B.IA.LEGAL

SCP 0966/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 29 de agosto de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
29 de agosto de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
49917-2022-100-AAC
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la propiedad privada y a la vivienda digna; puesto que, los ahora accionados, a través de medidas de hecho ingresaron a su inmueble de manera ilegal y arbitraria, aprovechando que no se encontraban en el lugar, procediendo al amurallado de todo el perímetro y colocando una puerta de calamina, impidiéndoles el ingreso a su propiedad y el uso, goce y disfrute de la misma.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 061/2022 de 19 de agosto, cursante de fs. 114 a 121, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; y,

2° Dejar sin efecto la medida cautelar de prohibición de innovar dispuesta por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, con la aclaración que las partes de considerar la pertinencia de la aplicación de alguna medida cautelar sobre el bien inmueble, pueden acudir ante la autoridad llamada por ley para el efecto.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de amparo constitucional y su resguardo ante vías de hecho
  2. III.2. De la prohibición de la justicia por mano propia
  3. III.3. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0966/2023-S3 Sucre, 29 de agosto de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 49917-2022-100-AAC Departamento: Potosí En revisión la Resolución 061/2022 de 19 de agosto, cursante de fs. 114 a 121, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ana María Coro Villca y Kenny Wilson Barrientos León contra Leslie Carola, Virna Litzi y Percy Fabricio, todos Flores Pereira.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Los accionantes mediante memorial presentado el 15 de agosto de 2022, cursante de fs. 34 a 39, manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Fruto de su trabajo y con el financiamiento del Banco Mercantil Santa Cruz Sociedad Anónima (S.A.), adquirieron un lote de terreno con una superficie de 240 m, ubicado en la calle Venezuela de la urbanización “Villa Libertad” de la zona Ciudad Satélite de la ciudad de Potosí, transferencia que fue plasmada en el Testimonio de la Escritura Pública 666/2021 de 29 de septiembre e inscrita en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.), bajo el Folio Real con matrícula computarizada 5.01.1.01.0032880, y desde la indicada fecha ejercieron actos de posesión sobre el inmueble, realizando el trámite administrativo para el cambio de nombre en el plano del lote, pago de impuestos municipales realizados ante el Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, diligencias que quedaron inconclusas por factores económicos. Previo al perfeccionamiento del contrato de compraventa con financiamiento bancario, los funcionarios y el perito contratado por la entidad financiera, constataron la situación jurídica, documental y técnica del inmueble objeto del contrato, verificando que el lote de terreno adquirido se encontraba vacío, sin ninguna construcción u otro elemento que pudiera hacer notar la perturbación que estaría sufriendo la vendedora Soraya Mamani Espinoza en su pacifica posesión. Asimismo, en ejercicio de su derecho propietario, contrataron un profesional arquitecto para que elabore el plano de construcción, para ello, en varias oportunidades se constituyeron en el inmueble para el levantamiento topográfico, actos que se realizaron en presencia de los vecinos del lugar; sin embargo, para su sorpresa, el 18 de julio de 2022, el referido bien inmueble se encontraba ocupado por terceras personas, quienes ingresaron a su inmueble de manera ilegal y arbitraria, aprovechando que no se encontraban en el lugar, procediendo al enmallado de toda la superficie del bien inmueble de su propiedad. El 26 de julio de 2022, junto a la vendedora Soraya Mamani Espinoza, además de un Notario de Fe Pública, se constituyeron en el lugar, encontrándose con los avasalladores -hoy accionados-, quienes afirmaron tener documentación de propiedad sobre el referido inmueble, ocasión que se los vio descargando ladrillos de una volqueta, material que posteriormente fue utilizado para armar un muro perimetral, construir columnas con armaduras de fierro y un portón de calamina que les impide el acceso a su inmueble. Actos que permiten evidenciar que los ahora accionados al ocupar su lote de terreno sin justificación alguna, vulneraron su derecho a la propiedad privada y a la vivienda digna, desconociendo su legítimo derecho propietario y limitando su uso, goce y disfrute.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la propiedad privada, y a la vivienda digna, citando al efecto los arts. 13, 14.III, IV y V, 19 y 56. I y II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) Declarar la inmediata restitución de sus derechos y garantías restringidos; y, b) La desocupación del bien inmueble de su propiedad, con la correspondiente demolición y retiro de las obras civiles efectuadas por los ahora accionados, y sea con la intervención de la fuerza pública en caso de resistencia.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 19 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 104 a 113 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogada ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y a tiempo de presentar prueba documental de reciente obtención, manifestó que: 1) Como antecedente dominial, el lote de terreno objeto de la presente acción tutelar, fue transferido por Luis Bobarin Veliz en favor de su hijo Erminio Valentín Bobarin Delgado, quien a su vez, trasfirió a Soraya Mamani Espinoza, esta última les vendió el referido bien inmueble; 2) El Folio Real presentado por los ahora accionados, refiere una superficie sin disgregar de 112 950,00 m, en cambio el Folio Real de donde se origina su derecho propietario, hace mención a una superficie de 188 020,64 m; 3) La documentación que manejan los ahora accionados aparentemente seria objetiva respecto a la transferencia efectuada por el ex Fondo Nacional de Vivienda Social (FONVIS) en favor de Mario Flores Tirado -padre fallecido de los ahora accionados-; sin embargo, ese acto de transferencia para su publicidad y sea oponible a terceros, no fue inscrito en el registro correspondiente como lo señala el art. 1538 del Código Civil (CC), por dicha razón, sigue figurando como propietario el ex FONVIS; y, 4) Existiendo aspectos dudosos, para su solución, tendrá que recurrirse a las instancias correspondientes para hacer valer dichos derechos. Respondiendo a las preguntas efectuadas por el Vocal de la Sala Constitucional, manifestó que con la prueba de reciente obtención pretende demostrar el estado del lote de terreno, las construcciones efectuadas y la posesión ilegal; asimismo, de acuerdo a la declaración jurada de la vendedora Soraya Mamani Espinoza, se evidencia que antes de la venta se encontraba en posesión del terreno; además, por las fotografías adjuntas, se demuestra la existencia de vigas junto al alambrado, el muro de ladrillo y una puerta de garaje rudimentaria que les cierra por completo el acceso a su inmueble. Kenny Wilson Barrientos León, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa, pese a su citación cursante a fs. 41.

I.2.2. Informe de las personas accionadas

Leslie Carola, Virna Litzi y Percy Fabricio, todos Flores Pereira, mediante memorial presentado el 19 de agosto de 2022, cursante de fs. 102 a 103 vta., manifestaron que: i) Son propietarios por sucesión hereditaria de un lote de terreno de 240 m de superficie, ubicado en la calle Venezuela s/n, ex zona el Pampón, inmueble que lo poseen desde el 26 de mayo de 2000, por efecto del contrato de compraventa efectuado por su fallecido padre Mario Flores Tirado y la Comisión Liquidadora del FONVIS, como demuestra el Testimonio de Escritura Pública 438/2000 de 26 de mayo, derecho propietario debidamente inscrito en las Oficinas de DD.RR. en el Folio Real con matrícula computarizada 5.01.1.01.0001106 el 6 de abril de 1985 a nombre del FONVIS; ii) Dicha propiedad por descuido de sus padres no fue individualizada ni inscrita en la Oficina de DD.RR.; empero, se encuentra empadronada en el Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, razón por la cual vienen cancelando hasta la fecha los correspondientes impuestos a la propiedad de bienes inmuebles; iii) Desde el momento que el referido lote de terreno fue entregado a sus padres, ejercieron la posesión pacifica, continua y pública, aspecto que es de conocimiento de todos los vecinos del lugar, quienes el 25 de julio de 2022, les informaron que la vendedora Soraya Mamani Espinoza y otras diez personas, procedieron a destrozar el amurallado que se encontraba con vigas de madera, malla de alambre y carpas en todo el perímetro más una puerta de calamina de tres metros de ancho, sustrayendo diez bolsas de cemento, una carretilla, dos palas, dos picos, un combo, dos cinceles, dos barrenos tipo “patacabra”, un motor de “peta” y dos rollos de malla de alambre, motivo por el cual, presentaron una denuncia penal contra la referida vendedora, emitiéndose el mandamiento de aprehensión contra la indicada al no presentarse a declarar; iv) Corresponde a la vendedora Soraya Mamani Espinoza, responder por la evicción en favor de los compradores -accionantes-, quienes nunca estuvieron en posesión del inmueble de su propiedad; v) Los accionantes no cumplieron con el principio de subsidiariedad, al no demostrar con ningún elemento probatorio la medida de hecho denunciada y que amerite una protección inmediata; y, vi) Los accionantes no recurrieron a ninguna acción administrativa o judicial para proteger su supuesto derecho propietario. Con base en esos argumentos, pidieron se deniegue la tutela solicitada. A través de su abogado, en audiencia señalaron que la acción de amparo constitucional no tiene el propósito de reconocer ningún derecho propietario sino tan solo la verificación de la vulneración de algún derecho constitucional, lo que no ocurrió en el presente caso, al no tener los accionantes ninguna vivienda construida o se les haya privado de su propiedad privada. Percy Fabricio Flores Pereira, en audiencia manifestó que: a) El ex FONVIS fue dueño de todos los terrenos del sector y una vez loteados otorgó en calidad de beneficiarios a los profesores urbanos como rurales, quienes adquirieron los lotes a plazos; b) Resulta incomprensible que Erminio Valentín Bobarin Delgado y Encarnación Gutiérrez Sánchez de Bobarin, sin ser dueños transfirieron un pequeño lote de terreno de 240 m en favor de Soraya Mamani Espinoza; c) Su fallecido padre Mario Flores Tirado fue el propietario del lote de terreno desde el momento de su adquisición del ex FONVIS, tal como refiere la documentación que acompañan a la presente acción de amparo constitucional; y, d) En caso de concederse la tutela quedarían desamparados y sin posibilidades de demostrar en la vías legales su derecho propietario. Respondiendo a las preguntas efectuadas por el Vocal de la Sala Constitucional, a través de su abogado indicaron que: 1) El proceso penal contra la vendedora Soraya Mamani Espinoza, fue presentado por la comisión de los delitos de estelionato y robo agravado, y se encuentra en la etapa inicial; 2) De acuerdo al Folio Real presentado por sus personas, se demuestra que el ex FONVIS compró una extensión de terreno de 112 950 m dentro del cual se encuentra el lote de terreno de su propiedad; sin embargo, la adquisición de su lote de terreno efectuada por su fallecido padre, no fue inscrita por ignorancia en la Oficina de DD.RR., razón por la cual, en dicho Folio Real sigue figurando como propietario el ex FONVIS; 3) Cuando quisieron regularizar su derecho propietario en la Oficina de Catastro del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, les indicaron que no podrían hacerlo, debido a que otra persona habría registrado su derecho sobre dicho lote; y, 4) En el terreno de su propiedad, se colocó un letrero que decía expropiado por la junta vecinal junto a un número de celular al cual llamaron y era del Presidente de la Junta Vecinal quien les pidió $us10 000.- (diez mil dólares estadounidenses) para que su terreno regresara a sus manos, oferta que rechazaron porque dicho terreno les pertenece por sucesión hereditaria, razón por la cual, cercaron el terreno con vigas y malla de alambre, además de carpas y posteriormente construyeron una muralla de ladrillo para proteger el mismo.