Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 23 de octubre de 2023
Deniega la tutela
El impetrante de tutela, alegó como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia; tutela judicial efectiva; seguridad jurídica; a la defensa; al trabajo; a la dignidad; a no ser discriminado; toda vez que, el Órgano Judicial a través del Consejo de la Magistratura procedió a publicar la: “CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL N°06/2022 –CARGOS DE CARRERA- ” dirigida a quienes tengan interés en postularse al concurso de méritos y examen de competencia, para los cargos de: “JUEZA O JUEZ DE JUZGADOS AGROAMBIENTALES”. Al haber sido inhabilitado por no cumplir el requisito específico número tres de la convocatoria que se traduce en la exigencia de hablar dos idiomas oficiales según lo dispuesto y ordenado en el art. 234.7 de la CPE; a consecuencia de ello planteo impugnación asegurando haber adjuntado sus certificados que acreditan que habla las lenguas quechua y guaraní; además, argumentando que en el asiento judicial agroambiental que corresponde a Santa Ana del Yacuma, la población habla mayormente el idioma castellano. Los demandados ejerciendo su rol en la Comisión, confirmaron la decisión de inhabilitarlo y por ende ya no podrá continuar en el proceso de selección, dicha ratificación de la inhabilitación se habría ejecutado mediante un acta carente de fundamentación, motivación, argumentación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 110/2022 de 30 de agosto, cursante de fs. 166 a 172, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó a analizar el fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0965/2023-S4 Sucre, 23 de octubre de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 49682-2022-100-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 110/2022 de 30 de agosto, cursante de fs. 166 a 172, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Carlos Mendoza Verduguez contra Rubens Darío Quinteros Salas, Encargado Distrital, Yvan Roca Perrogon, Profesional II Diagnostico e Implementación, y Salomón Zabala Justiniano, Encargado de Política de Gestión todos miembros de la Comisión Calificadora Departamental del Consejo de la Magistratura Distrital Beni y Jorge Antonio Duran Menacho delegado del Ilustre Colegio de Abogados de Beni.
Por memorial presentado el 28 de abril de 2022, cursante de fs. 2; y, 54 a 68; el accionante, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
En fecha 21 de marzo de 2022 el Órgano Judicial a través del Consejo de la Magistratura procedió a publicar la: “CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL N°06/2022 –CARGOS DE CARRERA- ” dirigida a quienes tengan interés en postularse al concurso de méritos y examen de competencia, para los cargos de: “JUEZA O JUEZ DE JUZGADOS AGROAMBIENTALES”, pues al haber verificado en las listas publicadas mediante su página web por la entidad convocante, pudo comprobar que en ese momento se encontraba en acefalía el Juzgado Agroambiental de Santa Ana de Yacuma en el departamento de Beni, cargo al cual presentó de manera formal su postulación y siguiendo respetuosamente el instructivo cumplió de manera estricta con los requisitos específicos y generales exigidos en la mencionada convocatoria.
La Comisión Calificadora Departamental del Consejo de la Magistratura distrital Beni, compuesta por los hoy demandados, en fecha 18 de abril de 2022 emite el “ACTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS MINIMOS HABILITANTE CONVOCATORIA PUBLICA N° 06/2022 JUEZA O JUEZ DE JUZGADOS AGROAMBIENTALES DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DEL BENI ”; actuado mediante el cual, fue inhabilitado porque supuestamente “NO CUMPLE CON EL REQUISITO ESPECIFICO N° 3 DE LA CONVOCATORIA N° 06/2022” (sic), inhabilitación que a su entender, carece de argumentación, fundamentación, especificidad y claridad respecto al motivo de su inhabilitación, dicho acto sería demasiado subjetivo, abstracto, ilógico, arbitrario e indebido, vulnerando su derecho al debido proceso en su elemento de tutela judicial efectiva y también el derecho a la defensa porque supuestamente no habría cumplido el requisito establecido en el artículo 234.7 de la Constitución Política del Estado (CPE), lo cual no es evidente porque habría presentado certificados que acreditan su conocimiento de los idiomas originarios de quechua y guaraní. Contra la inhabilitación a su postulación, en la forma y tiempo oportuno planteó impugnación, aplicando lo previsto en el art. 29 del Manual del Subsistema de Ingreso a la Carrera Judicial, Modalidad de Concurso de Méritos y Exámenes de Competencia, solicitó se revoque la decisión de inhabilitarlo y en consecuencia habilitarlo para la siguiente fase de la Convocatoria. En respuesta a la impugnación planteada, la Comisión Calificadora Departamental, puso en su conocimiento el documento “ACTA DE RESOLUCION