Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 26 de agosto de 2025
Concede la tutela
El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, por cuanto, en el proceso penal seguido en su contra a instancia del Ministerio Público por la presunta comisión del delito de abuso sexual agravado, mediante Auto Interlocutorio de 19 de febrero de 2023, se dispuso su detención preventiva y ante el recurso de apelación interpuesto, el Auto de Vista de 14 de marzo del mismo año dispuso la procedencia del recurso, dejando sin efecto el Auto Interlocutorio apelado, sin ordenar su libertad, pese a reiterar tal solicitud mediante complementación al Tribunal de alzada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 15 de marzo de 2023, cursante de fs. 69 vta., a 72 vta., pronunciada por la Jueza de Ejecución Penal Segunda del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos que la Jueza de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0970/2025-S3 Sucre, 26 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 54350-2023-109-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 15 de marzo de 2023, cursante de fs. 69 vta., a 72 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Fabricio Elioth Flores Márquez, en representación sin mandato de Abraham Vicente Camacho contra Delina Irma Zurita Herbas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Por memorial presentado el 14 de marzo de 2023, cursante de fs. 1 a 3 vta., el accionante a través de su representante manifestó que:
Dentro del proceso penal seguido en su contra a instancia del Ministerio Público por la presunta comisión del delito de abuso sexual, por Auto Interlocutorio de 19 de febrero de 2023, el Juez de Instrucción Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, dispuso su detención preventiva, por lo que el 22 de marzo del mismo año interpuso recurso de apelación incidental contra el referido Auto. En la audiencia de consideración del indicado recurso de apelación de 14 de marzo del mencionado año, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió el Auto de Vista de la misma fecha, disponiendo la procedencia del recurso de apelación incidental, dejando sin efecto el Auto Interlocutorio apelado. Sin embargo, no dispuso su libertad manteniendo la detención preventiva, pese a haber reiterado su solicitud vía complementación, ante lo cual el Tribunal de alzada dispuso mantener la decisión asumida.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, citando al efecto los arts. 22 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y al haberse anulado el Auto Interlocutorio de 19 de febrero de 2023, se disponga su libertad inmediata.
Celebrada la audiencia pública virtual el 15 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 68 a 69 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar.
Delina Irma Zurita Herbas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por informe escrito presentado el 15 de marzo de 2023, cursante a fs. 11 a 13, solicitó se deniegue la tutela impetrada en mérito a los siguientes argumentos: a) La interpretación de la legalidad ordinaria, corresponde al Juez de la causa, no pudiendo ser realizada por la Jueza de garantías, como pretende el solicitante de tutela. Además que omitió exponer el nexo causal entre el derecho denunciado y a partir de qué acciones y/o fundamentos se vulneró tal derecho; y, b) Si bien se dejó sin efecto la resolución apelada al advertirse falta de motivación, fundamentación y valoración de la prueba, no se dispuso la libertad tomando en cuenta que se trata de un delito de violencia sexual en contra de una niña, la cual goza del derecho a una justicia pronta y oportuna, siendo de preferencia al efectuar una ponderación con los derechos del imputado.
