Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 29 de agosto de 2023
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso -invocado también como garantía- en sus vertientes de defensa vinculada a la legalidad de la prueba, a la “libertad probatoria”, fundamentación y motivación, así como a los principios de seguridad jurídica; a la igualdad, a la presunción de inocencia -también como garantía- y afectación indirecta a la libertad, en razón a que: i) Los Jueces accionados, pese a que oportunamente presentó pruebas de descargo, por Resolución 101/2022 incurriendo en omisiones ilegales y arbitrarias, mediante la vía de exclusión probatoria confundida con la limitación probatoria, restringieron la posibilidad de que produzca la prueba en juicio oral de peritaje médico legal y de auditoría médico legal, aun de que, objetivamente expuso la necesidad, utilidad y pertinencia de su realización, pero a contrario solo se basaron en los arts. 171 del CPP y 73 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, interpretada más allá de su letra, negándosele la requerida producción de prueba pericial, cuando dicho precepto legal no otorga potestad de rechazar pericias, refiriendo las autoridades accionadas como único argumento que cuál sería la necesidad de producir las pruebas requeridas, haciendo una interpretación sesgada, sin seguir un hilo conductor de razonabilidad y logicidad ni establecer si las mismas serían excesivas o impertinentes, incumpliendo así con los arts. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.2 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 126/2022 de 21 de julio, cursante de fs. 152 a 157, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia:
1° DENEGAR en todo la tutela solicitada, conforme a los razonamientos desarrollados precedentemente y con la aclaración de que no se ingresó al fondo de la problemática constitucional alegada; y,
2° Exhortar a Heriberto Verónico Pomier Madriaga y Miryam Virginia Aguilar Rodríguez, Vocales de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por la razón expuesta en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0973/2023-S3 Sucre, 29 de agosto de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 49570-2022-100-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 126/2022 de 21 de julio, cursante de fs. 152 a 157, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Alex Abraham Callejas López contra Ingrid Geraldine Medina Blanco, Omar Dante Rocabado Imaña y Katty Loretta Viricochea Ríos, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 5 de julio de 2022, cursante de fs. 4 a 27, el accionante manifiesta lo siguiente:
Se encuentra siendo procesado de forma injusta por la presunta comisión del delito de feminicidio -seguido por el Ministerio Público y acusación particular de Ángel Mamani Yanarico y otras -hoy terceros interesados-, radicado ante el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, compuesto por Ingrid Geraldine Medina Blanco, Omar Dante Rocabado Imaña y Katty Loretta Viricochea Ríos -Jueces hoy accionados-, encontrándose en etapa de juicio oral en producción de pruebas de descargo.
Refiere que, por memorial de 14 de abril de 2021, presentó oportunamente pruebas de descargo proponiendo diez peritajes para llegar a la verdad histórica de los hechos, los cuales demostrarían de forma científica que su persona es inocente; sin embargo, los Jueces accionados a través de Resolución 101/2022 de 9 de junio y Auto “de vista” -complementario- de igual data, emitida ante la interposición de corrección de procedimiento conforme el art. 168 del Código de Procedimiento Penal (CPP), incurriendo en omisiones ilegales y arbitrarias mediante la vía de exclusión probatoria confundida con la limitación probatoria, restringieron la posibilidad de que produzca la prueba pericial identificada como el segundo peritaje médico legal con doce puntos de pericia y el tercer peritaje de auditoría médico legal con cinco puntos de pericia, cortándose de esta manera la posibilidad de producir prueba en juicio, pese a que, su defensa técnica objetivamente expuso la necesidad, utilidad y pertinencia de su realización, pero a contrario en la referida Resolución 101/2022 solo se basaron en los arts. 171 del CPP y 73 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, interpretada más allá de su letra, negándosele la requerida producción de prueba pericial, cuando dicho precepto legal no otorga potestad de rechazar pericias, refiriendo las autoridades accionadas únicamente un argumento trivial sobre cuál sería la necesidad de producir las pruebas requeridas, haciendo una interpretación sesgada, sin seguir un hilo conductor de razonabilidad y logicidad ni establecer si las mismas serían excesivas o impertinentes, incumpliendo así los arts. 124, 204, 209 y 349, todos del CPP.
Afirma que, tiene derecho a defenderse y demostrar la antítesis de los acusadores y ello es posible mediante pruebas que el Tribunal de la causa en su integridad tendrá que valorar para luego emitir una sentencia fundada y congruente, pero cómo se podría realizar el análisis bajo la sana critica conforme el art. 173 del CPP, cuando se prohíbe la realización de las antes referidas pericias médico legal y auditoria médico legal, siendo las más importantes dentro de su ofrecimiento de pruebas periciales, puesto que, la primera de las señaladas se la practicará al hecho fáctico y la segunda determinará si se siguieron los protocolos establecidos por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), considerando además que, es la única oportunidad procesal que tendrá para producir tales elementos probatorios como mecanismo de defensa, en consecuencia, con la negativa a su realización se le estaría condenando sin prueba alguna, ya que el Ministerio Público y la acusación particular -hoy tercera interesada- no tienen la verdad absoluta, por lo que las autoridades judiciales accionadas no tenían razón legal para rechazar la prueba pericial propuesta, siendo una limitación que de acuerdo con el art. 169 inc. 3) del CPP se constituye en un defecto absoluto no susceptible de convalidación.
