Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 27 de agosto de 2025
Deniega la tutela
La parte accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus componentes motivación, fundamentación, congruencia e interpretación de la legalidad ordinaria; y, los principios de legalidad y seguridad jurídica; toda vez que, el Auto Supremo 793/2024 declaró indebidamente infundado su recurso de casación, debido a que: a) No se pronunció sobre la incorrecta interpretación y aplicación de los arts. 549.1 y 2; y, 554.I del CC, a partir de los cuales se concluyó que el proceso de nulidad por causa ilícita debía tramitarse mediante proceso de anulabilidad por falta de consentimiento; b) No expuso las razones por las cuales se reconfiguró su pretensión inicial de nulidad por causa ilícita a una de anulabilidad por falta de consentimiento; además, sostuvo que, aun si se hubiese planteado esta última, resultaría improcedente por la aplicación del principio de convalidación y la teoría de actos propios; y, c) No explicó si la aplicación del principio de convalidación y la teoría de actos propios, como argumentos para declarar improbado el proceso de nulidad por causa ilícita e improcedente un eventual proceso de anulabilidad por falta de consentimiento, se realizó como efecto de la corrección de una omisión o de una errónea valoración de la prueba del Juez a quo, que corrigió el Tribunal ad quem, y sobre qué elementos probatorios se llegó a tal deducción. Ante ello, las autoridades demandadas señalan que: 1) Sí se pronunciaron respecto al porqué era aplicable el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 0181/2024 de 28 de octubre, cursante de fs. 213 a 217 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0971/2025-S2 Sucre, 27 de agosto de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 68477-2024-137-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 0181/2024 de 28 de octubre, cursante de fs. 213 a 217 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Said Canelas Lozada en representación legal de Lincoln Antonio y Alan, ambos Campbell Balcázar contra Juan Carlos Berríos Albizu y José Antonio Revilla Martínez, entonces Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
Por memorial presentado el 27 de septiembre de 2024, cursante a fs. 1 y 64 a 83, la parte accionante, a través de su representante legal, manifiesta lo siguiente:
Heredaron -junto a otros familiares- de Tomas Campbell Soleto, un bien inmueble con una superficie final de 5497,45 m² inscrito ante la oficina del registro de Derechos Reales (DD.RR.) bajo Matrícula 7.01.1.06.0065349; seguidamente, el 12 de mayo de 2015, en virtud del mandato conferido por el Testimonio 516/2009 de 1 de octubre y anexado al Testimonio 586/2006 de 13 de abril, Milton Campbell Balcázar -tercero interesado- celebró un contrato de división y partición del referido bien inmueble; es así que, se distribuyeron 2172,70 m² entre los “demás herederos” y 3324,75 m² entre los hermanos “…Alan, Lincoln Antonio, Milton y Anamaría, todos Campbell Balcázar…” (sic [fs. 66]). Así, la extensión del bien inmueble fue dividido entre los hermanos Campbell Balcázar de la siguiente manera: a) El “Lote No 1” con una superficie de 1693,74 m² inscrito ante la oficina del registro de DD.RR. bajo Matrícula 7.01.1.06.0141196 a favor de Milton y Ana María Campbell Balcázar -terceros interesados-; el cual, fue transferido por el monto de $us750 000 (setecientos cincuenta mil dólares estadounidenses); y, b) El “Lote No 2” con una superficie de 1631,01 m² inscrito ante la oficina del registro de DD.RR. bajo matrícula 7.01.1.06.0141197 en su favor; el cual fue transferido por el monto de $us370 000 ( trescientos setenta mil dólares estadounidenses); por lo que, les correspondía el 50% de la venta del primer lote de terreno, estando dispuestos a reconocer -también- la mitad de la venta del segundo lote de terreno en favor de los prenombrados. No obstante, el mandante -Milton Campbell Balcázar- sólo tenía facultad para regularizar la cesión de áreas verdes en favor del municipio y solicitar la aprobación de planos de los terrenos antes descritos, mas no, “…PARA SUSCRIBIR CONTRATOS DE DIVISIÓN Y PARTICIÓN NI FIRMAR PROTOCOLOS, NI REPARTIR NI DIVIDIR LA HERENCIA, ni anexar el Testimonio 586/2006 al Testimonio 516/2009…” (sic [fs. 66]). Es por ello que, presentaron demanda civil de nulidad de contrato de división y partición; y, contrato de transferencia contra Milton y Ana María, ambos