B.IA.LEGAL

SCP 0964/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 24 de agosto de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
24 de agosto de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
38715-2021-78-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa, toda vez que: a) El Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de La Paz: 1) Mediante Resolución de 23 de diciembre de 2020, denegó su solicitud de cesación a la detención preventiva, sin aplicar lo establecido en el art. 239. 2 de CPP, sin valorar el certificado médico presentado que acredita que tiene diabetes mellitus tipo II e insuficiencia renal crónica, lesionando sus derechos a la vida y la salud; y, 2) El Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz; i) No remitió al Tribunal de alzada los antecedentes del recurso de apelación incidental que planteó contra la Resolución señalada, dentro del plazo establecido; y, ii) No emitió conminatoria al Ministerio Público para establecer el plazo de su detención preventiva o su cesación, conforme lo establecido en la Disposición Transitoria Décima Segunda de la Ley 1173. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución; 2) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; 3) Protección de la dignidad y los derechos de los privados de libertad; 4) Sobre la Disposición Transitoria Décima Segunda de la Ley 1173; y. 5) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado; los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo.), en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 032/2021 de 24 de enero, cursante de fs. 40 a 41 vta. Emitido por el Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, y en consecuencia dispone:

1° CONCEDER la tutela solicitada, en relación al primer cuestionamiento de la segunda problemática y en cuanto a los derechos a la libertad vinculado al principio de celeridad y al debido proceso, sin disponer la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva y ordenando que Oscar Pablo Pérez Coarite y Mariela Pérez Sejas, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Achacachi en suplencia legal de su similar de Caranavi del departamento de La Paz, remita los antecedentes del recurso de apelación incidental planteado por el impetrante de tutela contra la resolución que denegó su solicitud de cesación a la detención preventiva, ante el Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas, si es que no lo hizo aún, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela solicitada, referida a la primera problemática, y en relación a los derechos a la vida y a la salud; asimismo, en relación al segundo cuestionamiento de la segunda problemática, así como respecto al derecho a la defensa.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución
  2. III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  3. III.3. Protección de la dignidad y los derechos de los privados de libertad
  4. III.4. Sobre la Disposición Transitoria Décima Segunda de la Ley 1173
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0964/2023-S1 Sucre, 24 de agosto de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 38715-2021-78-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 032/2021 de 24 de enero, cursante de fs. 40 a 41 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Javier Patiño Chaparro contra Oscar Pablo Pérez Coarite y Mariela Pérez Sejas, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Achacachi, en suplencia legal de su similar Primero de Caranavi, ambos del departamento de La Paz. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda Por memorial presentado el 22 de enero de 2021, cursante de fs. 33 a 34 vta., el accionante expresó lo siguiente: I.1.1. Hechos que motivan la acción Mediante Resolución 387/19 de 16 de agosto de 2019, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de la Paz; por lo que, solicitó cesación de detención preventiva, el cual fue resuelto por el Tribunal Sentencia Séptimo de turno del referido departamento, quien rechazó su solicitud sin considerar que se encuentra privado de su libertad un año y cinco meses, de acuerdo a lo establecido en el “art. 239 núm. 2)” -sin citar norma alguna- pues en el referido caso el Ministerio Público no pidió la ampliación del plazo de esa medida, pese a existir una conminatoria que no fue notificada, tampoco valoró correctamente los certificados médicos de salud presentados, que establecen que padece de una enfermedad de base como ser diabetes y de insuficiencia renal crónica y asimismo que es una persona de la tercera edad; en consecuencia, planteó recurso de apelación contra la referida Resolución; sin embargo, hasta la fecha de la presentación de esta acción tutelar el referido Tribunal no remitió los obrados de ese recurso al Tribunal de alzada, vulnerando así sus derechos y garantías constitucionales al debido proceso, y a la defensa en libertad. Además, que debe tenerse en cuenta lo establecido en la Disposición Transitoria Décima Segunda de la Ley 1173 -Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres de 3 de mayo de 2019- (Conminatoria al Ministerio Público). I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa, a la vida y a la salud sin citar norma constitucional alguna. I.1.3. Petitorio Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo se aplique medidas sustitutivas a la detención preventiva; toda vez que, se halla vinculado al grupo de vulnerabilidad de la tercera edad y se encuentra enfermo. I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías Celebrada la audiencia pública el 24 de enero de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 37 a 39 vta., se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción El ahora impetrante de tutela ratificó la acción de libertad presentada y ampliándola señaló lo siguiente: a) El Tribunal demandado vulneró sus derechos a la salud, a la vida y a la libertad; toda vez que, no remitió los antecedentes del recurso de apelación que planteó contra la Resolución que le denegó su solicitud de cesación a la detención preventiva hace dos meses; b) El Ministerio Público no dio cumplimiento a lo establecido en el art. 233. 3 del Código de Procedimiento Penal (CPP); toda vez que, en la imputación formal presentada no estableció el tiempo de la duración de la detención preventiva solicitada, ni mucho menos en el trascurso de la investigación solicitó la ampliación de su detención preventiva, encontrándose con esa medida un año y medio; c) Existe conminatoria de 16 de marzo de 2020, emitida por el Juzgado de Guanay para que el Ministerio Público presente el acto conclusivo conforme lo dispuesto en el art. 233 de la citada norma; empero, pese a que transcurrió once meses no lo hizo; y, d) Los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi no dieron cumplimiento a lo instituido en “Disposición Transitoria Décima Segunda”, al no haber conminado al Ministerio Publico para que cumpla con dicha disposición legal, lesionando así sus derechos a la vida y a la salud; puesto que, existen certificados médicos forenses que acreditan que tiene diabetes y es de la tercera edad, encontrándose además en riesgo de contraer la enfermedad del COVID-19, debido al hacinamiento que existe en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz. I.2.2. Informe de las autoridades demandadas Oscar Pablo Pérez Coarite, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Achacachi en suplencia de su similar Primero de Caranavi ambos del departamento de La Paz, no presentó informe escrito alguno ni se hizo presente en la audiencia virtual de consideración de la presente acción de libertad, pese a su legal notificación cursante a fs. 36. Mariela Pérez Sejas, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primera, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Achacachi en suplencia de su similar Primero de Caranavi ambos del departamento de La Paz, realizó informe oral en audiencia de consideración de esta acción tutelar, señalando lo siguiente: 1) Se encuentra cumpliendo funciones en suplencia como única Juez en el Tribunal de Sentencia señalado desde el mes julio; por lo que, se encuentra revisando los casos que están en el mismo, asumiendo las responsabilidades ajenas; 2) El ahora accionante se contradijo al señalar que no se habría cumplido con la conminatoria al Ministerio Público; empero, por otra parte manifiesta que existe una conminatoria de 16 de marzo de 2020, para dicha instancia y que no mereció ninguna respuesta del Fiscal; en consecuencia, solamente se debió tomar en cuenta la duración de la detención preventiva, lo que se limita a la etapa preparatoria y en etapa de juicio debe regirse a lo establecido en el art. 239 numerales 3 y 4 del CPP, relacionados al mínimo legal de la pena establecido para el delito más grave; es decir, en el que se haya dictado acusación formal y veinticuatro meses sin sentencia; 3) Con relación a que el ahora impetrante de tutela tiene certificación médica que acredita que tiene diabetes tipo II, la cual se constituiría en una enfermedad de base del COVID-19; sin embargo, la autoridad codemandada no evidencia tal situación; asimismo, velando los derechos y garantías de las partes, en ningún momento se negó cualquier solicitud de salida médica para que pueda ser internado o revisado; por lo que, en relación a los derechos denunciados al no tener prueba suficiente que acredite que el ahora peticionante de tutela se encontraría en peligro debido a su diabetes, solicita se deniegue la tutela impetrada; y, 4) En respuesta a la pregunta efectuada por el Juez de garantías respecto a que si se hubiera remitido o no el legajo del recurso de apelación, se tiene que, el “juzgado séptimo” -siendo lo correcto Tribunal de Sentencia Séptimo de Turno- incumplió sus funciones con relación a la remisión del recurso de apelación; puesto que, se encontraba en suplencia el mes de diciembre, recién el 18 de enero de 2021-remitieron a su Tribunal los “cuadernos”, pese a que la Secretaria fue a recoger los mismos, pero le decían que faltaban las actas y resoluciones; asimismo, el Secretario del precitado Tribunal informó que para esa remisión necesitaba Bs150.-(ciento cincuenta bolivianos), pero que la parte accionante no se apersonó para proveer los recaudos; no obstante, una vez que fueron recibidos los cuadernos por su Tribunal al día siguiente 19 del año y mes señalado se ha dado una respuesta ordenando mediante decreto la remisión de los antecedentes del citado recurso al Tribunal de alzada, en el plazo de veinticuatro horas, bajo responsabilidad de la Secretaria y la oficial de diligencias; aun cuando, se quedaron sin personal porque la renuncia realizada por la mencionada Secretaria anteriormente le fue aceptada el 20 de igual mes y año, quedando solamente la otra funcionaria y una pasante que se logró habilitar; por lo que, dicha oficial de diligencias preparó el legajo de apelaciones la referida fecha, de igual manera, la misma el “21” tuvo que atender el Tribunal y el viernes continuó con la preparación de dicho legajo, trasladándose el sábado a la capital de La Paz para entregar el lunes; en consecuencia, la negligencia corresponde al ahora impetrante de tutela al no haber hecho seguimiento a su trámite. I.2.3. Resolución El Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 032/2021 de 24 de enero, cursante de fs. 40 a 41 vta. denegó la tutela impetrada en base a los siguientes argumentos: i) El ahora accionante no adjuntó la resolución que emitió el “tribunal séptimo de sentencia y sustancias controladas” (sic) mediante el cual denegó la referida solicitud; de modo que, no se puede establecer cuáles fueron los motivos por los que dicho Tribunal denegó la mencionada cesación y porque no hubiera considerado lo establecido en el art. 239 numerales 2 y 5 del CPP, y no haber valorado que padece de enfermedad de base como es “diabetes mellitus tipo II descompensada, hipertensión arterial sistémica, neuropatía diabética crónica en progreso” (sic) y síndrome depresivo conforme el certificado médico que adjuntaron en esta acción tutelar; por lo que, al no contar con esa Resolución y al no haber sido demandado el mencionado Tribunal en la presente acción de libertad, no se puede ingresar a considerar la denuncia efectuada por el ahora impetrante de tutela contra la decisión que emitió; y, ii) De acuerdo a lo referido por el peticionante de tutela, este planteó recurso de apelación contra la resolución que denegó la solicitud de cesación de detención preventiva planteada y en virtud a que la autoridad judicial ya ordenó la remisión de los antecedentes del mencionado recurso, corresponde que el Tribunal de alzada deba conocer las denuncias efectuadas por el accionante y que fueron señaladas precedentemente. I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional Por Decreto Constitucional de 20 de mayo de 2022, cursante a fs. 45, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 24 de agosto de 2023 (fs. 55); por lo que, la presente Sentencia es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.

