Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 23 de octubre de 2023
Concede la tutela
Las accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la inembargabilidad y retención de salarios no autorizados por ley, al trabajo con una remuneración oportuna para una vida digna, a la estabilidad e inamovilidad laboral por fuero sindical; arguyendo que, la entidad empleadora se niega a cumplir con la Conminatoria J.D.T.CBBA. /D.S. 0495-D.S 3770/NVV/ 052/2022 de 27 de junio, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo Cochabamba, que dispuso la restitución de su bono de antigüedad que fue disminuido, tal cual percibían antes del recorte en enero de 2022, en el marco del DS 3770, prohibiendo el acoso y discriminación, concediéndole un plazo de tres días; empero, pese a ser de su conocimiento, no fue acatada, eludiendo su carácter inmediato y obligatorio. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución -098/2022 de 4 de noviembre, cursante de fs. 328 a 332, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo el cumplimiento íntegro de la Conminatoria J.D.T.CBBA. /D.S. 0495-D.S 3770/NVV/ 052/2022 de 27 de junio, en los mismos términos dispuestos por la referida Sala Constitucional y conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0961/2023-S2 Sucre, 23 de octubre de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 51715-2022-104-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución -098/2022 de 4 de noviembre, cursante de fs. 328 a 332, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Herlinda Román Arequipa de Mogro, Ricarda Nelly Espejo Miranda y Julia Juana Rodríguez Mamani contra la Fundación Universitaria “Simón I Patiño” (FUSIP) - Centro Pediátrico Albina Rodríguez de Patiño (CPAP).
Por memorial presentado el 27 de octubre de 2022, cursante de fs. 209 a 216 vta., las accionantes expresaron que:
Vienen trabajando desde hace muchos años en el área de Enfermería del CPAP, siendo incluso -Herlinda Román Arequipa- parte de la Directiva del Sindicato de Trabajadores de Salud de la entidad demandada; sin embargo, en diciembre de 2021, bajo presión y hostigamiento, sin contar con el visado respectivo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, les hicieron firmar las adendas a sus contratos con una disminución de su bono de antigüedad, percibiendo sus salarios con dicha rebaja desde enero de 2022, afectando sus ingresos económicos. Ante dicha medida, acudieron a la Jefatura Departamental del Trabajo Cochabamba, solicitando la reposición de lo recortado, emitiendo dicha instancia la Conminatoria J.D.T.CBBA. /D.S. 0495-D.S 3770/NVV/ 052/2022 de 27 de junio; a través de la cual, exhortó a la Fundación demandada que en el plazo de tres días hábiles cumpla la reposición de remuneración al nivel percibido hasta antes de la rebaja, en el marco del Decreto Supremo (DS) 3770 de 9 de enero de 2019, y en observancia de la estabilidad laboral regulada por el DS 23474 de 20 de abril de 1993, prohibiéndole toda clase de acoso laboral y discriminación contra sus personas; decisión con al cual, pese a ser notificada el 10 de agosto 2022, y con su complementación el 10 de octubre de ese año, no fue cumplida por la entidad empleadora, tal cual se verificó mediante Informe MTEPS-JDT CO-MVV-2827-INF/22 de 7 de ese mes y año, emitido por la Técnico de Trata y Tráfico de dicha repartición, siendo por el contrario impugnada vía recurso de revocatoria, ratificada por la Resolución Administrativa (RA) 110/2022 de 20 de septiembre.
Denunciaron la lesión de sus derechos a la inembargabilidad y retención de salarios no autorizados por ley, al trabajo con una remuneración oportuna para una vida digna, a la estabilidad e inamovilidad laboral por fuero sindical, citando al efecto los arts. 46.I.1 y 2, 48, 49.III y 53.IV de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo el cumplimiento íntegro de la Conminatoria J.D.T.CBBA. /D.S. 0495-D.S 3770/NVV/ 052/2022, más la reposición de la remuneración al nivel percibido antes de enero de 2022, respetando su estabilidad laboral, además de la prohibición de toda clase de acoso laboral y discriminación en su contra, sea en el plazo de tres días.