La Jueza de Ejecución Penal Segunda del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución de 15 de marzo de 2023, cursante de fs. 69 vta., a 72 vta., concedió la tutela solicitada disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista de 14 de marzo de 2023, ordenando se dicte uno nuevo previa celebración de audiencia a señalarse dentro de las veinticuatro horas de notificada con la Resolución, argumentando que: El Tribunal de alzada al conocer una apelación de una medida cautelar, en virtud de los art. 251 y 403.3 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y conforme a jurisprudencia constitucional deben ingresar al fondo disponiendo revocar o ratificar el Auto apelado según corresponda, más no anular el referido Auto por defectos de fundamentación, devolviendo los antecedentes al Juzgado de origen, sin resolver la situación procesal del imputado, lo cual lesiona el derecho al debido proceso vinculado al derecho a la libertad del accionante. En vía de enmienda, el accionante a través de su representante alegó que, la acción tutelar se enmarcó en reclamar una indebida detención, solicitó que se determine tal situación mediante la presente acción tutelar. En sustanciación y resolución de lo impetrado, la Jueza de garantías, con respecto al punto señaló que, se ha otorgado la tutela ante la advertencia de un indebido procesamiento, no así una detención ilegal, debiendo ser la autoridad accionada quien subsane y defina la situación jurídica del accionante.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa denuncia de 2 de agosto de 2022, interpuesta en contra del impetrante de tutela por la presunta comisión del delito de violación de infante niña, niño o adolescente, por la cual se dio inicio al proceso penal (fs. 16 a 17 vta.). II.2. Por Resolución de imputación formal emitida por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de abuso sexual agravado, se solicitó la detención preventiva del peticionante de tutela (fs. 40 a 42). II.3. Consta Acta de audiencia de 19 de febrero de 2023, de consideración de aplicación de medidas cautelares, en la que se emitió Auto Interlocutorio de la misma fecha que dispuso la detención preventiva del accionante. (fs. 46). II.4. Mediante Auto de Vista de 14 de marzo de 2023, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró procedente el recurso de apelación incidental de medida cautelar, en consecuencia, revocó y dejó sin efecto el Auto Interlocutorio de 19 de febrero de ese año, disponiendo que el Juez a quo dicte nueva resolución conforme los razonamientos del referido Auto de Vista, en el plazo de veinticuatro horas (fs. 63 a 65 vta.).
El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, por cuanto, en el proceso penal seguido en su contra a instancia del Ministerio Público por la presunta comisión del delito de abuso sexual agravado, mediante Auto Interlocutorio de 19 de febrero de 2023, se dispuso su detención preventiva y ante el recurso de apelación interpuesto, el Auto de Vista de 14 de marzo del mismo año dispuso la procedencia del recurso, dejando sin efecto el Auto Interlocutorio apelado, sin ordenar su libertad, pese a reiterar tal solicitud mediante complementación al Tribunal de alzada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Respecto de las atribuciones establecidas para el tribunal de alzada al resolver el recurso de apelación incidental de medidas cautelares la SCP 1471/2012 de 24 de septiembre señaló que: «Ahora bien, lo analizado precedentemente nos permite concluir que los tribunales de alzada, cuando resuelven las apelaciones incidentales planteadas contra el establecimiento, revocatoria o sustitución de medidas cautelares, están sujetos al cumplimiento de varios requisitos; entre ellos, por imperio de lo preceptuado por el art. 251 del CPP, a fijar audiencia para su consideración, a desarrollarse dentro de los tres días siguientes a la recepción del recurso, sin recurso ulterior. Obligación que constituye una potestad reglada, es decir, que no queda a criterio de los administradores de justicia, el señalamiento o no, de la audiencia para la resolución del caso, sino que están constreñidos a celebrarla, en cumplimiento de lo estipulado por la precitada norma legal, que más allá de ser un simple postulado, persigue fines específicos, como es la materialización de los principios de oralidad, contradicción e inmediación, pilares fundamentales del actual sistema procesal penal; y, precisamente por ello, se debe asegurar a las partes, la oportunidad de que fundamenten sus alegatos o de que los amplíen si así lo desean, en la oportunidad reservada para el efecto, como es el verificativo indicado al efecto, dado que como se demostró en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Resolución, es perfectamente posible expresar o desarrollar los argumentos de la apelación, de manera oral, en la propia audiencia.
Al margen de lo afirmado, es importante recalcar que el señalamiento, instalación y celebración de estas audiencias, no puede ser comprendido como una mera formalidad, al contrario, debe concretizar el ejercicio de los principios, valores y valores ético morales instituidos en la Constitución Política del Estado que deberá impregnar a la función de impartir justicia, al encontrarse en tela de juicio un derecho de carácter primario para el desarrollo de la persona, como es la libertad física así como la de locomoción; por lo que, el constituyente boliviano dejó expresamente establecido que dicho derecho es inviolable y, respetarlo y protegerlo es un deber primordial del Estado (art. 6.II de la CPE); por ello, vía jurisprudencial se establecieron varias condiciones para garantizar su ejercicio, entre ellas, que deberá ser privado sólo en los casos expresamente dispuestos por ley, previo cumplimiento de las formalidades exigidas expresamente al efecto, así como la celeridad que debe cumplirse en las solicitudes vinculadas con el mismo, principio que debe saturar cada acto procesal de las autoridades jurisdiccionales. Desde esa perspectiva, ante la presentación de un incidente en materia penal o de su apelación, éstos deben ser tramitados conforme a los principios constitucionales y las normas procedimentales de la materia; entre ellos, seguridad jurídica, celeridad y legalidad (arts. 178 y 180 de la CPE).
Al respecto, la SCP 0507/2012 de 9 de julio, recalcó: “En ese orden de ideas, el principio de celeridad, comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones de la actuación judicial, y el subprincipio 'oportunidad' importa la conveniencia de tiempo y de lugar del acto judicial.
Conforme a lo desarrollado, el contenido del principio de celeridad, de un lado implica el cumplimiento de los plazos procesales evitando dilaciones; y de otro, comprende la actuación conveniente en tiempo y espacio de la autoridad judicial, lo que obliga a la evaluación de las circunstancias particulares de cada situación jurídica, para discernir una oportuna respuesta judicial; así como abreviar los plazos procesales de acuerdo a esas diferencias.
Conforme a lo afirmado, este Tribunal arriba al siguiente convencimiento: la aplicación del principio de celeridad, también obliga a las autoridades jurisdiccionales a otorgar pronta respuesta a la tramitación de incidentes procesales, actuando de forma oportuna de acuerdo a la necesidad que emerja de la evaluación de la situación particular de cada caso; la prontitud, necesariamente implica actuación antes del cumplimiento del plazo y a la brevedad posible; así, siendo una situación común que los jueces atiendan varios casos al mismo tiempo, deberán priorizar la atención de excepciones e incidentes de quienes se encuentren detenidos preventivamente, por la supresión del derecho a la libertad de que son objeto, siendo merecedores de que dicha autoridad abrevie los plazos procesales resolviendo sus peticiones y solicitudes.”
Entonces, en coherencia con lo sostenido, ante la interposición de una apelación incidental de medidas cautelares o su sustitución, previo a la celebración de la audiencia de consideración, deberá asegurarse la notificación efectiva a las partes implicadas en el proceso, lo que implica además, que si el imputado se encuentra privado de su libertad, el tribunal de alzada, deberá garantizar su presencia en el verificativo, corriendo con los trámites de rigor para el efecto. Luego y una vez verificada la presencia de las partes, se dará inicio al mismo, otorgándoles la oportunidad de fundamentar oralmente sus alegatos, para finalmente emitir una resolución debidamente motivada, en la que, las autoridades jurisdiccionales, de un lado, deben dar respuesta a todos los agravios denunciados en la apelación; no correspondiendo por tanto, pronunciarse sobre aquellos no apelados, salvo que se trate de defectos absolutos, al no ser, estos últimos, susceptibles de convalidación; y de otro, tratándose de medidas cautelares, fundamentar sobre la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, como es la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible; y la existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso y/u obstaculizará la averiguación de la verdad; sustento que imprescindiblemente deberán estar incluidos en la resolución de alzada; argumentos jurídicos que no pueden ser sustituidos por los relacionados por el a quo en el fallo impugnado; y menos dar lugar a la nulidad de obrados, por su falta de consideración.
En resumen, al tribunal de apelación no le está permitido anular obrados cuando verifique que el juez de instrucción omitió explicar los motivos que le llevaron a determinar, rechazar o modificar una medida cautelar, o que lo hizo, pero de manera insuficiente; puesto, que como se señaló, tratándose de la disputa del derecho a la libertad, en cumplimiento de los principios constitucionales señalados anteriormente, deberá resolver directamente el caso remitido en apelación, precisando las razones y los elementos de convicción que sustentaron su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva, o viceversa.
