B.IA.LEGAL

SCP 0960/2025-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 5 de agosto de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
5 de agosto de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Isidora Jiménez Castro
Expediente
56914-2023-114-AAC
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, inamovilidad laboral e igualdad; en virtud a que, habiendo acreditado su discapacidad auditiva de la cual emerge su derecho a la inamovilidad laboral, la autoridad política y funcionarios administrativos demandados, mediante Memorándum Cite J.RR.HH. 023/2023 de 6 de enero, lo destituyeron del cargo de Contador I que venía ocupando desde 2022, aclarando que antes de ello, desde el año 2003 cumplía diferentes funciones en la misma institución pública. En consecuencia, corresponde verificar y en su caso determinar si existió vulneración de los derechos fundamentales invocados, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:

CONFIRMAR la Resolución 075/2023 de 10 de julio, cursante de fs. 81 a 84 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Inamovilidad laboral de personas con capacidades diferentes al pertenecer a un grupo de atención prioritaria
  2. III.2. Análisis del caso concreto
  3. III.3. Otras consideraciones

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0960/2025-S4 Sucre, 5 de agosto de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de amparo constitucional Expediente: 56914-2023-114-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 075/2023 de 10 de julio, cursante de fs. 81 a 84 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Pedro Francisco Callisaya Aro, Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, en representación sin mandato de Richard Eddy Peñaloza Escobar contra Félix Mario Galarza Alá, Alcalde; José Edwin Lora Rioja, Secretario Municipal Administrativo; y, Jorge Luis Carrasco Luque, Jefe de Recursos Humanos todos del Gobierno Autónomo Municipal de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la acción

Mediante memorial de demanda presentado el 23 de junio de 2023, cursante de fs. 17 a 24 vta.; y, memorial de subsanación presentado el 29 del mismo mes y año, cursante a fs. 30 y vta., el accionante a través de su representante sin mandato, señaló lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Ingresó a trabajar en el Gobierno Autónomo Municipal de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba el año 2003, ejerciendo en dicha institución pública varios cargos, el último como Contador I, desde el 15 de marzo de 2022; no obstante, mediante Memorándum Cite J.RR.HH. 023/2023 de 6 de enero, le agradecieron los servicios que prestó en dicha municipalidad; es decir, lo destituyeron del referido cargo, según señaló sin considerar que cuenta con inamovilidad laboral, debido a su discapacidad auditiva en un 34%, que fue acreditada mediante carnet de discapacidad de 13 de septiembre de 2018, que tenía vigencia hasta el 13 de septiembre de 2022; vigencia que fue extendida hasta el 30 de junio de 2023 mediante Decreto Supremo (DS) 4846 de 1 de enero de 2023; con posterioridad, habiendo actualizando su carnet de discapacidad, acreditó que su discapacidad auditiva aumento en un 44%, aspecto que expresó es visible; ya que, usa audífonos que todos sus compañeros de trabajo observan cotidianamente; con lo cual, denunció en su destitución, un acto de discriminación.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante denunció la lesión de sus derechos al trabajo, inamovilidad laboral e igualdad, citando al efecto los arts. 14.II, 46.I y II, 48.I, II y III, 70 y 71 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se deje sin efecto el Memorándum Cite J.RR.HH. 023/2023 de 6 de enero, restituyéndolo al mismo cargo y nivel salarial de manera inmediata.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 10 de julio de 2023 según consta en el acta, cursante de fs. 77 a 80; presentes la parte accionante y la autoridad política y funcionarios administrativos demandados, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante ratificó los argumentos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional, haciendo énfasis en que de manera oportuna presentó su carnet de discapacidad a los funcionarios administrativos demandados y que ellos conocían de manera objetiva que contaba con una discapacidad auditiva y pese a ello ejecutaron el memorándum de su desvinculación.

I.2.2. Informe de la autoridad política y funcionarios accionados

Félix Mario Galarza Alá, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba, a través de su representante legal, acreditado mediante Testimonio 525/2021 (fs. 69 a 72 vta.) y por memorial presentado el 10 de julio de 2023, cursante de fs. 74 a 76 vta., informó que: a) Existiendo la vía administrativa a la cual el accionante puede acudir, como es el caso de la Jefatura Departamental del Trabajo, en aplicación de la subsidiariedad se debe denegar la tutela impetrada; y, b) Siendo que en análisis del art. 26 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales –Ley 482 de 9 de enero de 2014–, es atribución del Alcalde, designar a sus secretarios municipales y que conforme establecen los arts. 28 y 29 del mismo cuerpo normativo, son atribuciones de los Secretarios municipales, designar y remover al personal de estas Secretarías, el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Sipe Sipe, no ha destituido a ninguna persona; con lo cual, no ha lesionado derecho alguno. En audiencia tutelar expresó los mismos argumentos expuestos en el mencionado memorial. José Edwin Lora Rioja, Secretario Municipal Administrativo del Gobierno Autónomo Municipal de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba, en audiencia tutelar sostuvo que, a la presente acción de amparo constitucional debió citarse a Elvis Fernández Rodríguez, como tercero interesado, quien ocupa el cargo que hoy reclama el accionante; por otro lado, sostuvo que antes de ejecutarse el Memorándum de destitución, se solicitó al accionante que presente pruebas de su discapacidad, presentado al efecto un carnet que se encuentra vencido y tomando en cuenta que el Decreto Supremo mencionado, amplia la vigencia del carnet únicamente para personas con discapacidad moderada y grave, siendo que el accionante cuenta con una discapacidad leve, según sus propias indagaciones, no consideraron dicho carnet de discapacidad como elemento de prueba. Jorge Luis Carrasco Luque, Jefe de Recurso Humanos del Gobierno Autónomo Municipal de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba, pese a su notificación que cursa a fs. 63, no presentó informe alguno ni compareció a la audiencia.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución 075/2023 de 10 de julio, cursante de fs. 81 a 84 vta., concedió “en parte” la tutela solicitada, dejando sin efecto el Memorándum Cite J.RR.HH. 023/2023 de 6 de enero, ordenando la restitución del accionante al mismo cargo y nivel salarial de manera inmediata, decisión que fue asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) La SCP 0863/2016-S1 de 20 de diciembre; estableció que, el Estado por su carácter protectivo de los derechos de personas que pertenecen a grupos de atención prioritaria, tiene la obligación de respetar la inamovilidad laboral de las personas con discapacidad, como una política reforzada de la protección amplia de sus derechos; 2) La “SCP 0033/2017-S2” (sic), concluyó que, las personas con discapacidad, tienen el derecho a la inamovilidad laboral, dada la protección reforzada que el Estado debe aplicar en relación a este grupo de personas; y, 3) Habiendo el accionante demostrado su disparidad mediante documentación, primero con una discapacidad de 34% y luego mediante carnet de 21 de marzo de 2023 que tiene vigencia hasta el 21 de marzo de 2029, éste contaba con el derecho a inamovilidad laboral, la misma que fue desconocida cuando se le entregó el Memorándum Cite J.RR.HH. 023/2023 de 6 de enero, que materializó su desvinculación laboral con el Gobierno Autónomo Municipal de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba.

II. CONCLUSIONES

Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes, se llega a las siguientes conclusiones:

