Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 26 de agosto de 2025
Deniega la tutela
El accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad al debido proceso a la igualdad de partes; y, del principio de igualdad y legalidad de las partes; toda vez que, dentro del proceso de asistencia familiar que le sigue la madre de su hijo, fue notificado con mandamiento de apremio a raíz de una liquidación por Bs1800.-; pese a que, cumplió con su obligación al cancelar incluso un monto mayor consistente en Bs3500.-, aspecto que la autoridad demandada no consideró. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2023 de 17 de marzo, cursante de fs. 49 a 52, pronunciada por la Jueza de Pérdida de Dominio Primera de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0969/2025-S3 Sucre, 26 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 54349-2023-109-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 09/2023 de 17 de marzo, cursante de fs. 49 a 52, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mijhail Yerson Camacho Cáceres y Jhonny Wilson Soria Cárdenas en representación sin mandato de Teddy Cárdenas Arambulo contra Tania Roxana Peralta Uriona, Jueza Pública de Familia Octava de la Capital del departamento de Cochabamba.
Por memorial presentado el 16 de marzo de 2023, cursante de fs. 1 a 3 vta., el accionante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso de asistencia familiar instaurado por Gilma Rosario Paez Terceros -madre de su hijo- en su contra, fue notificado por medios digitales, con mandamiento de apremio por la suma de Bs1800.- (mil ochocientos bolivianos). Monto que fue cubierto, inclusive realizó dos depósitos uno de Bs1000.- (mil bolivianos) y otro de Bs2500.- (dos mil quinientos bolivianos) a la cuenta de la prenombrada en el Banco Nacional de Bolivia (BNB). El art. 109.I del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-, la asistencia familiar es el derecho que todo menor tiene para garantizar su bienestar; empero, debe cubrir todas las necesidades; no pudiendo exigirse un monto por educación, otro para salud y uno distinto por vestimenta existiendo una mala interpretación de la madre de su hijo así como de la Jueza demandada al respecto.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad al debido proceso a la igualdad de partes; y, de los principios de igualdad y legalidad “de las partes” citando a ese efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que en sentencia se declare procedente la acción de libertad.
Celebrada la audiencia virtual el 17 de marzo de 2023, según consta en acta cursante a fs. 48 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, ratificó el tenor íntegro de la presente acción tutelar y ampliándolo indicó que: a) Respecto al informe de la autoridad demandada aclaró que no estaría negando el monto adeudado, ya que depositó la suma de Bs1000.- y luego Bs2500.- a la cuenta de la madre de su hijo; y, b) El hecho de no haber observado la liquidación no significa que no cumplió con su obligación además que depositó más del monto adeudado por lo que no existía lógica en perseguirlo a través de una orden de aprehensión.
Tania Roxana Peralta Uriona, Jueza Pública de Familia Octava de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 16 de marzo de 2023, cursante de fs. 46 a 47, sostuvo que: 1) Fijada la asistencia familiar en la suma de Bs600.- (seiscientos bolivianos) la demandante de aquel beneficio adjuntó el número de cuenta del Banco Unión, dato que fue comunicada al accionante por decreto de 2 de septiembre de 2022; 2) La prenombrada acompañó un extracto de esa cuenta bancaria evidenciándose que no se efectuó depósito alguno por concepto de asistencia familiar, en mérito a ello presentó liquidación de ese beneficio desde la citación con la demanda el 21 de julio de 2022, hasta el 21 de octubre de idéntico año; 3) El accionante no empleo el art. 415.I del CFPF, es decir no observó la liquidación señalada; 4) Por memorial de 9 de marzo de 2023, el impetrante de tutela señaló que hizo dos depósitos por las sumas de Bs1000.- y Bs2500.- pidiendo dejar sin efecto el mandamiento de apremio; empero, lo hizo a una cuenta del BNB cuando la beneficiaria señaló otra en el Banco Unión; por lo que obtuvo una respuesta negativa.
La Jueza de Pérdida de Dominio Primera de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías mediante Resolución 09/2023 de 17 de marzo de 2023, cursante de fs. 49 a 52, denegó la tutela solicitada con base en el siguiente fundamento: El impetrante de tutela tenía conocimiento de la asistencia familiar dispuesta por Sentencia de 23 de agosto de 2022, por lo que no existía estado de indefensión más aún cuando asumió defensa respondiendo a la demanda y señalando como domicilio procesal en el que se practicaron diligencias posteriores; por ello cualquier reclamo debió hacerlo de forma oportuna ante la autoridad demandada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Mandamiento de apremio de 7 de marzo de 2023, contra Teddy Cárdenas Castillo -accionante-, expedido por Tania Roxana Peralta Uriona, Jueza Pública de Familia Octava de la Capital del departamento de Cochabamba -demandada- (fs. 39). II.2. Por memorial de 9 de marzo de 2023, el impetrante de tutela solicitó se deje sin efecto el mandamiento de apremio, mereciendo como respuesta el decreto de 13 de mismo mes y año, a través del cual la Jueza demandada explicó al prenombrado que efectuó el depósito de la manutención a otra cuenta de banco (fs. 41 a 42).
El accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad al debido proceso a la igualdad de partes; y, del principio de igualdad y legalidad de las partes; toda vez que, dentro del proceso de asistencia familiar que le sigue la madre de su hijo, fue notificado con mandamiento de apremio a raíz de una liquidación por Bs1800.-; pese a que, cumplió con su obligación al cancelar incluso un monto mayor consistente en Bs3500.-, aspecto que la autoridad demandada no consideró. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0584/2018-S1 de 1 de octubre, indicó: “En lo que concierne a la vigencia del mandamiento de apremio que fue emitido el 28 de marzo de 2017, también le era inherente acudir ante la autoridad judicial -a quien ahora demanda- a través del ya citado incidente de nulidad procesal, efectuando su reclamo para que dicha autoridad determine la legalidad o no del mandamiento de apremio en base a su vigencia; situación, al igual que las que anteceden, no fueron oportunamente exteriorizadas según la normativa que rige los procesos familiares y expuestas ante la autoridad competente.
Bajo estos razonamientos y conforme al entendimiento jurisprudencial glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que la parte accionante no debió acudir de manera directa ante la justicia constitucional en procura del restablecimiento de formalidades que no fueron denunciadas en la instancia ordinaria donde se conoce el proceso por asistencia familiar y dentro del cual supuestamente se generaron los errores o ilegalidades del debido proceso ahora denunciados, pues correspondía que los mismos sean objetados mediante los recursos intraprocesales idóneos para tal efecto establecidos en la norma adjetiva de la materia, conforme se precisó precedentemente, poniendo en conocimiento de la autoridad judicial competente los actos que ahora denuncia, ello con la finalidad de lograr una efectiva revisión y un consecuente pronunciamiento, ya sea enmendando el procedimiento u obteniendo una explicación sobre su validez, toda vez que el accionante contaba con los medios recursivos y de impugnación ante las situaciones y actuaciones, que derivaron en la emisión del mandamiento de apremio que mediante esta acción tutelar acusa de ilegal, sin que de antecedentes se advierta que hubiese interpuesto algún incidente de nulidad ni otro recurso previsto en la norma procesal familiar que evidencie que ciertamente agotó los medios idóneos para el restablecimiento del debido proceso por asistencia familiar que derivó en la emisión y ejecución del mandamiento de apremio en su contra. Por lo expuesto, el obligado incurrió en inobservancia del principio de subsidiariedad aplicable a la acción de libertad de forma excepcional, cuyos entendimientos se encuentran plasmados en el Fundamento Jurídico precedentemente citado; en consecuencia, resulta inviable ingresar en un análisis de fondo sobre los mencionados actos denunciados de lesivos, derivando de ello la denegatoria de la acción” (las negrillas son nuestras).
La problemática planteada por el accionante gira en torno a que notificado con el mandamiento de apremio de 7 de marzo de 2023, (Conclusión II.1), por liquidación de asistencia familiar, manifestó que canceló inclusive más del monto exigido; haciendo constar ese extremo a la autoridad demandada por memorial de 9 de mismo mes y año (Conclusión II.2); no obstante a ello, dicha orden se mantuvo incólume. Ahora bien, es prudente hacer énfasis a los preceptos citados en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; respecto a las lesiones producto de un procesamiento indebido incoado mediante esta acción de libertad, debieron ser reclamadas previamente ante la autoridad jurisdiccional ahora demandada. A través de la activación de los medios procesales idóneos establecidos para el efecto, con la finalidad de que dicha autoridad judicial deje sin efecto los actos procesales observados, incluso el mandamiento de apremio expedido. Al respecto del análisis de los antecedentes de esta acción de defensa; si bien, se advierte que se expidió en contra del impetrante de tutela mandamiento de apremio; empero, no existe constancia que el mismo hubiese sido ejecutado es decir que su libertad hubiera sido restringida. Asimismo, el accionante puso a conocimiento de la autoridad demandada por memorial de 9 de marzo de 2023, que ya hubiese cancelado el monto de la asistencia familiar devengada; obteniendo como respuesta que debía estarse a los antecedentes del proceso por cuanto efectuó el pago de forma errada a otro banco al respecto concierne señalar que contra el decreto de 13 de mismo mes y año no interpuso ningún mecanismo intraprocesal. Es así que el peticionante de tutela estaba constreñido a sustentar las irregularidades que constituyeron el objeto de esta acción de defensa, vía incidente de nulidad o cualquier otro mecanismo interno ante la autoridad jurisdiccional a cargo de su proceso, con la finalidad de resguardar sus derechos y garantías de una posible vulneración. Aspecto que no aconteció; toda vez que, decidió acudir de manera directa al ámbito constitucional a través de esta acción tutelar; de esa forma inobservó el principio de subsidiariedad excepcional de la misma. En el entendido que, necesariamente debió interponer los referidos institutos jurídicos que conforme la jurisprudencia glosada constituían el medio idóneo, expreso, efectivo y oportuno para el restablecimiento del debido proceso en asistencia familiar y la reparación de las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido; consiguientemente, corresponde denegar la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2023 de 17 de marzo, cursante de fs. 49 a 52, pronunciada por la Jueza de Pérdida de Dominio Primera de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0969_2025-S3.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): 8b6c31fb59d2a71337af82f02a1bca5985c69951542b3b836e2cc7bfb9ad857a
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