Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 16 de octubre de 2023
Concede la tutela
La parte accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad, a la dignidad, a una respuesta pronta, y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, trasparente y sin dilaciones; toda vez que, pese a personarse al Juzgado a efectos de proporcionar las fotocopias correspondientes para que el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que rechazó su solicitud de cesación de su detención preventiva, sea remitido al Tribunal de alzada para su resolución; los demandados dilataron injustificadamente tal obligación hasta la presentación de la acción de libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 105/2022 de 6 de mayo, cursante de fs. 18 a 20 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0961/2023-S4 Sucre, 16 de octubre de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 47634-2022-96-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 105/2022 de 6 de mayo, cursante de fs. 18 a 20 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Bacilio Octavio Relova Quispe contra Mario Helmer Laura Picavia, Juez; Milko Steel Ayllón Quilli, Secretario; y, Andrea Milena Mamani Saire, Auxiliar, todos del Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 5 de mayo de 2022, cursante de fs. 1, 6 a 9; el accionante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violación niña, niño o adolescente, por el cual se encuentra cumpliendo detención preventiva; solicitó la cesación de dicha medida, la misma fue rechazada por el Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz; ante lo cual, interpuso recurso de apelación incidental contra tal determinación conforme el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en cuyo mérito el Juez ahora demandado conminó el cumplimiento de proporcionar fotocopias conforme el art. 112 del mismo Código. Si bien, su defensa se hizo presente en el Juzgado a efecto de cumplir con el recaudo de las fotocopias y sea remitido el citado recurso de apelación; ello, no fue posible ya que la resolución no se encontraba trascrita; volviendo al día siguiente 4 de mayo de 2022, la Auxiliar del Juzgado solicitó se retorne por la tarde; empero, otro funcionario indicó que la resolución aún continuaba en revisión por la autoridad jurisdiccional para firma; es así que, retornó el 5 de igual mes y año; sin embargo, grande fue la sorpresa cuando la citada Auxiliar de manera prepotente refiere que nadie habría pasado a sacar las fotocopias requeridas y por ello la apelación no fue remitida, lo que es totalmente falso. Es así que hasta la presentación de la acción de libertad no fueron remitidos los antecedentes ante la Sala Penal de turno correspondiente.
Denunció la lesión de su derecho a la libertad, a la dignidad, a una respuesta pronta, y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, trasparente y sin dilaciones, citando al efecto los arts. 22; 23; 24; 115 y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se ordene la remisión de antecedentes al Tribunal de alzada en el día para que sea resuelto el recurso de apelación interpuesto; y, b) Se remita antecedentes ante el Consejo de la Magistratura contra la Auxiliar a efecto que se inicie el proceso disciplinario correspondiente.
Celebrada la audiencia virtual el 6 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 17, ausente el impetrante de tutela y la parte demandada, se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante no se hizo presente a la audiencia de acción de libertad a los fines de ratificar su demandada tutelar.
Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 6 de mayo de 2022, cursante a fs. 16 y vta., manifestó que: 1) Del Informe de la Auxiliar se tiene que, el “presente proceso” fue remitido el 5 de mayo de 2022 a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, enviando el cuaderno en originales debido a que el abogado no proporcionó las copias correspondientes; y, 2) El impetrante de tutela refiere que, debe remitirse el recurso de apelación en el plazo de veinticuatro horas; empero, en este momento se encuentra cumpliendo suplencia legal en el Juzgado Similar Cuarto y considerando la SCP 0162/2018-S2 señala que, excepcionalmente se puede remitir en el plazo de setenta y dos horas cuando se cumple una suplencia, como ocurre en el caso presente; siendo que la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva se llevó a cabo el 29 de abril de 2022 y el proceso fue remitido al tribunal de apelación el 5 de mayo de igual año se cumplió el plazo establecido. Milko Steel Ayllón Quilli, Secretario del Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, por Informe presentado el 6 de mayo de 2022, cursante a fs. 15 y vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada; toda vez que, el recurso de apelación y los antecedentes fueron remitidos el 5 de mayo de 2022, es decir dentro de las setenta y dos horas; esto debido a que se encuentra cumpliendo suplencia legal en el Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia La Mujer Cuarto del mismo departamento. Andrea Milena Mamani Saire, Auxiliar del Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, por Informe presentado el 6 de mayo de 2022, cursante a fs. 14 y vta., manifestó que, el abogado de la parte accionante no proporcionó las copias para remitir el recurso de apelación a la Sala Penal correspondiente; empero, al tratarse el caso con detenido preventivo se remitió obrados en originales para su consideración, al efecto se adjunta el oficio de remisión; considerando que la parte accionante es la que actúa de forma negligente se debe denegar la tutela impetrante.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 105/2022 de 6 de mayo, cursante de fs. 18 a 20 vta., denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: i) Habiéndose realizado la audiencia de cesación de medida cautelar el 29 de abril de 2022 (viernes) emitiéndose la resolución que fue apelada por la parte accionante conforme los arts. 404 y 405 del CPP, correspondía la remisión de actuados ante el Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas; teniéndose de actuados que fue remitido el 5 de mayo de igual año, es decir con posterioridad al plazo señalado; y, ii) En consideración a la línea jurisprudencial de la SCP 0162/2018-S2 de 14 de mayo, señaló que: “Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el tribunal Departamental de Justicia, en el término de 24 Hrs, no obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recursos de apelación, de manera excepcional y en situaciones en que exista una justificación razonable fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la, omisión del juzgador se constituye en un acto” (sic); por lo que, considerando que la autoridad demandada se encontraba en suplencia legal del Juzgado similar Cuarto y la carga procesal con la que cuentan dichos Juzgados, es viable la aplicación de la flexibilidad del plazo de remisión conforme a la jurisprudencia constitucional citada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene Oficio suscrito por Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia La Mujer Primero del departamento de La Paz –ahora demandado–, presentado el 5 de mayo de 2022 a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con la suma “REMISIÓN DE OBRADOS EN ORIGINALES EN MERITO A LA RESOLUCIÓN N° 283/2022 DE 29 DE ABRIL DE 2022” (fs. 13 y vta.).
La parte accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad, a la dignidad, a una respuesta pronta, y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, trasparente y sin dilaciones; toda vez que, pese a personarse al Juzgado a efectos de proporcionar las fotocopias correspondientes para que el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que rechazó su solicitud de cesación de su detención preventiva, sea remitido al Tribunal de alzada para su resolución; los demandados dilataron injustificadamente tal obligación hasta la presentación de la acción de libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0958/2021-S4 de 29 de noviembre, al respecto precisó: “El art. 251 del CPP, señaló que: ʽLa resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas. El tribunal de apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior'. Según la norma procesal penal citada, las actuaciones del recurso de apelación interpuesto contra una resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, deben ser remitidos ante el tribunal de alzada en el término de veinticuatro horas.
Así también lo señaló la línea jurisprudencia de la SCP 0187/2014 de 30 de enero, cuando expreso que: «En este entendido, se reitera, la inobservancia de la parte procesal en proporcionar inmediatamente los recaudos necesarios no faculta convalidar una actitud dilatoria que entorpezca el tratamiento rápido y oportuno que deben merecer las solicitudes vinculadas con la libertad personal; ante estos supuestos corresponde a la autoridad judicial competente adoptar todas las medidas conducentes para que se efectivice la remisión de actuados y de manera inmediata se tramite la apelación presentada, debiendo la autoridad judicial dar la continuidad inmediata al trámite de apelación en atención al principio de celeridad procesal y en resguardo del derecho a la libertad física. En cuyo mérito, a fin de evitar dilaciones indebidas en el tratamiento de la remisión de actuados por parte del Juez a quo ante el Tribunal de alzada, cumple a la autoridad judicial competente la observancia de lo siguiente:
i) Remitir al Tribunal ad quem, en el término de veinticuatro horas, conforme previene el art. 251 del CPP, las actuaciones pertinentes a efectos que se resuelva el recurso de apelación que corresponda. En caso que no haberse proporcionado los recaudos necesarios, mínimamente deberán ser remitidos al Tribunal de apelación: a) Copia del acta de audiencia de medidas cautelares, b) Copia del Auto que disponga las medidas cautelares; y, c) Copia del mandamiento de detención preventiva del o los imputados, a efectos de dar continuidad inmediata al trámite de apelación; y, ii) Sin perjuicio de cualquier determinación que viabilice la continuidad con el trámite de apelación, adoptar la diligencia necesaria a efectos de dar curso a la tramitación de la apelación formulada de manera inmediata, independientemente de las medidas a adoptarse para exigir el cumplimiento de los recaudos de ley por parte del apelante» Según la norma procesal penal y línea jurisprudencial, citadas precedentemente, las actuaciones pertinente respecto a un recurso de apelación sobre resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen medidas cautelares, deben ser remitidos por el juez ante el Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas; y, en aquellos casos donde el apelante no haya provisto los recaudos necesarios, mínimamente debe remitir copias del acta de audiencia de medida cautelar, del auto que dispuso las medidas señalada y el mandamiento de detención preventiva, a efectos de dar continuidad al trámite de la apelación'” (las negrillas son nuestras).
