B.IA.LEGAL

SCP 0963/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 29 de agosto de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
29 de agosto de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
49533-2022-100-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante alega vulnerados sus derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral, a la petición y al debido proceso, además de lesionados sus derechos y los de su familia a la salud y seguridad social; debido a que, dentro del proceso disciplinario policial seguido en su contra, no se valoró que en la denuncia penal instaurada por los mismos hechos, se dictó una resolución judicial a su favor por haber llegado a un acuerdo transaccional con la víctima, a quien le devolvió sus pertenencias que retuvo luego de intervenir un accidente de tránsito; tampoco -las autoridades policiales accionadas- tomaron en cuenta su condición de funcionario policial reciente y de padre progenitor, a fin de aminorar y diferir la pena -que le fue impuesta- de baja definitiva de la Policía Boliviana, que se ratificó en última instancia por el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana -cuyos miembros ahora son coaccionados-, a través de la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 033/2019; decisión emitida sin una debida motivación y fundamentación, e inobservando los principios de proporcionalidad y legalidad; además, de ser desproporcional la pena dictada en su contra, respecto al hecho que se le endilgó y al bien jurídico protegido, habiéndose incluso extraviado el expediente disciplinario, lo que igualmente impidió que pudiera acceder a los antecedentes procesales a fin de asumir acciones tendientes a revertir dicho fallo. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la …

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en todo la Resolución 119/2022 de 17 de mayo, cursante de fs. 389 a 393 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. 2º Llamar la atención a Rubén Ramírez Conde y Carmiña Ninoska Vera Márquez, Vocales de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por la razón expuesta en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de inmediatez, presupuesto constitucional de inexcusable cumplimiento que reviste a la acción de amparo constitucional. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. Análisis del caso concreto
  3. III.3. Otras consideraciones

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0963/2023-S3 Sucre, 29 de agosto de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 49533-2022-100-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 119/2022 de 17 de mayo, cursante de fs. 389 a 393 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Álvaro Rodrigo Quispe Misme contra Máximo Jhonny Aguilera Montecinos, Comandante General a.i., Alex Alfaro Luján, Director Nacional de Personal; y, Álvaro Marcelo Flores López, Presidente; Lucio Enrique René Jiménez Vargas y Fredy Rolando Calsina Guachalla, Vocales Permanentes; y, Miguel Ángel Pablo Hidalgo Chávez y Román Paco Rafael, Vocales Suplentes del Tribunal Disciplinario Superior, todos de la Policía Boliviana.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 13 y 21 de abril, ambos de 2022, cursantes de fs. 307 a 320; y, 323 a 325, el accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 25 de julio de 2018, cuando cumplía funciones de “Chofer de servicios” en la Unidad Policial de Radio Patrullas de Cobija del departamento de Pando, acatando las órdenes de su superior inmediato -el Subteniente Víctor Manuel Vela Choquevillca- a las 14:30 horas -aproximadamente- acudió a cercanías del “kilómetro 4” por haberse suscitado un hecho de tránsito. En el lugar, luego de hacer circular a personas y vehículos a fin de evitar aglomeración, además de brindar seguridad y resguardo, se mantuvo a la espera de que su superior realizara el auxilio respectivo al herido para que sea remitido al centro médico más cercano; momento en el cual, una persona de sexo femenino le hizo entrega de una billetera, un carnet de identidad y un celular pertenecientes a la víctima, los cuales según informes realizados por el “…investigador del caso, del Sbtte. Que estuvo como superior a cargo…” (sic), habrían sido retenidos injustificadamente; motivo por el cual, le iniciaron un proceso disciplinario y otro penal. Señala que, la referida causa penal seguida en su contra, concluyó con una resolución judicial a su favor, en cumplimiento de los principios de proporcionalidad y favorabilidad, tomándose en cuenta por la autoridad judicial, que no contaba siquiera con un año de servicio policial; además, que la parte denunciante desistió de su pretensión por no tener intención de causar daño a nadie, debido a que devolvió los objetos retenidos, existiendo respecto a ello un acuerdo privado transaccional suscrito con la víctima. Sin embargo, obviando la valoración del referido acuerdo privado, así como su condición de servidor policial con menos de un año de servicio y de padre de familia, el Fiscal Policial mediante Resolución de Acusación Fiscal de 23 de agosto de 2018, le endilgó la comisión de las faltas graves contenidas en los arts. 12.25, 14.7 y 8 de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana (LRDPB) -Ley 101 de 4 de abril de 2011-; a cuya consecuencia, asumió defensa plena dentro del caso signado como “PD-053/2018”, brindando su declaración detallada respecto a lo sucedido e indicando principalmente que tras el referido accidente, el hijo de la víctima -de nombre “JHONSITO”- se contactó al celular que en ese momento estaba en su poder, por lo que se identificó ante éste en su nombre, grado y funciones policiales, siendo dicha persona -el hijo del accidentado- quien le pidió que retuviera el teléfono móvil y le mantenga informado sobre la situación de su padre. No obstante de ello, el Tribunal Disciplinario Departamental Policial de Pando, emitió la Resolución Administrativa (RA) 021/2018 de 19 de septiembre, imponiéndole la sanción más drástica de baja definitiva sin derecho a reincorporación. Ante dicha Resolución -que califica de injusta-, dentro del plazo y de conformidad a los arts. 96 y 97 de la LRDPB, presentó su recurso de apelación cuestionando la mala aplicación de esa Ley, reiterando los argumentos que fueron parte de su defensa en primera instancia, principalmente que se encontraba en su primer año de servicios policiales, así como el hecho que fue el propio hijo de la víctima quien le pidió retener el teléfono móvil y que había un acuerdo suscrito de desistimiento de la denuncia penal en su contra. Recurso que fue resuelto el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana -cuyos miembros actuales son ahora coaccionados-, mediante la “Resolución Administrativa” -Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana- “0332019” -lo correcto es 033/2019- de 30 de mayo, confirmando su sanción de baja definitiva de la Institución del Orden, sin derecho a reincorporación; instancia que tampoco efectuó una adecuada valoración de los antecedentes tramitados en sede ordinaria penal ni de su situación particular con menos de un año de servicio en la Policía Boliviana;

constituyéndose por ello, en lesiva de sus derechos fundamentales, pues “niega” su impugnación y acarrea como consecuencia injustificada el dejarle sin trabajo, incumpliendo el mandato del art. 33 de la LRDPB, al no contar con una debida fundamentación y motivación bajo los principios de razonabilidad y de favorabilidad, respecto a todos los agravios que planteó en su momento, resumiéndolos en solo dos aspectos referidos a la falta de tipicidad y a la inobservancia del principio non bis in ídem, omitiendo el resto de sus reclamaciones, y con ello, incurriendo en incongruencia omisiva; además de contar con apreciaciones subjetivas, evadir pronunciamiento sobre la valoración prueba de cargo y de descargo, así como incumplir con los principios de legalidad, de justicia, del debido proceso y de jerarquía normativa. Asimismo, no se aplicó correctamente el derecho administrativo positivo conforme al art. 1 de la LRDPB; puesto que, el Tribunal de alzada ahora accionado, no consideró que debía atenuársele la sanción a la falta disciplinaria incurrida, imponiéndole en su lugar la suspensión de funciones de tres meses a un año, mas no la baja definitiva de la Institución; siendo por ello desproporcional la pena dictada en su contra, respecto al hecho que se le endilgó y al bien jurídico protegido; más aún, cuando cumplió con dos sanciones más, de ocho días de arresto y pasó de chofer a ayudante de cocina -se entiende, como consecuencia de su procesamiento en sede administrativa policial-. Sumándose a todo ello, durante la tramitación del proceso disciplinario en su contra, informó por escritos de 1 de julio y 10 de octubre, ambos de 2019, ante el Director Nacional del Personal y el Comandante General de la Policía Boliviana -hoy accionados-, que su esposa se encontraba cumpliendo cuatro meses de embarazo; circunstancia que no mereció consideración alguna, conculcando así también los derechos de la madre en estado de gravidez y de su hijo en gestación, lesionando igualmente su derecho de petición, ya que desconoce por qué no fue acogida su solicitud de inamovilidad laboral por la circunstancia antes descrita. Finaliza enfatizando que, en “las dos fases” del proceso fue dejado en completa indefensión, ya que no le fueron comunicadas las determinaciones de carácter definitivo de acuerdo a lo que ordena el art. 54 de la LRDPB, pues en el “trance” de su recurso de apelación en oficinas del “TDS” -se entiende Tribunal Disciplinario Superior-, no se le permitió revisar y obtener oportunamente las copias simples y/o legalizadas del proceso seguido en su contra, porque supuestamente habrían desaparecido los antecedentes, mismos que además tuvo que reponer, como constaría en el decreto de 16 de abril de 2021 -se asume, del cuaderno procesal-. Siendo recién el 9 de diciembre de ese año, -luego de ser separado de la Policía Boliviana-, que se