Campbell Balcázar, María Yolanda Moreno Alpire de Campbell, Elsa María Aguilera Cortez, Marcelo Alonzo Martínez Valverde, Luis Federico Ferrufino Cabrera y Karina Herbas Roca -todos terceros interesados-, a efectos de que estos sean declarados nulos “…por falta de las facultades aforo del apoderado…” (sic [fs. 66 vta.]); puesto que, se configuraron en negocios jurídicos con causa ilícita. En consecuencia, el Juez Público Civil y Comercial de la Capital del departamento de Santa Cruz, emitió la Sentencia 2/2023 de 21 de agosto, que declaró probada la demanda; y, en consecuencia, la nulidad de ambos documentos, sumada a la cancelación de los asientos A-1, A-2 y A-3 de la Matrícula 7.01.1.06.0141196; determinación que fue objeto del recurso de apelación, en virtud del cual, los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica Quinta del Tribunal Departamental del referido departamento, emitieron el Auto de Vista 28/2024 de 23 de febrero, que revocó la señalada determinación. Ante tal situación, plantearon recurso de casación, bajo los siguientes fundamentos: 1) Incorrecta aplicación de los arts. 549.1 y 2; y, 554.I del Código Civil (CC); puesto que, se señaló que el proceso debía sustanciarse bajo la figura de la anulabilidad y no de la nulidad, sin considerar que, la nulidad procede ante la ausencia de cualquiera de los requisitos para la formación y validez de un negocio jurídico; sumado a que, el caso no trató de un óbice en la falta de consentimiento, sino en la ausencia de facultades del mandante que celebró los negocios jurídicos cuestionados; además, en su memorial de contestación, los demandados -Milton y Ana María, Campbell Balcázar y, María Yolanda Moreno-confesaron que no se tenían las facultades para celebrar los contratos cuestionados y que tal suceso ocurrió por un error en la instructiva del poder que pretendieron subsanar con el Testimonio 1474/2005 de 12 de diciembre, el cual no podía ser utilizado al ser de una fecha anterior al Testimonio 516/2009; 2) Incorrecta valoración de la prueba conforme dispone el principio de unidad de la prueba; y, 3) Incorrecta interpretación de los institutos jurídicos de la nulidad y la anulabilidad; debido a que, no se encuentran frente a una falta de consentimiento, sino frente a transferencias originadas en un acto ilícito contrario al art. 811.II del CC. Al respecto, Juan Carlos Berríos Albizu y José Antonio Revilla Martínez, entonces Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia -ahora demandados-, emitieron el Auto Supremo 793/2024 de 18 de julio, que declaró infundado el recurso de casación, debido a que: i) Si bien el art. 554.I del CC califica la falta de consentimiento como una causal de anulabilidad y no de nulidad, ello no modifica que adecuaron su conducta a la teoría de actos propios; puesto que, el documento público de división y partición se utilizó para proceder con la venta de su inmueble, aceptando con ello el documento cuestionado, utilizando el mismo para tal transferencia y validándolo mediante su conducta; ii) Fue el Juez a quo quién omitió la valoración integral de la prueba, es así que, el Tribunal ad quem corrigió tal extremo, ya que, conforme la cláusula décimo tercera del contrato de transferencia que suscribieron, convalidaron el contrato de división y partición; iii) La pretensión de nulidad por causa ilícita es improcedente, porque no probaron los actos ilícitos que denuncian; y, iv) El reconocimiento inicial de la falta de poder para realizar los negocios jurídicos cuestionados carece de valor frente a los actos propios que los convalidaron. Sin embargo, dicha determinación: a) No se manifestó sobre el primer agravio planteado en su recurso de casación; b) No aclaró si el Juez ad quo incurrió en omisión o errónea valoración de la prueba, o ambas, ni se especificó que elementos probatorios coadyuvaron para llegar a tal deducción; c) No fundamento ni motivo las razones por las cuales no se pronunció sobre el primer agravio y la valoración de la prueba reclamados; d) Realizó una incorrecta interpretación y aplicación del art. 554.I del CC, ya que, plantearon su demanda con base en el art. 549 del citado Código; es decir, bajo la figura de la nulidad y no de la anulabilidad; e) Interpretó y aplicó la normativa civil de forma incorrecta transgrediendo con ello la legalidad y afectando sus intereses económicos; y, f) Causó un estado de inseguridad jurídica en sus personas respecto al tratamiento del proceso.
