B.IA.LEGAL

SCP 0974/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 26 de agosto de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
26 de agosto de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
54418-2023-109-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la defensa, al debido proceso, a la celeridad, a la vida y a la tutela judicial efectiva, por parte del Juez y Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz -demandados-, quienes dentro del proceso penal, no señalaron audiencia para considerar su solicitud de cesación a la detención preventiva, bajo el argumento de existir acusación fiscal y que el expediente ya fue remitido al Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del mismo departamento. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 20/2023 de 10 de marzo, cursante de fs. 17 a 18 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia; 1° CONCEDER la tutela solicitada, en relación al derecho a la celeridad, disponiendo que el Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del mismo departamento, CORRESPONDE DE LA SCP 0974/2025-S3 (viene de la pág. 17)

señale día y hora de audiencia para considerar la solicitud de cesación a la detención preventiva, salvo que ya se haya definido la situación jurídica del accionante; y, 2° DENEGAR respecto a los derechos a la defensa, al debido proceso, a la vida y a la tutela judicial efectiva, conforme lo expuesto en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares
  2. III.2. Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por las Leyes 1173 y 1226
  3. III.3. Competencia para conocer solicitudes en relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación fiscal
  4. III.4. Legitimación pasiva de funcionarios de apoyo jurisdiccional del Órgano Judicial
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0974/2025-S3 Sucre, 26 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 54418-2023-109-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 20/2023 de 10 de marzo, cursante de fs. 17 a 18 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Erik Raúl Rollano en representación sin mandato de Modesto Wálter Román Pérez contra Andrés Franz Zabaleta Callisaya, Juez; y Edwin Quispe Nina, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 10 de marzo de 2023, cursante de fs. 4 a 6 vta., el accionante a través de su representante, señaló que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra, por el Ministerio Público por el presunto delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, se encuentra privado de libertad más de los seis meses dispuesto a través de la Resolución de medidas cautelares de 3 de agosto de 2022, por el Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, y al cumplimiento de la detención preventiva, esta debió cesar; sin embargo, no se convocó a la audiencia de consideración de su situación jurídica para resolver su libertad, lesionando sus derechos fundamentales; puesto que, al no existir solicitud de ampliación de plazo, correspondía cesar la medida extrema ante su cumplimiento.

Añade que, el representante del Ministerio Público, antes del vencimiento de la etapa preparatoria, en diciembre de 2022, presentó requerimiento conclusivo de acusación fiscal al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, siendo obligación del Juez y del Secretario del referido Juzgado -demandados-disponer la remisión de antecedentes al Tribunal de Sentencia correspondiente, hecho que no sucedió a más de dos meses de la presentación del requerimiento conclusivo de acusación, lamentablemente ante esa situación y al no haberse convocado e instalado la audiencia para resolver su situación jurídica ante el vencimiento del plazo, se vio obligado a presentar memorial el 3 de marzo de 2023, solicitando la cesación a la detención preventiva, mereciendo como respuesta el decreto de 8 de similar mes y año: “ESTESE A LOS DATOS DEL PROCESO…” (sic); incurriendo en falsedad, puesto que, le indicaron a su abogado que el expediente ya había sido remitido al Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del mismo departamento, pero revisado el libro evidenció que no se remitió físicamente el expediente al citado Tribunal. Su abogado advirtió que, hasta el 9 de marzo de 2023, no fue remitido el expediente, incurriendo los demandados en incumplimiento de deberes, retardación de justicia y denegación de acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; por cuanto, al no encontrarse el expediente en el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, no pudo presentar memorial alguno, al estar aún bajo responsabilidad del Juez a quo, negligencia que incumple las determinaciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, en cuanto al plazo para señalar audiencia en casos con detenido, más aún cuando su persona tiene setenta años, sufre pre diabetes y no puede estar a la suerte y desgano de malos funcionarios que incumplen sus funciones.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la defensa, al debido proceso, a la celeridad, a la vida y a la tutela judicial efectiva, citando al efecto los arts. 22, 23.II, 73.I, 115, 116, 117.I y III, 118.I, 119 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 5, 7, 8, 11 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (DUDDH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo su libertad inmediata.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 10 de marzo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 15 a 16 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado ratificó in extenso la demanda tutelar planteada y ampliándola, manifestó que: a) El art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), indica que vencido el plazo de detención preventiva y al no haber solicitud de ampliación, la autoridad jurisdiccional deberá cesar la misma y disponer la libertad; aspecto que en su caso no ocurrió, estando ilegalmente privado de su libertad; b) El Fiscal de Materia en diciembre de 2022, presentó acusación fiscal al Juez de la Causa, sin que hasta la fecha se hayan remitido los antecedentes al Tribunal de Sentencia Penal de turno; es por ello, que el 3 de marzo de 2023, solicitó al Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz -demandado-, señale audiencia de cesación a la detención preventiva; sin merecer pronunciamiento alguno, simplemente el 9 de igual mes y año, el Secretario del Juzgado -codemandado- indicó a su abogado que el expediente estaba para remisión al Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del mismo departamento, porque ya contaba con acusación fiscal; sin embargo, ya transcurrieron más de dos meses desde la presentación de la acusación, sin que se haya remitido el expediente; por lo que, incumplieron el mandato del art. 325 del CPP, sobre el deber de remitir el cuaderno procesal dentro de las veinticuatro horas siguientes al Tribunal de Sentencia de turno; y, c) Una vez interpuesta la presente acción de libertad, recién los demandados habrían remitido los antecedentes al Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz y el memorial de solicitud de cesación a la detención preventiva data del 3 de marzo de 2023, no existiendo impedimento para llevar adelante la audiencia peticionada en el plazo que señala la ley.

