Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 20 de octubre de 2023
Deniega la tutela
La impetrante de tutela denunció la lesión del debido proceso sustantivo; así como, el derecho a una fuente laboral estable y la garantía constitucional sobre protección de los derechos de las personas con discapacidad; debido a que, la empresa demandada ordenó ilegalmente su retiro; a pesar de que, por los contratos de trabajo sucesivos en la labores propias de la entidad, su relación laboral debió ser convertida en indefinida, sin considerar tampoco que se encontraba protegida por tener un hijo menor con discapacidad intelectual; y aunque su diagnóstico demoró en ser emitido, en la vía del ajuste razonable y medida de acción positiva, debe ser reincorporada a su fuente laboral.
En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 102/2023-SCII de 14 de agosto, cursante de fs. 214 a 216 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada; con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0966/2023-S4 Sucre, 20 de octubre de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 57168-2023-115-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 102/2023-SCII de 14 de agosto, cursante de fs. 214 a 216 vta., dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Andrea Eugenia Carrasco Beltrán contra Ariel Gonzales Romero, Gerente General de la Fábrica Nacional de Cemento Sociedad Anónima (S.A.), FANCESA.
Por memorial presentado el 12 de julio de 2023, cursante de fs. 102 a fs. 113 vta., la parte accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
El 27 de junio de 2016, ingresó a trabajar en FANCESA como Auxiliar de Activos Fijos, a través de la suscripción de cuatro contratos sucesivos y de la emisión del Memorándum MM-GGL-013/2020 de 3 de julio; por el que, se extendió el plazo del último contrato hasta que su hija cumpliera un año de edad; motivo por el que, prestó servicios hasta el 29 de abril de 2021. Resaltó que durante el tiempo de su permanencia en la empresa, realizó tareas propias y permanentes del giro administrativo de la precitada fabrica; y, mientras cumplía sus labores, el 31 de marzo de 2018, nació su hijo NN, quien por no desarrollarse igual que los demás niños; dio lugar, a que le iniciara algunas consultas profesionales sobre una posible condición del espectro autista u otro diferente; de manera que, fue sometido a varios y tediosos estudios y pruebas médicas que iniciadas el 2020, culminaron el 2022; emitiéndose como diagnóstico, que el niño padecía de Trastorno del Espectro Autista. Finalmente, el 13 de abril de 2023, obtuvo el Carnet 207661 extendido por el Ministerio de Salud y Deportes que acredita el extremo antes anotado, con grado de discapacidad mental del 37%. Dicho largo proceso fue sumamente doloroso como madre y en parte, coincidió con la finalización de sus funciones laborales, finalmente cesadas por orden de la Gerencia; puesto que, la conversión de sus cuatro contratos a plazo fijo en indefinido, le fue indebidamente negada; debiendo asimismo, atravesar su proceso de divorcio, resaltando que por la naturaleza del diagnóstico de su niño, no pudiera informar a la empresa sobre el mismo, porque en ese momento no era definitivo. Por ello y en aplicación de los principios de interpretación de los principios pro operario, favor debilis y otros a los que se acoge, el despido producido el 29 de abril de 2021, se convierte en un acto arbitrario e indebido que suprime sus derechos y los de su hijo cuyo bienestar depende de sus ingresos laborales, no solamente porque sus cuatro contratos laborales a plazo fijo debieron convertirse en indefinidos, lo que en ese momento fue ignorado por el Gerente; sino porque, ahora, se tiene certeza que se encontraba protegida por la normativa legal, constitucional y convencional que impide su despido debido a la discapacidad paulatinamente descubierta, lo que amerita la aplicación de la jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en cuando a los ajustes razonables o acciones positivas, como es el caso de la Sentencia pronunciada el 26 de marzo de 2021 en el caso Guachalá Chimbo y otros versus Ecuador. Obviamente el derecho al trabajo constituye un derecho fundamental al igual que la emergente inamovilidad por discapacidad; de manera que, no respetarla o inaplicarla implica discriminación por tal motivo. Sobre la base de toda esa normativa que debe ser aplicada por agentes internos bolivianos – sean públicos o privados; y, pese a estar liberada de la subsidiariedad por la situación de discapacidad, el pasado 21 de abril de 2023, solicitó a la Gerencia General de FANCESA, en calidad de ajuste razonable o acción positiva, la reincorporación a su fuente laboral por haber sido indebidamente despedida, justificando el diagnóstico definitivo de su hijo, quien actualmente tiene cinco años y tres meses, viéndose obligada a acudir a la Defensoría del Pueblo, para lograr una respuesta, que fue entregada bajo la forma de un informe legal de un Asesor externo, que hacía referencia a una condición completamente diferente, hasta que finalmente, con la conminatoria emitida el 19 de junio de 2023; por la mencionada Defensoría, el 5 de julio del mismo año, se le entregó la nota con cite: GGL-150/2023 de 4 de julio; por la que, la parte demandada le hizo conocer que su pretensión de reincorporación no era viable “… a raíz de tener antecedentes de cumplimiento de contrato fijo en fecha, misma que constituye la última decisión administrativa…” (sic); de manera que, esa fue la última decisión administrativa a efecto de la inmediatez.