DE IMPUGNACIONES A DOCUMENTACION MINIMA HABILITANTE”, documento que ratificaba la inhabilitación de tres postulantes y entre ellos se registró en el numeral 2 a Juan Carlos Mendoza Verduguez, con cedula de identidad 1092235 ratificando la inhabilitación dentro de la “convocatoria 02/2022” (sic). El ahora accionante en ese momento entendió que, ante la irrupción en la vida jurídica del “ACTA DE RESOLUCION DE IMPUGNACIONES A DOCUMENTACION MINIMA HABILITANTE” de fecha 22 de abril de 2022, este documento se constituía en el acto a cuestionar porque habría lesionado sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia; tutela judicial efectiva, seguridad jurídica, a la defensa, al trabajo, a la dignidad, a no ser discriminado, motivos por los cuales planteó acción de amparo constitucional a efectos de que en dicha jurisdicción sus derechos sean restituidos y en virtud a ello se le permita participar de las siguientes fases de la Convocatoria, pues argumentó que él como postulante cumple con el requisito especifico de hablar el castellano que a su entender es el idioma originario predominante en la región donde tendría jurisdicción el Juzgado Agroambiental de Santa Ana de Yacuma, acreditando tal afirmación con reportes e informes evacuados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) respecto a datos extractados del Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en la gestión 2012; por lo que, considera que no era justa su inhabilitación, argumentó también que junto a su postulación adjuntó sus certificados que acreditan su conocimiento de los idiomas originarios de quechua y guaraní y de igual manera fue inhabilitado, coartándole toda posibilidad de acceder a la carrera judicial tal cual ofertó la convocatoria.
El accionante, alegó como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia; tutela judicial efectiva; seguridad jurídica; a la defensa; al trabajo; a la dignidad; a no ser discriminado citando al efecto los arts. 13.I, 14.I, 22 115,117,119 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia: a) Se deje sin efecto la resolución rotulada como “ACTA DE RESOLUCION DE IMPUGNACIONES A DOCUMENTACION MINIMA HABILITANTE (CONVOCATORIA 06/2022) JUECES DE CARRERA DE LA JURISDICCION AGROAMBIENTAL” ordenando a la Comisión Calificadora Departamental de Beni emita nueva resolución revocando su decisión y habilitándolo para las siguientes etapas de selección de la Convocatoria 06/2022; b) En virtud a la medida cautelar solicitada, se disponga la suspensión del cronograma de la Convocatoria; y , c) Condene con costas y costos.
Celebrada la audiencia virtual el 25 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 149 a 165, presentes el accionante asistido por su abogado y una de las autoridades demandadas; y, los terceros interesados a través de sus representantes legales, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, a través de su abogado en audiencia, ratificó de forma íntegra su memorial de acción de amparo constitucional, señaló que: 1) No hacía falta pronunciarse sobre hechos nuevos que hubieran acaecido; 2) El acta impugnada no contiene la fundamentación necesaria para justificar la inhabilitación del impetrante de tutela en su rol de postulante, no existe ningún recurso ulterior que podría modificar la decisión asumida; y, 3) La Comisión Calificadora Departamental de Beni, tenía la obligación de resolver mediante resolución fundamentada la impugnación y a contrario sensu se limita a ratificar a través de un “acta” la inhabilitación incumpliendo la normativa aplicable razón por la cual planteó la acción de amparo constitucional.
Yvan Roca Perrogon, Profesional II Diagnostico e Implementación del Consejo de la Magistratura Distrital Beni, en audiencia, alegó que: i) No se evidencia la existencia del nexo de causalidad entre los derechos que alegó como vulnerados el accionante y su relación con los hechos descritos, solo menciona los derechos sin señalar como se habrían lesionado sus derechos; ii) Hizo conocer que la Comisión, si respondió al reclamo del impetrante de tutela mediante una resolución debidamente motivada y fundamentada, realizando un análisis minucioso del reclamo expuesto, dicha resolución “es colgada en el tablero de notificaciones de la Comisión ubicada en la Secretaria del Consejo del distrito del Beni” (sic); y, iii) El solicitante de tutela al exponer su problemática; no demuestra cual, sería la relevancia constitucional en caso de que se le conceda la tutela y como cambiaría su situación procesal; por lo cual, solicitó se deniegue la tutela solicitada. También en audiencia se hizo presente el representante legal de los terceros interesados (miembros del Pleno del Consejo de la Magistratura), abogado Julio Cesar Caballero, quien manifestó lo siguiente: a) Se ratificó en el informe escrito presentado por los señores Consejeros; y, b) El accionante aduce que, el acto