I.2.2. Informe de los demandados

Andrés Franz Zabaleta Callisaya y Edwin Quispe Nina, Juez y Secretario, respectivamente, del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, por informe escrito presentado el 10 de febrero de 2023, cursante a fs. 14 y vta., peticionaron se deniegue la tutela, bajo los siguientes argumentos: 1) Dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público contra Modesto Wálter Román Pérez -accionante-, el mismo cuenta con pliego acusatorio formal, por lo que como Juez de la causa decreto y dispuso la remisión de obrados ante el Tribunal de Sentencia Penal correspondiente en cumplimiento al art. 325 del CPP; 2) El Secretario -hoy codemandado- informó que remitió los antecedentes en originales al Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del mismo departamento, el 2 de marzo de 2023, pero fue la Auxiliar de ese Juzgado quien habría indicado que debería revisarse el proceso previo a su recepción formal; 3) Posteriormente, el 3 de marzo de 2023, ingresó memorial de solicitud de cesación a la detención preventiva y puesto a conocimiento de su Despacho el 6 de igual mes y año, mismo que fue decretado y remitido como memorial suelto ante el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, por encontrarse el expediente en ese juzgado; 4) La Resolución de medidas cautelares 319/2022, que dispuso la detención preventiva del accionante, fue apelada y hasta el presente no se pronunció el Auto de Vista por el superior en grado que resuelva el recurso, lo que formalmente impide conocer cualquier pedido de cesación por el principio de no contradicción que prevé la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 8 de mayo de 2019-, sobreviniendo la subsidiariedad dentro la presente acción de libertad; y, 5) Al encontrarse remitidos los originales ante el Tribunal de Sentencia citado, las partes deben hacer sus peticiones que creyeran convenientes ante esa instancia judicial.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 20/2023 de 10 de marzo, cursante de fs. 17 a 18 vta., concedió la tutela solicitada, en sentido correctivo toda vez que, ya no tiene competencia el Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital, para conocer el proceso o emitir alguna determinación; sin embargo, con la finalidad que en otros casos no obre de esa manera debe cumplir con los plazos procesales, bajo los siguientes fundamentos: i) Los demandados incumplieron lo dispuesto por el art. 325 del CPP, vale decir que, presentada la acusación fiscal, debieron remitir los antecedentes al Tribunal de Sentencia respectivo dentro de las próximas veinticuatro horas; en el caso, no se tiene prueba de cuándo se presentó la acusación fiscal que -según el accionante-hubiera sido en diciembre de 2022; ii) Por otro lado, se citó el art. 239.2 del CPP, que efectivamente dispone que se debe definir la situación procesal del imputado que hubiera cumplido con la detención preventiva dispuesta primigeniamente, en el caso de autos no se convocó a una audiencia como manda la normativa procesal penal; iii) Del informe emitido por los demandados se tiene que, el 2 de marzo de 2023, habrían remitido los antecedentes al Tribunal de Sentencia Penal de turno; sin embargo, no existe el cargo de recepción, que según los demandados el expediente estaría en revisión ante ese Tribunal para su formalización; y, iv) Respecto al memorial de 3 de marzo de 2023, el accionante solicitó audiencia de cesación a la detención preventiva, pero es evidente que cuando existe una apelación pendiente de resolución no se puede considerar la petición de cesación, pero se tiene que definir de alguna forma la situación procesal de la persona privada de libertad; si bien los demandados, ya no tienen competencia al haber remitido los actuados al Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, se observa que la solicitud fue presentada cuando el Juez a quo tenía competencia y conforme establece el procedimiento penal y la jurisprudencia constitucional respecto al señalamiento de audiencia, la misma es de mero trámite y podía ser señalada tanto por el Juez de la causa -demandado-como por el Secretario -codemandado- dentro de las facultades establecidas en la Ley 1173.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 3 de marzo de 2023, Modesto Wálter Román Pérez -ahora accionante- dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por el presunto delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, solicitó al Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, señale audiencia de cesación a la detención preventiva (fs. 2). II.2. Cursa nota con CITE Of. 121/2023 de 10 de marzo, por el cual, Edwin Quispe Nina, Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, remitió obrados en originales al Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del mismo departamento dentro del proceso penal de referencia (fs. 13).