Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 23 de octubre de 2023
Concede en parte la tutela
La accionante señaló como lesionados sus derechos al trabajo, a la vida y a seguridad social; toda vez que, ante la emisión del Memorándum JRRHH-MI-170-2023, suscrito por el ahora demandado, se dio por concluida su relación laboral de manera injustificada, dejándole a partir de esa fecha sin su fuente laboral, sin considerar su estado delicado de salud. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si lo alegado es evidente o no, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 161/2023 de 2 de agosto, cursante de fs. 172 a 178, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; en consecuencia; 1º CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que la Caja Nacional de Salud Regional La Paz, cancele el monto correspondiente al sueldo mensual pactado, desde el momento que fue dejado de percibir por la ahora accionante, hasta la conclusión del Contrato de Prestación de Servicios a Plazo Fijo C-6273/2022 de 17 de marzo de 2023; así como, los beneficios laborales y sociales que por ese mismo periodo le correspondan. Sea en el plazo de diez días a partir de su legal notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2º DENEGAR la tutela impetrada, en cuanto a la reincorporación, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0973/2023-S4 Sucre, 23 de octubre de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional Expediente: 57413-2023-115-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 161/2023 de 2 de agosto, cursante de fs. 172 a 178, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Wilma Mamani Flores contra Rubén Richard Mamani Condori, Administrador a.i. Regional de La Paz de la Caja Nacional de Salud (CNS).
Por memoriales presentados el 27 de junio de 2023, cursante de fs. 49 a 59; y el de subsanación de 11 de julio de igual año (fs. 62 a 66), la accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Suscribió su primer contrato a plazo fijo con la CNS Regional La Paz, del 14 de enero al 30 de junio de 2022, para cumplir las funciones de trabajadora manual; firmando un segundo contrato del 14 de noviembre al 30 de diciembre de igual año, bajo las mismas condiciones y funciones que el primer contrato. Al no generarse la continuidad de su relación laboral reclamó ante la Jefatura Departamental de Trabajo, el respeto de sus derechos laborales, solicitando su reincorporación a su fuente laboral, es así que dicha repartición señaló audiencia pare el 24 de enero de 2023, citando y emplazando a la institución demandada; última que no asistió a la audiencia fijada, implicando el reconocimiento tácito de la lesión a sus derechos fundamentales denunciados, tal como indica el art. 10 de la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales –1468 de 30 de septiembre de 2022–, que señala “la inconcurrencia de la empleadora o empleador o la falta de acreditación de su representante legal constituirá presunción de vulneración de los derechos laborales denunciados”, emitiéndose en consecuencia, la Resolución de Reincorporación laboral MTEPS-DNC-REDLAB-104-2023 de 13 de febrero, firmada por el Jefe Departamental de Trabajo de La Paz, de cuyo efecto, se suscribió un nuevo contrato de servicios desde el 17 de marzo de 2023, al 30 de junio del indicado año. Sin embargo, la CNS Regional de La Paz, presentó recurso de revisión ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, y en mérito a ello, se dictó la Resolución Ministerial 594/23 de 28 de abril, revocando la determinación de la mencionada Jefatura y rechazando la denuncia presentada, señalando además, que el Decreto Ley (DL) 16187 de 16 de febrero de 1979, determina que “no está permitido más de dos contratos sucesivos a plazo fijo. Tampoco están permitidos contratos a plazo en tareas propias y permanentes de la Empresa. En caso de evidenciarse esto por parte del empleador se dispondrá que el contrato se convierta en uno por tiempo indefinido”, citando, asimismo, la Resolución Administrativa (RA) 650/07 de 27 de abril de 2007, que indica que las tareas propias y permanentes son aquellas vinculadas al giro habitual o principal actividad económica de la empresa. Procediendo a notificarle el 31 de mayo de 2023, con el Memorándum JRRHH-MI-170-2023, por el que se le comunicó la resolución de contrato, sin considerar su delicado estado de salud, puesto que su persona padece de una enfermedad denominada Síndrome de Sjogren primario, que fue certificada por la médico de la CNS el 14 de junio de 2023 y si bien dicha enfermedad no genera discapacidad; empero, en el propio informe de la profesional de salud se estableció que requiere de “terapia inmoduladora” con tratamiento indefinido, debiendo acudir a controles periódicos por la especialidad; siendo su próximo control el 1 de septiembre de 2023, fecha en la que su persona ya no contaría con la cobertura del seguro de salud, en virtud de la resolución de contrato; consecuentemente, si bien no cuenta con carnet de discapacidad, no es menos cierto es que la enfermedad que padece es similar a otras enfermedades que requieren la atención especializada y modulada para evitar problemas posteriores en su salud, implicando que la interrupción de su tratamiento puede ser desencadenante de otras consecuencias que comprometan su vida.