Respecto, al Auto complementario de 9 de junio de 2022, emitido ante la corrección de procedimiento solicitada conforme al art. 168 del CPP, de la grabación en Cisco Webex, se tiene que al momento de efectuar esta solicitud ante el rechazo de producir prueba pericial, la misma fue resuelta únicamente por la Jueza Presidenta -hoy accionada-, por lo que no hubo quorum o consulta para emitir dicho pronunciamiento, actuando de manera arbitraria, cuando el voto de los demás integrantes del Tribunal de la causa hubiese podido ser diferente o no, siendo una decisión unitaria contraria al art. 52.I del citado Código, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-.
Finalmente, sostiene la existencia de un daño inminente e irreparable que posibilita la interposición de esta acción de amparo constitucional, por cuanto, de esperarse al recurso de apelación restringida y luego de casación, los derechos invocados serían conculcados, al ser el único momento de todas las etapas procesales para producir prueba y no así en ulteriores, por lo que existiría la inminencia de un daño a provocarse de no dejar que se realicen los peritajes ofrecidos como mecanismo de defensa, no pudiéndose esperar a agotar los recursos ya que sería la protección tardía, siendo necesario el resguardo inmediato, puesto que la lesión de sus derechos no puede ser acarreada hasta emitir sentencia, que por ende será causal de nulidad, por lo que existe la excepcionalidad a la improcedencia -subsidiariedad-, al constituirse la apelación restringida y la casación en un obstáculo formal para el resguardo eficaz e inmediata de la acción -tutelar-, así tampoco, existe otra vía que sea inmediata, eficaz y eficiente, al haber agotado en su momento los arts. 125 y 168 del CPP.
El accionante alega la lesión de sus derechos al debido proceso -invocado también como garantía- en sus vertientes de defensa vinculada a la legalidad de la prueba, a la “libertad probatoria”, fundamentación y motivación, así como a los principios de seguridad jurídica; a la igualdad, a la presunción de inocencia -también como garantía- y afectación indirecta a la libertad; citando al efecto los arts. 115, 116.I, 119, 178 y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.2 incisos c) y f) y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia se disponga: a) La ineficacia jurídica y se deje sin efecto la Resolución 101/2022; b) La producción de los peritajes médico legales y auditoría médico legal, aplicando a cabalidad el debido proceso con acceso a la defensa en la vertiente de producción de pruebas periciales, cumpliendo con los arts. 204, 209 y siguientes del CPP, bajo alternativa de responsabilidad; c) La prosecución de la tramitación de la causa penal en etapa de juicio oral, cumpliendo con la continuidad e inmediación de las pruebas periciales, como parte de la garantía del debido proceso que le es inherente en su calidad de acusado; d) En ejecución de fallos se establezca la responsabilidad civil con monto indemnizable a su favor en calidad de afectado de los actos ilegales y arbitrarios cometidos por los Jueces accionados; y, e) El pago de costas judiciales.
Celebrada la audiencia pública virtual el 21 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 141 a 151 vta.; presente el accionante asistido por sus abogados, así como los terceros interesados acompañados de sus abogados y ausentes los Jueces accionados, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela a través de uno de sus abogados, ratificó in extenso los argumentos expuestos en el memorial de la presente acción de defensa; y, ampliando señaló que, ante la ilegal y arbitraria Resolución 101/2022 activó el mecanismo pertinente dentro de la tramitación del proceso penal, al solicitar la explicación, complementación y enmienda, y, posteriormente interponer el incidente de corrección de procedimiento y saneamiento procesal, pidiendo en el fondo que se deje sin efecto dicha decisión y se admitan los dos peritajes rechazados de forma sui generis.
Ante las interrogantes de los Vocales de la Sala Constitucional, refirió que: 1) No interpuso el recurso de apelación restringida, en razón a que, la jurisprudencia constitucional moduló la presentación de las apelaciones incidentales en etapa de juicio oral, estableciendo que no puede suspender el mismo sino que solo se puede hacer reserva de apelación restringida; 2) No se interpuso recurso de reposición contra la Resolución 101/2022 porque no es una providencia de mero trámite; y, 3) Agotaron el principio de subsidiariedad, con la solicitud de corrección ante la existencia de defecto de procedimiento, con la finalidad del saneamiento.