Considera que es su deber informar que en mayo de 2021, debido a su despido indebido producido el 29 de abril de 2021, por la conversión de sus contratos fijos en plazo indefinido, demandó su reincorporación laboral, que le fue negada por Sentencia 004/2022, debido a una incomparecencia a una confesión provocada; además, que sus testigos de cargo se excusaron de prestar declaración por ser empleados de la empresa y temían represalias. Lamentablemente, su recurso de apelación fue desestimado por haber sido presentado fuera de término por mal asesoramiento de su abogado patrocinante; sin embargo, adviértase que en ningún momento se discutió y peor alegó como causa petendi, la situación de salud de su hijo menor de edad; pues, esta fue descubierta y diagnosticada posteriormente. Respecto al principio de subsidiaridad, refiere que con la fuerza vinculante del art. 203 de la Constitución Política del Estado (CPE), se atiene a la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional sobre la excepción al principio de subsidiaridad, tratándose de personas con capacidades diferentes, en relación a sus derechos fundamentales, en favor de grupos vulnerables; asimismo, hace referencia al art. 70 de la Norma Suprema, cuyo texto establece que toda persona con discapacidad tiene derecho a ser protegida por el Estado y su familia. A partir de esa comprobación oficial y legal más allá de toda duda razonable de la discapacidad de su hijo menor y la emergente prohibición de su despido, cabe resaltar que esa condición de espectro autista es congénita; esto es, que surge desde la concepción y nacimiento y se hace evidente recién a partir de los dos a tres años, debiendo considerarse también, que por la cuarentena debido al COVID-19, se disfrazó tal condición por la imposibilidad de socialización; de manera que, a la luz de los principios de interpretación de derechos fundamentales; tales como, el pro operario, pro actione, pro debilis, favorabilidad y prohibición de regresión; y al tratarse de un grupo vulnerable por discapacidad y minoría de edad, su despido se torna en un acto indebido e ilegal que suprime derechos y garantías constitucionales y convencionales, e impiden que una madre con un hijo discapacitado, sea privada de su fuente laboral; de esa forma, a la luz de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, que en su art. I.2 inc. a), es posible concluir que cuando la indicada norma establece que la discriminación contra las personas con discapacidad significa toda distinción, exclusión o restricción basada en el antecedente de discapacidad; como consecuencia de una discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, no es posible alegar el tiempo transcurrido y/o la falta de certeza de la misma cuando se produjo su despido; en ese sentido, la negativa de reincorporación constituye una vulneración de la empresa empleadora como agente estatal obligado a cumplir la normativa convencional, vulneración que es constitucionalmente relevante porque de haberse tenido certeza de esa discapacidad en aquellos momentos, el resultado sería completamente distinto de su situación de desocupación.
La solicitante de tutela, alegó como lesionado el debido proceso sustantivo; así como, el derecho a una fuente laboral estable y la garantía constitucional sobre protección de los derechos de las personas con discapacidad, citando al efecto los arts. 46, 70 y 117.I de la CPE; así como, los arts. I.2.a) de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad; y, 4.1.a) y b) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con la Discapacidad.
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia se declare la nulidad de la nota Cite: GGL-150/2023 de 4 de julio; y, la reincorporación a su fuente laboral u otra similar.
Celebrada la audiencia virtual el 14 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 204 a 213 vta., presentes la accionante asistida de su abogado, y el representante legal de la parte demandada, se produjeron los siguientes actuados:
La impetrante de tutela; a través de su abogado en audiencia, ratificó los términos expuestos en su memorial de interposición de esta acción de defensa y ampliándolos señaló que: a) Cuando prestaba servicios de índole administrativa, nació su hijo el 31 de marzo de 2018, sin que en principio, se tuviese sospecha alguna sobre su condición de discapacidad, que fue determinada posteriormente; b) Acudió al Gerente de la Empresa “FANCESA” –ahora demandada– para obtener una respuesta definitiva, la que le fue entregada el 5 de julio del año citado, haciéndole conocer que no era posible considerar su solicitud de reincorporación, por tener antecedentes de contrato fijo; y, c) El art. 203 de la CPE, obliga a mantener el vínculo laboral bajo otra modalidad o función, sin afectar la escala salarial y su dignidad.
Ariel Aníbal Gonzales Romero; a través de su representante legal, mediante informe escrito presentado el 14 de agosto de 2023, cursante de fs. 197 a 203 vta.; así como, en audiencia, manifestó lo siguiente: 1) Mediante Resolución Ministerial (RM) 264/22 de 2 de marzo de 2022, pronunciada por la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, se confirmó totalmente la Resolución Administrativa (RA) J.D.T.CH-R.A.R. 280/2021 de 25 de agosto; por la que, se rechazó por improcedente la denuncia de reincorporación presentada por la accionante contra FANCESA; 2) Por Sentencia 004/2022 de “noviembre”, la Jueza Primera del Trabajo, declaró improbada la demanda de reincorporación laboral instaurada por la impetrante de tutela, la misma que a la fecha, se encuentra ejecutoriada; 3) Se respetaron todos los derechos fundamentales de la solicitante de tutela y de su hijo; así como, el año a que tiene derecho toda madre, de permanencia en su fuente laboral; toda vez que, la relación laboral provenía de un contrato a plazo fijo; hecho probado a través de la Sentencia 004/2022 pronunciada por el Juzgado Primero del Trabajo, ya ejecutoriada; mediante la cual, se declaró improbada la demanda de reincorporación laboral con el argumento de que la accionante no gozaba de inamovilidad laboral; sino que, más bien se trató de un contrato a plazo fijo y, que el puesto laboral que ocupaba, ya no existe, Resolución que no fue apelada por la demandante; 4) No existe ningún pago o deuda social pendiente con la misma; lo cual, demuestra que dio por válido el cumplimiento de su contrato laboral el 29 de abril de 2021; 5) No se siguió proceso alguno contra la impetrante de tutela; debido a la inexistencia de una relación laboral estable; dado que, la relación contractual proviene de contrato a plazo fijo; consiguientemente, no se lesionó el debido proceso, conforme previene el art. 117.I de la CPE; y, 6) No cumplió con el principio de inmediatez; ya que, la situación laboral de la solicitante de tutela fue determinada en noviembre de 2022, y el memorándum de cumplimiento de contrato data de hace tres años y meses, entendiendo por tal que no cumplió con el principio de inmediatez consagrado en el art. 129.II de la Ley Fundamental.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Resolución de 102/2023-SCII de 14 de agosto, cursante de fs. 214 a 216 vta., denegó la tutela solicitada, sobre la base a los siguientes fundamentos: i) El Carnet de Discapacidad que acredita una discapacidad del 37% del hijo de la impetrante de tutela, permite prescindir del agotamiento previo de los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico vigente y consiguiente aplicación de la garantía de protección reforzada a las personas con discapacidad, por encontrarse entre los supuestos a los cuales aplica la excepción de subsidiaridad; ii) En cualquier acción de amparo constitucional, es imprescindible que de conformidad al art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo), la parte demandante acredite las arbitrariedades, ilegalidades u omisiones indebidas, que supriman, restrinjan o amenacen restringir o suprimir derechos fundamentales o garantías constitucionales para ser tutelados por la jurisdicción constitucional; en el caso presente la afectación de derechos no puede ser atribuida a la parte demandada; ya que, la solicitante de tutela no hizo conocer oportunamente, la posible discapacidad de su hijo y los estudios que realizaba. En ese sentido, no corresponde disponer la reparación consistente en la reincorporación laboral; ya que, la desvinculación laboral se produjo el 29 de abril de 2021; frente a la cual, se inició un proceso laboral en el cual no se invocó la causal de discapacidad con la finalidad de obtener la inamovilidad laboral; ya que, tampoco la accionante tenía pleno conocimiento de la situación de discapacidad de su hijo hasta finales del año 2022; iii) Al no haber acreditado las arbitrariedades, ilegalidades u omisiones indebidas en que hubiese incurrido la parte demandada en relación a la desvinculación laboral, no existe sustento para disponer la reincorporación laboral por afectación a la referida inamovilidad laboral; ya que, solamente acreditó una negativa a su solicitud, de abril de 2023; en la cual, solicitó una acción positiva y ajuste razonable para ser incorporada a una fuente laboral, en el marco de la Ley de Inserción Laboral y Ayuda Económica para Personas con Discapacidad; y, iv) No obstante de lo expresado, y si bien no es posible conceder la tutela impetrada, se exhorta a la parte demanda para que en ejercicio de su responsabilidad social con una ex trabajadora, realice todos los esfuerzos para generar una medida positiva y le asigne un puesto laboral en el marco de la Ley de Inserción Laboral y Ayuda Económica para las Personas con Discapacidad –Ley 977 de 26 de septiembre de 2017–
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante contrato de trabajo a plazo fijo CT-AJD-0234/2016 de 8 de agosto, la Fábrica Nacional de Cemento S.A., contrató los servicios de Andrea Eugenia Carrasco Beltrán, para desempeñar las funciones de Auxiliar Activo Fijo, estableciendo un plazo computable desde el 27 de junio de 2016 hasta el 20 de junio de 2017 (fs. 8 a 10). II.2. Por contratos de trabajo a plazo fijo CT-AJD-0331/2017 de 4 de julio, vigente desde el 21 de junio de 2017 al 30 de abril de 2018, fue contratada como Operadora de Ventas. Posteriormente, suscribió el contrato CT-AL-0276/2018 de 7 agosto, para prestar funciones como Auxiliar de Planificación Comercial desde el 2 de julio de 2018 hasta el 1 de julio de 2019. Finalmente, por contrato CT-AJD-0523/2019 de 1 de julio, fue contratada como Auxiliar de Planificación, desde el 1 de julio de 2019 hasta el 30 de junio de 2020 (fs. 8 a 18 vta.). II.3. A través de Memorándum MM-GGL-013/2020 de 3 de julio, se comunicó a la accionante su continuidad laboral provisional, hasta el 29 de abril de 2021, fecha en la que su hija cumplía un año de edad. Mediante Memorándum MM-GGL-055-2020 de 20 de noviembre, fue asignada a prestar funciones de apoyo en el Área de Recursos Humanos (RR.HH.). El 10 de marzo de 2021, por intermedio del Memorándum MM-GGL-068/2020, fue destinada a brindar apoyo en el Departamento de Finanzas (fs. 19 a 21). II.4. Cursan también los siguientes informes médicos: a) Informe Neuropsicológico de 21 de septiembre de 2021, que con relación al niño NN, de tres años y cinco meses, señala que padece de un transtorno del espectro del autismo; b) Informe Psicológico de 4 y 5 de octubre de 2021, que determinó que NN, de tres años y seis meses, padecía de autismo ligero a moderado; c) De igual modo el informe de 2 de diciembre de 2022; d) Los certificados médicos de 16 de febrero de 2023, expedido por la Caja Nacional de Salud, que indica que NN, de cuatro años y diez meses, presenta signos y síntomas compatibles con trastornos del espectro autista; de igual modo, los emitidos el 16 de febrero y 22 de marzo, ambos de 2023 (fs. 27, 28, 29, 30 a 38; 39 a 45; y, 46 a 71). II.5. Consta también, el Carnet de Discapacidad 207661, expedido el 13 de abril de 2023 (fs. 26). II.6. El 20 de abril de 2023, la impetrante de tutela solicitó reincorporación laboral en calidad de ajuste razonable y acción positiva por tener inamovilidad por discapacidad de hijo menor de edad, al Gerente de FANCESA (fs. 2 a 7 vta.). II.7. Por oficio presentado el 9 de mayo de 2023, repetido el 23 del mismo mes y año, reiteró su petición de reincorporación laboral, obteniendo la contestación contenida en el oficio con cite: GGL-058/2023 de 24 de similar mes y año, a la que se adjuntó un informe jurídico elaborado el 15 de mayo de 2023, en el que se sugiere denegar lo solicitado (fs. 72, 73, 74 a 76). II.8. A través de memorial presentado el 26 de mayo de 2023, la impetrante de tutela solicitó respuesta expresa a su petición, reiterando la misma el 5 de junio del mismo año. Con intervención de la Defensoría del Pueblo, recibió el oficio con cite: GGL-150/2023 de 4 de julio; por el que, se denegó la solicitud de reincorporación (fs. 77 a 89; y, fs. 85 a 86). II.9. Cursa también, la Sentencia 004/2022 de 17 de octubre, pronunciada por la Jueza de Partido Primera del Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario del departamento de Chuquisaca, pronunciada dentro del proceso laboral instaurado por la accionante contra FANCESA, solicitando su reincorporación laboral; misma que, fue declarada improbada (fs. 96 a 99 vta.). Igualmente, la RA J.D.T.CH-R.A.R. 280/2021 de 25 de agosto; por la que, la Jefatura Departamental de Trabajo, Empleo y Previsión Social, rechazó por improcedente la denuncia de reincorporación presentada por Andrea Eugenia Carrasco Beltrán (fs. 175 a 180).
La impetrante de tutela denunció la lesión del debido proceso sustantivo; así como, el derecho a una fuente laboral estable y la garantía constitucional sobre protección de los derechos de las personas con discapacidad; debido a que, la empresa demandada ordenó ilegalmente su retiro; a pesar de que, por los contratos de trabajo sucesivos en la labores propias de la entidad, su relación laboral debió ser convertida en indefinida, sin considerar tampoco que se encontraba protegida por tener un hijo menor con discapacidad intelectual; y aunque su diagnóstico demoró en ser emitido, en la vía del ajuste razonable y medida de acción positiva, debe ser reincorporada a su fuente laboral.
En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Esta Sala Cuarta Especializada, ha expresado reiteradamente, como es el caso de las SSCCPP 0640/2022 de 27 de junio y 0813/2020-S4 de 9 de diciembre, que: “‘… este Tribunal dejó establecido en la SCP 2058/2012 de 8 de 7 noviembre, que: ”… al ser la inmediatez inherente al núcleo esencial de la protección que brinda la acción de amparo constitucional respecto a los derechos y garantías que la Constitución Política del Estado sustenta, su activación implica la atención de su propia naturaleza que exige en su ejercicio la interposición oportuna de la acción; no puede obviarse que quien ocurre ante la jurisdicción constitucional en busca de la tutela que este mecanismo extraordinario ofrece, a efectos de alcanzar una protección eficaz, debe hacerlo dentro del tiempo prudencial establecido por la Constitución y las leyes, lo contrario involucra inactividad procesal por parte del propio accionante, que conlleva a la inevitable denegatoria de tutela, siendo que la falta de ejercicio, en los plazos legalmente establecidos, de los mecanismos que otorga el ordenamiento jurídico vigente para el reconocimiento y preservación de los derechos individuales, sea en la vía ordinaria o constitucional, no puede argumentarse en beneficio propio, menos aun cuando existen derechos de terceros que pudieran ser afectados con la resolución; en similar sentido ha razonado este Tribunal mediante la SCP 0040/2012 de 26 de marzo, al señalar que: ‘… la interposición de la acción de amparo constitucional fuera del plazo de los seis meses, previsto en el art. 129.II de la CPE, no implica una simple y llana exigencia, sino más bien responde al tiempo prudente de tolerancia o aceptación del acto lesivo que se acusa, de lo contrario da lugar al principio de preclusión del derecho de acudir a esta acción tutelar ante la jurisdicción constitucional; por cuanto el ciudadano o afectado en sus derechos o garantías, por su propio interés debe ser diligente y acudir sin ningún tipo de espera a la protección de los mismos, de no ser así su actitud llega a ser negligente en causa propia llevándolo a una consecuencia jurídica, que es la extemporaneidad de la presentación de la acción; lo que significa que no se puede ingresar al análisis de fondo‴ (las negritas corresponden al texto original).
La solicitante de tutela denuncia la lesión del debido proceso sustantivo; así como, el derecho a una fuente laboral estable y la garantía constitucional sobre protección de los derechos de las personas con discapacidad; debido a que, la empresa demandada ordenó ilegalmente su retiro; a pesar de que, por los contratos de trabajo sucesivos en la labores propias de la entidad, su relación laboral debió ser convertida en indefinida, sin considerar tampoco que se encontraba protegida por tener un hijo menor con discapacidad intelectual; y aunque su diagnóstico demoró en ser emitido, en la vía del ajuste razonable y medida de acción positiva, debe ser reincorporada a su fuente laboral. La revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, evidencian que la accionante prestó servicios en FANCESA Sucre, mediante la suscripción de cuatro contratos sucesivos a partir del 8 de agosto de 2016, y que desempeñó varias funciones en la empresa, estableciéndose en el último contrato CT-AJD-0523/2019 de 1 de julio, como plazo de conclusión de sus servicios el 30 de junio de 2020; no obstante a través de Memorándum MM-GGL-013/2020 de 3 de julio, se comunicó a la impetrante de tutela su continuidad laboral provisional, hasta el 29 de abril de 2021, fecha en la que su segunda hija cumplía un año de edad; motivo por el cual, durante dicho lapso, ejerció varias funciones en diferentes dependencias de la entidad comercial. En la acción de defensa venida en revisión, la solicitante de tutela considera vulnerados sus derechos fundamentales y garantías constitucionales al haber sido indebidamente despedida porque dada la continuidad de los contratos a plazo fijo en tareas habituales de la empresa no correspondía su desvinculación; sino que, sus funciones se tornaron permanentes y con estabilidad laboral, al respecto, se tiene que sobre este aspecto se tramitó un proceso social que concluyó con la Sentencia 004/2022 de 17 de octubre, pronunciada por la Jueza de Partido Primera de Trabajo y Seguridad Social, Administrativa, Coactiva Fiscal y Tributaria del departamento de Chuquisaca, declarando improbada la pretensión de reincorporación basada precisamente en los derechos laborales que invoca en la presente acción de amparo constitucional. Consta también que, el indicado fallo de la justicia ordinaria en el que se discutió tal aspecto, quedó ejecutoriado porque –como refiere la propia impetrante de tutela– planteó recurso de apelación en forma extemporánea; motivo por el que, no puede ser sujeto a revisión por la justicia constitucional; considerándose asimismo, que desde su pronunciamiento transcurrió abundantemente más tiempo del plazo de seis meses para accionar la protección constitucional; de manera que, no resulta posible emitir pronunciamiento de fondo al respecto. De igual forma, la parte demandada en la presente acción, presentó la RA J.D.T.CH-R.A.R. 280/2021 de 25 de agosto; por la que, la Jefatura Departamental de Trabajo, Empleo y Previsión Social, rechazó por improcedente la denuncia de reincorporación presentada por Andrea Eugenia Carrasco Beltrán, denunciando igualmente su despido indebido por el mismo motivo, acto administrativo que tampoco fue objeto de ninguna acción de defensa.
Otro de los argumentos planteados por la solicitante de tutela, se refiere a que su hijo que cuenta actualmente con cinco años de edad, sufre una discapacidad mental moderada, debido a un trastorno del espectro autista; la cual, fue calificada y certificada por el Comité Departamental de la Persona con Discapacidad (CODEPEDIS), según acredita el Carnet 207661 que cursa a fs. 26 de obrados y que fue expedido el 13 de abril de 2023; y que por ende, correspondería proteger sus derechos mediante la inamovilidad laboral; señalando que, actualmente tiene certeza sobre el diagnóstico definitivo que demoró varios años en hacerse oficial; al respecto, los informes y certificados médicos acompañados a la demanda de acción de amparo constitucional, permiten señalar que el 21 de septiembre de 2021, se emitió un primer informe neuropsicológico en el que se señala que NN, entonces de tres años y cinco meses, sufría trastorno del espectro del autismo, notándose que el indicado diagnóstico fue ratificado con el informe psicológico de 4 y 5 de octubre del mismo año; vale decir, que ya se contaba con tal información que resulta inmediata a la conclusión del último contrato de trabajo y la extensión provisional de la continuidad laboral de la accionante. Los hechos relatados precedentemente, demuestran que la impetrante de tutela ya sabía sobre la protección convencional, constitucional y legal que ahora invoca; y por lo mismo, debió ser puesta en conocimiento de la empresa demandada en forma inmediata, y en caso de ser denegada su reincorporación laboral, acudir a esta acción tutelar sin necesidad de agotar ningún recurso, dada la excepción a la subsidiariedad en el caso de grupos vulnerables; no obstante, no lo hizo, aguardando casi dos años para reclamar tal inamovilidad por ser madre de un niño con discapacidad; consecuentemente, sus argumentos resultan inviables a los efectos del principio de inmediatez de la acción de amparo constitucional, siendo necesario aclarar que la jurisprudencia emitida por este Tribunal, sostiene que para invocar la inamovilidad laboral no resulta necesaria la presentación del carnet correspondiente, ello en aplicación del principio de directa justiciabilidad de los derechos; consecuentemente, no puede efectuarse un análisis de fondo de la pretensión de la accionante; puesto que, la inmediatez es inherente al núcleo esencial de la protección que brinda la acción de amparo constitucional respecto a los derechos y garantías que la Constitución Política del Estado sustenta; de manera que, su activación implica la alteración de su propia naturaleza que exige en su ejercicio, su interposición oportuna. No puede obviarse que quien ocurre ante la jurisdicción constitucional en busca de la tutela que este mecanismo extraordinario ofrece, a efectos de alcanzar una protección eficaz, debe hacerlo dentro del tiempo prudencial establecido por la Constitución y las Leyes, lo contrario involucra inactividad negligente procesal por parte de la propia accionante, que conlleva la inevitable denegatoria de tutela, no siendo aceptable a los efectos de salvar la inmediatez de la presente acción de defensa, la solicitud de reincorporación de 20 de abril de 2023, que en calidad de ajuste razonable y acción positiva por tener inamovilidad por discapacidad de un hijo menor de edad, fue presentada al Gerente de FANCESA; puesto que, fue formulada dos años después de la cesación de funciones, que por disposición de la justicia ordinaria no fue considerada indebida; y casi dos años después de conocida la discapacidad de su niño. No obstante que no es posible emitir pronunciamiento en el fondo de la presente acción de amparo constitucional por incumplimiento del principio de inmediatez, corresponde: 1) Recordar a la Fábrica Nacional de Cemento Sucre S.A., que en el marco señalado por el art. 2 de la Ley 977 de 26 de septiembre de 2017, de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad, es obligatorio que tanto las instituciones del sector público; así como, las empresas o establecimientos laborales del sector privado que desarrollen cualquier actividad en el territorio nacional, inserten laboralmente a personas con discapacidad, a la madre o al padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho años o con discapacidad grave o muy grave; y, 2) Exhortar a la empresa para que en acción positiva, analice la posibilidad de contratar nuevamente los servicios de la accionante; toda vez que, durante su desempeño laboral no fue sujeta a llamadas de atención ni procesos disciplinarios, demostrando su aptitud para las diversas funciones que le fueron asignadas; y considerando su situación de vulnerabilidad. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 102/2023-SCII de 14 de agosto, cursante de fs. 214 a 216 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada; con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. René Yván Espada Navía Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0966_2023-S4.pdf · páginas 1 a 12.
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