lesivo sería una resolución carente de fundamento o de motivación, mas no señala si es toda la resolución o una parte específica, lo cual genera confusión; por lo que, solicitó se deniegue la tutela. Asimismo, por memorial presentado el 30 de agosto de 2022, a las 09:30 de la mañana (después de la celebración de la acción tutelar), cursante de fs. 140 a 144, los accionados Rubens Darío Quinteros Salas, Encargado Distrital; Salomón Zabala Justiniano, Encargado de Política de Gestión Consejo de la Magistratura del Beni; Yvan Roca Perrogon, (Profesional II Diagnostico e Implementación todos del Consejo de la Magistratura Distrital del Beni, a través de informe escrito, cursante de fs. 140 a 144 vta., manifestando que: 1) El accionante omitió establecer cual el nexo de causalidad entre los derechos que considera lesionados y los que señala como generadores de los agravios; es decir, no cumplió con la carta de precisar con claridad los hechos vulneradores tal cual lo ha establecido la SCP 0345/2015-S1 de 13 de abril; 2) El reclamo sobre la presunta vulneración al debido proceso en su elemento de motivación y fundamentación de la resolución, el accionante confunde al precisar cuál es el acto arbitrario, porque al referirse al “Acta de Resolución de Impugnación” (sic) confunde los datos del proceso, porque dicha acta es simplemente un cuadro que se publica, para los postulantes que habrían interpuesto su reclamo o impugnación, conozcan el resultado de dicho reclamo; además, que todo reclamante tiene la carga de apersonarse por las instalaciones de la Comisión para notificarse con la resolución; 3) La Comisión resolvió todas y cada una de las impugnaciones presentadas por los postulantes que expresaron su insatisfacción por su inhabilitación y dichas resoluciones que están debidamente fundamentadas fueron colgadas en tablero de la Secretaría de la Distrital Beni del Consejo de la Magistratura; 4) Sabiendo de la existencia de los siguientes documentos que involucran al accionante, “ACTA DE RESOLUCION DE IMPUGNACIONES y RESOLUCION DE IMPUGNACIÓN” (sic) se puede colegir que el documento que resuelve la impugnación por el postulante y ahora accionante es la “RESOLUCION DE IMPUGNACION que en el presente caso le correspondió la No. 1/2022 de fecha 22 de abril de 2022” (sic) dicho documento a entender de los demandados, seria fundamentado y motivado debidamente y dicho documento ha sido confundido por el accionante con “ACTA DE RESOLUCION DE IMPUGNACIONES de 22 de abril de 2022” (sic), ya que éste solo reflejaría el resultado a la impugnación planteada, debiendo haber cumplido el ahora solicitante de tutela con la carga de asistencia a verificar en tablero la existencia de la resolución que también se le hizo conocer vía WhatsApp a su teléfono móvil, hecho que no hace conocer en su memorial de acción de amparo, además la resolución que resuelve la impugnación es la que debería demandar y no el acta; y 5) El impetrante de tutela no señala ni especifica cual la relevancia constitucional de su reclamo, la SCP 1233/2017-S1 de 28 de diciembre, establece las reglas para determinar la relevancia constitucional de la pretensión en la acción tutelar; lo cual, no fue acreditado por el accionante; por lo que, solicitan se deniegue la tutela. Jorge Antonio Duran Menacho, delegado del Ilustre Colegio de Abogados de Beni, no se hizo presente a la audiencia de consideración de esta acción tutelar.
En fecha 29 de agosto de 2022 a las 18:08, presentaron informe escrito (posterior a la realización de la audiencia virtual) los señores Consejeros de la Magistratura: Marvin Arsenio Molina Casanova, Mirtha Gaby Meneses Gómez y Omar Michel Duran, quienes fueron representados legalmente mediante poder notarial por los profesionales abogados: Julio Américo Aranibar Zegarra, Claudia Steffan Zeballos Aquino y Julio Cesar Caballero Saavedra; manifestando los siguientes argumentos: i) El contenido del memorial de acción de amparo constitucional, no cumplió con establecer en que forma la resolución impugnada lesionó los derechos invocados, pues simplemente se limita a señalarlos sin establecer la vinculación a los hechos concretos, el accionante debió acreditar las vulneraciones alegadas, pues simplemente se aboca a enumerar los artículos de la normativa expresada, en las acciones de amparo constitucional, la carga argumentativa del agravio expuesto corresponde al impetrante de tutela; ii) La Resolución de Impugnación 01/2022, es la que corresponde al análisis particular de la impugnación planteada por el ahora recurrente en su condición de postulante, y no así el Acta de Resolución de Impugnaciones; por lo que, se puede deducir que el ahora impetrante de tutela ha confundido ambos documentos y erróneamente accionó contra el acta, también afirmaron que la resolución que resuelve la impugnación es de conocimiento del solicitante de tutela pues la recibió vía whatsApp