Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de agosto de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación, a la libertad, a la vida, a la integridad y a la “seguridad personal”; por cuanto, dentro del proceso penal que se le sigue a su persona y otros, por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de armas, al haberse determinado en su contra la aplicación de la medida de la detención preventiva, este apeló tal determinación, emitida por el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; sin embargo, la Vocal ahora demandada, dictó el Auto de Vista 720/2022; por el cual, determinó confirmar en parte el Auto Interlocutorio 314/2022, ello a pesar de que en su recurso de apelación el accionante desvirtuó el riesgo procesal de fuga -arts. 234.1, 2 y 7 del CPP-; sin embargo, la precitada Vocal, con base a conjeturas abstractas, mantuvo subsistente y latente los riesgos procesales establecidos en los núm. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2022 de 1 de octubre, cursante de fs. 37 a 40 vta., pronunciado por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los argumentos desarrollados en la Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0968/2025-S3 Sucre, 25 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 50810-2022-102-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 10/2022 de 1 de octubre, cursante de fs. 37 a 40 vta, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesto por Jorge José Valda Daza en representación de Raúl Heriberto Uría Aguirre contra Rosmery Lurdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia; Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto, ambos del departamento de La Paz; y, Martha López Gonzales, Fiscal de Materia.
Por memorial presentado el 30 de septiembre de 2022, cursante de fs. 2 a 22 vta., el accionante a través de representante, refirió lo siguiente:
Fue detenido sin orden de aprehensión el 15 de septiembre de 2022, tampoco fue informado que delito hubiera cometido; no obstante, conoció que por reportes -sin que consigne fechas-, emitidos por policías infiltrados, se le inició un proceso penal por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de armas, hecho que resultaría ilegal; ya que, la legislación boliviana solo permitiría la participación de agentes en cubierto para investigar hechos criminales, pero ello solamente con conocimiento de la autoridad judicial. Afirmó que, a pesar de haberse señalado audiencia de medida cautelar para el 16 de septiembre de 2022, a horas 10:30, dicha audiencia inició antes de forma secreta, clandestina, en la que con prueba falsa y sin la presencia de su abogado de confianza, se desconoció sus derechos más elementales; y, a través del Auto Interlocutorio 314/2022 de 16 de septiembre, Marco Antonio Amuru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz -codemandado-, dispuso su detención preventiva, sin que existiera una descripción del grado de autoría o participación que tuvo en los actos denunciados, tampoco existe una explicación del tiempo, modo y lugar que ocurrieron tales actos que se le imputan; sin embargo, se tiene constancia de que se otorgó libertad a otras personas involucradas -coimputados-, mismos que fueron encontrados en posesión de cargas explosivas, en cantidades que no fueron expuestas a la opinión pública. Sostuvo que ante esa determinación, presentó su recurso de apelación, en el que se desvirtuó los riesgos procesales -fuga y obstaculización-; además, de expresar que no existía ningún elemento para acreditar la existencia del tipo penal por el cual se encuentra procesado penalmente; sin embargo, Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -demandada-, sin valorar elementos de prueba que le fueron ofrecidos, dispuso mantener firmes los riesgos señalados, por el solo hecho de tener actos investigativos pendientes. Añade también que, la Vocal demandada, mediante la emisión del Auto de Vista 720/2022 de 26 de septiembre, usurpó competencias que no le correspondían -art. “239” del Código de Procedimiento Penal (CPP)-, pues “…señaló a quienes se les pudo ocurrir como actos investigativos o como declaraciones testificales o periciales según su criterio y no así los datos arrojados por el cuaderno de investigaciones…” (sic); por otra parte, al no existir una apelación por parte del Ministerio Público permitió la participación del Ministerio de Gobierno -sin ser víctima-, lo que implicó una persecución ilegal, dando lugar a una resolución arbitraria, sin que se haya resuelto los agravios como la “…falta de documentación mediante el plazo y el hecho de que sean desvirtuados los numerales 1, 2 y 7 del artículo 234 no hubieran permitido variar o modificar la decisión en octubre detención preventiva sin haber establecido de qué forma podría raúl uría obstaculizar entorpecer o no permitir la averiguación de la verdad…” (sic) basándose en supuestos e hipotéticos extremos prohibidos por los arts. 235 y 235 Ter del CPP; además, no considerar los “presupuestos” de la SCP “0276/2018”. Alegó además que, no se le permitió ejercer su derecho a la defensa -antes, durante y después- de la audiencia de medidas cautelares, cuando tal extremo fue solicitado de su parte de manera expresa, lo que demuestra las arbitrariedades cometidas en su contra. Finalmente, denunció que su persona es víctima de una persecución ilegal, indebida, abusiva e inconstitucional, propia de una dictadura y del terrorismo de Estado, que al presente estarían ejerciendo las autoridades ahora demandadas, para satisfacer ambiciones políticas de control y dominación.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, en sus componentes de fundamentación y motivación, a la libertad, a la vida, a la integridad y a la “seguridad personal”, citando al efecto los arts. 9 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 9, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se restablezca el derecho a una justicia pronta y oportuna, al encontrarse privado de libertad en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz.
