Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de junio de 2026
Deniega la tutela
El impetrante de tutela, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la dignidad; así como los principios de impugnación, seguridad jurídica, probidad, celeridad, equidad y respeto; en virtud a que dentro del proceso penal seguido en su contra, el Vocal demandado, resolviendo el recurso de apelación incidental, por Auto de Vista 25 de 3 de febrero de 2023, de manera ultra petita e incurriendo en la prohibición de reforma en perjuicio, confirmó la resolución apelada que negó la cesación a su detención preventiva; agravando su situación jurídica respecto al riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/23 de 8 de febrero de 2023, cursante de fs. 9 vta. a 12 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en los términos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0962/2026-S3 Sucre, 25 de junio de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 53659-2023-108-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 08/2023 de 8 de febrero, cursante de fs. 9 vta. a 12 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Darwin Vásquez Moreno y Wilfor Alex Callahuara Calahuana, en representación sin mandato de Lorgio Alejandro Aguilar Pérez contra Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 7 de febrero de 2023, cursante de fs. 3 a 4 vta., el accionante, a través de sus representantes, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de estafa agravada, apelado el Auto Interlocutorio 01/23 de 17 de enero de 2023 y resuelto mediante Auto de Vista 25 de 3 de febrero del mismo año, por el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora demandado-, confirmó el rechazo a la cesación a la detención preventiva, alegando que no se había enervado el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del Código Procesal Penal (CPP), al considerar que el solicitante de tutela aún podía influir sobre los peritos; no obstante, en una anterior audiencia de apelación de medidas cautelares, la permanencia de la detención preventiva se sustentó en la falta de la declaración testifical de Abelardo Ardaya Ferreira y Sergio Daniel Romero Ruiz, aspecto que había sido superado; consecuentemente, la actuación del Vocal demandado resultaba ser ultra petita, y vulneraba el principio de prohibición de reforma en perjuicio non reformatio in peius, al haber incorporado como nuevo fundamento la posible influencia sobre peritos, extremo que no había sido considerado en la resolución anterior.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la dignidad y al debido proceso; así como los principios de seguridad jurídica, probidad, celeridad, equidad y respeto; citando al efecto los arts. 22, 117.I, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se deje sin efecto el Auto de Vista 25 de 3 de febrero de 2023 y se ordene que de manera inmediatamente renueve el acto procesal, desvirtuando el riesgo procesal establecido en el art. 235.2 del CPP, y se conceda la cesación a la detención preventiva, disponiendo la aplicación de medidas cautelares menos gravosas.
Celebrada la audiencia virtual el 8 de febrero de 2023, según consta en acta cursante de fs. 9 a 12 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolos, señaló que: a) Correspondía aplicar el principio de veracidad toda vez que la autoridad demandada no presentó el informe correspondiente; b) En audiencia de apelación de medidas cautelares realizada el 3 de agosto de 2023, el Vocal demandado vulneró su derecho al debido proceso vinculado a su libertad; no obstante que tuvo que interponer otra acción de libertad para que dicha audiencia sea llevada a cabo, toda vez que dicha autoridad no quería realizar el referido acto procesal; y, c) La autoridad demandada, estableció que si bien se habían recibido declaraciones faltaban la de los testigos y peritos, cuando un anterior Auto de Vista de 14 de diciembre de 2022 se estableció que únicamente quedaba latente el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP, porque faltaban dos declaraciones informativas policiales; y en ningún momento se había considerado la necesidad de informe pericial u otro tipo de situaciones que impidieran su libertad.
Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentó informe escrito, tampoco asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 8.
El Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 08/2023 de 8 de febrero, cursante de fs. 9 vta. a 12 vta., resolvió denegar la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: 1) Considerando que el accionante se encontraba detenido preventivamente como consecuencia de un proceso penal seguido en su contra, en el que el Juez cautelar dispuso la aplicación de esa medida, y habiendo superado los riesgos procesales, quedó vigente únicamente el peligro procesal previsto en el art. 235.2 del CPP; 2) De acuerdo a los fundamentos expuestos en la presente acción tutelar, la autoridad demandada, dentro del recurso de apelación planteado por el accionante, agravó su situación jurídica respecto al peligro de obstaculización señalando que existía la necesidad de la declaración de los peritos, contra quienes podría influenciar negativamente, impidiendo que sea beneficiado con la cesación a su detención preventiva; 3) Además del memorial de acción de libertad, no se advierte prueba alguna que permita analizar y dar curso a su planteamiento; emitido el Auto de Vista 25 de 3 de febrero, no fue observado por el peticionante de tutela; es decir, no existió una solicitud de complementación y enmienda ante el supuesto error en el que hubiese incurrido la autoridad demandada, bajo el principio de oralidad, en la misma audiencia para que ésta pueda tomar en cuenta y en su caso corregir el error o enmendarlo en dicho acto procesal; 4) En cuanto al peligro de obstaculización se entiende que implica toda circunstancia que permita sostener fundadamente que el imputado, con su comportamiento entorpecería la averiguación de la verdad; y, para decir acerca de su concurrencia, deberá realizarse una evaluación integral considerando que el imputado amenace o influya negativamente sobre los testigos o peritos; y, 5) Aún no se desarrolló la audiencia de juico oral ante la autoridad jurisdiccional que conoce la causa, y que el riesgo procesal no se encontraría vigente únicamente en la etapa de investigación, sino también estaría latente en el desarrollo del juicio oral; toda vez que los testigos deben comparecer para prestar su declaración en la etapa de producción de pruebas; en ese entendido, no hubo vulneración alguna de los derechos del accionante, puesto que este no realizó oportunamente su observación o solicitud de complementación y enmienda ante el supuesto error. Con el uso de la palabra en audiencia, el impetrante de tutela, en vía de complementación y enmienda, solicitó se precise sobre la presunción de veracidad; si la autoridad demandada había dado cumplimiento a la remisión del cuaderno procesal; y, sobre el incumplimiento del principio de subsidiariedad, por no haber presentado solicitud de complementación y enmienda.
En sustanciación y resolución de lo impetrado, el precitado Tribunal de garantías, mediante Auto complemenario de 8 de febrero de 2023, señaló que la decisión se encontraba enmarcada a la acción de libertad planteada, y que los fundamentos eran claros y precisos; consecuentemente declaró no ha lugar la complementación solicitada. Asimismo, mediante memorial presentado el 8 de febrero de 2023, cursante a fs. 13, el accionante reiteró su solicitud de complementación y enmienda, que fue rechazada por Auto de 9 del mismo mes y año, cursante a fs. 14 y vta.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistraturas, en cumplimiento a dichas determinaciones la Comisión de Admisión procedió al sorteo de la presente causa. Mediante decreto constitucional de 15 de abril de 2026, cursante a fs. 23, se dispuso la suspensión del plazo para la emisión de la correspondiente resolución a objeto de recabar documentación complementaria. Habiéndose obtenido la misma, se reanudó el cómputo del plazo a partir de la notificación con el decreto constitucional de 23 del presente año, cursante a fs. 40; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Lorgio Alejandro Aguilar Pérez -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de estafa agravada; rechazada su solicitud de cesación, conforme al acta de audiencia virtual de apelación incidental de medida cautelar de 3 de febrero de 2023, el impetrante de tutela, fundó oralmente su impugnación contra el Auto Interlocutorio 01/23 de 17 de enero del mismo año (fs. 33 a 40). II.2. A través del Auto de Vista 25 de 3 de febrero de 2023, Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora demandado-, declaró la improcedencia de la apelación incidental de medida cautelar y en consecuencia confirmó en todas sus partes el Auto Interlocutorio de 01/23 (fs. 36 vta. a 40).
El impetrante de tutela, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la dignidad; así como los principios de impugnación, seguridad jurídica, probidad, celeridad, equidad y respeto; en virtud a que dentro del proceso penal seguido en su contra, el Vocal demandado, resolviendo el recurso de apelación incidental, por Auto de Vista 25 de 3 de febrero de 2023, de manera ultra petita e incurriendo en la prohibición de reforma en perjuicio, confirmó la resolución apelada que negó la cesación a su detención preventiva; agravando su situación jurídica respecto al riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP, con referencia La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, estableció que: «Los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 -citadas anteriormente-, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP; asimismo, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en una resolución judicial que resolvió una medida cautelar en apelación, interpretó el art. 398 del mismo Código. Ahora bien, la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2, que analiza previamente la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución; por cuanto en estos casos, aun se advierta que la corrección de una decisión con fundamentación o motivación arbitraria o insuficiente, no modificará la parte resolutiva, esto es, la decisión de la detención preventiva; sin embargo, es esencial que el imputado y el juez o tribunal conozcan las razones jurídicas que sustentaron la decisión de la detención preventiva respecto a las condiciones establecidas en el art. 233.1 y 2 del CPP, vinculadas a los arts. 234 y 235 del citado cuerpo legal; es decir, es esencial que conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la medida cautelar, a efectos que: i) Por una parte, el imputado pueda solicitar en el futuro su cesación de la detención preventiva, aportando nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que la determinaron, y por tanto, solicite medidas sustitutivas o su libertad irrestricta; y, ii) Por otra, el juez o tribunal analice de manera ponderada, si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia que la misma sea sustituida por otra. En efecto, conforme destacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, en la Sentencia de 21 de noviembre de 2007 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas -jurisprudencia de la Corte IDH incorporada al bloque de constitucionalidad, a partir de la SC 0110/2010 de 10 de mayo-, la motivación de la decisión judicial que restringe la libertad personal, garantiza el derecho a la defensa, por cuanto, evita que una falta de motivación impida que el imputado conozca las razones por las cuales permanece privado de libertad, además, le dificulta su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr su liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante. Por lo que, tanto la resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, como la que resuelve la apelación deben tener, en palabras de la Corte IDH, una fundamentación suficiente, que permita al privado de libertad conocer los motivos por los cuales se mantiene su restricción a este derecho».
La SCP 0011/2018-S2 de 28 de febrero, sistematizadora de línea jurisprudencial, se ha pronunciado sobre los presupuestos de la cesación de la detención preventiva y el deber de valoración integral de los elementos de prueba y de las circunstancias descritas en los arts. 234 y 235 del CPP, estableciendo el siguiente razonamiento: «El art. 239.1 del CPP señala que la detención preventiva cesará: “Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida”; a partir de dicha causal, el Tribunal Constitucional a través de la SC 0320/2004-R de 10 de marzo, determina que la resolución de las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se amparen en dicha causal, debe ser el resultado del análisis ponderado de dos elementos: 1) Determinar cuáles fueron los motivos que establecieron la imposición de la detención preventiva; que se traduce en el deber de valoración de las razones que fundaron la detención preventiva, y, 2) Establecer cuáles los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado para demostrar que ya no concurren los motivos que la determinaron o en su caso demuestren la conveniencia que la medida sea sustituida por otra; es decir, el deber de analizar los nuevos elementos introducidos por la o el imputado. Este criterio fue reiterado de manera uniforme por la jurisprudencia constitucional -Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0039/2017-S3 de 17 de febrero y 1153/2017-S2 de 9 de noviembre, entre muchas otras-. Posteriormente, la SC 1249/2005-R de 10 de octubre, complementa el anterior criterio, señalando que es la autoridad judicial quien, analizando en forma integral todos los nuevos elementos presentados por la o el imputado, debe determinar si su situación jurídica ha sido modificada y si en consecuencia, ya no se presentan los supuestos que hicieron posible su detención; consiguientemente, la jueza o el juez deben analizar o compulsar en su integridad todos esos nuevos elementos y circunstancias, que tienen que ser considerados para adoptar la decisión final. La indicada Sentencia también establece que el análisis integral de los nuevos elementos presentados por la o el imputado, no solo alcanza al juez de instrucción penal, sino también al tribunal que conozca en un hecho punible y 2) la existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; ambos requisitos deben concurrir de manera simultánea.
Por su parte, el art. 239.1) CPP, determina que la detención preventiva cesará cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida. De las disposiciones glosadas se establece claramente que la resolución judicial que resuelva la solicitud de la cesación de la detención preventiva, por la causal prevista en el art. 239.1) CPP, debe ser el resultado del análisis ponderado de dos elementos: 1) cuáles fueron los motivos que determinaron la imposición de la detención preventiva y 2) cuáles los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado para demostrar que ya no concurren los motivos que la determinaron o en su caso demuestren la conveniencia de que la medida sea sustituida por otra”.
2El FJ III.1, establece: “Consecuentemente, es el imputado el que debe demostrar, con los elementos de convicción necesarios, que los motivos que fundaron su detención preventiva han sido modificados o ya no existen, para que sea el juez quien, analizando en forma integral todos esos nuevos elementos, determine si su situación jurídica se ha modificado, y si, en consecuencia, ya no se presentan los supuestos que hicieron posible su detención, dado que esos nuevos elementos deben estar orientados a desvirtuar las causas que determinaron la detención preventiva, de no ocurrir ello, no podrá otorgarse la cesación de la detención; por lo mismo, el juzgador debe analizar o compulsar en su integridad todos esos nuevos elementos y circunstancias que existan y que deben ser considerados para adoptar la decisión final.
Ahora bien, el análisis integral de los nuevos elementos presentados por el imputado para obtener la cesación de la detención preventiva, no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que conceda o rechace la cesación de la detención preventiva, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine revocar la concesión o rechazo de la cesación de la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada y de la necesidad de realizar una valoración integral de los nuevos elementos presentados por el imputado, expresando si los mismos destruyen o no los motivos que fundaron la detención preventiva”.
apelación la resolución que conceda o rechace la cesación de la detención preventiva». La citada SCP 0011/2018-S2 también se refirió a las condiciones para resolver la cesación de la detención preventiva sobre la base de la causal establecida en el 239.1 del CPP, determinando el siguiente razonamiento:
[C]onforme a los entendimientos desarrollados en los Fundamentos Jurídicos III.1.1 y 2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la autoridad judicial que resuelva una solicitud de cesación de la detención preventiva amparada en la previsión del art. 239.1 del CPP, está obligada a realizar un análisis ponderado, teniendo en cuenta los siguientes elementos: i) Determinar cuál fue el motivo o razones que establecieron la imposición de la detención preventiva; ii) Establecer cuál el nuevo o nuevos elementos de convicción que aportó la o el imputado para demostrar que ya no concurren los motivos que determinaron su detención preventiva o en su caso, demuestren la conveniencia que la medida sea sustituida por otra; iii) Realizar una valoración integral de las circunstancias previstas en los arts. 234 y 235 del CPP; iv) Valorar los elementos de prueba aportados por la o el imputado, así como por la parte acusadora y por la víctima, de manera razonable; y, v) Pronunciar una resolución debidamente fundamentada y motivada, en la que se expresen las razones de hecho y derecho en las que se basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, efectuando un análisis a partir del principio de proporcionalidad, que considere la idoneidad de la medida cautelar de detención preventiva, su necesidad y la proporcionalidad, en sentido estricto de la misma, efectuando una ponderación del derecho que se restringe -libertad personal- y la finalidad perseguida por la medida cautelar. El razonamiento antes señalado, ha sido complementado por la SCP 0469/2018-S2 de 27 de agosto, que en su Fundamento Jurídico III.1.1., se ha referido al fundamento normativo y fáctico de la resolución de apelación de la cesación de detención preventiva por el supuesto contemplado en el art. 239.1 del CPP, en la que se hizo mención a la SC 1340/2005-R de 25 de octubre, que señaló que el análisis concurrente de los dos elementos previstos en el art. 239.1 del CPP, también vincula al Tribunal de alzada; el cual, lo debe hacer en el marco de lo establecido en el art. 398 del citado Código; es decir, en una primera fase, el análisis de los requisitos que fundaron la medida y los nuevos elementos; y en una segunda fase, contrastando los elementos de juicio presentados en la primera, con los fundamentos de la apelación. En ese sentido, concluyó lo siguiente:
[A]sí, la SCP 0014/2012 de 16 de marzo, contextualizando la línea relativa al contenido de la resolución del tribunal de alzada, que resuelve la apelación incidental de la solicitud de cesación de la detención preventiva por el supuesto contemplado en el art. 239.1 del CPP, estableció que la resolución debe realizar el análisis ponderado de dos elementos:
1) ¿Cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la detención preventiva? y, 2) ¿Los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia de que la medida sea sustituida por otra?, análisis que debe realizarse en el marco de lo establecido en el art. 398 del CPP, que dispone que “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”, es decir, contrastando los dos primeros elementos, con estos otros dos: 1) ¿Cuáles fueron los puntos expuestos como agravios por el apelante?; y 2) ¿Cuáles los fundamentos de la resolución que resolvió la cesación de detención preventiva en primera instancia?.
El impetrante de tutela, a través de sus representantes, denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la dignidad; así como los principios de impugnación, seguridad jurídica, probidad, celeridad, equidad y respeto; en virtud a que dentro del proceso penal seguido en su contra, el Vocal demandado, resolviendo el recurso de apelación incidental, por Auto de Vista 25 de 3 de febrero de 2023, de manera ultra petita e incurriendo en la prohibición de reforma en perjuicio, confirmó el Auto de Interlocutorio 01/23 de 17 de enero de 2023 que negó la cesación a su detención preventiva; agravando su situación jurídica respecto al riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP.
De antecedentes procesales descritos en las Conclusiones del presente fallo constitucional; se tiene que, dentro del proceso penal seguido seguido por el Ministerio Público contra Lorgio Alejandro Aguilar Pérez -hoy accionante-, por la presunta comisión del delito de estafa agravada; en audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, mediante Auto Interlocutorio 01/23 de 17 de enero de 2023, el Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, dispuso la improcedencia de la solicitud de cesación a la detención preventiva; determinación que fue apelada y resuelta por el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora demandado-, a través del Auto de Vista 25 de 3 de febrero del mismo año, declarando improcedente el recurso de apelación incidental, ante el incumplimiento de lo establecido en el art. 239.1 del adjetivo penal, que prevé la exigencia de nuevos elementos de juicio a efectos de modificar la medida de detención preventiva, manteniendo en consecuencia la detención preventiva (Conclusiones II.1 y II.2).
Ante tal circunstancia, el accionante, instauró la presente acción de defensa, contra el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, quien emitió el Auto de Vista 25 que ahora el impetrante de tutela considera lesiva a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; por lo que, solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista mencionado, debiendo emitirse una nueva resolución desvirtuando el peligro procesal considerado latente.
Ahora bien, identificado el problema jurídico planteado a través de esta acción de libertad, desarrollados los antecedentes remitidos a este Tribunal, y tomando en cuenta lo vertido por el accionante, corresponde inicialmente conocer los argumentos del recurso de apelación incidental interpuesto en contra del Auto Interlocutorio 01/23 de 17 de enero de 2023:
i) En anterior audiencia de apelación de medida cautelar, se desvirtuaron los riesgos procesales, quedando únicamente el previsto en el art. 235.2 del CPP, porque debía tomarse la declaración informativa policial de Abelardo Ardaya Ferreira y Sergio Daniel Romero Ruiz; sin embargo, la declaración del primero cursaba en el cuaderno procesal signando la fecha 18 de octubre de 2022, y la del segundo de 8 de noviembre del referido año, vale decir que ya habían prestado las declaraciones extrañadas; consecuentemente, se había cumplido a cabalidad lo dispuesto por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; sin embargo, el Juez de instancia manifestó que no se podían considerar los elementos probatorios, porque habían sido recibidos antes y durante la audiencia de aplicación de medidas cautelares, por lo que no serían nuevos elementos que puedan enervar los riesgos procesales establecidos en el art. 235.2 del CPP;
ii) En un caso similar del que emergió la SCP 0836/2014 de 30 de abril, se estableció que al haberse prestado la declaración informativa policial, no podía influenciar o seguir constituyendo un riesgo procesal; por lo expuesto correspondía revocar la resolución del Juez de instancia y dar curso a la modificación de la media cautelar por una menos gravosa; y, iii) La SCP 0252/2018, desarrolló que primero se debía realizar una valoración integral sobre el hecho y segundo que no se podía detener a una persona por un solo riesgo procesal.
Para resolver lo denunciado, debe considerarse que conforme a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional; se tiene que, toda autoridad que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, de manera que la estructura de la resolución, tanto en el fondo como en la forma, deje pleno convencimiento a las partes de que se actuó no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso concreto, sino que también que la decisión está normada por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, lo que no implica que la motivación sea necesariamente una exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados.
En mérito a ello, corresponde efectuar el análisis pormenorizado, para establecer si es evidente o no lo señalado por el impetrante de tutela en su demanda de acción de libertad; por lo tanto, es necesario realizar la contrastación de los puntos impugnados en el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante en contra del Auto Interlocutorio 01/23 y los fundamentos que utilizó el Vocal demandado, dentro del Auto de Vista 25; por el cual, declaró la improcedencia de la apelación, manteniendo firme e incólume el rechazo a la cesación de la detención preventiva, dispuesto por el juez de instancia; en ese entendido, se tiene que el Auto de Vista cuestionado fundó su resolución señalando que:
a) En audiencia de medidas cautelares celebrada el 19 de noviembre de 2022 se dispuso la detención preventiva del accionante, estableciendo la existencia del peligro de obstaculización señalando que tenía las facilidades para influir negativamente sobre los testigos y peritos, así como las facilidades para falsificar elementos de prueba; sin embargo, no se hizo mención sobre qué testigos o peritos se podría podía influenciar; determinación que fue apelada, dando lugar a la emisión del Auto de Vista 663 de 14 de diciembre de 2022;
b) La resolución de alzada identificó a Abelardo Ardaya Ferreira y Sergio Daniel Romero Ruiz como los testigos que podría influenciar el accionante, empero no a los peritos, al igual que el Juez de instancia; quedando ambas resoluciones firmes con calidad de ejecutoriadas;
c) Verificados los antecedentes, se advierte que la autoridad jurisdiccional considera que no se desvirtuó el riesgo procesal de obstaculización en el sentido de que el accionante no presentó nuevos elementos de prueba; toda vez que las declaraciones eran de 18 de octubre de 2022 y 8 de noviembre del mismo año, anteriores a la audiencia de medidas cautelares, y al Auto de Vista que resolvió el recurso de apelación, en consecuencia no se dio cumplimiento al art. 239.1 del CPP, que exige nuevos elementos de juicio para modificar la medida de detención preventiva;
d) Si bien es cierto que en audiencia de medidas cautelares no se identificó sobre qué testigos podría influir el solicitante de tutela; sin embargo el Auto de Vista citado anteriormente identificó sobre qué personas sí podía hacerlo, y eran quienes aún no habían prestado su declaración testifical -Abelardo Ardaya Ferreira y Sergio Daniel Romero Ruiz-, por lo que en base a esa verdad material efectivamente ya no habría motivo para mantener latente ese riesgo procesal, pues ya habrían prestado su declaración testifical, y considerando que las medias cautelares no causan estado, podían ser modificadas inclusive de oficio, en base a la legalidad, proporcionalidad, razonabilidad por la autoridad jurisdiccional; y, e) Sin embargo, en cuanto a la pericia, que se hizo referencia en el Auto Interlocutorio 01/23 de 17 de enero de 2023, que fue ratificado por el Auto de Vista 25 de 3 de febrero del mismo año, se advierte que la parte apelante no presentó ningún nuevo elemento de prueba que desvirtúe lo argumentado; en ese sentido, si bien es cierto que la autoridad jurisdiccional no tomó en cuenta el principio de verdad material establecido en el art. 180 de la CPE; sin embargo, en el fondo actuó de manera correcta toda vez que permanece el riesgo procesal respecto de los peritos, que fue establecido en audiencia de medida cautelares y fue ratificado en segunda instancia; razón por la cual se tiene que el imputado efectivamente no desvirtuó dicho peligro procesal previsto en el art. 235.2 del CPP, manteniéndose latente.