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante Resolución 061/2022 de 19 de agosto, cursante de fs. 114 a 121, concedió de forma provisional la tutela solicitada, disponiendo que: i) Los ahora accionados dejen de perturbar el derecho propietario de los accionantes, respecto al lote de terreno ubicado en la calle Venezuela, zona el Pompón, lote 13, manzano 101 de la ciudad de Potosí; ii) En aplicación al art. 34 del Código Procesal Constitucional (CPCo), como medida cautelar se ordena la prohibición de innovar, a través de construcciones, modificaciones, cambiar la estructura del lote de terreno o hacer la transferencia del mismo, medida que estará vigente hasta en tanto no sea devuelto el cuaderno procesal por el Tribunal Constitucional Plurinacional, o en su caso, sea resuelto el conflicto de los derechos reclamados en la instancia correspondiente; y, iii) Si existiese bienes de los ahora accionados dentro del citado lote de terreno, deberán ser retirados en el plazo de cuarenta y ocho horas, así como los ladrillos y la puerta de calamina, y en caso de no hacerlo, deberán dejar la referida puerta abierta para permitir el ingreso al lugar de los accionantes; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: a) Por la documentación adjunta a la presente acción de amparo constitucional, especialmente por el Testimonio de Escritura Pública 666/2021, los accionantes adquirieron de Soraya Mamani Espinoza por contrato de compraventa con financiamiento bancario un lote de terreno con una superficie de 240 m, ubicado en la calle Venezuela de la urbanización “Villa Libertad” de la zona Ciudad Satélite de la ciudad de Potosí, derecho propietario que fue inscrito en la Oficina de DD.RR. bajo el Folio Real con matrícula computarizada 5.01.1.01.0032880 el 18 de julio de 2021; b) De acuerdo al muestrario fotográfico, se evidencia que el lote de terreno se encontraba vacío y plano, y posteriormente se construyó una pared de ladrillos y se implementó una puerta de calamina, actos que también se encuentran plasmados en el acta notarial que narra las circunstancias de hecho ocurridas; c) Si bien los hoy accionados demostraron tener documentación respecto a un contrato de adjudicación del inmueble objeto de la acción tutelar, así como los formularios de pago de impuestos; sin embargo, en el Folio Real con matrícula computarizada 5.01.1.01.001106 de 11 de enero de 2022, asiento A-4 de titularidad del dominio figura como último propietario el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, y no así los hoy accionados, a los fines de la publicidad de su derecho propietario; y, d) Las medidas de hecho denunciadas, vulneraron el derecho a la propiedad privada vinculada a la vivienda de los accionantes. En vía de complementación y enmienda la accionante a través de su abogado, solicitó a la Sala Constitucional complementación, para que se incluya en la Resolución 061/2022 la intervención de la fuerza pública en caso de resistencia de los ahora accionados para dejar el lote de terreno. En mérito a esa solicitud la Sala Constitucional, señaló que no es necesario referir que intervenga la fuerza pública, porque la ejecución de las resoluciones constitucionales esta prevista en el art. 40 del CPCo, que prevé sanciones para quienes incumplan la decisiones adoptadas; en ese sentido, si hubiere resistencia por parte de los hoy accionados, los accionantes deberán hacerles conocer para disponer lo que corresponda.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Testimonio de Escritura Pública 439/2000 de 26 de mayo, sobre la transferencia de un lote de terreno de interés social, ubicado en la urbanización Satélite, plan Chulchucani, zona Chulchucani, sector nuevo Potosí, con una superficie de 240 m, lote 13, manzano 101, otorgado por la Comisión Liquidadora del FONVIS en favor de Mario Flores Tirado -padre fallecido de Leslie Carola, Virna Litzi y Percy Fabricio, todos Flores Pereira hoy accionados- (fs. 49 a 51 vta.). II.2. Por el Folio Real 5.01.1.01.0001106, Asiento A-4, se demuestra la inscripción del derecho propietario del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda en la Oficina de DD.RR., efectuado el 26 de junio de 2012, respecto al lote de terreno con una superficie de 112 950 m, ubicado en la zona 4 del plano urbano, zona oeste de la ciudad de Potosí, sector nuevo Potosí (fs. 48 y vta.). II.3. Consta Testimonio de Escritura Pública 666/2021 de 29 de septiembre, emitido por el Notario de Fe Pública 10 de la ciudad de Potosí, sobre contrato de compraventa de un bien inmueble, préstamo de dinero y constitución de garantías otorgada por Soraya Mamani Espinoza como vendedora, el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. como entidad financiera y Ana María Coro Villca y Kenny Wilson Barrientos León -hoy accionantes- como codeudores y compradores del lote de terreno con una superficie de 240 m, ubicado en la urbanización “Villa Libertad”, zona ciudad Satélite de la ciudad de Potosí, identificado como lote 13, manzano 101, cuyo antecedente dominial emerge del Folio Real con matrícula computarizada 5.01.1.01.0030367 (fs. 11 a 24 vta.). II.4. Por Folio Real con matrícula computarizada 5.01.1.01.00032880, Asiento A-2, se demuestra la inscripción del derecho propietario de los accionantes en la Oficina de DD.RR., efectuado el 29 de septiembre de 2021, respecto al lote de terreno con una superficie de 240 m, ubicado en la urbanización “Villa Libertad”, zona ciudad Satélite de la ciudad de Potosí, identificado como lote 13, manzano 101 (fs. 25 y vta.).

II.5. Mediante memorial presentado el 5 de agosto de 2022, ante el Director de Catastro y Desarrollo del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí; los accionantes solicitaron inspección y denunciaron avasallamiento y construcciones clandestinas con relación al lote de terreno con una superficie de 240 m, ubicado en la urbanización “Villa Libertad”, zona ciudad Satélite de la ciudad de Potosí, identificado como lote 13, manzano 101 (fs. 29). II.6. Cursa muestrario fotográfico respecto a un lote de terreno que de acuerdo al orden de su exposición, inicialmente se ve sin construcción alguna, luego su entorno se ve con vigas de madera, lonas y puerta de calamina, posteriormente se divisa un muro perimetral de ladrillo y columnas (fs. 31 a 33). II.7. Por Acta Notarial de 10 de agosto de 2022, se hace referencia que el Notario de Fe Pública 1 de la ciudad de Potosí, a solicitud de los accionantes, el 26 de julio de igual año, se hizo presente en la calle Venezuela, zona Pampón, lote 13, manzano 101, donde verificó que de una volqueta Percy Fabricio y Virna Litzi ambos Flores Pereira -ahora coaccionados-, realizaban el descargo de ladrillos, manifestando que son propietarios del lote de terreno y que siempre estuvieron en posesión del mismo; Percy Fabricio Flores Pereira hoy coaccionado, indicó que iniciarían una demanda penal contra la vendedora Soraya Mamani Espinoza por arrancar los “callapos” de su lote; el abogado de los ahora coaccionados manifestó que si los compradores -accionantes- del lote de terreno pretenden recobrar el mismo tendrían que iniciar un proceso judicial. Consta que la vendedora Soraya Mamani Espinoza señaló que adquirió el lote de terreno de la apoderada María Angélica Quiroga y que nunca tuvo problemas, y en ejercicio de su derecho propietario transfirió el referido lote de terreno a los accionantes, quienes inscribieron su derecho propietario en las Oficinas de DD.RR. (fs. 45 y vta.). II.8. Mediante los formularios de pago de impuestos a la propiedad inmueble, se acredita el pago de dicho impuesto a nombre de Mario Flores Tirado -padre fallecido de los hoy accionados-, sobre un lote de terreno ubicado en la urbanización Magisterio s/n, con una superficie de 240 m, de las gestiones 2000 a 2021 (fs. 55 a 67).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la propiedad privada y a la vivienda digna; puesto que, los ahora accionados, a través de medidas de hecho ingresaron a su inmueble de manera ilegal y arbitraria, aprovechando que no se encontraban en el lugar, procediendo al amurallado de todo el perímetro y colocando una puerta de calamina, impidiéndoles el ingreso a su propiedad y el uso, goce y disfrute de la misma.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de amparo constitucional y su resguardo ante vías de hecho

La SCP 1035/2021-S3 de 7 de diciembre, citando la SCP 0531/2018-S1 de 17 de septiembre, señaló que: «“La acción de amparo constitucional, instituida en el art. 128 de la CPE, como un mecanismo de defensa extraordinaria que procede contra actos u omisiones ilegales o indebidas de los servidores públicos y personas particulares, individuales o colectivas, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado. En ese contexto, resulta evidente que con relativa frecuencia, los derechos fundamentales de las personas se ven afectados ante actitudes de hecho protagonizadas por terceros que buscan imponer justicia por mano propia pretendiendo imponer por la fuerza supuestos derechos cuya titularidad exigen, incurriendo así en medidas de hecho sin considerar la existencia de mecanismos o recursos previstos por ley en los que se deben hacer valer reclamos sobre mejor derecho, resolviendo en esas instancias cualquier tipo de controversias. Sin embargo, ante las denuncias de medidas de hecho, la justicia constitucional debe tener absoluta certeza en torno a la realización de esos actos ilegales atentatorios, a cuyo efecto corresponde instar al accionante que demuestre que indudablemente esas medidas de hecho se produjeron en detrimento de sus derechos fundamentales”.

En lo que viene a ser la aplicación de medidas de hecho entre particulares, la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, concluyó que: “De manera general, cuando los particulares o el Estado invocando supuesto ejercicio legítimo de sus derechos o intereses adoptan acciones vinculadas a medidas o vías de hecho en cualesquiera de sus formas: i) Avasallamientos u ocupaciones por vías de hecho de predios urbanos o rurales privados o públicos con limitación arbitraria del derecho a la propiedad, la pérdida o perturbación de la posesión o la mera tenencia del bien inmueble; ii) Cortes de servicios públicos (agua, energía eléctrica); y, iii) Desalojos extrajudiciales de viviendas; entre otros supuestos, desconociendo que existen mecanismos legales y autoridades competentes en el orden constitucional para la solución de sus conflictos, excluyen el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia del afectado, que se constituye en el primer derecho fundamental común vulnerado en acciones vinculadas a medidas de hecho en cualesquiera de sus formas”.

Sobre el particular la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, asumió el siguiente entendimiento, señalado que: “En principio y en el marco de los postulados del Estado Constitucional de Derecho, debe definirse a las llamadas ‘vías de hecho’, a cuyo efecto, es imperante señalar que la tutela de derechos fundamentales a través de la acción de amparo constitucional frente a estas vías de hecho, tiene dos finalidades esenciales: a) Evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y, b) Evitar el ejercicio de la justicia por mano propia; en ese orden, a partir de estas dos finalidades y dentro del alcance de los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional como mecanismo idóneo para la eficacia tanto vertical como horizontal de derechos fundamentales, las vías de hecho se definen como el acto o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales reconocidos por el bloque de constitucionalidad, por lo que al ser actos ilegales graves que atentan contra los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la acción de amparo constitucional, es un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de vías de hecho.

Ahora bien, en el marco de la definición de las vías de hecho desarrollada precedentemente, corresponde en este estado de cosas, delimitar los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional frente a vías de hecho, razón por la cual, es pertinente señalar que al ser las vías de hecho actos ilegales graves que necesitan una tutela pronta y oportuna, con la finalidad de brindar una tutela constitucional efectiva, es necesario precisar tres aspectos esenciales para la activación del control tutelar de constitucionalidad: 1) La flexibilización del principio de subsidiaridad; 2) La carga probatoria a ser cumplida por la parte peticionante de tutela; y, 3) Los presupuestos de la legitimación pasiva, su flexibilización excepcional y la flexibilización del principio de preclusión para personas que no fueron expresamente demandadas; supuestos que serán desarrollados de manera específica infra.

(…)

El control de constitucionalidad estableció cargas probatorias para el accionante frente a vías de hecho, en particular la SC 0148/2010-R de 17 de mayo, señala que: ‘…se deja presente que existen requisitos para considerar la situación como medida de hecho y hacer abstracción de las exigencias procesales, como ser: 1) Debe existir una debida fundamentación y acreditación objetiva de que efectivamente se está frente a una medida de hecho o justicia a mano propia, donde el agraviado o accionante se encuentra ante una situación de desproporción o desventaja frente al demandado, o agresor, sea autoridad, funcionario o particular o grupo de personas, por la desproporcionalidad de los medios o acción; la presentación de la acción de amparo constitucional debe ser de manera oportuna e inmediata, haciendo abstracción de la subsidiaridad. De lo contrario, no justificaría la premura ni gravedad y deberá agotar las instancias jurisdiccionales o administrativas pertinentes según sea el caso, y agotadas las mismas, acudir a la jurisdicción constitucional. 2) Necesariamente se debe estar ante un inminente daño irreversible o irreparable, ya sea agravando la lesión ya consumada, o que ello provoque la amenaza o restricción o supresión a otros derechos fundamentales. Situaciones que deben ser fundamentadas y acreditadas. 3) El o los derechos cuya tutela se pide, deben estar acreditados en su titularidad; es decir no se puede invocar derechos controvertidos o que estén en disputa, atendiendo claro está, a la naturaleza de los mismos. 4) En los casos en los que a través de medios objetivos se ponga en evidencia que existió consentimiento de los actos denunciados y acusados como medidas de hecho, no corresponde ingresar al análisis de la problemática, por cuanto esta acción de defensa no puede estar a merced del cambio o volatilidad de los intereses del accionante…’.

La línea jurisprudencial precedentemente señalada es modulada por la presente sentencia, cambio de entendimiento que responde a un real acceso a la justicia constitucional, a una tutela constitucional efectiva y a una interpretación extensiva y bajo pautas de hermenéuticas armoniosas al postulado plasmado en el art. 256.1 de la CPE, que indica que el principio de favorabilidad; por cuanto, en base al Fundamento Jurídico III.4, se establecen los siguientes presupuestos: i) La carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos; y, ii) Para el caso específico de vías de hecho vinculadas al avasallamiento, al margen de la carga probatoria desarrollada en el anterior inciso, el peticionante de tutela debe acreditar su titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros”» (las negrillas nos corresponden).

III.2. De la prohibición de la justicia por mano propia

De acuerdo al art. 178 de la CPE, la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano, constituye una función única, no obstante, esa función es ejercida a través de la jurisdicción ordinaria, agroambiental, indígena originaria campesina y especializada, con igual jerarquía; en estas cuatro jurisdicciones se encuentra concentrada la actividad decisoria para la solución de conflictos, controversias, que determine derechos y obligaciones de las personas, que imponga algún tipo de sanción; como establece la doctrina constitucional, sin desconocer la existencia de otros medios alternativos de solución de conflictos reconocidos por el orden constitucional y legal, como son: la conciliación, la mediación, el arbitraje, entre otros. En ese contexto, se impuso la proscripción de la justicia directa o justicia por sí mismo, o justicia por mano propia, prohibición plasmada por el art. 1282.I del Código Civil (CC) “Nadie puede hacerse justicia por sí mismo sin incurrir en las sanciones que la ley establece”. Pertinente a este mandato legal, la jurisprudencia constitucional fue desarrollando la doctrina constitucional de manera uniforme en torno a la prohibición de la justicia directa o justicia por sí mismo, o justicia por mano propia en términos de la jurisprudencia constitucional, ejercido por autoridades públicas como por los particulares sobre la base del abuso del poder, cuyo control exige de manera urgente la activación directa e inmediata de la acción de amparo constitucional, no solo porque afectan derechos fundamentales y garantías constitucionales, sino infringen los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, un modelo de Estado más avanzado en la protección de derechos fundamentales y garantías constitucionales, en el cual, tanto el poder público (órganos ejecutivo, legislativo, judicial y electoral), como la convivencia social de los ciudadanos están sometidos a la Constitución a través del principio de constitucionalidad, que sustituye el principio de legalidad e impone la proscripción de las acciones vinculadas a medidas de hecho o vías de hecho por el propio Estado o los particulares en cualesquiera de sus formas; consiguientemente, la justicia directa o justicia por sí mismo o la justicia por mano propia -proscrita en nuestro sistema normativo- al estar al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales provistos por la administración de justicia, configuran clara e indudablemente, medidas de hecho.

III.3. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo

La SCP 0250/2018-S2 de 12 de junio, señaló que: “Sobre la base del reconocimiento constitucional otorgado al derecho a la propiedad, la jurisprudencia constitucional precisó su contenido, enfatizando que su potestad conlleva la facultad del uso, goce y disposición del objeto, en tanto no importe un perjuicio al interés colectivo y en cuanto cumpla las condiciones que el Estado las fije para su materialización; ahora bien, en cuanto a la propiedad agraria, ésta se encuentra reconocida en el art. 393 de la CPE, disponiendo que: ‘El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y comunitaria o colectiva de la tierra, en tanto cumpla una función social o una función económica social, según corresponda’. Las citadas normas constitucionales concernientes tanto a la propiedad privada como a la agraria, no son incompatibles en términos generales, salvo la exigencia del cumplimiento de la función social o económica social, según corresponda, en el régimen de propiedad agraria; en ese entendido, a contrario sensu, su incumplimiento conlleva la reversión de la propiedad al dominio original del Estado, aspectos precisados y explicitados en la jurisprudencia constitucional; en ese comprendido, el derecho a la propiedad de la tierra contenido en los respectivos títulos ejecutoriales idóneos, gozan de protección constitucional, en casos que cumplan la función social o económica social. Con base en las normas constitucionales citadas, la jurisprudencia expresó cuál es el núcleo duro del derecho a la propiedad, que comprenden los derechos de uso, goce y disfrute, y las obligaciones negativas emergentes para el Estado y para los particulares, traducidas en las prohibiciones de privación arbitraria y de limitación arbitraria de propiedad” (las negrillas nos corresponden).

III.4. Análisis del caso concreto

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la propiedad privada y a la vivienda digna; puesto que, los ahora accionados, a través de medidas de hecho ingresaron a su inmueble de manera ilegal y arbitraria, aprovechando que no se encontraban en el lugar, procediendo al amurallado de todo el perímetro y colocando una puerta de calamina, impidiéndoles el ingreso a su propiedad y el uso, goce y disfrute de la misma. Ahora bien, de antecedentes, se tiene que de acuerdo al Testimonio de Escritura Pública 666/2021, sobre contrato de compraventa de un bien inmueble, préstamo de dinero y constitución de garantías, los accionantes adquirieron con financiamiento bancario de Soraya Mamani Espinoza un lote de terreno con una superficie de 240 m, ubicado en la urbanización “Villa Libertad”, zona ciudad Satélite de la ciudad de Potosí, identificado como lote 13, manzano 101 (Conclusión II.3.). Por el contenido del Folio Real con matrícula computarizada 5.01.1.01.0032880, Asiento A-2, se demuestra la inscripción del derecho propietario de los accionantes en la Oficina de DD.RR., efectuado el 29 de septiembre de 2021, respecto al referido lote de terreno (Conclusión II.4.). Mediante memorial presentado el 5 de agosto de 2022, los accionantes solicitaron al Director de Catastro y Desarrollo del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, inspección y denunciaron avasallamiento y construcciones clandestinas en el mencionado lote de terreno (Conclusión II.5.). De acuerdo al muestrario fotográfico tomado del indicado lote de terreno, se observa que inicialmente no existe construcción alguna, luego se visualiza vigas de madera plantadas en su perímetro, además de una carpa y puerta de calamina, posteriormente se divisa un muro perimetral de ladrillo y columnas en todo su entorno (Conclusión II.6.). Por el Acta Notarial de 10 de igual mes y año, el Notario de Fe Pública 1 de la ciudad de Potosí, a solicitud de los accionantes, el 26 de julio de similar año, se constituyó en la calle Venezuela, zona Pampón, lote 13, manzano 101, donde verificó que de una volqueta Virna Litzi y Percy Fabricio ambos Flores Pereira ahora accionados, realizaban el descargo de ladrillos, manifestando que son propietarios del lote de terreno y que siempre estuvieron en posesión del mismo; asimismo, Percy Fabricio Flores Pereira hoy coaccionado indicó que iniciarían una demanda penal contra de la vendedora Soraya Mamani Espinoza por arrancar los “callapos” de su lote; asimismo, el abogado de los hoy accionados, indicó que si los compradores del lote de terreno -accionantes- pretenden recobrar el mismo tendrían que iniciar un proceso judicial. Consta que la vendedora Soraya Mamani Espinoza manifestó que adquirió el lote de terreno de la apoderada María Angélica Quiroga y que nunca tuvo problemas en su legal posesión, y que en ejercicio de su derecho propietario transfirió el referido lote de terreno a los accionantes, quienes inscribieron su derecho propietario en las Oficinas de DD.RR. (Conclusión II.7.). De acuerdo al Folio Real con matrícula computarizada 5.01.1.01.0001106, Asiento A-4, se demuestra la inscripción del derecho propietario del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda en la Oficina de DD.RR., efectuado el 26 de junio de 2012, respecto al lote de terreno con una superficie de 112 950 m, ubicado en la zona 4 del plano urbano, zona oeste de la ciudad de Potosí, sector nuevo Potosí (Conclusión II.2.). En virtud al Testimonio de Escritura Pública 439/2000 de 26 de mayo, se demuestra la transferencia de un lote de terreno de interés social, ubicado en la urbanización satélite, plan Chulchucani, zona Chulchucani, sector nuevo Potosí, con una superficie de 240 m, lote 13, manzano 101, otorgado por la Comisión Liquidadora del FONVIS en favor de Mario Flores Tirado -padre fallecido de los hoy accionados- (Conclusión II.1.) Finalmente, por los formularios de pago de impuestos a la propiedad inmueble, se acredita el pago de dicho impuesto a nombre de Mario Flores Tirado -padre fallecido de los hoy accionados-, sobre un lote de terreno ubicado en la urbanización Magisterio s/n, con una superficie de 240 m, de las gestiones 2000 a 2021 (Conclusión II.8.). En ese contexto, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, ante las medidas de hecho, se hace viable hacer una excepción al principio de subsidiariedad y activar directamente la acción de amparo constitucional, a efectos de resguardar los derechos de los afectados, para que pueda cesar las ilegalidades y actos hostiles; puesto que, el agotamiento de las vías legales implicaría la consumación irreversible de las vulneraciones denunciadas, permitiendo así a esta jurisdicción constitucional restaurar el orden constitucional vulnerado, posibilidad que se abre previo cumplimiento de ciertos requisitos como que la carga probatoria debe ser cumplida por el accionante; a través de la cual, acredite su titularidad o dominialidad del bien con relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros, además de demostrar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica; es decir, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos. En ese sentido, conforme la jurisprudencia mencionada corresponde verificar si en el presente caso los accionantes acreditaron los presupuestos requeridos y en función de dicho resultado otorgar o denegar la tutela solicitada. En ese propósito, respecto a la carga probatoria de acreditar la titularidad sobre el bien inmueble; de la documentación cursante de fs. 11 a 25 vta., se acreditó que los accionantes son propietarios de un lote de terreno con una superficie de 240 m, ubicado en la urbanización “Villa Libertad”, zona ciudad Satélite de la ciudad de Potosí, identificado como lote 13, manzano 101, el cual se encuentra inscrito en la Oficina de DD.RR. en el Folio Real con matrícula computarizada 5.01.1.01.00032880, Asiento A-2 de 29 de septiembre de 2021, registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros. Respecto a la acreditación de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica; es decir, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos. De los documentos acompañados al cuaderno procesal, especialmente del acta de verificación notarial, del muestrario fotográfico y del reconocimiento expreso efectuado por los ahora accionados en su memorial de informe, se demostró medidas de hecho y actos perturbadores en el ejercicio de su derecho propietario de los accionantes, debido a que los hoy accionados inicialmente plantaron vigas de madera y enmallado metálico en todo el perímetro del referido lote de terreno, además de una carpa y puerta de calamina, posteriormente construyeron muro perimetral de ladrillo y columnas, lo que impide el ingreso a su propiedad y el uso, goce, disfrute y disposición del objeto, como finalidad primordial de la propiedad privada, hechos que no fueron negados por los ahora accionados, con la justificación no comprobada de que dicho lote de terreno les pertenece por sucesión hereditaria, alegando que de acuerdo al Testimonio de Escritura Pública 439/2000, demostraron la transferencia de un lote de terreno de interés social, ubicado en la urbanización satélite, plan Chulchucani, zona Chulchucani, sector nuevo Potosí, con una superficie de 240 m, lote 13, manzano 101, otorgado por la Comisión Liquidadora del FONVIS en favor de Mario Flores Tirado -padre fallecido de los hoy accionados-, y por efecto de dicha transferencia desde la indicada fecha vienen poseyendo el referido inmueble, así también los acreditan los formularios de pago de impuestos a la propiedad inmueble, de las gestiones 2000 a 2021. En ese sentido, y considerando lo referido en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el derecho propietario debidamente inscrito en la Oficina de DD.RR. de los accionantes, que surte efectos contra terceros por disposición del art. 1538.I del CC, no puede verse afectado por actitudes de hecho protagonizadas por terceros que buscan imponer justicia por mano propia pretendiendo imponer por la fuerza supuestos derechos cuya titularidad exigen, incurriendo así en medidas de hecho sin considerar la existencia de mecanismos o recursos previstos por ley en los que se deben hacer valer reclamos sobre mejor derecho. Las vías de hecho que en el marco del Fundamento Jurídico III.3. del presente fallo constitucional afectan el núcleo duro del derecho a la propiedad, que comprenden los derechos de uso, goce y disfrute, y las obligaciones negativas emergentes para el Estado y para los particulares, traducidas en las prohibiciones de privación arbitraria y de limitación arbitraria de la propiedad privada vinculada a la vivienda digna. Por lo referido, se evidencia objetivamente la concurrencia de vías de hecho, que impiden el acceso al inmueble de propiedad de los accionantes, cumpliéndose de esa manera con la necesaria carga probatoria para conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 061/2022 de 19 de agosto, cursante de fs. 114 a 121, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; y,

2° Dejar sin efecto la medida cautelar de prohibición de innovar dispuesta por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, con la aclaración que las partes de considerar la pertinencia de la aplicación de alguna medida cautelar sobre el bien inmueble, pueden acudir ante la autoridad llamada por ley para el efecto.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0966_2023-S3.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): 92187934d6486390fb3f34767fadd7bf8721ccdffae5fc839e287f15440c8201

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