A tiempo de resolver un caso similar, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0339/2012 de 18 de junio, refirió: “Se evidencia que en distintas oportunidades, la Sala Penal Segunda, anuló la Resolución del Tribunal a quo, disponiendo la renovación del acto, sin considerar que la SC 1554/2004-R de 27 de septiembre, estableció que: 'Las Vocales recurridas, en el Auto de Vista impugnado, analizando la apelación, determinaron que el Juez Cautelar actuó en forma indebida, puesto que a más de no valorar la prueba, no fundamentó su determinación de disponer la detención preventiva de los imputados, ni examinó en forma individualizada las circunstancias de cada uno de ellos, declarando por ello la existencia de defectos absolutos para lo que invocaron el art. 169.3 del CPP que dispone que no serán susceptibles de convalidación los defectos que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en ese Código; sin embargo, las autoridades recurridas no consideraron que el objeto del recurso de apelación contra la Resolución de medidas cautelares, es precisamente la aplicación de tales medidas, entonces, no podían dejar de pronunciarse sobre el objeto de la alzada, por cuanto ello importa denegación de justicia, que ligada a la libertad, importa a su vez la privación indebida de ese derecho, debiendo tomarse en cuenta que las vocales debieron resolver la apelación aprobando o revocando la Resolución -si es que existían elementos probatorios que determinaban que no le era aplicable al representado del recurrente la detención preventiva- pero en ningún momento podían anular obrados por defectos absolutos pues las autoridades demandadas tienen plena competencia para revisar y modificar la resolución revisada, ya que ése es justamente el objeto del recurso' . En el mismo sentido se refirió la SC 1824/2004-R.
En este marco, el Tribunal ad quem tiene la obligación de someterse a lo dispuesto por el art. 403 inc. 3) del CPP e ingresar al fondo del asunto apelado, aprobando o revocando el fallo del inferior, pues ese es el objetivo de dicha apelación incidental; sin embargo, en el presente proceso en distintas ocasiones los Vocales se limitaron a disponer que el Tribunal a quo proceda a dictar una nueva resolución en forma correcta, sin considerar que en ese momento inclusive el imputado gozaba de libertad en virtud a la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva; consiguientemente se evidencia que no hicieron uso de las facultades que tienen para revisar y modificar la resolución impugnada, para ese efecto les correspondía subsanar el error inmediatamente, puesto que si consideraron que el fallo dictado por el Tribunal de Sentencia contenía contradicciones, errores u otros, debieron revocarlo o aprobarlo previa valoración y análisis respectivo, emitiendo para ello la resolución debidamente fundamentada tal cual exige los art. 124 y 173 del CPP y no anular más de tres veces la resolución del referido Tribunal de Sentencia por defectos; al no hacerlo, han incurrido en una omisión contraria a los derechos del imputado; pues se considera contrario al ordenamiento jurídico, la concurrencia de una seguidilla viciosa de anulaciones por parte del Tribunal ad quem, conllevando a una inseguridad jurídica que nunca podría terminar, pese de que dicho Tribunal podía definir directamente la situación jurídica del procesado”». (las negrillas son añadidas)
El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, por cuanto, en el proceso penal seguido en su contra a instancia del Ministerio Público por la presunta comisión del delito de abuso sexual agravado, mediante Auto Interlocutorio de 19 de febrero de 2023, se dispuso su detención preventiva y ante el recurso de apelación incidental interpuesto, el Auto de Vista de 14 de marzo del mismo año dispuso la procedencia del recurso, dejando sin efecto el Auto Interlocutorio apelado, sin ordenar su libertad, pese de reiterar tal solicitud mediante complementación al Tribunal de alzada. De la revisión de los antecedentes adjuntos, se puede evidenciar que, mediante denuncia de 2 de agosto de 2022, se dio inicio al proceso penal en contra del impetrante de tutela, por la presunta comisión del delito de violación infante niña, niño o adolescente (Conclusión II.1), transcurrida la investigación preliminar el Ministerio Público emitió Resolución de imputación formal por la presunta comisión del delito de abuso sexual agravado, solicitando la detención preventiva del accionante (Conclusión II.2) y conforme el Acta de audiencia de 19 de febrero de 2023, se consideró y dispuso su detención preventiva (Conclusión II.3) interponiendo el recurso de apelación incidental. El Auto de Vista de 14 de marzo del mismo año emitido por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (Conclusión II.4), declaró procedente el recurso de apelación incidental de medida cautelar y en consecuencia revocó y dejó sin efecto el Auto Interlocutorio de 19 de febrero del referido año, ordenando que el Juez a quo dicte nueva resolución, en el plazo de veinticuatro horas. De lo manifestado se puede evidenciar que el referido Auto de Vista determinó la procedencia del recurso de apelación incidental disponiendo revocar y dejar sin efecto el Auto Interlocutorio de 19 de febrero de 2023, debido a que advirtió una insuficiente fundamentación del mismo. Sin embargo, una vez asumida tal determinación ordenó que el Juez a quo dicte una nueva resolución conforme a los razonamientos expuestos, aspecto que vulnera el art. 251 del CPP que dispone que el Vocal de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resuelva la apelación interpuesta. Esto en sentido de que la situación jurídica del imputado debe ser resuelta en tal instancia asumiendo la determinación sobre la libertad o la permanencia de la detención preventiva del apelante; toda vez que, la naturaleza misma de la apelación interpuesta versa cobre la libertad del imputado no sobre los aspectos de forma del Auto Interlocutorio apelado, puesto que, lo que se quiere conocer en alzada es, si se confirmará la detención preventiva dispuesta o revocará la misma y en consecuencia otorgar medidas sustitutivas a la detención preventiva, lo cual no implica el ordenar al Juzgado de origen que dicte nueva resolución con los razonamientos asumidos por el Tribunal de alzada. Aspecto que cobra importancia relevante al tratarse de la libertad de la persona que se encuentra en grado de apelación y debe conocer la determinación del Jueza Ad quem respecto de si continuará privado de su libertad o al no haber sido correctamente asumida tal determinación por el Juzgado de origen esta deberá ser reemplazada por una medida menos gravosa, debiendo realizar la fundamentación de su determinación basada en los aspectos de hecho y de derecho, así como los elementos probatorios por los que considera que la resolución del juez a quo debe permanecer firme o debe ser revocada. De esta manera en el primer supuesto al ser confirmado el auto interlocutorio se dispondrá que la detención preventiva continúe y en el segundo supuesto dispondrá la aplicación de medidas sustitutivas que el Tribunal de alzada considere pertinente, debiendo señalarse la misma en el auto de vista emitido y aplicarse de forma inmediata. Aspecto que condice con los alcances del Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la cual es taxativa al señalar que, al tribunal de apelación no le está permitido anular obrados cuando verifique que el juez de instrucción penal desarrolló una fundamentación insuficiente, pues tratándose de la disputa del derecho a la libertad, en aplicación de los principios constitucionales, deberá resolver directamente el caso remitido en apelación, precisando las razones y los elementos de convicción que sustentaron su decisión de revocar la detención preventiva y aplicar medidas sustitutivas. Lo cual no ocurrió en el presente caso, donde el Tribunal de alzada llegando a advertir una insuficiente fundamentación en el Auto Interlocutorio de 19 de febrero de 2023, que ordenó la detención preventiva del solicitante de tutela, dispuso la procedencia del recurso de apelación, revocó y dejó sin efecto el referido Auto, sin pronunciare sobre la permanencia o no de la detención preventiva dispuesta y ordenó que el Juez a quo dicte una nueva resolución asumiendo los razonamientos del Auto de Vista de 14 de marzo de ese año. Situación que lesionó el derecho al debido proceso al no cumplirse con el art. 251 del CPP, respecto a resolver en tal instancia el recurso de apelación disponiendo sobre la libertad del accionante y vulnerando también su derecho a la libertad al mantenerse al mismo en incertidumbre y supeditado a la decisión que vaya a asumir nuevamente el Juez a quo, en aplicación de los razonamientos del Tribunal de apelación, razón por la cual corresponde conceder la tutela. En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, obró en forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 15 de marzo de 2023, cursante de fs. 69 vta., a 72 vta., pronunciada por la Jueza de Ejecución Penal Segunda del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos que la Jueza de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0970_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 69a4e2d439c5fe5278c70770b341bfbeb162f81c4cd35ac47f5b6bdf8203c275
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