frente a infecciones. Concluyéndose en concordancia con el Informe Sanitario del Recinto Penitenciario de Readaptación Productiva de Montero “CERPROM” del departamento de Santa Cruz de 19 de enero de 2026, que: “…la exposición laboral a entornos con focos activos de Tuberculosis, VIH/SIDA o Hepatitis, como los acreditados en el Centro Penitenciario CERPROM, constituye un riesgo inminente grave e irreversible para su salud y su vida, pues en caso de contagio su organismo no cuenta con defensas para combatir la infección, pudiendo sobrevenir complicaciones fatales en un plazo breve y que cualquier medida de mitigación individual (como barbijos) resulta insuficiente e ineficaz…” (sic), recomendándose la abstención absoluta de concurrir a dicho centro penitenciario y su reasignación a un entorno laboral libre de riesgo biológico (Conclusión II.5). Lo que permite establecer que la medida de transferencia institucional adoptada al accionante genera la existencia de un riesgo cierto para sus derechos a la salud y a la vida, pero además revela una deficiencia estructural del procedimiento reglamentario actualmente vigente. Por consiguiente, resulta necesario que el Consejo de la Magistratura adecue el Reglamento Transitorio de Movilidad Funcionaria de Jueces y Servidores de Apoyo Judicial de acuerdo a los alcances de la SCP 0049/2019, incorporando mecanismos procedimentales que aseguren la participación efectiva y oportuna y el ejercicio del derecho a la defensa de la persona a ser transferida de manera forzosa, antes de la emisión de la decisión, todo ello en resguardo de las garantías mínimas del debido proceso. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 02/25 de 26 de agosto de 2025, cursante de fs. 121 a 126 vta., pronunciada por el Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, por la lesión de los derechos a la estabilidad e inamovilidad como componentes de la garantía de independencia judicial vinculados con sus derechos a la vida y a la salud, al debido proceso y a la defensa, disponiendo dejar sin efecto el Memorando CM-DIR.NAL.RR.HH.-J- 021/2025 de 23 de julio y la inmediata restitución del accionante al cargo que desempeñaba como Juez Público Civil y Comercial, de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz.

2° DENEGAR la tutela impetrada, respecto a la solicitud de costas y la calificación de daños y perjuicios, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. 3° Exhortar al Consejo de la Magistratura a que, en el marco de sus atribuciones, en el plazo de tres meses, a partir de su notificación, proceda a la adecuación y actualización del Reglamento Transitorio de Movilidad Funcionaria de Jueces y Servidores de Apoyo Judicial y sus modificaciones, armonizando expresamente su contenido con los criterios vinculantes establecidos en la SCP 0049/2019 de 12 de septiembre, en sujeción a la motivación y fundamentación del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0978_2026-S2.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): b524378039a98a594e35b7106454b5927fd89a258266ac2bd346aa472daccba8

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