Finalmente, en respuesta a la solicitud de complementación y enmienda, que exigía pronunciamiento sobre el razonamiento que se dio a una resolución de aplicación de medida cautelar y no al Auto de Vista; estableció que se había basado en el principio de verdad material, que también fue utilizado por la parte apelante para enervar el referido riesgo procesal relativo al elemento testigo, por lo que correspondía declarar no ha lugar a la complementación y enmienda.
De lo expuesto, es posible concluir que los argumentos del Auto de Vista 25 de 3 de febrero de 2023, ahora cuestionado de ilegal y vulneratorio a los derechos del accionante, evidencian una suficiente fundamentación y motivación, por cuanto dicho Auto de Vista se encuentra circunscrito al análisis de la subsistencia del riesgo procesal que dio lugar al rechazo de la cesación solicitada y vigencia de la detención preventiva, así como a la falta de nuevos elementos probatorios que desvirtúen el mismo; realizando un examen de los argumentos asumidos por el Juez de primera instancia y el Tribunal de alzada -que confirmó la resolución al resolver una primera apelación-, efectuando el contraste con los antecedentes del caso, verificando que éstos resultaban correctos; consecuentemente, no se observa falta de fundamentación, motivación y valoración probatoria en cuanto a los agravios reclamados en apelación incidental, ni un pronunciamiento ultra petita como reclama el impetrante de tutela; por el contrario, los fundamentos expuestos se encuentran enmarcados dentro de los cánones de razonabilidad y coherencia; pues la autoridad demandada al tiempo de analizar los razonamientos efectuados por la autoridad de primera instancia, concluyó la determinación de ratificarlos íntegramente, considerando que la argumentación era clara y precisa; explicando claramente los motivos por los que considera la subsistencia del riesgo procesal de obstaculización, ante la falta de presentación de nuevos elementos de prueba que pudiera enervar el mismo; y si bien se trata de un pronunciamiento corto, ello no significa que no observe los requisitos de una debida argumentación; pues, debe tomarse en cuenta, que al ratificar íntegramente el pronunciamiento del rechazo de la cesación y el referido riesgo procesal, permite a este Tribunal remitirnos a analizar la determinación de primera instancia para respaldar o no el criterio del Tribunal de alzada; constituyéndose en la determinación que dio origen a la vigencia del citado riesgo procesal. Por lo expuesto, el Vocal demandado, no solo fundamentó de manera suficiente las razones de la decisión asumida, sino lo hizo con apego a lo establecido en la normativa y la jurisprudencia.
De igual manera, la autoridad demandada circunscribió su resolución a los agravios denunciados en apelación, , de conformidad a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional; así concluyó que los elementos probatorios presentados no eran nuevos, por ser de data anterior a la imposición de las medidas cautelares, y en consecuencia no enervaban el referido peligro procesal previsto en el art. 235.2 del adjetivo penal, con relación a los peritos que pudieren ser influenciados por el imputado, quienes aún no prestaron su declaración en juicio oral, manifestando la conformidad con el análisis efectuado por el a quo.
Consecuentemente, no se evidencia la vulneración de los derechos reclamados, como señala el ahora accionante; dado que, en el Auto de Vista 25 de 3 de febrero de 2023 , existe una correspondencia entre lo pedido, la consideración de los medios de prueba aportados, la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón de la decisión asumida y lo resuelto en cuanto a la improcedencia del recurso de apelación incidental interpuesto por la accionante, en contra del Auto Interlocutorio 01/23; por lo que, en el presente caso, corresponde denegar la tutela solicitada.
Por consiguiente, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/23 de 8 de febrero de 2023, cursante de fs. 9 vta. a 12 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en los términos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
1 El FJ III.1, señala: “El art. 233 CPP determina que para la procedencia de la detención preventiva, luego de realizada la imputación formal y el pedido fundamentado del Fiscal o del querellante, deben concurrir los siguientes requisitos: 1) la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0962_2026-S3.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): a00bf7c6939d493cf262ae76e5f1e0342fa0f3b6250f5a35bdf764172afcc5fd
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