Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 16 de octubre de 2023
Concede la tutela
La accionante, a través de su representante sin mandato, invocó como lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa y a una justica pronta y oportuna, por cuanto dentro del proceso penal seguido en su contra, siendo injustamente aprehendida y detenida preventivamente, en audiencia de 29 de junio de 2023: a) Interpuso apelación incidental que fue remitida ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, instancia ante la cual, su abogada presentó memoriales de apersonamiento y solicitud de señalamiento de audiencia de apelación incidental, haciendo conocer su situación de extrema vulnerabilidad, al ser una persona adulta mayor de ochenta y un años de edad, recibiendo como respuesta constante por parte de la Secretaria de Cámara y Oficial de Diligencias codemandadas, que debía aguardar la celebración de audiencia, debido a las recargadas labores de la Sala; y, b) Dicha audiencia finalmente habría sido llevada a cabo en su ausencia, el 16 de agosto de 2023, pese a su constante seguimiento y consulta, donde se pronunció una Resolución, cuyo contenido desconoce, por lo cual, pide se anule tanto la decisión pronunciada como la audiencia misma, debiendo convocarse una nueva, en la que se garantice su participación asistida de un traductor del idioma aymara. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 440/2023 de 26 de agosto, cursante de fs. 47 a 50 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, y en consecuencia, CONCEDER en todo, la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías, a los fines de evitar una disfunción procesal.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0963/2023-S4 Sucre, 16 de octubre de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 58112-2023-117-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 440/2023 de 26 de agosto, cursante de fs. 47 a 50 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Doris Huanca Reyes, abogada del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP), en representación sin mandato de Rosa Mamani Quispe contra Henry David Sánchez Camacho y Margot Pérez Montaño, Vocales; Augusta Castillo Ortiz, Secretaria; Jhovana Quispe Mamani, Oficial de Diligencias, todos de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 25 de agosto de 2023, cursante de fs. 23 a 27, la accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra, por el Ministerio Público, por la presunta comisión el delito de trata de personas, fue injustamente aprehendida el 28 de junio de 2023, y luego imputada y sometida a audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares al día siguiente, donde se dispuso su detención preventiva por el plazo de cinco meses, habiendo su defensa técnica interpuesto apelación incidental de manera oral en audiencia. Ante la falta de recursos económicos, cambió su patrocinio por el del SEPDEP, por lo que realizando el seguimiento del caso, la abogada de dicha entidad, coordinó la remisión de la apelación ante el Tribunal de alzada, presentando su apersonamiento respectivo, el 31 de julio de 2023, ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y el 2 de agosto del mismo año, presentó memorial solicitando se señale día y hora de audiencia de consideración de apelación incidental; toda vez que, hasta esa fecha no se efectuó señalamiento alguno, indicándosele (en dicha Sala) que se encontrarían con recargadas audiencias y que a ese momento estarían celebrando las (ingresadas en el mes) de junio, además que la referida apelación se habría remitido en julio, obteniendo siempre la misma respuesta, de que aún no habría fecha programada. Sin embargo, a las 19:00 del 15 de agosto de 2023, le llegó un mensaje de notificación de audiencia –vía Whatsapp–, el mismo que inmediatamente fue eliminado, no dándole tiempo a verificar los datos y menos aún acceder al link de la audiencia virtual, pese a que su abogada escribió al número que eliminó esos mensajes, solicitándole el reenvío de los mismos, sin obtener respuesta, por lo que, procedió a llamar a ese número, pero tampoco le contestaron. Actitud similar tuvo la Secretaria de Cámara; por cuanto, luego de haber conseguido el link de audiencia y habiéndose conectado a la misma, dicha funcionaria silenció su micrófono y la expulsó de aquel verificativo virtual. Haciendo seguimiento al día siguiente en Sala, a efectos de corroborar si se había instalado o no la audiencia virtual, se le indicó nuevamente que se estarían celebrando las audiencias de junio, no obstante lo cual, el 24 de agosto de 2023, se enteraron que su audiencia sí se había llevado a cabo, indicándoseles que el legajo de apelación y la Resolución correspondientes, se encontrarían en despacho de los Vocales, y habiendo preguntado a la Oficial de Diligencias sobre la eliminación de los mensajes, la misma simplemente le refirió que se encontraba con mucha carga laboral, confirmándole que habría informado ese aspecto a la Secretaria de Cámara, quien por lo demás negó brindarle información alguna al respecto. Por otra parte, el Vocal a cargo de dicha audiencia, debió velar porque no se vulneren sus derechos y garantías constitucionales, considerando su condición de adulta mayor privada de libertad, pues avaló el mal proceder de su personal de apoyo, incumpliendo con lo previsto en los arts. 123 y 135 del Código de Procedimiento Penal (CPP), al no facilitarles una copia de la Resolución emitida.
La accionante, a través de su representante sin mandato, invocó como lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa y a una justica pronta y oportuna citando al efecto los arts. 23, 115, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos(CADH).
La accionante solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia: a) Se “anule” la Resolución de 16 de agosto de 2023, y se deje sin efecto la audiencia de consideración de apelación incidental de medidas cautelares de la misma fecha, debiendo convocarse a una nueva, a la brevedad posible, cumpliendo debidamente con las notificaciones y dándosele acceso a la plataforma virtual, o la audiencia sea llevada a cabo de manera presencial, garantizando la asistencia de un traductor del idioma aymara, tomando en cuenta su origen, pues no habla ni entiende el castellano; b) Se remita antecedentes ante el Consejo de la Magistratura para el inicio del proceso disciplinario que corresponda, así como, al Ministerio Público para que el mismo inicie de oficio las acciones legales pertinentes “por la clara vulneración de derechos al eliminar notificaciones y dejar en indefensión a una adulta mayor privada de libertad”.
Celebrada la audiencia virtual el 26 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 42 a 45 vta., presente la parte accionante y, ausentes las autoridades y funcionarios demandados, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante, a través de su representante sin mandato, en audiencia ratificó los argumentos de su acción tutelar y ampliándola, manifestó que: 1) Ante su constante indagación, la Oficial de Diligencias codemandada le señaló que la audiencia sí se había llevado a cabo y que debían aguardar la Resolución, habiéndole manifestado de su parte que no podía esperar, considerando el plazo normado de veinticuatro horas para transcribir las resoluciones emitidas en audiencia; 2) Hizo énfasis en la condición de vulnerabilidad de una persona adulta mayor de ochenta y un años de edad, de origen aymara y privada de libertad; 3) Presentó a la Sala (Penal) certificados médicos, psicológicos y de trabajo social, que establecen y comprueban que se encuentra delicada de salud y en un alto grado de vulnerabilidad, con pérdida de la visión y deprimida por su situación actual; y, 4) Si la Oficial de Diligencias informó a la Secretaria de Cámara sobre la eliminación de los mensajes enviados, ésta última validó dicha actuación e instaló la mencionada audiencia, misma que de haber sido suspendida, debió reprogramarse, notificándole y convocando a un abogado defensor de oficio. En réplica al informe de las codemandadas, la abogada y representante sin mandato, señaló que: i) Si no hubiera hecho el seguimiento correspondiente o querido participar en audiencia, no habría solicitado el link de la misma, ni presentado memorial adjuntando documentación pertinente en el poco tiempo que tomó conocimiento de la causa, negándole el acceso a una justicia pronta y oportuna, y sus derechos a impugnar y a la defensa; ii) Hay dos resoluciones que ahora hacen aparecen cuyo contenido desconoce ya que siempre le dijeron que (su legajo) estaba en despacho; y, iii) Solicitan se anulen las resoluciones, o si éstas han sido beneficiosas, se aplique lo más favorable para la ahora accionante “toda vez que al haberse instalado una audiencia de apelación incidental y al no encontrarse la defensa técnica de la apelante lo que hace la Sala Penal (…) es confirmar dicha resolución apelada por esa razón (…) se ha solicitado la nulidad de la resolución de fecha 16 de agosto (…) que ha sido instalada con las mayores ilegalidades y regularidades” (sic). Indagada por el Juez de garantías, manifestó que: a) Asumió el patrocinio de la causa el 18 de julio de 2023; b) La Sala Penal (Tercera) devolvió el legajo de apelación, observando que el texto de la imputación formal era ilegible; y, c) El número desde el cual se envió y luego eliminaron mensajes es el 631153**.