II.1. Por Memorándum J.RR.HH. 104/2022 de 15 de marzo, firmado por Trifón Sanca, Secretario Municipal Administrativo del Gobierno Autónomo Municipal de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba, se efectuó el cambio de ítem 24, Jefe de Contabilidad, al ítem 25 Contador I a Richard Eddy Peñaloza Escobar (fs. 5). II.2. Cursa Carnet de discapacidad otorgado por el Servicio Departamental de Gestión Social de la Prefectura del departamento de Cochabamba –sin fecha–; mediante el cual, se acredita que Richard Eddy Peñaloza Escobar, sufre de una discapacidad auditiva (fs. 2); Carnet de discapacidad con vigencia del 13 de septiembre de 2018 al 13 de septiembre de 2022 otorgado por el Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante el cual se acredita que Richard Eddy Peñaloza Escobar, sufre de una discapacidad auditiva del 34% (fs. 3). II.3. Por Memorándum Cite J.RR.HH. 023/2023 de 6 de enero, firmado por José Edwin Lora Rioja, Secretario Municipal Administrativo; y, Jorge Luis Carrasco Luque, Jefe de Recurso Humanos ambos del Gobierno Autónomo Municipal de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba, se agradeció los servicios prestados por Richard Eddy Peñaloza Escobar en dicha institución pública en el cargo de Contador I (fs. 6). II.4. Carnet de discapacidad con vigencia del 21 de marzo de 2023 al 21 de marzo de 2029, otorgado por el Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia; mediante el cual, se acredita que Richard Eddy Peñaloza Escobar, sufre de una discapacidad auditiva moderada del 44% (fs. 9).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, inamovilidad laboral e igualdad; en virtud a que, habiendo acreditado su discapacidad auditiva de la cual emerge su derecho a la inamovilidad laboral, la autoridad política y funcionarios administrativos demandados, mediante Memorándum Cite J.RR.HH. 023/2023 de 6 de enero, lo destituyeron del cargo de Contador I que venía ocupando desde 2022, aclarando que antes de ello, desde el año 2003 cumplía diferentes funciones en la misma institución pública. En consecuencia, corresponde verificar y en su caso determinar si existió vulneración de los derechos fundamentales invocados, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Inamovilidad laboral de personas con capacidades diferentes al pertenecer a un grupo de atención prioritaria

Los arts. 70 al 72 de la CPE, resaltan la importancia que para el Estado resulta una atención preferente de las personas con discapacidad, en ese marco, en el ámbito laboral, la Norma Suprema señala que, toda persona con discapacidad goza del derecho a trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna, con lo cual también se prohíbe y se sanciona cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación de las personas con discapacidad; por otro lado, el Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna, generando condiciones que permitan el desarrollo de las potencialidades individuales de las personas con discapacidad. Cumpliendo con la mencionada voluntad del constituyente, el 2 de marzo de 2012, fue promulgada la Ley General para Personas con Discapacidad (Ley 223), en cuyo art. 13, el legislador ha dispuesto que, “El Estado Plurinacional garantiza y promueve el acceso de las personas con discapacidad a toda forma de empleo y trabajo digno con una remuneración justa, a través de políticas públicas de inclusión socio-laboral en igualdad de oportunidades” (el resaltado nos pertenece). El art. 34 del mismo cuerpo normativo, dispone que: “I. El Estado Plurinacional de Bolivia en todos sus niveles de gobierno, deberá incorporar planes, programas y proyectos de desarrollo inclusivo basado en la comunidad, orientados al desarrollo económico y a la creación de puestos de trabajo para las personas con discapacidad.

II. El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la

inamovilidad laboral a las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen debidamente su despido. III. Las entidades públicas y privadas deberán brindar accesibilidad a su personal con discapacidad. IV. Las personas con discapacidad deberán contar con una fuente de trabajo” (el resaltado nos pertenece). Con lo cual resulta evidente que las personas con discapacidad, cuentan con inamovilidad laboral, como un derecho preferente dada su condición de atención prioritaria y reforzada, que ya fue establecida incluso el año 2004, mediante DS 27477 de 6 de mayo, mismo que en su art. 5 sostiene que, “Las personas con discapacidad que presten servicios en los sectores público o privado, gozarán de inamovilidad en su puesto de trabajo, excepto por las causales establecidas por Ley” (el resaltado nos pertenece). Ahora bien, en la reglamentación de la citada Ley 223 de 2 de mayo de 2012, el art. 22 del DS. resalta que, “I. Para garantizar la inamovilidad laboral de personas con discapacidad y/o cónyuges, padres, madres y/o tutores de personas con discapacidad del sector privado, se procederá conforme a normativa en vigencia. II. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, elaborará y aprobará un procedimiento específico para la reincorporación de servidoras y servidores públicos con discapacidad y/o cónyuges, padres, madres y tutores de personas con discapacidad, ante un despido injustificado” (el resaltados pertenece). En ese orden de ideas, queda claro que tanto en el sector privado y más aún en el sector público, las personas con discapacidad cuentan con derecho a la inamovilidad laboral y solo existirá una desvinculación según términos previsto por Ley y previa sustancian de un debido proceso. En esa misma línea de razonamiento jurídico la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad, promulgada el 27 de septiembre de 2017 (Ley 977) en su art. 2.V, dispone que, “Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad de las personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho años o con discapacidad grave y muy grave, en los sectores público y privado, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculación” (el resaltado nos pertenece). En ese orden la SC 0477/2011-R de 18 de abril sostuvo que, “De las normas desarrolladas precedentemente, se establece que el ámbito de protección de los trabajadores o funcionarios con discapacidad, ya sea que éstos presten servicios en los sectores público o privado, implica la inamovilidad laboral y excepcionalmente su despido por causa justa y previo proceso. Debe señalarse que el trabajo es entendido como un medio para obtener los medios necesarios destinados a subvenir las necesidades más premiosas del trabajador y su entorno familiar, criterio que engloba también a las personas con potencialidades especiales; quienes frente a un despido intempestivo e injustificado, en virtud a la protección especial que gozan pueden acudir directamente ante la justicia constitucional; pues, como lo ha señalado la SC 1422/2004-R, se trata de un ´(…) derecho que precisa ser protegido de forma inmediata ante el evidente perjuicio causado al recurrente con la pérdida de su fuente laboral y, consiguientemente, de su medio de subsistencia, que muy difícilmente podrá ser reemplazado” (el resaltado nos pertenece). A modo de conclusión y señalando la actualidad de los referidos razonamiento, la SCP 0344/2022-S1 de 2 de junio, efectuando una relación de la jurispericia constitucional, ha establecido que, “…con relación a la estabilidad laboral de personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, tuteló el citado derecho en los casos en los que se produjo despidos intempestivos de personas con capacidades diferentes, en las SSCC 1550/2004-R de 29 de septiembre, 0988/2006-R de 9 de octubre y 0479/2010-R de 5 de julio, entre otras; del mismo modo, garantizó la inamovilidad funcionaria y laboral de personas que tienen bajo su dependencia a personas con capacidades diferentes conforme a ley, a través de la SC 0235/2007-R de 10 de abril y la SCP 0614/2012 de 23 de julio, entre otras” (el resaltado nos pertenece).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, inamovilidad laboral e igualdad; en mérito a que, la autoridad política y funcionarios administrativos demandados, mediante Memorándum Cite J.RR.HH. 023/2023 de 6 de enero, lo destituyeron del cargo de Contador I, que venía ocupando desde 2022 en el Gobierno Autónomo Municipal de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba; empero, también había ocupado otros cargos desde 2003, sin considerar, que sufre de una discapacidad auditiva que le permite ejercer el derecho a la inamovilidad laboral. En ese marco de la Conclusión II.1 de este fallo constitucional se advierte que efectivamente, mediante Memorándum J.RR.HH. 104/2022 de 15 de marzo, a Richard Eddy Peñaloza Escobar –hoy accionante– se le cambió el ítem 24 de Jefe de Contabilidad, al ítem 25 de Contador I, acreditando con ello una relación laboral cuando menos prolongada con el Gobierno Autónomo Municipal de Sipe Sipe, aunque no se tiene mayor documentación respecto a dicha vinculación laboral desde el año 2003, como lo había señalado el impetrante de tutela. Por otro lado, mediante Memorándum Cite J.RR.HH. 023/2023 de 6 de enero, firmado por José Edwin Lora Rioja, Secretario Municipal Administrativo; y, Jorge Luis Carrasco Luque, Jefe de Recurso Humanos ambos del Gobierno Autónomo Municipal de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba –hoy accionados–, Richard Eddy Peñaloza Escobar fue destituido del cargo de Contador I (Conclusión II.3), según alude sin considerar su discapacidad auditiva de 34% que había sido acreditado mediante carnets de discapacidad emitidos por el Servicio Departamental de Gestión Social de la Prefectura del Departamento de Cochabamba y el Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia, éste último con vigencia hasta el 13 de septiembre de 2022, que según sostuvo, fue ampliado en su vigencia hasta el 30 de junio de 2023, mediante DS 4846 de 1 de enero de 2023, aspecto que efectivamente ha sucedido; pues, el artículo único del referido Decreto Supremo, estableció que, “Se amplía de manera excepcional y por única vez la vigencia del Carnet de Discapacidad hasta el 30 de junio de 2023, de aquellos que se encuentren vencidos desde el 1 de octubre de 2019, para el ejercicio de los derechos y obligaciones de las Personas con Discapacidad moderada y grave registradas en el Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad - SIPRUN. PCD, del Ministerio de Salud y Deportes” (el resaltado nos pertenece). En ese marco, la discapacidad auditiva del 34% que había sido acreditada por el accionante mediante su carnet de discapacidad emitido por el Ministerio de Salud, debió ser considerada como validada en aplicación del citado Decreto Supremo por los funcionarios administrativos demandados; no obstante, José Edwin Lora Rioja, Secretario Municipal Administrativo del Gobierno Autónomo Municipal de Sipe Sipe, en audiencia tutelar, cuestionó el alcance del mismo en cuanto a la cualidad de discapacidad; es decir, si la discapacidad auditiva del 34% sería una discapacidad leve, moderada o grave, llegando a la conclusión de que la misma es una discapacidad leve, en ese entendido su carnet de discapacidad según sostuvo, no tendría validez a los efectos de acreditar dicha discapacidad; por lo cual, señaló que el Memorándum de su destitución se enmarca en la normativa legal aplicable al caso, señalando no haber lesionado ningún derecho del hoy impetrante de tutela. Sin embargo, habiendo actualizado su carnet de discapacidad el 21 de marzo de 2023, con validez de seis años, el Ministerio de Salud acreditó que, Richard Eddy Peñaloza Escobar sufre de una discapacidad auditiva moderada del 44% (Conclusión II.4); con lo cual, no cabe duda que su situación de discapacidad, se encuentra acreditada cuando menos desde el 21 de marzo de 2023, en cuanto a la cualidad de moderada y del 44%. Conforme a los hechos descritos y la normativa citada, del Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional; se tiene que, siendo la Norma Suprema Boliviana, en esencia, una Constitución garantista, la voluntad del constituyente ha asumido, la importancia que representa para el Estado la protección reforzada de los grupos de atención prioritaria, entre los que se encuentran las personas con discapacidad; en ese escenario, el legislador, siguiendo la línea política incluso antes de la promulgación de la Constitución vigente , ha establecido que, “El Estado garantizará la inamovilidad laboral de las personas con discapacidad” (art. 34.II de la Ley 223), en reglamentación de esta norma, el Decreto Supremo 1893, señala la importancia de respetar y cumplir con el derecho a la inamovilidad laboral de personas con discapacidad; por lo cual, encargó al Ministerio de Trabajo y Previsión Social un procedimiento de reincorporación de servidores y servidoras públicas con discapacidad; en cumplimiento de los preceptos constitucionales referidos a las personas con discapacidad, la legislación de desarrollo (Ley 977) también ha dispuesto que, el Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad de las personas con discapacidad, en los sectores público y privado, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculación. Conforme la normativa glosada ut supra, que también fue entendida en la misma línea de razonamiento expuesto, la jurisprudencia constitucional, se hace evidente que las personas con discapacidad cuentan con el derecho a la inamovilidad laboral, ante la obligación del Estado de resguardar a este grupo de atención prioritaria con políticas diferenciadas que atiendan la necesidad de su condición, en este caso, la estabilidad laboral al ser personas que no solo requieren de un sueldo para su subsistencia, sino también para atender los diferentes problemas de salud que acarrea su condición y otras particulares a la situación vulnerable que presentan, el Estado debe reconocer el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y en entornos laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad, debiendo en todo momento salvaguardar y promover el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo” (art. 27.1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad). En ese contexto, corresponde efectuar las siguientes precisiones: 1) El impetrante de tutela ha solicitado se deje sin efecto Memorándum Cite J.RR.HH. 023/2023 de 6 de enero, consecuentemente sea restituido de manera inmediata al mismo cargo y con el mismo nivel salarial que tenía antes de su desvinculación por medio del referido Memorándum;