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la defensa, al debido proceso, a la celeridad, a la vida y a la tutela judicial efectiva, por parte del Juez y Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz -demandados-, quienes dentro del proceso penal, no señalaron audiencia para considerar su solicitud de cesación a la detención preventiva, bajo el argumento de existir acusación fiscal y que el expediente ya fue remitido al Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del mismo departamento. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente entendimiento: “Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, dejó establecido que: ‘La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos’; a su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que: ‘La jurisdicción ordinaria, se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad (…) eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez’; disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto en el art. 30.3 de la LOJ, pues el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia. En cuanto a la aplicación del principio de celeridad exigida a toda autoridad judicial, que asuma conocimiento de una solicitud de cesación de la detención preventiva de una persona privada de libertad, debe ser entendido como la actividad procesal que tiene por finalidad realizar las diligencias judiciales con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del proceso, debiendo entender que la tardía atención a una petición formulada al juez, que involucre un derecho fundamental, afecta no solo el debido proceso, sino también la seguridad jurídica, más aun, tratándose del derecho a la libertad que se encuentra restringido por una medida cautelar, como es la detención preventiva. Sobre el particular, la jurisprudencia desarrollada por la SC 0224/2004-R, en el Fundamento Jurídico III.1, sostuvo que: ‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud. Jurisprudencia reiterada en numerosas Sentencias Constitucionales como las SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre y 0900/2010-R de 10 de agosto. Por consiguiente, debe entenderse que si bien la privación de libertad fue dispuesta por orden judicial, esta determinación no es indefinida, tiene límites en el tiempo y sobre la base del cumplimiento de requisitos que están expresamente previstos en la ley, de manera que cuando un procesado solicita la cesación de su detención preventiva, habiendo cumplido tales condiciones y el juez o tribunal no responde dentro de plazo a la pretensión efectuada, la privación se convierte en una detención indebida, razonamiento expresado en la SC 0862/2005-R”.

III.2. Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por las Leyes 1173 y 1226

Sobre el particular la SCP 0740/2022-S1 de 1 de agosto, refirió que: “La Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, implementó procedimientos para agilizar la tramitación de las causas penales, descongestionar el sistema penal y reducir la retardación de justicia; en su Capítulo III, específicamente el art. 8 incluyó modificaciones y sustituciones a las normas del Código de Procedimiento Penal, entre las que se encuentran el art. 239, que en lo relativo al pedido de cesación de la detención preventiva por las causales que se hallaban previstas en los numeras 1 y 4 de dicha norma, establecía que se debía señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco días. Si bien hasta antes de la promulgación de la Ley 586, este Tribunal estableció que para la procedencia de la protección que brinda la acción de libertad, ante la falta de pronunciamiento oportuno dentro de una solicitud de medidas cautelares que afecta el derecho a la libertad física del imputado, dicha petición debía ser atendida dentro del plazo razonable de tres días, en el que debía fijarse día y hora de realización de la audiencia correspondiente y procederse con las notificaciones respectivas -SCP 0110/2012 de 27 de abril-; con la modificación efectuada al art. 239 del CPP por la referida Ley 586, dicho plazo fue regulado a cinco días. Sin embargo, la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, y posteriormente la Ley de Modificación a ley N° 1173 de 3 mayo de 2019, de abreviación procesal penal y de fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres -Ley 1226 23 de septiembre de 2019- introdujo las modificaciones al art. 239 referente a la cesación de las medidas cautelares personales, siendo el texto vigente el siguiente: Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida;

2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención; 3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas. 5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o, 6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas. Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos. En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código.

La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente. Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código.” En consecuencia, el trámite a aplicar para la resolución de la cesación de la detención preventiva, es diferente en función a la causal; por una parte, para los numerales 1, 2, 5 y 6 del art. 239 del CPP modificado por la Ley 1226, corresponde resolverlas a través de una audiencia dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. En cambio, para las causales 3 y 4 del citado artículo; dentro de las veinticuatro horas se correrá traslado a las otras partes para que respondan en el plazo de cuarenta y ocho horas y, con o sin contestación se resolverá sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas siguientes. Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, que restrinja el derecho a la libertad de locomoción de un acusado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud. Respecto del plazo en el cual debe ser providenciadas las peticiones efectuadas mediante los memoriales presentados, de conformidad con el art. 132.1 del CPP, salvo disposición contraria de dicho Código, el juez o tribunal, deberá dictarlas cuando se traten de mero trámite dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme lo entendió la SCP 0110/2012, ya que en el caso de retrasar o aplazar su emisión, no solo se lesiona el derecho a la libertad del impetrante de tutela, sino que el juzgador incurrirá en una falta grave, debido a la demora culpable en la que incurre; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán providenciar los escritos que presenten los imputados dentro del plazo de veinticuatro horas y señalar las audiencias respectivas dentro del término establecido, a efecto de no lesionar el derecho a la libertad de los detenidos preventivamente, sin que sea una excusa para el incumplimiento de esta obligación la excesiva carga procesal, pues su inobservancia, atenta el derecho a la libertad vinculado con el principio de celeridad.

Otro aspecto a tomarse en cuenta, es la línea jurisprudencial contenida en la SCP 1905/2012 de 12 de octubre, que establece que una vez suspendida la audiencia de cesación de la detención preventiva, la autoridad de control jurisdiccional debe señalar nueva fecha y hora, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud”’ (las negrillas nos pertenecen).

III.3. Competencia para conocer solicitudes en relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación fiscal

Sobre el intitulado, la SCP 0627/2018-S2 de 8 de octubre, señaló que: “La SC 0143/2003-R de 2 de febrero de 2004 precisó que la autoridad competente para sustanciar cualquier solicitud relacionada con las medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el juez de instrucción penal, que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Más tarde la SC 0487/2005-R de 6 de mayo estableció que al margen que la causa se haya sorteado ante el tribunal de sentencia penal; el juez de instrucción penal debe proceder a su consideración conforme a derecho, ya que la misma todavía no radicó en el citado tribunal; entendimiento ratificado por la SC 0745/2007-R de 24 de septiembre y la SCP 2053/2012 de 15 de octubre, entre otras. Complementando a esta línea jurisprudencial, la SC 1584/2005-R de 7 de diciembre señaló que siendo el derecho a la libertad de importancia no solo primaria sino fundamental, es posible que el juez de instrucción penal pueda resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva, aunque se hubiera presentado la acusación; siempre y cuando, no haya radicado la causa en un determinado tribunal de sentencia penal; entendimiento, reiterado por la SCP 0971/2016-S3 de 16 de septiembre, entre otras. Conforme a dicha línea jurisprudencial, las solicitudes de medidas cautelares podían ser conocidas por el juez de instrucción penal hasta que la causa sea radicada ante el juez o tribunal de sentencia penal; actuado con el cual, recién perdía competencia el primero. Sin embargo, dicha línea jurisprudencial fue cambiada por el entendimiento asumido en la SCP 0367/2017-S1 de 25 de abril; la cual señaló que con la remisión de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal, se marca el inicio de la etapa de juicio oral del proceso penal; momento a partir del cual, adquieren competencia para conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares.

En el mismo sentido, la SCP 0817/2017-S2 de 14 de agosto, entiende que la remisión del expediente ante el tribunal de sentencia penal, por la interposición de la acusación fiscal, tiene como consecuencia que el juez de instrucción penal pierda competencia para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva. Ahora bien, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional no es estática, sino dinámica, evolutiva, que va mutando, complementando, modulando, cambiando o reconduciendo la línea, en busca de precautelar el respeto y la vigencia plena de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. En este entendido, habiéndose realizado el examen de la línea jurisprudencial respecto a la competencia de los jueces de instrucción penal, para resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva, cuando se presenta la acusación fiscal; a la luz de la Constitución Política del Estado y de conformidad con los arts. 325 y 344 del CPP, modificados por el art. 8 de la Ley 586, haciendo efectivos los principios de celeridad y seguridad jurídica; y, los derechos a la defensa, al debido proceso y a una justicia efectiva y sin dilaciones; corresponde de manera expresa reconducir la línea establecida por la SC 0487/2005-R a lo señalado en la SC 1584/2005-R, en cuyo Fundamento Jurídico III.4, señala: …cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró incompetente por presentarse la acusación (…). Precedente del cual se establece que mientras no se radique la causa en el juzgado o tribunal de sentencia penal al que se derivó la misma, el juzgado remitente sigue teniendo competencia para resolver solicitudes de cesación o modificación de medidas cautelares. Reconducción que se realiza de conformidad con la Norma Suprema y con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, que señalan que los privados de libertad, tienen derecho a la defensa, al debido proceso, al acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, entre otros, que le facultan a interponer solicitudes de cesación de la detención preventiva en cualquier momento, hasta antes de ejecutoriada la sentencia; tomando en cuenta que, la imposición de esta medida, no causa estado y puede ser modificada en cualquier tiempo; y toda vez que, el juez de instrucción penal tiene el control jurisdiccional de la causa en la etapa preparatoria, es ésta, la autoridad que debe conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares, pese a la presentación de la acusación fiscal, siendo plenamente competente hasta que la causa sea radicada ante el juzgado o tribunal de sentencia penal, lo contrario, conllevaría dejar al imputado en incertidumbre jurídica. Cabe señalar que esta reconducción ya fue realizada de manera tácita a través de la SCP 0037/2018-S2 de 6 de marzo; sin embargo, es importante hacerlo de manera expresa en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En este punto, es importante remarcar que toda autoridad que conozca una solicitud efectuada por una persona privada de libertad, debe atenderla con la mayor celeridad posible; es decir, de forma pronta y oportuna, o en su caso, dentro de un plazo razonable, debiendo adoptar las medidas necesarias para resolver con prontitud la situación de los imputados con detención preventiva. Si bien la norma procesal dispone cinco días como plazo máximo para celebrar la audiencia de cesación de la detención preventiva, esto no significa que debe esperarse el último día para llevar adelante la misma, correspondiendo aplicar los valores y principios constitucionales, previstos en el art. 8, complementado por los arts. 115 y 180.I, todos de la CPE, que establecen que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en el principio procesal de celeridad, entre otros; motivo por el cual, los jueces de instrucción penal deben señalar las audiencias con la mayor prontitud posible; y, no deben suspenderlas sin razón justificable, de no ser así, se provocaría efectos dilatorios sobre los derechos del detenido que repercute o afecta a su libertad, sin que este razonamiento implique que necesariamente se deba deferir a su petición; sino, se refiere a que sea escuchado oportunamente. En este marco, se debe precisar algunas subreglas para los supuestos en los que presentada la acusación, se formulen solicitudes de cesación de la detención preventiva: i) Los jueces de instrucción penal, son competentes para conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se hayan presentado, hasta antes de la radicatoria de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal; así como para desarrollar la audiencia y pronunciar la respectiva resolución, en los supuestos en que hubiere sido fijada con anterioridad a la presentación de la acusación; y, ii) Presentada la acusación, el juez de instrucción penal, remitirá los antecedentes ante el juez o tribunal de sentencia penal dentro del plazo señalado en el art. 325 del CPP, debiendo quedarse en su lugar una copia de aquellas piezas procesales indispensables para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva; una vez concluida la audiencia y demás actuados, debe remitirlos junto a la resolución pronunciada en audiencia, ante el juez o tribunal de sentencia penal, que conoce la causa principal, para que sean acumulados al expediente. Entendimiento que también fue asumido en la SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo, entre otras” (énfasis añadido).

III.4. Legitimación pasiva de funcionarios de apoyo jurisdiccional del Órgano Judicial

La SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, establece que: “Al respecto, la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0055/2012 de 9 de abril, estableció que: ‘…se entiende que la acción de libertad se deberá plantear contra: a) La autoridad o funcionario público que amenace, restrinja o suprima los derechos fundamentales tutelados. b) La persona particular que amenace, restrinja o suprima los derechos tutelados’. En ese mismo contexto, la SC 0691/2001-R de 9 de julio concluyó que la legitimación pasiva debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción; entendimiento que fue asumido por las SSCC 0817/2001-R, 0139/2002-R, 1279/2002-R y 1651/2004-R, entre otras; posteriormente, siguieron ese lineamiento las SSCC 0039/2010-R de 20 de abril y 0192/2010-R de 24 de mayo, y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0714/2013 de 3 de junio, 0427/2015-S2 de 29 de abril y 0244/2016-S2 de 21 de marzo, entre otras; así la antedicha SCP 0244/2016-S2, citando a la SCP 0427/2015, expresa: ‘…la legitimación pasiva recae sobre toda persona cuya acción u omisión se constituya en causal para la vulneración o amenaza en la integridad y eficacia de los derechos tutelados por la presente acción de defensa; más aún, si el texto constitucional deja abierta la posibilidad de dirigir la demanda inclusive contra personas particulares; por consiguiente, en virtud al principio de generalidad, la presente acción de defensa no reconocen fueros, privilegios ni inmunidades, por lo que es plenamente viable dirigir contra toda persona, indistintamente si es particular o servidor público, sea este jurisdiccional o de apoyo judicial, e incluso de orden administrativo, cual podrían ser funcionarios policiales o del régimen penitenciario, solo a manera de ejemplo’. Bajo esa línea, el extinto Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional Plurinacional, establecieron subreglas a la legitimación pasiva en las acciones tutelares; respecto a los funcionarios de apoyo jurisdiccional o subalternos, una de esas subreglas está expresada en la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, la misma que concluyó: ‘…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial’ (citada por la SC 0332/2010-R de 17 de junio y por la SCP 1007/2017-S3 de 29 de septiembre, entre otras. En ese mismo sentido, la citada SC 0332/2010-R, respecto a la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional o subalterno sostuvo que: ‘ampliando este entendimiento, es necesario establecer que la responsabilidad o no del personal subalterno por contravenir lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional será evaluada de conformidad a la actuación de esta, una vez prevenido de la omisión o comisión de la vulneración alegada, con el objetivo de reconducir el procedimiento y restituir los derechos o garantías vulnerados, puesto que si la autoridad jurisdiccional convalida la actuación, vulneradora o no del personal subalterno, automáticamente se deslinda de responsabilidad, con la consecuencia de asumirla por completo’. Finalmente, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, estableció que los funcionarios subalternos también pueden tener legitimación pasiva y ser codemandados ‘…si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; (…); sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional’. De la citadas líneas jurisprudenciales, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalterno o de apoyo jurisdiccional, se concluye como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta subregla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva” (las negrillas y el subrayado son nuestras).

III.5. Análisis del caso concreto

En la presente acción de defensa el accionante denunció la vulneración de sus derechos a la defensa, al debido proceso, a la celeridad, a la vida y a la tutela judicial efectiva, por parte del Juez y Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, quienes dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público, no señalaron audiencia para considerar su solicitud de cesación a la detención preventiva, bajo el argumento de existir acusación fiscal y que el expediente ya fue remitido al Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del mismo departamento. De acuerdo a los antecedentes que ilustran el expediente, se advierte que dentro del proceso penal seguido contra el impetrante de tutela por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, el Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, dispuso su detención preventiva por el tiempo de seis meses, cumplido el plazo, mediante escrito de 3 de marzo de 2023, Modesto Wálter Román Pérez -ahora accionante- solicitó se fije audiencia de cesación a la detención preventiva y se resuelva su situación jurídica.