Celebrada la audiencia virtual de 1 de octubre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 32 a 36 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratifico íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señalo que: a) A través de reportes y documentos de inteligencia de 9 de agosto de 2022, el Jefe del Centro Especial de Investigación Policial (CEIP) -no indicó nombre-, se inició proceso penal contra su persona, porque fue visto descender de una movilidad, junto a ocho personas, llevando un saquillo que supuestamente contenía dinamitas; tal argumento, careció de argumentos sólidos, pues no se identificó a las personas que lo acompañaron; por otro lado, los indicados reportes no consignan firmas, sello ni autoría de quien los hubiese emitido, por ende no pueden ser considerados como válidos; puesto que, dichos documentos deben ser elaborados por autoridades competentes en investigación, como la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) -art. 295 del CPP-; asimismo, dichos reportes de inteligencia generaron detenciones arbitrarias e indebidas, aspecto que podría generar responsabilidad internacional al Estado; b) El Auto de Vista 720/2022 -ahora cuestionado-, no se circunscribió a los aspectos reclamados -art. 398 del CPP-; dado que, no “reparó” las denuncias identificadas en el recurso de apelación deducido de su parte; ya que, no se demostró la probabilidad de autoría ni la existencia de elementos objetivos que pueda demostrar y acreditar la colaboración en el hecho denunciado; c) Existió inaplicabilidad a principios de especificidad, “individualización” y tipicidad, ello a efecto de acreditar la cooperación en el delito de tráfico de armas, tampoco se demostró las acciones o conductas en los delitos denunciados; al contrario, la Vocal demandada sostuvo que “hipotéticamente” existió probabilidad de autoría, según los referidos reportes de inteligencia, más no identificó a otros actores, dejando abierta esa probabilidad, para poder determinar que persiste o existe la posibilidad de haber incurrido en el ilícito endilgado; d) El Tribunal de alzada, estaba obligado a corregir, reparar y enmendar los errores incurridos, tanto por la autoridad jurisdiccional como del Ministerio Público; por otro lado, respecto a las denuncias por falta de fundamentación y motivación, no existió identificación de los hechos relacionados al tipo penal denunciado; e) Las autoridades judiciales tienen la obligación de fundamentar y motivar sus resoluciones de forma congruente; toda vez que, sus resoluciones no pueden basarse en conjeturas o suposiciones; sin embargo, la Vocal demandada, a momento de conocer y resolver el riesgo procesal de obstaculización -art. 235.1 y 2 del CPP-, se basó en conjeturas abstractas al igual que el Juez codemandado, porque solo se limitaron a señalar que podría modificar o destruir elementos de prueba -se refería a la inspección técnica ocular en la Asociación Departamental de Productos de Coca (ADEPCOCA)-, también podría amenazar o influir negativamente en testigos o participes del hecho, soslayándose identificar a que testigos o peritos; afirma que el legislador boliviano estableció que para acreditar dicho riesgo procesal, el acusador -se entiende al Ministerio Público- debe demostrar que la persona denunciada con su comportamiento entorpecerá la averiguación de la verdad; lo que, no se justificó en el presente caso; por tal motivo, existió falta de motivación y fundamentación; f) La Vocal demandada pretende que su persona sea quien desvirtué la autoría o participación en el hecho, así como, enerve los riesgos procesales, aspecto imposible de cumplir en la primera audiencia de medida cautelar, dado que, no conocía de la existencia de la causa penal, sino hasta que su persona fue detenida en la carretera a Trinidad, para luego ser conducido a la ciudad de La Paz; y, g) No existieron criterios de excepcionalidad para la detención preventiva, porque para ello, era necesario sustentar la necesidad y proporcionalidad, a efecto de determinar un plazo razonable de la medida extrema; ya que en la audiencia de apelación, se logró desvirtuar tres de cinco agravios, pero la Vocal demandada mantuvo la decisión de determinar en su contra los seis meses de detención preventiva, sin argumentar la necesidad de adoptar tal medida, denotando ausencia de proporcionalidad y objetividad en el Auto de Vista ahora impugnado.
Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de informe escrito presentado el 30 de septiembre de 2022, cursante de fs. 30 a 31, pidió se deniegue la tutela impetrada, conforme a los siguientes entendimientos: 1) De acuerdo a los principios de “limitación” de competencia e imparcialidad -arts. 178 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 398 del CPP-, los Tribunales de alzada deben circunscribirse a los agravios formulados en los recursos interpuestos por las partes; por ello, indicó que el Auto de Vista 720/2022 -ahora cuestionado-, está debidamente fundamentado y motivado, conforme a lo determinado por los arts. 124 y 173 del CPP; lo que implicó la inexistencia de la vulneración al debido proceso, en sus componentes de fundamentación y motivación; 2) El accionante alegó que lo resuelto por el citado Auto de Vista se basó en “supuestos e hipotéticos extremos”, que se encuentran prohibidos por los arts. 235 y 235 Ter del CPP modificados por las leyes 1173 y 1226, sin considerar que el Ministerio Público emitió imputación formal contra su persona, estableciendo la autoría o participación en el supuesto delito de tráfico de armas, así como, la concurrencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización; 3) Respecto al art. 234.7 del CPP -peligro efectivo para la sociedad o víctima-, el recurso de apelación deducido por el impetrante de tutela, no existió documentación alguna que desvirtué tal extremo; por lo que, compulsado el Auto Interlocutorio cuestionado, se estableció la supuesta posesión de material explosivo, el cual habría sido empleado en enfrentamientos en la ADEPCOCA, aspectos que llevaron a sostener que dicho riesgo procesal quedó latente; asimismo, el impetrante de tutela, no fundamentó respecto al peligro de obstaculización -art. 235.2 del CPP-, tampoco expuso de manera clara y objetiva la incongruencia omisiva o aditiva, por falta de fundamentación fáctica, jurídica y analítica, además, sus agravios fueron de carácter general, indicando que el Juez codemandado no habría fundamentado la resolución de aplicación de medidas cautelares; 4) Las características de las medidas cautelares son temporales y variables, de tal forma que, las resoluciones emitidas tanto por la autoridad jurisdiccional como los Tribunales de alzada, no causan estado; es decir, pueden variar conforme al avance de la investigación; y, 5) La acción de libertad efectuó una relación escueta del proceso penal; puesto que, no se estableció de manera cierta y concreta como se vulneraron derechos y garantías constitucionales; por otro lado, el análisis sobre la motivación y congruencia, así como, la valoración de la prueba, no es labor propia de la justicia constitucional, para que dicha jurisdicción analice tales denuncias, el accionante debió hacer una sucinta y precisa relación de la vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa y argumentativa, requisito que está ausente en la presente acción tutelar. Marco Antonio Amuru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, a través de informe escrito de 30 de septiembre de 2022, cursante de fs. 28 a 29 vta., indicó que: i) Fue demandado por el accionante y su representante en una anterior acción de libertad, misma que fue rechazada por el Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Capital del citado departamento; asimismo, en el presente mecanismo de defensa, se realizó una exposición sobre los problemas generados en ADEPCOCA, así como, de sus dirigentes, narrando sucesos políticos, que supuestamente motivaron la interposición de esta acción de libertad; sin embargo, tales aspectos o antecedentes, no tienen ninguna vinculación con los hechos investigados y las medidas cautelares aplicadas, por lo que, los aspectos subjetivos y hechos denunciados no pueden ser objetos de tutela o análisis jurídico por parte de un tribunal de garantías; ii) El 16 de septiembre de 2022, Martha López Gonzales, Fiscal de Materia -autoridad codemandada-, presentó imputación formal contra el solicitante de tutela; por tal motivo, se señaló audiencia de medidas cautelares y por Auto Interlocutorio 314/2022, dispuso la detención preventiva del prenombrado, por el lapso de seis meses en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, por la concurrencia de riesgos procesales que no fueron enervados, decisión que fue objeto de apelación incidental; y, iii) El art. 125 de la CPE, estableció que toda persona que considere que su vida esté en peligro, ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer una acción de libertad; en ese marco, el accionante no identificó ni demostró cómo se lesionaron sus derechos; por otro lado, la petición del prenombrado -otorgarse de manera directa mandamiento de libertad-, resulta inviable, pues dicho pedido debe ser resuelto a través de la cesación a la detención preventiva ante una autoridad jurisdiccional y no así de forma directa como se pretende; por tales motivos, solicitó sea denegada la tutela impetrada por ser manifiestamente improcedente e infundada. Martha López Gonzales, Fiscal de Materia, no presentó informe escrito ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su legal notificación cursante a fs. 24.
El Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 10/2022 de 1 de octubre, cursante de fs. 37 a 40 vta., denegó la tutela impetrada; tal decisión se dio con base en los siguientes fundamentos: a) La presente acción tutelar en su trámite no se adecuó a ninguna de las modalidades de la acción de libertad -innovativa y traslativa o de pronto despacho-, siendo que dichos mecanismos de defensa son los más idóneos para acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existe vulneración al derecho a la libertad; b) Es necesario el precisar que una de las características de la medida cautelar es la temporalidad y la variabilidad, de tal forma que las resoluciones dictadas, tanto por el Juez a-quo y los Tribunales de alzada no causan estado, ello conforme a lo establecido por el art. 250 del CPP; y, c) En la demanda de acción de libertad ni en la audiencia de garantías, se estableció de manera cierta y concreta como se habría lesionado los derechos y garantías del accionante, tampoco se advirtió la exposición de principios que rigen en las acciones de defensa -carácter preventivo, correctivo y reparador-, siendo el mecanismo de defensa oportuno y eficaz, ello con la finalidad de resguardar y proteger la vida y la libertad, tanto física como de locomoción de toda persona que se considere en peligro, que este ilegalmente perseguida, procesada o privada de su libertad personal, constituyéndose en una garantía constitucional de carácter jurisdiccional; por lo que, no es viable conceder la tutela impetrada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz -codemandado-, en audiencia de consideración, sustanciación y aplicación de medidas cautelares de 16 de septiembre de 2022, mediante Auto Interlocutorio 314/2022 de la misma fecha, impuso a Raúl Heriberto Uría Aguirre -accionante- medida cautelar de detención preventiva por el lapso de seis meses en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, en aplicación de los arts. 234.1 y 7 y 235.1 y 2 del CPP; inmediatamente, amparado en el art. 251 del citado Código, de manera oral formuló recurso de apelación por falta de motivación y congruencia (fs. 57 a 58 vta.). II.2. A través del Auto de Vista 720/2022 de 26 de septiembre, Rosmery Lurdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -demandada-, declaró procedente en parte el recurso de apelación deducido por el accionante y confirmó en parte el citado Auto Interlocutorio 314/2022 de 16 de septiembre, dando por desvirtuados los elementos de familia, domicilio y trabajo, así como, peligro efectivo para la sociedad o la víctima; pero no así, respecto al peligro de obstaculización al proceso que se encuentran establecidos en el art. 235.1 y 2 del CPP, referentes a que el imputado pueda destruir o modificar elementos de prueba, y que pueda influir negativamente sobre los partícipes, víctima o testigos y peritos, por lo que declaró subsistentes y latentes tales riesgos procesales (fs. 60 a 64 vta.).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación, a la libertad, a la vida, a la integridad y a la “seguridad personal”; por cuanto, dentro del proceso penal que se le sigue a su persona y otros, por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de armas, al haberse determinado en su contra la aplicación de la medida de la detención preventiva, este apeló tal determinación, emitida por el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; sin embargo, la Vocal ahora demandada, dictó el Auto de Vista 720/2022; por el cual, determinó confirmar en parte el Auto Interlocutorio 314/2022, ello a pesar de que en su recurso de apelación el accionante desvirtuó el riesgo procesal de fuga -arts. 234.1, 2 y 7 del CPP-; sin embargo, la precitada Vocal, con base a conjeturas abstractas, mantuvo subsistente y latente los riesgos procesales establecidos en los núm. 1 y 2 del 235 del citado Código, sin cumplir con el deber de fundamentar y motivar su fallo; asimismo, alegó que no existieron criterios de proporcionalidad y excepcionalidad, que justifiquen la medidas asumida en su contra de la detención preventiva por seis meses en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; por tal motivo solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se restablezca el derecho a una justicia pronta y oportuna, al encontrarse privado de libertad en el mencionado Centro Penitenciario. En consecuencia, corresponde en revisión verificar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, sobre el particular señaló que: “La jurisprudencia constitucional ha establecido en forma uniforme la observancia en el cumplimiento de las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga la detención preventiva de un imputado, exigencia que debe ser observada tanto por el juez cautelar como por el tribunal que resuelve la apelación de medidas cautelares. Así, la SC 1141/2003-R de 12 de agosto, reiterada por las SSCC 0434/2011-R y 0856/2011-R, entre otras, señaló que: ʽ...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligada a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes. En esta perspectiva, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, refiriéndose al cumplimiento de estos requisitos por parte de los tribunales que conocen la apelación de medidas cautelares, estableció lo siguiente: ʽAhora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelarʼ” (las negrillas nos pertenecen). El deber de motivación de los fallos se constituye en un elemento fundamental del debido proceso, conforme lo desarrollado por la SC 0012/2006-R de 4 de enero que sostuvo: “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (…), y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla” (las negrillas nos corresponden). Asimismo, la SCP 0107/2018-S3 de 10 de abril, expuso que: “Ahora bien, con relación a los límites que deben observar los Tribunales de alzada, al momento de conocer y resolver los recursos de apelación presentados por las partes, en el marco de la aplicación de medidas cautelares el art. 398 del CPP, establece lo siguiente: ʽLos tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resoluciónʼ.
Sobre la norma legal precedente, la SCP 0077/2012 de 16 de abril concluyó lo siguiente: ʽ…los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, dado que el ámbito en el que deben circunscribir su actuación es a resolver los aspectos impugnados de quien tiene derecho de recurrir. (…) En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva…ʼ. Más adelante, la SCP 1471/2012 de 24 de septiembre, respecto a este tema señaló: ʽ…ante la interposición de una apelación incidental de medidas cautelares o su sustitución, previo a la celebración de la audiencia de consideración, deberá asegurarse la notificación efectiva a las partes implicadas en el proceso, lo que implica además, que si el imputado se encuentra privado de su libertad, el tribunal de alzada, deberá garantizar su presencia en el verificativo, corriendo con los trámites de rigor para el efecto. Luego y una vez verificada la presencia de las partes, se dará inicio al mismo, otorgándoles la oportunidad de fundamentar oralmente sus alegatos, para finalmente emitir una resolución debidamente motivada, en la que, las autoridades jurisdiccionales, de un lado, deben dar respuesta a todos los agravios denunciados en la apelación; no correspondiendo por tanto, pronunciarse sobre aquellos no apelados, salvo que se trate de defectos absolutos, al no ser, estos últimos, susceptibles de convalidación; y de otro, tratándose de medidas cautelares, fundamentar sobre la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, como es la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible; y la existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso y/u obstaculizará la averiguación de la verdad; sustento que imprescindiblemente deberán estar incluidos en la resolución de alzada; argumentos jurídicos que no pueden ser sustituidos por los relacionados por el a quo en el fallo impugnado; y menos dar lugar a la nulidad de obrados, por su falta de consideración” (las negrillas corresponden al texto original).
Mediante el Auto de Vista 720/2022; dictado por la demandada que determinó confirmar en parte el Auto Interlocutorio 314/2022, si bien en apelación, se desvirtuó el riesgo procesal de fuga -art. 234.1, 2 y 7 del CPP-; sin embargo, con base a conjeturas abstractas, mantuvo subsistente y latente los numerales 1 y 2 del 235 del citado Código, sin cumplir con el deber de fundamentar y motivar su fallo; asimismo, alegó que no existió criterios de proporcionalidad y excepcionalidad para mantener la detención preventiva por seis meses en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz. De la revisión de antecedentes, y específicamente de las resoluciones emitidas por las autoridades demandas, se tiene que el accionante expuso los siguientes fundamentos:
Al haber ser detenido en horas de la madrugada, denunció actuación procesal arbitraria e ilegal; puesto que, fue notificado la misma hora de la audiencia de medidas cautelares, vale decir, el 15 de septiembre de 2022, a las 10:30; Asimismo, si bien no sería objeto de apelación, pero el Juez a quo, no podía llevar adelante la audiencia de medidas cautelares por no tener competencia y peor disponer su detención preventiva; ya que, los hechos denunciados se desarrollaron en la ciudad de La Paz; Por otro lado, alegó que se adquirió de manera ilegal gran cantidad de explosivos que fueron utilizados con efectivos policiales, generando así pánico en la ciudadanía; sin embargo, la imputación formal se basó solo en el informe de 30 de agosto de 2022, circunstancia que habrían determinado la concurrencia de autoría o participación en el hecho ilícito -art. 233.1 del CPP-, describiendo que: “…se habrían usado cantidades grandes de explosivos mismos que solo son de uso por personal militar del Ministerio de Defensa, consecuentemente se llegaría a la probabilidad de autoría del señor Raúl Heriberto Uría Aguirre como líder de un grupo denominado juventudes de ADEPCOCA mismo que provocó diferentes explosivos y armas no convencionales a las bases o grupos cocaleros con el fin de usarlos en los disturbios sociales y contingencias con la Policía Boliviana, consecuentemente se subsume la conducta que abrí adoptado este ciudadano a la de Tráfico Ilícito de Armas…” (sic); Por lo que, la imputación formal contuvo fundamentos inventados; toda vez que, solo tomó en cuanto el informe de 30 de agosto de 2022, elaborado por un funcionario policial -no indicó nombre-, para describir el hecho, además, dicho documento “únicamente” es copia de otro proceso penal contra “Machicado y Apaza”;
El argumento del Juez codemandado, fue “…los hechos se habrían suscitado en fecha 9 de agosto del 2022…” (sic), aspecto que debe ser resuelto por este Tribunal de alzada; Por tales motivos, alega que el Auto Interlocutorio 314/2022, estableció la probabilidad de autoría, sin existir identificación o algún elemento objetivo, pues no existió día, hora y forma de su participación en hecho ilícito, careciendo de inadecuada motivación y fundamentada de la resolución, vulnerando el principio de tipicidad en sus elementos congruencia externa e interna, ya que, no se demostró ni identificó que el accionante sea el líder y que generó conflicto social en ADEPCOCA, no existiendo una relación de causalidad entre las acciones realizadas para demostrar la probabilidad de autoría; Por ello, invocó la Sentencia Constitucional Plurinacional “276/2018”, sosteniendo que debieron generarse elementos fundadores sobre la condición de la detención preventiva, así como, una valoración armónica sobre el conflicto de ADEPCOCA; Además, se incumplió subsumir los hechos denunciados -quién y cuándo generó el conflicto-, por ende, debió interpretar de manera objetiva la relación circunstanciada del ilícito denunciado, por tales argumentos, debió determinarse la libertad pura y simple. Por su parte, el Auto de Vista 720/2022, dictado por la Vocal demandada, declaró procedente en parte el recurso de apelación deducido por el accionante y confirmó en parte el Auto Interlocutorio 314/2022, dando por desvirtuados los elementos de familia, domicilio y trabajo, así como, peligro efectivo para la sociedad y la víctima; no así, respecto al peligro de obstaculización -arts. 235.1 y 2 del CPP-, pues declaró subsistentes y latentes, desarrollando y estableciendo los siguientes fundamentos:
La probabilidad de autoría -art. 233.1 del CPP- Durante los conflictos en ADEPCOCA, se observó entre grupos cocaleros acciones criminales, cuya intención fue atentar contra la vida de policías y “comunidad”. El 9 de agosto de 2022, a las 18:40, personal de inteligencia de la Policía Boliviana reportó que un grupo de personas llegaron a ADEPCOCA en un vehículo minibús color amarillo, marca Toyota, con placa de circulación 2067-UDU, del cual descendieron ocho personas con morrales y una bolsa de saquillo, bajo la probabilidad que el saquillo y morrales contendrían dinamita; “…la Resolución de Imputación Formal respecto a la descripción de los hechos se tiene que conforme el Informe Nº 298/2022, elaborado por el Teniente Alexis Roberto Huayta Jefe de Operaciones Especiales de Investigación Policial, respecto a los actos delictivos en las movilizaciones protagonizadas por personas afines a ADEPCOCA de los antecedentes cursantes se tiene que mediante informe de fecha 30 de agosto del presente año, se habría efectuado conflicto extendido de ADEPCOCA por el cierre del mercado paralelo de coca asentado en la zona Villa el Carmen, habiéndose generado hechos que transgredieron las normas constitucionales entre los años 2021 y 2022, actos delictivos disfrazados como disturbios civiles provocados por miembros de ADEPCOCA…” (sic); Lograron identificar a "Juventudes de ADEPCOCA” y la participación del accionante como el líder de grupo, pues horas más tarde, dicho grupo provocó y enfrentó a fuerzas policiales con explosivos y armas no convencionales, circunstancias sustentadas bajo los elementos colectados: formulario único y acta de denuncia, informe “298” por la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Boliviana, requerimiento fiscal dirigido a la FELCC, informe de Zulema Aguirre Quispe, memorial de inicio de investigación dirigido al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de la Capital del departamento de La Paz, requerimiento fiscal de 29 de agosto de 2022, dirigido a la División de Manejo y Control de Crisis de la FELCC, informe de 1 de septiembre de igual año, suscrito por José Luis Jiménez Apaza -investigador asignado al caso-, memorial de apersonamiento de Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, Ministro de Gobierno, oficio de la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Boliviana, Informe 303 elaborado por Alexis Roberto Coricó y acta de allanamiento de 15 del citado mes y año; Consecuentemente, se evidenció la conducta del impetrante de tutela como una acción típica, antijurídica, culpable y punible, contrario a la normativa penal, por ello, se atribuyó al prenombrado autor o participe del ilícito tráfico ilícito de armas -artículo 141 quater del CP-, al existir suficientes elementos de convicción respecto a la probabilidad y participación, por ende, la concurrencia en la comisión del hecho delictivo; Por otro lado, sí bien el abogado defensor del peticionante de tutela sostuvo la existencia de duda razonable e indicó que no se habría realizado una compulsa adecuada de antecedentes del proceso; el Juez codemandado, señaló que dichas alocuciones no causan estado y que las medidas cautelares pueden ser modificables de acuerdo a la circunstancia de los hechos, pues dicha medida extrema tiene carácter provisional; Consiguientemente, el Juez codemandado, estimó la concurrencia de autoría o participación del hecho, ello ante la fundamentación fáctica en la imputación formal realizada por el Ministerio Público, entendimiento asumido por la SCP 1340/2013 de 15 de agosto, es atribución privativa del titular de la acción penal la calificación provisional del delito, máxime, si por mandato del art. 225 de la CPE, dicha institución ejerce la acción penal pública que implique la persecución de las conductas delictivas para su consiguiente sanción por el órgano jurisdiccional; El Ministerio Público no investigó a ultranza el hecho denunciado, si no tiene por finalidad la defensa de los intereses generales de la sociedad y la legalidad, ello dentro del marco de la CPE, Tratados Internacionales y leyes vigentes, que conllevan al respeto de derechos fundamentales y garantías constitucionales; Asimismo, dicha institución efectuó una investigación penal bajo principios de legalidad y objetividad, se tomaron en cuenta los elementos indiciarios ofrecidos por la Fiscal de Materia asignada a la causa, identificando de manera puntual la relación circunstanciada de los hechos denunciados, pues la autoridad jurisdiccional tomó en cuenta dichos elementos y determinó la concurrencia del artículo 233.1 del CPP -probabilidad de autoría-; En ese entendido, el Tribunal de alzada, consideró que al haberse identificado con suficientes elementos de convicción para establecer la participación y probabilidad de autoría del prenombrado considera que la probabilidad de autoría aún se mantiene latente. Sobre el riesgo procesal de fuga -art. 234.1 y 2 del CPP- El Auto Interlocutorio 314/2022, si bien contiene fundamentación fáctica y jurídica; sin embargo, no expuso suficiente logicidad jurídica, por ello, vulneró el principio al debido proceso en su elemento congruencia externa e interna. Respecto al elemento domicilio lícito -art. 234.1 del CPP-, el Juez codemandado, refirió que no se habría desvirtuado; empero, con relación al art. 234.2 del citado Código, estableció que dichos riesgos procesales habrían sido desvirtuados, debido a que, la carga de la prueba para acreditar los peligros de fuga u obstaculización corresponde a la parte acusadora, no debiendo exigirse al imputado acreditarlo, razonamiento establecido por la Ley 1173; En ese sentido, el Tribunal de alzada al haber verificado la vulneración al principio del debido proceso en su vertiente fundamentación y congruencia, consideró que el art. 234.1 y 2, están desvirtuados. Respecto al art. 234.7 del CPP Los fundamentos expuestos en el Auto Interlocutorio 314/2022, se encontraría afianzado tanto al peligro para la sociedad como para la víctima, constituyéndose en hechos que transgredieron la paz social y el orden público, enfrentamientos que generaron estragos y daño a personas inocentes a la zona al mercado de ADEPCOCA, ya que, utilizaron armas y material explosivos; El peligro de fuga no puede fundarse en meras presunciones abstractas, sino que debe surgir una información precisa y confiable, donde el Ministerio Público o el querellante aporten en audiencia y den razonabilidad suficiente del porque el imputado eludirá la acción de la justicia; En la instancia de apelación, no existió suficiente motivación y logicidad jurídica respecto al peligro de fuga -art. 234.7 del CPP-; más aún, de la revisión del legajo de apelación no se tiene documentación alguna como el Registro Judiciales de Antecedentes Penales (REJAP) que establezca que el accionante tendría sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada; por otro lado, sobre el peligro para la víctima, tampoco se acreditó de qué manera sería un peligro para la víctima; consecuentemente este Tribunal considera que dicho riesgo procesal se encontraría desvirtuado. Respecto al riesgo de obstaculización -art. 235.1 del CPP- La defensa del impetrante de tutela, alegó que en la requisa efectuada no se encontró armas de fuego, solo un celular; por el cual, considera que el peligro de obstaculización debe fundarse en información precisa y “circunstancial”, para que el Ministerio Público o querellante, aporten y den razonabilidad suficiente, por ello, invocó la Sentencia Constitucional “711/2011”, la autoridad jurisdiccional debe actuar de manera objetiva y no puede basarse en elementos subjetivos, por tales argumentos, considera que el mismo debe ser desvirtuado; Al respecto, por la evidente posesión de material explosivo empleado en los enfrentamientos de ADEPCOCA se abrió proceso penal, además, la causa se encuentra en plena fase investigativa, etapa que servirá colectar elementos de prueba, ello a fin de llegar a la verdad histórica, por lo que, se advierte que en libertad el justiciable -se entiende al accionante- sería un obstáculo; Véase, los fundamentos fácticos emitidos por el Juez codemandado, tiene la suficiente logicidad jurídica, tomando en cuenta la identificación de los elementos sobre la posesión de material explosivo, el cual fue empleado en enfrentamientos en el mercado de ADEPCOCA, aspectos por el cual, el Tribunal de alzada, considera que en audiencia de medidas cautelares, existió prueba ofrecida y que corresponde al Ministerio Público a fines de llegar a la verdad histórica de los hechos, consecuentemente dichos riesgo procesal aún se mantiene latente. Con relación al art. 235.2 del CPP El solicitante de tutela, alegó que no se habría identificado quiénes serían los testigos o participes a los cuales su persona influenciaría de manera negativa. Al respecto, los agravios expuestos por el accionante deben estar debidamente fundamentados; es decir, debe existir motivos suficientes como para que esté Tribunal, pueda determinar que la decisión emitida por autoridad jurisdiccional, adolezca de incongruencia omisiva o aditiva, así como, la falta de fundamentación fáctica, jurídica o analítica. En el presente caso, dichos agravios fueron expuestos de manera generalizada, aspecto por el cual este Tribunal de alzada, al no escuchar una crítica razonable ni suficiente, sobre el perjuicio o agravio respecto al art. 235.2 del CPP, considera la imposibilidad de ingresar al fondo de la resolución; Por otro lado, ante la denuncia del accionante que, el citado riesgo procesal debe mantenerse latente hasta dictarse la correspondiente sentencia, dicho argumento no es compartido por este Tribunal; toda vez que, el mismo ha sido superado por la Sentencia Constitucional “276/2018”; en ese sentido, las medidas cautelares no causan estado y pueden ser modificables de acuerdo a las circunstancias de los hechos. Sobre el plazo de duración detención preventiva El art. 233.3 del CPP, refiere el plazo de duración a la detención preventiva, el cual tiene la finalidad asegurar la averiguación de la verdad y aplicación de la ley; más aún, toda resolución judicial debe contener una debida fundamentación, debiendo aplicarse la necesidad, proporcionalidad y razonabilidad; Es así que, al disponerse la necesidad de que el accionante se encuentre con detención preventiva por seis meses en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, guarda relación con los principios de necesidad, proporcionalidad y pertinencia, para la aplicabilidad de la detención preventiva, pues el Ministerio Público sostuvo que manera razonable la existencia de actos investigativos pendientes: inspección técnica ocular en ADEPCOCA, seguida de reconstrucción, así como, allanamientos, declaraciones testificales, identificación de cámaras de seguridad y su respectivo desdoblamiento y careos; Consiguientemente el Tribunal de alzada, considera que encontrándose aún en etapa preparatoria, donde la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público y tomando en cuenta que aún existen riesgos procesales latentes -art. 235.1 y 2 del CPP-, la medida dispuesta está justificada y aún existe la necesidad que el accionante guarde detención preventiva a objeto del desarrollo de los actos investigativos citados, tomando en cuenta que las medidas cautelares no causan estado y que las mismas pueden ser modificables de acuerdo a la circunstancia de los hechos. Ahora bien, conforme se tiene glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, los Tribunales de alzada están obligados, a dar respuesta a todos los agravios denunciados en la apelación según lo preceptuado por el art. 398 del CPP, ajustando sus resoluciones a los aspectos cuestionados del pronunciamiento de la autoridad inferior, precautelando que el fallo a emitirse esté motivado; lo que, no supone obligatoriamente se constituyan en exposiciones exhaustivas y ampulosas; puesto que, es permisible estén estructuradas incluso de manera breve y concisa, siendo lo primordial que la resolución permita conocer de forma incuestionable las razones que llevaron al juez o tribunal a tomar su decisión; bajo ese marco, corresponde verificar si los agravios identificados fueron absueltos con la debida fundamentación y motivación por la Vocal demandada. Se concluye que el accionante no desvirtuó ningún riesgo procesal de obstaculización -art. 235.1 y 2 del CPP-, limitándose a señalar como agravios: 1) el hecho denunciado se suscitó 9 de agosto de 2022, pues no existió día, hora y forma de participación en el hecho denunciado; y, 2) Se determinó la concurrencia de grado de autoría en base al informe de 30 de agosto del mismo año.
Al respecto, este Tribunal concluye que la Vocal demandada de forma sucinta y clara, describió el hecho denunciado, con indicación de tiempo, modo y lugar de la comisión, así como la calificación provisional del presunto ilícito penal -tráfico ilícito de armas-, resaltando que, el 9 de agosto de 2022 a las 18:40, miembros de inteligencia de la Policía Boliviana, informaron que ocho personas descendieron con morrales y una bolsa de saquillo en el mercado de ADEPCOCA de un vehículo minibús, de color amarillo, marca Toyota, con placa de control 2067-UDU -con dinamita-, identificándose al impetrante de tutela como líder de juventudes de ADEOCOCA y horas más tardes hubo enfrentamientos con fuerzas policiales con explosivos y armas no convencionales. Asimismo, el Ministerio Público a momento de emitir imputación formal contra el accionante, no solo se basó en el Informe 298/2022, sino que fue con base al formulario único y acta de denuncia, requerimiento fiscal a la FELCC, informe elaborado por Zulema Aguirre Quispe, requerimiento fiscal de 29 de agosto de 2022, informe de 1 de septiembre de igual año, memorial de apersonamiento de Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, oficio a la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Boliviana, Informe 303 y acta de allanamiento de 15 del citado mes y año; en ese entendido, se estableció la participación y probabilidad de autoría del accionante -art. 233.1 del CPP-. Por otro lado, en cuanto a la detención en horas de la madruga del 15 de septiembre de 2022, la notificación el mismo día de la audiencia de medidas cautelares y la afectación al juez natural en su elemento competencia -los enfrentamientos en el mercado de ADEPCOCA se suscitaron en la ciudad La Paz- y emergente de ello, el Juez codemandado conoció y resolvió su situación jurídica, disponiendo la detección preventiva; al respecto, las citadas denuncias debieron ser resueltas a través de incidente nulidad de aprehensión y/o defectos absolutos, y en definitiva, formular excepción por falta de competencia en razón de territorio, develando que con su accionar consistió la emisión del Auto Interlocutorio 314/2022; por lo cual, resulta inviable analizar tales reclamos, cuando por su decídia o negligencia no activó en su momento procesal los mecanismos idóneos que tenía a su alcance. Respecto al riesgo procesal de obstaculización -235.1 y 2 del CPP-, se advierte que, la Vocal demandada a momento de mantener subsistentes y latentes, expuso argumentos razonables al fundar que los explosivos empleados en los enfrentamientos de ADEPCOCA, se identificó un elemento importante, como la posesión del material explosivo -dinamita-; máxime, el accionante no expuso motivos jurídicos suficientes para su estudio, pues sus argumentos fueron expuestos de forma generalizada, inobservando que para su estudio es necesario que la parte afectada funde con argumentos sólidos su disconformidad; además, las medidas cautelares no causan estado, ellas pueden ser modificables de acuerdo a las circunstancias del proceso, razonamientos que guardan armonía con los antecedentes suscitados en el proceso y que resulta claro y comprensible; por ende, no se advierte falta de fundamentación y motivación al respecto.
A su vez, sobre el plazo de duración de la detención preventiva -art. 233.3 del CPP-, se develó la necesidad de adoptar la medida extrema por seis meses, ello tomando en cuenta la existencia de actos investigativos pendientes: inspección técnica ocular en dependencias de ADEPCOCA, seguida de reconstrucción, allanamientos, declaraciones testificales e identificación de cámaras de seguridad, desdoblamiento y careos; en ese entendido, no era cierto lo aseverado por el peticionante de tutela en lo concerniente a la aplicación de criterios proporcionalidad y excepcionalidad para mantener dicha medida extrema. En ese mérito, la Vocal demandada para declarar procedente en parte el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 314/2022, que impuso la detención preventiva al accionante, analizó de forma íntegra y resolvió de manera coherente el recurso de apelación; por ende, corresponde denegar la tutela al no advertirse falta de fundamentación y motivación; toda vez que, el Auto de Vista 720/2022, se encuentra dentro los parámetros delimitados por la jurisprudencia descrita en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional. Finalmente, sobre la lesión del derecho a la vida, de las pruebas remitidas a consideración, así como, de lo argumentando en el memorial de acción de libertad y la celebración de la audiencia de garantías de 1 de agosto de 2022, no se tiene argumento alguno y/o antecedente material, que acredite lesión concreta o amenaza de tal derecho; puesto que, el solicitante de tutela a más de mencionarlo, no lo vincula ni relaciona con el objeto procesal que hace la problemática ni algún hecho o situación fáctica para su consideración; por ello, amerita denegar la tutela al respecto. En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2022 de 1 de octubre, cursante de fs. 37 a 40 vta., pronunciado por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los argumentos desarrollados en la Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0968_2025-S3.pdf · páginas 1 a 19.
Huella digital del PDF (SHA-256): e1b3f57d7e0f76d365c8a0b0dca044283b481a9d614ce5600f8d998aca368e09
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