en su teléfono móvil; en relación al Juzgado Agroambiental de Santa Ana del Yacuma; para el cual, se postuló el accionante, informaron que el radio de acción de dicho Juzgado seria toda la provincia Yacuma, parte de las provincias Vaca Diez, Moxos, Mamore y Ballivian en merito a la viabilidad técnica y jurídica de la reorganización y/o distribución de competencias territoriales y suplencias legales según la documentación adjunta, y dada la característica de “ITINERANCIA” (sic), que deben cumplir por mandato legal las autoridades judiciales agroambientales, los jueces tienen la obligación de desplazarse por las comunidades para desarrollar sus funciones; y, iii) El accionante no señaló cual la relevancia constitucional de su reclamo, aun cuando se disponga subsanar los errores u omisiones; razones por las cuales corresponde denegar la tutela.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución 110/2022 de 30 de agosto, cursante de fs. 166 a 172, denegó la tutela solicitada por el accionante, estableciendo que: a) El accionante omitió señalar cual es la resolución que vulneró sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, pues accionó contra el acta y no así contra la Resolución 01/2022, actuado en el cual se verifica que se dio respuesta al reclamo de inhabilitación de manera motivada; b) Mediante memorial presentado en fecha 22 de abril de 2022 y se cuestiona el Acta de Resolución de impugnaciones, la acción de amparo constitucional se presentó en fecha 28 de abril del mismo año y también el accionante en fecha 27 de abril, había planteado una solicitud de notificación con la resolución emitida por la Comisión Calificadora Departamental; c) El planteamiento de falta de fundamentación, motivación y la vulneración del principio de congruencia como componente del debido proceso, carece de relevancia constitucional, porque si se dejaría sin efecto el acta impugnada, el postulante no podría agregar más documentos a su postulación; y, d) Se debe tomar en cuenta que la irrupción del Estado Plurinacional de Bolivia, entre sus fundamentos trae el pluralismo como elementos esencial y relacionado a lo pluricultural se vincula al aspecto lingüístico y el reconocimiento constitucional a las los idiomas originarios que gozan del reconocimiento constitucional; por lo tanto, la obligación de todo servidor público es la de dominar el idioma castellano y el predominante en la región.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. El Órgano Judicial, mediante el Consejo de la Magistratura, público en fecha 20 de marzo de 2022, emitió a nivel nacional la “CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL N° 06/2022 (CARGOS DE CARRERA)”, para que los profesionales abogados que cumplan con los requisitos establecidos por el ordenamiento legal al concurso de méritos y examen de competencia para los cargos de: “JUEZA O JUEZ DE JUZGADOS AGROAMBIENTALES” (sic) (fs. 3 a 4). II.2. En la lista de acefalías y jueces transitorios, referente a los Juzgados Agroambientales de todo el Estado Plurinacional de Bolivia, publicada por el Consejo de la Magistratura, se puede verificar que, en el departamento del Beni, el Juzgado Agroambiental de Santa Ana del Yacuma se encontraba acéfalo (fs. 5). II.3. Cursa “ACTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS MINIMOS HABILITANTE (CONVOCATORIA PUBLICA N° 06/2022) JUEZA O JUEZ DE JUZGADOS AGROAMBIENTALES DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DEL BENI” (sic), emitido por la Comisión Calificadora Departamental del Consejo de la Magistratura distrital del Beni, documento que en el acápite “LISTA DE POSTULANTES INHABILITADOS” (sic), consigna tres postulantes que habrían sido inhabilitados, en el numeral 2 se tiene registrada la cedula de identidad 1092235 que correspondería al hoy accionante (Juan Carlos Mendoza Verduguez), y acompaña los datos antes descrito el siguiente texto “NO CUMPLE CON EL REQUISITO ESPECIFICO N° 3 DE LA CONVOCATORIA N° 06/2022” (sic) (fs. 22). II.4. Mediante memorial presentado el 20 de abril de 2022, ante la Comisión Calificadora Departamental del Consejo de la Magistratura distrital del Beni, el accionante, interpuso impugnación contra su inhabilitación por supuestamente incumplir el requisito especifico numero 3 (fs. 23 a 27). II.5. La Comisión Calificadora Departamental del Beni, emite el documento “ACTA DE RESOLUCION DE IMPUGNACIONES A DOCUMENTACION MINIMA HABILITANTE (CONVOCATORIA 06/2023) JUECES DE CARRERA DE LA JURISDICCION AGROAMBIENTAL” (sic), fechada en 22 de abril de 2022; dicha literal contiene una tabla titulada “RESOLUCION DE IMPUGNACION” (sic), en el numeral dos se consigna el nombre de “JUAN CARLOS MENDOZA VERDUGUEZ C.I. 1092235”, junto al texto: “SE RATIFICA LA INHABILITACION” (fs. 29; y, 139). II.6. El Acuerdo N° 72/2020 del Consejo de la Magistratura aprueba el “REGLAMENTO DEL SISTEMA DE LA CARRERA JUDICIAL” (fs. 36 a 52).
