B.IA.LEGAL

SCP 0962/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 29 de agosto de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
29 de agosto de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
49513-2022-100-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación, a la defensa y a la igualdad; en razón a que el coaccionado Jhoel Rodrigo Valverde Lafuente, Alcalde interino del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia, al emitir el Decreto Edil 047 de 17 de diciembre de 2021 que resolvió el recurso jerárquico, no explicó las razones por las cuales solo aplicó la primera parte del art. 57 de la Ley 2341, para rechazar su recurso con el argumento de que el Oficio Externo GAMLA-SMOTMA-OF.EXT 583/2021 que declaró improcedente el incidente de nulidad de notificación planteado por su persona no es impugnable, al ser un acto administrativo de mero trámite, obviando considerar la salvedad de la última parte del indicado artículo que establece la posibilidad de impugnación cuando se produce indefensión como ocurrió en el presente caso, debido a que le notificaron con la Resolución Técnica Administrativa GAMLG-SMOTMA-RTA 06/2021 en el inmueble de su propiedad que no es su domicilio actual y con una documentación incompleta. En consecuencia, corresponde en revisión, si los hechos demandados evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 89/2022 de 7 de junio, cursante de fs. 87 vta. a 92, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Relación de causalidad entre los hechos, derechos y el petitorio
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0962/2023-S3 Sucre, 29 de agosto de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 49513-2022-100-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 89/2022 de 7 de junio, cursante de fs. 87 vta. a 92, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Yolanda Ofelia Merino Schultze de Blanco contra Johel Rodrigo Valverde Lafuente, Alcalde Municipal interino y Jhonny Morato Luizaga, Secretario del Área del Plan Regulador y Catastro, ambos del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante por memoriales presentados el 19 y 30 de mayo, ambos de 2022, cursantes de fs. 46 a 49 y 53 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 1 de junio de 2021, de manera extraoficial se enteró que un funcionario del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia, a tiempo de notificarla, dejó copia incompleta de la Resolución Técnica Administrativa GAMLG-SMOTMA-RTA 06/2021 de 11 de febrero pegada en el inmueble de su propiedad, ubicado en el kilómetro 9 de la Doble vía La Guardia, acto administrativo anómalo al carecer de fecha, hora e identificación del funcionario municipal que realizó la referida comunicación; además de no haberse considerado que en dicho domicilio solo viven sus inquilinos, debido a que su domicilio actual se encuentra en la Av. Brasil, calle San Salvador 1315, zona Miraflores de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz; omisión que habría trastocado sus derechos al debido proceso y la defensa, además de desconocer su condición de adulta mayor protegida por la Ley 369.

Mediante memorial de 15 de junio de 2021, dirigida a Jhonny Morato Luizaga, Secretario del Área del Plan Regulador y Catastro del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia -hoy coaccionado-, solicitó la nulidad de la notificación con la Resolución Técnica Administrativa GAMLG-SMOTMA-RTA 06/2021, petición que fue resuelta por el Oficio Externo GAMLG-SMOTMA-OF.EXT 583/2021 de 23 de junio, emitido por el Secretario Municipal General del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia, quien basándose solo en el formulario de notificación y dejando a un lado la denuncia de la Resolución incompleta, declaró improcedente la solicitud, manteniendo vigente el acto de notificación. Por efecto del recurso de revocatoria interpuesta por su persona contra el Oficio Externo GAMLG-SMOTMA-OF.EXT 583/2021, Jhonny Morato Luizaga, Secretario Municipal General del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia, emitió la Resolución Técnica Administrativa GAMLG-SMOTMA-RTA 040/2021 de 13 de julio, confirmando en forma total el Oficio Externo GAMLG-SMOTMA-OF.EXT 583/2021; a pesar que, la notificación no se practicó en su domicilio actual ubicado en la Av. Brasil, calle San Salvador 1315, zona Miraflores de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz y con base a una documentación incompleta. El 13 de agosto de 2021, presentó recurso jerárquico contra la Resolución Técnica Administrativa GAMLG-SMOTMA-RTA 040/2021, impugnación que fue resuelta por el Decreto Edil 047 de 17 de diciembre de 2021, emitido por Jhoel Rodrigo Valverde Lafuente -hoy accionado-, Alcalde interino del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia, que resolvió rechazar en forma total el Recurso Jerárquico y confirmó en todas sus partes la referida Resolución Técnica Administrativa recurrida, con base al art. 57 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, por considerar que el Oficio Externo GAMLG-SMOTMA-OF.EXT 583/2021 es un acto administrativo de mero trámite el cual no puede ser impugnado, sin considerar la salvedad del indicado artículo cuando se produce indefensión como ocurrió en el presente caso, al no haberle notificado en su domicilio real y con una documentación incompleta, lo que le impidió cuestionar o impugnar la Resolución Técnica Administrativa GAMLG-SMOTMA-RTA 06/2021.

I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación, a la defensa y a la igualdad, citando al efecto los arts. 115 y 119.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se anule la notificación de 11 de febrero de 2021, y se la cite de manera correcta con la Resolución Técnica Administrativa GAMLG-SMOTMA-RTA 06/2021.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 7 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 82 a 88 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante, a través de representante legal en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, señaló que el Decreto Edil 047 al rechazar su recurso jerárquico incurrió en vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, debido que solo recurre a la primera parte del art. 57 de la Ley 2341 obviando considerar la segunda parte de dicha norma que establece la excepción de improcedencia cuando se produce indefensión, además de no haber valorado la prueba que demuestra que su domicilio se encuentra ubicado en la Av. Brasil, calle San Salvador 1315, zona Miraflores de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, razón por la cual, correspondía su notificación mediante el Buzón de Ciudadanía Digital o edictos de prensa.

I.2.2. Informe de los demandados

Johel Rodrigo Valverde Lafuente, Alcalde Municipal interino y Jhonny Morato Luizaga, Secretario del Área Plan Regulador y Catastro -debió decir Secretario Municipal General-, ambos del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia del departamento de Santa Cruz, mediante informe presentado en audiencia a través de su representante legal, manifestaron que: a) De acuerdo al art. 4 inc. l) de la Ley 2341, en materia administrativa rige el principio de informalismo, aspecto que fue desarrollado en la SCP 1086/2012 de 5 de septiembre, de donde se extrae que la administración pública tiene la faculta de excusar la inobservancia de las exigencias formales no esenciales por parte del administrado, debiendo seguirse el procedimiento administrativo sin perjuicio de que aquellas observancias se cumplan de forma posterior; b) El art. 31 de la Ley 2341, permite que la notificaciones de la pueda efectuar en el tablero de la Secretaría General, cuando el administrado no vive ni radica en la jurisdicción municipal; a pesar de ello, el Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia a través de los funcionarios correspondientes, procedió a notificar a la accionante en su domicilio ubicado en el kilómetro 9 de la Doble vía La Guardia y entregar a la hermana de la accionante copia de la Resolución Técnica Administrativa GAMLG-SMOTMA-RTA 06/2021, quien al ser de su interés se comprometió hacerle conocer a la accionante; y, c) Si bien en la acción de amparo constitucional, se demanda vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación en el Decreto Edil 047 que resolvió el recurso jerárquico; sin embargo, de forma incongruente en su petitorio, pide se le vuelva notificar con la Resolución Técnica Administrativa GAMLG-SMOTMA-RTA 06/2021. En virtud a estos fundamentos, solicitó se deniegue la tutela solicitada. 1.2.3. Intervención de la tercera interesada Martha Merino Schultze de Bustamante en audiencia a través de su abogado manifestó que: 1) Cuando se presenta una acción de amparo constitucional, no basta la exposición de los hechos que aparentemente serian vulneratorios de derechos, sino que también, debe contener una explicación de cómo la autoridad accionada con base a eso hechos vulneró derechos fundamentales; 2) En la presente acción de amparo constitucional, no se identifica el nexo causal entre el hecho denunciado y el derecho al debido proceso vulnerado en cuanto a la valoración efectiva de la prueba; 3) La accionante también denuncia vulneración al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación respecto a la aplicación del art. 57 de la Ley 2341, pero no precisa porque esta aplicación resultaría infundada e inmotivada. Asimismo, no precisa como los accionados hubieran vulnerado su derecho a la defensa, lo que evidencia que la acción tutelar planteada no se encuentra debidamente fundada, como lo establece la SCP 0892/2016-S3 de 24 de agosto; 4) De acuerdo a la SCP 0406/2019-S4 de 2 de julio, para fundar una acción de amparo constitucional con base a una nulidad de citación o notificación, debe exponerse los principios que hacen a las nulidades, es decir, la especificidad, la trascendencia, convalidación, finalidad del acto y preclusión, aspectos que fueron obviados por la accionante a pesar de su petitorio de nulidad; 5) La accionante el 15 de junio de 2022 se presentó ante el Gobierno Autónomo Municipal de la Guardia, después de casi seis meses de efectuada la notificación con la Resolución Técnica Administrativa GAMLG-SMOTMA-RTA 06/2021, lo que implica que convalidó dicha Resolución, pues al tratarse de un problema familiar con la hoy tercera interesada tuvo que comunicarle su inquilina la paralización de los trabajos de construcción de un muro perimetral que lo venía efectuado sin autorización; 6) Ante la notificación con la Resolución Técnica Administrativa GAMLG-SMOTMA-RTA 06/2021 de paralización de obras, tanto en la propiedad de la accionante como en su propiedad, lo que correspondía es que interponga de forma directa el recurso de revocatoria y no presentar un incidente de nulidad de notificación, de cuyo efecto se emitió un oficio que no es susceptible de impugnación en la vía administrativa, de acuerdo a lo que establece el art. 57 de la Ley 2341 de; 7) La acción de amparo constitucional no es subsidiaria de errores o negligencias que haya cometido la administrada en sus planteamientos de defensa dentro de un trámite de fiscalización; 8) Al no haber expuesto la accionante algún argumento de emergencia o necesidad de protección en su calidad de adulta mayor, no corresponde ninguna salvedad para la concesión de la tutela solicitada; 9) No se vulneró su derecho a la defensa de la accionante, pues la Resolución Técnica Administrativa GAMLG-SMOTMA-RTA 06/2021 no extingue o declara derechos, tan solo determina la paralización de obras que realizaba la accionante, debido a los conflictos privados familiares sobre la superficie de sus terrenos; 10) No se puede exigir al Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia lleve adelante actos de notificación respecto a la fiscalización de obras sobre construcciones efectuadas en ese municipio en otro domicilio que no sea el que se está construyendo, debido a que no se cuenta con los mecanismos procesales para dicho propósito; y, 11) El Gobierno Autónomo Municipal de la Guardia, no tiene obligación de averiguar si la propiedad de un inmueble ubicada en dicho municipio tiene su domicilio en otro departamento. Con base a estos fundamentos, solicitó se declare improcedente la acción de amparo constitucional solicitada.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 89/2022 de 7 de junio, cursante de fs. 87 vta. a 92, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) No obstante los hechos y los derechos contenidos en la acción de amparo constitucional, de forma contradictoria en su petitorio solicita se anule la notificación practicada el 11 de febrero de 2021 y se proceda a una nueva con la Resolución Técnica Administrativa GAMLG-SMOTMA-RTA 06/2021, incumpliendo lo establecido en la SCP 0913/2016-S2 de 26 de septiembre, que establece que en las acciones de amparo constitucional debe existir la necesaria relación entre los hechos, el derecho y el petitorio; ii) En cuanto al petitorio que es el objeto de la pretensión, no existe un adecuado nexo de causalidad con los hechos expuestos y los derechos vulnerados, lo que trastoca lo señalado en el art. 36. 4, 5 y 6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), a pesar de la observación efectuada por esa Sala Constitucional para que se aclare los mismos; y, iii) De acuerdo a la SCP 0249/2012 de 29 de mayo, el incidente de nulidad de notificación, no es la vía idónea para restituir derechos como un mecanismo recursivo en sede administrativa, razón por la cual, si la accionante consideraba que la Resolución Técnica Administrativa GAMLG-SMOTMA-RTA 06/2021 era vulneratoria de sus derechos, debió haber activado de forma directa el recurso de revocatoria y no así el incidente de nulidad de notificación de 11 de febrero de 2021 con la indicada Resolución.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución Técnica Administrativa GAMLG-SMOTMA-RTA 06/2021 de 11 de febrero, emitida por Viviana Mariscal Montaño Secretaría Municipal de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia del departamento de Santa Cruz, resolvió paralizar todo trámite administrativo referente a los lotes de terreno registrados con los códigos 00206-00025-00034 a nombre de Yolanda Ofelia Merino Schultze de Blanco -hoy accionante- y 0703-737718027083 a nombre de Martha Merino Schultze de Bustamante -ahora tercera interesada-, disponiendo el registro de esta decisión en el Registro Único de Administración Tributaria RUAT-INMUEBLES, hasta que se tenga una orden emanada de autoridad competente que defina el mejor derecho propietario (fs. 7 a 11). II.2. Mediante memorial presentado el 15 de junio de 2021, dirigido a Jhonny Morota Loayza Secretario del Área del Plan Regulador y Catastro del Gobierno Autónomo Municipal de la Guardia del departamento de Santa Cruz -hoy coaccionado- Yolanda Ofelia Merino Schultze de Blanco -ahora accionante- interpuso incidente de nulidad de notificación efectuada el 11 de febrero de 2021 con la Resolución Técnica Administrativa GAMLG-SMOTMA-RTA 06/2021, pidiendo se le notifique nuevamente conforme a procedimiento, tomando en cuenta su domicilio actual (fs.12 a 16). II.3. A través del Oficio Externo GAMLG-SMOTMA-OF.EXT 538/2021 de 23 de junio emitido por el Secretario Municipal General del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia del departamento de Santa Cruz -hoy coaccionado-, declaró improcedente la solicitud de nulidad de notificación por Yolanda Ofelia Merino Schultze e Blanco, ratificando en forma total todas las actuaciones al respecto (fs. 20). II.4. Por memorial presentado el 2 de julio de 2021, dirigido al Secretario Municipal General del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia del departamento de Santa Cruz hoy coaccionado, la hoy accionante interpuso recurso de revocatoria contra el Oficio Externo GAMLG-SMOTMA-OF.EXT 538/2021 de 23 de junio (fs. 21 a 23). II.5. Mediante Resolución Técnica Administrativa GAMLG-SMOTMA-RTA-040/2021 de 13 de julio, emitida por el Secretario Municipal General del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia del departamento de Santa Cruz ahora coaccionado, en el marco del art. 57 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, resolvió confirmar el Oficio Externo GAMLG-SMOTMA-OF.EXT 538/2021, disponiendo que la interesada acuda a la vía ordinaria a los fines de resolver su mejor derecho propietario (fs. 25 a 29). II.6. Por memorial presentado el 13 de agosto de 2021, dirigido al Secretario Municipal General del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia del departamento de Santa Cruz hoy coaccionado, la accionante interpuso recurso jerárquico contra la Resolución Técnica Administrativa GAMLG-SMOTMA-RTA-040/2021 (fs. 30 a 33). II.7. A través del Decreto Edil 047 de 17 de diciembre de 2021, emitido por Jhoel Rodrigo Valverde Lafuente, Alcalde interino del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia -hoy accionante-, resolvió rechazar el recurso jerárquico interpuesto por la accionante en el marco del art. 57 de la Ley 2341, confirmando la Resolución Técnica Administrativa GAMLG-SMOTMA-RTA-040/2021 (fs. 34 a 36).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación, a la defensa y a la igualdad; en razón a que el coaccionado Jhoel Rodrigo Valverde Lafuente, Alcalde interino del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia, al emitir el Decreto Edil 047 de 17 de diciembre de 2021 que resolvió el recurso jerárquico, no explicó las razones por las cuales solo aplicó la primera parte del art. 57 de la Ley 2341, para rechazar su recurso con el argumento de que el Oficio Externo GAMLA-SMOTMA-OF.EXT 583/2021 que declaró improcedente el incidente de nulidad de notificación planteado por su persona no es impugnable, al ser un acto administrativo de mero trámite, obviando considerar la salvedad de la última parte del indicado artículo que establece la posibilidad de impugnación cuando se produce indefensión como ocurrió en el presente caso, debido a que le notificaron con la Resolución Técnica Administrativa GAMLG-SMOTMA-RTA 06/2021 en el inmueble de su propiedad que no es su domicilio actual y con una documentación incompleta. En consecuencia, corresponde en revisión, si los hechos demandados evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Relación de causalidad entre los hechos, derechos y el petitorio

