B.IA.LEGAL

SCP 0976/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 26 de mayo de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
26 de mayo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
83624-2026-168-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración sus derechos al debido proceso, a la defensa, “debida diligencia” y a la locomoción; toda vez que, luego de haber sido aprehendido el 10 de marzo de 2026, aproximadamente a horas 15:00: a) Permaneció privado de libertad por más de veinticuatro horas sin que la Fiscal de Materia demandada hubiera definido oportunamente su situación jurídica, manteniéndolo en un estado de incertidumbre jurídica; y, b) No fue habilitado oportunamente en el sistema informático JL, circunstancia que le impidió conocer las actuaciones procesales y ejercer adecuadamente su defensa, además de no haber sido notificado con la imputación formal antes de la audiencia de medidas cautelares en la que se dispuso su detención preventiva. Por su parte, la Fiscal de Materia demandada sostiene que puso a conocimiento de la autoridad jurisdiccional competente la situación jurídica del accionante a través de la presentación de la imputación formal y la solicitud de medidas cautelares, solicitando además la declinatoria de competencia a la jurisdicción especializada de la niñez y adolescencia al advertirse que los hechos investigados habrían ocurrido cuando, tanto la presunta víctima como el imputado hoy impetrante de tutela, eran menores de edad, todo ello en el marco de los plazos conforme a ley. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2026 de 13 de marzo, cursante de fs. 25 a 27 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segunda de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Subsidiariedad excepcional en la acción de libertad
  2. III.2. Naturaleza jurídica de la acción de libertad y presupuestos de activación
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0976/2026-S2 Sucre, 26 de mayo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 83624-2026-168-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 06/2026 de 13 de marzo, cursante de fs. 25 a 27 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Eduardo Fernández Molina en representación sin mandato de Camilo Junior Morales Condori contra Viviana Mónica Quispe Laruta, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 12 de marzo de 2026, cursante de fs. 2 a 3, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 10 de marzo de 2026, fue aprehendido aproximadamente a horas 15:00 por disposición de Viviana Mónica Quispe Laruta, Fiscal de Materia -ahora demandada- dentro de la investigación penal seguida en su contra por un hecho que presuntamente habría ocurrido en la gestión 2019 y transcurridas más de veinticuatro horas desde su aprehensión, permaneció privado de libertad sin que la representante del Ministerio Público defina su situación jurídica dentro del plazo previsto por la normativa procesal penal; en virtud a ello, su abogado se constituyó ante la citada Fiscal de Materia con el propósito de conocer la situación procesal del caso; sin embargo, le indicó que acudiera ante la autoridad jurisdiccional. En ese contexto, considera que la demora atribuida a la autoridad fiscal demandada lo mantiene en un estado de incertidumbre jurídica y vulnera sus derechos.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, “debida diligencia” y a la locomoción, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga que la Fiscal de Materia demandada “…cumpla el DEBIDO PROCESO, en cuanto al respeto de los plazos procesales, la Debida Diligencia, el Derecho a la Defensa y a la Locomoción” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 13 de marzo de 2026, según consta en el acta cursante de fs. 23 a 24, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliando señaló que: a) Pese a haberse apersonado oportunamente a la investigación, no fue habilitado en el sistema informático Justicia Libre (JL), circunstancia que le impidió conocer las actuaciones procesales y ejercer adecuadamente su derecho a la defensa; y, b) La imputación formal no le fue notificada antes de la audiencia de medidas cautelares, celebrada el 12 de marzo de 2026, en la cual se dispuso su detención preventiva por cuarenta y cinco días.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Viviana Mónica Quispe Laruta, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías solicitó se deniegue la tutela impetrada, manifestando que: 1) El accionante fue aprehendido el 10 de marzo de 2026, dentro de la investigación penal por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, y, dentro del plazo legal, el Ministerio Público puso su situación jurídica en conocimiento de la autoridad judicial competente, solicitando además la declinatoria de competencia a la jurisdicción especializada de la niñez y adolescencia, al advertirse que tanto la presunta víctima como el imputado eran menores de edad al momento de los hechos investigados; 2) Su defensa tuvo conocimiento de la investigación, se le proporcionaron copias de las actuaciones procesales y se gestionó su habilitación en el sistema JL, no siendo atribuible al Ministerio Público la notificación de la imputación formal, por corresponder dicha actuación a la Oficina Gestora de Procesos (OGP); y, 3) El impetrante de tutela no acudió previamente ante la autoridad judicial que ejercía el control jurisdiccional para denunciar las supuestas irregularidades procesales, incumpliendo el principio de subsidiariedad.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segunda de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 06/2026 de 13 de marzo, cursante de fs. 25 a 27 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) Conforme a la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se encuentra sujeta al principio de subsidiariedad excepcional cuando el ordenamiento jurídico prevé mecanismos idóneos e inmediatos para la reparación de la lesión denunciada, debiendo agotarse previamente tales medios antes de acudir a la justicia constitucional; ii) En la etapa preparatoria del proceso penal, las presuntas vulneraciones a derechos fundamentales atribuibles a la Policía boliviana o al Ministerio Público deben ser reclamadas, con carácter previo, ante la autoridad judicial que ejerce el control jurisdiccional de la investigación; y, iii) Durante la tramitación de la acción se evidenció que la situación jurídica del impetrante de tutela ya había sido definida por la autoridad competente, que dispuso su detención preventiva por cuarenta y cinco días, generándose así la sustracción del objeto procesal.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, cursante de fs. 30 a 35, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Orden de Aprehensión de 10 de marzo de 2026, emitida por Viviana Mónica Quispe Laruta, Fiscal de Materia -ahora demandada-, mediante la cual ordenó que Camilo Junior Morales Condori -hoy demandado- sea puesto a disposición del Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de El Alto del departamento de La Paz, para resolver su situación procesal dentro del plazo establecido por ley (fs. 1). II.2. Por Resolución de Imputación Formal 85/“2025” de 11 de marzo de 2026, la Fiscal de Materia demandada imputó formalmente al impetrante de tutela por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente en grado de tentativa y solicitó se señale día y hora de celebración de audiencia de consideración de medidas cautelares (fs. 10 a 15 vta.).

II.3. Mediante decreto de 12 de marzo de 2026, la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de El Alto del departamento de La Paz, señaló audiencia de consideración de medidas cautelares para la citada fecha a horas 12:30 (fs. 20). II.4. Consta nota de 12 de marzo de 2026, emitida por la Fiscal de Materia demandada, dirigida a la “Fiscal de Análisis de la ciudad de El Alto” (sic), a través de la cual remitió el caso con CUD 201502022600160, y solicitó su reasignación en razón a que al momento de los hechos el impetrante de tutela era menor de edad, de igual manera hizo conocer que en la citada fecha se celebró la audiencia de medidas cautelares del nombrado, en la que se determinó su detención preventiva por cuarenta y cinco días (fs. 9).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración sus derechos al debido proceso, a la defensa, “debida diligencia” y a la locomoción; toda vez que, luego de haber sido aprehendido el 10 de marzo de 2026, aproximadamente a horas 15:00: a) Permaneció privado de libertad por más de veinticuatro horas sin que la Fiscal de Materia demandada hubiera definido oportunamente su situación jurídica, manteniéndolo en un estado de incertidumbre jurídica; y, b) No fue habilitado oportunamente en el sistema informático JL, circunstancia que le impidió conocer las actuaciones procesales y ejercer adecuadamente su defensa, además de no haber sido notificado con la imputación formal antes de la audiencia de medidas cautelares en la que se dispuso su detención preventiva. Por su parte, la Fiscal de Materia demandada sostiene que puso a conocimiento de la autoridad jurisdiccional competente la situación jurídica del accionante a través de la presentación de la imputación formal y la solicitud de medidas cautelares, solicitando además la declinatoria de competencia a la jurisdicción especializada de la niñez y adolescencia al advertirse que los hechos investigados habrían ocurrido cuando, tanto la presunta víctima como el imputado hoy impetrante de tutela, eran menores de edad, todo ello en el marco de los plazos conforme a ley. Añade que la defensa tuvo acceso a las actuaciones procesales, que la habilitación al sistema JL fue gestionada oportunamente, que la notificación con la imputación formal corresponde a la Oficina Gestora de Procesos y que las supuestas irregularidades debieron ser reclamadas previamente ante la autoridad judicial que ejercía el control jurisdiccional. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Subsidiariedad excepcional en la acción de libertad

El art. 125 de la CPE establece que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”. Mencionado el alcance de la acción de libertad, es preciso señalar que, la SCP 0482/2013 de 12 de abril integró el desarrollo jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional, delimitando así la tutela que otorga esta acción, estableciendo lo siguiente: “En los casos que se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, a través de la presente acción tutelar, previa y necesariamente se debe considerar situaciones en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad: (…) 2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional”.

III.2. Naturaleza jurídica de la acción de libertad y presupuestos de activación

La SCP 0037/2012 de 26 de marzo, desarrolló el entendimiento en relación al tópico, que refirió: “Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde dispone que: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’… (…)

…el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida” (las negrillas nos corresponden). A partir de dicho entendimiento asumido con base en la norma constitucional, la viabilidad de apertura y consecuente concesión de tutela de esta acción de defensa, emergen de la verificación material de la existencia de un acto ilegal u omisión indebida, en el marco de uno o más de los presupuestos referidos.

III.3. Análisis del caso concreto

La problemática planteada se circunscribe a que el accionante alega estar aprehendido por más de veinticuatro horas sin definir su situación jurídica; en ese marco, de la revisión de los antecedentes cursantes en el expediente constitucional se evidencia que la Fiscal de Materia demandada, mediante Orden de Aprehensión de 10 de marzo de 2026, dispuso que el nombrado sea puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional competente para resolver su situación procesal dentro del plazo previsto por ley (Conclusión II.1). Asimismo, por Resolución de Imputación Formal 85/“2025” de 11 de marzo de 2026, la citada Fiscal de Materia imputó formalmente al impetrante de tutela (Conclusión II.2). Posteriormente, una vez remitido el cuaderno de control jurisdiccional por declinatoria de competencia, la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de El Alto del departamento de La Paz, señaló audiencia de medidas cautelares para el 12 de marzo de ese año (Conclusión II.3), oportunidad en la que se dispuso la detención preventiva del nombrado por cuarenta y cinco días en el Centro Penitenciario Calahuma de La Paz, extremo puesto en conocimiento por la propia Fiscal de Materia (Conclusión II.4). Respecto al inc. a) del objeto procesal, ya se tenía claramente identificada a la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de El Alto del departamento de La Paz, como la autoridad ante la cual el accionante pudo reclamar una eventual aprehensión ilegal, ya que es la encargada de velar cualquier reclamo relativo a la duración de la aprehensión, las notificaciones o las actuaciones del Ministerio Público por lo que, se configura la subsidiariedad excepcional conforme el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, pues el impetrante de tutela debió acudir y denunciar la lesión de sus derechos ante dicha autoridad; razón por la cual, corresponde denegar la tutela solicitada, sin ingresar al análisis del fondo de la problemática planteada. En relación al inc. b) del objeto procesal, en torno a que no fue habilitado en el sistema JL, no se evidencia que tal situación haya generado un riesgo inminente a los derechos tutelados por este mecanismo de defensa, sino que el reclamo recae sobre una actuación dentro de un proceso investigativo; por lo que, al no evidenciarse una amenaza directa a la vida o libertad (Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional), corresponde denegar la tutela impetrada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2026 de 13 de marzo, cursante de fs. 25 a 27 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segunda de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0976_2026-S2.pdf · páginas 1 a 7.

Huella digital del PDF (SHA-256): 637cab08b923e3c24dc3a64d47c24bc6d1ed488e1fbf53bf09fdf43498d7529e

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