B.IA.LEGAL

SCP 0978/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 26 de agosto de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
26 de agosto de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
54511-2023-110-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; aduciendo que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de suministro de sustancias controladas, el Vocal demandado en audiencia de apelación incidental, pronunció el Auto de Vista 43/2023 de 3 de febrero, declarando procedente la impugnación planteada por el Fiscal de Materia; en consecuencia, revocó el Auto Interlocutorio 23/2023 de 18 de enero; fallo de alzada que no se enmarcó dentro lo establecido en el art. 398 del CPP, cambiando el tipo penal imputado, sin valorar el dictamen pericial presentado, menos responder a los agravios expuestos en función a lo previsto en la indicada norma legal; asimismo, expresó razonamientos jamás debatidos en la referida audiencia, constituyéndose en una decisión sesgada y carente de motivación y fundamentación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2023 de 4 de marzo, cursante de fs. 143 a 146, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en virtud a los razonamientos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre las atribuciones de los tribunales de apelación conforme al alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP
  2. III.2. No corresponde a la jurisdicción constitucional la labor de ponderación de los elementos de convicción ante la imposición de una medida cautelar personal o real
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0978/2025-S3 Sucre, 26 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 54511-2023-110-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 01/2023 de 4 de marzo, cursante de fs. 143 a 146, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Oscar Ferrer Ayala Rocabado en representación sin mandato de Víctor Jacob Parina Veliz contra Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 3 de marzo de 2023, cursante de fs. 75 a 84, el accionante a través de su representante, expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de suministro de sustancias controladas, previsto y sancionado por el art. 51 con relación al art. 33 inc. i) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988-, en la audiencia de cesación de la detención preventiva, celebrada el 18 de enero de 2023, amparado en el art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), presentó como nuevo elemento una pericia psicológica, de la cual se establece que se constituiría en un consumidor y no sería un peligro para la sociedad. A tal efecto, el Juez de la causa, luego de valorar dicho medio de prueba, emitió el Auto Interlocutorio 23/2023 de 18 de enero, dando curso a su solicitud. Por tal motivo, el Fiscal de Materia -que no estuvo presente en la audiencia-, impugnó dicha Resolución; en virtud a ello, el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora demandado-, en audiencia de apelación incidental, pronunció el Auto de Vista 43/2023 de 3 de febrero, declarando procedente el recurso planteado y en consecuencia, revocó el señalado Auto Interlocutorio apelado; sin embargo, no se enmarcó dentro de lo que establece el art. 398 del citado Código, inclusive cambió el tipo penal imputado, sin valorar el nuevo elemento de juicio presentado y mucho menos encaminar su competencia a los agravios expuestos, en función a lo previsto en la referida norma legal, extendiendo sus funciones a razonamientos jamás debatidos en la audiencia; constituyéndose en una decisión sesgada y carente de motivación y fundamentación; puesto que, la prueba aportada determinó que no sería un peligro, demostrándose que tendría una adicción y no así que su conducta sea adecuada a la de suministrar sustancias controladas. Asimismo, ante la solicitud de complementación y explicación de dicho fallo de alzada, la citada autoridad judicial señaló que, al haber concluido ambas partes en que su persona era consumidor, “…NO HUBO LA NECESIDAD DE ESTAR EXAMINANDO AQUELLA PRUEBA PERICIAL…” (sic).

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, citando al efecto los arts. 14.III, 23.I, 115.II y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se deje sin efecto el Auto de Vista 43/2023 y que la autoridad demandada emita un nuevo fallo, valorando elementos objetivos a tiempo de acreditar la concurrencia o no del art. 234.7 del CPP, realizando una fundamentación y motivación acordes a los lineamientos y entendimientos del máximo intérprete de la Constitución Política del Estado “…y las modificaciones de la ley 1173, SIN QUE SEA PERMISIBLE EXTENDER SUS RAZONAMIENTOS A ASPECTOS NO CUESTIONADOS DE LA RESOLUCION INFERIOR QUE SE ALEJAN NOTORIAMENTE DE SU COMPETENCIA DE ACUERDO AL Art. 398 del Cpp” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 4 de marzo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 141 a 142 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado reiteró los términos de su acción tutelar, y ampliándola expresó que: a) La única fundamentación de la autoridad demandada, cuando le indican que la pericia es insuficiente, debe ser una valoración de la misma, para establecer si es evidente o no dicha aseveración; en ese marco, el Ministerio Público no podía haber aperturado la competencia del Tribunal de alzada, porque no esgrimió ningún tipo de argumento contrario, en la audiencia de cesación de la detención preventiva; b) El Vocal demandado estableció que ambas partes concluyeron que era consumidor; y, sobre la base de ello, señaló que no hubo la necesidad de examinar la prueba pericial; sin embargo, aquello no es un agravio de la Resolución, porque la misma se enfoca en la ley adjetiva penal, es decir, en el riesgo de peligrosidad, no en si es o no consumidor, eso se determinará en juicio oral; c) La Jueza de la causa aseveró que, con dicha prueba se estaba demostrando que la peligrosidad con relación a la naturaleza del hecho, había disminuido y por esa razón le otorgó medidas menos gravosas; y el Fiscal de Materia, para efectuar una dialéctica recursiva correcta, debió estar presente en la mencionada audiencia, no tenía el elemento necesario para fundamentar el agravio; d) La autoridad demandada vulneró el art. 398 del CPP que le otorga la competencia solamente sobre los agravios; en este caso, no existía prueba a valorar, no pudiendo ejercer el rol de autoridad jurisdiccional y emitir un criterio unipersonal sobre un riesgo procesal que ya estaba acreditado, lo que tenía que verificar era el control de logicidad; vale decir, si ese riesgo con esa pericia se habría desvirtuado, evaluando la misma para determinar si el fundamento para la detención preventiva era insuficiente; empero, no lo hizo porque no remitieron la pericia, situación que escapa de su competencia; y, e) Existió vulneración del debido proceso vinculado a la libertad, porque se determinó que ese juicio debe terminar, pero que concluya en condiciones legales, legítimas y que el Vocal demandado emita sus criterios con base en lo que el legislador ha previsto; por lo que, se ratificó en el petitorio expresado.

I.2.2. Informe del demandado

Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, no presentó informe alguno, tampoco asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 89.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

Felipe Mamani Camacho, Fiscal de Materia, el 4 de marzo de 2023 presentó escrito, cursante de fs. 95 a 96, manifestando que: 1) Dentro del proceso sustanciado contra el accionante, interpuso recurso de apelación, planteando como agravio que la pericia psicológica no era suficiente para desvirtuar el riesgo procesal de fuga, previsto en el art. 234.7 del CPP; 2) El Tribunal de alzada razonó correctamente en ese sentido, y que era arbitraria la decisión del Juez de la causa, precisamente porque el prenombrado estaba sosteniendo que era consumidor, con lo cual pretendía desvirtuar dicho riesgo, limitándose a presentar una sola pericia, incumpliendo lo establecido en el art. 49 de la Ley 1008; por tal motivo, el Tribunal ad quem razonó que no era suficiente la pericia presentada para enervar ese riesgo; 3) Esa la razón de la instancia de alzada para revocar la determinación del inferior, y con ello cumplió con el art. 398 del citado Código, respondiendo el problema jurídico planteado por el Ministerio Público; en consecuencia, no se vulneró el derecho a la libertad del peticionante de tutela, estando debidamente motivada la resolución de alzada; y, 4) Si bien existían otros puntos de agravio que sostuvo, como ser los antecedentes o conductas positivas demostradas por el mencionado; sin embargo, esto no cambiará el resultado de la decisión final, siendo por ello irrelevante, precisamente porque el riesgo de fuga no se fundó en las conductas precedentes o posteriores del impetrante de tutela, sino en la naturaleza del hecho; por lo que, solicitó se deniegue la tutela demandada, con costas por ser evidente la falta de argumento y ser maliciosa la acción tutelar.

I.2.4. Resolución

El Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 01/2023 de 4 de marzo, cursante de fs. 143 a 146, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) El Vocal demandado, al momento de analizar los motivos que dieron lugar al riesgo procesal de fuga y el nuevo elemento de convicción que se presentó, como es la pericia psicológica, advirtió que es insuficiente para desvirtuar los motivos que dieron lugar a la concurrencia de dicho riesgo procesal; ii) Por tal motivo, observó que la citada autoridad no se apartó de la ley, refiriéndose además qué parámetros debe cumplirse para determinar si una persona es o no consumidor; lo cual estaría previsto en el art. 49 de la Ley 1008, que exige un dictamen de dos especialistas de un Instituto de Farmacodependencia pública, extremo que no se cumplió; iii) La prueba pericial presentada, en la forma como se tiene descrito en el acta de audiencia de cesación de la detención preventiva, “…y en el considerando I y II de la resolución judicial que la resuelve, no tiene relación o vinculación con los motivos que han dado lugar a la concurrencia del núm. 7 del Art. 234 del Código de Procedimiento Penal como riesgo procesal de fuga que ha sido denunciado como agravio por el ministerio público…” (sic); y, iv) No se logró destruir o modificar sustancialmente los motivos que fundaron el riesgo procesal de fuga; siendo así, no correspondía por esta causa, disponerse la cesación de la medida extrema, no advirtiéndose la transgresión de derecho alguno de la parte imputada, por lo que incumbe denegar la tutela impetrada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Víctor Jacob Parina Veliz -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de suministro de sustancias controladas, previsto y sancionado por el art. 51 con relación al art. 33 inc. i) ambos de la Ley 1008, en audiencia de cesación de la detención preventiva, la Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de Oruro, emitió el Auto Interlocutorio 23/2023 de 18 de enero, aceptando la solicitud de cesación de la medida extrema, disponiendo la aplicación de medidas sustitutivas a la misma, al amparo de lo establecido en el art. 231 bis del CPP. Al finalizar dicho actuado, el Fiscal de Materia interpuso recurso de apelación incidental, en aplicación del art. 251 del indicado Código (fs. 66 a 71). II.2. En audiencia de apelación incidental de carácter personal, el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora demandado-, pronunció el Auto de Vista 43/2023 de 3 de febrero, declarando procedente la impugnación planteada; en consecuencia, revocó el fallo recurrido, recomendando a la Jueza de la causa, tenerse en cuenta la prueba pericial, así acaso hubiese sido ofrecido para el juicio oral. Asimismo, ante la solicitud de complementación y explicación incoado por el peticionante de tutela, la indicada autoridad demandada señaló que la Resolución se emitió en función a los agravios expresados por ambas partes, habiendo concluido que el prenombrado era consumidor, “…sobre la base de esa situación jurídica, este tribunal de apelación, se ha pronunciado, por eso es que no hubo la necesidad de estar examinando aquella prueba pericial, eso debe quedar claro…” (sic [fs. 62 a 65 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; aduciendo que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de suministro de sustancias controladas, el Vocal demandado en audiencia de apelación incidental, pronunció el Auto de Vista 43/2023 de 3 de febrero, declarando procedente la impugnación planteada por el Fiscal de Materia; en consecuencia, revocó el Auto Interlocutorio 23/2023 de 18 de enero; fallo de alzada que no se enmarcó dentro lo establecido en el art. 398 del CPP, cambiando el tipo penal imputado, sin valorar el dictamen pericial presentado, menos responder a los agravios expuestos en función a lo previsto en la indicada norma legal; asimismo, expresó razonamientos jamás debatidos en la referida audiencia, constituyéndose en una decisión sesgada y carente de motivación y fundamentación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre las atribuciones de los tribunales de apelación conforme al alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP

Respecto a los límites que deben observar los tribunales de alzada, al momento de conocer y resolver los recursos de apelación presentados por las partes, en el marco de la aplicación de medidas cautelares, el art. 398 del CPP, establece lo siguiente: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución” (las negrillas son agregadas). Sobre la norma legal precedentemente referida, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, concluyó que: “…los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, dado que el ámbito en el que deben circunscribir su actuación es a resolver los aspectos impugnados de quien tiene derecho de recurrir” (el resaltado y subrayado es nuestro).

Asimismo, la SCP 0011/2018-S2 de 28 de febrero, sostuvo que: “…el deber de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales también ataña a los tribunales de apelación; sobre el particular, la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la determinación del tribunal de apelación que revisa una resolución que ha impuesto, revocado, modificado una medida cautelar o que sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva por su vinculación con los derechos a la libertad y a la presunción de inocencia” (las negrillas son añadidas). Por otra parte, la SCP 0903/2012 de 22 de agosto, sostuvo lo siguiente: “…la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”. Entendimiento que fue reiterado por la SCP 005/2020-S3 de 2 de marzo, añadiendo que: «Los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional, resultan aplicables a todos los fallos que resuelven cuestiones de fondo, indistintamente si son emitidos por autoridades judiciales en primera o segunda instancia, siendo deber de las mismas cumplir indefectiblemente con las exigencias de la motivación y fundamentación como elementos del debido proceso, entre otros. Sobre este particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Tristán Donoso Vs. Panamá sostuvo que: “…la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática”; en tal sentido, se tiene que la motivación debe ser entendida como la justificación razonada de los fallos mediante la cual el juzgador arriba a una conclusión y asume una decisión; imperativo por el que toda resolución debe contener el desarrollo de los razonamientos por los cuales se emite el pronunciamiento vinculados con cada uno de los asuntos sometidos a la decisión del juzgador, esto es, las razones fácticas y circunstancias de hecho y probatorias que sustenten la determinación asumida, constituyendo por ende la motivación de todo fallo un deber fundamental inexcusable al momento de resolver los asuntos que conozcan. Por otra parte, la fundamentación constituye la estructura jurídico-legal que sustenta los entendimientos expresados por el administrador de justicia, quien recurre sistemáticamente a las normas del ordenamiento jurídico a objeto de resolver las causas sujetas a su conocimiento, ello implica que las razones fácticas o criterios que son parte de la motivación se subsumen a la norma aplicable al caso, configurando ello los razonamientos legales de la decisión» (las negrillas corresponden al texto original).

III.2. No corresponde a la jurisdicción constitucional la labor de ponderación de los elementos de convicción ante la imposición de una medida cautelar personal o real

La SCP 0281/2012 de 4 de junio, expresó los siguientes entendimientos: “Los principios de legalidad e inmediación, rigen la actividad de la jurisdicción ordinaria en lo que respecta a la incorporación y ponderación de los elementos o prueba que sustentan sus decisiones, en función de su pertinencia y oportunidad. En materia procesal penal, la imposición de una medida cautelar personal o real, obedece a garantizar el cumplimiento de la ley, el desarrollo del proceso, el descubrimiento de la verdad histórica de los hechos y la presencia del imputado -carácter instrumental-; la imposición de las mismas se rige esencialmente por la concurrencia de los requisitos que establece la norma adjetiva penal, correspondiendo al juez o tribunal que ejerza el control jurisdiccional de la investigación valorar o sopesar la concurrencia de los suficientes elementos de convicción que hagan procedente la aplicación de la medida cautelar, su cesación y/o modificación. En ese marco, no corresponde a la jurisdicción constitucional efectuar la función de ponderación que compete única y exclusivamente a los jueces y tribunales que tienen a su cargo la causa; en el entendido, que este Tribunal tiene por función exclusiva ejercer el control de constitucionalidad y resguardar el respeto de los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado y en la ley y no así la ponderación de los suficientes elementos que motivaron la imposición o no de una medida cautelar, como sería el caso de la detención preventiva. Teniendo presente que las medidas cautelares tienen carácter provisional, la resolución que la impuso no causa ejecutoria, dado que son revisables aún de oficio, pudiendo modificarse por otra que sea más o menos grave, o inclusive prescindir de ellas -art. 250 del CPP-. Por cuanto, la cesación de la medida cautelar, sólo será procedente cuando hubieren variado o cambiado los motivos o circunstancias que dieron lugar a su imposición -art. 239 del CPP-, determinación que será asumida previa compulsa de los mismos por el juez o tribunal que tenga a su cargo el control jurisdiccional de la investigación” (el resaltado es propio).

III.3. Análisis del caso concreto

De la compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se llega a evidenciar que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Víctor Jacob Parina Veliz -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de suministro de sustancias controladas, en audiencia de cesación de la detención preventiva, la Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de Oruro, emitió el Auto Interlocutorio 23/2023 de 18 de enero, aceptando la solicitud de cese de la indicada medida extrema, disponiendo la aplicación de medidas sustitutivas, al amparo de lo establecido en el art. 231 bis del CPP. A la finalización de dicho actuado procesal, el Fiscal de Materia interpuso recurso de apelación incidental, en aplicación del art. 251 del citado Código; a tal efecto, el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora demandado-, en audiencia pronunció el Auto de Vista 43/2023 de 3 de febrero, declarando procedente la impugnación planteada; en consecuencia, revocó el fallo recurrido, exhortando a la Jueza de la causa, tener en cuenta la prueba pericial, si hubiese sido ofrecida para el juicio oral. Asimismo, ante la solicitud de complementación y explicación formulada por el peticionante de tutela, la indicada autoridad demandada señaló que la Resolución se emitió en función a los agravios expresados por ambas partes, ya que al haber concluido que el nombrado era consumidor, manifestó que no hubo necesidad de examinar aquella prueba. Ahora bien, ingresando a examinar el fondo del presente caso, con el fin de establecer si las denuncias expresadas por el impetrante de tutela, respecto a la falta de respuesta a los agravios expuestos, en función al art. 398 del CPP, la no valoración del dictamen pericial presentado y la carencia de motivación y fundamentación en el Auto de Vista 43/2023 ahora confutado, corresponde en primera instancia identificar los agravios expresados en el recurso de apelación incidental formulado por el Fiscal de Materia, expresados en la audiencia de apelación incidental, coligiéndose lo siguiente: a) La pericia psicológica presentada simplemente determinó que el accionante es consumidor y adicto a la marihuana; sin embargo, la Jueza de la causa señaló que ello desvirtuaba el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP; empero, no era suficiente para enervar el mismo, ya que simplemente analizó la conducta presente del nombrado y no la naturaleza del hecho; por lo que consideró que es una valoración arbitraria en la que incurrió dicha autoridad judicial; b) Las pruebas que se adjuntaron, consistentes en los antecedentes policiales y judiciales, no desvirtúan el riesgo procesal mencionado; porque el motivo de la detención preventiva se fundó en la naturaleza del hecho, no en los antecedentes del peticionante de tutela; siendo por ello impertinentes tales documentos para dicho fin;

c) En la audiencia se presentó además un certificado emitido por el Centro Penitenciario “San Pedro”, el cual establece que el accionante no tendría ninguna sanción disciplinaria; empero, ese hecho tampoco es suficiente para enervar el riesgo procesal que ha sido fundado, y por el cual el indicado se halla detenido preventivamente;

d) La Jueza a quo al valorar la pericia, no dio una razón suficiente;

solamente de forma abstracta señaló que está desvirtuando el bajo riesgo, “…es decir el acusado seria bajo riesgo peligro para la sociedad, pero no da una razón suficiente de por qué el acusado ya no es peligro efectivo para la sociedad…” (sic); porque la Resolución donde se dispuso la detención preventiva, se fundó en la naturaleza del hecho y ello no está desvirtuado, sino sigue latente; y, e) Si bien la pericia determinó que el peticionante de tutela sería adicto para consumir marihuana; no obstante, ese argumento se debatirá en el juicio oral, el Juez no puede disponer una cesación con aquel fundamento; por lo que, considera que se vulneró el derecho a la motivación de la razón suficiente y el previsto en el art. 115 de la CPE; ya que, al disponer medidas cautelares personales, ni siquiera ordenó la detención domiciliaria, siendo que la finalidad es precisamente asegurar la presencia del acusado.