le hizo entrega de las copias respectivas de los antecedentes procesales; lo que decantó en la vulneración de sus derechos y los de su familia, a la salud y a la seguridad social; ya que, al haber cumplido un par de meses de servicio activo en la Policía Boliviana, ni siquiera contaba con el seguro de salud debido al trámite burocrático que ello implica. Asimismo, a fin de cumplir con el principio de subsidiariedad e inmediatez, indica que no existe otra vía a la cual podría acudir para que se repare la vulneración sobre sus derechos invocados que requieren protección inmediata; más aún, cuando constantemente reclama que le sea devuelta su fuente de trabajo. Añadiendo que, el Director Nacional del Personal de la Policía Boliviana, mediante Memorándum ESC/TR/SSCCPP 3522/21 de 6 de diciembre de 2021, le hizo entrega de la sanción en su contra, conforme al Memorándum 01026/2021 de 9 de diciembre; el mismo que le fue notificado en la señalada fecha de su emisión.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral, de petición y al debido proceso, además de conculcársele sus derechos y los de su familia, a la salud y seguridad social; citando al efecto los arts. 8, 9, 13, 18, 24, 35.I, 36, 46, 48.IV, 115.II, 117.I, 119, 120 y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia: a) Se ordene la “…ANULACIÓN TOTAL DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NO. 033/2019…” de 30 de mayo, dictada por el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana; b) Se deje sin efecto legal alguno el Memorándum ESC/TR/SSCCPP “…3523/21, Y/O 3522/2021…”, por el cual se le comunica su baja definitiva de la Institución Del Orden sin derecho a reincorporación, cuya transcripción se le hizo conocer el 9 de diciembre de 2021; y, c) Se disponga su reincorporación inmediata a la Policía Boliviana; así como el pago de los daños y perjuicios causados.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 17 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 378 a 388; presentes, el accionante asistido de su abogado; y la parte accionada, a través de sus abogados y representantes legales; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó íntegramente los argumentos esgrimidos en su memorial de acción de amparo constitucional, reiterando en detalle lo allí expuesto. Ante las preguntas de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, respecto a la fecha en la que fue notificado con la Resolución “332019”, el solicitante de tutela mediante su abogado respondió que primero hubo una representación de 27 de junio de 2019, en la que se indica que “…no se habria podido notificar en Tribunal Disciplinario Departamental de Pando…” (sic). Señalando posteriormente que en antecedentes cursa la diligencia efectuada respecto a dicha Resolución, practicada en la ciudad de Cobija a horas 17:50 del 27 de “julio” del mismo año, por la cual se le notificó y emplazó. En una intervención posterior, respondiendo la pregunta de por qué se mantuvo como funcionario policial pese a la ratificación de su sanción de baja definitiva en alzada, y porqué luego de dos años de emitida ésta, recién se le cursó el memorándum respectivo; el propio accionante señaló que “…hablando con la verdad…” (sic), acudió a su padre para que intercediera ante el “abogado Arancibia” -asesor del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana- quien “…le pidió un monto de dinero para presentar esta acción inconstitucionalidad…” (sic), prometiendo -se entiende- que aquello impediría que se le dé de baja de la Institución del Orden; sin embargo, aquello no ocurrió y fue por ello que interpeló al referido profesional “…entonces él en su desesperación se agarró con mi padre y no quiero saber nada y le ha devuelto y no le he devuelto incluso el dinero así le ha dicho no que yo te voy a meter en problemas y por esas situaciones por la que no he podido meter el amparo constitucional…” (sic). Añadió que su abogado le aconsejó que ante la presentación de la acción normativa, en caso de que se formulara una demanda tutelar, se anularía y “…vas a perder todo en su totalidad…” (sic); y fue por ello, que esperó ser notificado con la resolución de la acción de inconstitucionalidad concreta, sumándose en ese tiempo, el hecho de la pérdida del expediente de la causa disciplinaria seguida en su contra, de la que inclusive fue inculpado, no obstante que no se encontraba en la ciudad de La Paz -se entiende donde habría ocurrido el extravío del cuaderno procesal-, el mismo que apareció posteriormente dentro de un sobre, y tras ello, se determinó la ejecución de la baja definitiva en su contra; lo cual, sería a consecuencia de la amenaza de denuncia que iría a poner su padre contra el “abogado Arancibia”; por lo que, sería éste quien quisiera perjudicarle. Por último, tras otro cuestionamiento de la precitada Sala Constitucional, refirió que solicitó su inamovilidad laboral el 1 de julio de 2019 y el 3 de septiembre de ese año, pidió el diferimiento del cumplimiento de su sanción de baja definitiva.

I.2.2. Informe de la parte accionada

Máximo Jhonny Aguilera Montecinos, Comandante General a.i. de la Policía Bolivia a través de su representante legal, en audiencia, reiterando lo alegado por los coaccionados del Tribunal Disciplinario Superior de la indicada Institución, añadió que: 1) El hoy impetrante de tutela solicitó la consideración de su inamovilidad laboral por gravidez de su esposa, el 3 de septiembre de “2009” -lo correcto es 2019-, soslayando que la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 033/2019 -por la cual se ratificó la sanción de baja definitiva en su contra-, es anterior y data de 30 de mayo del 2019; además, que no adjuntó el certificado de matrimonio o unión libre respectivo. En cuya virtud, tras un informe técnico jurídico, se desestimó su petición mediante el Memorándum E.U.S. 19/3076 de 7 de septiembre igual año, por inobservancia de uno de los requisitos que prevé el “decreto supremo 12/2009” -Decreto Supremo (DS) 0012 de 19 de febrero de 2009-; el mismo que le fue notificado -al accionante- el 25 de octubre de 2019; 2) Si bien el referido Memorándum fue impugnado por el interesado -hoy accionante-, solicitando el diferimiento de su sanción de baja definitiva, por Informe del Trabajador Social de la Dirección Departamental de Salud y Bienestar Social de la Policía Boliviana de Pando, signado como 310/ “2000” -lo correcto es 2020- de 22 de octubre de “2019”, se indica que en ese entonces el ahora peticionante de tutela fue beneficiado con el diferimiento, contaba con un seguro médico en la Caja Nacional de Salud (CNS), y su hijo menor -nacido el 23 de noviembre de 2019- tenía once meses de edad a esa fecha y actualmente cuenta con dos años y cinco meses; por lo que, no le fue restringido su derecho a la inamovilidad laboral, acreditándose que se otorgó respuesta por parte de la administración policial a su petición en concreto; 3) El accionante aceptó tácitamente los efectos de la Resolución de alzada que confirmó la sanción de baja definitiva de la Institución, puesto que no activó ningún recurso administrativo o judicial posterior y más al contrario, se benefició con el diferimiento de su penalidad y con ello con su inamovilidad laboral, extendiéndose dicha situación producto de la pandemia por Coronavirus (COVID-19); deduciéndose de ello su conformidad con lo resuelto por el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana; y, 4) La Institución Policial no vulneró ningún derecho del hoy accionante, quien conocía de la sanción de baja definitiva que pesaba en su contra; haciendo evidente el incumplimiento del principio de inmediatez que rige la acción de amparo constitucional. Alex Alfaro Luján, Director Nacional de Personal de la Policía Boliviana, en audiencia a través de su representante legal, se pronunció en los mismos términos que los expuestos en el informe del Comandante General y del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Bolivia, agregando que en cumplimiento a la Resolución de alzada dictada por el referido Tribunal, en su condición de Director Nacional de Personal, emitió el Memorándum 3522 “del 21” de 6 de diciembre de 2021, haciendo conocer al hoy accionante la ejecución de la Resolución “33/19”, que cobró ejecutoria mediante decreto de 15 de noviembre de igual año, todo conforme a los arts. 22 y 101 de la LRDPB. Por lo que solicitó se deniegue la tutela impetrada. Álvaro Marcelo Flores López, Presidente; Lucio Enrique René Jiménez Vargas y Fredy Rolando Calsina Guachalla, Vocales Permanentes; y, Miguel Ángel Pablo Hidalgo Chávez y Román Paco Rafael, Vocales Suplentes, todos del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, en audiencia a través de su representante legal, informaron lo siguiente: i) Reiterando los hechos narrados respecto al hecho de tránsito que fue atendido por el accionante, y por cuya intervención -en la que se detectó la sustracción del teléfono celular de la víctima- fue sometido a proceso disciplinario; aclararon que contra el hoy peticionante de tutela, iniciaron dos causas: una penal y otra administrativa, sin que por ello hubiera transgresión al principio non bis in ídem; ii) Refutaron que el impetrante de tutela haya sido sujeto de tres sanciones disciplinarias; puesto que, su arresto fue impuesto por el hurto del celular; mientras que, el hecho que haya pasado de chofer a ayudante de cocina, se constituyó en un cambio de destino, como una medida prevista en la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, entretanto se desarrollaban las labores investigativas, a fin de que no haya obstrucción alguna sobre éstas; iii) Según la versión brindada durante la investigación de los hechos, el propio policía disciplinado -hoy accionante-, indicó que solo recibió la billetera y la cédula de identidad de la víctima; sin embargo, la denuncia en sede ordinaria penal versaba sobre el hurto del celular y de la suma de $1 000 (mil dólares estadounidenses), que le pertenecían al accidentado y que el referido ex funcionario policial retuvo, siendo filmado y publicado dicho video en redes sociales, siendo inaceptable que haya obrado de esa forma, más aun, respecto a las pertenencias de una persona que estaba a punto de fallecer; iv) No es evidente que se hayan vulnerado los derechos invocados por el accionante; puesto que, el “27 de julio” -de 2018- recibió en mano propia la notificación con el proceso disciplinario iniciado en su contra, el mismo que se tramitó con base en la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, cumpliendo con el debido proceso en todas sus instancias; v) Respecto a la supuesta vulneración de sus derechos a la salud y seguridad social, no es valedero el argumento aducido por el ahora impetrante de tutela; debido a que, por su propia negligencia no se afilió a su respectivo seguro cuando debió hacerlo. Y de otro lado, es incongruente que alegue haber puesto a conocimiento de la institución policial el estado de gravidez de su esposa, el 1 de julio de 2019, luego de que hubiera sido dictada la Resolución de alzada en su contra, objeto de esta acción de amparo constitucional; vi) El hoy accionante, incluso formuló una acción de inconstitucionalidad concreta el 27 de junio de 2019, cuyo rechazo se ratificó a través del AC “2011”/2019-“SA” -lo correcto es 0211/2019-CA- de 3 de septiembre; vii) Un hecho de mucha extrañeza fue la pérdida del expediente de la causa seguida contra el hoy peticionante de tutela; y fue debido a ello, que tras su reposición, recién se pudo enviar los antecedentes ante el Comando General de la Policía Boliviana, donde también se extravió el cuaderno procesal; viii) En la demanda tutelar, no se argumenta de forma alguna con qué acto u omisión supuestamente el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, habría vulnerado los derechos invocados por el accionante; toda vez que, estuvo asistido en todo momento por su abogado patrocinante, presentó todos los recursos franqueados por la normativa e inclusive una acción de inconstitucionalidad concreta; ix) Según afirma el propio solicitante de tutela, fue notificado con la Resolución de alzada conforme al art. 54 de la LRDPB, el 27 de “junio” del 2019; por lo que, la acción de amparo constitucional se encuentra fuera del término de inmediatez, conforme a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0679/2020-S3 de 12 de octubre y 0751/2020-S3 de 23 de octubre; x) El Memorándum aludido por el accionante, no se constituye en una resolución vulneratoria, sino que es un mero acto de comunicación de lo ya dispuesto por el Tribunal Disciplinario Superior, a tiempo de resolver la apelación deducida por el prenombrado, cuya dilación en ser emitido, se debió a la pérdida del expediente y a la interposición de la acción de inconstitucionalidad concreta deducida por este; xi) De acuerdo a la SCP 1023/2021-S3 de 1 de diciembre, solo los tribunales de primera instancia pueden efectuar la valoración de la prueba; y en cuanto al principio del non bis in ídem, debe considerarse el razonamiento contenido en la SC 0372/2005-R de 14 de abril y la SCP 0509/2012 de 9 de julio, entre muchas otras; que diferencia la comisión de un delito de la incursión en una falta disciplinaria; xii) Con relación a la vulneración al derecho de trabajo, la desvinculación laboral del ahora accionante emerge de una sanción disciplinaria producto de un hecho investigado tanto en la vía ordinaria como en el ámbito disciplinario administrativo de la Policía Boliviana, generando convicción en el Tribunal Departamental Disciplinario de primera instancia, de que el procesado incurrió en la falta grave tipificada en el art. 14.7 de la LRDPB; puesto que, retuvo el celular de una víctima de accidente de tránsito y luego lo devolvió; xiii) El Estado Plurinacional de Bolivia está comprometido con tener una Policía competente y excluir a todo el personal negativo; y, xiv) Solicitó se deniegue la tutela pretendida; toda vez que, la acción de amparo constitucional no cumple el principio de inmediatez. A las preguntas de la Sala Constitucional, reiteró que la acción de amparo constitucional se encuentra fuera del plazo de inmediatez.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 119/2022 de 17 de mayo, cursante de fs. 389 a 393 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) El acto vulnerador de derechos del ahora impetrante de tutela, -según señala él mismo-, lo constituye la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 033/2019, dictada hace más de tres años atrás -el 30 de mayo de 2019-, y que fue notificada en el “mes de julio” de 2019, al interesado; siendo absolutamente razonable, que ésta surta consecuencias o efectos recién el año 2022, conforme a los antecedentes procesales posteriores a la emisión de la misma, como la solicitud formulada por el propio accionante respecto al reconocimiento de su inamovilidad laboral como padre progenitor, y -por ello-, de diferimiento de su sanción; además, del planteamiento de una acción de inconstitucionalidad concreta dentro de la misma causa; b) Si bien ninguna de las acciones asumidas por el procesado -hoy impetrante de tutela-, que fueron ejecutadas de forma posterior a la precitada Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 033/2019, es eximente, cambia, modifica, extingue, caduca o prescribe los efectos de la misma; de éstas, se advierte que el accionado conocía lo determinado en alzada por el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana -cuyos miembros son ahora accionados-; siendo prueba incontrastable de ello, que el 1 de julio de 2019, el accionante presentó un memorial ante el Tribunal Disciplinario Departamental de Cobija, pidiendo se considere su inamovilidad, reconociendo el tenor de la indicada Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 033/2019, contra la cual indicó que se encontraba activando mecanismos legales conducentes a revertirla; c) Ello hace evidente que, independientemente que exista o no una representación sobre la forma de notificación de la Resolución ahora cuestionada al procesado, se evidencia un acto expreso de reconocimiento claro por el accionante, -contenido en su memorial de 1 de julio de 2019-, en el que expresa que conocía de la misma. Advirtiéndose que a partir de entonces, transcurrieron más de dos años y ocho meses “o nueve” hasta la interposición de su acción tutelar, sin que conste otro mecanismo previo -se entiende, a partir del cual pueda realizarse el cómputo de la inmediatez-; y, d) Ante la advertencia del incumplimiento del art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo), no es posible ingresar en análisis de fondo de la problemática planteada, al haberse presentado de manera extemporánea la acción de amparo constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del caso PD-053/2018, correspondiente al proceso disciplinario seguido contra el funcionario policial Álvaro Rodrigo Quispe Misme -ahora accionante-, por la presunta transgresión de los arts. 12.25 y 14.7 y 8 de la LRDPB, el Tribunal Disciplinario Departamental de Pando de la Policía Boliviana, emitió la RA 021/2018 de 19 de septiembre, resolviendo dictar resolución absolutoria a favor del procesado, respecto a la falta disciplinaria contenida en el art. 14.8 de la señalada Ley; y, resolución sancionatoria con baja definitiva, por las faltas disciplinarias incursas en el numeral 7 del precepto antes indicado y en el art. 12.25 de la referida norma (fs. 207 a 218). II.2. Cursa la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 033/2019 de 30 de mayo, dictada por el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, dentro del proceso disciplinario seguido contra el funcionario policial ahora impetrante de tutela, por la transgresión de los arts. 12.25 y 14.7 de la LRDPB; disponiendo en su parte resolutiva, declarar improbado el recurso de apelación planteado por el prenombrado y confirmar en todo la RA 0021/2018, emitida por el Tribunal Disciplinario Departamental de Pando de la referida Institución, en mérito al art. 98.1 de la antedicha Ley (fs. 266 a 276). II.3. Por memorial presentado el 1 de julio de 2019, el hoy accionante, señalando que adjunta la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 033/2019, solicitó al Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, se considere su inamovilidad laboral en su condición de padre progenitor y se difiera la sanción de baja impuesta en el precitado fallo (fs. 281 y vta.). Solicitud que fue reiterada ante el Comandante General de la misma Institución, por memorial de 3 de septiembre de igual año (fs. 286 y vta.). II.4. Consta el Memorándum 01026/2021 de 9 de diciembre, a través del cual el Comandante Departamental de la Policía de La Paz, comunicó al hoy impetrante de tutela, la transcripción del Memorándum “ESC/TR/SSCCPP 3523/21” -emitido por el Departamento Nacional de Personal-, en el que se da a conocer el tenor del Memorándum ESC/TR/SSCCPP 3522/21 de 6 de diciembre de 2021, respecto a la sanción impuesta al prenombrado servidor policial en la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 033/2019, de baja definitiva de la Institución del Orden sin derecho a reincorporación, la misma que cobró ejecutoria mediante decreto de 15 de noviembre de igual año (fs. 304). II.5. En el Sistema de Gestión Procesal de este Tribunal Constitucional Plurinacional, se registra el AC 0211/2019-CA de 3 de septiembre, a través del cual se resolvió ratificar la Resolución 084/2019 de 25 de julio, pronunciada por el Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana; y en consecuencia, rechazar la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por el ahora accionante; por haberse interpuesto de forma extemporánea “…en atención a lo establecido en el art. 27.II inc. b) y c) del CPCo, y por inobservancia de los arts. 73.2 y 79 in fine del mismo Código, que precisan que la acción normativa señalada procede cuando una decisión a emitirse dependa de la constitucionalidad de la norma impugnada, lo que en el caso no sucedió”.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante alega vulnerados sus derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral, a la petición y al debido proceso, además de lesionados sus derechos y los de su familia a la salud y seguridad social; debido a que, dentro del proceso disciplinario policial seguido en su contra, no se valoró que en la denuncia penal instaurada por los mismos hechos, se dictó una resolución judicial a su favor por haber llegado a un acuerdo transaccional con la víctima, a quien le devolvió sus pertenencias que retuvo luego de intervenir un accidente de tránsito; tampoco -las autoridades policiales accionadas- tomaron en cuenta su condición de funcionario policial reciente y de padre progenitor, a fin de aminorar y diferir la pena -que le fue impuesta- de baja definitiva de la Policía Boliviana, que se ratificó en última instancia por el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana -cuyos miembros ahora son coaccionados-, a través de la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 033/2019; decisión emitida sin una debida motivación y fundamentación, e inobservando los principios de proporcionalidad y legalidad; además, de ser desproporcional la pena dictada en su contra, respecto al hecho que se le endilgó y al bien jurídico protegido, habiéndose incluso extraviado el expediente disciplinario, lo que igualmente impidió que pudiera acceder a los antecedentes procesales a fin de asumir acciones tendientes a revertir dicho fallo. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El principio de inmediatez, presupuesto constitucional de inexcusable cumplimiento que reviste a la acción de amparo constitucional. Jurisprudencia reiterada

Respecto a esta condicionante de procedencia de la acción de amparo constitucional, la SCP 0026/2018-S1 de 5 de marzo, sistematizando los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional, en base a la normativa constitucional y procesal sostuvo que: «…la SCP 1098/2016-S3 de 10 de octubre, sostuvo que: “El art. 129.II de la CPE, en relación a la inmediatez establece que: ‘La acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial’; asimismo, el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), refiere expresamente que: ‘La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho’. La jurisprudencia constitucional en su SC 1039/2010-R de 23 de agosto, entre otras, estableció en cuanto al principio de inmediatez el siguiente entendimiento: ‘La inmediatez, es una condición esencial para que el control de constitucionalidad pueda operar a través del amparo constitucional, en virtud a este presupuesto de orden procesal-constitucional, éste se consagra como un mecanismo caracterizado por su prontitud y efectividad para brindar la tutela debida. En efecto, la inmediatez del amparo constitucional encuentra su génesis en el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que taxativamente manda a los estados miembros del sistema interamericano de protección de Derechos Humanos, disciplinar a favor de las personas un recurso sencillo, rápido y efectivo para la defensa de sus derechos reconocidos en la Constitución, la ley o la citada Convención, precepto que debe ser fielmente cumplido en virtud al principio “pacta sunt servanda”. Por lo señalado, siguiendo el criterio desarrollado supra, se infiere que la acción de amparo, es un mecanismo sencillo, rápido y efectivo para la protección de Derechos Fundamentales no tutelados por otros recursos específicos, en ese contexto, esencialmente la rapidez como característica del principio de inmediatez se encuentra circunscrita al plazo de seis meses para su interposición, criterio plasmado en el art. 129.II de la Constitución Política del Estado (CPE), en ese contexto, se tiene que el derecho para la petición de tutela constitucional a través de la acción de amparo fuera del citado plazo caduca, razón por la cual el órgano contralor de constitucionalidad no puede ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada’. Respecto al cómputo del plazo de seis meses para la formulación de las acciones de amparo constitucional, la uniforme jurisprudencia constitucional, entre ellas la contenida en la SCP 1463/2013 de 22 de agosto, estableció que: ‘Los arts. 128 y 129 de la CPE, establecen que la acción de amparo constitucional constituye un medio de tutela de carácter extraordinario y se rige esencialmente por los principios de subsidiariedad e inmediatez, que hacen a su naturaleza jurídica. El principio de inmediatez se caracteriza por tener una doble dimensión; positiva y negativa, la primera consistente en que el amparo constitucional es la vía idónea para la protección inmediata de derechos fundamentales y garantías constitucionales restringidos o suprimidos indebida o ilegalmente; la segunda, la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa’”» (las negrillas corresponden al texto original)

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante alega que, dentro del proceso disciplinario policial seguido en su contra, no se valoró que en la denuncia penal instaurada por los mismos hechos, se dictó una resolución judicial a su favor por haber llegado a un acuerdo transaccional con la víctima, a quien le devolvió sus pertenencias que retuvo luego de intervenir un accidente de tránsito; tampoco -las autoridades policiales accionadas- tomaron en cuenta su condición de funcionario policial reciente y de padre progenitor, a fin de aminorar y diferir la pena -que le fue impuesta- de baja definitiva de la Institución del Orden, que se ratificó en última instancia por el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana -cuyos miembros son ahora coaccionados-, a través de la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 033/2019, decisión emitida sin una debida motivación y fundamentación, e inobservando los principios de proporcionalidad y legalidad, además de ser desproporcional la pena dictada en su contra, respecto al hecho que se le endilgó y al bien jurídico protegido, habiéndose incluso extraviado el expediente disciplinario, lo que igualmente impidió que pudiera acceder a los antecedentes procesales a fin de asumir acciones tendientes a revertir dicho fallo. A partir de la dimensión del planteamiento del objeto procesal efectuado por el ahora impetrante de tutela, se evidencia que el nombrado pretende que en sede constitucional se ordene la “ANULACIÓN TOTAL” de la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 033/2019 dictada por el Tribunal Disciplinario Superior de la referida Institución, así como el Memorándum “ESC/TR/SSCCPP 3523/21” “Y/O” 3522/2021 de 6 de diciembre de 2021 -emitidos dos años después de la referida Resolución sancionatoria-, por los que se le comunicó su baja definitiva de la Institución del Orden sin derecho reincorporación. En ese orden, en virtud a que la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 033/2019, que se impugna en esta jurisdicción, fue emitida el 30 de mayo de 2019 (Conclusión II.1) y notificada al ahora accionante -según señalan de forma coincidente ambas partes- el 27 de “junio” o “julio” del mismo año, se hace preciso analizar -previamente- si en el presente caso se tiene cumplido el principio de inmediatez previsto en el art. 55.I del CPCo. Al efecto, de antecedentes se advierte que si bien la señalada diligencia no consta en actuados de la acción de amparo constitucional; sin embargo de ello, en el análisis de la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el hoy accionante ante el Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana, que se resolvió en este Tribunal Constitucional Plurinacional mediante el AC 0211/2019-CA, se confirma que el ahora impetrante de tutela tomó conocimiento de la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 033/2019, el 27 de junio de 2019; puesto que, en dicho fallo constitucional, se constató lo siguiente: “En tal sentido, de la revisión de antecedentes se advierte que, en el caso PD-053/2018 el Tribunal Disciplinario Departamental de Pando emitió la Resolución Administrativa 021/2018 de 19 de septiembre, dictando resolución sancionatoria con baja definitiva del funcionario policial Álvaro Rodrigo Quispe Misme, por la comisión de la falta disciplinaria tipificada en los arts. 14.7 y 12.25 de la LRDPB (fs. 236 a 247), ante lo cual el nombrado interpuso recurso de apelación el 4 de octubre de 2018 (fs. 249 a 251), que fue resuelto mediante la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 033/2019 de 30 de mayo, declarando improbado el recurso de apelación y confirmando la Resolución 021/2018 (fs. 262 a 272), fallo que fue notificado al accionante el 27 de junio de 2019 (fs. 274); en tal sentido según el art. 59 de la LRDPB, dicha decisión pronunciada por el Tribunal Disciplinario Superior es definitiva e inapelable en el ámbito administrativo; por lo que, en el presente caso no concurre vinculación entre la validez constitucional de la disposición legal impugnada con alguna decisión que deba adoptarse, dado que no existe algún recurso pendiente de resolución donde pueda aplicarse el art. 14.7 de la referida Ley, por ende corresponde rechazar la presente acción de control normativo, por su presentación extemporánea” (las negrillas son ilustrativas). De donde se extrae que, en efecto, el ahora impetrante de tutela fue notificado con la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 033/2019 -emitida por el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana-, el 27 de junio de 2019; habiendo transcurrido desde entonces hasta la activación de la jurisdicción constitucional, más de dos años y diez meses; periodo que hace evidente que se superó en exceso el plazo de inmediatez que se exige para activar la jurisdicción constitucional, mismo que no se interrumpió con la interposición de la acción de inconstitucionalidad concreta opuesta por el hoy accionante y que se resolvió a través del AC 0211/2019-CA, habida cuenta que la jurisprudencia es clara en establecer que: «…el único factor para considerar la suspensión de plazos dentro de las acciones de amparo constitucional es la interposición de otra acción tutelar que no haya ingresado al análisis de fondo del asunto, así la SCP 2165/2013 de 21 de noviembre, entre muchas otras, precisó que: “…el cómputo del plazo de los seis meses se suspende, en aquel caso en que con anterioridad a la acción de amparo constitucional que se conoce, el propio accionante ha interpuesto una acción tutelar de igual naturaleza, sobre los mismos hechos y en la que no se ingresó al análisis del fondo de la causa; en ese caso, el cómputo de plazo queda suspendido durante la sustanciación del proceso anterior, desde la presentación de la acción hasta la notificación con la Sentencia Constitucional Plurinacional que no ingresó al fondo del análisis de la causa”» ( las negrillas fueron añadidas [SCP 0237/2021-S3 de 26 de mayo, haciendo referencia a la SCP 0376/2019-S1 de 12 de junio]). Quedando claro entonces, que la acción de amparo constitucional intentada por el impetrante de tutela, se encuentra fuera del plazo previsto en el art. 55.I del CPCo; siendo irrelevante considerar como último acto lesivo el contenido del Memorándum 01026/2021 de 9 de diciembre (Conclusión II.4), a través del cual el Comandante Departamental de la Policía de La Paz, le comunicó la transcripción del Memorándum “ESC/TR/SSCCPP 3523/21” -emitido por el Departamento Nacional de Personal-, en el que se da a conocer el tenor del Memorándum ESC/TR/SSCCPP 3522/21 respecto a la sanción impuesta en su contra a través de la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 033/2019, consistente en su baja definitiva de la Institución del Orden sin derecho a reincorporación; pues dicho actuado, -de ser dejado sin efecto como pretende el accionante-, no modifica en absoluto lo ya determinado en la precitada Resolución de alzada, decisión respecto a la cual -inclusive- se advierte el consentimiento expreso sobre sus efectos, en los memoriales de 1 de julio y 3 de septiembre -ambos de 2019-, a través de los cuales el hoy accionante -reconociendo la sanción que le fue impuesta- pidió que se disponga que ésta sea cumplida de forma diferida en virtud a su condición de padre progenitor -diferimiento que en los hechos ocurrió-; lo que da cuenta -además-, de la concurrencia de la causal de improcedencia reglada contenida en el art. 53.2 del CPCo.

III.3. Otras consideraciones

Resuelta como se tiene la problemática planteada, se tiene que celebrada la audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional, el 17 de mayo de 2022, acto en el que se dictó la Resolución 119/2022 -objeto de revisión-, la misma así como sus antecedentes, recién fueron remitidos por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Nota TDJ/SC4/OFI 212/2022 de 8 de agosto (fs. 397); es decir, casi tres meses después de haber sido resuelta la acción tutelar, denotando ello no solo falta de cuidado y celeridad en la tramitación de la causa, sino sobre todo incumplimiento de plazos procesales, en lo que respecta al art. 38 del CPCo; lo que amerita llamar la atención a los miembros de la referida Sala Constitucional. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en todo la Resolución 119/2022 de 17 de mayo, cursante de fs. 389 a 393 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. 2º Llamar la atención a Rubén Ramírez Conde y Carmiña Ninoska Vera Márquez, Vocales de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por la razón expuesta en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0963_2023-S3.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): 5085d84276b27217b72ce9d764719a0019c8139efd589a69b8255d0e75f33d8a

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →