Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 22 de noviembre de 2023
Concede la tutela
Los impetrantes de tutela denuncian la vulneración de su derecho al debido proceso en sus componentes de congruencia, fundamentación y motivación; y, del “principio dispositivo”; toda vez que, las autoridades demandadas en el Auto Supremo 337/2023 de 18 de abril, en lugar de casar el Auto de Vista 413/2022 de 3 de noviembre, y declarar improbada la demanda de nulidad de la Escritura Pública 2944/1993 de 21 de junio, se dieron la tarea de modificar o alterar el contenido del alcance de la pretensión invocada en la demanda y el objeto del proceso, respecto al cual, las partes desplegaron su actividad probatoria; pues, sin haber producido previamente elemento probatorio alguno respecto a “…la firma y rubrica estampada por Román León Reynaga, no se encuentra afectada de falsedad alguna…” (sic), decretaron la nulidad parcial de la relación contractual de 21 de junio de 1993, inmersa en la citada Escritura Pública, cuando dicha determinación no fue invocada en la demanda.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 140/2023 de 28 de julio, cursante de fs. 683 a 688, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la aludida Sala Constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0978/2023-S2 Sucre, 22 de noviembre de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 57883-2023-116-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 140/2023 de 28 de julio, cursante de fs. 683 a 688, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Modesta Villca Mamani de Quispe y José Ramón Quispe Condori contra Juan Carlos Berrios Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
Por memoriales presentados el 13 de junio y 10 de julio de 2023, cursantes de fs. 615 a 623 y 626 a 630, los impetrantes de tutela expresaron que:
Dentro de la demanda ordinaria sobre nulidad de escritura pública seguida por María Reneé Barrón Caba y Juana Ángela León Caba, hijas y herederas forzosas de Nelby Caba Ferrufino y Román León Reynaga en su contra y de María Elena Saavedra Ferrufino, Jaime Alejandro Machicado Juárez, Luis Fernando Luján Flores, Miguel Mancilla Patzi, Rodolfo Luis Aguilar Rodríguez, Prudencia Beatriz León Caba y el Banco Mercantil Santa Cruz Sociedad Anónima (S.A.), se pronunció la Sentencia 461/2021 de 3 de noviembre, que declaró probada la demanda de nulidad de compraventa contenida en la Escritura Pública 2944/1993 de 21 de junio; a ese fallo la parte demandante de la causa interpuso recurso de apelación, mereciendo el Auto de Vista 413/2022 de 3 de noviembre, que dispuso revocar parcialmente la citada Sentencia y declaró a lugar el efecto retroactivo de la nulidad declarada judicialmente, ordenando la cancelación de los asientos de titularidad y gravámenes posteriores al registro de la referida Escritura Pública.
Contra dicha determinación, interpusieron recurso de casación, que también fue formulada por la aludida entidad bancaria; en virtud a ello, los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia -demandados-, pronunciaron el Auto Supremo 337/2023 de 18 de abril, mediante el cual dispusieron casar parcialmente el Auto de Vista confutado, declarando probada en parte la demanda de nulidad, determinando la nulidad parcial del contrato inmerso en la Escritura Pública 2944/1993 bajo el argumento que la venta realizada por el codemandante sobre el 50% de acciones y derechos no estaría afectada por falsedad alguna. Fallo que contravino el elemento de la congruencia como componente del debido proceso; toda vez que, a tiempo de pronunciarse sobre el agravio referido por el representante del Banco Mercantil Santa Cruz S.A., los demandados desconocieron que los terceros interesados impetraron la nulidad de todo el contrato contenido en la señalada Escritura Pública; sin embargo, solo demostraron la falsedad de la firma de Nelby Caba Ferrufino y no así de Román León Reynaga -copropietario del bien inmueble-; aspecto que fue inobservado por los prenombrados; pues, en lugar de casar el Auto de Vista 413/2022 y declarar improbada la demanda de nulidad, y al no haberse cumplido con la carga probatoria, modificaron y alteraron el contenido y alcance de la pretensión invocada en la demanda y del objeto del proceso, respecto del cual las partes desplegaron su actividad probatoria; por cuanto, no se generó elemento probatorio alguno vinculado a que la firma y rúbrica estampada por Román León Reynaga no se encuentra afectada de falsedad alguna; pues, ello no fue invocado por los actores en su demanda pese a las reiteradas observaciones formuladas por el Juez de la causa; en sentido de que, aclaren el objeto de la demanda y la posibilidad que tenían de tan solo la nulidad parcial de la aludida Escritura Pública conforme al art. 550 del Código Civil (CC); ya que, los terceros interesados, certificaron su pretensión de que se declare la nulidad total del dicho instrumento público.
Denunciaron la lesión de su derecho al debido proceso en sus componentes de congruencia; y, del “principio dispositivo”, sin citar norma constitucional alguna.
Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo dejar sin efecto el Auto Supremo 337/2023, ordenando a las autoridades demandadas emitir uno nuevo “…[en] cumplimiento al derecho constitucional del debido proceso en sus elementos [de] congruencia y principio dispositivo…” (sic).
Celebrada la audiencia pública virtual el 28 de julio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 677 a 682 vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su abogado, ratificaron los argumentos de su acción de amparo constitucional y ampliándolos señalaron que: a) Nelby Caba Ferrufino y Román León Reynaga, eran propietarios de un bien inmueble ubicado en la zona 16 de Julio y av. René Vargas 3171 de la ciudad de El Alto; en tal circunstancia, María Elena Saavedra Ferrufino, aprovechando una relación de parentesco con la primera nombrada propuso la compraventa del citado bien inmueble suscribiendo una minuta ficticia, con la cual, la prenombrada llegó a obtener un préstamo bancario para el pago de dicha transacción; sin embargo, años después, la copropietaria llegó a fallecer; por lo que, sus herederas y Román León Reynaga, conociendo la suscripción de dicho documento y su registro en la oficina de Derechos Reales (DD.RR.) a través de la Escritura Pública 2944/1993, señalaron que las firmas en dicho documento eran falsas; b) Los aludidos al tener la certeza que la firma de Nelby Caba Ferrufino era falsa, pudieron interponer demanda ordinaria civil de nulidad parcial del contrato bajo el amparo del art. 550 del CC; sin embargo, formularon la nulidad absoluta del contrato, conforme el art. 547 del citado Código, lo cual llegaría a ser el instituto de la causa; pues, en su petitorio postularon la nulidad total del contrato de compraventa y la citada Escritura Pública; c) En cumplimiento a los principios dispositivo y de congruencia, el Juez de la causa tramitó el proceso ordinario de nulidad en función a la pretensión y lo propuesto por las partes; d) En primera instancia y la fase contradictoria, la causa fue desarrollada con base en la pretensión de nulidad absoluta de la referida Escritura Pública y el contrato de compraventa; e) En el marco del principio dispositivo asumido por las partes, el Juez de la causa emitió la Sentencia 461/2021, declarando la nulidad absoluta de dichos documentos; f) La Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, bajo el principio de congruencia, sin modificar ni alterar el contenido de la demanda y actos constitutivos de la pretensión de los demandantes y demandados se limitó a revocar parcialmente la Sentencia apelada únicamente respecto a los efectos de la unidad declarada, señalando que esa tiene que ser de forma retroactiva; g) Siendo contrario a sus intereses, así como, del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. -tercero interesado-, interpusieron recurso de casación contra el Auto de Vista 413/2022, señalando como agravio que el Tribunal de apelación “…no consideró el hecho de que la prueba esencial producida por la parte demandante consiste en el referido dictamen pericial documento lógico establecía únicamente la falsedad de las firmas de la señora [Nelby] Ca[b]a Ramón León Reynaga…” (sic); en ese marco, el Tribunal de casación llegó a tener competencia para pronunciarse al respecto, y cuando lo hizo quebrantó los principios de congruencia y dispositivo; pues, lo que realizó fue un análisis de antecedentes del proceso y evidenció que efectivamente dicho aspecto no fue tomado en cuenta por el Juez de la causa y el Tribunal de apelación, siendo evidente que dicho elemento de prueba únicamente afectó las firmas de uno de los propietarios del bien inmueble, no así del otro; en ese entendido, por mandato del Código Civil, la compraventa suscrita por Ramón León Reynaga continuó vigente, gozando de efectividad; en tal sentido, dicho Tribunal incurrió en error; h) El Auto Supremo confutado fijó como punto de controversia el hecho que el Tribunal de segunda instancia dejó de lado que en la minuta objeto de nulidad solamente se evidenció la falsedad de la firma de Nelby Caba Ferrufino, no así de Ramón León Reynaga; asimismo, estableció que la falsedad del documento vulneró la voluntad y el consentimiento únicamente del sujeto y que es afectado por el acto de falsedad; finalmente, en su parte considerativa, establecieron que, tras advertir que la firma del prenombrado no se encontraba afectada, su voluntad de vender no fue menoscabada por ese vicio de estructura contractual; e, i) Si se demandó la nulidad absoluta del contrato, las apreciaciones del Tribunal de casación debieron marcar similar petitorio; sin embargo, lo que hicieron es incorporar un elemento ajeno a lo controvertido; es decir, la nulidad parcial del contrato. En uso de su derecho a la réplica, señalaron que: 1) En la demanda de nulidad se postuló la nulidad total y absoluta de la Escritura Pública 2944/1993; sin embargo, las autoridades demandadas incorporaron y aplicaron una norma sustantiva ajena al proceso; y, 2) A partir de la lectura del art. 550 del CC, se evidencia claramente que dicha norma contiene requisitos de procedencia propia “… en este caso que la cláusula que modifica no exprese el motivo (…) determinante del convenio es un elemento que nunca se ha llevado en el proceso en la etapa de primera instancia, y segunda instancia y menos en casación; sin embargo, los magistrados lo incorporan y la aplican de esta manera y declaran la nulidad total de la Escritura Pública…” (sic). Ante la interrogante de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, referido a, en que acápite del Auto Supremo 337/2023 se hizo el referido supra análisis; señalaron que, a tiempo de responder el recurso de casación por el Banco Mercantil Santa Cruz S.A., en el apartado VI.6 incorporó el art. 550 del CC y a partir de aquello se concluyó con la nulidad parcial del contrato; es decir, la nulidad de la firma de Nelby Caba Ferrufino no así de Ramón León Reynaga; tampoco se pronuncian respecto a que dicho requisito hubiera sido probado en el proceso, transgrediendo el principio de congruencia.
Juan Carlos Berrios Albizu, Magistrado de Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, por informe escrito presentado el 1 de agosto de 2023, cursante de fs. 674 a 676, señaló que: i) El Banco Mercantil Santa Cruz S.A. a través de su representante, en su recurso de casación reclamó que en la minuta objeto de nulidad únicamente se encuentra afectada “por falsedad” la firma de Nelby Caba Ferrufino; por ello, pidió que por lo menos los efectos de la compraventa sean reproducidos en la porción de uno de los propietarios según el art. 521 del CC; ii) Dado que la prueba pericial de fs. “40 a 63” de forma evidente determinó que “…‘LOS MANUSCRI[T]OS/ FIRMAS, EN: (…). 2.- MINUTA DE COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE, DE FECHA 01 DE JUNIO DE 1.993.
NO SE CORRESPONDEN CON LA PATERNIDAD GRÁFICA DE LA CIUDADANA NELBY CABA FERRUFINO C.I. 246449 EN FUNCION ̶ EVIDENTEMENTE – DE NO HABER SIDO CONFECCIONADO DE SU PROPIO PUÑO Y LETRA’…” (sic); iii) Bajo la máxima “…‘el Juez conoce el derecho’…” (sic), se aplicó el art. 550 del CC al caso concreto, determinando que, al haberse fraguado únicamente la firma de Nelby Caba Ferufino, y siendo que por medio de este suceso fraudulento solamente se despojó arbitrariamente a la nombrada de la titularidad jurídica de su cuota parte propietaria y que la voluntad declarada por Román León Reynaga se mantiene firme y subsistente por no encontrarse afectada por ningún tipo de falsedad, se declaró probada en parte la demanda de nulidad de contrato, promovida por María Reneé Barrón Caba, Juana Ángela León Caba y Román León Reynaga; en consecuencia, la nulidad parcial del negocio jurídico de compraventa inserto dentro de la Escritura Pública 2944/1993; por lo que, incumbe denegarse la tutela, iv) Se debe tomar en cuenta que el Banco Mercantil Santa Cruz S.A., a través de su recurso de casación, denunció que la Minuta objeto de nulidad, únicamente se encuentra afectada por la falsedad en la firma de Nelby Caba Ferrufino; por ello, pidió que por lo menos los efectos de la compraventa sean reproducidos en porción de uno de los copropietarios según el art. 521 del citado Código; v) El Tribunal de casación, para que se ponga como tema de debate “impugnaticio”, el de determinar “…‘Si el Tribunal de segunda instancia dejó de lado que la minuta materia de nulidad únicamente se evidenció la falsedad en la firma de Nelby Caba Ferrufino, mas no asi en la firma y rúbrica de Román León Reynaga, por lo que al existir una minuta suscrita por uno de los co-propietarios, los efectos de la venta se habrían producido, lo cual desembocaría en función del art. 521 del Código Civil, en la eficacia jurídica parcial de esta relación contractual’’…” (sic); y, vi) Conforme consta de la prueba pericial de fs. “40 a 63”, al encontrarse fraguada la firma de Nelby Caba Ferrufino, y que con ese suceso solo se afectó la voluntad “por falsedad” de la misma, se declaró probada en parte la demanda, y en su mérito, se declaró la nulidad parcial del contrato de compraventa inserta dentro de la Escritura Pública “…29/1993 de 04 de agosto…” (sic). Marco Ernesto Jaimes Molina, Magistrado de la citada Sala Civil, no presentó informe escrito alguno ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 669.
María Elena Saavedra Ferrufino, a través de su abogado, en audiencia de garantías sostuvo que, existe un informe pericial que demostró que solo una de las firmas fue fraguada. Juana Ángela León Caba, señaló que, presentaron una demanda de nulidad de escritura pública por la falsificación de la firma de Nelby Caba Ferrufino no así de Román León Reynaga; es decir, no pidieron la nulidad de ambos.
Sergio Rocha Méndez en representación del Banco Mercantil Santa Cruz S.A., a tiempo de adherirse a los fundamentos expresados por la parte accionante, refirió que: a) Las autoridades demandadas pretenden disimular la evidente transgresión al principio de congruencia, afirmando que la entidad bancaria a la que representa, al momento de interponer el recurso de casación, ante la existencia del consentimiento de uno de los copropietarios, se solicitó que por lo menos se mantenga la validez o la nulidad para el 50% de las acciones y derechos, aspecto absolutamente falso, lo cual, se comprueba de la simple lectura de su memorial de recurso de casación de 27 de enero de 2023; y, b) Al resolver dicha impugnación, los Magistrados demandados fueron más allá de la petición y fallaron de manera ultra petita; es decir, se pronunciaron sobre una nulidad parcial que jamás fue demandada. Prudencia Beatriz León Caba, Jaime Alejandro Machicado Juárez, Luis Fernando Luján Flores, Miguel Mancilla Patzi y Rodolfo Luis Aguilar Rodríguez, pese a su asistencia, no intervinieron en la audiencia de garantías. Por Secretaria de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se informó que María Reneé Barrón Caba hubiera fallecido; asimismo indicó que, Román León Reynaga no concurrió a dicho verificativo debido a que es una persona adulta mayor.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 140/2023 de 28 de julio, cursante de fs. 683 a 688, concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto y declarando la nulidad del Auto Supremo 337/2023, pronunciado por las autoridades demandadas y en su mérito “…se dispone que la misma en el plazo razonable, una vez que sea notificado de manera íntegra y física con la presente Resolución, proceda a emitir nuevo fallo observando los aspectos que ha sido objeto de análisis por esa jurisdicción constitucional vinculado a la congruencia externa y dinámica en relación de los antecedentes que dieron lugar a la Litis, así como en relación a los alegatos ciertamente planteados por la entidad tercero interesado en el Recurso de casación en el fondo” (sic), con base a los siguientes fundamentos: 1) Revisados los antecedentes del proceso principal se estableció el mérito que postularon los terceros interesados en cinco memoriales de demanda, los cuales estuvieron vinculados a la nulidad íntegra de la Escritura Pública 2944/1993, independientemente de la cita efectuada al informe de dictamen pericial documentológico elaborado por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que estableció únicamente que la paternidad gráfica de Nelby Caba Ferrufino no condice con la mencionada Escritura Pública; 2) La decisión adoptada por las autoridades demandadas a tiempo de resolver el recurso de casación formulado por el Banco Mercantil Santa Cruz S.A., se constituyó una determinación arbitraria que quebrantó el elemento congruencia externa; 3) No se llegó a establecer y comprender que la citada entidad financiera -parte demandada, hoy tercero interesado- haya requerido el hecho de que el Tribunal de alzada debía dejar subsistente una parte de la referida Escritura Pública en la cual intervino Román León Reynaga; lo cual, no fue un acto de postulación efectuado por dicho Banco; por lo cual, se volvió a infringir el elemento de congruencia externa; 4) El fundamento planteado por los Magistrados demandados, se basó en el apartado “2.4” del Auto Supremo confutado, vinculado a la nulidad parcial del contrato y el principio de conservación del negocio jurídico; asimismo, refieren el art. 550 del CC, que “…la nulidad parcial del contrato o más de una de sus cláusulas no acarrea la nulidad del contrato, a menos que esas cláusulas expresen el motivo determinante del convenio, luego, efectúa cita del Auto Supremo 160/2017 y cita Doctrinal de Santos y Fuentes referida a la obra del negocio jurídico…” (sic); es decir, encuentran la razón de su decisión en una infracción a la ley que se hubiese gestado a partir del citado precepto legal; sin embargo, de lo extractado del recurso de casación postulado por el Banco Mercantil Santa Cruz S.A., el argumento planteado en el fondo no ha estado vinculado al hecho de establecer una infracción a la ley; -concretamente el art. 550 del CC-; en su análisis, en relación a la ratio decidendi vinculada al hecho de decretar la nulidad parcial de la relación contractual, no explican ni establecen qué ley o norma fue presuntamente infringida, de manera que, a tiempo de decretar la nulidad parcial de la Escritura Pública 2944/1993; “…lo que ha postulado es el hecho de que deba mantener y quedar subsistente la hipoteca en favor del Banco Mercantil Santa Cruz y que la autoridad de Alzada hubiera efectuado una incorrecta interpretación de la normativa (…) la autoridad accionada no hace, no desmenuza ese argumento que le ha planteado la entidad hoy tercero interesado, y ello a la esfera del derecho constitucional involucra estar en una afectación que hace al elemento de la fundamentación como componente del derecho al debido proceso” (sic); 5) Concebir que las autoridades demandadas asuman una decisión ultra petita, provoca una directa relación con los derechos que la parte solicitante de tutela considera afectados y que evidenció la jurisdicción constitucional; y, 6) Con la emisión del Auto Supremo 337/2023, los Magistrados demandados generaron dos aspectos fundamentales: primero, no se acogió, reguló ni observó los elementos fácticos exteriorizados por los demandantes, rechazados por la parte demandada en el proceso civil, consolidando la fijación del objeto del proceso y la prueba habiendo asumido dos determinaciones en virtud a esa pretensión, precisamente interpuesta por el hoy tercero interesado el 19 de febrero de 2020; y, segundo, se apartaron ostensiblemente de lo realmente requerido, cuestionado y alegado en el recurso de casación interpuesto por el Banco Mercantil Santa Cruz S.A., correspondiendo acoger la tutea solicitada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro de la demanda ordinaria sobre nulidad de escritura pública seguida por María Reneé Barrón Caba y Juana Ángela León Caba, hijas y herederas forzosas de Nelby Caba Ferrufino y Román León Reynaga contra María Elena Saavedra Ferrufino, Jaime Alejandro Machicado Juárez, Luis Fernando Luján Flores, Miguel Mancilla Patzi, Rodolfo Luis Aguilar Rodríguez, José Ramón Quispe Condori, Modesta Mamani Villca de Quispe, Prudencia Beatriz León Caba y el Banco Mercantil Santa Cruz S.A., los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justica pronunciaron el Auto Supremo 337/2023 de 18 de abril, a través del cual, casaron parcialmente el Auto de Vista 413/2022 de 3 de noviembre, complementado mediante Auto de 28 de igual mes y año, y en el fondo fallaron declarando probada en parte la demanda de nulidad de contrato; en consecuencia, dispusieron “…la nulidad parcial del contrato de compraventa inmerso dentro de la Escritura Pública N° 2944/1993 (…) debido a que la venta que realizó Román León Reynaga sobre el 50% de sus acciones y derechos no se encuentra afectada por falsedad alguna, disponiéndose que en ejecución de Sentencia se notifique a Derechos Reales de la ciudad de El Alto con el objeto de que se depure todo el valor registral sobre el 50% de las acciones y derechos que generó la venta fraudulenta hecha a nombre de Nelby Caba Ferrufino (+) y mantenga el 50% de las acciones y derechos que generó la venta que realizó Román León Reynaga Caba, para el efecto, realice un ajuste sobre el bien inmueble con Matricula computarizada N° 2.01.4.01.0049834, en la columna A, de titularidad sobre el dominio, debiendo consignarse como propietarios del 50% a Román León Reynaga y los herederos de Nelby Caba Ferrufino y como propietarios del 50% a los esposos José Ramón Quispe Condori y Modesta Villca Mamani. Asimismo, sobre la columna B, de gravámenes y restricciones, la hipoteca inserta por el Banco Mercantil Santa Cruz S.A., del asiento B-3, solamente afecte el 50% de las acciones y derechos de José Ramón Quispe Condori y Modesta Villca Mamani de Quispe, liberándose de todo peso hipotecario el 50% de las acciones y derechos que tienen Román León Reynaga y los herederos de Nelby Caba Ferrufino, Sin costas ni costos y sin responsabilidad por ser excusable” (sic [fs. 593 a 612]).
Los impetrantes de tutela denuncian la vulneración de su derecho al debido proceso en sus componentes de congruencia, fundamentación y motivación; y, del “principio dispositivo”; toda vez que, las autoridades demandadas en el Auto Supremo 337/2023 de 18 de abril, en lugar de casar el Auto de Vista 413/2022 de 3 de noviembre, y declarar improbada la demanda de nulidad de la Escritura Pública 2944/1993 de 21 de junio, se dieron la tarea de modificar o alterar el contenido del alcance de la pretensión invocada en la demanda y el objeto del proceso, respecto al cual, las partes desplegaron su actividad probatoria; pues, sin haber producido previamente elemento probatorio alguno respecto a “…la firma y rubrica estampada por Román León Reynaga, no se encuentra afectada de falsedad alguna…” (sic), decretaron la nulidad parcial de la relación contractual de 21 de junio de 1993, inmersa en la citada Escritura Pública, cuando dicha determinación no fue invocada en la demanda.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Jurisprudencia reiterada
Al respecto, la SCP 0430/2020-S2 de 14 de septiembre, sostuvo que: «En relación a la congruencia como elemento del debido proceso, reiterando entendimientos jurisprudenciales anteriores, la SC 0486/2010-R de 5 de julio, sostuvo que: “…la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. (…) El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”. Razonamiento que fue reiterado a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0255/2014 de 12 de febrero y 0704/2014 de 10 de abril. Por su parte, la SCP 1083/2014 de 10 de junio, respecto a este principio estructurante del debido proceso, expresó que: “El debido proceso se integra por diferentes elementos que viabilizan las garantías mínimas del justiciable; así, la congruencia de las resoluciones judiciales, constituye el debido proceso. Al respecto, Guillermo Cabanellas, entiende al principio de congruencia como: ‘Oportunidad, conveniencia entre preguntas y respuestas; entre demandas y concesiones o resoluciones. II Conformidad entre el fallo judicial y las pretensiones plateadas por las partes.
Las sentencias deben ser congruentes con las súplicas de las demandas, de su contestación o de su reconvención, sin que hechos posteriores a la discusión escrita puedan modificar los términos en que fue trabada la litis. La discrepancia entre sentencia y demanda permite los recursos establecidos por los códigos de procedimiento…’. En el marco de la premisa anterior y, desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión”» (las negrillas y el subrayado nos corresponden).
En cuanto al tema, la SCP 0655/2020-S2 de 12 de noviembre, concluyó que: “…la jurisprudencia constitucional refirió que la fundamentación y motivación que realice un servidor público a tiempo de emitir una determinación, debe exponer con claridad los motivos que sustentaron su decisión, entre otras la SC 0863/2007-R de 12 de diciembre, sostuvo: ‘…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. (…) Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’. Por su parte, la SCP 0450/2012 de 29 de junio, remarcó: ‘La jurisprudencia señaló que el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados…’. Asimismo, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, efectuando una distinción entre motivación y fundamentación, señaló lo siguiente: ‘El derecho a la fundamentación de un fallo es una garantía de legalidad que establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero la obligación de la autoridad que lo emite para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y por lo segundo, que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué considera que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa’. Sobre este mismo tema, la SCP 0712/2015-S3 de 3 de julio, concluyó que: ‘…la fundamentación consiste en la justificación normativa de la decisión judicial, y la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión de que el acto concreto que se trate, se encuentra, por una parte probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las cuales considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal -contexto de justificación-. Por consiguiente, no basta que en el derecho positivo exista un precepto que pueda sustentar el acto de la autoridad, ni un motivo para que ésta actúe en consecuencia, sino que es indispensable que se hagan saber al afectado los fundamentos y motivos del procedimiento respectivo, ya que solo así estará en aptitud de defenderse como estime pertinente; de esta forma, se entiende que la fundamentación debe ser específica al caso de que se trate y la motivación explícita’” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).
Efectuado el marco jurisprudencial para el examen del presente caso, de la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente se llegó a evidenciar que, dentro de la demanda ordinaria sobre nulidad de escritura pública seguida por María Reneé Barrón Caba y Juana Ángela León Caba, hijas y herederas forzosas de Nelby Caba Ferrufino y Román León Reynaga contra María Elena Saavedra Ferrufino, Jaime Alejandro Machicado Juárez, Luis Fernando Luján Flores, Miguel Mancilla Patzi, Rodolfo Luis Aguilar Rodríguez, José Ramón Quispe Condori, Modesta Mamani Villca de Quispe, Prudencia Beatriz León Caba y el Banco Mercantil Santa Cruz S.A., los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justica pronunciaron el Auto Supremo 337/2023 de 18 de abril, a través del cual casaron parcialmente el Auto de Vista 413/2022 de 3 de noviembre, complementado mediante Auto de 28 de igual mes y año, y en el fondo fallaron declarando probada en parte la demanda de nulidad de contrato; en consecuencia, dispusieron “…la nulidad parcial del contrato de compraventa inmerso dentro de la Escritura Pública N° 2944/1993 (…) debido a que la venta que realizó Román León Reynaga sobre el 50% de sus acciones y derechos no se encuentra afectada por falsedad alguna, disponiéndose que en ejecución de Sentencia se notifique a Derechos Reales de la ciudad de El Alto con el objeto de que se depure todo el valor registral sobre el 50% de las acciones y derechos que generó la venta fraudulenta hecha a nombre de Nelby Caba Ferrufino (+) y mantenga el 50% de las acciones y derechos que generó la venta que realizó Román León Reynaga Caba, para el efecto, realice un ajuste sobre el bien inmueble con Matricula computarizada N° 2.01.4.01.0049834, en la columna A, de titularidad sobre el dominio, debiendo consignarse como propietarios del 50% a Román León Reynaga y los herederos de Nelby Caba Ferrufino y como propietarios del 50% a los esposos José Ramón Quispe Condori y Modesta Villca Mamani. Asimismo, sobre la columna B, de gravámenes y restricciones, la hipoteca inserta por el Banco Mercantil Santa Cruz S.A., del asiento B-3, solamente afecte el 50% de las acciones y derechos de José Ramón Quispe Condori y Modesta Villca Mamani de Quispe, liberándose de todo peso hipotecario el 50% de las acciones y derechos que tienen Román León Reynaga y los herederos de Nelby Caba Ferrufino, Sin costas ni costos y sin responsabilidad por ser excusable” (sic [Conclusión II.1]). Bajo dicho antecedente, los impetrantes de tutela cuestionan el Auto Supremo 337/2023, pronunciado por los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia -demandados-, denunciando la vulneración del debido proceso en componente de congruencia y “principio dispositivo”; en ese entendido, a efectos de analizar la veracidad de lo aseverado, corresponde establecer si los agravios formulados a su turno por los accionantes fueron abordados en virtud a dicho componente; y, dada la naturaleza de la problemática planteada, establecer de igual manera, los cargos formulados por el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. -tercero interesado- en su recurso de casación; a cuyo fin, se tienen los mismos del citado Auto Supremo; toda vez que, en antecedentes no cursan esos recursos, en tal sentido: “II.1 (…) José Ramón Quispe Condori y Modesta Villca Mamani de Quispe, denunciaron que: El Auto de Vista recurrido carece de fundamentación y motivación, asimismo, se encuentra revestido de incongruencia externa e interna, lo primero, debido a que el Tribunal de alzada no otorgó una respuesta adecuada al único punto de apelación propuesto por la parte demandante, lo segundo, deviene en que el Auto de Vista carecería de conexidad lógica, ordenada y coherente en la parte considerativa y de esta con la parte dispositiva. El Tribunal de alzada vulneró el art. 265 del Código Procesal Civil, ya que emitió criterio de fondo con un argumento de forma, toda vez que el único reclamo propuesto por los actores principales se cimentó en el presunto vicio de incongruencia extra petita, no obstante, el Tribunal de alzada a pesar de advertir que en el recurso de apelación (…) se acusó un error de forma, consideró el fondo de la controversia revocando la Sentencia de primer grado, sin argumento impugnatorio ni petición de por medio.
…no consideró que en el recurso de apelación solamente se expuso un agravio de forma, (…) no obstante, como si existiese agravio de fondo de manera contradictoria e incongruente revocó la decisión emitida por el Juez Ad quo. El Auto de Vista recurrido carece de motivación y fundamentación, debido a que en su contenido no se expresó ningún argumento sobre el fondo de la contienda judicial, por ello, resulta un fallo judicial arbitrario. El Tribunal de alzada al emitir la decisión materia de impugnación guardó silencio sobre la ponderación aplicada por el Juez Ad quo debido a la colisión de derechos que se suscitó dentro de la presente causa, entre el derecho propietario de los demandantes frente al derecho propietario de los demandados (que emerge de una venta judicial). …vulneró el principio iura novit curia, porque omitió pronunciarse sobre la significancia que amerita adquirir una propiedad por medio de una venta judicial, la cual tiene el carácter de ser venta perfecta. …incurrió en violación, errónea interpretación e indebida aplicación de los arts. 10 y 1485 del Código Civil, 173 y 174 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, 8 de la Ley N° 1152 y la Sentencia Constitucional N° 2005/2012 de 12 de octubre, al sostener que no tiene relevancia jurídica que sus personas hayan adquirido de buena fe el bien objeto de contrato a ser nulificado, ignorándose con ello la colisión de derechos que se produjo entre el derecho propietario de la parte demandante frente al derecho propietario de los últimos propietarios, el cual emerge de una venta judicial perfecta. …de forma absurda refirió que solamente se declaró la nulidad de la Escritura Pública N° 2944/1993, no obstante, de forma consecutiva afectó los actos posteriores disponiendo el levantamiento de su derecho propietario ante Derechos Reales, dejando en incertidumbre su derecho propietario que fue adquirido de buena fe fruto de una venta judicial. El Auto de Vista recurrido vulneró su derecho a obtener una tutela judicial efectiva, debido a que dispuso la restitución del bien objeto del contrato a ser nulificado en favor de la parte demandante, sin considerar todo el valor económico agregado por las mejoras y construcciones que fueron efectuadas por los recurrentes. (…) II.2. (…) el Banco Mercantil Santa Cruz S.A., representado por Sergio Adolfo Méndez, acusó que: El Tribunal de alzada dejó de lado que en la minuta objeto de la nulidad, únicamente se habría evidenciado la falsedad en la firma de Nelby Caba Ferrufino, mas no así la firma y rúbrica de Román León Reynaga, por lo que al existir una minuta suscrita por uno de los co-propietarios, los efectos de la venta deben producirse por lo menos respecto a la porción de uno de los co-propietarios. El Tribunal Ad quem, infringió el art. 271 del Código Procesal Civil, debido a que emitió su fallo de fondo con motivación insuficiente y exigua: primero, porque, no consideró los fundamentos de su defensa, los cuales se basaron en su acreencia de buena fe que se encuentra sustentada por el art. 1372.II del Código Civil, segundo, debido a que no se analizó por qué se debe aplicar de manera irrestricta y preferente los efectos retroactivos de la nulidad con base en el art. 547 del Código Civil, dejándose de lado el art. 1372.II del Código Civil, genera en su favor una contundente condición de acreedor de buena fe. El Tribunal de alzada incurrió en indebida aplicación del art. 547 del Código Civil, ya que este precepto legal, no debió ser aplicado siendo que el mismo atenta en contra del art. 1372.II del Código Civil, en el entendido que tras suscitarse una situación de nulidad por falsedad en la que media un gravamen hipotecario, publicitado por el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. prima más el gravamen hipotecario constituido ante propietario aparente. El Auto de Vista recurrido no consideró que existió una minuta firmada por uno de los copropietarios y que a partir de dicha realidad, la compraventa debe surtir plena eficacia jurídica sobre su cuota parte, conforme lo previsto en el art. 521 del Código Civil” (sic). Ahora bien, de acuerdo al principio de pertinencia, el Auto Supremo 337/2023, emitido por los Magistrados demandados debe circunscribirse a los agravios contenidos en los recursos interpuestos por los impetrantes de tutela, así como por el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. -tercero interesado-; en ese entendido, a efectos de analizar si el mencionado fallo es congruente, corresponde conocer los argumentos esgrimidos que lo sustentan: En ese contexto, las autoridades demandadas, en el fallo confutado efectuaron una relación de los antecedentes del proceso, la identificación de los cargos formulados por los recurrentes, señalando asimismo la doctrina aplicable al caso concreto relativa a la congruencia de las resoluciones y el principio dispositivo; finalmente, expresaron el siguiente fundamento para sustentar la determinación adoptada en el merituado fallo:
Sobre el recurso de casación formulado por José Ramón Quispe Condori y Modesta Villca Mamani de Quispe: “IV.1. Con relación a los agravios 1 y 4…
(…)
Sobre la congruencia externa… Entonces, esta breve reseña fáctica nos permite advertir que la parte demandante por medio de su escrito de impugnación (…) en lo trascendental, llevó como cargos ante el Tribunal de alzada: que la Sentencia N° 461/2021 de 03 de noviembre (…) se encuentra investida de incongruencia extra petita y la indebida inaplicación de los efectos retractivos que debió generar la nulidad por falsedad, esta última que fue considerada en alzada y sirvió de sustento al Tribunal de apelación, para emitir el Auto de Vista N° 413/2022 de 03 de noviembre, por medio del cual, concluyó que el Juez Ad quo: por una parte, sí emitió un veredicto revestido de incongruencia ultra petita (extra petita) y; por otra, al encontrarse demostrado que la firma estampada por Nelby Caba Ferrufino dentro de la relación contractual de compra venta inmersa en la Escritura Pública N° 2944/1993 fue producto de una falsedad, resulta inadecuado que no se haya aplicado los efectos retroactivos de la nulidad bajo los efectos ex tunc, toda vez que [la] acción de nulidad es imprescriptible.
(…)
Sobre la incongruencia interna… …de una atenta revisión del Auto de Vista, se advierte que el Tribunal de alzada, al establecer que: Primero, el Juez Ad quo, sí emitió un veredicto investido de incongruencia ultra petita (extra petita). Segundo, que al encontrarse demostrado que la firma estampada por Nelby Caba Ferrufino dentro de la relación contractual de compra venta inmersa en la Escritura Pública N° 2944/1993, fue producto de una falsedad, resulta inadecuado que no se haya aplicado los efectos retroactivos de la nulidad bajo los efectos ex tunc, toda vez que la acción de nulidad es imprescriptible. (…) En consecuencia, se establece que la resolución recurrida sí se encuentra revestida de congruencia interna, porque el tribunal Ad quem, tras evidenciar, que la Sentencia de primera instancia se encuentra revestida de incongruencia ultra petita (extra petita), evidenció también, que la firma estampada en la relación contractual inmersa dentro de la Escritura Pública N° 2944/1993, que lleva el nombre de Nelby Caba Ferrufino, fue falsificada, por ello optó por la aplicación de los efectos ex tunc de la nulidad del contrato inmerso en la Escritura Pública N° 2944/1993, aspectos de orden considerativo que generan el hilo de congruencia interna que unifica la pare considerativa-motivadora con la parte dispositiva del Auto de Vista recurrido, aspecto por el cual se determina que la denuncia de incongruencia interna, devino en inverosímil.
Sobre la falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista recurrido… (…) …se advierte que la decisión de segunda instancia fue emitida con justificaciones claras y precisas, en consecuencia, se establece que el Auto de Vista N° 413/2022 de 03 de noviembre (…) de igual forma pasa el examen motivacional que requiere toda decisión jurisdiccional, deviniendo esta denuncia en infundada.
IV.2. En lo concerniente a los agravios 2 y 3… (…) …el primer cargo impugnatorio tiene el carácter de ser un agravio de forma, ya que en su contenido se denuncia la vulneración del principio dispositivo (…) el segundo cargo, tiene un contenido de índole sustancial, debido a que por medio de él se llevó como thema decidendum (…) la indebida inaplicación de los efectos retroactivos que debió generar la nulidad por falsedad (…). En consecuencia, la denuncia resulta en inverosímil.
IV.3. Respecto al quinto agravio… (…) …resulta una tesis desacertada por parte de los recurrentes, pedir que el Tribunal de alzada emita criterio decisorio sobre una temática no impugnada en instancia apelatoria, deviniendo en inverosímil esta denuncia para actuar en su mérito. (…) IV.4. En cuanto a los agravios 6, 7 y 8… (…) …corresponde declarar la infundabilidad de los presentes agravios. (…) IV.5. Sobre el noveno agravio…
(…) …se declara la improcedencia de este agravio, ya que ni el juzgador ni las partes pueden omitir considerar el principio de disposición que rige el proceso civil” (sic). En ese orden de cosas, con el objeto de desarrollar una coherente argumentación jurídico constitucional, impele referirnos a lo resuelto en el Auto Supremo confutado, respecto al recurso de casación formulado por el Banco Mercantil Santa Cruz S.A.; en ese sentido, los Magistrados demandados establecieron que: (…) “IV.6. En lo que corresponde a los agravios a y d del recurso de casación interpuesto por el Banco Mercantil Santa Cruz S.A…. …en función de los agravios de fondo que expuso (…) se establece que el tema objeto de debate que se dilucidara consiste en determinar: 1° Si el Tribunal de segunda instancia dejó de lado que en la minuta materia de nulidad únicamente se evidenció la falsedad en la firma de Nelby Caba Ferrufino, mas no así en la firma y rúbrica de Román León Reynaga, por lo que al existir una minuta suscrita por uno de los co-propietarios, los efectos de la venta se habrían producido, lo cual desembocaría en función del art. 521 del Código Civil, en la eficacia jurídica parcial de esta relación contractual. Ahora bien, sobre este tema objeto de debate, corresponde añadir los siguientes aspectos de orden considerativo: (…) Reseña probatoria de la cual se extrae las siguientes puntualizaciones: En el contrato materia de nulidad, como parte vendedora y en co-propiedad, participaron Román León Reynaga y Nelby Caba Ferrufino. En la Relación contractual objeto de la demanda de nulidad, como parte compradora, participó María Elena Saavedra Ferrufino. Ahora bien, confrontado ambas puntualizaciones de índole considerativo con el dictamen pericial que corre de fs. 40 a 63, que en su mérito expresa: ‘…CONCLUSIONES. (…):
‘…QUE, HABIÉNDOSE PRACTICADO LOS CORRESPONDIENTES ESTUDIOS DOCUMENTOLOGICOS EN LAS DOCUMENTALES – CONFORME EL PERTINENTE REQUERIMIENTO DE LA AUTORIDAD FISCAL DEL MINISTERIIO PÚBLICO – PUDO DETERMINARSE FEHACIENTEMENTE, QUE LOS MANUSCRITOS/FIRMAS, EN: 1.- ESCRITURA PÚBLICA N° 2.944, DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 1993, SUSCRITA POR EL NOTARIO RAÚL VEGA HERMOSA, 2.- MINUTA DE COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE, DE FECHA 01 DE JUNIO DE 1.993. NO SE CORRESPONDEN CON LA PATERNIDAD GRÁFICA DE LA CIUDADANA NELBY CABA FERRUFINO C.I. 246449 EN FUNCION – EVIDENTEMENTE – DE NO HABER SIDO CONFECCIONADO DE SU PROPIO PUÑO Y LETRAS…’ Reseñas que sirven de sustento para establecer que en todas las firmas estampadas en la minuta de 21 de junio de 1993, (…), por medio del dictamen pericial que discurre (…) únicamente se demostró la falsedad de la firma de Nelby Caba Ferrufino, mas no asi en la firma y rúbrica de Román León Reynaga quien actuó en su condición de copropietario del bien objeto de contrato que se pretende nulificar, entonces, considerando lo desglosado en el apartado III.2 de la presente determinación judicial en la que se instituyó que la falsedad del documento vulnera la voluntad de consentimiento únicamente del sujeto que es afectado por el acto de falsedad y en aplicación del apartado III.4 de la presente decisión judicial, por medio del cual se determinó que existe posibilidad de invalidar parcialmente el negocio jurídico, dejando firme e incólume la parte que no se encuentre afectada por el vicio insubsanable, siempre que este no altere lo esencial de la relación contractual, todo ello, con el objeto de materializar la máxima de conservación del negocio jurídico, el cual busca sanear intrínsecamente el contrato para su ulterior validez jurídico-sustancial. En consecuencia, se establece que tras advertirse que la firma y rúbrica estampada por Román León Reynaga, no se encuentra afectada de falsedad alguna, por ello, su voluntad de vender no fue afectada por este vicio de estructura contractual, debe mantenerse firme e incólume la relación obligacional que este adquirió con María Elena Saavedra Ferrufino, ya que en función del principio de conservación del contrato, se entendería, que transfirió el 50% de sus acciones y derechos, puesto que la voluntad expresada en el contrato objeto de nulidad hace que brote la intención de Román León Reynaga de querer vender su 50% a María Elena Saavedra Ferrufino, más aun si consideramos que de forma indirecta, recibió una diversidad de pagos por concepto de ‘pago de terreno El Alto’, los cuales fueron percibidos por Nelby Caba Ferrufino (+), Juana Ángela León Caba, Prudencia Beatriz León Caba y María Renee Barrón Caba, conforme consta de los recibos que cursan de fs. 251 a 257 y 269 a 281; en conclusión, siendo que el tribunal de alzada inobservó estos aspectos, corresponde decretar la nulidad parcial de la relación contractual de 21 de junio de 1993 que se encuentra inmersa dentro de la Escritura Pública N° 2944/1993 (…) manteniendo firme y subsistente, la transferencia que Román León Reynaga, efectivizó sobre el 50% de sus acciones y derechos que tenía sobre el bien inmueble situado en Av. Rene Vargas N° 3171, zona Villa 16 de Julio, con una superficie de 350 m2, antes inscrito en Derechos Reales, bajo Partida No. 2493, fs. 2493, del Libro 1° ‘C’ de 1978 a nombre de los esposos León-Caba, y que actualmente fue matriculado bajo el N° 2.01.4.01.0049834 a nombre de María Elena Saavedra Ferrufino, resultando fundada las denuncias que el recurrente trajo en casación. Más aún, si consideramos que, de la minuciosa revisión de la demanda (…) Román León Reynaga, no hizo mención alguna sobre si la firma que estampó en la minuta de 21 de junio de 1993 (…), se encuentra falsificada; al contrario, de forma expresa se limitó a señalar que celebró una venta (simulada) en favor de María Elena Saavedra Ferrufino. IV.7. con relación a los agravios identificados como b y c… (…) Sobre estas cuestionantes se debe considerar que en función de la regla de derecho inmerso en el art. 547 del Código Civil, la nulidad declarada judicialmente surte sus efectos de manera retroactiva, es decir que cuando la acción de nulidad prospera, los efectos que se generan posteriormente al acto o contrato declarado nulo desaparecen retroactivamente,… Entendiéndose también que, cuando una resolución judicial declara la nulidad de un negocio jurídico, las obligaciones contraídas se extinguen y con ella obviamente se extinguen los derechos aparentes que se generaron, por eso se hace referencia a que la sentencia en la acción de nulidad, afecta a todos los actos o contratos que se originaron en forma posterior al contrato nulo, pues al tener dichos actos posteriores un acto o contrato que nunca nació, por lógica se entiende que estos tampoco existen para el derecho. Entonces queda claro que en el presente caso, no es correcta la postura expuesta por la entidad financiera… Asimismo, corresponde establecer que no resulta aplicable al presente caso la disposición legal establecida en el art. 1372.II del Código Civil, ya que para su aplicabilidad se debe tomar en cuenta que debe existir un propietario aparente (…) por ello, corresponde declarar la infundabilidad del presente agravio” (sic). En ese orden de cosas, conforme se tiene explicado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el principio de congruencia es la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; es decir, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; por ello, la falta de relación entre lo solicitado y lo dispuesto, contradice dicho principio procesal, en vista que toda resolución debe responder a la petición de las partes y la enunciación de agravios denunciados. Asimismo, respecto a la congruencia externa inmersa en el contenido jurisprudencial anotado, “…la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes…” (SCP 0430/2020-S2 [énfasis y subrayado añadidos]). Bajo ese entendimiento jurisprudencial y del examen del Auto Supremo 337/2023, se evidenció que si bien los aspectos cuestionados por los peticionantes de tutela, así como, los formulados por el tercero interesado en sus recursos de casación fueron ciertamente abordados por las autoridades demandadas al emitir el citado fallo; no obstante, incurrieron en una incongruencia externa, a tiempo de resolver los cargos formulados; específicamente en relación al agravio expresado por el Banco Mercantil Santa Cruz S.A.; en sentido de que: “…Tribunal de alzada dejó de lado que en la minuta objeto de la nulidad, únicamente se habría evidenciado la falsedad en la firma de Nelby Caba Ferrufino, mas no así la firma y rúbrica de Román León Reynaga, por lo que al existir una minuta suscrita por uno de los co-propietarios, los efectos de la venta deben producirse por lo menos respecto a la porción de uno de los co-propietarios…” (sic); las autoridades demandadas incorporaron aspectos ajenos a lo demandado, lo cual, confluyendo en que el citado Auto Supremo establezca la “…nulidad parcial del contrato de compraventa inmerso dentro de la Escritura Pública N° 2944/1993 (…) debido a que la venta que realizó Román León Reynaga sobre el 50% de sus acciones y derechos no se encuentra afectada por falsedad alguna…” (sic); pues, del contexto expresado en los antecedentes de la acción ordinaria sobre nulidad de escritura pública; la demanda se circunscribió a la “nulidad del contrato” tal cual precisó el referido Auto Supremo en el: “CONSIDERANDO I” relativo a los “ANTECEDENTES DEL PROCESO”;
en tal circunstancia; no obstante, los fundamentos expuestos para establecer una nulidad parcial, corresponde subrayar que, por el principio dispositivo como otro elemento fundamental del debido proceso impone que sean las partes, exclusivamente, quienes determinen el thema decidendum, debiendo la autoridad jurisdiccional limitar su pronunciamiento a las alegaciones formuladas por aquéllas en los actos de constitución del proceso -demanda, contestación, reconvención y contestación a esa-, principio que es aplicable a toda la jurisdicción ordinaria en el que se tenga que resolver las pretensiones de las partes; en ese sentido, se pronunció la SCP 2327/2012 de 16 de noviembre; máxime si, en el recurso de casación en el fondo el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. no postuló el hecho de establecer la infracción a una norma -tal cual estableció la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz-; generó que el fallo cuestionado carezca de congruencia externa prevista por la jurisprudencia constitucional; lo cual -además-, repercute en otros elementos constitutivos del debido proceso como la motivación y fundamentación; al establecer un quiebre en el despliegue de los fundamentos respecto a los agravios formulados por las partes y en particular sobre los formulados por el tercero interesado; pues, la motivación de un fallo consiste en una respuesta de la autoridad judicial al petitum; por lo que, se hace evidente que entre la determinación y las reivindicaciones formuladas por las partes en el proceso debe existir un nexo de congruencia, lo cual como se refirió supra, fue infringido. Por lo precedentemente señalado, en el caso concreto ciertamente se evidencia la vulneración del derecho al debido proceso en su componente de congruencia -externa-, en el Auto Supremo 337/2023, pronunciado por las autoridades demandadas; por lo que, se hace viable otorgar la tutela que brinda esta acción de defensa. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 140/2023 de 28 de julio, cursante de fs. 683 a 688, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la aludida Sala Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0978_2023-S2.pdf · páginas 1 a 23.
Huella digital del PDF (SHA-256): 35ba8edec1237042f6c84b9724d9f13d66e50660ab3ce54a27a48e385a76a568
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