Celebrada la audiencia pública virtual el 4 de noviembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 326 a 327 vta., se produjeron los siguientes actuados:
Las accionantes a través de su abogada, ratificaron el contenido in extenso de la acción de amparo constitucional, y ampliándolo manifestaron que: a) Antes del descuento ilegal que sufrieron, su bono de antigüedad era promediado con base en tres salarios mínimos nacionales; empero, desde enero de 2022, fue disminuido al cálculo de solo uno, cuya injusticia fue el justificativo para disponer mediante la Conminatoria J.D.T.CBBA. /D.S. 0495-D.S 3770/NVV/ 052/2022 por la Jefatura Departamental de Trabajo Cochabamba la restitución del mismo, conforme dispone el DS 3770, por haber concurrido un retiro indirecto y rebaja de sueldos o salarios, más la reposición de la remuneración al nivel percibido hasta antes de la citada disminución; es decir, que se cancele el bono de antigüedad sobre la base del DS 23474, respetando la estabilidad laboral; y, b) La Fundación demandada no dio respuesta positiva a la instrucción de la citada entidad administrativa, pese a ser de su conocimiento la misma, persistiendo la transgresión de sus derechos laborales.
Carla Torrico Ortega, Directora Administrativa de la FUSIP-CPAP, mediante informe escrito presentado el 4 de noviembre de 2022, cursante de fs. 322 y vta., y en audiencia de garantías a través de sus abogados, expresó que: 1) No existió despido de las accionantes, quienes continúan trabajando en el CPAP, dependiente de la referida Fundación, tal cual se puede evidenciar del registro de asistencia, los pagos realizados, las adendas de regularización de sus bonos de antigüedad y el finiquito de indemnización de regularización del bono de antigüedad firmado por las aludidas; y, 2) Con relación al pago del bono de antigüedad de las impetrante de tutela, suscribieron una adenda de regularización del bono de antigüedad; así como, respecto del finiquito de regularización sobre ese concepto, debiendo aplicarse el principio de verdad material; razón por la cual, la Conminatoria confutada emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo Cochabamba,, resultó inviable; ameritando en consecuencia, denegar la tutela solicitada.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución -098/2022 de 4 de noviembre, cursante de fs. 328 a 332, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la FUSIP, en el plazo de tres días dé cumplimiento inmediato a la Conminatoria J.D.T.CBBA. /D.S. 0495-D.S 3770/NVV/ 052/2022; y, “…Con relación a los ajustes que se deba realizar respecto al pago de bono de antigüedad corresponde que la parte accionante acuda a la Jefatura Departamental del trabajo” (sic), con base en los siguientes fundamentos: i) La aludida Conminatoria ordenó la reincorporación laboral de las peticionantes de tutela, conforme dispone el DS 3770, más la reposición de la remuneración al nivel percibido hasta antes de la rebaja, sobre la base del DS 23474, otorgando el término de tres días para su acatamiento; sin embargo, del Informe MTEPS-JDT CO-MVV-2827-INF/22 de 7 de octubre, emitido por el Inspector de la precitada Jefatura Laboral, se evidencia que no habría sido cumplida dicha disposición; y, ii) Con relación a un ajuste de los pagos de bonos de antigüedad, no se tiene competencia, aspecto que además ya fue considerado por la aludida Conminatoria en su Considerando IV.4, determinando con base en su análisis la reposición de la remuneración al nivel permitido hasta antes de la rebaja, y a pesar que sobre dichos criterios fue activado el recurso de revocatoria por la entidad empleadora, fue ratificada la citada Conminatoria a través de la RA 110-2022.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursan: Adendas a Contratos de Trabajo sobre Regularización se Calculó de Bono de Antigüedad, suscritos el 15 de diciembre de 2021, entre Herlinda Román Arequipa de Mogro, Ricarda Nelly Espejo Miranda y Julia Juana Rodríguez Mamani -ahora accionantes- con Carla Torrico Ortega, Directora Administrativa de la FUSIP – CPAP -entidad demandada-, cuyo acápite 2.7. estipuló que “…a la fecha se ha tornado insostenible para dicha entidad, continuar calculando el Bono de Antigüedad sobre tres (3) Salarios Mínimos Nacionales, pues dicho cálculo viene afectando drásticamente su presupuesto y compromete seriamente la continuidad de los proyectos que a la fecha mantiene vigentes en Bolivia.
2.8 Bajo esos antecedentes, las PARTES suscribientes de la presente Adenda, con la finalidad de regularizar el cálculo correcto del Bono de Antigüedad de acuerdo a ley, conscientes de la naturaleza de la FUSIP – CPAP como una entidad sin fines de lucro, deciden suscribir el presente documento con el propósito de establecer acuerdos respecto al nuevo cálculo de Bono de Antigüedad a ser aplicado en la FUSIP – CPAP a partir de la suscripción del presente documento. (…) 3.1. Determinan y acuerdan que a partir del mes de enero de 2022, el cálculo de Bono de Antigüedad será realizado sobre un (1) Salario Mínimo Nacional” (sic [300 a 317]). II.2. Consta Conminatoria J.D.T.CBBA. /D.S. 0495-D.S 3770/NVV/ 052/2022 de 27 de junio, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo Cochabamba, cuya parte determinativa señaló: “…CONMINA a la FUNDACION UNIVERSITARIA “SIMON I PATIÑO” - FUSIP, por intermedio de su Representante Legal Sr. GERARDO JORGE BLAJOS KRALJEVIC proceder a la REINCORPORACIÓN LABORAL, CONFORME DISPONE EL DECRETO SUPREMO N° 3770, 9 DE ENERO DE 2019: a la Sra. HERLIINDA ROMAN AREQUIPA (…), RICARDA NELLY ESPEJO MIRANDA (…) JULIA JUANA RODRIGUEZ MAMANI (…) más la reposición de la remuneración al nivel percibido hasta antes de la rebaja, es decir se cancele el bono de antigüedad sobre la base del DS N° 23274 de 20 de abril de 1993 y demás derechos laborales que le correspondan, además se prohíbe toda clase de ACOSO LABORAL y DISCRIMINACIÓN en contra de las trabajadoras, sea en el Plazo máximo de 3 días hábiles, a partir de su notificación con la presente Conminatoria” (sic), cuya notificación a la entidad empleadora se realizó el 10 de agosto de 2022 (fs. 52 y 54 a 57). II.3. Se tiene Informe MTEPS-JDT CO-MVV-2827-INF/22 de 7 de octubre de 2022, expedido por la Técnico de Trata y Tráfico de la Jefatura Departamental de Trabajo Cochabamba, cuya parte conclusiva infirió que: “…no hubo reposición de la remuneración, al nivel salarial percibido hasta antes de la rebaja y demás derechos laborales, por lo tanto conforme las declaraciones de las partes, no se dio cumplimiento íntegro de la conminatoria J.D.T.CBBA. /D.S. No. 0495-2010-D.S 3770/NVVN°052/2022…” (sic [fs. 8 y vta.]).
Las accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la inembargabilidad y retención de salarios no autorizados por ley, al trabajo con una remuneración oportuna para una vida digna, a la estabilidad e inamovilidad laboral por fuero sindical; arguyendo que, la entidad empleadora se niega a cumplir con la Conminatoria J.D.T.CBBA. /D.S. 0495-D.S 3770/NVV/ 052/2022 de 27 de junio, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo Cochabamba, que dispuso la restitución de su bono de antigüedad que fue disminuido, tal cual percibían antes del recorte en enero de 2022, en el marco del DS 3770, prohibiendo el acoso y discriminación, concediéndole un plazo de tres días; empero, pese a ser de su conocimiento, no fue acatada, eludiendo su carácter inmediato y obligatorio. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0177/2012 de 14 de mayo, en torno a este supuesto estableció que: “…la estabilidad laboral es un derecho constitucional cuya vulneración afecta a otros derechos elementales, a este efecto consideramos que se debe abstraer el principio de subsidiariedad en aquellos casos en que una trabajadora o un trabajador demande la reincorporación a su fuente trabajo ante un despido sin causa legal justificada; con el único requisito previo de recurrir a las Jefaturas Departamentales de Trabajo denunciando este hecho, a objeto de que estas entidades una vez establecido el retiro injustificado conmine al empleador a la reincorporación inmediata en los términos previstos por el DS 0495, y ante su incumplimiento se hace viable la tutela constitucional a través de la acción de amparo constitucional. Entendimiento asumido en virtud a que en estos casos no sólo se halla involucrado el derecho al trabajo, sino otros derechos elementales como la subsistencia y a la vida misma de la persona, ya que cuando se afecta el derecho al trabajo a través de una despido injustificado, no sólo se afecta a la persona individual, sino a todo el grupo familiar que depende de un trabajador o trabajadora por cuanto implícitamente se atenta contra la subsistencia de sus hijos o dependientes, de ahí que el derecho al trabajo constituye uno de los principales derechos humanos. Sin embargo, a efecto de consolidar la protección de la estabilidad laboral que rige en el Estado Plurinacional de Bolivia, a partir de la vigencia de la Constitución, se hace necesaria la modulación sobre el tema:
En consecuencia, aplicando las normas legales relativas a la estabilidad laboral descritas, se debe considerar los siguientes supuestos: 1) En caso de que una trabajadora o un trabajador, ante un eventual retiro intempestivo sin causa legal justificada opte por su reincorporación, deberá denunciar este hecho ante las Jefaturas Departamentales de Trabajo; entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495, emitiendo si corresponde la conminatoria de reincorporación en los términos previstos en esta norma, y en caso de que el empleador incumpla la conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional, misma que resulta más idónea en estos casos por las razones antes expuestas. 2) Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria, conforme previene el referido Decreto Supremo; vale decir interponiendo una acción laboral dentro los alcances establecidos por el art. 65 del Código Procesal del Trabajo (CPT), precepto que otorga la posibilidad al empleador de constituirse en parte demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se establecerá si el despido fue o no justificado, esto debido a que la justicia constitucional sólo viabiliza la tutela inmediata ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal justificada”. Asimismo, sobre el acatamiento integral de las conminatorias de reincorporación, la SCP 0059/2019-S3 de 12 de marzo, refirió que: «…“respecto a la tutela que se brinda por incumplimiento del empleador de la conminatoria de reincorporación, emitida por una Jefatura Departamental del Trabajo dependiente del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social; toda vez que, la misma se la efectúa en resguardo de los derechos al trabajo y estabilidad laboral, sin necesidad de exigir que previamente se tengan que agotar las instancias administrativas y/o judiciales, por encontrarse en riesgo los derechos del trabajador, así como otros derechos fundamentales relacionados a la subsistencia y vida misma del trabajador y su familia; por lo que no le compete, incluso al Tribunal Constitucional Plurinacional, efectuar pronunciamiento alguno sobre de fondo de la conminatoria (SCP 1372/2015-S2), salvo que en su emisión se hubiesen vulnerado derechos fundamentales (SCP 1712/2013 de 10 de octubre). Consideraciones de las que se establece, que cuando este Tribunal advierta (fuera de este último caso), que se hubiese incumplido la conminatoria de reincorporación, deberá conceder la tutela de manera provisional y ordenar que el empleador cumpla de manera inmediata lo dispuesto en dicha conminatoria, en razón a que podrá ser modificada en un posterior proceso administrativo y/o judicial. Razonamiento constitucional, que en ningún momento establece que el cumplimiento deba ser únicamente de una parte u otra de la conminatoria, sino más bien se entiende, que debe ser de la totalidad de la misma; toda vez que, al ser emitida por autoridad administrativa competente, previa constatación de los hechos denunciados, verificación de pruebas y aplicación de las normas legales laborales, tal como la misma SCP 0386/2015-S3 lo señala en sus fundamentos, no resultaría lógico establecer que deba cumplirse una parte de la conminatoria (referente a la reincorporación) y se incumpla otra (respecto al pago de sueldos devengados y otros derechos también dispuestos por la administración laboral), cuando dicha posibilidad no se encuentra contemplada ni regulada por la normativa laboral de nuestro Estado ni por nuestra Constitución Política del Estado. Motivo por el que corresponde cambiar la referida línea constitucional y establecer que a partir de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, cuando se disponga el cumplimiento de una conminatoria, por parte de la jurisdicción constitucional, la misma debe ser entendida en el sentido que debe cumplirse la totalidad y no en una parte u otra, en observancia del parágrafo IV del art. 10 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, incorporado por el DS 0495, que dice: 'IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación…'; así como de los principios de protección de los trabajadores e in dubio pro operario, más aún si la concesión de tutela resulta ser provisional, lo que significa que podrá ser modificada posteriormente en la vía administrativa y/o judicial, en lo que respecta a la reincorporación del puesto de trabajo, a los sueldos devengados u otros derechos sociales que hubiesen sido dispuestos por la conminatoria”» (las negrillas y el subrayado son nuestros).
Al respecto, la SCP 0457/2021-S3 de 10 de agosto, citando y aplicando los entendimientos de la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, sostuvo que: «Con la finalidad de unificar la línea jurisprudencial de los precedentes constitucionales emitidos por las Salas de este Tribunal, respecto al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral y sobre todo para lograr la materialización del derecho al trabajo de toda persona, reconocido por instrumentos internacionales como por nuestra Norma Suprema, este Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, unificó la línea jurisprudencial sobre esta temática:
“1) En cuanto al cumplimiento integral de la conminatoria de reincorporación, esto es además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos, conforme a los entendimientos y la sistematización realizada en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, es decir: 1.i) Cuando una trabajadora o trabajador sea despedido injustificadamente o por causas no contempladas en el art. 16 de la LGT, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación; 1.ii) Es posible interponer directamente la acción de amparo constitucional -abstrayendo el principio de subsidiariedad-cuando la trabajadora o el trabajador demande el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo por parte de su empleador; 1.iii) La referida conminatoria no constituye una resolución definitiva respecto a la situación laboral de la trabajadora o el trabajador siendo netamente provisional la otorgación de la tutela puesto que las autoridades administrativas o judiciales en materia laboral son las idóneas para resolver en el fondo y con carácter definitivo la situación laboral tanto para el empleador como para el trabajador; 1.iv) El prenombrado tiene el deber de dar cumplimiento inmediato a la conminatoria precitada aunque hubiera planteado recurso de revocatoria o jerárquico que este pendiente de resolverse o hubiera interpuesto cualquier otro recurso en la vía judicial o administrativa; 1.v) La justicia constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar -incluyendo la prueba-, ameritaban tal determinación, debido a que ese aspecto le corresponde a la jurisdicción ordinaria; y, 1.vi) La conminatoria de reincorporación antedicha debe ser acatada en su integridad, sin omitir ninguna de las determinaciones dispuestas. (…) A partir de los precedentes establecidos ut supra y, con la facultad prevista en la norma procesal constitucional, este Tribunal en la parte resolutiva de dicho fallo de doctrina constitucional, dispuso ‘(…) UNIFICAR la línea jurisprudencial relativa al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral denunciada a través de la acción de amparo constitucional, en los siguientes términos: 1° En cuanto al alcance de la conminatoria de reincorporación laboral de trabajadoras y trabajadores en general, que contemple además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, se dispone la vigencia de los entendimientos y la sistematización asumidos en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, correspondiendo a la jurisdicción constitucional velar por el cumplimiento integral de la conminatoria sin omitir ninguna de sus determinaciones; 2° Respecto de la conminatoria de reincorporación laboral emitida en favor de trabajadoras y trabajadores que cuentan con fuero sindical, se dispone la aplicación del razonamiento establecido en la SCP 0476/2018-S3 de 1 de octubre, la cual, considerando al fuero sindical como un medio de protección constitucional contra arbitrariedades o represalias de los empleadores, ordenó el cumplimiento integral de la conminatoria de reincorporación laboral incluyendo todos los derechos concedidos; y, 3° Debiendo tener presente que, si la trabajadora o el trabajador escoge aceptar el despido injustificado en el marco del art. 10 del Decreto Supremo 28699 de 1 de mayo de 2006, el empleador deberá acreditar el pago de la totalidad de los beneficios y derechos sociales, además de sus obligaciones patronales, a los efectos de brindar seguridad jurídica en la relación jurídico-laboral que se extingue conforme a los fundamentos expresados en la presente Resolución de Doctrina Constitucional’”» (las negrillas nos corresponden).
De los antecedentes adjuntos al proceso constitucional, se tiene la suscripción de Adendas a Contratos de Trabajo sobre Regularización se Calculó del Bono de Antigüedad de 15 de diciembre de 2021, entre las accionantes y la Directora Administrativa de la entidad empleadora, estipulando que, por la insostenibilidad para dicho pago con base al cálculo de tres salarios mínimos nacionales y con la finalidad de regularizar la operación correcta de acuerdo a ley, y al ser la FUSIP – CPAP una institución sin fines de lucro, acordaron un nuevo cálculo a partir de enero de 2022, a ser promediado “…sobre un (1) Salario Mínimo Nacional” (sic [Conclusión II.1]); que frente a dicha denuncia ante la Jefatura Departamental de Trabajo Cochabamba, esta emitió la Conminatoria J.D.T.CBBA. /D.S. 0495-D.S 3770/NVV/ 052/2022 de 27 de junio, conminando a la entidad demandada en el plazo máximo de tres días hábiles proceda a la “…
REINCORPORACIÓN LABORAL, CONFORME DISPONE EL DECRETO SUPREMO N° 3770…” (sic) de las aludidas, más la reposición de la remuneración al nivel percibido hasta antes de la rebaja, constando la notificación a la citada Fundación el 10 de agosto de 2022 (Conclusión II.2); y, mediante Informe MTEPS-JDT CO-MVV-2827-INF/22 de 7 de octubre, la Técnico de Trata y Tráfico de la indicada Jefatura Departamental de Trabajo, evidenció que no hubo tal reposición; y por ende, no se dio cumplimiento íntegro de la citada determinación laboral (Conclusión II.3). Bajo los elementos fácticos que anteceden, las peticionantes de tutela denuncian la lesión de los derechos invocados en la presente acción tutelar, alegando que la entidad empleadora de forma injustificada se niega cumplir la Conminatoria J.D.T.CBBA. /D.S. 0495-D.S 3770/NVV/ 052/2022; a través de la cual, la Jefatura Departamental de Trabajo Cochabamba ordenó la restitución de su bono de antigüedad, tal cual percibía antes del recorte y en el marco del DS 3770; determinación que, pese a ser de conocimiento de la entidad empleadora, no fue acatada, prescindiendo de su carácter inmediato y obligatorio, lo que denota un incumplimiento integral de la misma, privándole del pago de sus salarios devengados y del seguro a corto y largo plazo. Precisado el objeto procesal que nos ocupa, con carácter previo a su examen, considerando que a la fecha de la emisión de esta Sentencia Constitucional Plurinacional se encuentra en vigencia la Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022, que incorporó el “Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales” y la Resolución Ministerial (RM) 1377/22 de 1 de noviembre de 2022, del “Protocolo de Actuación para la Aplicación de la Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022 - Ley de Procedimiento para la Restitución de Derechos Laborales”, por previsión del art. 34 de esta última, concretamente desde el 2 de ese mes y año; sin embargo, no corresponde su aplicación en el caso; dado que, los hechos que originaron la acción de amparo constitucional datan de enero de igual año, cuya Conminatoria J.D.T.CBBA. /D.S. 0495-D.S 3770/NVV/ 052/2022 -objeto de tutela- fue emitida el 27 de junio del mismo año, y la acción tutelar fue interpuesta el 27 de octubre de ese año, resultando dichos actos anteriores a la vigencia de la citada normativa, justificándose la tramitación de acuerdo a la RM 868/10 de 26 de octubre de 2010 y según la jurisprudencia constitucional. Efectuada dicha aclaración, resulta pertinente para ingresar al análisis desplegar el razonamiento jurisprudencial glosado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, respecto de la obligatoriedad en el cumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral por parte del empleador, razonamiento que no constituye un pronunciamiento sobre la labor efectuada por las jefaturas departamentales o regionales de trabajo en cuanto al fondo de lo resuelto; extremo que, deberá ser conocido y decidido necesariamente en la vía administrativa o judicial laboral por mandato del art. 10.IV del DS 28699 de 1 de mayo de 2006 -modificado por el DS 0495 de 1 de mayo de 2010-; criterio ratificado por la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021, pudiendo ser activada esta jurisdicción si se advierte su incumplimiento por los obligados a acatarla, ante la emergencia que reviste su efectividad, con la única finalidad de hacerla cumplir -en resguardo de los derechos al trabajo y la estabilidad laboral-. De igual forma, dicha tutela adquiere un carácter provisional, en atención a que son las autoridades administrativas o judiciales en materia laboral las idóneas para resolver en el fondo y con carácter definitivo la situación tanto para el empleador como para el trabajador; lo cual, no quiere decir que su acatamiento no sea inmediato, a pesar que se hubiera interpuesto cualquier otro medio en la vía judicial o administrativa, encontrándose el Tribunal Constitucional Plurinacional reatado a verificar si el empleador dio o no cumplimiento a la determinación administrativa laboral (Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional). Bajo ese contexto jurisprudencial que configura a las determinaciones administrativas laborales, habiéndose examinado los elementos probatorios adjuntos al expediente que conforman la problemática traída en revisión, se evidencia que las impetrantes de tutela, frente al recorte que hubieran sufrido de su bono de antigüedad a través de la firma de adendas a sus contratos, optaron por su reincorporación, recurriendo ante la Jefatura Departamental de Trabajo Cochabamba, instancia que: luego de constatar su relación laboral con la referida Fundación desde 1999 y 2001, en la que trabajaban bajo dependencia y subordinación de dicha entidad, y con ello concluir que tuvieran una relación contractual de tiempo indefinido, infirieron con base en que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, que los contratos de adenda que suscribieron fueron nulos al tender encubrir la relación laboral en el marco del art. 5 del DS 28699, concluyendo que concurrió un descuento de su bono de antigüedad desde enero de 2022; ya que, se hubiera estipulado que se “…cancele en base al Art. 13 del D.S. N° 21137 de 30 de noviembre de 1985, es decir sobre un salario mínimo, sin considerar que el derecho al pago de bono de antigüedad de las trabajadoras, sobre los tres salarios mínimos nacionales, han sido incorporados al patrimonio de las mismas…” (sic); por cuyas razones, dispuso mediante la Conminatoria J.D.T.CBBA. /D.S. 0495-D.S 3770/NVV/ 052/2022 la restitución de los mismos a favor de las solicitantes de tutela, por considerar que existió un despido indirecto al efectuarse dicho recorte, en el marco del DS 3770. En ese entendido, es evidente que aquella instrucción fue omitida por parte de la entidad demandada, para cuyo acatamiento tenía el plazo de tres días hábiles, cuya notificación con la misma data de 10 de agosto de 2022, cuya inobservancia fue verificada por la Técnico de Trata y Tráfico de la Jefatura Departamental de Trabajo Cochabamba, mediante el Informe MTEPS-JDT
CO-MVV-2827-INF/22; pese a que, su acatamiento es de carácter obligatorio, integral y provisional; tal cual sostuvo la SCP 0987/2017-S2 de 18 de septiembre, al indicar que: “…debe ser entendida en el sentido que debe cumplirse la totalidad y no en una parte u otra, en observancia del parágrafo IV del art. 10 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, incorporado por el DS 0495, que dice: ‘IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación…’; así como de los principios de protección de los trabajadores e in dubio pro operario, más aún si la concesión de tutela resulta ser provisional, lo que significa que podrá ser modificada posteriormente en la vía administrativa y/o judicial, en lo que respecta a la reincorporación del puesto de trabajo, a los sueldos devengados u otros derechos sociales que hubiesen sido dispuestos por la conminatoria” (las negrillas son nuestras); cuyo criterio fue objeto de unificación por la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 (Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional); consecuentemente, la entidad demandada se encontraba compelida a su observancia en ese alcance; en razón a que, fue dispuesta previa constatación de los hechos denunciados, verificación de las pruebas y aplicación de las normas legales laborales, y con base en los principios de protección de los trabajadores. Por consiguiente, resulta evidente que la problemática planteada en esta acción de defensa se ajusta al diseño de los derechos susceptibles de protección a través de la acción de amparo constitucional; por cuanto, la tutela surge únicamente con la finalidad que se provea el cumplimiento de la citada orden administrativa laboral, con la aclaración que, en virtud a su característica de provisionalidad, la Fundación demandada tiene la vía ordinaria expedita para cuestionar la determinación de reincorporación y pagos a realizar que considere impertinentes dispuestos en instancia administrativa. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución -098/2022 de 4 de noviembre, cursante de fs. 328 a 332, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo el cumplimiento íntegro de la Conminatoria J.D.T.CBBA. /D.S. 0495-D.S 3770/NVV/ 052/2022 de 27 de junio, en los mismos términos dispuestos por la referida Sala Constitucional y conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0961_2023-S2.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1aae4fb7cd57e42b1bf865842267257c0880ad3faaa349972e392898527251c6
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →