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SCP 0963/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 21 de agosto de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
21 de agosto de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
56598-2023-114-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes denuncian la lesión del derecho al debido proceso -en sus elementos seguridad jurídica, legalidad e impugnación-; toda vez que, dentro del proceso penal con NUREJ 201504858, seguido por el Ministerio Público sigue contra Miguel Alberto Loza Añez y otros, por Auto de Vista 305/2022, los Vocales demandados declararon inadmisible la apelación restringida que plantearon mediante buzón judicial contra la Sentencia 24/2021, a través de la que se absolvió a todos los acusados de los delitos sindicados. Sin considerar -según alegan-, que procedieron de acuerdo a las formas y plazos regulados por el art. 408 del CPP, y haciendo uso de las herramientas tecnologías reconocidas por la administración de justicia, conforme consta de la Certificación de Envío 182549. En ese sentido, corresponde en revisión analizar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera y en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 70/23 de 15 de junio de 2023, cursante de fs. 214 vta. a 217 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, con base en los fundamentos desarrollados en el presente fallo constitucional; por lo que, se dispone dejar sin efecto el Auto de Vista 305/2022 de 10 de agosto, debiendo la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitir nueva resolución judicial, considerando los fundamentos del presente fallo constitucional, sí aún no se hubiera pronunciado en cumplimiento de la precitada Resolución 70/23.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. En cuanto a la presentación de recursos con plazos perentorios y el uso del buzón judicial
  2. II.2. Sobre el derecho a la impugnación
  3. III.3. Análisis del caso concreto.

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0963/2025-S3 Sucre, 21 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de amparo constitucional Expediente: 56598-2023-114-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 70/23 de 15 de junio de 2023, cursante de fs. 214 vta. a 217 vta., pronunciada dentro de la acción amparo constitucional interpuesta por Mabel Sandra Andrade Molina, Nelly Fanny Alfaro Vaquila e Yvan Ortiz Tristán, Fiscales de Materia; contra Iván Sandoval Fuentes y Jaime Rene Conde Andrade, Vocales de la Sala Penal Primera, en suplencia legal de su similar Segunda, del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 8 y 15 de febrero de 2023, cursantes de fs. 8 a 14, y 29 vta.; los accionantes expresaron que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que el Ministerio Público sigue contra Miguel Alberto Loza Añez y otros, a través de Sentencia 24/2021 de 23 de septiembre, se absolvió a todos los acusados de los delitos sindicados. Determinación que, en su calidad de comisión de Fiscales de Materia, se les notificó el 7 de diciembre de igual año, vía WhatsApp y estando vigente el periodo de la vacación judicial fijado para el distrito de Chuquisaca. Ante tal circunstancia, por la distancia y las contingencias suscitadas a razón del COVID-19; el 21 de enero de 2022, plantearon apelación restringida contra aquella resolución judicial, mediante buzón judicial. Por lo que, al día siguiente hábil, 24 del mismo mes y año, presentaron dicho medio de impugnación en físico; que posteriormente subsanaron hasta en una ocasión. Empero, los Vocales de la Sala Penal Primera, en suplencia legal de su similar Segunda, del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -demandados-, a través de Auto de Vista 305/2022 de 10 de agosto, declararon inadmisible su recurso, por supuestamente haber sido promovido extemporáneamente. Sin considerar -según alegan-, que procedieron de acuerdo a las formas y plazos regulados por el art. 408 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Haciendo uso de las herramientas tecnologías reconocidas por la administración de justicia al entrar en vigencia la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, conforme consta de la Certificación de Envío 182549.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denuncian la lesión del derecho al debido proceso -en sus elementos seguridad jurídica, legalidad e impugnación-; citando al afecto, el art. 180.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela y se disponga la nulidad del Auto de Vista 305/2022; debiendo los demandados aceptar la apelación restringida que plantearon a fin de emitir una resolución judicial de fondo.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual 15 de junio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 212 a 214 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes reiteraron íntegramente los términos de su acción de defensa y ampliándola expresaron que: a) En observancia del principio de verdad material, los demandados no podrían señalar que desconocen si la apelación restringida fue planteada o no mediante buzón judicial. Cuando el 24 de enero de 2022, se presentó dicho medio de impugnación en físico, adjuntado la Certificación de envío 182549 como constancia; b) Si bien se hace figurar al Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca, como instancia de remisión de la apelación restringida planteada. Ello se debe a un error atribuible sólo a la Oficina Gestora de Procesos, al no mantener actualizados los sistemas informáticos que maneja. Puesto que la causa penal de origen ya superó la etapa preparatoria e incluso la de juicio oral; c) Otro aspecto que desvirtúa la posición de los demandados, es que, en una oportunidad ya ordenaron subsanar la apelación restringida planteada, determinación que se cumplió, conforme consta de la Certificación de envío 209593. Lo que demuestra que, en su momento tuvieron presente dicho medio de impugnación sin hacer observaciones de temporalidad y ahora, contradictoriamente, declararon su inadmisibilidad. Generando así, una situación de incertidumbre jurídica que lesiona el derecho de acceso a la justicia; d) Como consecuencia de la subsanación hecha sobre la apelación restringida, la Oficina Gestora de Procesos recién actualizó sus sistemas informáticos; lo que da cuenta que se procedió de acuerdo a las formas y plazos regulados por el art. 408 del CPP; y, e) La Ley 1173 dispone que es obligación de los juzgadores efectuar las revisiones de los sistemas informáticos cuando se promueven ante ellos actuados mediante buzón judicial. Extremo que omitieron los demandados, y sin hacer ninguna consideración, asumiendo una posición totalmente contradictoria, declararon directamente la inadmisibilidad de la apelación restringida planteada.

I.2.2. Informe de los demandados

Iván Sandoval Fuentes, Vocal de la Sala Penal Primera, en suplencia legal de su similar Segunda, del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; por informe escrito presentado el 15 de mayo de 2023, cursante de fs. 121 a 123, señaló que: 1) De la revisión del cuaderno procesal, se evidencia que los impetrantes de tutela fueron notificados con los actuados judiciales de la causa penal de origen, con intermediación de la Oficina Gestora de Procesos. En ese sentido, no podrían argüir que se realizaron notificaciones defectuosas; 2) Si bien cursa la digitalización de la apelación restringida planteada por los accionantes, éstos no presentaron adjunto a dicho medio de impugnación, la Certificación de envío 182549 a la que hacen alusión. Lo que se demuestra, que no se condujeron de acuerdo al manual de uso del buzón judicial; y, 3) Al emitirse el Auto de Vista 305/2022 no se incurrió en ninguna irregularidad que haya desembocado en la lesión de los derechos; puesto que es producto de los actuados judiciales cursantes en el cuaderno procesal. Lo que hace entrever que no existe mérito para conceder la tutela solicitada. Jaime Rene Conde Andrade, Vocal de la Sala Penal Primera, en suplencia legal de su similar Segunda, del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; no presentó informe escrito ni concurrió a la audiencia de garantías, pese a que fue notificado para el efecto, conforme se tiene de la diligencia cursante a fs. 168.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Miguel Alberto Loza Añez, Pablo Salomón Jiménez, Armando Arturo Canedo Espinoza y Jorge Jesús Justiniano Méndez, no intervinieron en el presente proceso, pese a que fueron notificados con ese propósito, conforme consta de las diligencias cursante de fs. 40 a 41, 43 a 44, y 114.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 70/23 de 15 de junio de 2023, cursante de fs. 214 vta. a 217 vta., concedió la tutela solicitada; por lo que dispuso dejar sin efecto el Auto de Vista 305/2022 de 23 de septiembre, a fin que los demandados emitan nueva resolución judicial. Lo que sustentó con base en los siguientes fundamentos: i) Son cuatro aspectos en el presente proceso que no están en controversia, conciertes a la fecha en la que los impetrantes de tutela fueron notificados con la Sentencia 24/2021, que se planteó apelación restringida contra esa resolución judicial, que el plazo para promover dicho medio de impugnación llegaba a su término el 21 de enero de 2022 y que su presentación física se hizo el 24 de igual mes y año; ii) No puede dejarse de considerar, en observancia de los principios de verdad material, seguridad jurídica y relevancia constitucional, que si bien la digitalización de la apelación restringida planteada por los accionantes, fue presentada el 24 de enero de 2022; se tiene la Certificación de envío 182549, donde consta que dicho medio de impugnación ha sido promovido mediante buzón judicial el 21 de igual mes y año. Extremos que demuestran, que como comisión de Fiscales de Materia, procedieron de acuerdo a las formas y plazos regulados por el art. 408 del CPP; iii) Es evidente que la Certificación de Envío 182549 no mereció ninguna valoración por los demandados al emitir el Auto de Vista 305/2022; empero, es claro que incurrieron en tal omisión debido a que los impetrantes de tutela no adjuntaron ese documento a su memorial de apelación restringida que presentaron físicamente el 24 de enero de 2022; iv) Si bien el reclamo efectuado por los accionantes manifiesta relevancia constitucional, cabe resaltar que solo incide en la etapa de admisibilidad de la apelación restringida que plantearon y no en la resolución de fondo de los agravios que hubiesen denunciado; y, v) Los fundamentos del Auto de Vista 305/2022, dan cuenta que los demandados actuaron en observancia del principio de seguridad jurídica, con apego al procedimiento y al manual de uso del buzón judicial; al constatar que se presentó un memorial de apelación restringida digitalizada, sin su constancia de envío mediante buzón judicial. Empero, ello no desvirtúa el hecho de que ese medio de impugnación fue promovido dentro del plazo de ley; por lo que, su inadmisibilidad provoca la lesión de derechos que ameritan ser reparados por la jurisdicción constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Miguel Alberto Loza Añez y otros, con Número de Registro Judicial (NUREJ) 201504858); el 7 de diciembre de 2021, vía exhorto suplicatorio, los impetrantes de tutela (comisión de Fiscales de Materia) fueron notificados con la Sentencia 24/2021 de 23 de septiembre, a través de la que se absolvió a todos los acusados de los delitos sindicados. Motivo por el cual, el 24 de enero de 2022, presentaron su memorial de apelación restringida contra esa resolución judicial (fs. 119 a 120).