Henry David Sánchez Camacho y Margot Pérez Montaño, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no se presentaron a la audiencia convocada ni remitieron informe escrito alguno. Sin embargo, la Secretaria de Cámara de dicha Sala, mediante Informe AL 62/2023 de 25 de agosto, cursante a fs. 40 y vta. manifestó que habiendo recibido el memorial de demanda y el respectivo señalamiento de audiencia virtual de acción de libertad, le fue imposible comunicarse con el Vocal Henry David Sánchez Camacho, motivo por el cual, el mismo no tomó conocimiento de la presente acción tutelar; por lo que, solicitó la suspensión de dicho acto, pues de llevarse a cabo el mismo en su ausencia, se estaría vulnerando su derecho a la defensa de acuerdo a la línea jurisprudencial establecida mediante la SCP 0502/2019-S1 de 9 de julio, confirmada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0527/2020-S3 y 0621/2021-S3. Augusta Castillo Ortiz, Secretaria de Cámara y Jhovana Quispe Mamani, Oficial de Diligencias, ambas de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe XACO/SP3/14/2023 de 25 de agosto, cursante de fs. 38 vta. a 39 y a fs. 41 y vta., indicaron: 1) El Juzgado de Instrucción Penal Tercero de El Alto del departamento de la Paz, remitió el legajo de apelación incidental de medida cautelar ante la Sala Penal Tercera dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Rosa Mamani Quispe y otros por la presunta comisión del delito de trata de personas; 2) Dentro del referido proceso penal, se dictaron los Autos de Vista 708/2023 y 709/2023, ambos de 16 de agosto; 3) La accionante dedujo extremos que no guardan relación con las actuaciones y las emisiones de las Resoluciones correspondientes, y solo hizo una escueta relación de hechos, sin indicar en qué momento o con qué acciones y/u omisiones se procedió con la supuesta vulneración, tampoco justificó ni explicó su pretensión, no correspondiendo su consideración por no estar debidamente fundada, peor aún, al no identificar la Resolución que pretende se deje sin efecto; 4) Hacen conocer que las únicas funcionarias de apoyo jurisdiccional de la Sala Penal Tercera del Tribunal referido, a la fecha son su persona y la auxiliar dactilógrafa; ya que, a la Oficial de Diligencias se le otorgó licencia; y, 5) No es cierto ni evidente lo manifestado por la ahora impetrante de tutela, “no hicieron seguimiento del caso, peor aún, con la suscrita. Caso contrario de manera personal habría atendido a sus peticiones”. Solicita se deniegue la “acción de libertad”.
El Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 440/2023 de 26 de agosto, cursante de fs. 47 a 50 vta., concedió en parte la tutela solicitada, en relación a Augusta Castillo Ortiz, Secretaria de Cámara y Jhovana Quispe Mamani, Oficial de Diligencias, ambas de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, disponiendo remitir antecedentes al Consejo de la Magistratura para la investigación de ambas funcionarias subalternas, por los actos y omisiones que hubieran realizado y el inicio de las acciones que correspondan, conforme a dicha investigación; y, denegando la tutela constitucional, en relación a los Vocales de la referida Sala Penal Tercera; sin embargo, dispuso la “nulidad” del Auto de Vista 708/”2021” –lo correcto es 2023– de 16 de agosto “que hubiera resuelto la apelación contra la Resolución 304/2023 de 29 de junio de 2023, interpuesto por la accionante ROSA MAMANI QUISPE; en consecuencia, el señor Vocal Presidente de la Sala Penal Tercera deberá convocar a una nueva audiencia de apelación cautelar dentro de plazo de 72 horas de su legal notificación y resolver dicha apelación mediante resolución (…) y debiéndose tomar en cuenta que, la accionante sería una Persona Adulta Mayor de 81 años de edad y de origen y habla aymara” (sic). Ello, con los siguientes fundamentos: i) En síntesis a través de esta audiencia, se ha planteado la mora procesal en que habrían incurrido las autoridades demandadas de la Sala Penal Tercera, ante la apelación que hubiera planteado la parte solicitante de tutela, en audiencia de 29 de junio de 2023, donde el legajo de apelación fue devuelto al Juzgado de origen, debido a que la imputación formal no sería legible, siendo nuevamente remitida a la indicada Sala de alzada, el 25 de julio del mismo año; ii) Luego de aquello, la abogada de la accionante refirió que habría presentado dos memoriales, el 31 de julio y 2 de agosto de 2023, el primero de apersonamiento, y el segundo, ofreciendo pruebas documentales que acreditarían la situación de vulnerabilidad de su cliente, solicitando se señale día y hora de audiencia para resolver la apelación cautelar planteada, misma que presuntamente no habría sido resuelta, sino hasta el 15 de agosto de 2023, que es la fecha en que habría recibido una notificación de señalamiento de audiencia (virtual) vía Whatsapp de un número de celular que pertenecería a la Oficial de Diligencias; iii) Precisamente para la notificación con la presente audiencia tutelar, se notificó a la referida Oficial de Diligencias al número 631153**, evidenciándose de las capturas de pantalla presentadas por la abogada de la peticionaria de tutela, que dicha funcionaria habría eliminado tres mensajes de una presunta notificación para la audiencia de 16 de agosto de 2023; en consecuencia, se colige que se habría hecho incurrir en una incertidumbre a la ahora accionante sobre el señalamiento de día y hora de audiencia de apelación cautelar; sobre estos antecedentes, esta autoridad considera que es viable la acción de libertad planteada contra esta funcionaria subalterna; iv) Ante la falta de pronunciamiento de la Secretaria codemandada sobre aspectos tales como el acta y Resolución 708/”2021” de 16 de agosto de 2023, que no le fueron proporcionadas a la abogada de la impetrante de tutela, y puesto que dicha funcionaria no remitió las notificaciones respectivas, esta autoridad consideró que también es viable la acción de libertad planteada contra ambas funcionarias; v) Se concluyó que “ambas autoridades accionadas” habrían hecho incurrir en error procesal al Vocal a cargo de la Sala Penal Tercera, para que la audiencia de consideración de apelación cautelar, donde se emitió la mencionada Resolución, se haya llevado a cabo sin que se hubiera conectado o aceptado la conexión de la abogada de la solicitante de tutela; por lo que, consideró que esta acción de defensa no es viable contra los Vocales codemandados; vi) Ante la consulta específica de quién firmó la observación de que la imputación formal estaría ilegible, se colige que la misma hubiera sido efectuada por la Secretaria codemandada, lo que entiende que tampoco fue de conocimiento del Vocal a cargo; por lo que, esta acción tutelar no es viable contra éste último, pero sí contra “las otras autoridades accionadas” por haber dilatado el trámite y resolución de la apelación cautelar interpuesta; y, vii) Sobre la Resolución 708/”2021” de 16 de agosto de 2023, que habría resuelto la apelación interpuesta por la ahora accionante, el Vocal codemandado analizó la apelación regulada por el art. 251 del CPP, en concordancia con el Reglamento 12/2019, señalando que dicho Reglamento no reconoce el término “ponemos el recurso”; al respecto, se colige que se trataría de un error de transcripción del Juzgado de origen, pues la frase correcta sería “interponemos el recurso”; por lo que, la Sala Penal Tercera debe considerar el recurso de apelación interpuesto por la ahora impetrante de tutela, bajo el principio pro actione, siendo que, en la presente audiencia se ha demostrado que la accionante es una persona adulta mayor de ochenta y un años de edad, con diagnóstico de dorsalgia, lumbalgia, conjuntivitis y disminución de la agudeza visual, debiendo considerarse todos estos extremos en aplicación de una administración de justicia con enfoque de género e interseccional, tomando en cuenta que la accionante también es de origen y habla aymara.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Rosa Mamani Quispe –ahora accionante–,por la presunta comisión del delito de trata de personas, la abogada y representante sin mandato de la ahora peticionaria de tutela, Doris Huanca Quispe, presentó memorial el 31 de julio de 2023, ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, presentando el apersonamiento de la procesada ante dicha instancia jurisdiccional, y luego de la breve exposición de los antecedentes de su apelación incidental de medidas cautelares remitida el 27 de julio de 2023, solicitó señalamiento de audiencia de apelación, presentando también como su abogada defensora del SERNAP a la mencionada causídica (fs. 1). II.2. Mediante memorial presentado el 2 de agosto de 2023, la solicitante de tutela presentó ante la ya referida Sala Penal Tercera, el Informe Psicológico y Social del Centro de Orientación Femenina de Obrajes, Certificado de Permanencia y Conducta, emitido por el mismo Centro e Informe Psicológico y Social del SEPDEP (fs. 2). II.3. Cursa copia simple de la cédula de identidad correspondiente a Rosa Mamani Quispe, nacida el 4 de octubre de 1942 (fs. 