A su turno, el Vocal demandado a través del Auto de Vista 43/2023, declaró procedente las cuestiones planteadas por el Fiscal de Materia; en consecuencia, revocó el Auto Interlocutorio 23/2023 impugnado, con los siguientes fundamentos: 1) Consideró que la problemática jurídica identificada en el presente caso de autos, se centra en el art. 234.7 del CPP, respecto a los alcances de la prueba pericial psicológica presentada, a los fines de la cesación de la detención preventiva; 2) El Tribunal de alzada por el principio del juicio predecible, mantiene el entendimiento legal de que esta clase de riesgos se da en dos vertientes: la primera, vinculada a la personalidad del imputado, si tiene o no antecedentes penales o policiales, y desde esa perspectiva, analizar el grado de peligrosidad del mismo; y, la segunda, va relacionada a la naturaleza del hecho punible; en el caso concreto, no está en discusión sobre los antecedentes penales del impetrante de tutela, sino está vinculada a la segunda vertiente mencionada;

3) Es necesario confrontar el nuevo elemento de juicio (pericia psicológica), con relación a las razones de la detención preventiva; en ese marco, el accionante se hubiese involucrado con doscientos gramos de marihuana y que eso sería para su consumo. Sobre este aspecto, la Resolución Judicial 446/2022 de 7 de julio, aceptó el procedimiento inmediato para delitos flagrantes, en otros términos, hubiese terminado la investigación y existe acusación; el caso examinado se encuentra en pleno juicio oral, advirtiéndose que en la tramitación de la cesación a la detención preventiva, se presentó el informe por un psiquiatra en la forma que planteó la parte apelante;

4) El art. 49 de la Ley 1008, hace referencia al consumo y tenencia para el consumo, disposición legal de carácter especial que regula la materia de cómo debe acreditarse de que el acusado es consumidor; el peticionante de tutela señaló que se hubiese presentado una prueba pericial psicológica por su psiquiatra, no aclaró si depende de un orden público estatal, “…la ley exige dos especialistas y la finalidad es internar para su tratamiento en un instituto de farmacodependencia, esos son los alcances del consumidor…” (sic);

5) El Tribunal de alzada entiende que no se cumplió con dicha normativa legal; “…por lo tanto la prueba es insuficiente para los fines de haberse cesado por esa vía en los de la materia en el presente caso analizado, en tal circunstancia hay error en la apreciación realizada por la jueza inferior, de manera que, concordamos con el Ministerio Público, hasta que es arbitraria porque casos como este, necesariamente es recomendable resolverse en sentencia…” (sic); y,

6) En lo demás, se respondió a la problemática jurídica planteada por ambas partes, respecto a la prueba pericial psicológica que determinaría que es consumidor “…en los de la materia y a los fines de aquello, habría que observar los alcances del art. 49 de la Ley N° 1008, en tales antecedentes, es posible tutelar la apelación interpuesta por la fiscalía” (sic).

De acuerdo al desarrollo jurisprudencial expresado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, los tribunales de alzada al momento de conocer y resolver un recurso de apelación incidental, están obligados a responder a los agravios expuestos en el mismo -según dispone el art. 398 del CPP-, no pudiendo ir más allá de lo que la parte recurrente no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, emitiendo asimismo una resolución debidamente motivada y fundamentada, en observancia de lo dispuesto por el art. 124 del citado Código.