II.2. Cursa “CERTIFICADO DE ENVIO A TRAVÉS DEL BUZÓN JUDICIAL N° 182549” (sic); de 21 de enero de 2022, correspondiente al proceso penal NUREJ: 201504858, cuyo resumen indica: “APELACION RESTRINGIDA DE SENTENCIA” (sic [fs. 2]). II.3. Consta Auto de Vista 305/2022 de 10 de agosto, emitido por los Vocales de la Sala Penal Primera, en suplencia legal de su similar Segunda, del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; a través del que declararon inadmisible la apelación restringida plateada por los accionantes contra la Sentencia 24/2021 (fs. 117 a 118 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes denuncian la lesión del derecho al debido proceso -en sus elementos seguridad jurídica, legalidad e impugnación-; toda vez que, dentro del proceso penal con NUREJ 201504858, seguido por el Ministerio Público sigue contra Miguel Alberto Loza Añez y otros, por Auto de Vista 305/2022, los Vocales demandados declararon inadmisible la apelación restringida que plantearon mediante buzón judicial contra la Sentencia 24/2021, a través de la que se absolvió a todos los acusados de los delitos sindicados. Sin considerar -según alegan-, que procedieron de acuerdo a las formas y plazos regulados por el art. 408 del CPP, y haciendo uso de las herramientas tecnologías reconocidas por la administración de justicia, conforme consta de la Certificación de Envío 182549. En ese sentido, corresponde en revisión analizar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. En cuanto a la presentación de recursos con plazos perentorios y el uso del buzón judicial

Sobre el particular, la SCP 0242/2022-S4 de 3 de mayo, señaló: “…el Buzón Judicial en su art. 110 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), determina que: ‘Artículo 110. (BUZÓN JUDICIAL). I. En la sede del Tribunal Supremo de Justicia, de los Tribunales Departamentales de Justicia y de los tribunales y juzgados en provincias, funcionará el servicio de buzón judicial, donde se centralizará la presentación de memoriales y recursos fuera del horario judicial y en días inhábiles, en caso de urgencia y cuando esté por vencer un plazo perentorio. II. Este servicio podrá utilizar medios electrónicos que aseguren la presentación en términos de día, fecha y hora’. Por otro lado, el Reglamento del Buzón Judicial aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia, establece: ‘Artículo 1. (Objeto).- El presente Reglamento, tiene por objeto normar y regular la utilización y funcionamiento del servicio de Buzón Judicial electrónico, donde se centralizará la presentación de memoriales y recursos dentro de los plazos previstos por ley, como opción de emergencia a la presentación de memoriales y recursos en plataforma, fuera del horario judicial y en días inhábiles, en caso de urgencia y cuando esté por vencer un plazo procesal, utilizando medios electrónicos que aseguren la presentación en día, fecha y hora. Artículo 2. (Concepto).- El Buzón Judicial electrónico, es un sistema informático de apoyo judicial, constituido por un portal Web desarrollado exclusivamente para centralizar la presentación de memoriales y otros documentos, recursos fuera de horario judicial en días inhábiles en caso de urgencia o cuando este por vencer un plazo procesal. Artículo 3. (Ámbito de Aplicación).- El presente Reglamento es de aplicación obligatoria y cumplimiento, en los nueve Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia. Artículo 4. (Finalidad).- El Buzón Judicial tiene las siguientes finalidades: 1) Brindar una opción de emergencia a la presentación de memoriales, otros documentos y recursos fuera de horario judicial, en días inhábiles, en caso de urgencia o cuando este por vencer un plazo perentorio. 2) De permitir al litigante un acceso oportuno a la administración de justicia. 3) De utilizar medios electrónicos que aseguren la presentación en día, fecha y hora. Artículo 6. (Definiciones).- Se establece las siguientes definiciones: (…). 6) Constancia de la Recepción: Es el descargo de recepción virtual, que contiene la fecha y hora en que el memorial y/o recursos es entregado al buzón judicial por el usuario. (…). Articulo 10 (Acceso al Buzón Judicial). - el sistema de buzón judicial estará habilitado en días y horas inhábiles según el horario de oficina que rige en cada Tribunal Departamental de Justicia’. En ese contexto, resulta válido la utilización del Buzón Judicial a efectos de presentar un recurso de apelación, así como memoriales dentro los plazos previstos por ley como opción de emergencia a la presentación de memoriales y recursos en plataforma, fuera del horario judicial y en días inhábiles o en caso de urgencia cuando esté por vencer un plazo procesal” (el resaltado corresponde al texto original).

En esa lógica, la SCP 0728/2023-S2 de 28 de julio, complementando el entendimiento desarrollado precedentemente señaló: “…si bien el buzón judicial se encuentra habilitado con la finalidad de presentar, entre otros, los recursos procedimentales establecidos por el marco normativo; sin embargo, dicha interposición no está exenta de la observancia de los plazos previstos por ley; es decir, que la regulación reglamentaria, instructivos y otros respectivos al buzón judicial, están sujetos al cumplimiento de los plazos perentorios estipulados por norma; por lo que, para la presentación de recursos correspondientes vía buzón judicial, el recurrente deberá tomar los recaudos necesarios para formular dicho recurso antes del vencimiento del plazo perentorio dispuesto por ley” (el resaltado es añadido).

II.2. Sobre el derecho a la impugnación

Al respecto, la SCP 1853/2013 de 29 de octubre, preciso que: “El debido proceso como instituto jurídico que garantiza el respeto de derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes que intervienen en un proceso, contiene entre sus elementos al derecho de impugnación como un medio de defensa. Con la finalidad de resguardar derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes que intervienen en un proceso o procedimiento judicial o administrativo, la Constitución Política del Estado, establece el principio de impugnación en el art. 180.II, al disponer: ‘Se garantiza el principio de impugnación en los proceso judiciales’, lo que implica que todo procedimiento en el ámbito privado o público, debe prever un mecanismo para recurrir del acto o resolución que se considere lesivo a un derecho o interés legítimo de alguna de las partes a objeto que se restablezca o repare el acto ilegal u omisión indebida, demandado como agravio, en que hubiere incurrido la autoridad pública o privada. Lo que se pretende a través de la impugnación de un acto judicial o administrativo, no es más que su modificación, revocación o sustitución, por considerar que ocasiona un agravio a un derecho o interés legítimo; es decir, el derecho de impugnación se constituye en un medio de defensa contra las decisiones del órgano jurisdiccional o administrativo” (el resaltado es añadido).

III.3. Análisis del caso concreto.

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se constató que: Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Miguel Alberto Loza Añez y otros (NUREJ: 201504858); el 7 de diciembre de 2021, vía exhorto suplicatorio, los impetrantes de tutela (comisión de Fiscales de Materia) fueron notificados con la Sentencia 24/2021, que absolvió a todos los acusados de los delitos sindicados. Motivo por el cual, el 24 de enero de 2022, presentaron su memorial de apelación restringida contra esa resolución judicial (Conclusión II.1). Ante ello, los Vocales demandados, por Auto de Vista 305/2022, declararon inadmisible la apelación restringida planteada por los accionantes, sosteniendo que: a) El Ministerio Público fue notificado con la Sentencia 24/2021, el 7 de diciembre de 2021; por lo que, el plazo para plantear apelación restringida contra esa resolución judicial llegaba a su término a la media noche del 21 de enero de 2022, tomando en cuenta la vigencia del periodo de la vacación judicial fijado para el distrito de Chuquisaca; y, b) Pese a lo dispuesto por el art. 408 del CPP, el Ministerio Público presentó su memorial de apelación restringida, el 24 de enero de 2022. Lo que da cuenta que, incumplió con el plazo previsto por ley. Por ello, corresponde conducirse en el marco de lo prescrito por el segundo párrafo del art. 399 del igual cuerpo normativo. En ese contexto, de la problemática identificada y del Auto de Vista 305/2022 (actuado judicial sometido a control de constitucionalidad), se evidencia que existen dos hechos que no se encuentran controvertidos en el presente proceso. Uno concerniente a que los impetrantes de tutela fueron notificados con la Sentencia 24/2021, el 7 de diciembre de 2021; y, el otro atinente a que, el 21 de enero de 2022, llegó a su término el plazo para plantearse apelación restringida contra esa resolución judicial, conforme a los parámetros del art. 408 del CPP. Así las cosas, se establece entonces que el único aspecto por dilucidar en la presente causa, tiene que ver con determinar sí, efectivamente los titulares de la persecución penal (comisión de Fiscales de Materia) promovieron aquel medio de impugnación en el tiempo computado. Ahora bien; contrastada la prueba cursante en obrados, se pone de manifiesto que, el 24 de enero de 2022 (día lunes), los accionantes presentaron ante la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, el memorial de apelación restringida que promovieron contra la Sentencia 24/2021 (en un total de fs. 4); lo que consta en su respectivo cargo de recepción Nurej: 201504858, donde se consigna al “Tribunal de Sentencia 3” (sic) como instancia de remisión. Y, que dicho medio de impugnación lo plantearon mediante buzón judicial; conforme se infiere del “CERTIFICADO DE ENVIO A TRAVÉS DEL BUZÓN JUDICIAL N° 182549” (sic), de 21 de igual mes y año (día viernes), correspondiente al proceso penal NUREJ: 201504858, cuyo resumen indica: “APELACION RESTRINGIDA DE SENTENCIA” (Conclusión II.2). Elementos que, valorados de forma integral por su correspondencia, demuestran que los impetrantes de tutela plantearon apelación restringida contra la Sentencia 24/2021, dentro del plazo de los quince días hábiles de haber sido notificados con dicha resolución judicial; cabe decir, el 21 de enero de 2022 (último día del cómputo reconocido por los sujetos procesales). Haciendo uso correcto del buzón judicial, que objetivamente se constituye en un medio telemático de presentación, entre otros actuados procesales, de recursos ordinarios con plazos por vencer. Herramienta informática que está regulada por la Ley de Órgano Judicial (LOJ) y sus respetivos reglamentos, cuya funcionalidad se encuentra legitimada en nuestro ordenamiento jurídico, conforme el entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. Circunstancias que no merecieron ninguna consideración por parte de los demandados al emitir el Auto de Vista 305/2022, quienes se limitaron hacer una comparación mecánica de plazos; abstrayéndose de su obligación de ejercer control jurisdiccional previo sobre los actuados procesales que compulsaron. Consistente en verificar, por intermedio de los funcionarios de apoyo judicial que están bajo su cargo o revisando los sistemas informáticos a los que tienen acceso, la forma en que fue promovido el medio de impugnación que marcó su competencia y que por ley se vieron impelidos de resolver con objetividad. Pretendiendo ahora deslindarse de su responsabilidad, exigiendo el cumplimiento de una formalidad; que, por un lado, debieron someter a control en su oportunidad, es decir, a momento de ser presentado el memorial que tiene cargo de recepción de 24 de enero de 2022; y que, por otro lado, no desvirtúa, en atención al principio de verdad material, que dicho medio de impugnación efectivamente ha sido planteado mediante buzón judicial el 21 de igual mes y año. Lo que da cuenta que, es evidente el hecho denunciado por los accionantes; ya que con la emisión del Auto de Vista 305/2022, se les restringió la posibilidad de que los agravios que denunciaron al plantear su apelación restringida, merezcan un pronunciamiento de fondo. Lo que supone la lesión del derecho a la impugnación y que se haya generado un estado de incertidumbre jurídica; cuando ese derecho debió merecer el debido resguardo, en el marco del entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional. Por ello, corresponde conceder la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al haber concedido la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera y en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 70/23 de 15 de junio de 2023, cursante de fs. 214 vta. a 217 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, con base en los fundamentos desarrollados en el presente fallo constitucional; por lo que, se dispone dejar sin efecto el Auto de Vista 305/2022 de 10 de agosto, debiendo la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitir nueva resolución judicial, considerando los fundamentos del presente fallo constitucional, sí aún no se hubiera pronunciado en cumplimiento de la precitada Resolución 70/23. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Notas al pie

1 (Interposición): “El recurso de apelación restringida será interpuesto por escrito, en el plazo de quince días de notificada la sentencia…”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0963_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.

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