La parte accionante alega la lesión de su derecho al debido proceso en sus componentes motivación, fundamentación, congruencia e interpretación de la legalidad ordinaria; y, los principios de legalidad y seguridad jurídica; citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga: 1) Dejar sin efecto el Auto Supremo 793/2024 de 18 de julio; y, 2) La emisión de uno nuevo en resguardo al debido proceso.
Celebrada la audiencia pública virtual el 28 de octubre de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 196 a 212, se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional y, ampliando en audiencia de garantías, señaló que: i) Se vulneró el debido proceso en su componente congruencia externa, puesto que, no existió pronunciamiento sobre el agravio referido a la interpretación y aplicación de los arts. 549.1 y 2; y, 554 del CC; ii) Se vulneró el debido proceso en su componente interpretación de la legalidad ordinaria, de forma que, el caso ameritaba la aplicación el art. 554.I del CC, en virtud a que se demandó nulidad por causa ilícita y no anulabilidad por falta de consentimiento, aplicándose arbitrariamente la teoría de actos propios; y, iii) Se vulneró el principio de legalidad, porque se distorsionó una demanda de nulidad con una de anulabilidad.
Juan Carlos Berríos Albizu y José Antonio Revilla Martínez, entonces Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, por informe escrito cursante de fs. 139 a 154 vta., solicitaron se deniegue la tutela impetrada, bajo los siguientes argumentos: a) No se omitió responder al agravio sobre la interpretación y aplicación de los arts. 549.1 y 2; y, 554.I del CC, ya que, la autoridad judicial -se entiende el Tribunal de alzada- “…razonó que la cuestión no giraba en torno a la nulidad absoluta, sino a una eventual anulabilidad del acto jurídico…” (sic [fs. 145]), mismo que fue convalidado mediante la conducta posterior de la parte peticionante de tutela, a través de su participación activa en la suscripción de los mismos y su uso para consecuentes actos de transferencia, análisis que se realizó en resguardo de los principios de buena fe procesal, coherencia y los derechos de defensa y debido proceso previstos en el art. 115 de la CPE; y, b) La nulidad es procedente por contravenir de manera directa normas de orden público o versar sobre un objeto ilícito, lo cual no ocurrió en el caso, a raíz de que la parte accionante hizo uso del contrato cuestionado convalidándolo con sus propios actos, siendo improcedente el principio de verdad material cuando los prenombrados conocían y aceptaron la validez del Testimonio 516/2009, este comportamiento incluso fue analizado en virtud de tal principio por el cual se “…demuestra que la causal de anulabilidad es la correcta…” (sic [fs. 150]).
Elsa María Aguilera Cortez, Marcelo Alonzo Martínez Valverde, Luis Federico Ferrufino Cabrera y Karina Herbas Roca, por memorial cursante de fs. 91 a 93, a través de sus abogados y en audiencia de garantías, señalaron que: 1) Las autoridades demandadas aplicaron la teoría de actos propios, ya que, los impetrantes de tutela se beneficiaron y transfirieron el bien inmueble obtenido como efecto de la división y partición del cual alegan nulidad; 2) La pretensión de nulidad del Testimonio 516/2009, anexado al Testimonio 586/2006, para celebrar el contrato de división y partición de 2015, aludida por la parte peticionante de tutela no recae en una falta de capacidad, sino en una falta de consentimiento; por ende, en una causal de anulabilidad, conforme establecen el art. 554.I del CC; 3) El Auto Supremo 793/2024 aplicó correctamente la normativa sustantiva y procesal referida al caso, valoró correctamente las pruebas presentadas conforme a los criterios de la comunidad y unidad de la prueba, realizó una fundamentación y motivación conforme a tales aspectos y los principios de legalidad y seguridad jurídica; y, 4) Se explicaron las razones por las cuales, las pretensiones de nulidad no pueden ser admitidas, dado que, no se identificaron actos ilícitos ni conductas contrarias a la moral que justifiquen tal declaración. María Yolanda Moreno Alpire de Campbell no presentó memorial alguno ni participó de la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 192.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Resolución 0181/2024 de 28 de octubre, cursante de fs. 213 a 217 vta., concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo que las autoridades demandadas emitan una nueva resolución, con base en los siguientes fundamentos: i) Si bien los argumentos del Auto Supremo 793/2024, en una revisión a priori, contienen una estructura motivada, fundamentada y congruente, ya que, en su Considerando I, se exponen los antecedentes del proceso; en el Considerando II, se hace alusión a los términos del recurso de casación y sus contestaciones; en el Considerando III, se desarrolla in extenso la teoría de actos propios aplicables al caso y la valoración de la prueba; y, en el Considerando IV, se realiza el análisis de la aplicación de los arts. 549 y 554 del CC; para la aplicación de todo el desarrollo argumentativo “…tienen que deducir sobre la propia demanda principal…” (sic [fs. 216]); ii) El recurso de casación circundó en base a dos motivos: a) La errónea interpretación y aplicación del art. 554 del citado Código, así como de la incorrecta valoración de la prueba; y, b) La incorrecta interpretación de los institutos jurídicos de nulidad y anulabilidad, frente a los cuales se dio una respuesta conforme a la congruencia interna y externa, con prescindencia de si estas fueran correctas o no; iii) En virtud del principio de exhaustividad, se tiene que el Auto Supremo cuestionado resuelve el caso enmarcándose en los términos de los actos propios, que también fueron analizados en el Auto de Vista 28/2024; empero, para ello, debían considerar la pretensión de la demanda principal, puesto que, estos no condicen con el objeto del proceso; iv) Las autoridades demandadas solamente ingresaron a analizar la teoría de actos propios con base en sus propias deducciones y conclusiones, pero: 1) No ingresan a analizar dichos extremos en relación a las pruebas que consideraron que no se hubiesen valorado o que no se valoraron correctamente, tampoco mencionan las pruebas sobre las cuales llegaron a tales deducciones; 2) No explican por qué el instituto de la nulidad no se ajustaría a las condiciones legales de procedencia de la demanda planteada como lo hace el de la anulabilidad ni cuáles serían los términos de procedencia; y, 3) No aclaran por qué el consentimiento, como un acto propio, se antepone a un consentimiento que no se hubiese expresado en los documentos públicos cuestionados, para también aplicar sobre estos la teoría de actos propios aludidos; y, v) Si se pretendía ampliar la teoría de actos propios en este caso, la misma debía estar sustentada con base en la prueba diligenciada en el proceso y a la pretensión planteada en el mismo; es decir, la determinación de la ilicitud o no de una “…representación presuntamente no otorgada…” (sic [fs. 217]).
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 14 de julio de 2020, Lincoln Antonio y Alan, ambos Campbell Balcázar -hoy parte accionante-, plantearon demanda civil de nulidad de contrato de división y partición; y, contrato de transferencia contra Milton y Ana María, ambos Campbell Balcázar, María Yolanda Moreno Alpire de Campbell, Elsa María Aguilera Cortez, Marcelo Alonzo Martínez Valverde, Luis Federico Ferrufino Cabrera y Karina Herbas Roca -ahora terceros interesados- (fs. 4 a 10); en virtud de la cual, el Juez Público Civil y Comercial Decimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, emitió la Sentencia 5/2023 de 21 de agosto, declarando probada la demanda, disponiendo: i) La nulidad del contrato de división y partición, contenido en el “instrumento público” 189/2015 de 12 de mayo; ii) La nulidad del contrato de transferencia contenido en el “instrumento público” 495/2018 de 12 de junio; y, iii) La cancelación de las inscripciones ante el registro de la oficina de DD.RR. de la Matrícula 7.01.1.06.0141196 en los asientos A-1 de 15 de junio de 2015, A-2 de la misma fecha y A-3 de 14 de igual mes y año, retrotrayendo estos a la Matrícula madre 7.01.1.06.0065349 “…a favor de los herederos…” (sic [fs. 11 a 24 vta.]). II.2. Por memorial presentado el 6 de octubre de 2023, Marcelo Alonzo Martínez, Elsa María Aguilera Cortes y Karina Herbas Roca -terceros interesados-, interpusieron recurso de apelación contra la Sentencia 5/2023 (fs. 25 vta. a 39); ante el cual, los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitieron el Auto de Vista 28/2024 de 23 de febrero, revocando la resolución recurrida y declarando improbada la demanda planteada por la parte impetrante de tutela (fs. 40 a 45). II.3. A través de memorial presentado el 16 de abril de 2024, la parte peticionante de tutela interpuso recurso de casación contra el Auto de Vista 28/2024 (fs. 46 a 50); frente al cual, Juan Carlos Berríos Albizu y José Antonio Revilla Martínez, entonces Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia -ahora demandados-, emitieron el Auto Supremo 793/2024 de 18 de julio, declarando infundado el mismo (fs. 51 a 59 vta.).
La parte accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus componentes motivación, fundamentación, congruencia e interpretación de la legalidad ordinaria; y, los principios de legalidad y seguridad jurídica; toda vez que, el Auto Supremo 793/2024 declaró indebidamente infundado su recurso de casación, debido a que: a) No se pronunció sobre la incorrecta interpretación y aplicación de los arts. 549.1 y 2; y, 554.I del CC, a partir de los cuales se concluyó que el proceso de nulidad por causa ilícita debía tramitarse mediante proceso de anulabilidad por falta de consentimiento; b) No expuso las razones por las cuales se reconfiguró su pretensión inicial de nulidad por causa ilícita a una de anulabilidad por falta de consentimiento; además, sostuvo que, aun si se hubiese planteado esta última, resultaría improcedente por la aplicación del principio de convalidación y la teoría de actos propios; y, c) No explicó si la aplicación del principio de convalidación y la teoría de actos propios, como argumentos para declarar improbado el proceso de nulidad por causa ilícita e improcedente un eventual proceso de anulabilidad por falta de consentimiento, se realizó como efecto de la corrección de una omisión o de una errónea valoración de la prueba del Juez a quo, que corrigió el Tribunal ad quem, y sobre qué elementos probatorios se llegó a tal deducción. Ante ello, las autoridades demandadas señalan que: 1) Sí se pronunciaron respecto al porqué era aplicable el art. 554.I y no el 549.1 y 2 del CC; puesto que, el objeto del proceso giró en torno a la falta de facultades del mandante en la suscripción de los contratos cuestionados, extremos que, recaen en una cuestión de falta de consentimiento y no de causa ilícita; 2) Se expuso que no correspondía sustanciarse un proceso de nulidad por causa ilícita, sino uno de anulabilidad por falta de consentimiento; empero, aun así, debido al contrato de transferencia que la parte accionante suscribió con base en los negocios jurídicos cuestionados, era aplicable el principio de convalidación y la teoría de actos propios; y, 3) Se explicó que el Juez a quo omitió y valoró incorrectamente que la parte impetrante de tutela utilizó el contrato de división y partición cuestionado para proceder con la transferencia de la fracción de su bien inmueble; es así que, el Tribunal ad quem corrigió tal situación, evidenciando que la parte peticionante de tutela, con su conducta, convalidó la ausencia de las facultades del mandante, siendo aplicables el principio de convalidación y la teoría de actos propios. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto la SCP 0111/2015-S3 de 20 de febrero, señaló que: “...En ese contexto, es una obligación para toda autoridad judicial y/o administrativa, a tiempo de resolver todos los asuntos sometidos a su conocimiento, exponer las razones suficientes de la decisión adoptada acorde a los antecedentes del caso en relación a las pretensiones expuestas por el ajusticiado o administrado, en razón a que el omitir las explicaciones por las cuales se arribó a una determinada Resolución, implica suprimir una parte estructural de la misma. Ahora bien, ese deber de fundamentación y motivación está relacionado con el cumplimiento de otros presupuestos que la hacen válida, siendo uno de ellos, emitir el fallo conforme al principio de congruencia, el cual importa, no sólo que no puede emitirse un pronunciamiento sobre aspectos que no fueron solicitados, sino también que debe existir una estricta correspondencia, entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conllevando a que exista coherencia en todo el contenido del fallo, es decir, entre la parte considerativa y lo resuelto, así, como unidad de criterio entre cada aspecto considerativo, criterios que obligan a la autoridad con facultades de decisión, dictar fallos motivados, congruentes y pertinentes” (el énfasis es agregado). Por otra parte, la SCP 1083/2014 de 10 de junio, estableció que sumado a la exigencia de la motivación y fundamentación: “la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión” (Las negrillas y el subrayado nos corresponden).
La parte accionante heredó -junto a otros familiares- de Tomas Campbell Soleto, un bien inmueble, y el 12 de mayo de 2015, en virtud del mandato conferido por el Testimonio 516/2009 de 1 de octubre y anexado al Testimonio 586/2006 de 13 de abril, el tercero interesado -Milton Campbell Balcázar- celebró un contrato de división y partición del referido bien inmueble, distribuyendo el mismo entre los hermanos Campbell Balcázar, cuando sólo tenía facultades para regularizar la cesión de áreas verdes en favor del municipio y solicitar la aprobación de planos de los terrenos; es decir, suscribió el referido negocio jurídico sin tener facultades para realizarlo; empero, la parte impetrante de tutela transfirió el “Lote No 2” que se le asignó, en favor de los terceros interesados -Elsa María Aguilera Cortez, Marcelo Alonzo Martínez Valverde, Luis Federico Ferrufino Cabrera y Karina Herbas Roca-, venta que no desconocen en su demanda civil de nulidad de contrato de división y partición; y, contrato de transferencia; y, que fue declarada nula en la Sentencia 2/2023 de 21 de agosto (Conclusión II.1); sin embargo, planteado el recurso de apelación, el Auto de Vista 28/2024 de 23 de febrero revocó dicha determinación, argumentado que, con la venta realizada se convalidó la división y partición cuestionada (Conclusión II.2); y, ante la presentación del recurso de casación, el Auto Supremo 793/2024 de 18 de julio lo declaró infundado (Conclusión II.3), decisión que -según la parte peticionante de tutela- vulneró sus derechos y garantías constitucionales. Ahora bien, con relación al primer punto reclamado, revisado el memorial del recurso de casación presentado por la parte accionante, se cuestionó la interpretación y aplicación de los arts. 549.1 y 2; y, 554.I del CC desarrolladas en el Auto de Vista 28/2024; no obstante, se lo hizo en torno a distinguir las causales de procedencia de los institutos jurídicos de nulidad y anulabilidad, señalando que, el primero se presenta cuando falta alguno de los elementos de validez del negocio jurídico, ante lo cual, se determina su ineficacia. Es así que, la ausencia de las facultades conferidas al mandante -Milton Campbell Balcázar- en el Testimonio 516/2009 anexado al Testimonio 586/2006, en virtud de los cuales, se suscribieron los contratos de división y partición y de transferencia cuestionados, excederían las facultades que le fueron conferidas, contrariando lo dispuesto por el art. 811.II del citado Código; extremo que recaería en la celebración de negocios jurídicos con causa ilícita; es decir, dicho aspecto constituiría una causal de nulidad y no en una de anulabilidad por falta de consentimiento. Al respecto, revisado el Auto Supremo 793/2024, este señaló que tal agravio fue evaluado por el Tribunal ad quem a momento de emitir el Auto de Vista 28/2024, el cual concluyó que la ausencia de facultades del mandante para celebrar los negocios jurídicos de división y partición y de transferencia cuestionados, recaen en una “posible” aplicación de la causal de falta de consentimiento; por lo que, fuese aplicable el art. 554.I del CC; es decir, que correspondía su sustanciación vía proceso de anulabilidad por falta de consentimiento y no de nulidad por causa ilícita; no obstante, además, refirió que: “…a pesar de que la pretensión de los demandantes fuese postulada de manera correcta, la misma queda sin efecto debido a que los demandantes convalidaron el acto que pretendían anular” (sic [fs.
56]); ya que, la parte impetrante de tutela habría utilizado el contrato de división y partición para proceder con “…la venta de la parte que obtuvieron con esta…” (sic [fs. 59]), haciendo aplicable el principio de convalidación y la teoría de actos propios; aspectos que, no fueron cuestionados ni desvirtuados en el recurso de casación. En consecuencia, conforme se establece en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, es evidente que existió un pronunciamiento sobre el agravio extrañado; empero, el mismo se limitó a lo reclamado por la parte peticionante de tutela; por lo que, respecto a este punto, no se evidencia incongruencia externa ni falta de fundamentación; por ello, sobre este extremo no corresponde conceder la tutela solicitada. Siguiendo ese tenor, con relación al segundo punto reclamado, la parte accionante sostiene que no se expusieron las razones por las cuales se reconfiguró su pretensión de nulidad por causa ilícita a una de anulabilidad por falta de consentimiento; por lo cual, se determinó que debía sustanciarse esta última; empero, aún ésta se hubiese instaurado, resultaría improcedente, bajo el principio de convalidación y la teoría de actos propios. Al respecto, se tiene que, revisados los antecedentes que cursan en el expediente constitucional, si bien el Auto de Vista 28/2024 incorporó el análisis de la falta de consentimiento como causal de anulabilidad dentro del proceso de nulidad por causa ilícita; además de la improcedencia de la misma como efecto de la aplicación del principio de convalidación y la teoría de actos propios, en ninguno de los argumentos del recurso de casación interpuesto por la parte impetrante de tutela contra tal determinación se cuestionó que se haya reconfigurado su pretensión inicial ni mucho menos se desvirtuaron los argumentos por los cuales el referido Auto de Vista procedió a dicho análisis, sólo señaló que: “…no se puede convalida[r] una transferencia originada en un acto ilícito, consiguientemente surge la viabilidad de la nulidad de un contrato de venta de inmueble por hechos fraudulentos que dañan la ética, la moral y las buenas costumbres…” (sic [fs. 49]). Es así que, la parte peticionante de tutela, recién en su memorial de acción de amparo constitucional, refirió que el Tribunal ad quem: “…se ha salido de los márgenes de la demanda interpuesta en la que hizo conocer de forma categórica…” (sic [fs. 79 vta.]) los hechos por los cuales se evidenciaría una causa ilícita en los negocios jurídicos cuestionados que darían lugar a la procedencia de su pretensión de nulidad y, por ende, que no era aplicable el principio de convalidación ni la teoría de actos propios. Sumado a ello, de forma incluso posterior, en audiencia de garantías cuestionó que “…han distorsionado el contenido de la demanda para considerar un tema de anulabilidad cuando el fondo trataba de un tema de nulidad…” (sic [fs. 202]).
En consecuencia, al no plantearse este reclamo a tiempo de interponerse el recurso de casación contra el Auto de Vista 28/2024, no se agotó el principio de subsidiariedad establecido en el art. 129.I de la CPE, que al respecto condiciona la procedencia de la demanda de amparo constitucional a que: “…no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados” para ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada en este punto. Continuando con ese tenor, con relación al tercer punto reclamado, la parte accionante sostiene que el Auto Supremo 793/2024 no explicó si la aplicación del principio de convalidación y la teoría de actos propios, por los cuales se declaró improbado el proceso de nulidad por causa ilícita y se determinó la improcedencia de un eventual proceso de anulabilidad por falta de consentimiento, se realizó con base en la corrección de una omisión o errónea valoración de la prueba en la que habría incurrido el Juez a quo en la Sentencia 5/2023 de 21 de agosto; aspectos que, a criterio de las autoridades demandadas, fueron rectificados por el Tribunal ad quem en el Auto de Vista 28/2024, y sobre qué elementos probatorios se llegó a tal deducción. Sobre el punto, el Auto Supremo 793/2024 señala que, de los antecedentes del proceso principal, “…existe un documento de transferencia definitiva (ver fs. 82 a 84) del inmueble…” (sic [fs. 56 vta.]) que se le asignó a la parte impetrante de tutela como efecto del contrato de división y partición cuestionado, suscrito entre los prenombrados y los terceros interesados -Elsa María Aguilera Cortez, Marcelo Alonzo Martínez Valverde, Luis Federico Ferrufino Cabrera y Karina Herbas Roca-; en el cual, en su cláusula segunda, reconocen el contrato de división y partición que se realizó “…mediante documento público N° 189/2015 de fecha 12/05/2015…” (sic [fs. 57]), transferencia que, a su vez, fue reconocida en sus firmas y rúbricas, tal como se evidenciaría en el “…Formulario N° 0607744, que se encuentra arrimado en el expediente (ver fs. 85) como prueba aportada por los demandantes…” (sic [fs. 57]); documental que, el Juez a quo evitó valorar en la decisión principal del caso, argumentando que, ya fue considerado cuando analizó “…las excepciones [de citación de evicción] planteadas…” (sic [fs. 57 vta.]) -se entiende, interpuestas por los terceros interesados en la etapa de los actos de postulación (demanda, contestación y excepciones) del proceso ordinario-; y, que el Tribunal ad quem corrigió aplicando “…el principio de verdad material y a una correcta valoración probatoria…” (sic [fs. 59]). De todo ello, se evidencia que el Auto Supremo 793/2024 explicó por qué existió una omisión -en la decisión del caso- y una errónea valoración -en la decisión de la excepción de citación de evicción- probatoria en la sustanciación del proceso de nulidad por parte del Juez a quo, que fue corregida por el Tribunal ad quem; ya que, cursaría un contrato de transferencia del bien inmueble asignado a la parte peticionante de tutela como efecto del contrato de división y partición sobre el cual instauró el proceso de nulidad por causa ilícita, negocio jurídico por el cual, los prenombrados dispusieron la parte del bien inmueble que se les asignó como efecto de la división y partición del mismo, en favor de los terceros interesados; y, con ello, convalidaron la ausencia de las facultades del mandante que celebró la cuestionada división y partición, dando lugar a la aplicación del principio de convalidación y la teoría de actos propios. En consecuencia, conforme se establece en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, se evidencia que el Auto Supremo 793/2024 explicó que la aplicación del principio de convalidación y la teoría de actos propios en el Auto de Vista 28/2024 se realizó con base en la corrección de la omisión y errónea valoración de la prueba en la que incurrió el Juez a quo que rectificó el Tribunal ad quem; por lo que, respecto a este punto, no se evidencia incongruencia interna ni falta de motivación, por ello, no corresponde conceder la tutela solicitada al respecto. Finalmente, en cuanto a la presunta lesión de los principios de legalidad, respecto al cual la parte accionante refiere que se están afectando sus intereses económicos; y, de seguridad jurídica, sobre el cual, la parte impetrante de tutela señala que se le generó un estado absoluto de inseguridad jurídica, estos no merecieron mayor fundamentación a efectos de constatar su eventual vulneración, más aún cuando los mismos se vincularon estrictamente a los puntos anteriormente analizados, por lo cual, no corresponde realizar mayor análisis al respecto. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 0181/2024 de 28 de octubre, cursante de fs. 213 a 217 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0971_2025-S2.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1f8acde813893ef42b7ce8564b40bbab91c4aeedc7ca059dab8b198cb6cfec5c
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