Ingrid Geraldine Medina Blanco, Omar Dante Rocabado Imaña y Katty Loretta Viricochea Ríos, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, por informe escrito, cursante de fs. 36 a 38, ratificado por memorial que consta a fs. 136, refirieron que: i) En el proceso penal -del cual deviene esta acción de defensa- actualmente en el juicio oral se concluyó con la etapa de producción de la prueba testifical y documental, quedando pendiente la producción de la prueba pericial, otros medios de prueba y en caso de existir, prueba extraordinaria; ii) Al haberse retirado la prueba pericial ofrecida por la acusación particular, únicamente quedaba por considerar la ofrecida por el procesado -hoy accionante-, a cuyo efecto se señaló audiencia para el 9 de junio -de 2022-, en cuyo acto procesal su defensa -técnica- solicitó se acepten cinco de las diez pericias de descargo ofrecidas, siendo de conocimiento de la parte contraria y resuelta por Resolución 101/2022, por la que se dispuso aceptar dos de las pericias propuestas, con base en el art. 171 del CPP; es decir, si existe una justificación de la necesidad de producir la prueba pericial y no limitarse a la lectura de los puntos de pericia como lo hizo la defensa del acusado -ahora impetrante de tutela-, por otra parte, el art. 73 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, otorga la facultad de ordenar peritajes, lo que no significa que el Tribunal de la causa proponga prueba para uno y otro sujeto procesal, pues la dirección de la investigación le está asignada específicamente al Ministerio Público y lo dispuesto en dicha norma no es imperativo sino que está sujeto a la necesidad de que el caso así lo requiera, lo que lógicamente permite concluir en que las partes proponentes deben justificar la necesidad de la pericia a fin de no dilatar la tramitación del proceso penal; iii) Los arts. 209 y 279 del CPP, generan contradicción procesal, pues el primero habilita la posibilidad de que el Tribunal de la causa, acepte la proposición de pericias en etapa de juicio oral, en cambio el segundo, impide al Juez generar actos investigativos que comprometan su imparcialidad; ante ello a fin de que, no se alegue la vulneración de derechos, se permite la realización de pericias en juicio oral siempre que las mismas merezcan una justificación y no se trate de intentos de extender la duración del proceso penal; iv) El Auto Supremo (AS) 0272 de 4 de mayo de 2009, invocado por el peticionante de tutela, hace referencia a que el único límite en la presentación o producción de pruebas es que sea lícita, oportuna y pertinente; sin embargo, si el Tribunal -de sentencia- desconoce los fundamentos para considerar un medio probatorio como relacionado para la averiguación del hecho, de la personalidad del acusado o su responsabilidad, no puede deducirse su pertinencia; y, v) Respecto a la decisión unilateral en el Auto de corrección -se entiende de 9 de junio de 2022-, se debe considerar el art. 359 del CPP, del cual se colige que, no es obligación del Tribunal fundamentar sus votos de forma separada, por cuanto la decisión puede ser conjunta cuando exista acuerdo, siendo una norma de votación aplicable no solo a momento de dictar sentencia sino en cada decisión emitida en juicio oral; en el caso concreto, al existir pleno consenso la decisión fue pronunciada por la Jueza Presidente en audiencia con la presencia de los demás integrantes, prueba de ello, es la firma de todos ellos en el referido Auto, distinta sería la situación en la que alguno este en desacuerdo, aspecto que debe ser plasmado en actuados.
Ángel Mamani Yanarico, Lindaura Mamani Surco y Verónica Maura Mamani Surco, en audiencia a través de su abogado, manifestaron que: a) Existen los recursos contra toda resolución dictada en proceso penal en etapa de juicio oral, así se tiene el recurso de apelación conforme el art. 404 del CPP modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento dela lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, relacionado con el art. 396 inc. 1) del citado Código, entonces es evidente que existe un recurso oportuno; por lo que no concurre la excepción a la subsidiariedad, considerando el art. 407 del adjetivo penal relacionado con la apelación restringida, por lo que el accionante no puede saltar la línea recursiva, teniéndose a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0863/2021-S3, 0887/2021-S2 y 0279/2022-S3, así como el AC 0261/2021-RCA de 31 de diciembre; b) La excepción a la subsidiariedad solo es posible cuando no hay forma de reparar -la lesión- o cuando los recursos son tardíos, c) Existe contradicción en la petición de excepción al referido principio; d) No existe una sola norma en el adjetivo penal que establezca que la autoridad judicial debe aceptar ciegamente toda la prueba propuesta; e) Los Jueces -hoy accionados- utilizaron el art. 171 del CPP, conforme a lo cual dentro de las normas de exclusión probatoria pueden limitar la prueba cuando es manifiestamente excesiva e impertinente; y, f) Solicitó no se “otorgue” -lo correcto es deniegue la tutela- y que sean las autoridades judiciales las que analicen si hubo o no mala interpretación de la norma y una indebida decisión de exclusión probatoria.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 126/2022 de 21 de julio, cursante de fs. 152 a 157, concedió en parte la tutela impetrada, al advertirse afectación del debido proceso en los elementos de defensa, congruencia, motivación y fundamentación; y, denegó la tutela solicitada con relación a la solicitud de que se ordene que las autoridades judiciales accionadas dispongan la producción de los peritajes rechazados, vinculado con los derechos a la defensa y a la igualdad de las partes; ordenando en el marco de la tutela concedida, dejar sin efecto y valor legal la Resolución 101/2022, el Auto complementario de 9 de junio de 2022, así como la decisión vinculada a la petición de corrección de procedimiento planteada conforme el art. 168 del CPP; debiendo los Jueces accionados, sin necesidad de instalar audiencia, en el plazo máximo de setenta y dos horas siguientes a partir de su notificación con la Resolución 126/2022, proceder a emitir una nueva Resolución absolviendo los cuestionamientos presentados en audiencia de juicio oral por el Ministerio Público y la acusación particular, así como la respuesta brindada por el acusado -hoy accionante-, conforme a los aspectos extrañados. Determinación asumida bajo los siguientes fundamentos: 1) A tiempo de pronunciarse la Resolución 101/2022, las autoridades judiciales accionadas generaron un yerro en el derecho al debido proceso en sus elementos de defensa y congruencia externa, decantando en una explicación y motivación que no guarda armonía con el objeto de análisis en la audiencia de juicio oral, lo que importa concluir en la omisión de brindar la fundamentación y motivación respecto a la objeción y el incidente de exclusión probatoria planteado por la acusación particular -hoy tercera interesada-, por cuanto en audiencia de 9 de junio de 2022 se otorgó la palabra al acusado -ahora impetrante de tutela- a efecto de que pueda postular el ofrecimiento y consiguiente producción de los medios de prueba, se entiende periciales, ante ello, el Ministerio Público postuló objeción con el argumento de haber precluido, habiendo incluso los terceros interesados planteado incidente de exclusión probatoria en el marco del art. 172 del CPP, siendo corrido en traslado a la parte contraria -peticionante de tutela- para que se pronuncie respecto a estos planteamientos, habiendo respondido; sin embargo, en la señalada Resolución no se rigieron al tracto procesal que se estaba desarrollando, por cuanto hicieron mención a la última parte de la facultad otorgada por el art. 171 del citado Código y a la eventualidad de poder disponer la realización de medios de prueba en el marco del art. 73 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, pero emitieron tal determinación “en primera persona”, apartándose y omitiendo resolver y pronunciarse sobre los cuestionamientos planteados por el Ministerio Público y la acusación particular; 2) Se establece que en mérito del memorial presentado el 14 de abril de 2021, la parte accionante ofreció diez medios probatoritos periciales con la argumentación efectuada en ese escrito; 3) La omisión generada por los Jueces accionados configura el presupuesto de la relevancia constitucional, aspecto que incluso fue observado de forma posterior por el accionante en mérito al art. 168 del CPP, puesto que, independientemente de reclamar cuestiones de fondo, también observó el irregular procedimiento; y, 4) Respecto a la solicitud de disponer que las autoridades judiciales accionadas determinen la producción de los peritajes médicos legales y auditoría médico legal aplicando el debido proceso con acceso a la defensa vinculado con la igualdad del peticionante de tutela, no se puede acoger criterio de fondo, primero porque se advirtió que no se brindó respuesta congruente al objeto de análisis que se sustanció en la audiencia de 9 de junio de 2022; y, segundo, al ser temas vinculados al fondo del proceso penal, no pudiendo sobrepasar el límite del mecanismo de impugnación establecido por el legislador, referido al recurso de apelación restringida o anuncio de la misma en cuanto a la negativa de admisión de medio probatorio.
Por memorial cursante a fs. 158 y vta. el impetrante de tutela solicitó aclaración, enmienda y complementación, señalando que, se emita pronunciamiento respecto a la responsabilidad y costas judiciales en contra de los Jueces accionados, disponiéndose por la referida responsabilidad la suma de Bs.20 000.- (veinte mil bolivianos) a favor de su persona y la imposición de costas judiciales conforme a procedimiento y derecho.
Ante ello, por Auto cursante a fs. 159, los integrantes de la Sala Constitucional sostuvieron que, si bien se determinó conceder en parte la tutela solicitada, ello no implica que se deba calificar la responsabilidad civil y el pago de costas judiciales; no obstante, dado que la decisión asumida debe ser remitida en grado de revisión, el accionante puede reiterar lo extrañado de manera directa al Tribunal Constitucional Plurinacional, en consecuencia, declararon sin lugar a lo solicitado.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:
II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y acusación particular de Ángel Mamani Yanarico y otras -hoy terceros interesados-contra Alex Abraham Callejas López -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de feminicidio, en audiencia de juicio oral de 9 de junio de 2022, Ingrid Geraldine Medina Blanco, Omar Dante Rocabado Imaña y Katty Loretta Viricochea Ríos, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz -hoy accionados-, dictaron la Resolución 101/2022 de igual data, ante la solicitud de la defensa técnica del accionante de que se acepten las pruebas periciales de descargo propuestas, consistentes en cinco pericias; la objeción del Ministerio Público al respecto y la interposición de incidente de exclusión probatoria por la acusación particular, determinando: “...ACEPTA las pericias de infografía y planimetría forense y psicología forense propuesta por el señor Callejas pero rechaza las pericias propuestas en medicina legal y auditoría médico legal” (sic); ante lo cual inicialmente el abogado del accionante solicitó aclaración y complementación, que resuelta, seguidamente, generó la formulación de la solicitud de corrección procesal conforme el art. 168 del adjetivo penal, bajo el argumento -central- de existencia de error cometido al limitar la producción de la prueba pericial debidamente ofrecida por la defensa, que por Auto -complementario de 9 de junio de 2022- emitido por la Jueza Presidente del referido Tribunal -hoy accionada- fue declarada no ha lugar manteniendo la decisión asumida; siendo observado por la defensa técnica del peticionante de tutela en sentido que tal decisión habría sido emitida únicamente por Presidencia sin consulta alguna a los demás Jueces, por lo que no fue dictada por el colegiado; ante lo cual la indicada autoridad judicial señaló, en lo pertinente: “No se tiene presente ese aspecto pues todas decisiones que implican un análisis son asumidas entre los tres jueces...” (sic [fs. 39 a 54]).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso -invocado también como garantía- en sus vertientes de defensa vinculada a la legalidad de la prueba, a la “libertad probatoria”, fundamentación y motivación, así como a los principios de seguridad jurídica; a la igualdad, a la presunción de inocencia -también como garantía- y afectación indirecta a la libertad, en razón a que: i) Los Jueces accionados, pese a que oportunamente presentó pruebas de descargo, por Resolución 101/2022 incurriendo en omisiones ilegales y arbitrarias, mediante la vía de exclusión probatoria confundida con la limitación probatoria, restringieron la posibilidad de que produzca la prueba en juicio oral de peritaje médico legal y de auditoría médico legal, aun de que, objetivamente expuso la necesidad, utilidad y pertinencia de su realización, pero a contrario solo se basaron en los arts. 171 del CPP y 73 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, interpretada más allá de su letra, negándosele la requerida producción de prueba pericial, cuando dicho precepto legal no otorga potestad de rechazar pericias, refiriendo las autoridades accionadas como único argumento que cuál sería la necesidad de producir las pruebas requeridas, haciendo una interpretación sesgada, sin seguir un hilo conductor de razonabilidad y logicidad ni establecer si las mismas serían excesivas o impertinentes, incumpliendo así con los arts. 124, 204, 209 y 349, todos del CPP, cuando además es la única oportunidad procesal para producir los referidos elementos probatorios, conllevando la negativa que se le condene sin prueba siendo una limitación que de acuerdo con el art. 169 inc. 3) del precitado Código se constituye en un defecto absoluto no susceptible de convalidación; determinación que mantuvieron aun de la solicitud de corrección de procedimiento que formuló conforme el art. 168 del adjetivo penal; y, ii) El Auto de 9 de junio de 2022, pronunciado como efecto del planteamiento de corrección procesal, fue emitido únicamente por la Jueza Presidente, por lo que no hubo quorum o consulta para dictar el mismo, actuando de manera arbitraria, siendo una decisión unitaria contraria al art. 52.I del CPP modificado por la Ley 1173.
En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Respecto a este presupuesto de procedencia, la SCP 1165/2022-S3 de 5 de septiembre, señaló: [«En cuanto a ese tópico, establecido como causal reglada de improcedencia, la SCP 0397/2019-S1 de 19 de junio, precisó que: «Respecto a este presupuesto procesal-constitucional de procedencia de la acción de amparo constitucional, el AC 0054/2018-RCA de 15 de febrero, bajo la previsión normativa contenida en el art. 129 de la CPE, sostuvo que: “...la acción de amparo constitucional se activa siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados y podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial; así lo determina el AC 0196/2014-RCA de 7 de agosto, cuando señala que: ‘Se encuentra regida por los principios de subsidiariedad e inmediatez; el primero de ellos, referido a que las partes están obligadas a agotar todos los mecanismos de impugnación intraprocesales, previo a acudir a la jurisdicción constitucional; dado que se trata de una acción que no forma parte de los procesos ordinarios ni administrativos, y por ende, no es sustitutiva de otros medios o recursos legales; es decir, su finalidad no es sustituir o reemplazar mecanismos estipulados en el ordenamiento jurídico; y el segundo, consistente en el plazo de caducidad, que obliga a que se haga uso del mismo, dentro de los seis meses computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada con la última decisión administrativa o judicial.
Bajo ese marco jurídico, se entiende que quien considere que sus derechos fundamentales y/o garantías constitucionales fueron menoscabados o amenazados, debe previamente reclamar dicha lesión ante las autoridades judiciales o administrativas para su restablecimiento, agotando los mecanismos legales idóneos para el efecto, de manera que ésta pueda adoptar las medidas tendientes a prevenir o en su caso corregir la restricción o supresión alegadas, y en caso de no obtener la reparación alegada, entonces recién corresponderá trasladar su reclamo ante este órgano de justicia constitucional, dentro de los términos establecidos en las normas constitucionales’”»] (las negrillas nos corresponden).
de juicio oral
Sobre el particular, el precitado fallo constitucional -SCP 1165/2022-S3-precisó: «Sobre este tópico, la SCP 0911/2016-S2 de 26 de septiembre, siguiendo el lineamiento jurisprudencial asumido por la SCP 0180/2016-S2 de 29 de febrero, respecto al incidente de nulidad como medio idóneo para la corrección de actividad procesal defectuosa, y la apelación restringida como medio recursivo ante el eventual rechazo de dicho incidente en fase de juicio oral, estableció que: ‘“…la corrección de la actividad procesal defectuosa dentro de los procesos penales puede hacérsela por la vía incidental ante el juez cautelar en la etapa preparatoria o ante el Juez o Tribunal de Sentencia en el juicio oral, y, en su caso, a través del recurso de apelación restringida, recursos que deberán ser interpuestos con carácter previo, puesto que sólo ante el agotamiento de los mismos la jurisdicción constitucional (…) quedará abierta para el análisis y consideración de los actos u omisiones que impliquen lesión de los derechos y garantías constitucionales’.
La SC 1008/2010-R de 23 de agosto, complementando y modulando el precedente contenido en la SC 0636/2010-R de 19 de junio, sobre el derecho de impugnación contra las resoluciones judiciales que resuelven incidentes y/o excepciones cuando éstos son interpuestos en etapa de juicio oral, señaló que el medio de impugnación que tiene la parte es la reserva de la apelación restringida, a través del siguiente precedente:
‘En lo referente a la apelación de los incidentes en materia penal, se debe tener presente, que si bien estos, no se encuentran previstos en el art. 403 del CPP, y por tal razón los jueces y tribunales, han venido rechazando los diferentes medios de impugnación que se fueron interponiendo contra éstos en atención al art. 394 del CPP, a excepción de incidente de actividad procesal defectuosa, el mismo que si en etapa de juicio oral es declarado improcedente, debe hacerse reserva de apelación hasta una eventual apelación de la sentencia conforme previene el art. 407 del mismo Código, resguardando el principio de oralidad, inmediación, celeridad y otros que rige en materia penal; sin embargo, no es menos cierto que entre ambas terminologías existe una similitud por cuanto los incidentes son el género y las excepciones la especie, cuestiones accesorias que surgen al interior del proceso o con motivo de él, con la diferencia de que las excepciones se encuentran expresamente enumeradas en el Código de Procedimiento Penal (art. 308 CPP), en cambio los incidentes como tal si bien no se encuentran enumerados; sin embargo, están inmersas en alguno de sus articulados’. Concluyendo más adelante que ‘…todos los incidentes son objeto de apelación, cuyo trámite y medios de impugnación admitidos se equiparan a las excepciones, por ser ambas cuestiones accesorias que surgen al interior del proceso o con motivo de él, por ende, en los casos en que son interpuestos en juicio oral y sean declarados improcedentes debe hacerse reserva de hacer valer el derecho ante una eventual apelación restringida, en cuyo caso el proceso o juicio oral continúa, empero en los casos en que sea declarada probada y por tanto como efecto y lógica consecuencia paraliza el juicio oral, procede la apelación en la vía incidental’”» (las negrillas son nuestras).