2) El razonamiento de los funcionarios administrativos demandados, no se encontraba alejado de un razonamiento lógico, al considerar la posibilidad que el accionante no contaba con una discapacidad moderada o grave para beneficiarse del DS 4846 de 1 de enero de 2023, discapacidad moderada que recién fue acreditada el 21 de marzo de 2023; y, 3) Se advierte que ha existido una destitución, incumpliendo la inamovilidad laboral con la que cuenta el hoy impetrante de tutela, pero que en su momento existía el cuestionamiento que si el DS 4846 alcanzaba para que el carnet del accionante fuera considerado como válido; en ese marco y conforme los hechos descritos, corresponde, conceder la tutela solicitada, ordenando a la autoridad política y funcionarios administrativos demandados, restituir en el cargo y con el mismo nivel salarial a Richard Eddy Peñaloza Escobar, sin considerar mayores aspectos que tampoco fueron reclamados.

III.3. Otras consideraciones

De acuerdo al art. 31 del Código Procesal Constitucional (CPCo) y la doctrina vinculante de la SCP 0088/2019-S4 de 10 de abril, solo corresponde convocar como terceros interesados a quienes acrediten un interés legítimo, entendido como la posibilidad que la decisión de tutela afecte directamente a sus derechos o situación jurídica. En el presente caso, José Edwin Lora Rioja, Secretario Municipal Administrativo del Gobierno Autónomo Municipal de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba, en la audiencia de acción de amparo constitucional alegó que a la misma debió ser convocado Elvis Fernández Rodríguez, como tercero interesado, quien se encontraría ocupando el cargo del hoy accionante; no obstante, este Tribunal observa en dicha solicitud una pretensión de generar un conflicto de intereses, al cual la jurisdiccional constitucional no puede ingresar; pues, los memorándums de destitución del accionante y eventualmente de contratación de la referida persona, son de entera responsabilidad de quienes firman los mismos, no debiendo ser atribuida esta responsabilidad al hoy accionante, mucho menos a esta jurisdicción; por lo cual, dicha pretensión no fue aceptada por la Sala Constitucional tampoco puede ser aceptada por este Tribunal. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder “en parte” la tutela solicitada, obró de manera adecuada.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:

CONFIRMAR la Resolución 075/2023 de 10 de julio, cursante de fs. 81 a 84 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Notas al pie

1 Art. 5 del Decreto Supremo 27477 de 6 de mayo: “Las personas con discapacidad que presten servicios en los sectores público o privado, gozarán de inamovilidad en su puesto de trabajo, excepto por las causales establecidas por Ley”.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0960_2025-S4.pdf · páginas 1 a 11.

Huella digital del PDF (SHA-256): d91b27983011ce114c72a7d23d612ce3104d0ad95217f1081363ed5b9312d4ef

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →