B.IA.LEGAL

SCP 0966/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 21 de agosto de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
21 de agosto de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
72278-2025-145-AAC
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba; acceso a la justicia, a la defensa y a no sufrir violencia física; así como del principio de seguridad jurídica; aduciendo que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia suya en contra de Eduardo Gueri Santa Cruz Rodríguez -tercero interesado- por la presunta comisión del delito de violación; el Fiscal Departamental demandado, mediante Resolución Jerárquica F.D.O./A.A.M.A. 340/2024 de 23 de agosto, ratificó el requerimiento conclusivo de Sobreseimiento presentado el 29 de julio de 2024, desmereciendo su declaración en calidad de víctima con criterios genéricos como el hecho de no existir prueba suficiente para determinar que el imputado el día de la presunta comisión del ilícito se encontraba en el lugar de la agresión denunciada y que según la referida Trabajadora Social, su persona formalizó la denuncia presionada por su actual pareja. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR la Resolución 65/2025 de 17 de marzo, cursante de fs. 427 a 434, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, 1º CONCEDER la tutela solicitada con relación a los derechos al acceso a la justicia, a la defensa y al debido proceso en sus componentes de congruencia, fundamentación y motivación; disponiendo la nulidad de la Resolución Jerárquica F.D.O./A.A.M.A. 340/2024 de 23 de agosto, a ese efecto el Fiscal Departamental en actual ejercicio del cargo deberá emitir un nuevo fallo debidamente fundamentado sea en el plazo de setenta y dos horas de su legal notificación. 2º Denegar respecto a la presunta lesión de los demás derechos; y, del principio de seguridad jurídica, conforme las razones precedentemente expuestas.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público
  2. III.2. La declaración de la víctima de violencia sexual o violación sexual
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0966/2025-S3 Sucre, 21 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de amparo constitucional Expediente: 72278-2025-145-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 65/2025 de 17 de marzo, cursante de fs. 427 a 434 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por María Luisa Zuleta Mendoza contra Aldo Ángel Morales Alconini, Fiscal Departamental de Oruro; y, Ronald Martín Armando Vargas Montaño, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 7 de marzo de 2025, cursante de fs. 377 a 389 vta., la accionante refirió que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 12 de febrero de 2012, y a partir de ahí en distintas oportunidades, sufrió vejámenes de carácter sexual, perpetrados aparentemente por Eduardo Gueri Santa Cruz Rodríguez -tercero interesado- por lo cual decidió presentar denuncia el 8 de idéntico mes de 2024. Dentro el desarrollo de esa causa penal se acumularon suficientes elementos de convicción para establecer la existencia del hecho y la responsabilidad del prenombrado, consistentes en su declaración como víctima, el registro del lugar del hecho e informes correspondientes. En mérito a ello, el Fiscal de Materia -codemandado-, pronunció Imputación Formal solicitando detención preventiva la cual vino cumpliendo el ahora tercero interesado. No obstante, de manera sorpresiva el 29 de julio de 2024, el referido representante fiscal emitió Requerimiento Fundamentado de Sobreseimiento desconociendo la declaración que brindó en varias ocasiones, inclusive en cámara Gessell, aduciendo que concurría insuficiencia probatoria para sustentar una acusación. Centrando sus argumentos en torno al Informe Social de 28 de marzo del indicado año, concluyendo que para interponer la denuncia penal influyó su pareja actual por los eventos ocurridos el 26 de septiembre de 2023, señalando que predominaría el principio in dubio pro reo. Ante esa determinación el 2 de agosto de 2024, interpuso recurso de impugnación mereciendo la Resolución Jerárquica F.D.O./A.A.M.A. 340/2024 de 23 de agosto, que describió diversas documentales, sin realizar ninguna valoración; transcribió las conclusiones del Informe Social de la Trabajadora Social de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos (UPAVT) resaltando los sucesos ocurridos el 26 de septiembre de 2023, -de una forma distinta a la que hubiera relatado inicialmente-; por otro lado, se desmereció su declaración como víctima con criterios genéricos como la afirmación de que no existía prueba suficiente para determinar que el imputado el día de la presunta comisión del ilícito se encontraba en el lugar del hecho y que según la referida Trabajadora Social su persona formalizó la denuncia presionada por su actual pareja. La valoración realizada por las autoridades demandadas no condice con la perspectiva de género y los estándares de valoración probatorio en casos de violencia sexual.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba; acceso a la justicia, a la defensa y a no sufrir violencia física; así como del principio de seguridad jurídica citando al efecto los arts. 115.II, 119.I, 178 y “121” de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo dejar sin efecto la Resolución Jerárquica F.D.O./A.A.M.A. 340/2024 de 23 de agosto, debiendo el Fiscal Departamental demandado emitir un nuevo fallo observando a cabalidad los derechos inobservados.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 17 de marzo de 2025, según consta en acta cursante de fs. 421 a 426 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogada, ratificó el contenido del memorial de la acción de amparo constitucional presentado, y ampliándolo señaló que: a) La Imputación Formal fue emitida considerando dos hechos el primero suscitado el 12 de febrero de 2022 a horas 10 de la mañana, en el interior de su domicilio donde el tercero interesado la forzó a tener relaciones sexuales sin su consentimiento y la segunda ocasión el 29 de agosto del indicado año donde el prenombrado la lleva a un alojamiento y también proceden a mantener intimidad sin su consentimiento; b) El Fiscal Departamental demandado para determinar la ratificación del sobreseimiento razonó que existieron testigos que vieron al tercero interesado el primer día del hecho viendo el convite con su madre, y consideró el informe social señalando que los problemas que tenía con su actual pareja le llevaron a presentar la denuncia, lesionando de esa forma su derecho a la fundamentación, motivación y valoración de la prueba que debió efectuarse con enfoque de género además los elementos probatorios tenían que ser analizados de forma individual; c) Debieron aplicarse los lineamientos establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expuestos en el caso Rosendo Cantú e Inés Ortega contra México específicamente su parágrafo 100; d) La falta de elementos de prueba alegada por el Ministerio Público no puede estar basada en su propia inactividad; surgiendo la interrogante de ¿por qué no realizaron otros actos investigativos?; y, e) Se configuró también una incongruencia interna en la resolución cuestionada que señalaba: “…ʽLa víctima declara en el acta de Cámara Gessell, que el hecho se cometió cuando el imputado le agarra del cuello, le baja el buzo y procede a la agresión sexualʼ…” (sic); generándose contradicción con la parte dispositiva de ese fallo, al indicar que ese testimonio era insuficiente; cuando en párrafos anteriores indicó que como víctima relató de manera precisa la existencia de la violencia física previa a la agresión sexual. Ante la pregunta de la Vocal de la Sala Constitucional en relación a la valoración de la prueba respecto a ¿qué elemento se refería si al anticipo de prueba jurisdiccional o al certificado del gabinete psico-legal? contestó que principalmente al acta de anticipo de prueba (declaración de la víctima en cámara Gessell).

I.2.2. Informe de los demandados

Aldo Ángel Morales Alconini, Fiscal Departamental de Oruro; por informe escrito presentado el 17 de marzo de 2025, cursante de fs. 395 a 396 sostuvo que: 1) La Resolución Jerárquica F.D.O./A.A.M.A. 340/2024 respondió todos los agravios formulados en la impugnación al sobreseimiento entre los que se hacía mención al testimonio de la víctima, el cual fue valorado. Sin embargo, cursaban pruebas de descargo, consistentes en declaraciones de testigos que manifestaron que el tercero interesado el 12 de febrero de 2022 estaba viendo el convite en compañía de su madre. De igual forma se tiene que el Informe Social realizado por la trabajadora social y los elementos colectados en la investigación generaron duda razonable en la autoría, por cuanto de lo declarado por los testigos, y lo informado por la referida servidora pública que determinó la posibilidad de que la denuncia fue presentada por la accionante presionada por su actual pareja. Esos elementos bajo el principio de objetividad generaron inconsistencia en relación al testimonio brindado por la víctima; 2) El Fallo que pronunció -ahora cuestionado- realizó un análisis íntegro de los elementos cursantes en el cuaderno de investigaciones;y, 3) Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en delitos de agresión sexual debe otorgarse la presunción de veracidad; pero, la misma puede ser desvirtuada a través de una serie de diligencias, investigaciones y garantías “…(Caso J. Vs. Perú)…” (sic). En virtud a ello, y al no determinarse los componentes del tipo penal denunciado, emitió la resolución jerárquica cuestionada. Ronald Martín Armando Vargas Montaño, Fiscal de Materia, por informe escrito sin fecha cursante a fs. 398 a 400, manifestó que: i) Respecto a la fecha del sobreseimiento, la misma consta en el cargo de recepción; ii) El requerimiento fundamentado de sobreseimiento que pronunció se basó en el art. 323.3 del Código de Procedimiento Penal (CPP), es decir que, la prueba era insuficiente para fundar una acusación debiendo entenderse que no es lo mismo indicio que evidencia; y, iii) En el petitorio de esta acción de defensa no se lo mencionó.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Eduardo Gueri Santa Cruz Rodríguez, a través de su abogado en audiencia de garantías, señaló que: a) La accionante en su escrito y en audiencia no explicó de qué forma la Resolución Jerárquica cuestionada merece ser anulada; asimismo, en su impugnación no manifestó lo que ahora sostuvo en esta acción de defensa; b) Se omitió el hecho de que la actual pareja de la impetrante de tutela lo agredió, provocándole la pérdida del ojo derecho. Por tal motivo, presentó querella criminal contra el prenombrado que se encuentra en fase de juicio oral. Esa es la causa por la que la peticionante de tutela inició una serie de denuncias en su contra primero una de violencia familiar o doméstica que fue rechazada; en cuanto esa investigación se inició “…nos han llamado para decir conciliaremos, tú retiras esto y nosotros retiramos este otro…ʼ” (sic); y, c) El hecho denunciado fue de la gestión 2012 han transcurrido más de 13 años incluso se desarrolló una audiencia de prescripción que fue procedente; sin embargo, en apelación se dispuso se continúe investigando.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por Resolución 65/2025 de 17 de marzo, cursante de fs. 427 a 434 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) El Fiscal Departamental en su análisis hizo mención a que debe otorgarse en los delitos de violencia en razón de género la presunción de veracidad a la declaración de la víctima haciendo alusión específica al “…caso J vs Perú…”; y, que ese testimonio si bien es prueba fundamental puede ser desvirtuado a través de una serie de diligencias investigativas realizadas por el Fiscal de Materia; concluyendo que en la causa penal de base, existía insuficiente prueba para determinar que el día de los hechos el tercero interesado estuvo con la accionante. Asimismo, el informe de la trabajadora social denotaba conflictos de pareja por los que la prenombrada hubiera sido presionada para denunciar al tercero interesado; 2) Si bien la declaración de la víctima puede subsistir hasta el juicio oral; no obstante, el resto de la prueba acumulada generó duda sobre su contenido. En virtud al principio de verdad material la autoridad demandada concluyó que existían insuficientes elementos para fundar una acusación respecto al delito atribuido al tercero interesado; y, 3) No se produjo lesión al debido proceso ni tampoco al acceso a la justicia en relación a la impetrante de tutela, quien no tuvo inconvenientes ni obstáculos para llegar a la jurisdicción ordinaria, ni ante el Ministerio Público, ejerciendo su derecho a la impugnación.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante acuerdo jurisdiccional TCP-AJ-SP-01/2022 de 4 de febrero, se dispuso la priorización en el sorteo de casos relativas a violencia feminicida a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Requerimiento Fundamentado de Sobreseimiento presentado el 29 de julio de 2024, pronunciado por Ronald Martín Armando Vargas Montaño, Fiscal de Materia -codemandado- a favor de Eduardo Gueri Santa Cruz Rodríguez -tercero interesado- (fs. 359 a 363 vta.). II.2. Consta Resolución Jerárquica F.D.O./A.A.M.A. 340/2024 de 23 de agosto por Aldo Ángel Morales Alconini, Fiscal Departamental de Oruro -demandado-, ratificando el citado Requerimiento Fundamentado (fs. 364 a 368).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba; acceso a la justicia, a la defensa y a no sufrir violencia física; así como del principio de seguridad jurídica; aduciendo que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia suya en contra de Eduardo Gueri Santa Cruz Rodríguez -tercero interesado- por la presunta comisión del delito de violación; el Fiscal Departamental demandado, mediante Resolución Jerárquica F.D.O./A.A.M.A. 340/2024 de 23 de agosto, ratificó el requerimiento conclusivo de Sobreseimiento presentado el 29 de julio de 2024, desmereciendo su declaración en calidad de víctima con criterios genéricos como el hecho de no existir prueba suficiente para determinar que el imputado el día de la presunta comisión del ilícito se encontraba en el lugar de la agresión denunciada y que según la referida Trabajadora Social, su persona formalizó la denuncia presionada por su actual pareja. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público

Al respecto, la SCP 0645/2018-S3 de 11 de diciembre, señaló que: “La SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, estableció al respecto que: ʽ…toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de fondo, no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver.

Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión; y de incurrirse en esta omisión al disponer sobreseimiento a favor de la parte imputada, la víctima podrá impugnar el requerimiento ante el superior jerárquico, y si éste igualmente incurre en la misma omisión, quedará abierta la jurisdicción constitucional para que acuda a la misma en busca de protección a sus derechos a la seguridad jurídica y de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, cuyo alcance no abarca, como se dijo, a que la parte acusadora pretenda que este Tribunal obligue a un Fiscal a presentar obligatoriamente la acusación si no únicamente a que dicha autoridad emita su requerimiento conclusivo debidamente fundamentado como lo exigen las normas previstas por los arts. 45. 7) de la LOMP, 73 y 323.3 del CPPʼ.

La fundamentación y motivación de resoluciones como componente del debido proceso, es también exigible en los requerimientos emitidos por el Ministerio Público, máxime, si en ejercicio del principio de objetividad los Fiscales de Materia como tenedores del monopolio de la investigación criminal en delitos de acción pública, optan por la desestimación, rechazo de la denuncia y sobreseimiento; por lo cual, resulta pertinente establecer, que a tiempo de analizar la fundamentación y motivación desplegada por los Fiscales de Materia, se debe considerar el momento procesal de la investigación penal; es decir, que, en los actos iniciales no se puede exigir la misma intensidad argumentativa que en los momentos conclusivos de la investigación penal; por cuanto, una resolución de rechazo de denuncia, y la de sobreseimiento -formas de requerimientos conclusivos de la etapa preliminar y preparatoria-, son el resultado del análisis de los actos investigativos, en tanto que, una desestimación solo obedece al incumplimiento de las formalidades o presupuestos para la activación de la etapa inicial de la investigación. Dicho criterio se aplica no solo en cuanto a las resoluciones y requerimientos emitidos por los fiscales del caso, sino también a las autoridades jerárquicas, cuando resuelven impugnaciones contra las determinaciones de los primeros” (las negrillas nos corresponden).

III.2. La declaración de la víctima de violencia sexual o violación sexual

Al respecto, la SCP 1236/2022-S2 de 19 de septiembre haciendo alusión a la SCP 0776/2019-S4 de 12 de septiembre, refirió que: «“Tomando en cuenta los criterios y principios de protección en favor de la mujer víctima de violencia, concretamente respecto a la violencia sexual, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableció las siguientes circunstancias a ser consideradas por los operadores de justicia o encargados de la persecución penal cuando se trata de recolectar prueba del hecho delictivo, en el marco del principio de debida diligencia: ‘…en una investigación penal por violencia sexual es necesario que: i) la declaración de la víctima se realice en un ambiente cómodo y seguro, que le brinde privacidad y confianza; ii) la declaración de la víctima se registre de forma tal que se evite o limite la necesidad de su repetición; iii) se brinde atención médica, sanitaria y psicológica a la víctima, tanto de emergencia como de forma continuada si así se requiere, mediante un protocolo de atención cuyo objetivo sea reducir las consecuencias de la violación; iv) se realice inmediatamente un examen médico y psicológico completo y detallado por personal idóneo y capacitado, en lo posible del sexo que la víctima indique, ofreciéndole que sea acompañada por alguien de su confianza si así lo desea; v) se documenten y coordinen los actos investigativos y se maneje diligentemente la prueba, tomando muestras suficientes, realizando estudios para determinar la posible autoría del hecho, asegurando otras pruebas como la ropa de la víctima, investigando de forma inmediata el lugar de los hechos y garantizando la correcta cadena de custodia, y vi) se brinde acceso a asistencia jurídica gratuita a la víctima durante todas las etapas del proceso’.

Ahora bien, como corolario de todo lo expuesto, es necesario tener presente que el problema de la violencia ejercida contra la mujeres en razón de género, obliga a que la perspectiva de los órganos o servidores públicos que tengan conocimiento de un hecho delictivo, en especial, el perpetrado contra el bien jurídico libertad sexual, se ejerza precisamente desde un enfoque integral que atienda la connotación del hecho en el marco de los principios y normas de actuación desarrollados ampliamente. En similar sentido, los jueces y tribunales de garantías, con mayor razón, el Tribunal Constitucional Plurinacional, deben observar un enfoque integral cuando conozcan de acciones de defensa vinculados a hechos de tal naturaleza.

En ese entendido, la SCP 0017/2019-S2 asumió el siguiente razonamiento: ‘Los principios y garantías procesales a favor de las víctimas mujeres de violencia, que fueron descritos en el anterior Fundamento Jurídico, no solo se aplican a los procesos penales, sino, como manda la misma Ley 348, a todas las causas por hechos de violencia contra las mujeres, en todas las materias; consiguientemente, también en la justicia constitucional; pues, en el marco de lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia, es obligación del Tribunal Constitucional Plurinacional, analizar el problema jurídico planteado en las acciones de defensa de manera integral, considerando los derechos de las partes en conflicto; más aún, tratándose de casos que emerjan de hechos de violencia en razón de género; pues en éstos asuntos, aun el peticionante de tutela sea el imputado, corresponderá analizar el contexto del proceso penal, para verificar si se cumplieron los estándares internacionales e internos respecto a la protección de los derechos de las mujeres; de lo contrario, se cohonestaría actuaciones contrarias a la normativa internacional e interna; incumpliendo con las responsabilidades internacionales asumidas por el Estado boliviano.

Entendimiento, que es coherente con el principio de verdad material contemplado en el art. 180.I de la CPE, a partir del cual, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la o el juzgador debe buscar la paz social, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos, encontrando la verdad de los hechos, por encima de mecanismos formales o procesales; con la finalidad que las partes, accedan a una justicia material, eficaz y eficiente.

(…)

En mérito a lo anotado, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, considera que en las acciones de defensa que emerjan de procesos judiciales o administrativos en los que se debatan hechos de violencia hacia las mujeres, la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso; pues, solo de esta manera, se podrá dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y se respetarán los derechos de las víctimas de violencia en razón de género, entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, así como a una vida libre de violencia’”.

Asimismo, respecto a la declaración de la víctima de violencia sexual o violación sexual, corresponde señalar que dentro del ámbito de protección del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos (SIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en relación al tema en los casos Fernández Ortega y otros Vs. México -Sentencia de 30 de agosto de 2010, párrafo 100-; y, Rosendo Cantú y otra Vs. México -Sentencia de 31 de agosto de 2010, párrafo 89-, sostuvo que: “…En primer lugar, a la Corte le resulta evidente que la violación sexual es un tipo particular de agresión que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores. Dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho”» (las negrillas son añadidas).

III.3. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba; acceso a la justicia, a la defensa y a no sufrir violencia física; así como del principio de seguridad jurídica; aduciendo que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de la accionante, contra el tercero interesado, por la presunta comisión del delito de violación, este fue beneficiado por Requerimiento Fundamentado de Sobreseimiento, dictado por el Fiscal de Materia codemandado (Conclusión II.1); como resultado del recurso de impugnación que interpuso la prenombrada contra la citada determinación conclusiva, el Fiscal Departamental demandado, a través de la Resolución Jerárquica F.D.O./A.A.M.A. 340/2024 de 23 de agosto, confirmó la aludida decisión (Conclusión II.2). Previo a ingresar a resolver la problemática planteada, corresponde indicar que la revisión de las decisiones asumidas debe efectuarse en el marco del principio de subsidiariedad que rige esta acción de defensa. Es decir, a partir de la última resolución pronunciada; en razón a que, la misma tuvo la posibilidad de corregir, enmendar y/o anular las determinaciones dispuestas por las autoridades de menor jerarquía. En virtud a ello, se procederá al análisis de la presunta transgresión de derechos a partir de la Resolución Jerárquica F.D.O./A.A.M.A. 340/2024 de 23 de agosto. Superado ese aspecto se tiene que los motivos de la impugnación formulada por la accionante fueron resumidos en la citada Resolución Jerárquica por el Fiscal Departamental demandado de la siguiente forma: i) La SCP 0203/2019-S1 de 7 de mayo, desarrolló un entendimiento sobre el deber de fundamentar y motivar resoluciones concernientes a violencia contra las mujeres; asimismo, debió considerarse la SCP 1630/2014 de 19 de agosto; ii) El acceso a la justicia está previsto en el art. 115.I de la CPE, además de estar reconocido en diferentes instrumentos internacionales; adquiriendo mayor relevancia al tratarse de casos de violencia sexual contra las mujeres; iii) Toda autoridad judicial tiene el deber de fundamentar exhaustivamente sus resoluciones, pues de no hacerlo denegaría el derecho de acceso a la justicia de quien acude ante ella contribuyendo y atentando a la comisión de estos hechos y desconociendo los fines que persigue el Estado y el deber de actuar con la debida diligencia; asimismo ante la duda en este tipo de hechos tienen la obligación de cerciorarse de la comisión del ilícito pues de no hacerlo se incurre en re victimización;

iv) Si bien se formalizó impugnación contra el Requerimiento Fundamentado de Sobreseimiento el cual estará pendiente de resolución; empero, no corresponde aplicar ningún criterio de subsidiariedad en casos de violencia hacia las mujeres por el riesgo que corren los derechos a la vida, a la integridad y a la no violencia conforme el entendimiento de la SCP 0033/2013 de 4 de enero y 0019/2018-S2 de 28 de febrero;

v) Que el Fiscal de Materia codemandado, no valoró correctamente los elementos recolectados en la investigación, que demostraban objetivamente los elementos constitutivos del tipo penal denunciado; y, vi) Todas las pruebas recolectadas dentro la etapa preparatoria demostraban que el autor del hecho era Eduardo Gueri Santa Cruz Rodríguez.

Habiéndose denunciado la presunta falta de fundamentación y motivación en la Resolución Jerárquica F.D.O./A.A.M.A. 340/2024 de 23 de agosto, corresponde analizar la misma, siendo los argumentos de la decisión los siguientes: a) De la certificación del Gabinente Psico – Legal “Edumente” no se llegó a establecer de forma precisa cual era la violencia sexual que atravesó la víctima; limitándose a señalar de manera genérica que en el año 2012 fue agredida sexualmente; de otra parte, en la prueba de descargo se tiene una imputación formal que demostraba que la actual pareja de la prenombrada hubiera agredido al tercero interesado; lo que demostraba que existían otros procesos penales; b) Por otro lado se tiene la entrevista policial de la víctima quien manifestó que el imputado estuvo incumpliendo las medidas de protección; de igual forma se tiene acta de registro del lugar del hecho informe de la “…asistente de la DIO quien refiere que en los libros de denuncias de SLIM en gestiones 2021, 2022, 2023 no se tiene ninguna denuncia…” (sic); también se tiene informe del investigador asignado al caso quien realiza una descripción de los elementos cursantes en el cuaderno de investigaciones, concluyendo que se tenía suficientes elementos de convicción para determinar la probabilidad de autoría; acta de apertura y reproducción de Disco Compacto (CD), así como secuencia fotográfica del actuado; entrevistas al testigo de descargo José Jorge Rivera Solíz quien manifestó que en la gestión 2012 el 12 de febrero durante el convite se encontró con el imputado y su madre; por su parte Eve Marisol Santa Cruz Rodríguez, quien manifestó que el prenombrado el día 12 de febrero de 2012 se encontraba viendo dicha festividad en la calle Bolívar en inmediaciones del Comando de Policía; y Elena Reinera Rodríguez Guzmán indicó que no observó el hecho ya que el imputado y su madre estaban viendo la entrada del convite para luego ir a almorzar y descansar a su casa; también cursa el informe realizado a la víctima por la trabajadora social de la UPAVT; y CD de cámara Gesell realizada a la víctima por el cual narro los hechos acontecidos el 12 de febrero de 2012; c) Del despliegue probatorio se tiene que en cámara Gessell respecto a los hechos acontecidos en fecha 12 de febrero de 2012, la víctima señaló “…el imputado la habría agarrado del cuello, bajado el buzo e introducido su miembro, mientras la insultaba…” (sic) en la investigación del hecho los elementos cursantes generaron duda razonable, ya que los testigos manifestaron que en febrero de 2012 el imputado se encontraba con su madre viendo el convite, así también era esencial lo referido por la trabajadora social quien determinó problemas de pareja a raíz del episodio suscitado el 26 de septiembre de 2023, lo que dio “…lugar a que la usuaria se sienta presionada por su esposo ante los conflictos de pareja para asentar la denuncia en contra del denunciado…” (sic); por lo que dichos elementos han generado inconsistencia en relación al testimonio brindado por la víctima y los elementos son insuficientes a efectos de acreditar la concurrencia de los elementos del tipo penal de violación; d) Existe jurisprudencia que estableció que en delitos vinculados a razón de género la carga de la prueba no puede recaer en la víctima siendo obligación del Ministerio Público recolectar medios probatorios para el ejercicio de la acción penal; se tiene además que, según estándares internacionales emanados por la CIDH, la presunción de veracidad puede ser desvirtuada por una serie de diligencias investigativas (caso J vs. Perú parr. 360), es decir la declaración de la víctima constituye prueba fundamental sobre el hecho, la misma que únicamente puede ser enervada por la labor investigativa de la Fiscalía dentro el marco de la debida diligencia y la perspectiva de género; en la causa resuelta existía insuficiencia probatoria para determinar que el imputado el día de los hechos haya estado conjuntamente con la víctima; y, e) En el caso bajo análisis los elementos acumulados con relación al imputado Eduardo Gueri Santa Cruz Rodríguez no son suficientes para buscar reproche penal. Conforme se tiene del marco jurisprudencial desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, los representantes fiscales están compelidos a pronunciar sus requerimientos o resoluciones, dilucidando el fondo de la cuestión planteada, evitando sólo circunscribirse a lo relatado por las partes, sino que se ven constreñidos a citar las pruebas que cursan en antecedentes, explicar el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas, dando aplicación a las normas jurídicas para finalmente emitir su decisión. Ahora bien, en suma el Fiscal Departamental, en la Resolución Jerárquica F.D.O./A.A.M.A. 340/2024 de 23 de agosto, determinó que no se colectaron suficientes elementos de convicción para fundar una acusación contra el tercero interesado, sosteniendo que el imputado se encontraba en otro lugar al momento del hecho (12 de febrero de 2012) acorde a lo declarado por los testigos de descargo, y que del informe de la Trabajadora Social podría entreverse que el móvil de presentar la denuncia por violación radicada en la presión ejercida por la actual pareja sentimental de la accionante; al respecto, se advierte que: 1) De manera sui generis la autoridad demandada concluye que de la certificación del Gabinete Psico-Legal “Edumente” no se advierte en qué forma se suscitó la agresión sexual simplemente se hubiera limitado a señalar de forma genérica que el 2012 fue víctima de violencia sexual; cuando aquello fue descrito en la querella y en la declaración en cámara Gessell por la accionante; a pesar de ello, la referida certificación concluía “…al punto de generar en la paciente paranoia por temor a ser agredida” y “…se está trabajando los traumas psicológicos a raíz de estos acontecimientos…” (fs. 6 a 7); 2) De una lectura simple a la querella de 8 de febrero de 2024 (fs. 3 a 5), se desprende que la impetrante de tutela indicó que fue vejada el 12 de febrero y 29 de agosto de 2012. Además señaló que las agresiones no solo se produjeron en esas fechas sino en distintas oportunidades; tesis que reafirmó durante el anticipo de prueba ante la pregunta de la profesional psicóloga que la entrevistaba respecto a que fechas fueron las veces que procedió a la violación respondió “…han sido muchas veces, desde que me casé (…) Entonces bajo amenazas, todos los miércoles procedía a hacer eso…” (sic [fs.330]),y en cuanto a la interrogante de cuándo fue la última vez que la violaron señaló el 29 de agosto de 2012, de esta comparativa simple de los antecedentes se advierte que el hecho no solo versaba respecto al 12 de febrero de 2012, sino que fueron distintos momentos en los que presuntamente se produjo una agresión sexual, por lo cual si bien respecto al 12 de febrero de 2012 habría controversia o inclusive una coartada (lo cual deberá dilucidarse en la instancia correspondiente), respecto al 29 de agosto del indicado año y las otras oportunidades en que se denuncia se hubo ocasionado una agresión sexual, la Resolución Jerárquica confutada no refiere nada; 3) El Fiscal Departamental –ahora demandado-, en el despliegue de las declaraciones del acervo probatorio afirma que el investigador asignado al caso considero que existían suficientes elementos para sustentar la autoría en el tercero interesado; no obstante, esta afirmación, la referida autoridad demandada concluye en contrario señalando que no existe suficiente carga probatoria para fundar una acusación; y,

4) La autoridad demandada centra su decisión en señalar que la declaración de la víctima quedaba desvirtuada con la investigación; empero, el argumento central que esgrimió fue que los testigos afirmaron que el tercero interesado estaba en otro lugar el 12 de febrero de 2012, y que el Informe Social señalaba que el móvil para presentar la denuncia era una desavenencia con la pareja actual de la impetrante de tutela. Respecto al primer argumento, como se ha establecido las agresiones denunciadas se habrían desarrollado en diversas oportunidades siendo la última el 29 de agosto de 2012, respecto al citado informe la peticionante de tutela relató un episodio de discusión y problemas en su relación con su actual pareja producto de que el tercero interesado fue a increparles y existió un altercado físico entre ambos varones, concluyendo la profesional que efectuó el Informe Social que la denuncia tuvo su génesis en los reclamos que le hacía aquel. Pese a lo sugestivo de la conclusión arribada por la profesional Trabajadora Social se debe considerar que la accionante denunció que presuntamente sufrió vejámenes sexuales de forma sistemática hasta el 29 de agosto de 2012 desde que inició su primer matrimonio; bajo la amenaza de que el tercero interesado revelaría a su hija fallecida que él no era su padre entre otras coacciones relatadas por la víctima. Por lo expuesto, se advierte falta de fundamentación y motivación en las aseveraciones desarrolladas por el Fiscal Departamental demandado quien se limitó a realizar el análisis solo respecto al hecho producido el 12 de febrero de 2012, obviando los otros momentos denunciados; asimismo, respecto al anticipo de prueba en cámara Gessell el mismo fue mencionado sin efectuar mayor análisis; por otro lado, deliberadamente se ignoró que el investigador asignado al caso concluyó que existían suficientes elementos para endilgar la autoría del ilícito investigado al tercero interesado. Aseveraciones que no permiten a la justiciable comprender de manera adecuada por qué la autoridad demandada concluye que era inviable sostener una acusación contra el tercero interesado; en ese entendido, corresponde otorgar la tutela solicitada. Por otra parte, debe considerarse que por la naturaleza de los delitos de agresión sexual y/o violación no es posible exigir a la víctima el relato preciso de los hechos, lugares y demás datos justamente por el estado en que se encuentran durante y de manera posterior a sufrir una vejación de esa naturaleza siendo la reacción de cada persona distinta, llegando incluso a presentar episodios de shock, parálisis y otras afectaciones de la psique y emoción por lo cual dentro la basta jurisprudencia desarrollada por este Tribunal para dar preponderancia a la declaración de la víctima se tiene conforme al Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, que esa declaración es la prueba fundamental en este tipo de ilícitos. La autoridad demandada pretendía se aporten pruebas tangibles en un hecho de presunta agresión sexual o violación, cuando de la narrativa de la víctima se desprende que el tercero interesado hubiera procedido a vejarla en distintas oportunidades aun dentro del matrimonio que tuvieron, utilizando chantajes y amenazas siendo presumiblemente el último episodio de violencia el 29 de agosto de 2012. Bajo ese marco, en el caso sub judice la versión de la víctima no mereció la preponderancia que señala la línea jurisprudencial descrita, aplicando de forma irregular el razonamiento de que existía duda razonable respecto a la participación del tercero interesado; en ese orden, la autoridad demandada descartó la versión de la accionante sin exponer mayores argumentos que permitan sustentar y entender esa decisión. Por lo expuesto en párrafos precedentes el derecho al debido proceso en sus componentes fundamentación y motivación fue transgredido por cuanto al confirmar la autoridad demandada el sobreseimiento; pese a que la víctima identificó a su presunto agresor y declaró que fue objeto de agresiones en distintas oportunidades, debiendo tomarse ello como una presunción sobre la cual debió pronunciarse. No obstante, generó incongruencia externa en su fallo pues solo se tomó en cuenta uno de los momentos denunciados el de 12 de febrero de 2012; y si bien, respecto al mismo existían mayores elementos que generaban duda, en lo referente a los demás episodios de presunta agresión la Resolución Jerárquica confutada no expresó mayores argumentos. De esa forma, aunque en la impugnación al Sobreseimiento la impetrante de tutela puso en conocimiento del Fiscal Departamental demandado que se omitió investigar los distintos episodios de presunta agresión sexual, además del supuestamente acaecido el 12 de febrero de 2012, quien al no emitir criterio al respecto, negó la oportunidad a la solicitante de tutela de obtener un pronunciamiento que dilucide tal reclamo; pese a que, activó un medio legal y útil consistente en el citado mecanismo procesal, pues el mismo se tornó ineficaz ante la ausencia de fundamentación y motivación en la decisión asumida por el prenombrado. Lo que se configura en una evidente restricción injustificada al acceso a la jurisdicción penal específicamente a un tribunal de sentencia penal. Por lo que, se afectaron negativamente los derechos de acceso a la justicia; y a la defensa Finalmente, respecto a la presunta lesión de los derechos al debido proceso en su componente valoración de la prueba, así como a no sufrir violencia física; y, del principio de seguridad jurídica; del escrito de acción de amparo constitucional y lo expuesto en audiencia de garantías no se cuenta con la suficiente carga argumentativa que permita establecer en qué forma fueron vulnerados e ingresar a su valoración; por lo cual, no es viable otorgar la protección solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada en parte, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR la Resolución 65/2025 de 17 de marzo, cursante de fs. 427 a 434, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, 1º CONCEDER la tutela solicitada con relación a los derechos al acceso a la justicia, a la defensa y al debido proceso en sus componentes de congruencia, fundamentación y motivación; disponiendo la nulidad de la Resolución Jerárquica F.D.O./A.A.M.A. 340/2024 de 23 de agosto, a ese efecto el Fiscal Departamental en actual ejercicio del cargo deberá emitir un nuevo fallo debidamente fundamentado sea en el plazo de setenta y dos horas de su legal notificación. 2º Denegar respecto a la presunta lesión de los demás derechos; y, del principio de seguridad jurídica, conforme las razones precedentemente expuestas. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0966_2025-S3.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): c92a89b7555112519b55c5a8a2b85e783993103a1413e35785e74636df898c10

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