DEPARTAMENTAL DEL BENI CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL N° 06/2022” de 22 de abril (fs. 137 a 138; 147 a 148). II.8. El ahora accionante mediante memorial de fecha 26 de abril de 2022 y recepcionado el día 27 del mismo mes y año, que tiene como suma “SOLICITA LA NOTIFICACION RESOLUCION DE IMPUGNACION A LA INHABILITACION POR SUPUESTO INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITOS ESPECIFICO N° 3 (Convocatoria Publica N° 06/2022)”; hace conocer dicha pretensión a los ahora accionados (fs. 145 y vta). II.9. Mediante decreto de fecha 29 de abril de 2022, el Encargado Distrital Consejo de la Magistratura del Beni Rubens Darío Quinteros Salas (demandado), le responde y comunica al postulante (y ahora accionante), que todas las publicaciones y resoluciones se debe notificar mediante la “Plataforma del Consejo de la Magistratura” (sic) y a su vez también mediante el tablero oficial del Consejo de la Magistratura-Beni, señalándole alternativamente también se le notificó al postulante que presentó el memorial mediante la aplicación WhatsApp al número móvil 71153108, justificando la fecha de emisión de dicho decreto por haberse encontrado en comisión en la ciudad de Riberalta los días 27 y 28 de abril procediendo a la toma de exámenes a los postulantes de la Convocatoria N° 07/2022( a fs. 146).
El impetrante de tutela, alegó como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia; tutela judicial efectiva; seguridad jurídica; a la defensa; al trabajo; a la dignidad; a no ser discriminado; toda vez que, el Órgano Judicial a través del Consejo de la Magistratura procedió a publicar la: “CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL N°06/2022 –CARGOS DE CARRERA- ” dirigida a quienes tengan interés en postularse al concurso de méritos y examen de competencia, para los cargos de: “JUEZA O JUEZ DE JUZGADOS AGROAMBIENTALES”. Al haber sido inhabilitado por no cumplir el requisito específico número tres de la convocatoria que se traduce en la exigencia de hablar dos idiomas oficiales según lo dispuesto y ordenado en el art. 234.7 de la CPE; a consecuencia de ello planteo impugnación asegurando haber adjuntado sus certificados que acreditan que habla las lenguas quechua y guaraní; además, argumentando que en el asiento judicial agroambiental que corresponde a Santa Ana del Yacuma, la población habla mayormente el idioma castellano. Los demandados ejerciendo su rol en la Comisión, confirmaron la decisión de inhabilitarlo y por ende ya no podrá continuar en el proceso de selección, dicha ratificación de la inhabilitación se habría ejecutado mediante un acta carente de fundamentación, motivación, argumentación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0785/2019-S4 de 12 de septiembre de 2019, al analizar esta premisa, ha manifestado: “El amparo constitucional se constituye en un proceso constitucional diferente al proceso ordinario, con un objeto específico y diferente, que se materializa en la protección y restitución de derechos fundamentales con una causa distinta a la proveniente del proceso ordinario, que viene a ser la vulneración concreta o inminente de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Estado; con un marco jurídico procesal propio, adquiere las características de sumariedad e inmediatez en la protección de derechos y garantías fundamentales, por ser un procedimiento rápido, sencillo y sin ritualismos dilatorios. A estas características se añade la de generalidad, a través de la cual la acción puede ser presentada sin excepción contra todo servidor público o persona individual o colectiva. Al respecto la SCP 002/2012 de 13 de marzo, ha señalado que: “…la acción de amparo constitucional, encuentra fundamento directo en el artículo 25.1 de la CADH, instrumento que señala: ’Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales’. En el marco del citado precepto que forma parte del Bloque de Constitucionalidad reconocido por el artículo 410 de la CPE, se tiene que la dimensión procesal constitucional de la acción de amparo constitucional debe ser estructurada a partir de este marco de disposiciones, siendo evidente que el amparo constitucional constituye un mecanismo eficaz de defensa para el resguardo de derechos fundamentales insertos en el bloque de constitucionalidad ‟. La acción de amparo constitucional se encuentra instituida en el art. 128 de la CPE que establece: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley‟. A su vez el art. 129.I del referido Texto Constitucional, resalta que: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”; en consecuencia, la Constitución Política del Estado instituye esta acción como mecanismo de protección, poniéndola al alcance de toda persona que sufra vulneración a sus derechos reconocidos en la norma suprema, siendo su objeto principal el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías que puedan estar siendo vulnerados (restringidos, suprimidos o amenazados); procediendo dicho mecanismo siempre y cuando el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida.” Al respecto la SCP 1147/2016-S1 de 16 de noviembre, ha establecido que:” El constituyente ha previsto en el actual orden constitucional la acción de amparo constitucional, en el art. 128 de la Noma Suprema, de cuyo contenido se extrae que dicha acción procede: “…contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman, o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”. En ese entendido, la norma infraconstitucional ha previsto que el objeto de esta acción de defensa es el: “…garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir” (art. 51 del Código Procesal Constitucional [CPCo]).
Respecto a los presupuestos que rigen dicha acción, el art. 129.I de la Norma Suprema, prevé que: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados” (las negrillas son nuestras), coligiéndose de ello que dicha acción se halla configurada por los principios procesales de subsidiariedad e inmediatez. De la citada norma constitucional se extrae que la acción de amparo constitucional, se configura como un medio de tutela de carácter extraordinario, que se encuentra regido por los principios de: i) Subsidiariedad entendido como el agotamiento previo de los medios ordinarios de defensa, sean en la vía judicial o administrativa, a los efectos de que las lesiones denunciadas se reparen en la misma instancia donde se suscitaron los supuestos actos ilegales; y, ii) Inmediatez que implica que la acción de amparo es la vía jurisdiccional para la protección inmediata, efectiva y oportuna de los derechos fundamentales y garantías constitucionales vulnerados de manera ilegal e indebida; por lo que, su activación se encuentra atada en el tiempo; es decir, seis meses desde la vulneración alegada o desde notificada con la última resolución. ” Del razonamiento jurisprudencial anterior, podemos claramente determinar que la acción de amparo constitucional, es un medio de control de constitucionalidad para verificar si el respeto de los derechos fundamentales se cumple, el constituyente ha diseñado este medio idóneo para que los actos arbitrarios que generen lesiones a dichos bienes jurídicos sean restituidos mediante un procedimiento sumarísimo, pues la aplicación directa y respecto a los derechos fundamentales es una cualidad esencial del Estado Constitucional de Derecho, pero también queda claro que los ciudadanos que pretendan ejercer la legitimación activa deben cumplir ciertos requisitos como precisar con claridad los hechos o actos alegados como vulneratorios de sus derechos, y siempre a partir de la notificación con la última actuación que hubiera generado la lesión a sus derechos , sea dentro de un proceso judicial o administrativo.
Sobre el tema, la SCP 0342/2016-S1 de 16 de marzo, señaló que: “De manera previa a ingresar al análisis el presente caso es necesario precisar que la justicia constitucional no se constituye en una instancia casacional; es decir, de revisión o de tercera instancia, pues cada una de las resoluciones cuestionadas tienen su propio medio de impugnación; por lo que, cada una de las supuestas lesiones expresadas, deben ser oportunamente planteadas ante las autoridades administrativas, y sólo cuando aquellas se hubieren mantenido, pese a las diferentes impugnaciones y agotado todos los medios, recién se abre la vía constitucional, que bajo esta óptica realiza una revisión del proceso a partir de la última resolución dictada, a objeto de constatar si efectivamente existe vulneración a derechos y garantías constitucionales, ello, bajo la observancia del principio subsidiariedad” (las negrillas son agregadas). La jurisprudencia citada precedentemente es clara al establecer que se apertura la vía constitucional por medio de la acción de amparo constitucional, a efectos de verificar la lesión de derechos fundamentales o garantías constitucionales, a través de la revisión de la última resolución dictada en el proceso judicial o administrativo.
En la presente acción de amparo constitucional, el impetrante de tutela, alegó como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia; tutela judicial efectiva; seguridad jurídica; a la defensa; al trabajo; a la dignidad; a no ser discriminado, citando al efecto los arts. 13.I, 14.I, 22 115,117 y 119 de la CPE; toda vez que, el Órgano Judicial a través del Consejo de la Magistratura procedió a publicar la: “CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL N°06/2022 –CARGOS DE CARRERA- ” dirigida a quienes tengan interés en postularse al concurso de méritos y examen de competencia, para los cargos de: “JUEZA O JUEZ DE JUZGADOS AGROAMBIENTALES”, pues al haber verificado en las listas publicadas mediante la página web de la entidad convocante, el accionante pudo comprobar que en ese momento se encontraba en acefalía el Juzgado Agroambiental de Santa Ana de Yacuma del departamento de Beni, como postulante él manifestó haber cumplido de manera estricta con los requisitos generales y específicos establecidos en dicha convocatoria.
De la literal arrimada al expediente de la especie tenemos que; el Consejo de la Magistratura público en fecha 20 de marzo de 2022, emitió a nivel nacional la “CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL N° 06/2022 (CARGOS DE CARRERA)”, ante la acefalia en la cual estaban los Juzgado Agroambientales del departamento del Beni (Conclusiones I y II); el ahora accionante al tomar conocimiento de que su postulación fue inhabilitada por no haber cumplidos el requisito especial de acreditar el conocimiento sobre dos idiomas originarios, planteó su impugnación; la Comisión Calificadora Departamental le comunicó al impugnante a través del “ACTA DE RESOLUCION DE IMPUGNACIONES A DOCUMENTACION MINIMA HABILITANTE (CONVOCATORIA 06/2023) JUECES DE CARRERA DE LA JURISDICCION AGROAMBIENTAL” (sic), fechada en 22 de abril de 2022, que su inhabilitación había sido desestimada (Conclusiones 3, 4 y 5).
Es importante también considerar que el desarrollo de la Convocatoria antes descrita, fue tramitada bajo el marco normativo del Acuerdo 72/2020 del Consejo de la Magistratura aprueba el “REGLAMENTO DEL SISTEMA DE LA CARRERA JUDICIAL (Conclusión 6); la Comisión Calificadora Departamental de Beni, mediante Resolución 01/2022 dio respuesta a la impugnación planteada por el ahora impetrante de tutela, pero el accionante presentó en fecha 27 de abril de 2022, una solicitud para que la respuesta a su impugnación le sea notificada, la Comisión le responde mediante un proveído que la resolución fue colgada en el tablero de la Secretaria del Consejo de la Magistratura Distrital Beni, recinto al cual el ahora solicitante de tutela debía concurrir para que tome conocimiento de dicha resolución, pero pese a ello igual dispone que se le notifique mediante la aplicación whatsApp a su teléfono móvil (Conclusiones II. 7, II. 8 y II. 9).
Al haber sido inhabilitado (Acta de Verificación de Documentos Mínimos fs. 22) por no haber cumplido el requisito específico número tres de la convocatoria que se traduce en la exigencia de hablar dos idiomas oficiales según lo dispuesto y ordenado en el art. 234.7 de la CPE, puesto que para la zona a la que postuló se tenía que acreditar el conocimiento del idioma originario mojeño trinitario; a consecuencia de ello planteó un memorial impugnando su inhabilitación y asegurando haber adjuntado sus certificados académicos que acreditan su conocimiento de las lenguas quechua y guaraní; además, argumentando que en el asiento judicial agroambiental que corresponde a Santa Ana del Yacuma, la población habla mayormente el idioma castellano. Los demandados ejerciendo su rol en la Comisión, confirmaron la decisión de inhabilitarlo y por ende ya no podrá continuar en el proceso de selección, dicha ratificación de la inhabilitación se habría ejecutado mediante un acta carente de fundamentación, motivación, argumentación. En consecuencia, conviene expresar que el marco normativo para desarrollar las convocatorias públicas nacionales en el marco del ingreso a la carrera judicial que administra el Consejo de la Magistratura es el Acuerdo 72/2020, que aprueba el Reglamento del Sistema de la Carrera Judicial, en dicha normativa cursa el art. 37 que versa sobre el trámite para resolver las impugnaciones planteadas dentro de los procesos de selección, dicha norma textual expresa: “ARTICULO 37. (RESOLUCION DE IMPUGNACIONES). I Las Comisiones Calificadoras Departamentales resolverán las impugnaciones mediante Resolución fundamentada dentro de dos (2) día calendario después de concluido el periodo de recepción de cada una de las impugnaciones.
Departamentales emitan sobre las impugnaciones son irrevisables sin recurso ulterior y serán notificadas a los interesados a través de su Secretaría Técnica.” (las negrillas)
De todo lo antes expuesto, podemos abstraer que, en el marco de una convocatoria pública nacional para el ingreso a la carrera judicial que esté administrada por el Consejo de la Magistratura, aquel postulante que vea por conveniente impugnar la inhabilitación de su postulación, cuenta con la economía procesal glosada ut supra; es decir, que planteara ante la Comisión Calificadora Departamental y este cuerpo colegiado, debe resolver de manera fundamentada la pretensión expuesta por reclamante; así también es concreto el hecho de que dicha resolución es irrevisable e inapelable; es decir, que no existe recurso ulterior alguno, y respetando el principio procesal de la subsidiariedad dentro de la acción de amparo constitucional y por imperio de los arts.129.I de la CPE; y 54.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), se encuentra expedita la vía constitucional para que se denuncie la vulneración a derechos constitucionalmente consagrados, ya que dichos bienes jurídicos pueden sufrir daños irremediables. En la lógica del accionante el acto lesivo que le causa la supresión de sus derechos denunciados como lesionados es el “ACTA DE RESOLUCION DE IMPUGNACIONES A DOCUMENTACION MINIMA HABILITANTE (CONVOCATORIA 06/2022) JUECES DE CARRERA DE LA JURISDICCION AGROAMBIENTAL” (sic); porque supuestamente este documento habría dado respuesta a la impugnación planteada por él; ahora bien, en ese contexto debemos analizar de que se trata dicho “acto lesivo”, de una revisión de la literal inserta en fs. 29 y 139 de obrados; al respecto cabe manifestar que dicho documento no puede constituirse en una resolución, porque no determina o decide sobre la pretensión planteada, en realidad dicha acta es un mecanismo instrumental que sirve para colectar la información del proceso de selección de personal y mostrar su contenido a los postulantes afectados con alguna observación o inhabilitación puedan ejecutar los actos jurídicos que la normativa les permite a efectos de que sus derechos sean respetados, pero de ninguna manera puede constituirse dicha acta en una resolución que dé respuesta a la impugnación planteada, porque claramente su título expresa que dicho documentos es una acta de resolución de impugnaciones, lo cual dista mucho de ser una resolución, porque precisamente las características esenciales de una resolución deben ser que contenga motivación, fundamentación, exhaustividad y congruencia, ello en el ámbito de que toda decisión emitida por una autoridad jurisdiccional o administrativa debe contener la normativa de sustento que ha servido para tomar la decisión, de generar un convencimiento a través de la redacción tomando en cuenta la relación fáctica amalgamado al producto de la subsunción jurídica realizada, todo ello sometido a la pretensión del impugnante ya que de dicho reclamo es de donde se extraen los puntos a considerar y deben ser respondidos con precisión y exactitud todos y cada uno de ellos a efectos de no vulnerar derechos fundamentales y garantías constitucionalmente consagrados. En la especie el accionante, ha mantenido a lo largo de la tramitación de la acción de amparo constitucional que el acto lesivo es el acta antes descrita, lo cual circunscribe el análisis de la problemática del caso de autos al tratamiento dicho acto, pero por lo expresado en los Fundamentos Jurídicos III.1 y .2 de esta resolución, no podemos abstraernos de la vigencia en la vida jurídica de la “RESOLUCION N° 01/2022 COMISION CALIFICADORA DEPARTAMENTAL DEL BENI CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL N° 06/2022” de fecha 22 de abril de 2022, actuado mediante el cual los ahora demandados dieron respuesta a la impugnación planteada por el ahora accionante de manera específica e individual, siendo esta la resolución contra la que debió activarse la acción tutelar, esta jurisdicción no puede salirse del marco de las autorrestricciones impuestas por el marco jurisprudencial de los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2, porque la verdad material existente que no puede ser soslayada, nos muestra que el impetrante de tutela solicitó que se le notifique con dicha resolución, lo cual fue cumplido por las autoridades accionadas (vía WhatsApp), pese a que el postulante (y ahora accionante), tenía la obligación de asistir a la Secretaria del Consejo de la Magistratura distrital del Beni para tomar conocimiento de los actuados que se desarrollen en el marco de la impugnación que este último activó; por lo que, no es posible estimar su solicitud de tutela, porque la subsidiariedad no se ha cumplido; dado que, el accionante no ha cuestionado en sede constitucional la última resolución emitida dentro del procedimiento de impugnación activado por él; puesto que, el acta contra la cual acciona su acción de amparo constitucional, no constituye la respuesta a su reclamo, el actuado procesal que se constituye en la última decisión adoptada por los demandados es la Resolución 01/2022 que es contra la cual se debería haber activado la solicitud de tutela, constituyéndose el acta controvertida en un simple instrumento documental que tiene como único fin comunicar a los impugnantes el resultado de su reclamo y nada más. En ese entendido, no le corresponde a este Tribunal resolver asuntos en los cuales no se cumpla con el principio de subsidiariedad y por ende no se dirijan contra la última resolución emitida en cualquier tipo de proceso sea judicial o administrativo, por cuanto tiene como finalidad específica la de restablecer los derechos fundamentales y garantías constitucionales que se encuentren plenamente consolidados y sobre los cuales se comprobó su titularidad efectiva; en tal sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional, no puede conocer ni pronunciarse sobre el fondo de la presente problemática planteada, correspondiendo denegar la tutela impetrada.
En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 110/2022 de 30 de agosto, cursante de fs. 166 a 172, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó a analizar el fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0965_2023-S4.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): 0340f9d6aaa701df6cbaf9e42d88ca573beca79d0369460d4a6a569d1a66b7dd
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