Delimitado el marco del cuestionamiento formulado dentro de esta acción de defensa, a los fines de su resolución dentro de las dimensiones de su planteamiento, corresponde inicialmente contextualizar el mismo, así, de antecedentes cursantes en el expediente constitucional, se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y acusación particular de Ángel Mamani Yanarico y otras -hoy terceros interesados- contra el accionante por la presunta comisión del delito de feminicidio, en audiencia de juicio oral de 9 de junio de 2022, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz -hoy accionados-, dictaron la Resolución 101/2022, ante la solicitud de la defensa técnica del peticionante de tutela de que se acepten las pruebas periciales de descargo propuestas consistentes en cinco pericias; la objeción del Ministerio Público y; la interposición del incidente de exclusión probatoria por la acusación particular, determinando: “...ACEPTA las pericias de infografía y planimetría forense y psicología forense propuesta por el señor Callejas pero rechaza las pericias propuestas en medicina legal y auditoría médico legal” (sic); ante lo cual inicialmente el abogado del accionante solicitó aclaración y complementación, que resuelta, seguidamente conforme el art. 168 del adjetivo penal, generó la formulación de la solicitud de corrección procesal, bajo el argumento -central- de existencia de error cometido al limitar la producción de la prueba pericial debidamente ofrecida por la defensa, que por Auto de la misma fecha emitido por la Jueza Presidente del referido Tribunal -hoy accionada- fue declarado no ha lugar manteniendo la decisión asumida; siendo observado por la defensa técnica del impetrante de tutela en sentido de que tal decisión habría sido emitida únicamente por Presidencia del señalado Tibunal, sin consulta alguna a los demás Jueces, por lo que no fue dictada por el colegiado; ante lo cual la indicada autoridad judicial señaló, en lo pertinente: “No se tiene presente ese aspecto pues todas decisiones que implican un análisis son asumidas entre los tres jueces...” (sic [Conclusión II.1]).
Establecido el marco contextual de las reclamaciones constitucionales planteadas, corresponde ingresar a resolver cada una de ellas según sea pertinente.
Sobre la alegada ilegal y arbitraria Resolución 101/2022 y Auto derivado de la corrección de procedimiento planteado conforme el art. 168 del CPP -punto i) del objeto procesal-
El impetrante de tutela, denuncia que los Jueces accionados, pese a que oportunamente presentó pruebas de descargo, por Resolución 101/2022 incurriendo en omisiones ilegales y arbitrarias, mediante la vía de exclusión probatoria confundida con la limitación probatoria, restringieron la posibilidad de que produzca la prueba en juicio oral de peritaje médico legal y de auditoría médico legal, aun de que, objetivamente expuso la necesidad, utilidad y pertinencia de su realización, pero a contrario solo se basaron en los arts. 171 del CPP y 73 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, interpretada más allá de su letra, negándosele la requerida producción de prueba pericial, cuando dicho precepto legal no otorga potestad de rechazar pericias, refiriendo al respecto las autoridades accionadas únicamente un argumento trivial sobre cuál sería la necesidad de producir las pruebas requeridas, haciendo una interpretación sesgada, sin seguir un hilo conductor de razonabilidad y logicidad ni establecer si las mismas serían excesivas o impertinentes, incumpliendo así con los arts. 124, 204, 209 y 349, todos del CPP, cuando además es la única oportunidad procesal para producir los referidos elementos probatorios, conllevando la negativa que se le condene sin prueba siendo una limitación que de acuerdo con el art. 169 inc. 3) del precitado Código, se constituye en un defecto absoluto no susceptible de convalidación; determinación que mantuvieron aun de la solicitud de corrección de procedimiento que formuló conforme el art. 168 del adjetivo penal; lo cual incidiría en la vulneración de los derechos al debido proceso -invocado también como garantía- en sus vertientes de defensa vinculada a la legalidad de la prueba, a la “libertad probatoria”, fundamentación y motivación, así como a los principios de seguridad jurídica; y, a la igualdad, a la presunción de inocencia -también como garantía- y afectación indirecta a la libertad.
Identificado el objeto procesal deducido por el accionante, es pertinente recordar que la acción de amparo constitucional para su procedencia debe cumplir con ciertos presupuestos, encontrándose dentro de estos el principio de subsidiariedad, el cual tiene un marco de exigencia de índole constitucional y procesal, conforme a lo cual, y como se tiene establecido en los entendimientos jurisprudenciales glosados en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, a fin de la apertura del resguardo protectivo tutelar que brinda es necesario el agotamiento previo de las vías idóneas que el ordenamiento jurídico aplicable prevé y tiene diseñadas, las cuales deben ser utilizadas y superadas en todas sus fases procesales previamente a acudir a esta vía de defensa constitucional.
En este mismo enfoque del cumplimiento del indicado presupuesto de procedibilidad, a partir de los lineamientos desarrollados en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, se debe precisar que, ante cualesquier circunstancia que se considere implique una actividad procesal defectuosa por defectos absolutos -art. 169 del CPP-la misma debe ser denunciada a través del incidente de nulidad como medio idóneo para la corrección del entendido defecto procesal, debiendo complementar este razonamiento jurisprudencial con la validez enmendadora procesal del mecanismo de corrección -stricto sensu- establecido en el art. 168 del CPP, el cual se encuentra previsto para aquellos actos considerados defectuosos y que puedan ocasionar vicios en el proceso penal, así, la SCP 0141/2012 de 9 de mayo, estableció: “‘Artículo 168.- (CORRECCIÓN).- Siempre que sea posible el juez o tribunal, de oficio o a petición de parte, advertido el defecto deberá subsanarlo inmediatamente, renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo el acto omitido’. Esta normativa faculta tanto a la autoridad judicial como a las partes, para que de oficio, en el primer caso, o a petición de parte a través del incidente de actividad procesal defectuosa, en el segundo, se subsanen los defectos que pudieran sobrevenir durante la tramitación del proceso; es decir, la presente disposición procedimental, permite que a solicitud de parte o de oficio, la autoridad que hubiera ejecutado un acto durante la tramitación del proceso que pudiera ocasionar vicios o defectos en el proceso, podrá ser observada para su consiguiente rectificación o subsanación”; conforme a lo cual, ambas figuras procesales; es decir tanto la corrección a solicitud de parte como la interposición de un incidente de nulidad, contienen dentro de su medular connotación procesal la naturaleza reparadora ante la eventualidad de actividad procesal defectuosa, por lo que válidamente se constituyen en mecanismos que con carácter precedente a la interposición de la acción de amparo constitucional deben -de forma indistinta y conforme a la táctica procesal asumida- ser promovidos por la parte agraviada considerando el alcance de su afectación; de esta manera, en este contexto de permisibilidad y regulación normativa, es pertinente precisar además, que activado el mecanismo incidental tendiente a reclamar y corregir una posible actividad procesal defectuosa en fase de juicio oral, de no acogerse favorablemente el mismo, se tiene el medio recursivo idóneo de la reserva de apelación restringida, secuencia de agotamiento previo que debe ser cumplida a fin de pretender el análisis y consideración de la problemática medular por la jurisdicción constitucional.
A partir del referido contexto procesal, y siendo que el primer componente de reclamación constitucional de origen se encuentra relacionado con la emisión de la Resolución 101/2022, sobre la cual en lo sustancial se cuestiona la alegada indebida y arbitraria determinación de restricción de producción de prueba pericial de descargo en juicio oral, lo cual -enfatiza el accionante- conforme el art. 169 inc. 3) del CPP constituye en un defecto absoluto no susceptible convalidación; se deben aplicar los entendimientos jurisprudenciales y de composición normativa descrita precedentemente, en virtud a lo cual bajo el carácter subsidiario de esta acción de defensa, esta jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a efectuar el análisis de fondo sobre las cuestionantes puestas de manifiesto en torno a dicha determinación jurisdiccional, puesto que como se tiene razonado el ordenamiento jurídico procesal penal, dentro el diseño de mecanismos idóneos, establece para los casos de situación en la que se considere la existencia de defecto en la actividad procesal la posibilidad de activar sea el incidente respectivo, el cual puede enmarcarse dentro de la magnitud regulatoria sincronizada en su especificidad con el art. 169 del CPP, y respecto al cual se debe señalar que, siempre en el marco de la estrategia procesal asumida por la defensa del procesado, y pese al alcance de lesividad reclamado, tampoco fue activado como medio idóneo recursivo; o también el mecanismo de la corrección -propiamente dicha- previsto en el art. 168 del citado Código, con similar finalidad enmendadora procesal, mismo este último que además en el presente caso -dentro la referida estrategia procesal asumida- fue activado por el impetrante de tutela y cuyo resultado, en la verificación constitucional que corresponda, será abordado infra al ser el pronunciamiento que le devino también objeto de cuestionamiento tutelar; por lo que, en cuanto a este presunto acto lesivo no es posible ingresar al campo de acción de este medio constitucional ante la existencia de la vía idónea intra causa penal destinada -de corresponder- al restablecimiento de las denunciadas falencias procesales con incidencia en los derechos, garantías y principios invocados, que como se tiene advertido fue promovido.
Así, continuando con el examen constitucional, respecto al segundo componente de cuestionamiento constitucional que se encuentra relacionado con la presunta indebida disposición de mantener la vigencia de la determinación de restricción de producción probatoria pericial de descargo dispuesta por la Resolución 101/2022, pese a que solicitó corrección de procedimiento conforme el art. 168 del CPP, cabe precisar -tal cual se tiene desarrollado supra- que ante la determinación de subsistencia de la decisión judicial asumida en fase de juicio oral y observada bajo la figura procesal de la corrección que fue determinada no ha lugar, el acusado -hoy accionante- tenía a su vez, el medio recursivo idóneo de la reserva de apelación restringida; sin embargo, este mecanismo no fue activado, sino al contrario de ello, acudió directamente ante esta jurisdicción constitucional obviando asumir la secuencia impugnaticia que correspondía ante la promoción del mecanismo reparador y enmendador, que debió ser agotado previamente. Bajo tales razonamientos, se puede concluir en la imposibilidad de examinar en el fondo las denuncias constitucionales planteadas, al ser aplicable el principio jurídico-procesal de la subsidiariedad que rige a esta acción de defensa, debiéndose en su efecto denegar la tutela impetrada.
Con relación a la alegada unitaria emisión del Auto que resolvió la corrección de procedimiento solicitada, -punto ii) del objeto procesal-
Como parte de su reclamo, el peticionante de tutela alega que, el Auto pronunciado como efecto del planteamiento de corrección procesal, fue emitido únicamente por la Jueza Presidente -ahora accionada-, por lo que no hubo quorum o consulta para dictar el mismo, actuando de manera arbitraria, siendo una decisión unitaria contraria al art. 52.I del CPP modificado por la Ley 1173, lo que repercutiría en la lesión del debido proceso en su elemento de seguridad jurídica.
Al respecto y más allá de la relevancia constitucional que pueda tener el matiz de presunto defecto procesal denunciado, -ante la respuesta otorgada por la Jueza accionada sobre la decisión asumida de forma colegiada y la suscripción de la resolución por los tres jueces-; en la misma lógica de verificación del cumplimiento del presupuesto de procedibilidad de la subsidiariedad, se debe reiterar el razonamiento antes esbozado respecto al agotamiento previo de los mecanismos de defensa procesal penal, que como se tiene establecido y afianzado ante situaciones que podrían devenir en actividad procesal defectuosa, en la cual se enmarcaría el planteamiento de lesividad identificado, se tiene normada la conformación procesal de los arts. 168 y 169 del CPP, que -de acuerdo al diseño estratégico defensivo- debió previamente activarse y agotarse la sucesión recursiva atingente, de considerar el procesado, pese a la respuesta ya otorgada por la Jueza Presidenta del Tribunal, -hoy accionada-, que existiría o persistiría el alegado defecto procesal.
No obstante, esta exigencia procesal no fue asumida como correspondía emergiendo de la inacción reclamativa y recursiva la inobservancia del ampliamente considerado principio de subsidiariedad; por lo que en cuanto a este punto de cuestionamiento constitucional tampoco es posible conceder la tutela impetrada.
Consideración final procesal-constitucional
A manera de conclusión y aclaración aplicativa del asumido incumplimiento del principio de subsidiariedad, corresponde absolver el argumento expuesto por el accionante respecto a la existencia de daño inminente e irreparable que posibilita la interposición de esta acción de defensa, alegando que de esperarse al recurso de apelación restringida y luego de casación, los derechos invocados serían conculcados, al ser el único momento de todas las etapas procesales para producir prueba y no así en ulteriores, por lo que existiría la inminencia de un daño a provocarse de no dejar que se realicen los peritajes ofrecidos como mecanismo de defensa, no pudiéndose esperar a agotar los recursos ya que la protección sería tardía, siendo necesario el resguardo inmediato, puesto que la lesión de sus derechos no puede ser acarreada hasta emitir sentencia, que por ende será causal de nulidad, por lo que existe la excepcionalidad a dicho principio y, que tampoco existe otra vía que sea inmediata, eficaz y eficiente, al haber agotado en su momento los arts. 125 y 168 del CPP.
Al respecto, sobre la intencionalidad de que se aplique la excepción al principio de subsidiariedad en el comprendido de existir un daño inminente e irreparable y la inminencia de una protección tardía, no se acreditó objetivamente los componentes que sustente la misma, en razón, a que la alegada espera al recurso de apelación restringida y de casación, así como la condicionante de que la fase de juicio oral es el único momento para producir prueba, no constituyen dentro de la necesidad requerida elementos que permitan encasillar dentro de alguna de las circunstancias -señaladas precedentemente- ante cuya acreditación es posible hacer excepción al referido principio de procedibilidad de esta acción tutelar, puesto que, como se desarrolló a tiempo de resolver las denuncias constitucionales planteadas la posibilidad de reclamación ante una eventual actividad procesal defectuosa tiene dentro del diseño normativo penal mecanismos que adquieren idoneidad -arts. 168 y 169 del CPP-, con relación a los cuales la necesidad de agotamiento recursivo no puede per se entenderse como inidóneo o tardío, puesto que el mismo responde a la configuración procesal, que a contrario de lo afirmado por el accionante no fue culminado conforme correspondía, por lo que, no existe una causa fundada que permita dentro de los alcances del art. 54.II del Código Procesal Constitucional (CPCo) acoger la excepcionalidad requerida.
Analizadas y resueltas las problemáticas planteadas, este Tribunal dentro de la atribución establecida en el art. 202.6 de CPE, advierte que, siendo resuelta esta acción de defensa el 21 de julio de 2022, la misma fue remitida recién el 11 de agosto del mismo año -constancia Courier de fs. 164-; es decir, con posterioridad al plazo de veinticuatro horas establecido en los arts. 129.IV de la CPE y 38 del CPCo; razón por la que, corresponde exhortar a los integrantes de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a fin de que verifiquen el cumplimiento de los plazos procesales-constitucionales, que responden a la connotación protectiva de este tipo de mecanismo tutelar. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela impetrada, adoptó en parte la decisión incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.2 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 126/2022 de 21 de julio, cursante de fs. 152 a 157, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia:
1° DENEGAR en todo la tutela solicitada, conforme a los razonamientos desarrollados precedentemente y con la aclaración de que no se ingresó al fondo de la problemática constitucional alegada; y,
2° Exhortar a Heriberto Verónico Pomier Madriaga y Miryam Virginia Aguilar Rodríguez, Vocales de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por la razón expuesta en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0973_2023-S3.pdf · páginas 1 a 18.
Huella digital del PDF (SHA-256): 34641765617d50e8c47c7950e85f1d02da85ac3bb86ec7fb6b76288eff8e5414
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