La SCP 0369/2020-S3 de 24 de julio, con relación a los elementos esenciales que deben cumplirse para la interposición y procedencia de la acción de amparo constitucional, citó a la SCP 0701/2018-S1 de 5 de noviembre, indicando que: «“…el art. 33 del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé que: `La acción deberá contener al menos: 1. Nombre, apellido y generales de quien interpone la acción o de su representante legal, acompañando en este último caso, la documentación que acredite su personería. En el caso de terceras personas que tengan interés legítimo, deberán acreditar el interés alegado. Además, deberá indicarse la dirección de un correo electrónico u otro medio alternativo de comunicación inmediata. 2. Nombre y domicilio contra quien se dirige la acción, o los datos básicos para identificarla o identificarlo, así como, en el caso de que se conozca, el lugar dónde pueda ser notificada o notificado. 3. Patrocinio de abogado cuando corresponda, o en su caso la solicitud de defensor público. 4. Relación de los hechos. 5. identificación de los derechos o garantías que se consideren vulnerados. 6. Solicitud, en su caso, de medidas cautelares. 7. Las pruebas que tenga en su poder o señalamiento del lugar donde se encuentren. 8. Petición’. De donde se extrae que el legislador de manera expresa estableció ciertas exigencias que deben contener las acciones tutelares y que necesariamente tendrán que ser cumplidas por quienes planteen la acción de amparo constitucional; siendo la finalidad de estas exigencias no solo hacer conocer datos sobre la legitimación activa y pasiva, domicilio y demás, sino, que el Juez constitucional, tenga pleno conocimiento de los hechos denunciados que sustentan la acción, los derechos presuntamente desconocidos o amenazados de ser transgredidos, la relación entre éstos, y del petitorio entendido como el núcleo mismo de la pretensión, que deberá estar en plena coherencia con la causa petendi; es decir, con los hechos denunciados y derechos presuntamente vulnerados.

La SCP 0913/2016-S2 de 26 de septiembre, aludiendo el entendimiento asumido en la SC 1640/2010-R de 15 de octubre, sobre los elementos esenciales de la pretensión en la acción de amparo constitucional, describió que serían dos: `a) La causa petendi, determinada por la vulneración de un derecho fundamental a través de un acto o vía de hecho; y b) el petitum, que contiene la solicitud de declaración de nulidad de la disposición, acto o vía de hecho causante de la lesión y la de reconocimiento o restablecimiento del derecho fundamental vulnerado, elementos que procesalmente configuran el objeto de la tutela a ser brindada por el órgano contralor de constitucionalidad…’’”».

En ese sentido, la SCP 0070/2021-S3 de 1 de abril, citando a la SCP 1693/2013 de 10 de octubre, señaló qué: “…la finalidad de la precisión o identificación de los derechos o garantías que se consideren vulnerados y la exactitud en la formulación del petitorio, obedece a que permite establecer la relación de causalidad entre los hechos y derechos fundamentales o garantías constitucionales denunciados como infringidos y la exactitud en el petitorio delimita el marco en función al cual la justicia constitucional deberá resolver; es decir, cómo los actos u omisiones en que hubiere incurrido el servidor público o persona particular lesionaron los derechos cuya tutela constitucional se invoca. Al respecto, la SC 0365/2005-R de 13 de abril, sostuvo: ‘Como quedó precisado en el punto anterior, la causa de pedir contiene dos elementos: 1) el elemento fáctico que está referido a los hechos que sirven de fundamento al recurso; 2) el elemento normativo, es decir, los derechos o garantías invocados como lesionados por esos hechos, que deben ser precisados por el recurrente; sin embargo, como en los hechos debe acreditarse el derecho vulnerado, es preciso que exista una relación de causalidad entre el hecho que sirve de fundamento y la lesión causada al derecho o garantía. De ahí que el cumplimiento de esta exigencia no se reduce a enumerar artículos, sino a explicar desde el punto de vista causal, cómo esos hechos han lesionado el derecho en cuestión’. Más adelante, la misma Sentencia Constitucional, señaló: ‘Por principio general, el Juez de tutela está obligado a conferir solamente lo que se le ha pedido; esto muestra la enorme importancia que tiene el petitium de la causa, pues, el Juez está vinculado a la misma; esto es, deberá conceder o negar el petitorio formulado; sólo excepcionalmente, dada la naturaleza de los derechos protegidos es posible que el Juez constitucional pueda conceder una tutela ultra petita, de cara a dar efectividad e inmediatez a la protección del derecho o la garantía vulnerada, cuando advierta que existió error a tiempo de formular el petitorio. Extremo que deberá ser ponderado en cada caso concreto, al tratarse de una excepción’”.

De igual manera la SCP 0369/2020-S3, sobre la relevancia del petitorio relacionado con los hechos de la causa de la acción de amparo constitucional, citando a la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, indicó que: “…la petición, petitorio o petitum es entendido como el núcleo mismo de la pretensión, es aquello que en justicia se busca satisfacer, es decir, se concibe como el objeto de la pretensión que es aquello que se pide, o aquello que se quiere o pretende dentro de un proceso, …, debiendo ser enunciada de manera clara, concreta e indubitable, asimismo, observándose, en su caso, los presupuestos procesales específicos. La importancia del petitorio, de manera expresa y en términos directos y claros, debe encontrarse directamente relacionada con los hechos de la causa, existiendo una relación entre ambos, pues esta, determinará y delimitará la concesión del juez o tribunal de garantías en la acción planteada, porque solamente puede conferir lo que se solicita, así, la SC 0381/2007-R de 10 de mayo señala: '…el Juez de tutela está obligado a conferir solamente lo que se le ha pedido; esto muestra la enorme importancia que tiene el petitium de la causa, pues, el Juez está vinculado a la misma; esto es, deberá conceder o negar el petitorio formulado…'’” (las negrillas y el subrayado son añadidos).

III.2. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación, a la defensa y a la igualdad; en razón a que el coaccionado Jhoel Rodrigo Valverde Lafuente, Alcalde interino del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia, al emitir el Decreto Edil 047 de 17 de diciembre de 2021 que resolvió el recurso jerárquico, no explicó las razones por las cuales solo aplicó la primera parte del art. 57 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, para rechazar su recurso con el argumento de que el Oficio Externo GAMLA-SMOTMA-OF.EXT 583/2021 que declaró improcedente el incidente de nulidad de notificación planteado por su persona no es impugnable, al ser un acto administrativo de mero trámite, obviando considerar la salvedad de la última parte del indicado artículo que establece la posibilidad de impugnación cuando se produce indefensión como ocurrió en el presente caso al haberle notificado con la Resolución Técnica Administrativa GAMLG-SMOTMA-RTA 06/2021 en un inmueble de su propiedad que no es su domicilio actual y con una documentación incompleta.

Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que el 11 de febrero de 2021, emitido por la Secretaría Municipal de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia del departamento de Santa Cruz, emitió la Resolución Técnica Administrativa GAMLG-SMOTMA-RTA 06/2021 de 11 de febrero, a través de la cual resolvió paralizar todo trámite administrativo referente a los lotes de terreno registrados con los códigos 00206-00025-00034 a nombre de Yolanda Ofelia Merino Schultze de Blanco -hoy accionante- y 0703-737718027083 a nombre de Martha Merino Schultze de Bustamante -ahora tercera interesada-, disponiendo el registro de esta decisión en el Registro Único de Administración Tributaria RUAT-INMUEBLES, hasta que se cuente con una orden emanada de autoridad competente que defina el mejor derecho propietario (Conclusión II.1.). A consecuencia de ello, mediante memorial presentado el 15 de junio de 2021, dirigido al Secretario Municipal ahora coaccionado, la accionante solicitó la nulidad de la notificación efectuada el 11 de febrero de 2021, pidiendo se le notifique nuevamente conforme a procedimiento y tomando en cuenta su domicilio actual (Conclusión II.2.). Solicitud que mereció el Oficio Externo GAMLG-SMOTMA-OF.EXT 538/2021 de 23 de junio, emitido por Secretario Municipal ahora coaccionado, que declaró improcedente la solicitud de nulidad de notificación (Conclusión II.3.). Por memorial presentado el 2 de julio de 2021, dirigido al Secretario Municipal -hoy coaccionado- la accionante interpuso recurso de revocatoria contra el Oficio Externo GAMLG-SMOTMA-OF.EXT 538/2021 (Conclusión II.4.). Por efecto de dicha impugnación por el Secretario Municipal hoy coaccionado, en el marco del art. 57 de la Ley 2341, resolvió confirmar el Oficio Externo GAMLG-SMOTMA-OF.EXT 538/2021, disponiendo que la interesada acuda a la vía ordinaria a los fines de resolver su mejor derecho propietario (Conclusión II.5.).

Por memorial presentado el 13 de agosto de 2021, dirigido al Secretario Municipal ahora coaccionado, la accionante interpuso recurso jerárquico contra la Resolución Técnica Administrativa GAMLG-SMOTMA-RTA-040/2021, impugnación que mereció el Decreto Edil 047 de 17 de diciembre de 2021, emitido por el Alcalde interino del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia -hoy accionado-, resolvió rechazar el recurso jerárquico interpuesto por la accionante en el marco del art. 57 de la Ley 2341 de, confirmando la Resolución Técnica Administrativa GAMLG-SMOTMA-RTA-040/2021. En el marco de los antecedentes descritos, la accionante a través de la presente acción de amparo constitucional de manera específica pretende se anule la notificación de 11 de febrero de 2021, y se la cite de manera correcta con la Resolución Técnica Administrativa GAMLG-SMOTMA-RTA 06/2021 de 11 del mismo mes y año, alegando que la misma vulnera su derecho al debido proceso y la defensa, no obstante que el argumento central de la presente acción de amparo constitucional está referido a que la autoridad municipal que emitió el Decreto Edil 047 de 17 de diciembre de 2021 que resolvió el recurso jerárquico, vulneró sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, y a la defensa, debido a que no explicó las razones por las cuales solo aplicó la primera parte del art. 57 de la Ley 2341, para rechazar su recurso, con el argumento de que el Oficio Externo GAMLA-SMOTMA-OF.EXT 583/2021 que declaró improcedente el incidente de nulidad de notificación planteado por su persona no es impugnable, al ser un acto administrativo de mero trámite, obviando considerar la salvedad de la última parte del indicado artículo que establece la posibilidad de impugnación cuando se produce indefensión como ocurrió en el presente caso al haberle notificado con la Resolución Técnica Administrativa GAMLG-SMOTMA-RTA 06/2021 en un inmueble de su propiedad que no es su domicilio actual y con una documentación incompleta. En ese contexto, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, las exigencias establecidas en el art. 33 del CPCo, entre ellas, la relación de los hechos, los derechos que se consideren vulnerados y el petitorio, tienen la finalidad de que el juez, tribunal de garantías o Sala Constitucional conozca los hechos denunciados que sustentan la acción, los derechos presuntamente desconocidos o amenazados de ser transgredidos, la relación entre estos, y el petitorio entendido como el núcleo mismo de la pretensión, que deberá estar en plena coherencia con la causa petendi; es decir, con los hechos denunciados y derechos presuntamente vulnerados. El petitorio debe contener la solicitud de declaración de nulidad de la disposición, acto o vía de hecho causante de la vulneración de los derechos o garantías constitucionales que se señala como vulnerados, constituyendo este el objeto de la tutela a ser brindada.

En ese sentido, en el presente caso, si bien la accionante en el marco del principio de subsidiariedad identifica como acto vulneratorio de sus derechos el Decreto Edil 047 de 17 de diciembre de 2021 que resolvió el recurso jerárquico, denunciando que no explicó las razones por las cuales solo aplicó la primera parte del art. 57 de la Ley 2341 para rechazar su recurso; sin embargo, en el petitorio de forma incongruente pide que se anule la notificación de 11 de febrero de 2021 y se la cite de manera correcta con la Resolución Técnica Administrativa GAMLG-SMOTMA-RTA 06/2021 de 11 de febrero por considerar que este actuado procesal administrativo hubiera vulnerado su derecho al debido proceso y a la defensa, cuando lo que correspondía en coherencia con los hechos descritos, era solicitar se deje sin efecto el Decreto Edil 047 de 17 de diciembre de 2021, si acaso consideraba que esta Resolución Administrativa era vulneratoria de sus derechos y en función de ello, que sea esta nueva Resolución la que se pronuncie sobre la nulidad de notificación solicitada. Por lo expuesto, considerando que el petitorio en la presente acción tutelar no contiene una relación intrínseca y una vinculación directa y específica con los hechos del caso en concreto, que permitan determinar y delimitar de manera razonable el objeto de la pretensión de tutela, lo cual se constituye en un elemento esencial de la acción de amparo constitucional, corresponde denegar la tutela solicitada sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 89/2022 de 7 de junio, cursante de fs. 87 vta. a 92, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0962_2023-S3.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): 68a491615c78429e1254baedb6a4a673c74e1cff0e2df0c7c0d7dc80198fafba

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