Teniendo presente el entendimiento jurisprudencial expresado en líneas precedentes, se evidencia que los agravios traídos por el Fiscal de Materia en su recurso de apelación incidental, convergen esencialmente respecto al análisis del dictamen pericial psicológico presentado por el accionante, en la audiencia de cesación de la detención preventiva, y que a criterio de la Jueza a quo, habría desvirtuado el riesgo procesal de fuga, previsto en el art. 234.7 del Código Adjetivo Penal; extremo que la autoridad fiscal considera no ser suficiente para enervar dicho riesgo, menos los demás elementos probatorios presentados; dado que, el motivo de la detención preventiva se habría fundado en la naturaleza del hecho y no en los antecedentes del peticionante de tutela; y que si bien la pericia determinó que el mismo sería adicto a consumir marihuana, dicho argumento debiera ser debatido en el juicio oral, no pudiendo la Jueza inferior disponer la cesación de la medida cautelar extrema con aquel fundamento. De los fundamentos esgrimidos en el Auto de Vista ahora cuestionado, se advirtió claramente que fueron considerados todos los aspectos señalados tanto por el Fiscal de Materia en su impugnación, como por el impetrante de tutela en la contestación al recurso planteado; puesto que, entre sus argumentos estableció que la problemática identificada se centraba en el art. 234.7 del CPP (peligro de fuga), respecto a los alcances de la prueba pericial psicológica presentada por el prenombrado, a objeto de disponer el cese de su detención preventiva, determinando que el presente caso, estaba vinculado a la naturaleza del hecho punible y no así a los antecedentes del acusado, siendo necesario confrontar el nuevo elemento de juicio (pericia), con relación a las razones de dicha medida de última ratio, entendiendo que el monto de marihuana encontrado en su poder era para su consumo. A tal efecto, hizo alusión al art. 49 de la Ley 1008 que regula cómo debe acreditarse que el involucrado es consumidor, cuya cantidad mínima para consumo personal inmediato, sería establecida previo dictamen de dos especialistas de un instituto de farmacodependencia público; extremo que a juicio de la autoridad demandada, no se habría cumplido; concluyendo que la prueba pericial psicológica era insuficiente para disponer la cesación de la detención preventiva del ahora accionante.

Consecuentemente, de todo lo argüido en la citada Resolución de alzada, se evidenció que el Vocal demandado justificó razonablemente su decisión de declarar procedente la apelación incidental interpuesta por el Fiscal de Materia, revocando el Auto Interlocutorio 23/2023, pronunciado por la Jueza de Sentencia Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, al advertir que dicha autoridad jurisdiccional habría incurrido en error en la apreciación del referido elemento probatorio, a los fines de considerar la procedencia de la cesación de la medida extrema, amparado en el art. 234.7 del Código Adjetivo Penal; esto debido a que, analizados los argumentos esgrimidos en respuesta a los agravios expresados, los mismos contienen la suficiente fundamentación y motivación que sustenta su determinación, acorde con los preceptos jurídicos procesales pertinentes; dado que, adecuó su actuación a lo previsto en la normativa adjetiva penal, así como la jurisprudencia constitucional glosada; haciendo hincapié a que, la aludida fundamentación y motivación no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, sino que integre todos los puntos demandados, no dejando margen de duda respecto a su determinación; extremo que en el caso que se analiza efectivamente aconteció. Por último, cabe recalcar que la imposición de una medida cautelar personal o real, se rige esencialmente por la concurrencia de los requisitos que establece el Código de Procedimiento Penal, correspondiendo al juez o tribunal que ejerza el control jurisdiccional de la investigación -o en su caso al tribunal de alzada, según corresponda-, como facultades privativas, valorar o sopesar la concurrencia de los suficientes elementos de convicción que hagan procedente la aplicación de la medida cautelar, su cesación y/o modificación; por ello, no incumbe a la jurisdicción constitucional efectuar la función de ponderación de los elementos que motivaron su imposición o no; sino más bien, ejercer de forma exclusiva el control de constitucionalidad y resguardar el respeto de los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado y en la ley, según se tiene plasmado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional; máxime si se toma en cuenta que dichas medidas tienen carácter provisional, pues la resolución que las impuso no causa estado, dado que pueden ser revisadas o modificadas aún de oficio en cualquier etapa del proceso, en virtud a su característica de revisabilidad. Por los argumentos esgrimidos precedentemente, no se evidenció la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2023 de 4 de marzo, cursante de fs. 143 a 146, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en virtud a los razonamientos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0978_2025-S3.pdf · páginas 1 a 13.

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