En el caso concreto, se observa que los demandados en su informe presentado manifestaron que el representante del Ministerio Público presentó acusación fiscal y se dispuso la remisión de los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, motivo por el cual ya no tenían competencia para considerar la solicitud de cesación a la detención preventiva planteada por el accionante. Conforme los antecedentes adjuntos al expediente, se colige que la solicitud de cesación a la detención preventiva fue realizada el 3 de marzo de 2023, y los demandados en su descargo presentaron la Nota con CITE Of. 121/2023 de 10 de marzo, suscrita por Edwin Quispe Nina -codemandado-, Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, por la cual habrían remitido obrados en originales al Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del mismo departamento. En ese orden de cosas, se evidencia que el Juez demandado al tener conocimiento de una solicitud de cesación a la detención preventiva incoada por el impetrante de tutela, debería actuar con la mayor celeridad tomando en cuenta que se encuentra privado de su libertad y providenciar el memorial señalando audiencia dentro de las veinticuatro horas posteriores, para resolver su situación jurídica; así el Fundamento Jurídico III.1 establece que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho” (SC 0224/2004-R de 16 de febrero); criterio concordante con el art. 239 del CPP (Cesación de las medidas cautelares personales), el cual establece que planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas; en el caso que nos ocupa, el peticionante de tutela solicitó la cesación de la detención preventiva acogiéndose al numeral 2 del citado artículo, que señala: “Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención” (negrillas añadidas); en tal sentido, el Juez demandado debió señalar audiencia dentro el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, que no ocurrió hasta la interposición de la presente acción de defensa, incurriendo en una dilación indebida al no resolver la situación jurídica del privado de libertad, lesionando el derecho a la celeridad. Por otro lado, respecto a la presentación de la acusación fiscal, se advierte que el expediente recién fue remitido al Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, el 10 de marzo de 2023, y la solicitud de señalamiento de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva fue presentada por el accionante el 3 de igual mes y año, mucho antes de la remisión; por tanto, el Juez demandado tenía plena competencia para resolver dicha petición, así la jurisprudencia constitucional descrita en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional determina que: “…Los jueces de instrucción penal, son competentes para conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se hayan presentado, hasta antes de la radicatoria de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal; así como para desarrollar la audiencia y pronunciar la respectiva resolución, en los supuestos en que hubiere sido fijada con anterioridad a la presentación de la acusación” (SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo); de lo expuesto es evidente que la competencia para resolver la solicitud de cesación a la detención preventiva radica aun en el Juez a quo, pese a existir acusación fiscal, puesto que la solicitud fue planteada antes de la remisión de los actuados al citado Tribunal de Sentencia, y no como entendió el Juez de garantías que con la sola remisión del expediente, el Juez demandado perdía competencia, criterio apartado de la jurisprudencia constitucional; por lo que, se llama la atención al Juez de garantías por no aplicar la jurisprudencia descrita precedentemente, por lo expuesto, corresponde conceder la tutela. Finalmente, sobre el Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, este cuenta con legitimación pasiva para ser demandado conforme se señala en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, cuando: “…la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos” (negrillas agregadas [SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril]); en el caso presente, el Secretario del citado Juzgado y funcionario de apoyo jurisdiccional, de acuerdo al art. 56.3 modificado por el art. 3 de la Ley 1173, podía decretar el señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva solicitada por el accionante dentro del plazo de veinticuatro horas de presentado por ser una providencia de mero trámite, al no hacerlo sometió indebidamente al peticionante de tutela a una dilación para resolver su situación jurídica, sin tomar en cuenta que se encuentra privado de su libertad; por lo que, también corresponde conceder la tutela en relación al Secretario codemandado. En cuanto a los derechos a la defensa, al debido proceso, a la vida y a la tutela judicial efectiva, no se ingresó a considerarlos, puesto que el accionante no describe de qué manera se los habría lesionado; por lo que, sin ingresar a mayores consideraciones respecto a estos derechos se deniega la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 20/2023 de 10 de marzo, cursante de fs. 17 a 18 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia; 1° CONCEDER la tutela solicitada, en relación al derecho a la celeridad, disponiendo que el Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del mismo departamento, CORRESPONDE DE LA SCP 0974/2025-S3 (viene de la pág. 17)

señale día y hora de audiencia para considerar la solicitud de cesación a la detención preventiva, salvo que ya se haya definido la situación jurídica del accionante; y, 2° DENEGAR respecto a los derechos a la defensa, al debido proceso, a la vida y a la tutela judicial efectiva, conforme lo expuesto en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0974_2025-S3.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): ec1f62cce5128474bd5b3ea31ef63dee80f69dede74ebb1de419ec337c71515b

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