La accionante señaló como lesionados sus derechos al trabajo, a la vida y a la seguridad social, citando al efecto los arts. 46 y 48 de la Constitución Política del Estado (CPE).
La impetrante de tutela, solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene dejar sin efecto el Memorándum JRRHH-MI-170-2023 y se proceda de manera inmediata a la reincorporación a la CNS Regional La Paz, al cargo que ocupaba y el pago de haberes devengados desde su destitución.
Celebrada la audiencia virtual el 2 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 166 a 171, presente la solicitud de tutela, la autoridad demandada y el tercero interesado, se produjeron los siguientes actuados:
La impetrante de tutela, mediante de su abogado en audiencia, ratificó los fundamentos contenidos en su memorial de acción de amparo constitucional, reiterando los mismos en la audiencia de consideración de la referida acción tutelar.
Rubén Richard Mamani Condori, Administrador Regional a.i. de La Paz de la CNS, a través de sus representantes legales, mediante informe escrito de 2 de agosto de 2023, cursante de fs. 95 a 97 y en audiencia, señaló que: a) La impetrante de tutela mencionó que a través de la Resolución de Reincorporación laboral MTEPS-DNC-REDLAB- 104-2023 de 13 de febrero, la Jefatura Departamental de Trabajo, resolvió instruir a la CNS Regional de La Paz, su inmediata reincorporación laboral, generándose en consecuencia el contrato de prestación de servicios desde el 15 de marzo al 30 de junio de 2023; b) La CNS Regional La Paz, en el marco de sus obligaciones, interpuso el Recurso de Revisión contra la Resolución de Reincorporación Laboral MTEPS-DNC-REDLAB- 104-2023, dictándose en consecuencia la Resolución Ministerial 594/23 de 28 de marzo; por la que, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, revocó totalmente la Resolución de Reincorporación mencionada; c) La Máxima Autoridad Administrativa Regional La Paz – CNS, emitió el Memorándum ADMR-M-977-2023 de 15 de mayo, a través del cual instruyó a la Jefatura de Recursos Humanos (RR.HH.) Regional La Paz, la resolución de contrato de Wilma Mamani Flores, en cumplimento a la Resolución Ministerial 594/23, generándose a partir de ello, el Memorándum JRRHH-MI-170-2023 de 31 de mayo; y, d) El ente gestor de Salud únicamente dio cumplimento a cada una de las Resoluciones emanadas del mencionado Portafolio de Estado, Resoluciones que gozan del principio de legalidad y presunción de legitimidad, por consiguiente, la CNS Regional de La Paz, carece de legitimación pasiva; no habiendo emitido acto lesivo alguno que restrinja, suprima o amenace los derechos reconocidos por la Norma Suprema y la ley en contra la accionante, consiguientemente solicitó se deniegue la tutela impetrada.
Verónica Patricia Navía Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de sus representantes Legales, en audiencia manifestó que, habiendo realizado un análisis de fondo los hechos señalados, estos no pueden ser resueltos por la Cartera de Estado a la que representa, ya que no está facultada para disponer la conversión de contratos a plazo fijo a uno indefinido, debiendo en todo caso, acudirse a la autoridad jurisdiccional competente; por ello, extraña que se le hubiera convocado como tercera interesada.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 161/2023 de 2 de agosto, cursante de fs. 172 a 178, denegó la tutela solicitada, basando su decisión en los siguientes fundamentos: 1) Ante la desvinculación laboral de contrato a plazo fijo por dos oportunidades, la impetrante de tutela recurrió a la Jefatura Departamental del Trabajo, donde se generó el señalamiento de audiencia, citación y emplazamiento a la autoridad demandada, CNS Regional La Paz, bajo la previsión y advertencia que en caso de inconcurrencia o falta de acreditación, se daría a lugar la presunción de vulneración de los derechos laborales denunciados, en mérito a lo cual, se emitió la Conminatoria de Reincorporación MTEPS-DNC-REDLAB-104-2023, que instruyó la reincorporación laboral de Wilma Mamani Flores –ahora accionante–; determinación contra la cual, la parte empleadora planteó recurso de revisión, conllevando a una Resolución Ministerial 594/2023, que revocó totalmente la Conminatoria señalada anteriormente, dando lugar al Memorándum JRHH-MI-170/2023, que comunicó la resolución de contrato, acto administrativo desplegado que no lesiona los derechos fundamentales o garantía constitucionales de la impetrante de tutela, más a aun, cuando de la evocación de aclaraciones solicitada a las partes se pudo advertir en respuesta de la autoridad demandada, que la hoy solicitante de tutela, dentro del recurso de revisión, de manera previa a la emisión del Memorándum JRHH-MI-170/2023, no solicitó a la autoridad demandada la estabilidad laboral por situaciones de salud y tampoco se procedió a establecer la conversión de su contrato de plazo fijo a uno indefinido, en tareas o faenas propias a la institución, como ser trabajadora manual, para que la misma tenga una respuesta adecuada o generar de ella un procedimiento administrativo, acudiendo directamente a esta acción de amparo constitucional; 2) Mediante informe presentado por la parte demandada, a través de su representante legal, se hizo notar la falta de legitimación pasiva, ya que no sería dicha autoridad quien habría emitido ningún acto lesivo en contra de la ahora accionante, debiendo en su caso, haberse demandado al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, quien únicamente fue convocado a esta acción tutelar como tercero interesado; 3) La parte accionante pudo haber activado un recurso idóneo o un acto procesal en un control de legalidad respecto a las actuaciones emitidas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; ya que esa Cartera de Estado no tiene facultad competencial, conforme así refiere en su informe, para establecer que la conversión de contrato a plazo fijo a uno definido, en este caso, sean dos o más y puedan automáticamente ser convertidos a un contrato plazo indefinido, puesto que deben ser establecidos con elementos y medios probatorios ante la autoridad que tiene la jurisdicción y competencia conforme los arts. 43 y 44 del Código Procesal del Trabajo (CPT); y, 4) El Memorándum JRRHH-MI-170-2023, no se constituyó en un acto definitivo, ya que contra dicho acto pudo haberse generado un procedimiento administrativo, dando lugar al principio de subsidiariedad, bajo la emisión de ese Memorándum, concurriendo una causal de improcedencia aceptada y consentida, al no haberse formulado en su oportunidad y eventualidad el recurso de revocatoria conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo o en observancia al Reglamento de la Caja Nacional de Salud.
CONCLUSIONES
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene primer contrato a plazo fijo de prestación de servicio C-2044/2022 de 29 de enero, entre la Caja Nacional de Salud y Wilma Mamani Flores, para cumplir las funciones de trabajadora manual en dicho ente gestor, con una vigencia del 14 de enero al 30 de junio de 2022 (fs. 8 a 9). II.2. Se tiene un segundo contrato a plazo fijo de prestación de servicio C-4261/2022 de 17 de noviembre, entre la Caja Nacional de Salud y la ahora accionante, para cumplir las funciones de trabajadora manual, iniciando el 14 de noviembre al 30 de diciembre del año descrito (fs. 11 a 12). II.3. Mediante Conminatoria de Reincorporación laboral MTEPS-DNC-REDLAB-104-2023 de 13 de febrero, emitida por Julia Elena Condori Montevilla, Jefa Departamental de Trabajo de La Paz, conminó a la reincorporación inmediata por estabilidad laboral de Wilma Mamani Flores, a la Caja Nacional de Salud, en las mismas condiciones anteriores al momento de su despido sin causa justificada, la misma comprende el pago de salarios devengados por el tiempo que duró la suspensión de la relación laboral y restitución de los derechos a laseguridad social a corto y largo plazo (fs. 16 a 18). II.4. En cumplimiento a la citada Conminatoria, la Caja Nacional de Salud suscribe el Contrato de Prestación de Servicio C-6273/2022 de 17 de marzo de 2023, trabajador eventual, reincorporación por orden del Ministerio de Trabajo Programa 72-02 (necesidad de servicio), entre la CNS y Wilma Mamani Flores, con funciones de trabajadora manual, y con una vigencia del 15 de marzo al 30 de junio de 2023 (fs. 14 a 15). II.5. Ante el planteamiento de recurso de revisión formulado por la Caja Nacional de Salud, se emitió la Resolución Ministerial 594/23 de 28 de abril de 2023, suscrita por Verónica Patricia Navia Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que resolvió revocar totalmente la Resolución de Reincorporación laboral MTEPS-DNC-REDLAB-104-2023, acto administrativo emitido por la Jefatura Departamental de Trabajo la Paz, correspondiendo rechazar la solicitud de reincorporación laboral interpuesta por la accionante (fs. 19 a 22). II.6. Cursa Memorándum JRRHH-MI-170-2023 de 31 de mayo, emitido por Rubén Richard Mamani Condori, Administrador a.i. Regional de La Paz de la CNS; por el que, resolvió revocar totalmente la Resolución de Reincorporación laboral MTEPS-DNC-REDLAB-104-2023; así como, el Memorándum ADMR-M-977-2023 emitido por la Administración Regional La Paz de 15 de mayo de igual año, en las que se instruyó asumir las acciones necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones insertas en el Informe Legal AL-I-753/2023 de 8 de mayo, con referencia a la revocatoria de reincorporación, comunicando a la ahora accionante la resolución del contrato C-6273/2022, emergente de la Resolución de reincorporación MTEPS-DNC-REDLAB-104-2023, ordenando el cumplimiento de sus funciones hasta el 31 de mayo de 2023, que será debidamente verificado mediante marcado de biométrico, estableciendo a su vez que la finalización de la relación laboral generará el pago de sus beneficios sociales en el plazo establecido por normativa vigente (fs. 3). II.7. Se tiene Certificado médico de 14 de junio de 2023, elevado por Mayde Montoya Falcón, medico Reumatóloga de la Caja Nacional de Salud, certificando que la impetrante de tutela de 43 años, se encuentra con los diagnósticos de “SINDROME DE SJOGREN PRIMARIO”, actualmente con terapia inmunomoduladora en forma indefinida, debiendo acudir a controles periódicos por la especialidad (fs. 5 a 6).
La accionante señaló como lesionados sus derechos al trabajo, a la vida y a seguridad social; toda vez que, ante la emisión del Memorándum JRRHH-MI-170-2023, suscrito por el ahora demandado, se dio por concluida su relación laboral de manera injustificada, dejándole a partir de esa fecha sin su fuente laboral, sin considerar su estado delicado de salud. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si lo alegado es evidente o no, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Al respecto, la SCP 1135/2016-S3 de 19 de octubre, estableció que: “El art. 5.II del Decreto Supremo (DS) 0012 de 19 de febrero, preceptúa lo siguiente: `La inamovilidad laboral no se aplicará en contratos de trabajo que por su naturaleza sean temporales, eventuales o en contratos de obra; salvo las relaciones laborales en las que bajo éstas u otras modalidades se intente eludir el alcance de esta norma…’. En ese marco, la SCP 0625/2016-S3 de 1 de junio, concluyó que: ‘…la ahora accionante se encontraba prestando funciones en la entidad pública demandada con una relación eventual, incluida dentro de la partida presupuestaria 12100 (trabajadores eventuales), conforme fue acreditado por la parte demandada; este hecho, determina que la accionante desde el inicio de su relación laboral conocía que la contratación era eventual y que tenía una fecha cierta y predeterminada; y por ello, si bien cuenta con inamovilidad laboral, este derecho en la circunstancia particular solo alcanza hasta la conclusión del plazo del contrato, pues no es posible que una relación eventual en el servicio público, pueda convertirse en indefinida, razón por la cual en el presente caso, no es posible conceder la tutela reclamada”. En armonía con los entendimientos expresados precedentemente, la SCP 0342/2021-S4 de 26 de julio, refirió que: “El ordenamiento jurídico que rige en nuestro país, otorga a las personas la potestad de obligarse entre sí y de regular la relación jurídica a través de la contratación, facultad que también está reconocida en una relación laboral, pudiendo incorporarse a los convenios que se celebren en este ámbito, otros derechos y obligaciones que no estén expresamente establecidos en la ley. Sin embargo; dicha atribución no es absoluta, al tener este tipo de relación contractual la naturaleza protectora del derecho al trabajo.
Bajo ese contexto; y, dentro del ámbito laboral, si bien los contratos constituyen una de las fuentes que crean derechos y obligaciones para quienes los celebran, es decir; que, concede a las personas jurídicas y naturales la posibilidad de obligarse entre sí y de regular los vínculos jurídicos que así lo requieran mediante la contratación; empero, dichas atribuciones de ninguna manera permiten el desconocimiento de los principios que rigen la actividad en materia laboral, entre ellos el principio protector con el que se pretende precautelar los derechos del trabajador como uno de los pilares de la relación laboral.
En ese entendido; si bien es cierto que, se ha señalado que todas las emergencias que resulten de la relación contractual entre el trabajador y la entidad pública, que por su naturaleza eventual deben sujetarse a las previsiones insertas en las propias cláusulas contractuales establecidas en el documento que dio origen al vínculo laboral; sin embargo, el contenido de aquellas cláusulas de ninguna manera puede importar una renuncia a los derechos reconocidos al trabajador por la Constitución Política del Estado y los Tratados y Convenios Internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad; en virtud a que, los mismos se encuentran vigentes, mientras subsista el contrato de trabajo; aún si en el documento contractual suscrito por el trabajador, estarían estipuladas convenciones en contrario que desconozcan los derechos de éste último.
Consiguientemente; al ser los derechos de los trabajadores irrenunciables, las cláusulas arbitrarias y discrecionales que dejen sin efecto o limiten los beneficios que la ley ha establecido en pro del trabajador, carecen de toda validez, relevancia y reconocimiento constitucional, entre tanto subsista la relación laboral; ya que, por la naturaleza de estos contratos, una vez concluido el vínculo contractual, aquellos derechos reconocidos y las obligaciones establecidas en éste, dejan de surtir sus efectos”.
La accionante señaló como lesionados sus derechos al trabajo, a la vida y a seguridad social; toda vez que, ante la emisión del Memorándum JRRHH-MI-170-2023, suscrito por el ahora demandado, se dio por concluida su relación laboral de manera injustificada, dejándole a partir de esa fecha sin su fuente laboral, sin considerar su estado delicado de salud. De los antecedentes que acompañan esta acción de defensa se tiene que la impetrante de tutela fue contratada por la CNS Regional de La Paz, por dos veces consecutivas, mediante contratos a plazo fijo de prestación de servicio C-2044/2022 de 29 de enero, con una vigencia del 14 de enero al 30 de junio de 2022 y C-4261/2022 de 17 de noviembre, con una vigencia del 14 de noviembre al 30 de diciembre del año descrito. Consecutivamente, y según los datos que arrojan las resoluciones que se adjuntan al memorial de acción de amparo constitucional; se advierte que, mediante memorial presentado el 3 de enero de 2023, ante la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz, la ahora solicitante de tutela de manera posterior al 30 de diciembre de 2022, refiere que no se le permitió su ingreso a su fuente laboral, considerando por ello, que fue ilegalmente desvinculada, afectando su derecho al trabajo y a la estabilidad laboral; respaldando su criterio, bajo el argumento de que los contratos laborales no tendrían el Visado por esa Cartera de Estado; que los mismos son a plazo fijo en tareas propias y permanentes, y que además sufre de enfermedad denominada Sialoadenitis Crónica (Síndrome de Sjogren), que requiere atención médica constante; circunstancias por las cuales solicitó su reincorporación a su fuente laboral. En conocimiento de la referida denuncia, la Inspectora de Trabajo emitió la Citación y Emplazamiento MTEPS-DNC-REDLAB-104-2022 de 11 de enero de 2023, señalando audiencia para el 24 de igual mes y año, empero, por Informe MTEPS-JDT LP-SPAT-106-INF/23 12023-00115 de 25 enero de 2023, la Inspectora de Trabajo dependiente de la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz, refirió que, en la fecha y hora señalada, no concurrieron los representantes de la CNS Regional La Paz, habiéndose presentado solamente Wilma Mamani Flores –ahora accionante–, por lo cual en aplicación del art. 10 de la Ley 1468, la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz dictó la Resolución de Reincorporación Laboral MTEPS-DNC-REDLAB-104-2023 -entendida en sus alcances como Conminatoria de Reincorporación Laboral-disponiendo la inmediata reincorporación laboral de la impetrante de tutela a la CNS, en las mismas condiciones anteriores al momento de su despido sin causa justificada, la misma comprende el pago de salarios devengados por el tiempo que duro la suspensión de la relación laboral y la restitución de los derechos a la seguridad social a corto y largo plazo. En cumplimiento a la citada Conminatoria, se suscribe el contrato C-6273/2022 de 17 de marzo de 2023, trabajador eventual, reincorporación por orden del Ministerio de Trabajo Programa 72-02 (necesidad de servicio), entre la Caja Nacional de Salud y Wilma Mamani Flores, con funciones de trabajadora manual, y con una vigencia del 15 de marzo al 30 de junio de 2023, contra esa determinación la Caja Nacional de Salud planteó recurso de revisión, que fue resuelto por Resolución Ministerial 594/23 de 28 de abril de igual año, emitida por Verónica Patricia Navia Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que revocó totalmente decisión objetada, rechazando en consecuencia, la solicitud de reincorporación laboral interpuesta por la hoy impetrante de tutela. En cumplimiento a la indicada Resolución Ministerial 594/23, y estando en plena vigencia el último contrato C-6273/2022 suscrito el 17 de marzo de 2023, como emergencia y cumplimiento de la Resolución de Reincorporación Laboral MTEPS-DNC-REDLAB-104-2023; el Administrador Regional de La Paz de la CNS, emitió el Memorándum JRRHH-MI-170-2023 de 31 de mayo; por el que, resolvió revocar totalmente la Resolución de Reincorporación Laboral MTEPS-DNC-REDLAB-104-2023, así como el “Memorándum ADMR-M-977-2023 emitido por la Administración Regional La Paz de fecha de 15 de mayo de 2023” (sic), comunicando a la ahora accionante la resolución del contrato C-6273/2022, y ordenando el cumplimiento de sus funciones hasta el 31 de mayo de 2023, que sería debidamente verificado mediante marcado de biométrico, estableciendo a su vez que la finalización de la relación laboral generará el pago de sus beneficios sociales en el plazo establecido por normativa vigente. Ahora bien, de los argumentos expuestos en la presente acción de defensa, previamente a ingresar al análisis propiamente dicho, corresponde precisar que la problemática a dilucidar en la presente acción tutelar, se centra en la interrupción del contrato de prestación de servicios a plazo fijo C-6273/2022, cuando éste se encontraba en plena vigencia, teniendo como fecha fija de conclusión de la relación laboral el 30 de junio de 2023; empero, el mismo fue interrumpido el 31 de mayo de igual año, con la notificación del Memorándum JRRHH-MI-170-2023 de 31 de mayo, sobre resolución de contrato, en tal contexto, a partir de dicho cuestionamiento se establecerá si existió o no la lesión a los derechos al trabajo y a la seguridad social. Con base en lo expresado, siendo aquel el parámetro para resolver la problemática venida en revisión, corresponde señalar que la finalidad y objeto de la acción de amparo constitucional, es el de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica reconocidos por la Constitución Política del Estado y la ley, contra actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos y particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir. En el caso concreto, además de haberse denunciado la lesión del derecho al trabajo, también se hizo referencia a la vulneración del derecho a la vida, en razón a su estado delicado de salud. A partir de ello, corresponde ingresar a analizar el hecho de que si bien se tiene la existencia de la Resolución Ministerial 594/23; por la cual, resolvió revocar totalmente la Resolución de Reincorporación Laboral MTEPS-DNC-REDLAB-104-2023 de 13 de febrero (Conminatoria) y rechazó la solicitud de reincorporación interpuesta por la hoy impetrante de tutela, no es menos evidente que, como efecto de dicha Conminatoria, vigente a la suscripción del nuevo contrato, se entabló una nueva relación laboral con fecha cierta y determinada; es decir, con fecha de inicio de 15 de marzo de 2023, hasta el 30 de junio de igual año; sin embargo, en plena vigencia y antes de su finalización, la entidad demandada, bajo el argumento de dar cumplimiento a la Resolución Ministerial citada, interrumpió la relación contractual con la accionante, estableciendo de manera unilateral un nuevo plazo de finalización del contrato, cual es el 31 de mayo de 2023, olvidando que al momento de la suscripción del contrato de prestación de servicios a plazo fijo C-6273/2022, ya se había pactado entre partes una fecha de conclusión de la relación laboral, misma que debió ser honrada, ya que los contratos constituyen una de las fuentes que crean derechos y obligaciones para quienes los celebran, regulando los vínculos jurídicos que así lo requieran mediante la contratación, no admitiéndose de ninguna forma el desconocimiento de los principios que rigen la actividad en materia laboral, entre ellos el principio protector con el que se pretende precautelar los derechos del trabajador como uno de los pilares de la relación laboral. En ese entendido, si bien la Resolución Ministerial dejó sin efecto la Conminatoria de reincorporación, no puede abstraerse la consideración de que en su vigencia se dio nacimiento a este último contrato, por ende, el plazo en él establecido, necesariamente debió ser cumplido hasta el último día pactado, es decir, hasta el 30 de junio de 2023, ya que por su naturaleza eventual, necesariamente debe sujetarse a las previsiones insertas en su propias cláusulas contractuales, aún si posteriormente, aquella conminatoria fuera dejada sin efecto, pues el vínculo laboral ya había nacido a la vida jurídica y debe surtir sus efectos de acuerdo a lo convenido. Finalmente, cabe aclarar que si bien se precautela el derecho al trabajo de la impetrante de tutela; empero, tomando en cuenta que el contrato suscrito finalizaba el 30 de junio de 2023, fecha que ya fue vencida, no es posible disponer su reincorporación, empero, queda reconocida la vigencia en cuanto al salario que le fue suprimido, debiendo la entidad demandada, de acuerdo al último Contrato de Prestación de Servicios a Plazo Fijo C-6273/2022, en lo concerniente al salario percibido por la solicitante de tutela, cancelar el monto correspondiente al sueldo mensual por el tiempo que dejó de percibir la trabajadora; es decir, por todo el mes de junio de 2023.
Consecuentemente, en virtud a la especial situación presentada y analizada por este Tribunal, en relación a los derechos que le asisten a la ahora accionante corresponde conceder la tutela impetrada, sin dar curso a su reincorporación. En cuanto al derecho a la vida, presuntamente lesionado por la entidad demandada; cabe señalar, que no se advierte documento alguno que diera razón de que la impetrante de tutela es parte de un grupo vulnerable como son las personas con discapacidad, de cuya consecuencia, el Tribunal Constitucional Plurinacional se ve impedido de analizar las connotaciones de fondo respecto al estado de salud de la prenombrada, no correspondiendo efectuar mayor pronunciamiento al respecto. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 161/2023 de 2 de agosto, cursante de fs. 172 a 178, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; en consecuencia; 1º CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que la Caja Nacional de Salud Regional La Paz, cancele el monto correspondiente al sueldo mensual pactado, desde el momento que fue dejado de percibir por la ahora accionante, hasta la conclusión del Contrato de Prestación de Servicios a Plazo Fijo C-6273/2022 de 17 de marzo de 2023; así como, los beneficios laborales y sociales que por ese mismo periodo le correspondan. Sea en el plazo de diez días a partir de su legal notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2º DENEGAR la tutela impetrada, en cuanto a la reincorporación, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0973_2023-S4.pdf · páginas 1 a 12.
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