II. CONCLUSIONES

Del análisis de los antecedentes y pruebas documentales adjuntadas al expediente, se evidencia que:

II.1. Cursa memorial de comunicación de inicio de investigación, imputación formal y solicitud de aplicación de medidas cautelares de 15 de agosto de 2019, presentado por Ministerio Público ante el Juez de Instrucción Penal de turno del departamento de La Paz contra Javier Patiño Chaparro -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de asesinato (fs. 1 a 3). II.2. Mediante Resolución 387/19 de 16 de agosto de 2019, pronunciado por el Juez de Instrucción Penal Décimo del departamento de La Paz, dispuso la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva contra el ahora impetrante de tutela por la concurrencia de los riesgos procesales establecidos en los arts. 234. 1, 2, 4 y 10; y, 235 1 y 2 del CPP (fs. 12 a 16), emitiéndose en consecuencia mandamiento de detención preventiva contra el mencionado a cumplirla en el Centro Penitenciario San Pedro del referido departamento (fs. 19). II.3. Consta Certificado Médico Legal-Forense de 10 de diciembre de 2020, emitido por el Médico Forense del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de la Fiscalía General del Estado, el cual concluye que el ahora peticionante de tutela tiene como diagnóstico: Diabetes mellitus tipo II descompensada, Nefropatía diabética crónica e hipertensión arterial sistémica, recomendando un manejo multidisciplinario de preferencia en un centro médico de tercer nivel (fs. 32 y vta.). II.4. Por Auto de Conminatoria de Etapa Preparatoria de 16 de marzo de 2020, el Juez Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de Sorata, en suplencia legal del Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay ambos del departamento de La Paz, conminó al Fiscal Departamental del referido departamento, para que “…en el plazo de 5 (CINCO DÍAS HÁBILES), computables a partir de su legal notificación, presente REQUERIMIENTO CONCLUSIVO en ETAPA PREPARATORIA en el Caso EAL N° 439/2019 de la Localidad de Guanay, sea bajo alternativa de declararse extinguida la acción penal, bajo responsabilidad funcionaria y sea mediante nota de atención y demás formalidades de Ley” (sic [fs. 28]). II.5. Por acta de audiencia de la presente acción de defensa, la parte accionante refirió que: a) Encontrándose detenido un año y seis meses "en audiencia de cesación a la detención preventiva realizada en fecha 23 de diciembre del año 2020 "lo correcto 2021" el tribunal séptimo de sentencia de turno de la ciudad de La Paz, niega la cesación"(sic); y, b) "esta resolución es apelada en la misma audiencia hasta la fecha que han pasado dos meses el tribunal de sentencia de Caranavi no ha remitido obrados al tribunal de alzada" (sic[fs. 378]).

II.6. En audiencia de la presente acción tutelar, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primera, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Achacachi en suplencia de su similar Primero de Caranavi ambos del departamento de La Paz señaló que: a) El ahora accionante se contradice al señalar que no se ha cumplido con la conminatoria al Ministerio Público; empero, por otra parte manifiesta que existe una conminatoria de 16 de marzo de 2020, para esa instancia y que no mereció ninguna respuesta del Fiscal; en consecuencia, solamente se debe tomar en cuenta la duración de la detención preventiva, lo que se limita a la etapa preparatoria y en etapa de juicio debe regirse a lo establecido en el art. 239 numerales 3 y 4 del CPP, que están relacionados al mínimo legal de la pena establecido para el delito más grave; es decir, en el que se haya dictado acusación formal y veinticuatro meses sin sentencia; y, b) En respuesta a la pregunta efectuada por el Juez de garantías respecto a que si se hubiera remitido o no el legajo del recurso de apelación, se tiene que, el “juzgado séptimo” -siendo lo correcto Tribunal de Sentencia Séptimo de Turno- incumplió sus funciones con relación a la remisión del recurso de apelación; “…el propio accionante ha referido que ya ha pasado más de dos meses que ha pasado de haber interpuesto el recurso de apelación, y que el mismo no ha sido remitido estamos hablando de 30 días…” (sic); puesto que se encontraba en suplencia el mes de diciembre, recién el 18 de enero -se entiende de 2021- remitieron a su Tribunal los “cuadernos”, pese a que la Secretaria fue a recoger los mismos, pero le decían que faltaban las actas y resoluciones; asimismo, el Secretario del precitado Tribunal informó que para esa remisión necesitaba Bs. 150 (ciento cincuenta 00/100 bolivianos), pero que la parte accionante no se apersonó para proveer los recaudos; no obstante, una vez que fueron recibidos los cuadernos por su Tribunal al día siguiente 19 del año y mes señalado se ha dado una respuesta ordenando mediante decreto la remisión de los antecedentes del citado recurso al Tribunal de alzada, en el plazo de veinticuatro horas, bajo responsabilidad de la Secretaria y la oficial de diligencias; aun cuando, se quedaron sin personal porque la renuncia realizada por la mencionada Secretaria anteriormente le fue aceptada el 20 de igual mes y año, quedando solamente la otra funcionaria y una pasante que se logró habilitar; por lo que, dicha oficial de diligencias preparó el legajo de apelaciones la referida fecha, de igual manera, la misma el “21” tuvo que atender el Tribunal y el viernes continuó con la preparación de dicho legajo, trasladándose el sábado a la capital de La Paz para entregar el mencionado el lunes; en consecuencia, la negligencia corresponde al ahora impetrante de tutela al no haber hecho seguimiento a su trámite (fs. 38 a 39 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa, toda vez que: a) El Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de La Paz: 1) Mediante Resolución de 23 de diciembre de 2020, denegó su solicitud de cesación a la detención preventiva, sin aplicar lo establecido en el art. 239. 2 de CPP, sin valorar el certificado médico presentado que acredita que tiene diabetes mellitus tipo II e insuficiencia renal crónica, lesionando sus derechos a la vida y la salud; y, 2) El Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz; i) No remitió al Tribunal de alzada los antecedentes del recurso de apelación incidental que planteó contra la Resolución señalada, dentro del plazo establecido; y, ii) No emitió conminatoria al Ministerio Público para establecer el plazo de su detención preventiva o su cesación, conforme lo establecido en la Disposición Transitoria Décima Segunda de la Ley 1173. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución; 2) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; 3) Protección de la dignidad y los derechos de los privados de libertad; 4) Sobre la Disposición Transitoria Décima Segunda de la Ley 1173; y. 5) Análisis del caso concreto.

III.1. El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución

El art. 410.II de la CPE, establece que “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 1. Constitución Política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes”

A partir de este texto constitucional se entiende que la Constitución Política del Estado tiene una jerarquía normativa y goza de aplicación preferente frente a cualquier otra disposición normativa, así fue interpretada también por la SCP 0112/2012 de 27 de abril; esta primacía hace que surja la preponderancia del órgano judicial que exige de los jueces un razonamiento que desborda la subsunción y por el contrario requiera la aplicación directa de la Constitución; primacía que no es solo un asunto meramente formal de jerarquías y competencias, sino porque está cargada de normas constitucionales-principio, que son los valores, principios, derechos y garantías plurales que coexisten, que conviven como expresión de su base material pluralista y se comunican entre sí como expresión de su base intercultural y son los que informan el orden constitucional y legal, sin renunciar a su contenido de unidad -art. 2 de la CPE-. En igual sentido, la jurisprudencia interpretó en la citada SCP 0112/2012, que la Constitución goza de primacía con relación al ordenamiento jurídico; es decir es la ley suprema del ordenamiento jurídico nacional, en ese sentido, los tribunales, jueces y autoridades deben aplicarla con preferencia a las leyes, y éstas con preferencia a cualquier otras resoluciones; interpretación que se encuentra acorde a lo previsto en el art. 410.II de la CPE. Esta misma Sentencia citada, en un entendimiento, relevante sostuvo que:

“Entonces, con mayor razón, la primacía de las normas constitucionales principios respecto de las normas legales-reglas (contenidas en las leyes formales o materiales, códigos sustantivos o procesales, disposiciones reglamentarias en general, etc.), bajo dicho marco, refirió que las normas constitucionales-principio son los valores, principios, derechos fundamentales y garantías constitucionales que orientan al poder público, la convivencia social, así como las relaciones entre particulares y estos con el Estado.” Consecuentemente, de esta descripción jurisprudencial, se tiene que por mandato constitucional todos estos derechos, valores y principios obligan a todos los actores sea en el ámbito judicial, administrativo o particular a regir sus actos en observancia de los mismos, y por ello, el Tribunal Constitucional a través de su basta jurisprudencia fue ratificando dichos postulados, y dando realce a uno prevaleciente que compele a quienes administran justicia a su observancia, cuyo fin es el acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; así se tiene que, el mismo está expresamente inmerso en la norma fundamental, en los artículos: 178.I de la CPE, que dispone: “ La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”, así también en el art. 180.I de la Norma Suprema, que prevé: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”.

Ahora bien, relacionado a estas dos normas constitucionales, se halla previsto el art. 115.II de la CPE, que expresa: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. En tal entendido se tiene que, el principio de celeridad tiene como objetivo primordial garantizar que todo proceso judicial se desarrolle sin dilataciones, donde se acaten los plazos ya predispuestos en la normativa según las etapas o fases preestablecidas para su evolución, procurando no imponer la práctica de actos innecesarios de formalismos que retrasan los trámites, para así lograr obtener un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo, en los cuales los jueces o tribunales agiliten la resolución de los litigios. Es así que sobre este principio, la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme en sostener que la acción de libertad puede ser activada cuando se denuncia dilaciones indebidas y se advierta una mora procesal o retardación de justicia, ostensible, con inobservancia de plazos procesales previstos por el ordenamiento jurídico en la resolución de un determinado asunto más aun tratándose de asuntos relacionados con personas privadas de libertad; esa misma línea jurisprudencial se siguió en la SC 0862/2005-R, de 27 de julio, reiterada por las SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre; y, 0900/2010 de 10 de agosto, y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1157/2017 de 15 de noviembre, 0052/2018-S2 de 15 de marzo; y, entre otras.

En ese entendido, la SCP 0112/2012 de 27 de abril citada anteriormente, generó una regla procesal penal que estableció que la exigencia de la observancia del principio de celeridad se hace extensible no solo a los jueces o tribunales de control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que coadyuva o intervenga en la administración de justicia y de cuya actuación dependa la libertad del privado.

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

Conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico precedente, debemos apuntar que, el art. 8.II de la Constitución Política del Estado, se sustenta entre otros valores en la libertad, cuya concreción material trasciende en el fin máximo, el cual resulta el vivir bien; en este sentido, como ya se tiene expuesto, se ha previsto no solo los valores generales entre los cuales figura la libertad, sino también, principios procesales específicos en los cuales se funda la jurisdicción ordinaria, entre ellos el principio de celeridad -arts. 178 y 180.I de la CPE-, el cual obliga a resolver los procesos evitando dilaciones en su tratamiento y velando por el respeto a los derechos fundamentales establecidos en la norma suprema. Es así que, la Constitución Política del Estado, anterior y actual, ha previsto un medio de defensa para resguardar estos derechos, valores y principios a través de acciones, efectivas, oportunas e inmediatas, entre ellas, la acción de libertad, misma en una interpretación evolutiva del artículo 125 de la CPE de parte del Tribunal Constitucional como máximo guardián de la norma fundamental, fue incorporando las tipologías de esta acción de defensa, con el fin de tutelar una garantía sustitutiva y esencial, como es la celeridad procesal vinculada a la libertad física o personal de las personas privadas de libertad, sin necesidad de agotar medios intraprocesales de defensa. En tal sentido, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, efectuando una breve sistematización de lo que hasta ese entonces fue el habeas corpus -ahora acción de libertad-, expuso las tipologías de esta acción, como era el habeas corpus preventivo, correctivo, señalando que la jurisprudencia 5 Art. 125 de la CPE “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertada personal, podrá interponer Acción de Libertada y acudir, de manera oral o escrita, por si o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitara se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades o se restituya su derecho a la libertad.” 6 En su F.J. III.5,señalo: “Dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a la que se le ha agregado el hábeas corpus restringido, debe considerarse también al hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho…”, como se pasa a explicar:

(…)

Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.

Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R), o en los casos en que se ha demorado la efectividad de la libertad, pese a que el imputado ha cumplido con las medidas sustitutivas impuestas (SSCC 1477/2004-R, 046/2007-R, entre otras)”.

constitucional agregó el habeas corpus restringido; ampliando a su consideración a los tipos de habeas corpus instructivo y el traslativo o de pronto despacho, precisando que, a través de este último se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; por lo que básicamente se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de los privados de libertad. En esa misma línea, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, confirmó dichos postulados y la necesidad de contar con medios constitucionales efectivos para resguardar sobre todo el derecho a la libertad, en ese sentido señaló que:

“Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales.”

A partir de esa interpretación, se tiene que el nuevo modelo constitucional reconoce de igual forma las tipologías de la acción de libertad, las mismas que son utilizadas en la práctica en el ámbito constitucional, así pues, esta misma SCP 0465/2010-R de 5 de julio, señaló que:

“Este Tribunal Constitucional, tomando en cuenta el contexto de la Constitución vigente y de la Ley del Tribunal Constitucional -que aún continúa vigente- concluyo que los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho. (SC 0044/2010-R de 20 de abril).”

En este mismo sentido, la referida Sentencia Constitucional citada, reiteró que el hábeas corpus, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye:

III.2.1. Supuestos de procedencia dentro el ámbito de protección de la acción libertad traslativa o de pronto despacho

De lo desarrollado y explicado precedentemente se llega a la comprensión de que la jurisprudencia fue uniforme en asumir que la naturaleza jurídica de la acción de libertad en su tipología traslativa o de pronto despacho, la cual también deviene o se encuentra implícita en el art. 125 de la CPE, busca apresurar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Bajo ese razonamiento el Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia fue conociendo casos relacionados con la demora y dilaciones en la tramitación de las causas penales que se fueron convirtiendo en un suplicio de los justiciables, sobre todo de aquellos privados de libertad; es por ello, que ante la evidencia de dichas demoras este Tribunal fue concediendo la tutela en los casos en los que se evidenció la inobservancia al principio de celeridad consagrado en la Constitución Política del Estado y cuya finalidad es garantizar el acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, por lo que exige a los administradores de justicia a su observancia.

En tal sentido, la jurisprudencia a través de los años fue estableciendo supuestos de procedencia para la activación de este tipo de acción de libertad traslativa o de pronto despacho, generando subreglas para la consideración de distintos actos dilatorios, entre ellos, sobre la consideración de aplicación de medidas cautelares, lo inherente a las solicitudes de cesación de la detención preventiva, o en los casos en que se ha demorado la efectividad de la libertad, entre otros; por lo que, para conocer esta evolución dinámica de la jurisprudencia constitucional en relación a estos casos donde se ve involucrada la celeridad, y por los que se puede activar a la justicia constitucional, se hace necesario citar a la SCP 0112/2012 de 27 de abril, que efectuó una sistematización de los supuestos de dilaciones indebidas e injustificadas en los casos vinculados a la libertad, siendo estos:

a) Toda petición de cesación de la detención preventiva debe ser resuelta de manera inmediata por estar vinculada al derecho fundamental a la libertad personal, caso contrario se incurre en detención y procesamientos indebidos, en vulneración de los arts. 6, 16 y 116-X de la de la Constitución Política del Estado y 8-1 del Pacto de San José de Costa Rica. (Subregla generada en la SC 1036/2001-R de 21 de septiembre). b) Las peticiones vinculadas a la libertad personal, deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existe, debe ser cumplido estrictamente. En cuyo caso, no puede suspenderse la audiencia de cesación a la detención preventiva por la inconcurrencia del fiscal, al no ser imprescindible su presencia. (Regla generada en la SC 0579/2002-R de 20 de mayo). c) Las solicitudes vinculadas a la libertad personal, deben ser tramitadas y resueltas con la mayor celeridad posible. Empero, no se podrá alegar dilación indebida de la autoridad judicial cuando la demora sea atribuible y provocada a la parte imputada. (Regla generada por la SC 0224/2004-R de 16 de febrero). d) La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva. (Regla generada en la SC 0862/2005-R de 27 de julio). e) Eventual apelación del Ministerio Público no puede dilatar señalamiento de audiencia, resolución o efectivización de la medida vinculada a la libertad, por cuanto la apelación tiene efecto devolutivo o efecto no suspensivo conforme a las SSCC 660/2006-R, 236/2004-R, 1418/2005-R. (Regla generada en la SC 0107/2007-R de 6 de marzo). La SC 0078/2010-R de 3 de mayo, en la comprensión de lo que implica un acto dilatorio en la consideración de las solicitudes de cesación a la detención preventiva prevista por el art. 239 del CPP, estableció las siguientes reglas:

a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley. b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad. c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad” (las negrillas son agregadas).

Ahora bien, posterior a la SC 0078/2010-R, la 0384/2011-R de 7 de abril, incluyó otro supuesto de procedencia, referida al trámite del recurso de apelación incidental contra el rechazo de las solicitudes de cesación a la detención preventiva señalando que:

“d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada- ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley. “ Asimismo, la SCP 0110/2012 de 27 de abril, siguiendo el entendimiento de que en las solicitudes de cesación de la detención preventiva, las autoridades están obligadas a tramitarlas con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de plazos razonables, moduló la subregla establecida en el inc. b) de la SC 0078/2010-R, señalando que al estar expresamente fijado el plazo para señalar audiencia en el art. 132.1 del CPP al tratarse de un actuado de mero trámite, estableciendo que dicho señalamiento deberá ser providenciando en el plazo de veinticuatro horas, bajo el siguiente texto:

“…ante la inexistencia de un plazo específico determinado por ley para que el juez señale día y hora de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva, es necesario establecer que el memorial de solicitud, debe ser providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite. En este entendido, habrá lesión del derecho a la libertad cuando existe 7 En su F.J. III.1 señalo: “No obstante, dada la problemática planteada y la necesidad procesal de dar respuesta a la misma, cabe señalar que el principio de celeridad no comprende el conocimiento del trámite de cesación de detención preventiva hasta llevar a cabo la audiencia; sino también en forma posterior, como ser el dar curso con la debida celeridad procesal al trámite de apelación de la resolución respectiva, en los casos que corresponda.” 8 El F.J. III.3 señaló: “El art. 178.I de la CPE., señala que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta, entre otros, en el principio de celeridad; por lo que, ante la ausencia de una disposición legal que fije un plazo en el que debe realizarse la audiencia de cesación de la detención preventiva, se debe aplicar los arts. 22, 23.I y 180.I de la CPE, relativas a la libertad y celeridad.

Si bien las SSCC 1115/2011-R, 1130/2011-R, 1150/2011-R y 1179/2011-R, entre otras, coinciden en señalar que las autoridades que conozcan las solicitudes de cesación de la detención preventiva, tienen la obligación de tramitarlas con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de plazos razonables, mas su aplicabilidad en la praxis no ha sido objeto de cumplimiento de parte de los juzgadores, lo cual amerita que la frase “plazo razonable”, tratándose de señalamientos de día y hora de audiencia para considerar este beneficio, debe ser conceptuada como un término brevísimo, de tres días hábiles como máximo, pues el imputado se encuentra privado de su libertad. En este entendido, el plazo razonable para la realización de la audiencia de análisis, consideración y resolución del beneficio de la cesación de la detención preventiva, será el término máximo antes señalado, incluidas las notificaciones pertinentes, lo contrario constituye vulneración del derecho a la libertad, en el entendido en que los jueces no pueden obrar contra los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad (art. 73 y ss de la CPE), bajo el argumento de existencia de “sobrecarga procesal” para justificar una negligencia e incumplimiento de un deber de servicio a la sociedad”.

demora o dilación indebida al no emitirse el decreto pertinente de señalamiento de este actuado procesal dentro del referido plazo, bajo sanción disciplinaria a imponerse al juzgador en caso de incumplimiento.”

De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio, advierte que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, debiendo ser resuelta por el tribunal de alzada en el pazo improrrogable de setenta y dos horas, de no hacerlo dentro del plazo señalado significa dilación indebida en el proceso, vulnerando así los derechos a la libertad, vida y otros, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la señalada resolución.

De la misma forma, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entienden que es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, de manera excepcional, es decir, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, vencido dicho plazo la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que también puede ser denunciado ante la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

En el mismo sentido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre afirma que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro 9 En el F.J. III.4 “El Tribunal de apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior”.

“El trámite del referido medio de impugnación, no establece que previo a su remisión ante el superior jerárquico, deba ser corrido en traslado para que las partes del proceso contesten, con el fin de proseguir el trámite. Por encontrarse de por medio el bien jurídico de la libertad, no puede estar sujeto a dilaciones indebidas que tendieren a demorar la pronta definición de la situación jurídica del imputado, debiendo en consecuencia, tramitarse dentro de los plazos establecidos por la norma adjetiva penal.

Cabe agregar que, cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectúe el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”. 10 En su F.J. III.2 “Sintetizando, el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación incidental contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.

horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual, se computa el plazo previsto en el art. 251 del referido Código.

En sentido similar la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente de la forma siguiente:

“i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.

ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal.

iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.

iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.

v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.

vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte” (las negrillas son agregadas). De todo este desarrollo jurisprudencial, glosado en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2, se tiene que el Tribunal Constitucional mediante la jurisprudencia emitida cumpliendo el postulado contenido en el art. 115.II de la CPE, como es el acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones fue regulando los supuestos de procedencia de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, bajo una sola premisa que, cuando exista privación de libertad, las autoridades judiciales y todo funcionario que coadyuva en la administración de justicia deben realizar sus actuados procesales, aplicando los valores y principios constitucionales; por lo que, ante cualquier petición de la persona privada de libertad tienen la obligación de tramitarla pronta y oportunamente y con la debida celeridad, puesto que generalmente lo que se buscará a través de esta, es el cumplimiento de los actuados de mero trámite y simples peticiones en la sustanciación de los procesos penales, empero, que para el privado de libertad tienen una gran significancia ya que la finalidad es el acceso a una justicia sin dilaciones.

III.3. Protección de la dignidad y los derechos de los privados de libertad

De acuerdo art. 8.II de la Constitución Política del Estado (CPE), la dignidad es uno de los valores en los que se sustenta el Estado Plurinacional de Bolivia, siendo uno de los fines y funciones especiales según el art. 9.2 de la misma norma suprema, el de: “Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe”.

Además de estar concebida como un valor, la dignidad también está consagrada como un derecho fundamental así se tiene establecido en el art. 21.2 de la CPE, la cual refiere que las bolivianas y los bolivianos tienen, entre otros, el derecho a la dignidad, teniendo junto al derecho a la libertad un carácter inviolable, imponiendo al Estado el deber primordial de respetarlo y protegerlo, como lo reconoce el art. 22 de la Norma Fundamental. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que forma parte del bloque de constitucionalidad previsto en el art. 410.II de la CPE, al respecto establece en su art. 11.1, que “Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad”.

Ahora bien, en ese marco normativo constitucional y convencional, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 0338/2003-R de 19 de marzo, reiterada por la SC 1694/2011-R de 21 de octubre y la SCP 0251/2012 de 29 de mayo, entre otras, ha establecido que la dignidad “designa un conjunto de creencias, valores, normas e ideales que, de una manera u otra, asumen como postulado que hay un valor intrínseco o una condición especial de lo humano, lo que implica que hay una forma de existir superior que de hecho está viviendo la gente”.

Asimismo la SC 2134/2013 de 21 de noviembre afirma: “El respeto de todo ser humano como un fin en sí, empieza por el respeto a la vida y al reconocimiento de los múltiples derechos en los que se despliega su dignidad, lo que presupone el reconocimiento de su derecho a la existencia; de tal forma, se puede afirmar categóricamente que el derecho a la dignidad humana es aquel que tiene toda persona por su sola condición de “humano”, para que se la respete y reconozca como un ser dotado de un fin propio, y no como un medio para la consecución de fines extraños, o ajenos a su realización personal. La dignidad es la percepción de la propia condición humana, y de las prerrogativas que de ella derivan”. Por su parte, sobre la dignidad humana el tratadista Stern, afirma “la dignidad humana es la base de los derechos fundamentales, por tanto son derechos humanos suprapositivos que han sido positivados en la Constitución y vinculados a una serie de objetivos para asegurar la condición existencial del hombre como persona individual y ser social”; al vulnerar uno sólo de tales derechos fundamentales, estamos lesionando la dignidad humana porque privamos al ofendido de la posibilidad de ejercer en forma plena la facultades que le corresponden como ser humano, especialmente cuando el atentado es contra la vida; así, el mismo autor, continúa señalando:

“De ahí que pueda sostenerse que los preceptos constitucionales que consagran la idea de dignidad humana no sean meras declaraciones, sino que resulten ser fuente 11 “La dignidad humana, en su sentido moderno, designa un conjunto de creencias, valores, normas e ideales que, de una manera u otra, asumen como postulado que hay un valor intrínseco o una condición especial de lo humano, lo que implica que hay una forma de existir superior que de hecho está viviendo la gente. El respeto de todo ser humano como un fin en sí, empieza por el respeto a la vida y al reconocimiento de los múltiples derechos en los que se despliega su dignidad, lo que presupone el reconocimiento de su derecho a la existencia. De tal forma, se puede afirmar categóricamente que el derecho a la dignidad humana es aquel que tiene toda persona por su sola condición de “humano”, para que se la respete y reconozca como un ser dotado de un fin propio, y no como un medio para la consecución de fines extraños, o ajenos a su realización personal. La dignidad es la percepción de la propia condición humana, y de las prerrogativas que de ella derivan". 12 Sobre la dignidad humana La Constitución Política del Estado, en su art. 8.II, ha dejado establecido que la dignidad es uno de los valores en el cual se sustenta el Estado; por ende tiene por fin y función esencial garantizar, el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el dialogo intracultural, intercultural y plurilingüe (art. 9.2 CPE). Por otra parte a través del art. 21 ha consagrado a la dignidad como un derecho fundamental, cuando se refiere: “Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: 2. A la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad”. Asimismo en el art. 22 ha establecido: “La dignidad y la libertad de la persona inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado”. De lo referido la CPE hace entrever que la dignidad debe ser considerada como un valor y un derecho fundamental. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en su art. 11.1 dice: “Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad”. 13 STERN, K. (2009). Jurisdicción Constitucional y Legislador. Editorial DYKINSON, S.L. Madrid. Pág. 24.

directa de prescripciones normativas, cuya contravención indudablemente puede acarrear, como consecuencia jurídica, la inconstitucionalidad del acto en que tal contravención se materializa”.

Conforme a lo señalado precedentemente, es deber del legislador, al formular las leyes, adecuar las normas para que ninguna de estas atenten contra la dignidad humana que constituye un atributo o condición propia del ser humano; por lo tanto, un valor básico y fundamental de los derechos humanos, reconocido por la norma suprema y por tanto, puedan ser objeto de declaratoria de inconstitucionalidad. En esa misma línea de razonamiento y respecto a las personas privadas de libertad, la Constitución Política del Estado en el art. 73.I, garantiza ese derecho en los siguientes términos “Toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad será tratada con el debido respeto a la dignidad humana” e impone al Estado el deber de velar por el respeto de sus derechos, conforme establece el art. 74.I. De igual forma, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señala al respecto en su art. 10.1 que “Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.

En sintonía con lo anotado precedentemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), mediante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitió la Resolución 1/08 “Principios y Buenas Prácticas sobre la protección de las personas Privadas de Libertad en las Américas”, en la cual se reconocen los derechos fundamentales que tienen las personas privadas de libertad, a través de principios tales como:

“Trato humano - Toda persona privada de libertad que esté sujeta a la jurisdicción de cualquiera de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos será tratada humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales, y con estricto apego a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos” ; “Igualdad y no-discriminación - Toda persona privada de libertad será igual ante la ley, y tendrá derecho a igual protección de la ley y de los tribunales de justicia. Tendrá derecho, además, a conservar sus garantías fundamentales y ejercer sus derechos, a excepción de aquéllos cuyo ejercicio esté limitado o restringido temporalmente, por disposición de la ley, y por razones inherentes a su condición de personas privadas de libertad.

Las normas constitucionales y convencionales citadas precedentemente, así como los razonamientos desarrollados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos permiten concluir que las personas privadas de libertad, conservan esa condición propia de ser humano, así sean restringidos en su libertad de locomoción, ya sea por una condena o una medida cautelar. En esa línea de razonamiento, la Ley 2298 de Ejecución Penal y Supervisión, establece de manera expresa el respeto a su dignidad humana y las garantías constitucionales de los privados de libertad, así como la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes en los establecimientos penitenciarios; los mismos son sujetos de derechos, en cuyo mérito pueden ejercer todos los derechos que no estén afectados por la condena o por esta Ley, fuera de ellas no son aplicables ninguna otra limitación. En correspondencia con el marco legal citado, la jurisprudencia sentada por este Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0618/2012 de 23 de julio, en su Fundamento Jurídico III.2, estableció:

“…la privación de libertad por causas legales, no necesariamente lleva implícita en su naturaleza la supresión de otros derechos fundamentales tales como a la vida, a la salud y otros que establece la Norma Suprema, mismos que si bien, por la esencia misma de la privación de libertad, pueden verse disminuidos en su ejercicio, no pueden por ningún motivo ser suprimidos, del razonamiento que se vislumbra del entendido de que no obstante que el privado de libertad, por esta misma calidad, se encuentra en situación de desventaja y en desigualdad de condiciones frente a aquellos sujetos que gozan de su libertad, no involucra el hecho de que esta disminución en el ejercicio pleno de algunos derechos, signifique, de ninguna manera, que los otros derechos fundamentales que le son reconocidos constitucionalmente, no sean, en su caso, pasibles de defensa por parte del interesado y por supuesto de tutela por parte del Estado.” En esa misma línea de razonamiento se pronunció la jurisprudencia constitucional contenida en el Fundamento Jurídico de la SCP 1624/2013 de 4 de octubre, al señalar:

“…la privación de libertad, implica la restricción de aquellos derechos que, por la naturaleza de la condena o de la medida cautelar (detención preventiva), se vean afectados, sin lesionar el derecho a la dignidad de las personas y menos sus derechos a la vida o a la integridad física; pues los mismos bajo ninguna circunstancia quedan disminuidos como efecto de la privación de libertad, siendo más bien los jueces y tribunales, así como los encargados de las penitenciarías y los representantes del Ministerio Público, los garantes para que dichos derechos sean materializados…”

Asimismo, la jurisprudencia constitucional pronunciada en la SCP 0192/2018 de 14 de mayo, citando la SCP 0618/2012 de 23 de julio, ha expresado que “es responsabilidad del Estado velar por el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad; de donde se infiere que, la privación de libertad por causas legales, no necesariamente lleva implícita en su naturaleza la supresión de otros derechos fundamentales tales como a la vida, a la salud y otros que establece la Norma Suprema”.

En atención a las citas constitucionales, convencionales y jurisprudenciales precedentes, habida cuenta del carácter universal de los derechos fundamentales que asumió el constituyente, estableciendo por lo tanto el deber de respetar el valor intrínseco de todo ser humano, traducido en su dignidad; que si bien en virtud a la potestad sancionadora del Estado, es legítimo sancionar y disponer medidas cautelares en los casos y según las formas previstas en la ley, no es menos importante el respeto de sus derechos de los privados de libertad. En ese entendido, las persona privadas de libertad encuentran limites a su libertad personal, por la naturaleza restrictiva de la condena o de la medida cautelar (detención preventiva); empero, eso no implica que los demás derechos consagrados en la Constitución Política del Estado, se vean afectados, más al contrario se mantienen incólumes los mismos, así se tiene el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, a la integridad física, a la vida, a la educación, el acceso a la justicia, que tienen como sustrato la dignidad humana, cuya limitación o supresión se torna en una restricción ilegítima, injustificada, que si bien pueden verse disminuidos en el ejercicio pleno de algunos derechos, no obstante, no pueden ser suprimidos.

En esa comprensión el privado de libertad que por su condición temporal y excepcional se encuentra limitado en su libertad personal, se halla en estado de vulnerabilidad, en situación de desventaja y desigualdad; por lo que, es el Estado, el que asume la responsabilidad de velar por el respeto de sus derechos -excepto el de libertad personal cuya limitación fue impuesta conforme a las formas y según los casos que la ley establece-, lo contrario significaría una exclusión, en desmedro de su condición humana, de su derecho a la dignidad, extremo que se encuentra reñido con los valores -como el de dignidad- que fundan o sustentan la Constitución del Estado Plurinacional.

Por último, y considerando todo lo desarrollado, debemos afirmar, que dentro de los fines y funciones del Estado está el de garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en el art. 9.4 de la CPE, y en ese marco, todos los niveles del Estado (Central, departamental y municipal) tienen la obligación de adoptar medidas y acciones en favor de los sectores vulnerables, dentro de los que se encuentran los privados de libertad; ello con el objetivo de desplegar acciones inmediatas destinadas a garantizar el ejercicio de los derechos de éste grupo de personas, quienes por diferentes circunstancias de la vida se encuentran internos en centros penitenciarios; considerando que no perdieron otros derechos inherentes al ser humano, siendo los jueces y tribunales, así como los encargados de las penitenciarías y los representantes del Ministerio Público, los garantes para que dichos derechos sean materializados.

En ese entendido es la instancia judicial y administrativa, en la que se dilucidan los derechos de las personas privadas de libertad quienes tienen el deber de llevar adelante estos trámites con diligencia y celeridad, cumpliendo a cabalidad los plazos que la normativa prevé, pues de lo contrario estaría consintiendo una actuación dilatoria e injustificada que repercute en la conculcación de los derechos humanos de los privados de libertad.

III.4. Sobre la Disposición Transitoria Décima Segunda de la Ley 1173

La Ley 1173 realizó importantes modificaciones al Código de Procedimiento Penal, que conforme lo establecido en el art. 1 tiene como objeto de:

“…procurar la pronta y oportuna resolución de los conflictos penales, adoptando al efecto, medidas indispensables para profundizar la oralidad, fortalecer la lucha contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres, evitar el retraso procesal y abuso de la detención preventiva y posibilitar la efectiva tutela judicial de las víctimas…” En este entendido, la Disposición Transitoria Décima Segunda de la Ley 1173 establece lo siguiente:

“Dentro del plazo de quince (15) días calendario posteriores a la entrada en vigencia de la presente Ley, bajo responsabilidad, las y los jueces penales, de oficio conminarán a la o el fiscal asignado al caso a través de la o el Fiscal Departamental, a la víctima, aunque no se hubiese constituido en querellante y a los coadyuvantes si existieran para que dentro del plazo de los noventa (90) días calendario siguientes se pronuncien en los procesos con detenidos preventivos, sobre la necesidad de mantener la detención preventiva o disponer su cesación, conforme al régimen de cesación de medidas cautelares personales. En caso de solicitarse la continuidad de la detención, deberá establecer el plazo de duración de la misma y los actos investigativos a realizar. El juez fijará el plazo atendiendo a la razonabilidad y proporcionalidad del planteamiento fiscal, victima, querellante o coadyuvante. En caso de solicitarse la cesación, podrá solicitar la aplicación de otra medida cautelar personal menos grave o formular el requerimiento conclusivo que considere pertinente. Si al vencimiento del plazo el Ministerio Público no se pronuncia, se dispondrá la cesación de la detención preventiva, bajo responsabilidad de la o el fiscal asignado al caso” (las negrillas nos pertenecen).

La disposición señalada guarda relación con el objeto de la ley 1173 y por ende evitar el abuso de la detención preventiva; en consecuencia, las autoridades judiciales a fin de coadyuvar con tal objeto deben cumplir de manera obligatoria con dicha disposición normativa.

III.5. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa, toda vez que: a) El Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de La Paz: 1) Mediante Resolución de 23 de diciembre de 2020, denegó su solicitud de cesación a la detención preventiva, sin aplicar lo establecido en el art. 239. 2 de CPP, sin valorar el certificado médico presentado que acredita que tiene diabetes mellitus tipo II e insuficiencia renal crónica, lesionando sus derechos a la vida y la salud; y, 2) El Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz; i) No remitió al Tribunal de alzada los antecedentes del recurso de apelación incidental que planteó contra la Resolución señalada, dentro del plazo establecido; y, ii) No emitió conminatoria al Ministerio Público para establecer el plazo de su detención preventiva o su cesación, conforme lo establecido en la Disposición Transitoria Décima Segunda de la Ley 1173.

Expuestos los problemas y subproblemas jurídicos precedentemente, corresponde señalar que de conformidad con los antecedentes descritos en las Conclusiones del presente fallo constitucional, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el ahora peticionante de tutela, por la presunta comisión del delito de asesinato, el Juez de Instrucción Penal Décimo del departamento de La Paz, mediante Auto 387/19 de 16 de agosto de 2019, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro del referido departamento; bajo ese antecedente y encontrándose detenido un año y seis meses "en audiencia de cesación a la detención preventiva realizada en fecha 23 de diciembre del año 2020 "lo correcto 2021" el tribunal séptimo de sentencia de la ciudad de La Paz, niega la cesación"(sic); y "esta resolución es apelada en la misma audiencia hasta la fecha que han pasado dos meses el tribunal de sentencia de Caranavi no ha remitido obrados al tribunal de alzada". (sic[fs. 378]); sin embargo por alegación de la codemandada, Mariela Pérez Sejas, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primera, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Achacachi en suplencia legal de su similar Primero de Caranavi del departamento de La Paz, señaló que el "juzgado séptimo" - siendo lo correcto Tribunal de Sentencia Séptimo de Turno- incumplió sus funciones con relación a la remisión del recurso de apelación, "...el propio accionante ha referido que ya ha pasado más de dos meses que ha pasado de haber interpuesto el recurso de apelación, y que el mismo no ha sido remitido estamos hablando de 30 días (sic); puesto que se encontraba en suplencia el mes de diciembre, recién el 18 de enero de 2021-remitieron a su Tribunal los "cuadernos", pese a que la Secretaria fue a recoger los mismos, pero le decían que faltaban las actas y resoluciones; asimismo, el Secretario del precitado Tribunal informó que para esa remisión necesitaba Bs150.-( ciento cincuenta bolivianos), pero que la parte accionante no se apersonó para proveer los recaudos; no obstante, una vez que fueron recibidos los cuadernos por su Tribunal al día siguiente 19 del mes y año señalado, se ha dado una respuesta ordenando mediante decreto la remisión de los antecedentes del citado recurso al Tribunal de alzada, en el plazo de veinticuatro horas, bajo responsabilidad de la Secretaria y la Oficial de Diligencias. (Conclusiones II.2, II.5 y II.6).

Por lo glosado y estando interpuesta la presente demanda contra el "Tribunal de Sentencia de Caranavi", de forma previa corresponde referir que la vulneración alegada trasunta de la falta de remisión al Tribunal de alzada del recurso de apelación que interpuso el ahora accionante en contra de la Resolución emitida el 23 de diciembre de 2021 por el Tribunal de Sentencia Séptimo de Turno del departamento de La Paz, -se entiende que dicho Tribunal conoció la presente causa en emergencia de la vacación judicial, por lo que concluida la misma fue remitida al Tribunal hoy demandado-; sin embargo es de notar que si bien la presente acción tutelar fue admitida el 23 de enero del 2021 en contra de los "JUECES DEL TRIBUANL DE SENTENCIA DE CARANAVI DE LA CIUDAD DE LA PAZ"(sic [fs35]), la misma fue notificada vía WhatsApp a Oscar Pablo Pérez Coarite y Mariela Pérez Sejas, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Achacachi en suplencia legal de su similar de Caranavi del departamento de La Paz, conforme se advierte de la literal a fs. 36 del legajo constitucional, autoridades judiciales que no formularon objeción o reclamo por falta de legitimación, y por el contrario en el caso de la referida codemandada intervino en la audiencia de garantías para asumir defensa exponiendo sus argumentos; en consecuencia bajo esos elementos facticos y en aplicación del principio de informalidad que caracteriza a este tipo de acción tutelar, se ingresara a analizar las problemáticas identificadas.

III.5.1. Primera problemática

El ahora impetrante de tutela denuncia a través de esta acción tutelar que: a) El Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de Turno del departamento de La Paz: 1) Mediante Resolución de 23 de diciembre de 2020 "lo correcto 2021", denegó su solicitud de detención preventiva, sin aplicar lo establecido en el art. 239. 2 de la Ley 1173 y sin valorar el certificado médico presentado que acredita que tiene diabetes mellitus II e insuficiencia renal crónica, lesionando sus derechos a la vida y la salud; sin embargo, conforme a los antecedentes desglosados y contrastados se tiene que el mismo no dirigió la presente acción de libertad contra dicho Tribunal; sino contra el "Tribunal de Sentencia de Caranavi" por lo que, al no haber sido demandado no fue notificado y no tuvo la posibilidad de defenderse y presentar su informe correspondiente respecto a los actos ilegales que el mencionado denuncia en su contra, lo que impide que este Tribunal ingrese a resolver el fondo de la problemática señalada.

III.5.2. Segunda Problemática

El peticionante de tutela denuncia que el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi:

i) No remitió al Tribunal de alzada los antecedentes del recurso de apelación incidental que planteó contra la Resolución señalada, dentro del plazo establecido.

Al respecto, incumbe señalar que en virtud a lo señalado en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 del presente fallo constitucional, la celeridad al ser un principio constitucional se constituye en una directriz de cumplimiento obligatorio para todas las autoridades judiciales al momento de cumplir con sus funciones, con el objeto de garantizar una justicia pronta y oportuna; es así que, cuando se ventila un proceso penal los jueces y tribunales deben prestar mayor celeridad en la tramitación del mismo y evitar dilaciones innecesarias; puesto que, de lo contrario se activa la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, como mecanismo procesal idóneo que opera en caso de existir vulneración al referido principio cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Ahora bien, en este marco jurisprudencial y de conformidad con los antecedentes expresados en esta acción tutelar, es evidente que el ahora accionante solicitó cesación de su detención preventiva ante el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de Turno del departamento de La Paz, quien denegó la referida solicitud; por lo que, el mencionado planteó recurso de apelación contra esa decisión; sin embargo, dicho Tribunal recién el 18 de enero de 2021 remitió el cuaderno de control jurisdiccional del proceso penal seguido contra el hoy impetrante de tutela al Tribunal de origen -ahora demandado-, cuando ya hubieran transcurrido treinta días sin haber sido remitido el referido recurso de apelación, tal como señala expresamente la Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Achacachi en suplencia de su similar Primero de Caranavi (Conclusión II.6); consecuentemente, el referido Tribunal de Turno señalado, incurrió en una dilación al no haber remitido el recurso de apelación al Tribunal de alzada dentro de las veinticuatro horas como establece el art. 251 del CPP y al contrario generando una dilatación innecesaria remitiendo el cuaderno de control jurisdiccional al Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi -ahora demandado- después de treinta días que el mencionado recurso fue planteado; sin embargo, al no haber sido demandado el precitado Tribunal de turno en esta acción de libertad, corresponde centrarnos en los actos efectuados por el Tribunal que ejerce la suplencia del referido Tribunal a partir de haber recibido este el cuaderno procesal referido el 18 de enero de 2021. En este entendido, considerando lo expresado por la Jueza en suplencia del Tribunal demandado y que no fue objetado por el impetrante de tutela, se tiene como evidente que el 19 de enero de 2021, emitió un decreto ordenando la remisión del recurso de apelación señalado dentro las veinticuatro horas; empero, que al no tener personal que cumpla esa determinación, la Oficial de Diligencias tuvo que hacerse cargo de cumplir con esa disposición; encargándose de preparar el legajo de la apelación el 20 de similar mes y año, teniendo que atender también el Tribunal al día siguiente y continuar con la preparación de ese legajo hasta el viernes que viene a ser 22 del mes y año señalado, trasladándose a la Capital La Paz el sábado para luego presentarlo al Tribunal de alzada el lunes; es decir, el 25 del mismo mes y año (Conclusión II.6); por lo que, si bien la citada autoridad judicial se encuentra en suplencia legal del Tribunal ahora demandado y no cuenta con el personal suficiente; sin embargo, conforme lo expresado en el Fundamento Jurídico III.2 punto 2.1 de este fallo constitucional, el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación a la detención preventiva, debe ser remitido al Tribunal de alzada dentro del plazo legal de veinticuatro horas de acuerdo a lo establecido por el art. 251 del CPP y de manera excepcional salvo justificación razonable y fundada, que en este caso implique las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal; por cuanto; empero, en el presente caso, desde que el Tribunal de origen -ahora demandado- tomó conocimiento del recurso de apelación que fue el 18 de citado mes y año hasta la presentación de la presente acción de libertad el 22 de igual mes y año, son cuatro días que no se remitió aún el citado recurso de apelación y si bien este día se constituye en feriado nacional y la autoridad judicial mencionada señala que el lunes o sea 25 del mismo mes y año, se cumplirá con tal remisión; empero, no se tiene certeza de ello; por lo que, las autoridades judiciales en suplencia incurrieron en una dilación al no cumplir el plazo excepcional de tres días conforme lo señalado en la jurisprudencia referida para elevar los antecedentes del recurso de apelación planteado por el ahora accionante contra la resolución que denegó su solitud de cesación a la detención preventiva ante el Tribunal de alzada, lesionando así el principio constitucional de celeridad vinculado a su derecho a la libertad, pues no actuó de manera pronta y oportuna, tal como establece el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, más aún cuando al encontrarse el peticionante de tutela privado de su libertad tenía la obligación de agilizar la remisión de dicho recurso, pues en virtud a lo que establece el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la instancia judicial donde se dilucidan los derechos de las personas privadas de libertad tiene el deber de llevar adelante estos trámites con diligencia y celeridad, cumpliendo a cabalidad los plazos que la normativa prevé, de lo contrario se incurre en una actuación dilatoria e injustificada que repercute en la conculcación de los derechos humanos de los privados de libertad, máxime si el mencionado se encuentra delicado de salud, porque padece de Diabetes mellitus tipo tipo II descompensada, Nefropatía diabética crónica e hipertensión arterial sistémica (Conclusión II.3), lo que afecta evidentemente su salud. Asimismo cabe referir, que si bien el presente análisis se centra en el informe prestado por la jueza codemandada, corresponde aclarar que en el caso del juez codemandado -Oscar Pablo Pérez Coarite- al no haber elevado informe o concurrido a la audiencia tutelar pese a su legal citación (fs.36) hace viable la aplicación del principio de presunción de veracidad que estableció que se torna como veraz lo denunciado, por la inconcurrencia del demandado a la audiencia y por falta de informe escrito sobre los hechos denunciados en su contra, conforme lo desarrollo la SCP 0233/2019-S1 de 7 de mayo. En consecuencia, de acuerdo a lo señalado al haber lesionado el Tribunal demandado el principio de celeridad vinculado a la libertad del ahora accionante, conforme lo señalado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, se activa en este caso la acción de libertad traslativa o de pronto despacho a fin de agilizar el trámite del recurso de apelación planteado por el impetrante de tutela, reparando así la lesión del principio señalado y garantizar el derecho a la libertad del mismo; por lo que, corresponde conceder la tutela impetrada en este punto. ii) No emitió conminatoria al Ministerio Público para establecer el plazo su detención preventiva o su cesación, conforme lo establecido en la Disposición Transitoria Décima Segunda de la citada norma. De acuerdo a la sub problemática señalada precedentemente, y los antecedentes cursantes en esta acción de defensa, se tiene que el Juez Público Civil y Comercial e Instrucción Penal de Sorata del departamento de La Paz, en suplencia legal del Juez Público Mixto Civil y Comercial de la Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay ambos del departamento de La Paz emitió Auto de Conminatoria de Etapa Preparatoria el 16 de marzo de 2020, conminando al Fiscal Departamental del referido departamento, para que en el plazo de cinco días computables a partir de su legal notificación, presente requerimiento conclusivo en etapa preparatoria en el caso "EAL 439/2019" de la Localidad de Guanay, bajo alternativa de declararse extinguida la acción penal (Conclusión II.4). Asimismo, la Jueza en suplencia del Tribunal hoy demandado en audiencia de esta acción tutelar refirió que el hoy accionante se contradice al señalar que no se ha cumplido con la conminatoria al Ministerio Público; empero, por otra parte manifiesta que existe una conminatoria de 16 de marzo de 2020, para esa instancia y que no mereció ninguna respuesta del Fiscal; en consecuencia, solamente se debe tomar en cuenta la duración de la detención preventiva, lo que se limita a la etapa preparatoria y en etapa de juicio debe regirse a lo establecido en el art. 239.3 y 4 del CPP (Conclusión II.6). En este orden de ideas y conforme a los antecedentes del legajo constitucional se advierte que el impetrante de tutela guarda detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, por Resolución 387/19 de 16 de agosto de 2019, y el Auto de conminatoria de 16 de marzo de 2020, señalada precedentemente fue emitida para que el Fiscal de Materia pronuncie el requerimiento conclusivo de dicha etapa, al haber sobrepasado el plazo para su conclusión -del cual si bien no se tiene constancia de su notificación-; empero, se entiende que la presente causa ya cuenta con acusación, por encontrarse la misma radicada ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz; en consecuencia, lo aseverado por Mariela Pérez Sejas, Jueza codemandada, en sentido que: "se debe tomar en cuenta la duración de la detención preventiva, lo que se limita a la etapa preparatoria y en etapa de juicio debe regirse a los establecido en el art. 239.3- y 4 del CPP" resulta acorde al ordenamiento jurídico penal vigente, toda vez que la Disposición Transitoria Décima Segunda de la Ley 1173, descrito en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, dispone que los jueces penales después de quince días de la vigencia de la citada norma de oficio deben conminar al Ministerio Público para que en el plazo de noventa días se pronuncien en los procesos con detenidos preventivos, sobre la necesidad de mantener la detención preventiva o disponer su cesación, conforme al régimen de cesación de medidas cautelares personales; por lo que, al encontrarse el ahora accionante con detención preventiva desde el 16 de agosto de 2019 hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar -22 de enero de 2021-, se tiene un tiempo transcurrido de 17 meses; lo cual limita a las autoridades judiciales disponer la cesación a la detención preventiva, conforme solicita el impetrante de tutela, quien en todo caso debe regirse a lo dispuesto por el art. 239.4 del CPP, vale decir al encontrarse con acusación el tiempo establecido por dicha norma es de veinticuatro meses, sin que se hubiera dictando sentencia, presupuesto factico que no acontece dentro el presente; en consecuencia corresponde denegar el presente reclamo tutelar. En cuanto al derecho a la vulneración del derecho a la defensa, el peticionante de tutela no demostró de qué manera fue lesionado el mismo; por lo que, incumbe denegar la tutela impetrada con relación al mismo.

Con referencia a los derechos a la vida y a la salud, debe considerarse que la Resolución Interlocutoria que rechazó la cesación de la detención preventiva del impetrante de tutela, al encontrarse en grado de apelación, corresponderá verificar a la Sala Penal de Turno la conculcación de dichos emergentes de la valoración de los certificados médicos de salud presentados en dicha oportunidad. Por consiguiente, el Juez de garantías al haber denegado la tutela solicitada obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado; los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo.), en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 032/2021 de 24 de enero, cursante de fs. 40 a 41 vta. Emitido por el Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, y en consecuencia dispone:

1° CONCEDER la tutela solicitada, en relación al primer cuestionamiento de la segunda problemática y en cuanto a los derechos a la libertad vinculado al principio de celeridad y al debido proceso, sin disponer la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva y ordenando que Oscar Pablo Pérez Coarite y Mariela Pérez Sejas, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Achacachi en suplencia legal de su similar de Caranavi del departamento de La Paz, remita los antecedentes del recurso de apelación incidental planteado por el impetrante de tutela contra la resolución que denegó su solicitud de cesación a la detención preventiva, ante el Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas, si es que no lo hizo aún, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela solicitada, referida a la primera problemática, y en relación a los derechos a la vida y a la salud; asimismo, en relación al segundo cuestionamiento de la segunda problemática, así como respecto al derecho a la defensa. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo es de Voto Aclaratorio.

MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA

Notas al pie

1 En su F.J. III.1 indico que: “La Constitución es una norma jurídica directamente aplicable y justiciable por su órgano final de aplicación, salvaguarda y garantía, de naturaleza judicial y de composición plurinacional (Tribunal Constitucional Plurinacional) así como -atendiendo sus específicas atribuciones- por los jueces y tribunales de garantías que ejercen justicia constitucional; sin exclusión de los jueces o autoridades originarias de la pluralidad de jurisdicciones reconocidos en el texto constitucional (Jurisdicción ordinaria, agroambiental, indígena originario campesina y las jurisdicciones especializadas reguladas por la ley, conforme disponen los arts. 179 y 410 de la CPE), últimos operadores jurídicos, que se constituyen en los garantes primarios de la Constitución.”

2 La SCP 0112/2012 de 27 de abril, refirió que: “Existe uniformidad en la doctrina y jurisprudencia constitucional comparada en reconocer, de manera general, que los textos constitucionales están integrados prevalentemente por normas constitucionales- principios (Constituciones principistas) y también en la primacía de éstas respecto de las normas constitucionales-reglas (ante eventuales “antinomias” que salven la coherencia del sistema normativo).”

3 En su F.J. III.2 “(...) el tratamiento que debe darse a las solicitudes en las que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido. Esto en los casos, en los que por razones ajenas al beneficiario, la cesación de la detención preventiva u otro beneficio, no puede concretarse debido a los actos de obstaculización o dilación innecesaria, que originan que el solicitante, no obstante de haber sido favorecido por un beneficio que le permite obtener su libertad, se ve impedido de accederla, permaneciendo indebidamente detenido, situación por la cual se abre la protección que brinda el hábeas corpus ante la ausencia de celeridad en efectivizarse el beneficio otorgado.”

4 En su F.J.III. “…La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva”.

“…en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

14 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue ratificado por Bolivia mediante Ley No. 2119, promulgada el 11 de septiembre de 2000.

15 La Organización de Estados Americanos a través de la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH), mediante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OBSERVANDO CON PREOCUPACIÓN la crítica situación de violencia, hacinamiento y la falta de condiciones dignas de vida en distintos lugares de privación de libertad en las Américas; así como la particular situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad mental privadas de libertad en hospitales psiquiátricos y en instituciones penitenciarias; y la situación de grave riesgo en que se encuentran los niños y niñas, las mujeres, y los adultos mayores recluidas en otras instituciones públicas y privadas, los migrantes, solicitantes de asilo o de refugio, apátridas y personas indocumentadas, y las personas privadas de libertad en el marco de los conflictos armados; CON EL OBJETIVO de aportar al proceso de preparación de una Declaración Interamericana sobre los derechos, deberes y la atención de las personas sometidas a cualquier forma de detención y reclusión por el Consejo Permanente, en seguimiento a la Resolución AG/RES 2283 (XXXVII-0/07); ADOPTA los siguientes PRINCIPIOS Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS AMÉRICAS (OEA/Ser/L/V/II.131 doc. 26).

16 Al respecto la Ley 2298 de Ejecución Penal y Supervisión, prescribe el respeto a la dignidad y la prohibición de trato cruel o inhumano en los arts. 2.III, 5.I, 9, entre otros.

17 “…es imprescindible dejar establecido que los derechos fundamentales, le son reconocidos a las personas en virtud a esa calidad de seres humanos, concepto dentro del cual no puede efectuarse discriminación alguna respecto a su situación esporádica de privados de libertad, esto como consecuencia de que aun cuando se trate de personas privadas de libertad, conservan su esencia de seres humanos y en consecuencia su calidad de ciudadanos a quienes se les reconoce los derechos contenidos en la Constitución Política del Estado y que, aún encontrándose en calidad de sujetos pasivos respecto al ejercicio de su derecho a la libertad y libre locomoción, no dejan de formar parte de la sociedad y por ende del Estado, gozando, por tanto, de la protección del aparato estatal con referencia a sus derechos y garantías, los cuales, en caso de ser lesionados, suprimidos o amenazados, son susceptibles de tutela.”

18 Art. 9. CPE “Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y las Ley: 4) Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta constitución”.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0964_2023-S1.pdf · páginas 1 a 30.

Huella digital del PDF (SHA-256): 170c8b92b23e605e44084a005512b0ffd8aee367a3c4496c103994e40d35841d

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