La SCP 0865/2022-S4 de 22 de julio, señalando la SCP 0604/2021-S4 de 29 de septiembre, manifestó que: “…el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre señaló lo siguiente: 'La doctrina constitucional ha desarrollado diferentes modalidades o tipos de habeas corpus -ahora acción de libertad, así, entre ellos se tiene el habeas corpus innovativo, lo que en el régimen constitucional vigente equivale a la acción de libertad innovativa. Su naturaleza principal radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, tiene la facultad de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión, aun cuando las mismas hubieran cesado o desaparecido. En ese contexto argumentativo, la acción de libertad –innovativa– permite al agraviado o víctima de la vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con el propósito fundamental de evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional; pues, conforme lo ha entendido la jurisprudencia, en la SCP 0103/2012 de 23 de abril, «la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada. Ahora bien, está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, más al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional”.
Conforme lo expresado por el accionante en su demanda de acción de libertad, los informes de la parte demandada y la documental adjunta, se tiene que; el accionante es procesado penalmente por la presunta comisión del delito de violación de niña, niño o adolescente, encontrándose cumpliendo detención preventiva; por lo que, solicitó la cesación de la misma, habiéndose en consecuencia desarrollado la audiencia para considerar dicha pretensión el 29 de abril de 2022, en cuyo acto el Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia La Mujer Primero del departamento de La Paz –ahora demandado– rechazó dicha solicitud; ante lo cual, el impetrante de tutela interpuso recurso de apelación conforme el art. 251 del CPP; siendo remitidos los antecedentes ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, recién el 5 de mayo de 2022 (Conclusión II.1). En ese marco, de lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, se tiene que, una vez interpuesto el recurso de apelación incidental, éste debe ser remitido ante el tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas conforme lo previsto el art. 251 del CPP; pero además no se puede considerar como justificativo a la dilación o cumplimiento del plazo establecido el no proporcionar los recaudos necesarios por la parte procesal; toda vez que, es obligación de la autoridad judicial competente adoptar todas las medidas necesarias para cumplir de manera inmediata con la remisión del citado recurso de apelación en resguardo del derecho involucrado como es la libertad. En el caso presente, la autoridad demandada y los funcionarios de apoyo jurisdiccional, en su Informe dentro de la presente acción de libertad manifestaron que, la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva interpuesta por el accionante fue del 29 de abril de 2022; es así que habiéndose antepuesto el recursos de apelación incidental –entendiéndose de manera oral en el mismo acto procesal–, este fue remitido ante el superior en grado el 5 de mayo de igual año; es decir sobrepasando el plazo previsto en el art. 251 del CPP y la flexibilización dispuesta en la jurisprudencia constitucional; dado que, si bien la parte demandada refiere haberse encontrado cumpliendo una suplencia legal, dicho extremo no fue acreditado con los descargos correspondientes, así como tampoco resulta justificativo la falta de previsión de recaudos de ley; puesto que, conforme estableció la jurisprudencia ”…en aquellos casos donde el apelante no haya provisto los recaudos necesarios, mínimamente debe remitir copias del acta de audiencia de medida cautelar, del auto que dispuso las medidas señalada y el mandamiento de detención preventiva, a efectos de dar continuidad al trámite de la apelación”; en consecuencia, se advierte que, tanto el Juez como Director del Juzgado, y los funcionarios de apoyo jurisdiccional como responsables de ejecutar dicha remisión del recurso de apelación conforme lo prevé el art. 251 del CPP, incurrieron en una dilación injustificada por la actuación negligente, sin observar que sus actuados deben estar enmarcados dentro del principio de celeridad, más cuando de por medio se halla involucrado el derecho de libertad del procesado ahora accionante. Por todo lo señalado, es que corresponde conceder la tutela solicitada en la modalidad de acción de libertad innovativa; dado que, conforme los antecedentes, la reclamada remisión del recurso de apelación fue remitido el mismo día del planteamiento de la presente acción de defensa, es decir el 5 de mayo de 2022. Aclarándose que, la concesión otorgada en la presente acción de tutela es únicamente respecto a la dilación respecto a la tardanza en la remisión del recurso de apelación incidental conforme prevé el art. 251 del CPP, y no sí sobre el fondo de su situación jurídica del impetrante de tutela, pues dicha decisión corresponderá a la autoridad jurisdiccional. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 105/2022 de 6 de mayo, cursante de fs. 18 a 20 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0961_2023-S4.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2227e63c20227bb642fbd7ea8b13d84a8a09c97aee39e224e1fc662a52b706b1
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