22). II.4. A través de la Resolución 708/“2021” de 16 de agosto de 2023, Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en consideración únicamente de la Resolución 304/2023 de 29 de junio y demás antecedentes del proceso, resolvió declarar inadmisible la apelación incidental interpuesta por Rosa Mamani Quispe “por no haberse interpuesto en el acto oralmente conforme señalan las normas legales (…) en consecuencia se confirma la Resolución 304/2023 de 29 de junio de 2023, dictado por el Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la ciudad de El Alto” (sic) (fs. 33 vta. a 34 vta.). II.5. Mediante Resolución 709/2023 de 16 de agosto, Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en consideración de del recurso de apelación incidental interpuesto por los imputados Justo Mamani Mullo y José Antonio Quiñones Tancara, contra la Resolución 304/2023 de 29 de junio, el sorteo por sistema informático, el señalamiento de audiencia para el día y la hora, las notificaciones a las partes procesales, la inasistencia injustificada de los imputados y su abogado defensor apelante, resolvió admitir el recurso de apelación interpuesto por los prenombrados, al haber sido presentado el mismo dentro del plazo fijado por el art. 251 del CPP; sin embargo, al no haberse fundamentado agravio alguno, confirma la Resolución venida en apelación (fs. 35 a 37).
La accionante, a través de su representante sin mandato, invocó como lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa y a una justica pronta y oportuna, por cuanto dentro del proceso penal seguido en su contra, siendo injustamente aprehendida y detenida preventivamente, en audiencia de 29 de junio de 2023: a) Interpuso apelación incidental que fue remitida ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, instancia ante la cual, su abogada presentó memoriales de apersonamiento y solicitud de señalamiento de audiencia de apelación incidental, haciendo conocer su situación de extrema vulnerabilidad, al ser una persona adulta mayor de ochenta y un años de edad, recibiendo como respuesta constante por parte de la Secretaria de Cámara y Oficial de Diligencias codemandadas, que debía aguardar la celebración de audiencia, debido a las recargadas labores de la Sala; y, b) Dicha audiencia finalmente habría sido llevada a cabo en su ausencia, el 16 de agosto de 2023, pese a su constante seguimiento y consulta, donde se pronunció una Resolución, cuyo contenido desconoce, por lo cual, pide se anule tanto la decisión pronunciada como la audiencia misma, debiendo convocarse una nueva, en la que se garantice su participación asistida de un traductor del idioma aymara. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La acción de libertad se encuentra consagrada en el art. 125 de la Constitución Política del Estado, que señala: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”.
En ese sentido, la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, dejó sentado que los: “…presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida”.
Teniendo presente que los supuestos fácticos descritos, planteados en la presente acción tutelar, se refieren a un posible procesamiento indebido, corresponde a continuación abordar ese tema en particular.
La jurisprudencia constitucional ha dejado establecido que la acción de libertad referida a procesamiento indebido, procede cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente el derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante. Así, la “…protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones” (SCP 0037/2012). Sin embargo, cuando el análisis del caso no permita ingresar a estos supuestos la vía idónea para la impugnación de lesiones al derecho al debido proceso es el amparo constitucional.
“Con relación a este tema, la doctrina desarrollada por este Tribunal Constitucional, estableció que la protección otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede utilizarse para salvar la negligencia de la parte demandante. En similar sentido se pronunció este Tribunal en las SSCC 0200/2002-R, 0414/2002-R, 1865/2004-R, 0619/2005-R y 0057/2010-R, entre otras.
En esa línea, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, asumiendo los entendimientos contenidos en la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, precisó lo siguiente: '…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad.
Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no es reparada se abre la tutela constitucional (…) para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad…'” (SCP 0037/2012).
Jurisprudencia reiterada
La SC 0224/2004-R de 16 de febrero, señaló: “La jurisprudencia constitucional en sus diferentes fallos, ha establecido que el derecho a la libertad física, supone un derecho fundamental de carácter primario para el desarrollo de la persona, entendimiento que se sustenta en la norma prevista por el art. 6.II CPE, pues en ella el Constituyente boliviano ha dejado expresamente establecido que la libertad es inviolable y, respetarla y protegerla es un deber primordial del Estado. Atendiendo esta misma concepción de protección es que creó un recurso exclusivo, extraordinario y sumarísimo a fin de que el citado derecho goce de especial protección en casos de que se pretenda lesionarlo o esté siendo lesionado.
Bajo esa premisa fundamental, debe entenderse que toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud”.
De la relación de los antecedentes que motivaron la interposición de esta acción tutelar, se tiene que, la ahora accionante de ochenta y un años de edad, fue detenida preventivamente en mérito a la Resolución 304/2023 de 29 de junio, emitida en audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares de la misma fecha, y habiendo apelado esta decisión de manera oral en la misma audiencia, el legajo respectivo, previo sorteo, fue remitido ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia, donde se emitió la Resolución 708/“2021” de 16 de agosto de 2023, que declaró inadmisible el recurso planteado “por no haberse interpuesto en el acto oralmente conforme señalan las normas legales” (Conclusión II.4). Al respecto, se hace notar que el fundamento principal de inadmisibilidad del recurso, reside en el hecho de que, en el acta de audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares ante el Juez de instancia, la defensa técnica de la ahora accionante habría señalado “ponemos” en lugar de “interponemos” el recurso. Sin embargo, la denuncia traída a la presente acción por parte de la representante sin mandato de la peticionaria de tutela se encuentra referida a la dilación en la consideración de su apelación de medidas cautelares por parte de la Sala Penal Tercera citada, pero específicamente en la presunta indebida exclusión de su participación en la audiencia correspondiente; considerando la fecha de remisión del legajo de apelación, cuya data sería del 27 de julio de 2023, y los apersonamientos ante el referido Tribunal de apelación efectuados a través de los memoriales de 31 de julio y 2 de agosto de 2023 (Conclusión II.1 y 2), donde en lo sustancial se impetra la celebración del actuado procesal extrañado, y que habiendo recibido una notificación telemática, vía mensajería instantánea, que fue inmediatamente borrada, no se le brindó información adecuada sobre la celebración o no de la mencionada audiencia, ocasionándole incertidumbre respecto de la consideración de su situación jurídica por parte de dicho Tribunal de alzada. A ello, aún debe añadirse que, fue en la tramitación de la presente acción tutelar, que la ahora accionante y su defensa técnica recién tomaron conocimiento del contenido de la mencionada Resolución 708/“2021” de 16 de agosto de 2023, que declaró inadmisible su recurso sin analizar en el fondo el mismo. Al respecto, cabe considerar por un lado que en el caso, más que la incertidumbre generada por la celebración o no de la audiencia de consideración de apelación incidental, sin la participación de la ahora accionante, resalta el hecho que desde el 29 de junio de 2023, fecha en que fue dispuesta la detención preventiva de Rosa Mamani Quispe y la remisión del legajo de apelación, que según antecedentes fue eficazmente radicada ante la Sala Penal Tercera, el 27 de julio de 2023, esto es, a casi un mes de interpuesto el recurso de apelación incidental, la Sala Penal Tercera, habría dilatado la consideración de dicho recurso, dictado la Resolución 708/“2021” de inadmisibilidad, sin un pronunciamiento de fondo de la pretensión, recién el 16 de agosto de 2023, sin justificación alguna. Tales extremos suponen una vulneración evidente del derecho a una justicia pronta y oportuna, que se vincula directamente con el derecho a la libertad personal de la solicitante de tutela; ya que, en definitiva fueron casi dos meses en que su apelación fue demorada sin contar con un pronunciamiento por parte del Tribunal de alzada, el que no obstante haber radicado la misma, el 27 de julio de 2023, conocía de la existencia previa de una demora, a raíz de una supuesta observación al legajo de apelación remitido en un primer momento por parte del Juzgado de primera instancia, antecedente que no fue considerado a momento de ponderar la apremiante consideración de la apelación presentada, pues tampoco tomó en cuenta, el estado de vulnerabilidad de la peticionaria de tutela, dada su condición de adulta mayor de ochenta y un años de edad, extremo que también fue oportunamente puesto en su conocimiento. De esta manera, este Tribunal considera que en el caso concreto, hubo una demora injustificada que se constituyó en dilación indebida, y que por tanto, merece la tutela constitucional, por cuanto hasta la interposición de esta acción de defensa, recién se pudo conocer de la existencia de la Resolución 708/”2021” de 16 de agosto de 2023, pronunciada por Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera y codemandado en la presente acción tutelar, respecto de la cual, no se acreditó que fuera notificada a las partes antes ni durante la tramitación de esta acción de defensa; por lo que, su emisión no supera la omisión indebida de falta de consideración de la apelación de medidas cautelares, denunciada en la presente acción de defensa; por lo cual, no puede ser considerada como una superación del hecho reclamado, comprobándose, por el contrario, la dilación indebida en que incurrió dicha instancia de alzada.
No obstante lo anterior, y considerando la situación de vulnerabilidad de la ahora accionante, dada su condición de adulta mayor con ochenta y un años de edad (Conclusión II.3), corresponde analizar la segunda parte de la problemática planteada, misma que, como se estableció al inicio del presente acápite, radica en la emisión de la Resolución pronunciada por el Vocal codemandado, de la cual llegó a conocer extraoficialmente de su existencia, pero no así de su contenido, mismo que solo fue exhibido en la tramitación de esta acción tutelar, respecto del cual, la accionante pidió su “anulabilidad” por no haberse garantizado su presencia en la audiencia respectiva. Así, de la revisión de la Resolución 708/“2021” de 16 de agosto de 2023, se advierte igualmente las siguientes omisiones: por un lado, no se tiene claridad acerca de si la misma fue pronunciada en la audiencia de consideración de apelación de medidas cautelares de la misma fecha, y en la que también se pronunció la Resolución 709/2023 –de acuerdo a los antecedentes allí descritos– que sí admitió el recurso de apelación de los coimputados Justo Mamani Mullo y José Antonio Quiñones Tancara. En todo caso, una Resolución de admisibilidad tendría que haberse pronunciado en una fecha inmediata a la radicatoria del recurso por parte del Tribunal de alzada, lo que tampoco aconteció en el presente caso. Por otro lado, y no menos importante, resulta que el fundamento de la Resolución 708/“2021” de 16 de agosto de 2023, en la que se sostiene la declaración de inadmisibilidad del recurso, radica en que, en la interposición del señalado recurso no se haya empleado la palabra correcta, habiendo supuestamente la defensa técnica de la ahora accionante, enunciado que “ponemos”, y no así, “interponemos” el recurso. Tal extremo resulta aún más cuestionable, debido a que, resulta fácil inferir que la enunciación advertida por el Vocal Sánchez, se debería no a un error del abogado que asistió a la impetrante de tutela en dicha audiencia, sino más bien, a una falla de transcripción en el labrado del acta respectiva; pero que, en ningún caso, podría constituir fundamento válido para omitir la consideración en el fondo de un recurso del cual depende la situación jurídica de una persona privada de libertad, máxime, si esa persona se encuentra en un evidente estado de vulnerabilidad, extremo respecto del cual, como ya se tiene dicho, la mencionada autoridad tomó oportuno conocimiento. Siendo así, se advierte que en el caso, se vulneraron los derechos de la accionante al debido proceso vinculado con los derechos a la libertad y a una justicia pronta y oportuna, el Vocal Henry David Sánchez Camacho de la Sala Penal Tercera, quien pese a su citación con la presente acción de defensa, no se hizo presente a la audiencia convocada ni remitió informe escrito alguno, operándose en consecuencia, la inversión de la carga de la prueba a favor de la parte solicitante de tutela, esto último en aplicación de los entendimientos jurisprudenciales vinculantes, establecidos en las SSCC 1313/2003-R, 1164/2003-R, 0650/2004-R, 0710/2007-R, 0141/2006-R, 0020/2010-R, 0181/2010-R y 0758/2010-R, entre otras; y, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1512/2012, 2084/2012, 1344/2013, 1879/2013 y 0466/2015-S3, entre otras. En este punto, corresponde señalar que respecto de la Vocal Margot Pérez Montaño, quien fue codemandada en la presente acción tutelar, y que pese a su citación con la misma, no concurrió ni se apersonó a la tramitación de ésta; dados los antecedentes del caso por los cuales, sobre todo a raíz de la emisión de la Resolución 708/“2021” de 16 de agosto de 2023, se estableció que el Vocal a cargo de la apelación de la accionante fue el codemandado Henry David Sánchez Camacho, y no así la mencionada Vocal; por lo que, corresponde denegar la tutela con relación a la prenombrada, al no evidenciarse su participación en la tramitación y resolución de la apelación aquí analizada.
Finalmente, con relación a la Secretaria de Cámara y Oficial de Diligencias codemandadas, resulta necesario tener presente que, este Tribunal Constitucional, respecto a legitimación pasiva y responsabilidad de las/los servidores de apoyo jurisdiccional estableció lo siguiente: “‘Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció «…que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 116.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización Judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial (…)». Ampliando este entendimiento, es necesario establecer que la responsabilidad o no del personal subalterno por contravenir lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional será evaluada de conformidad a la actuación de esta, una vez prevenido de la omisión o comisión de la vulneración alegada, con el objetivo de reconducir el procedimiento y restituir los derechos o garantías vulnerados, puesto que si la autoridad jurisdiccional convalida la actuación, vulneradora o no del personal subalterno, automáticamente se deslinda de responsabilidad, con la consecuencia de asumirla por completo'. Es decir que la responsabilidad del personal subalterno de los juzgados y salas de las Cortes Superiores de Distrito, no reúnen esa calidad o coincidencia para ser demandados, dado que son funcionarios que se encuentran sometidos a órdenes o instrucciones impartidas por la autoridad judicial; empero, establece la jurisprudencia que pueden ser demandados en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales. Así también dicho entendimiento fue ampliado en sentido que si la autoridad judicial, conocedora el acto vulneratorio de derechos o garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno” (las negrillas fueron añadidas) (corresponde a la SCP 0015/2020-S4 de 5 de marzo, citando a su vez a la SC 1093/2010-R de 27 de agosto). En atención a este razonamiento jurisprudencial, y considerando los antecedentes del caso, relativos a la actuación de dichas funcionarias subalternas a quienes no se reprocha una actuación jurisdiccional propiamente dicha, sino el irregular diligenciamiento respecto de la tramitación de la apelación incidental presentada por la ahora impetrante de tutela; y considerando que el Juez de garantías, en inmediación con los elementos probatorios presentados, estableció que en el caso la mencionadas funcionarias incurrieron con su actuación y omisión en la vulneración de los derechos de la ahora accionante, correspondiendo conceder la tutela constitucional respecto de las mismas. Lo anterior debe ser valorado de manera conjunta con el silencio de los Vocales codemandados, el que se asume como una convalidación del actuar negligente de dicho personal subalterno, determinado por el Juez de garantías, siendo por ello, también responsables de la vulneración aquí denunciada, como ya se estableció supra, pues debe recordarse que el derecho a la libertad personal proclamado en diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos, entre ellos, la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 2), establece como un deber de los Estados parte, siendo el Estado boliviano uno de ellos, la adopción de medidas legislativas o de otro carácter, a fin de efectivizar los derechos y libertades reconocidos en dicho Convenio. En ese sentido, las autoridades judiciales están obligadas a adoptar las medidas necesarias a fin de organizar su despacho, de modo que la oportuna resolución y notificación de sus actuaciones, que comprometen el ejercicio de este derecho, no se arriesgue con una actitud negligente de parte de los funcionarios que se encuentran bajo su dependencia. Por consiguiente, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, actuó de forma parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 440/2023 de 26 de agosto, cursante de fs. 47 a 50 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, y en consecuencia, CONCEDER en todo, la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías, a los fines de evitar una disfunción procesal.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0963_2023-S4.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1191ba8f6cd2560b6b78de765e86979078a0ed550556ab3e85b0ddb0fd06d9b4
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